SALTA: SEGÚN EL FISCAL, EL JUICIO A GUIL APORTÓ DATOS PARA NUEVAS CAUSAS.

LESA HUMANIDAD 
Según el fiscal, el juicio a Guil aportó datos para nuevas causas 
Joaquín Manuel Sivila adelantó que investigarán a más responsables y el rol del Consejo de Guerra durante la dictadura. 
Martes 30 de Junio 2015 

Según el fiscal ad hoc que investigó en la causa “Ragone II”, Joaquín Manuel Sivila, el juicio permitió conocer más detalles sobre los operativos clandestinos que se desarrollaron durante la última dictadura militar en Salta.

En declaraciones a Fiscales.gob.ar, el funcionario señaló que se pudo detallar varios de los mecanismos del plan criminal para el caso de Salta.

“Se tocó la cuestión de los enfrentamientos fraguados y nos pareció importante porque nos aporta nuevos responsables que van a ser investigados en futuras causas", detalló el fiscal, quien trabajó junto a Francisco Snopek en el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realizó en la provincia.

En la tarde de ayer la Justicia Federal condenó al ex encargado del área de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil y los militares retirados Miguel Gentil y Virtom Modesto Mendíaz a la pena de prisión perpetua.

El tribunal conformado por los jueces Federico Santiago Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek sentenciaron además a Antonio Saravia a tres de prisión, y a los excomisarios Abel Guaymás y Néstor Liendro a dos años de prisión, por el encubrimiento del secuestro del exgobernador Miguel Ragone.

Sivila detalló que otro punto importante para investigar será el funcionamiento del Consejo de Guerra: “si bien no se analizó la responsabilidad, va a ameritar una investigación que ya está en curso desde la Fiscalía para indagar en el Consejo de Guerra Especial Estable como uno de los mecanismos de blanqueo de presos políticos", añadió el representante del Ministerio Público.

Desde el año pasado, el juez federal Daniel Rafecas investiga el rol de los Concejos de Guerra, creados al inicio del golpe de estado de marzo de 1976 con el objetivo de que todos los supuestos delitos vinculados con la guerrilla quedaran bajo jurisdicción militar.

Los mismos estaban integrados por militares y abogados de las Fuerzas Armadas quienes asumían el cargo de "oficiales auditores".
Fuente:LaGaceta