EL CEPO JUDICIAL.

Argentina: La cruz del silencio

El Papa informó que en el 2015 abrirá los archivos de la represión en la Argentina, en un mensaje hacia el Poder Judicial. Un informe del MPF precisó que más de 150 juicios están en condiciones de abrirlas puertas cerradas de los juzgados. Qué hacer es la pregunta para zafar del afiatado cepo judicial. Se cumplieron diez años de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final y no está demás refrescar cuáles fueron los cuestionamientos de quienes hoy disputan arribar al primer piso de Balcarce 50.

Por Lucho Soria

Cuando resta unos días para el inicio de las vacaciones judiciales invernales y después la campaña electoral, el Vaticano reveló que los archivos de la represión seguirán escondidos a la vista de los demás. Cual fue la estrategia? En la edición Pagina 12 del 7 de junio pasado, Eduardo Valdez, el embajador argentino ante el Vaticano, lo precisó sin medias tintas.

Periodista: Más allá de la apertura de sus archivos, ¿la Iglesia va a hacer una autocrítica de su papel durante la dictadura?

Valdez: –Lita Boitano, la presidenta de Familiares de Detenidos Desaparecidos, estuvo militantemente junto con Dora Salas en una audiencia general de los días miércoles y ambas pudieron hablar cara a cara con el Papa y le plantearon si podían abrirse los archivos vaticanos del ’76 al ’83 y también le pidieron que hubiera una autocrítica de la Iglesia. El Papa, sorpresivamente, les contó que le había encargado a monseñor Giuseppe Laterza, que es un funcionario de la Secretaría de Estado del Vaticano, que se digitalizaran los archivos y se abrieran y también que se redactara un documento sobre la responsabilidad de la Iglesia en aquellos años de la Argentina. Tuve la suerte de acompañar a Lita y a Dora a la reunión con monseñor Laterza y fue conmovedora. Monseñor Laterza les prometió que el año que viene abrirán los archivos y estará listo el documento.

Un anunció el que nadie, por lo menos públicamente, cuestionó esa llamativa demora en abrir los archivos, es un mensaje para quienes tiene que decidir judicialmente a los que falta sentar en el banquillo de los acusados.

Cabe recordar que esa actitud del Papa no es ninguna novedad como en más de una oportunidad esta agencia lo reflejó en relación a lo que sucedió en Córdoba con el nieto robado a Sonia Torres en la Casa Cuna a cargo de la monja Monserrat Tribo, cuando tenía que declarar como testigo se escapó a Barcelona.

Mas que obvio que contó con la ayuda de manos católicas, no barriales, para fugarse dado que estaba internada en un geriátrico en la capital cordobesa. Meses después el jefe de la Comisión Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano se entrevistó con Sonia en la sede de la institución cabana y le dijo que el Papa le había pedido que contaría con todo el apoyo para que la monja abra la boca y su conciencia cuente a quienes había entregado el bebe. Se olvidó Lozano que alguna vez pidió formalmente a los católicos aportar datos e información sobre hijos sustraídos a madres desaparecidas durante la última dictadura militar y lamentó que en estos casi cuarenta años haya habido “una red de silencio y complicidad” de que la Iglesia no fue ajena.

Una promesa de compromiso que el viento se lo llevo y del que nadie, nadie pronuncia una sola palabra sobre esta cruz del silencio, como tantas que pesa sobre la jerarquía eclesiástica. Lo mismo sucede con la causa del Movimiento Familiar Cristiano que se ventila en tribunales bonaerenses.

Tengan fe

En junio del año pasado la Santa Sede publicó el decreto papal con el cual se aprobaron dos leyes: VIII y y IX. La segunda introdujo una serie de modificaciones a los códigos Penal y de Procedimientos Penales del estado de la Ciudad del Vaticano, que incluyeron apartados fundamentales para echar luz sobre la dictadura argentina. La lei IX introdujo una nueva redacción del artículo 636 del Código de Procedimientos Penales, según el cual " a los Estados solicitantes es asegurada la más amplia asistencia judicial por cualquier investigación o procedimiento penal, en los modos y en los límites previstos por la normativa", según el portal oficial de la institucion.

Además incluyó la de adquirir pruebas, declaraciones de personas, obtener actas, copias de documentos e informaciones. Incluso estableción que, "dentro de los límites previstos", las autoridades pontificias competentes pueden, sin mediar una solicitud formal, " transmitir por vía diplomática informaciones en materia penal a la autoridad de un Estado extranjero, cuando considere que dichas informaciones pueden ser útiles a concluir con éxito investigaciones o procedimientos penales".

Una información a la que accedieron el 6 de febrero del 2014 en una entrevista con el oficial del Secretaría de Estado Vaticano, Giuseppe Laterza, y el entonces presidente del Tribunal del Estado Vaticano, Giuseppe Della Torre, con la procuradora Alejandra Gils Carbo, el titular de la Procuradoría de Crímenes contra le Humanidad, el fiscal general Jorge Auat y Lisandro Pellegrini, secretario de Corrdinación Insatitucional del MPF, previo encuentro con el Papa.

Qué hacer

Esa es la pregunta que asedia a quienes no arriaron la bandera de Memoria, Verdad y Justicia y de que los juicios son política de Estado, al margen de los que se columbian entre no ceder y olvidar. Entre las actividades en relación al andamiaje político de los juicios, el proximo martes 7 de julio a partir de las 10 horas, se concretará una juntada institucional en el cuarto piso de Talcahuano 550 de los integrantes de la Comisión Interpoderes, para conjeturar qué hacer con la morosidad. Un ámbito cuya última reunión se realizó en agosto del año pasado en el mismo lugar, oportunidad en que se abordó lo de Blaquier.

Antes, en Santiago del Estero el viernes 4 y sábado 5 se concretará un plenario abierto de organismos de derechos humanos. Una juntada convocada por la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Familiares de Desaparecidos y ex Presos Políticos de la provincia norteña, la que tendrá una masiva presencia de representantes de los que nunca se dejaron ganar por la impotencia, y el desánimo.

Entre las acciones de los que galvanizan el olvido y las acciones de la militancia, media una distancia enorme, no de palabras, sino de significación acerca de cuál es la sustancialidad de la democracia en el contexto de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

El camino tortuoso de la verdad

La polémica acerca de los caminos para hacer justicia, investigar y satisfacer psíquica e ideológicamente a víctimas, victimarios, sospechosos y poseedores de información ha sido comprensiblemente larga y probablemente lo seguirá siendo. Porque la diversidad de los puntos de vista es enorme y porque las asimetrías entre los actores enfrentados pueden cambiar hasta con la variación de las coyunturas que los mismos actores van viviendo durante el conflicto. De todos modos, y aunque sea casi imposible sustraerse a la fuerte emocionalidad y coloración político-ideológica de los asuntos en juego, tratemos de levantar la mira para ver algunos aspectos poco tocados de esos asuntos y de su trayectoria temporal, con la intención de intentar escapar en algo a la agria polarización que monopoliza el tratamiento del tema y procurar ver desde otra óptica.

Entre la justicia y la venganza

Está perfectamente sustentada la petición de “verdad y justicia” en los casos de desaparición de detenidos políticos en Uruguay. Hay una necesidad humana de elaborar el duelo por un ser querido, que debe incluir la presencialidad de restos materiales de los fallecidos y alguna clase de narrativa bien fundada del fallecimiento.

La petición de “verdad” no es sólo la aplicación a instancias concretas de una sana aspiración abstracta; es una necesidad psicosocial de quienes viven situaciones como esta. Por lo tanto, es procedente su solicitud y la movilización que pueda agilizar su búsqueda. Lo mismo ocurre con la “justicia”. Penal y socialmente, cuando hay sospecha o casi certidumbre de la comisión de ilícitos, la justicia en la dilucidación de esos asuntos es sociolegalmente deseable y legítimamente requerible.

En el caso de los desaparecidos en tiempos de dictadura cívico-militar, o en sus alrededores cronológicos, son claramente procedentes estos reclamos, sobre todo por la fundada sospecha de que inicialmente hubo ocultamiento políticamente motivado, corporativamente alentado y comprensible como natural intento de eludir responsabilidades legales, personales o de terceros apreciados, por la comisión de ilegalidades. Nada que decir sobre marchas del silencio y tantas otras formas de marcar posición y exigencias sobre “verdad y justicia”, aunque tendremos matices respecto de algunas manifestaciones particulares.

http://www.carasycaretas.com.uy/el-camino-tortuoso-de-la-verdad/
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