A 16 años de la incursión paramilitar en el Valle del Cauca
Resumen Latinoamericano / MarchaPatriótica.org / 6 de agosto de 2015 -
A 16 años de la incursión paramilitar en el valle del Cauca.
“Sinvergüenzas que se decían héroes protectores que andaban para arriba y para abajo aterrorizando a los campesinos, pero que cuando aparecieron los paramilitares para descuartizar y desaparecer a los campesinos, no estaban por ningún lado”.
Palabras de un dirigente campesino sobreviviente genocidio de la UP. La Moralia – Tuluá. Agosto 1° de 2015
El pasado 1° de Agosto de 2015 en el corregimiento La Moralia, Tuluá, más de 600 personas en representación de familiares, amigos y organizaciones de víctimas del paramilitarismo en el Valle del Cauca se dieron cita para conmemorar los millares de vallecaucanos asesinados, desaparecidos y desplazados por el accionar del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que hizo su aparición pública en este departamento el 31 de Julio de 1999 con el asesinato del campesino Orlando Urrea y su hija Sandra Patricia.
La ola de terror de las AUC segó la vida a más de 2.300 personas y produjo desplazamientos forzados masivos en una buena parte de los municipios del Valle del Cauca, fragmentó notablemente los tejidos sociales, disminuyó ostensiblemente la producción agropecuaria y los circuitos de mercadeo, hegemonizó modelos culturales contrapuestos a la cultura campesina, modificó las relaciones del campesinado con el territorio, provocó el crecimiento acelerado y sin planificación de los centros poblados en un proceso continuo de desterritorialización del que las comunidades agrarias aún no han podido recuperarse, toda vez que el Estado ha cubierto con un manto de impunidad tanto a los autores intelectuales como a quienes financiaron y se sirvieron del genocidio paramilitar.
El Tercer Encuentro de conmemoración de las víctimas del paramilitarismo Memoria y Dignidad Campesina, realizado en La Moralia Tuluá por la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, ASTRACAVA, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes y el movimiento social y político Marcha Patriótica, con la valiosa colaboración de la Unidad de Víctimas y el Centro de Memoria Histórica, se constituyó en un espacio para conmemorar la dignidad de todos aquellos que sufrieron los vejámenes del embate paramilitar, como también para denunciar la penosa situación de las víctimas quienes a 16 años de la incursión, aún no han sido reparadas, puesto que la normatividad colombiana y específicamente la ley 1448 de 2011, no ha pasado de ser un paquete de promesas vacías con escaso nivel de cumplimiento, que no ha posibilitado que haya verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
Las víctimas y sus organizaciones evidenciaron que existe un trato despectivo hacia ellas, en tanto, son objeto de amenazas, persecuciones, señalamiento y estigmatización por parte de representantes de entidades estatales. Exigen, en consecuencia, un compromiso verdadero y efectivo del Estado en torno a las garantías para el ejercicio político, lo que implica el desmonte de los nuevos grupos paramilitares que continúan delinquiendo contra ciudadanos inermes, la penalización de los responsables intelectuales y materiales de los atroces delitos contra la humanidad, la apertura de investigaciones que conlleven a sanciones ejemplarizantes hacia los responsables de las amenazas, persecuciones y señalamientos contra las organizaciones y plataformas de unidad.
Como en La Moralia – Tuluá, familiares de las víctimas y las organizaciones que luchan por los derechos de las víctimas del paramilitarismo en todo el país han manifestado a una sola voz que la paz con justicia social depende de la verdad, de la justicia, de la penalización de los máximos responsables del paramilitarismo en el Valle del Cauca, de la reparación integral y de garantías para que la catástrofe humanitaria provocada por el paramilitarismo nunca vuelva a ser el pan de cada día, en ninguna vereda, corregimiento, barrio o comuna de la nación colombiana
¡NI PERDON, NI OLVIDO! MEMORIA Y DIGNIDAD CAMPESINA.
Oficina de Prensa Marcha Patriótica Valle del Cauca
COLOMBIA.
El caso de Miguel Ángel Beltrán: Terrorismo de estado en tres actos
Por Renán Vega Cantor / Resumen Latinoamericano / LaHaine /7 de agosto de 2015 –
El aparato judicial colombiano funciona a la perfección cuando se trata de castigar trabajadores, campesinos, estudiantes…
El 18 de diciembre de 2014, en plena huelga judicial, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó en segunda instancia al profesor e investigador Miguel Ángel Beltrán a 100 meses de cárcel, acusándolo del delito de rebelión. El pasado 31 de julio fue detenido y ha sido conducido a la Cárcel de La Picota, en Bogotá. Este hecho rubrica un sistemático proceso de persecución contra un intelectual crítico durante los últimos seis años, en que el Estado y sus diversos órganos han dado muestras de lo que significa el terrorismo oficial y pone de presente la certeza del dicho popular de que “la justicia es para los de ruana”. Analicemos tres actos de esta persecución.
Primer acto: secuestro en México
Miguel Ángel Beltrán se encontraba hacía nueve meses en México adelantando sus estudios de posdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma, país en el que antes había vivido durante varios años. Su visa se le había vencido hacia quince días y para permanecer en el país necesitaba una visa definitiva y a Miguel Ángel le preocupaba que desde el Instituto Nacional de Migración (INM) lo llamaran con insistencia por teléfono. Era, como luego se comprobó, un señuelo para obligarlo a ir a esas oficinas a donde se tenía previsto secuestrarlo, como en efecto sucedió. El 22 de mayo de 2009 en compañía del abogado Jorge Becerril y de su esposa Luisa Natalia se dirigió a la sede del INM, a una cita previamente concertada con el Subdirector de Migraciones. Ingresó solo, mientras sus dos acompañantes lo esperaban afuera. Pasaron las horas y Miguel Ángel no salía, por lo que su esposa y el abogado demandaron por lo sucedido, a lo que un funcionario les respondió que aquél había sido trasladado a otra dependencia porque estaba en condiciones de ilegalidad, pero que no se preocuparan que pronto regresaría a su casa.
Sin imaginarse lo que había sucedido, Natalia se fue a su apartamento, encendió el televisor y vio con estupor imágenes que se transmitían desde Bogotá en las que se informaba que había sido capturado y traído a Bogotá un tal Jaime Cienfuegos, miembro de la Comisión Internacional de las FARC, que no es otro sino Miguel Ángel Beltrán.
En forma acelerada, algo que no suele caracterizar ni a los burócratas de México ni de Colombia, Miguel Ángel Beltrán fue agredido y sacado de las instalaciones del INM, metido a la fuerza en una camioneta y llevado al aeropuerto, donde un avión militar colombiano lo esperaba para traerlo, como producto del secuestro, a Bogotá. El régimen criminal de la “Seguridad Democrática” presentó al profesor como un peligroso terrorista y en persona el patrón del Ubérrimo se apresuró a decir que se había capturado “a uno de los terroristas más peligrosos de la organización narcoterrorista de las FARC”, regodeándose “porque este profesor de sociología dedicado a ser profesor del crimen esté hoy en las cárceles colombianas. Gracias por la buena voluntad del presidente de México”.
Estamos diciendo que el día 22 de mayo de 2009 aconteció un hecho vergonzoso en la historia de América Latina y de México en particular, puesto que dentro de las instalaciones del INM se secuestró en forma conjunta entre la DIJIN de Colombia y el Estado mexicano a un ciudadano colombiano. Violando los más elementales procedimientos diplomáticos, y echando por la borda una tradición centenaria de refugio a intelectuales y perseguidos políticos, el gobierno de Felipe Calderón autorizó el secuestro y la posterior entrega al régimen criminal de Álvaro Uribe Vélez de un intelectual colombiano, y en la práctica intentó resucitar el Plan Cóndor de las décadas de 1970 y 1980, mediante el cual las dictaduras de Seguridad Nacional del Cono Sur intercambiaban personas que luego eran torturadas, asesinadas y desaparecidas.
Paralelamente, los medios de desinformación (RCN, Caracol, El Tiempo, El Espectador…) se encargaron de reproducir la versión oficial –ocultando la magnitud de los crímenes del Estado colombiano y reproduciendo, sin ningún sentido crítico, las mentiras propaladas por el régimen de Álvaro Uribe Vélez.
Miguel Ángel fue encarcelado, aduciendo como “pruebas reinas” los supuestos correos encontrados en el computador mágico de Raúl Reyes y sin ningún tipo de juicio, tanto los medios de desinformación como el inquilino de la Casa de Narquiño, ya lo habían condenado. Luego se efectuó una parodia de juicio, con pruebas deleznables y testigos amañados y torpes, en una burda acción en la que la defensa de Miguel Ángel desmontó una a una las mentiras y logró que fuera declarado inocente y saliera de prisión, tras dos años de encarcelamiento arbitrario.
Segundo acto: la muerte laboral
Cuando Miguel Ángel Beltrán fue secuestrado y traído en forma ilegal a Colombia, la Universidad Nacional, institución en la que se desempeñaba como profesor, no realizó ninguna acción de apoyo ni de solidaridad y tampoco le brindo ningún respaldo legal mientras estuvo en la prisión. Durante ese tiempo lo desvinculó de su nómina docente y tuvo el descaro, casi kafkiano, de enviar a un abogado a la cárcel, pero no para brindarle asesoría jurídica sino para comunicarle que debía responder por el inventario de las cosas que la UN le había adjudicado en su oficina o de lo contrario le abriría un proceso disciplinario.
Las directivas de la UN se plegaron a las decisiones arbitrarias de la “justicia colombiana” y nunca cuestionaron ni denunciaron los procedimientos terroristas del Estado colombiano. Aún peor, los académicos e investigadores de la UN –con honrosas excepciones– no se manifestaron para defender a uno de sus colegas, asumiendo una actitud cómplice con el terrorismo de Estado. Incluso, hubo profesores universitarios, incluyendo a miembros del Departamento de Sociología, que aplaudieron el secuestro oficial de Miguel Ángel, algo que se entiende porque éste les resultaba incomodo por sus posturas políticas y por los temas que investiga, relacionados con los problemas sociales de Colombia y América Latina.
Esa incomodidad aumentó cuando, tras salir de la cárcel, Miguel Ángel se reintegró a su cargo de profesor de la UN. El día que se presentó al Departamento de Sociología muy pocos se atrevieron a saludarlo y casi todos le dieron la espalda, literalmente hablando, en forma desdeñosa. Luego llegaron amenazas de muerte y Miguel Ángel partió al exilio, una terrible situación en la que el respaldo de la UN fue casi simbólico.
Estando en el exilio, el 3 septiembre de 2013 el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, lo destituyó de su cargo de profesor, basándose en las mismas evidencias por las que había sido absuelto, principalmente en el supuesto computador mágico e indestructible de Raúl Reyes. Durante varios meses estuvo en suspenso la destitución, tiempo durante el cual unos cuantos profesores y estudiantes de la UN y otras universidades se movilizaron y denunciaron la persecución al pensamiento crítico y a la libertad de pensamiento. En este lapso, Miguel Ángel se reintegró a su trabajo a comienzos de 2014 e impartió cátedra durante el primer semestre académico de ese año.
Pero Ordóñez no cesó en su empeño inquisitorial y el 24 de julio de 2014 confirmó la destitución de Miguel Ángel Beltrán y la prohibición de ejercer algún cargo público por los próximos trece años. El rector de la UN, Ignacio Mantilla, dando muestras de una vergonzosa postración ante la Procuraduría procedió a destituirlo, sin cuestionar la decisión de Ordóñez ni reivindicar el derecho a la autonomía de que goza la universidad. Se basó en conceptos jurídicos de abogados “progresistas” para quienes era preferible la destitución de Miguel Ángel Beltrán a oponerse a la decisión de la Procuraduría, puesto que según su retórica sofística esta última posibilidad implicaba cuestionar el Estado de Derecho, algo inaudito para su cretinismo jurídico. Lo lamentable radica en que una institución universitaria, uno de cuyas banderas es la libertad de opinión y pensamiento, haya asumido como válidos los pobres argumentos del Procurador que acusó a Miguel Ángel de formar grupos de investigación y de escribir artículos y foros con “sentido político”, en los que se admitía que el conflicto armado en Colombia se había originado en la lucha de los campesinos, lo que la Procuraduría consideró como una instigación al terrorismo.
De esta forma, las autoridades universitarias –con el apoyo tácito del grueso de la comunidad académica– pusieron en juego un nuevo engranaje del terrorismo de Estado: la muerte laboral. En efecto, la destitución de su cargo de profesor en la UN significa en la práctica para Miguel Ángel Beltrán la muerte laboral, porque está inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante 13 años (toda una vida en términos laborales) y después de esa destitución es dudoso que alguna otra universidad quiera contratar a un profesor destituido por la Procuraduría, sobre el cual además se han difundido toda clase de mentiras y calumnias.
Tercer acto: la condena
Lo que faltaba, luego de la destitución de la UN, a finales del 2014 se conoció la condena proferida por un miembro de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a 100 meses de cárcel por el delito de rebelión. Esta segunda instancia se derivó de la apelación que hizo un Fiscal a la decisión de dejar libre a Miguel Ángel Beltrán. Aunque en apariencia esta decisión no se basa en las pruebas “mágicas” que se esgrimieron luego del secuestro en México, a la larga las avala, como lo señala una información de El Espectador: “Según la Fiscalía General, el profesor universitario era alias ‘Jaime Cienfuegos’, ideólogo de la comisión internacional de las Farc. El ente acusador llegó a esa conclusión luego de revisar los documentos que se encontraron en el computador del jefe guerrillero alias ‘Raúl Reyes’, abatido el 2 de marzo de 2008 en la frontera entre Colombia y Ecuador”. Esto fue lo que dijo la Fiscalía y eso fue lo que asumió como valido el Tribunal Superior de Bogotá.
No deja de ser sintomático que la condena se haya dado en pleno paro judicial en el país, lo que indica que los miembros de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá son esquiroles. Aparte de esta curiosidad, queda claro que el aparato judicial en Colombia es otra instancia propia del terrorismo de Estado, y no es ningún poder independiente, como lo afirma la teoría liberal sobre la separación de las ramas del Estado y por eso actúa con claro criterio de clase para perseguir a estudiantes, profesores, campesinos, trabajadores, mujeres pobres… Mientras sobre estos recae la fuerza del Estado, como se evidencia con el origen social de los miles de presos comunes y políticos que abarrotan las cárceles en el país y a los que se trata peor que animales, a los delincuentes y criminales de cuello blanco se les conceden todo tipo de gabelas para que huyan, como ha sucedido con Luis Carlos Restrepo, Andrés Felipe Arias, Pilar Hurtado, Sandra Morelli… para no hablar de la impunidad que cobija los crímenes de ex presidentes, ministros, generales y sus familiares, como sucede con los responsables de los “falsos positivos”.
El aparato judicial colombiano funciona a la perfección cuando se trata de castigar trabajadores en huelga, campesinos que protestan en las carreteras, estudiantes que hacen manifestaciones… y lo mismo cuando persigue y castiga a aquellos que se oponen al régimen, sometidos a un inagotable terrorismo de Estado. Eso es lo que ha sucedido a Miguel Ángel Beltrán, por atreverse a pensar, a disentir, a dudar de las falsas verdades del establecimiento y de sus intelectuales orgánicos. Para que esto no quede en generalidades, recordemos que el fiscal que inicialmente acusó a Miguel Ángel, cuyo nombre es Ricardo Bejarano Beltrán, suele posar en las redes sociales con uniforme militar y entre sus páginas favoritas se encuentran las de la Escuela Militar, los Veteranos de guerra de Vietnam, y entre sus fetiches se encuentran las operaciones contraguerrilla ‘Fénix’ y ‘Sodoma’. Esa es una buena muestra de la “imparcialidad de la justicia” colombiana. Por eso será que, volviendo al paro judicial, se dice en son de chiste que nadie se enteró de esa protesta, porque en Colombia la justicia vive eternamente paralizada, salvo cuando se trata de joder a los pobres e insumisos.
Ejército ocupa dos escuelas en Norte de Santander
Resumen Latinoamericano/ el 06 de agosto de 2015 . –
Esto ocurre en medio de fuertes combates y desplazamientos forzados en los corregimientos Filogringo y Orú, del municipio El Tarra.
Casa afectada por esquirlas en el casco urbano de Filogringo
Las autoridades comunitarias de Filogringo y Orú, dos corregimientos del municipio El Tarra, denuncian:
1-A partir del jueves 23 de julio ha habido desplazamiento forzado de los habitantes de las veredas Bello Horizonte y Tres Aguas, pertenecientes a Filogringo. Hasta el momento no han retornado a sus casas, debido a la presencia de personal armado en los alrededores de sus casas.
2-El ejército nacional de Colombia está ubicado dentro de las escuelas de Bello Horizonte y Tres Aguas. En crasa infracción al Derecho Internacional Humanitario.
3. Debido a los combates y confrontación armada los niños, niñas y adolescentes no están asistiendo a clases ni en el casco urbano de Filogringo, ni en las veredas La Fría, Tres Aguas, San Isidro Alto, Orú, Bello Horizonte y El Edén.
3- En la vereda Bello Horizonte un grupo de soldados realizó un allanamiento ilegal a una casa campesina.
4-En la vereda Tres Aguas, una señora fue ilegalmente detenida, calumniada, fotografiada y empadronada por parte de personal del Ejército.
5-El ejército está ubicado en los nacientes de agua de donde toman el agua de las fincas, en la vereda La Fría ya desactivaron un artefacto explosivo cerca de una bocatoma, han llegado hasta taponar el agua de algunas casas donde se bañan y lavan sus ropas dejando las familias sin agua. Esto pone en riesgo a la infraestructura básica para la supervivencia de la comunidad, como son los acueductos y la provisión de agua.
6-En la vereda La Fría y a los alrededores del caserío de Filo El Gringo. no dejan a los campesinos trabajar y le prohíben ir a sus huertas a traer sus alimentos, ni siquiera pueden regarlos y existe riesgo de que se pierdan todos, que sería un golpe fuerte para las economías familiares y la comunitaria.
7-En algunos sitios especialmente en la vereda Bello Horizonte, durante los bombardeos y los enfrentamientos el ganado se ha desperdigado y se han muerto algunos animales, en muchos casos esto significa un golpe mortal para las empobrecidas familias campesinas de la región.
8-El día 27 de julio hubo enfrentamientos a partir de las cuatro y media de la tarde, que se prolongaron hasta tempranas horas de la madrugada, esto ocurrió cerca al casco urbano de Filogringo, por lo que hubo impactos de balas en las paredes y en los techos de las casas, también dañaron un taque de agua. 10. El día 29 de julio, casco urbano de Filogringo a eso de las diez de la mañana, una patrulla fue atacada con una granada resultando afectadas algunas casa vecinas y habitadas con las esquirlas.
El patrón y la gravedad de los hechos denunciados tornan muy probable la ocurrencia de una tragedia mayúscula entre los habitantes pacíficos y civiles de Filogringo. Son casos como este los que sirven para recordar por qué se creó el Derecho Internacional Humanitario, ya que fue justamente para evitar sufrimientos innecesarios entre las personas que no hacen parte del conflicto, como el campesinado del Catatumbo.
Por motivo de todo lo anterior, se exige:
Al Presidente de la República que en su calidad de máximo comandante de la Fuerzas Militares ordene el fin de la ocupación de las escuelas y fuentes de agua en Filogringo y Orú.
De manera urgente a las autoridades Nacionales, regionales y locales, activar los mecanismos establecidos por la ley, que ordenan brindar especial protección a la vida e integridad física de todos los habitantes de los corregimientos de Filogringo y orú, municipio de El Tarra, Norte de Santander, en particular de las personas víctimas de la violencia, que habitan en él.
Se ordene de manera inmediata, la realización de una Misión de verificación interinstitucional que permita constatar la situación de violación de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario.
Exigimos garantías y protección a las comunidades del Catatumbo, ante posibles represalias que puedan haber por las denuncias realizadas ante las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario que continúan ocurriendo en el Catatumbo.
También hacemos un llamado a la solidaridad de las organizaciones sociales, de Derechos Humanos y ambientales, nacionales e internacionales, en el acompañamiento a la comunidad, la denuncia de los hechos y la visibilización y difusión de la presente acción urgente.
Primero de agosto de 2015.
LÍDERES COMUNALES DEL CATATUMBO, NORTE DE SANTANDER
EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS – EJP
COMITÉ AMBIENTAL DE BARRANCABERMEJA – CAB
CONGRESO AMBIENTAL DE SANTANDER – CASA AGUAYA
PODER Y UNIDAD POPULAR CESAR – PUP CESAR
MOVIMIENTO DE TRABAJADORXS, CAMPESINXS Y COMUNIDADES DEL CESAR
MTCC ONG INTERNACIONAL COLOMBIA DE DESPLAZADOS
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ABOGADOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
ACADEHUM COORDINADOR NACIONAL AGRARIO
CNA CONGRESO DE LOS PUEBLOS
CDP CONFLUENCIA DE MUJERES PARA LA ACCIÓN PÚBLICA
NORORIENTE FUNDACIÓN LIBERTAD, DERECHOS Y PAZ
FUNDACIÓN DE VÍCTIMAS DEL CESAR IDENTIDAD ESTUDIANTIL
CESAR ASOCIACIÓN DE FAMILIAS AGROMINERAS DEL SUR DE BOLÍVAR Y ANTIOQUIA – AFASBA
Por: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Militarización. Obama autoriza la interdicción aérea en Colombia
Resumen Latinoamericano/ 06 de Agosto 2015 .-
EE.UU. informó la renovación de su apoyo militar a Colombia al autorizar la intromisión
aérea con el pretexto de combatir el narcotráfico en ese país suramericano.
“Es necesaria la interdicción de aeronaves sobre las que haya una sospecha razonable de que están principalmente implicadas en el tráfico ilícito de drogas”, destacó el miércoles el presidente norteamericano, Barack Obama.
El jefe de Estado estadounidense puntualizó que la medida fue tomada con la finalidad de combatir la “amenaza extraordinaria” que representa el tráfico de drogas para la “seguridad nacional de Colombia”.
El país sudamericano, prosiguió, ha puesto en marcha los procedimientos apropiados para proteger la vida de la población por aire y tierra en conexión con esa interdicción del narcotráfico.
Dichos procedimientos incluyen, como mínimo, “métodos eficaces” para identificar aeronaves civiles que posiblemente estén involucradas en la delincuencia, culminó el mandatario de EE.UU.
Para los escritores Diane Lefer y Héctor Aristizábal, la acción de EE.UU. en Colombia se traduce como “una mayor intervención militar, mayor desplazamiento interno de civiles y más muertes innecesarias en la guerra civil colombiana que ya lleva varias décadas”
A principios de la década de 1990, la Administración norteamericana comenzó a respaldar los esfuerzos de vigilancia e interceptación aérea en Colombia y Perú con el objetivo de hacer frente al narcotráfico.
Esa ayuda fue suspendida en abril de 2001, tras el derribo accidental por parte de la Fuerza Aérea de Perú de una aeronave civil en la que viajaban misioneros estadounidenses.
Sin embargo, Estados Unidos y Colombia reanudaron el programa en agosto de 2003, tras acordar nuevos mecanismos de supervisión.
Colombia y la guerrilla ELN comenzarán diálogos de paz en Ecuador
Resumen Latinoamericano/ 05 de Agosto 2015 .-
El Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) comenzarán el próximo mes de septiembre los diálogos de paz en Ecuador
De acuerdo con el comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, las conversaciones tendrán lugar paralelamente a las que desarrollan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno colombiano en La Habana (capital cubana).
El pasado 13 de mayo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció que Quito (capital ecuatoriana) fue la sede de los diálogos de la paz entre el Gobierno de Bogotá y el ELN. Foto: Nicolás Rodríguez Bautista, comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia.
FARC-EP: Nuevo ambiente de confianza
Resumen Latinoamericano / Delegación de Paz FARC-EP / 4 de agosto de 2015 –
Estos son objetivos irrenunciables de una Justicia restaurativa para el post acuerdo, que a todas luces, si realmente se quiere la reconciliación y la convivencia, debe estar desligada de anacrónicas concepciones medievales vengativas, como el ojo por ojo y el diente por diente de la ley del Talión, lo cual conlleva anteponer la paz como derecho síntesis y el bienestar de las futuras generaciones, sobre cualquier otra consideración.
Dentro de nuestra concepción garantizar la justicia restaurativa, debe significar la conquista de la aplicación de una justicia distributiva que vaya más allá de lo meramente correctivo y apunte a crear nuevas condiciones de existencia dentro de la senda del buen vivir.
Para encontrar entendimiento respecto a los mencionados asuntos, la Mesa decidió la creación de una comisión integrada por los connotados juristas Juan Carlos Henao, Álvaro Leyva, Enrique Santiago, Manuel José Cepeda, Diego Martínez y Douglas Cassel. Todos han expresado su plena disposición a trabajar en función de tan loable propósito, contando con el apoyo de otros profesionales del derecho, lo cual es garantía de que en este campo lograremos un acuerdo consistente que blindará jurídica y políticamente el proceso de paz.
Está claro que al lado del protagonismo de las víctimas, la esencia del Sistema Integral es la verdad aportada por todos, de tal manera que viene a ser la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, un mecanismo de primer orden para la resolución del conflicto, el cual deberá ponerse en funcionamiento en el término más corto posible.
Sin duda la tregua unilateral declarada por las FARC y la decisión del cese de bombardeos que en correspondencia anunció el gobierno dentro del marco de desescalamiento del conflicto, desencadenaron este nuevo ambiente de confianza que ha permitido agilizar las conversaciones y avanzar en nuevos consensos.
No obstante, estimamos que falta coherencia entre lo que ocurre en la Mesa y lo que sucede en el territorio nacional. Debiera el Estado considerar un cese unilateral al hostigamiento contra líderes políticos y sociales de oposición, porque no puede ser que en pleno desarrollo del proceso de paz se escale la persecución, el encarcelamiento y la muerte.
Mientras en La Habana se habla de Reforma Rural Integral, con la excusa de recuperar tierras de las FARC se despoja a campesinos que son legítimos tenedores de predios baldíos. Mientras se habla de amplia participación ciudadana y expansión de la democracia, se cierran los espacios para el ejercicio de las libertades en Colombia. ¿Quién le dio licencia a la Fiscalía para prejuzgar y enjuiciar a través de los medios, haciendo del debido proceso y del derecho a la defensa un rey de burlas? Aunque parezca una paradoja, habrá que buscar un indulto para tanto inocente judicializado.
Pero no solo hay cacería de brujas para encarcelar, sino para hacerle imposible la vida a los labriegos; actualmente los campesinos del Catatumbo son objeto de la más cruda represión. Los operativos militares que incluyen ametrallamientos y fumigaciones aéreas con glifosato sobre sus tierras, no cesan.
Esta es la respuesta a los acuerdos que había pactado el gobierno en Tibú con sus organizaciones de base.
Para colmo de la insensatez, en una especie de reedición del exterminio de la UP, la Marcha Patriótica acumula ya 102 de sus militantes asesinados, alrededor de 300 encarcelados, más decenas de judicializados. Es claro que el Fiscal, como si estuviera en competencia con el Procurador, camina en contravía del proceso de paz.
A pesar de esta cruda y desalentadora realidad, no queremos dejarnos embargar por el pesimismo, y es por eso que llamamos a reflexionar más en la forma de profundizar los importantes avances logrados en la Mesa de Diálogos de La Habana. Aunque advertimos cierta flexibilización en las anacrónicas posturas punitivistas del Estado, no se pasa todavía, de manera decidida, a una práctica consecuente. Y esto no se logra, sin duda, profundizando las iniciativas legislativas neoliberales o marchando a contracorriente de los acuerdos parciales. Lo que urge es poner freno ya a la represión institucional, al paramilitarismo, a la desidia frente a las exigencias de las pobrerías que reclaman condiciones dignas de vida, justicia social, y cerrar la brecha de la desigualdad.
Si el discurso gubernamental considera que nos encontramos ad portas del fin del conflicto, ¿cómo es que esta certeza no se traduce en una nueva distribución del gasto público que resuelva las necesidades básicas insatisfechas del pueblo?. No se pueden utilizar argumentos como la caída de los precios del petróleo y el oro, o la crisis exportadora, una época de vacas flacas, mientras por una parte se sostienen inflexibles gastos de funcionamiento y de servicio de la deuda, y por otra un gasto militar de 30 billones de pesos anuales -más de diez mil millones de dólares.
Tamaña contradicción nos demuestra la validez de nuestra insistencia en que no es posible una verdadera paz con justicia social sin los cambios estructurales que la nación requiere.
¿Por qué la Asamblea Nacional Constituyente?
Por Huber Ballesteros / Marcha Patriótica / 4 de agosto de 2015 –
Son muchas las razones que cualquier ciudadano de nuestro país podría mencionar y, que no solo justifican su realización sino que la hacen necesaria.
Veinticuatro años de haberse promulgado la Constitución del 91 sin que hayamos resuelto los graves problemas económicos, políticos y sociales que aquejan a nuestra sociedad, es tiempo suficiente para hacer un balance sobre lo que se pretendió con su expedición y lo que verdaderamente se ha logrado.
A juicio de muchos, incluidos algunos exconstituyentes, el haber dado al Congreso la posibilidad de reformar la Constitución fue un grave error. Con esta facultad que le delegó el constituyente primario, el poder constituido (gobierno de la oligarquía y capitalismo) ha modificado la Constitución tantas veces como sus intereses lo han requerido. Si en algún momento la Constitución del 91 tuvo la intención de ser un tratado de paz, esta se fue desdibujando con las modificaciones permanentes que se le fueron haciendo.
Está probado suficientemente que el Congreso de la República, no es el escenario idóneo para reformar la Constitución; su compromiso con la violencia, la corrupción y con todos los males que padece nuestra nación son evidencia irrefutable de su falta de legitimidad, y de que lo único que han hecho con los cambios realizados, ha sido plasmar sus intereses personales, de grupo y los del capital nacional y transnacional, convirtiendo así nuestra carta magna en una colcha de retazos.
Asamblea Nacional Constituyente para un nuevo Pacto Social para la Paz.
Son muchas las voces y varios los estamentos de la sociedad que se han pronunciado favorablemente a esta iniciativa; aunque es de entender que quizás entre ellos existan diferencias en cuanto a los objetivos, alcances he incluso la manera de conformarla, pero se coincide en que solo una nueva constitución puede resolver los problemas del modelo económico, el régimen político, el sistema de justicia, el desarrollo territorial y de falta de justicia social.
Partimos de dos maneras de llevar cabo una modificación de la Constitución: El Congreso de la República (poder constituido o constituyente derivado) mediante actos legislativos; y el Constituyente Primario (el pueblo) en una Asamblea Nacional Constituyente. En relación al primero puede decirse que si hay una cosa cierta en este país es el desprestigio del Congreso de la República; muy pocas personas creen que esta rama del poder público tenga la legitimidad para reformarse y reformar todo lo que en este país huele a podrido.
El ejecutivo en todos sus niveles es un nido de corrupción; aunque solo se hable del carrusel de la contratación en Bogotá es un secreto a voces el que ésta campea en todos los niveles e instituciones del Estado: Presidencia, Ministerios, Institutos, Empresas Públicas, Gobernaciones y Alcaldías.
El régimen presidencialista con que se gobierna el país, más parece una monarquía constitucional por la forma como los delfines de la clase política hacen cola para ocupar la silla presidencial y por los poderes ilimitados que se le han dado al jefe de Estado, quien termina gobernando como un dictador. El poder judicial se encuentra también en bancarrota; todos sobre la aplicación conocida de la “justicia” con diferentes raseros, una justicia estratificada que obedece a intereses políticos y económicos; convertida por los poderosos en un rey de burlas y siendo en síntesis un instrumento de represión contra los pobres y contra quienes se oponen al sistema además de una fábrica de absoluciones e impunidad para los delincuentes de cuello blanco y para aquellos que desde el Estado o con la complicidad de sus agentes, violan los Derechos Humanos y cometen toda clase de crímenes.
Como podemos ver, los tres pilares de la “democracia” burgués, de la llamada República Liberal han perdido en nuestro caso toda legitimidad.
Una constitución cuyos principios de soberanía, servicio a la comunidad, Estado social de derecho, respeto a los Derechos humanos, reconocimiento y respeto a la diversidad étnica y cultural y protección de las riquezas naturales y culturales de la nación son en la práctica letra muerta, requiere ser modificada para que pueda cumplir con estos y otros fines. En vista de que la clase política no tiene ni el interés ni la legitimidad para liderar un proceso de esta naturaleza, corresponde al Movimiento Social y Popular, a la izquierda y a los sectores democráticos asumir la tarea de organizar equipos que impulsen y convoquen la realización de pre-constituyentes en los distintos niveles territoriales de la nación. De ellas deben salir las propuestas de contenido de Nueva Constitución; las formas de convocarla y de cómo integrar una Asamblea Nacional Constituyente que sea verdaderamente representativa de lo que somos y representamos como nación.
Una constituyente que nos dote de una constitución que haga efectiva la soberanía, la democracia, la paz y la justicia social.
Cárcel la Picota, Julio 29 de 2015.
Escribe Sergio Segura: Inconsistencias del caso de los 13 jóvenes detenidos en Bogotá
Resumen Latinoamericano / Colombia Informa / 4 de agosto de 2015 –
Desde su lugar de reclusión el corresponsal de Colombia Informa refuta las “inferencias razonables” que la Fiscalía expuso para solicitar la medida de aseguramiento en centro carelario para los 13 jóvenes detenidos el pasado 8 de julio en Bogotá, dejando en evidencia el carácter arbitrario y persecutorio de todo el caso.
Por Sergio Segura*.
Hicieron creer a los colombianos que habían capturado a los responsables de los ataques con explosivos a las sedes de la empresa de pensiones y cesantías Porvenir; no obstante, la Fiscalía a lo largo de las audiencias nunca mencionó tal acusación, mucho menos expuso material probatorio al respecto.
En el ordenamiento jurídico colombiano, una medida de aseguramiento puede imponerse cuando existe una ‘inferencia razonable’ que, tal como se menciona en el numeral tres del artículo 308 del Código Procesal Penal (Ley 906 de 2004), consiste en una alta probabilidad de autoría o participación respecto de “una conducta susceptible de encuadrar como delito, deducida de los elementos materiales probatorios, evidencia física o medios de información legalmente obtenidos, y que en grado de probabilidad pueda el juez inferir que el imputado no comparecerá al proceso o no cumplirá la sentencia”.
Sin embargo, varias de las pruebas presentadas por la Fiscalía en este caso tienen grandes posibilidades de ser controvertidas por la defensa de los imputados.
En primer lugar, resulta arbitrario y tendencioso que se emplee material fuera de contexto como la foto de una pierna mutilada de un agente del Escuadrón Móvil Anti Disturbios -Esmad-, supuesta víctima de unos explosivos lanzados en una protesta que tuvo lugar en la Universidad de Antioquia en abril de 2012.
Además la Fiscalía ha incurrido en menciones falaces, como la afirmación de que la desafortunada muerte del joven estudiante de la Universidad del Valle Jan Farid Cheng Lugo, ocurrida en octubre de 2011, fue producto de un accidente sufrido en razón de transportar “papas bombas” en su maleta, pretendiendo asociar aquel hecho mal narrado con la situación que nos afecta: Cheng fue víctima de un artefacto que lanzaron desde un puente y que explotó en su estómago. Aun no hay responsables por su asesinato.
No conforme con traer a colación estos hechos, el Fiscal mencionó en sus argumentos el episodio de la muerte de tres estudiantes en una casa de la localidad de Suba, Bogotá, en la que supuestamente se estaban elaborando explosivos. Lo curioso es que en el lugar de la explosión se encontraron intactos panfletos alusivos al Movimiento Jaime Bateman Cayón que sobrevivieron misteriosamente al desastre.
El Fiscal especializado contra el terrorismo delegado para el caso de los 13 (entre quienes me encuentro) argumentó que los simpatizantes del cura, sociólogo y pensador Camilo Torres Restrepo pueden ser integrantes del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, si se tiene en cuenta que en la última etapa de su vida Torres se vinculó a esta guerrilla (1965).
Y para completar la lista, los entes encargados no verificaron, hasta el momento, la veracidad de las supuestas amenazas a un vigilante de la Universidad Nacional (testigo en el caso) ni el correo de dudoso origen dirigido al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, en el que se amenazó con poner una bomba en los juzgados de Paloquemao. El objetivo de esas maniobras: convertirnos de perseguidos en victimarios.
Frente a los particulares con que se me quiere acusar, hay dos llamadas interceptadas que no contienen ningún detalle que me incrimine. No hay fotografías de mi participación en los hechos investigados, a pesar de la vigilancia y los seguimientos.
La justicia colombiana, a través de la Ley de Seguridad ciudadana, determinó que es más grave la violencia contra servidor público que la rebelión armada o el terrorismo. Lo que empezó como una captura masiva de presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, se convirtió en la investigación de una protesta universitaria. ¿No es entonces este caso un montaje judicial, un falso positivo?
Ambientalistas y líderes sociales en riesgo por defender territorio contra la gran minería y la minería criminal
Resumen Latinoamericano / Radio Macondo / 2 de agosto de 2015 –
El Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA alerta sobre la grave situación de derechos humanos y de vulnerabilidad en la que se encuentran líderes sociales y ambientalistas en la región sur del departamento del Cauca y norte de Nariño, a causa de su trabajo por la defensa del territorio y el impulso de acciones de protección contra los estragos ambientales y sociales del desarrollo de la minería criminal y trasnacional en la región. Situación que se agrava con recientes amenazas y el homicidio del líder FABIO HERNÁN TORRES CABRERA ocurrido en el corregimiento de Santa Marta, municipio de San Lorenzo – Nariño.
ANTECEDENTES
– Desde finales del año 2012 y el 2014 la organización CIMA en coordinación con otras organizaciones de la región venimos adelantando una serie de foros, audiencias y otras acciones comunitarias en defensa de territorios del Macizo Colombiano de Cauca y de Nariño.
– El día 30 de septiembre del año 2013 en el municipio de Almaguer fue asesinada la líderesa ADELINDA GOMEZ GAVIRIA, presuntamente a manos de quienes impulsan la minería criminal en esa zona, sin que hasta al momento haya un avance en la investigación del hecho.
– Durante el año 2013 y 2014 se presentaron amenazas contra líderes regionales y locales de los municipios de Bolívar, Santa Rosa, Patía, Almaguer en el departamento del Cauca y San Lorenzo y Arboleda en Nariño.
– En ese mismo periodo, se presentaron amenazas contra el Consejo Comunitario Nueva Esperanza del corregimiento de El Hoyo Patía y fueron desplazadas varias familias que se encontraban asentadas en los alrededores de la mina de oro de Curiaco municipio de Santa Rosa.
HECHOS
– El 28 de julio de 2015, en el caso urbano de La Sierra Cauca, la casa del líder cafetero perteneciente al CIMA, OSCAR DÍAZ BOLAÑOS (persona protegida), fue asaltada por hombres armados que llegaron en horas de la noche y luego de preguntar insistentemente por este líder, procedieron a agredir a su hija de 17 años de edad quien se encontraba en compañía de su pequeña niña de 10 meses y otra familiar de 5 años de edad. Posteriormente los sujetos robaron una Tablet y una suma de dinero. Se fueron insistiendo que volverían por el líder.
– El día 19 de julio de 2015 el líder integrante del CIMA Nariño FABIO HERNAN TORRES CABRERA, quien venía liderando acciones de resistencia comunitaria en contra del proyecto “Mazamorras Gold” de la trasnacional Gran Colombia, fue asesinado por hombres armados que llegaron hasta su casa de habitación en el corregimiento de Santa Marta, San Lorenzo – Nariño.
– El 13 de julio de 2015 desde la dirección electrónica mineriadesarrollo@yahoo.com fue enviado un mensaje al correo electrónico de FUNDECIMA, en el cual se amenaza a la organización manifestando que “los vamos a acabar” y se hace alusión al trabajo de la organización en contra del desarrollo de la minería.
– Desde el mes de abril de este año, varios incidentes de amenaza y de afectación de su seguridad, han ocurrido con uno de los líderes regionales del CIMA integrante del equipo de minería quien ha sido víctima de seguimientos y llamadas telefónicas intimidatorias, hechos ocurridos justamente luego de la realización de reuniones sostenidas en la ciudad de Popayán en el marco de la mesa minera.
– El 5 de julio luego de una acción comunitaria de la población de Santa Bárbara municipio de La Vega en dónde, de manera organizada la comunidad pretendió desmantelar una tolva que se encuentra a aproximadamente 100 metros del salón comunal, hombres armados rondaron ente territorio en horas de la noche y peguntaron sobre las personas que adelantan el trabajo sobre minería, trabajo social que se coordina entre el Cima y otras organizaciones sociales Maciceñas.
El Comité de Integración del Macizo CIMA llama a los organismos de investigación a avanzar en la identificación de los responsables materiales e intelectuales de los hechos sucedidos con los y las defensoras de derechos humanos y líderes ambientalistas y sociales, a los organismos estatales encargados de velar por la protección y prevención de los derechos humanos a cumplir con su responsabilidad y a las instituciones en general a proteger la vida, la libertad, integridad y el derecho al territorio.
El llamado se realiza igualmente a la Defensoría del Pueblo para que dada la situación denunciada realicen el respectivo seguimiento y eleven una ALERTA TEMPRANA de modo tal que se prevengan otras situaciones.
El CIMA invita a las organizaciones hermanas y organismos de derechos humanos del orden regional, nacional e internacional a pronunciarse sobre esta situación, acompañar las comunidades y organizaciones e impulsar acciones de prevención y protección.
Reiteramos nuestros requerimientos y llamados para que todos los instrumentos y programas de garantías gubernamentales y de defensa de los derecho humanos se reactiven, pronuncien y actúen en protección de nuestras comunidades, nuestros líderes y lideresas y de nuestros derechos como organización social colombiana.
Macizo colombiano, 28 de julio de 2015.
COMITÉ DE INTEGRACIÓN DEL MACIZO COLOMBIANO – CIMA
Organización Social Campesina Plan de Vida, Agua y Dignidad
COLOMBIA
Militarización en el Catatumbo pone en riesgo a la población y amenaza el cese unilateral
Resumen Latinoamericano / Agencia de Prensa Rural, 2 de agosto de 2015.-
El día 27 de julio del año 2015, hizo presencia el Personero municipal del Tarra, en el corregimiento de Orú, con el fin de tener conocimiento sobre los hechos ocurridos tras los enfrentamientos entre efectivos de la fuerza pública y grupos armados al margen de la ley del ELN y EPL ocurridos el día sábado 25 de julio de 2015 en horas de la noche. De dicha reunión la comunidad del corregimiento de Orú denunció ante el representante del ministerio público que efectivamente desde las montañas le hicieron disparos a la fuerza pública que se encontraba a las afueras del casco urbano del corregimiento. La reacción del Ejército Nacional fue atentar, hostigar y amedrentar a la población civil, con actuaciones como ocupar bienes protegidos por DIH, resguardarse en las casas de la población civil utilizándolos como escudos humanos, ocupando la iglesia del corregimiento. Ese día el temor se acrecentó entre los pobladores cuando vieron cómo el Ejército nacional le disparaba a las lámparas de alumbrado público y a las cuerdas del fluido eléctrico, impactando en el transformador eléctrico del corregimiento, por lo que Orú se encuentra sin suministro de energía eléctrica.
Dentro de las denuncias recogidas por el personero municipal vemos con gran preocupación que los pobladores denuncian que miembros de la fuerza pública comenzaron a gritar que no pertenecían al Ejército, que eran personal desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fumaban marihuana, se reían, y gritaban ¡VIVAN LAS AUC!, disparando de manera indiscriminada.
De igual forma, miembros del Ejército Nacional retuvieron a varias personas. De estas, se denunció el caso específico del campesino Dinael Rojas quien fue objeto de torturas, señalamientos y amenazas por parte de estos miembros de la fuerza pública, al igual que al campesino Alciliades Ardila del cual el Ejército Nacional llegó con un accionar terrorista abriendo fuego contra su persona, disparándole cerca al oído el cual le dejó sordera por varios días. Otra de las víctimas es la campesina Omaida Gálviz quien se dedica a vender pollo y frutas a quien el ejército irrumpió en su local comercial, hurtó frutas y botó varios de sus productos a la calle.
A causa de estos hechos se han generado desplazamientos forzados de manera masiva hacia el corregimiento de Paccelli y Versalles y otros hacia la ciudad de San José de Cúcuta, además se han visto afectadas el desarrollo de las clases de 270 estudiantes.
El día 29 de julio del año 2015 desde las 4:00 am, efectivos del Ejército Nacional ocuparon el matadero de Filogringo (lugar de sacrificio de las reses que van hacer comercializadas). Horas más tarde, cuando realizaban un recorrido por el casco urbano, guerrilleros del ELN detonaron una carga explosiva, con la que se puso en riesgo a la población civil que se encontraba en este momento. A raíz de esto, el Ejército nacional decidió emprenderla contra los pobladores disparando contra la población civil, lanzando improperios y señalamientos, prohibieron la libre movilidad, así mismo atacaron e impidieron que una comisión integrada por los representantes de las instituciones del ministerio público, alcaldía del Tarra, gobernación del departamento, unidad de víctimas, Corporación Paz y Futuro, SENA, ESE Regional Norte y organismos Internacionales ingresara al corregimiento para atender la crisis humanitaria en la que se encuentra sumida el municipio del Tarra.
Desde Constituyentes por la Paz con Justicia Social queremos recordar al Estado colombiano y a la fuerza pública de los acuerdos internacionales suscritos y ratificados en los cuales obliga a cumplir las normas de la guerra y la protección y garantía a los derechos humanos, que vemos con preocupación que mientras el gobierno nacional en los medios de comunicación y ante la comunidad internacional habla de paz y exige hechos de paz, por el contrario, en regiones afectadas por la guerra como el Catatumbo, el escalonamiento de la guerra es latente, el militarizar los cascos urbanos y las zonas rurales pone en peligro la vida de la población civil, máxime de cuando la fuerza Pública infringe el Derecho Internacional Humanitario, que con su accionar genera delitos de lesa humanidad como el desplazamiento forzado, torturas, señalamientos y hostigamientos a la población civil, por parte de los garantes de nuestros derechos. No entendemos cómo cuando existe una voluntad de paz por parte de las FARC, el gobierno responde con actos provocativos de propiciar la guerra dejando a la población civil en medio del conflicto.
Como Constituyentes por la Paz solicitamos la presencia del Frente Amplio por la Paz, las iglesias y los sectores comprometidos con verificar y garantizar el cumplimiento del cese unilateral a los fuegos desarrollado por las FARC-EP desde el pasado 20 de julio de 2015; para que nos acompañen en una Comisión de Verificación Nacional a tan delicados hechos que están generando una situación insostenible que pone en alto riesgo el cese decretado y así mismo el proceso de paz. Queremos que cada uno de los sectores comprometidos con la paz nos acompañen en esta tarea de verificación para el próximo 9 de agosto de 2015, con el fin de rodear a las comunidades afectadas y exigir el respeto por los derechos humanos, el respeto al cese y la necesidad de que se formalicen los diálogos con el Ejercito de Liberación Nacional.
Jueza ratifica que 13 militantes sociales detenidos deben seguir en prisión
1 Agosto 2015, Resumen Latinoamericano / Colombia Informa.-
Avalada la medida de aseguramiento a los 13 detenidos, la defensa solicitó al juez de segunda instancia, compulsar a la jueza 72 de garantías por posible prevaricato luego de que esta sostuvo una reunión con un general de la policía horas antes de conocerse la decisión. A ello se sumó el pedido de la procuraduría, que cambió opinión y solicitó la libertad para los vinculados.
Ante la fuerte decisión de avalar la medida de aseguramiento contra los 13 detenidos, la abogada Gloria Silva quien defiende a la activista de derechos de las mujeres, Paola Andrea Salgado Piedrahita, solicitó al juez de segunda instancia compulsar a la jueza, por prevaricato. Aunque el resto de abogados de la defensa han coadyudado a la denuncia, consideran que resulta complejo obtener algún resultado positivo, esto aseguró a Colombia Informa David Uribe Laverde, abogado del periodista Sergio Segura: “Depende de la voluntad del juez encontrar mérito a la compulsa. También hemos contemplado la posibilidad de realizar demanda directamente, aunque tampoco creemos lograr resultados positivos”.
La abogada Silva, denunció que hubo una reunión que sostuvo la juez del caso con un comandante de la policía el pasado martes 28 de julio, instantes antes de conocerse la determinación. Para la defensa en general resulta muy “casual” que la juez tome esta decisión, luego de sostener una reunión con ese general del cual a la fecha no se conoce el nombre. Señalaron que dicho encuentro “incidió de manera adversa en la decisión, criminalizando la protesta social, enviándolos a la cárcel mientras el proceso dura” además, aseguraron que frente al caso “los medios han montado toda una parafernalia”, expresó Silva.
Además de ello, para la defensa no existe el material probatorio suficientemente contundente para avalar la solicitud de la fiscal Ana María Larrota, de dictar medida de aseguramiento contra los 13 activistas sociales. Con respecto al caso de Paola Salgado, para la defensa, las pruebas presentadas son poco fiables, además se pone en duda la veracidad del testimonio del vigilante de la Universidad Nacional, quien asegura que Paola, es la persona que ingresó las “papas bomba” al claustro universitario, para ser utilizadas en la protesta del 20 de mayo. Otra de las pruebas refutadas, son las que se refieren al periodista Sergio Segura, pues para la defensa, la documentación incautada obedece a su material periodístico, dado su rol de especialista en temas de conflicto y paz en la agencia de prensa Colombia Informa.
Otra gran sorpresa del proceso, fue el pedido de la Procuraduría, quien solicitó a la jueza levantar la medida de aseguramiento contra los 13 detenidos, argumentando que ésta, no consideró los argumentos de todos los abogados que conforman el grupo de la defensa, irrespetando así el derecho de la defensa. Siendo así, el nuevo panorama será, esperar la decisión del juez de segunda instancia, quien deberá considerar, si levanta la medida de aseguramiento contra los 13, atendiendo el pedido que ahora hace la procuraduría.
Detenido nuevamente el profesor Miguel Ángel Beltrán
Resumen Latinoamericano / Radio Macondo / 01 de agosto de 2015 –
A esta hora el profesor Beltrán fue nuevamente conducido a la estación Policía del Barrio San Fernando donde permanecerá hasta ponerlo a disposición del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, porque al parecer es la autoridad que lo requiere.
La Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, se permite informar con carácter urgente a la Comunidad Nacional e Internacional que el día de hoy 31 de julio del presente año sobre las 11:30 a.m. el profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, fue capturado por miembros de la policía Nacional en la ciudad de Bogotá, cuando en compañía de un familiar realizaban diligencias personales.
Luego de llevarlo a la Estación de Policía del Barrio San Fernando, fue conducido a la estación Sexta de Policía con el fin de confirmar si la orden de captura está vigente y demás antecedentes. Luego ya con la presencia con uno de los abogados de confianza del Profesor Beltrán, el Dr. Uldarico Flórez Peña y el Dr. Jorge Salcedo, se explicó el procedimiento a seguir.
A esta hora el profesor Beltrán fue nuevamente conducido a la estación Policía del Barrio San Fernando donde permanecerá hasta ponerlo a disposición del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, porque al parecer es la autoridad que lo requiere.
El profesor Beltrán nos informa que ha recibido buen trato por parte delas autoridades.
Alertamos a la comunidad de derechos Humanos para estar vigilantes ante cualquier situación que pueda pasar con el profesor Beltrán, ya que su proceso está en Casación en la Corte Suprema de Justicia y él venia gozando de su derecho a la libertad.
Bogotá, D.C. julio 31 de 2015.
Fuente: Brigada jurídica Eduardo Umaña Mendoza
Envío:ResumenLatinoamericano
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