Por Paola Ramos Moreno / Resumen Latinoamericano / SinEmbargo / 03 de Sept. 2015 .-
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC (Cemda) denunció a través de un comunicado la existencia de “acciones de criminalización, intimidación, y descrédito de las actividades de defensores de derechos humanos y ambientales” miembros del Instituto de Derecho Ambiental (Idea AC); y se pronunció contra la detención de Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, también del instituto, señalándola como ilegal y arbitraria.
En el documento, el Cemda indica que “la intención de los gobiernos de Colima y Jalisco para criminalizar y desprestigiar a Idea A.C. se ha hecho evidente a raíz de que esta organización brinda asesoría legal “a la comunidad indígena nahua del ejido de Ayotitlán, en el municipio de Cuatitlán, Jalisco; quienes han denunciado actividades de tala ilegal en su territorio, la contaminación a un río por parte de la empresa minera Peña Colorada, y han defendido a miembros de la comunidad por delitos fabricados en su contra”.
De acuerdo con el Centro, las acciones de desprestigio orquestadas por los gobiernos estatales contra el Idea A.C. han incluido “sembrar división dentro de la comunidad y desconfianza hacia esta organización” y están dirigidas a abogados miembros, entre los que se incluyen la Dra. Raquel Gutiérrez Nájera, Pedro León Corrales y el Lic. Carlos Valentín Veyna Martínez.
La Comunidad Indígena Nahua de Ayotitlán asesorada por Idea A.C., que se ubica en el corazón de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán –colindante con el estado de Colima–, ha tenido conflictos con el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada debido a que una parte de la mina de hierro se encuentra dentro de las tierras del ejido.
Tras la asesoría de Idea A.C. a los indígenas, en 2013, un Juez ordenó la suspensión de los permisos y concesiones a la empresa minera Peña Colorada, de modo que quedó prohibido que ésta entrara a la comunidad, y otorgó la libre circulación del ejido y sus miembros sobre sus tierras.
Pero el pasado 22 de julio, cuando 500 pobladores de Ayotitlán realizaban un recorrido en las tierras para asegurarse de que la compañía estaba cumpliendo con la suspensión ordenada por el juzgado, arribó al lugar la policía estatal, que “actuó violentamente contra ellos, golpeando incluso a ancianos y niños”, señala Cemda.
El operativo fue encabezado por el Procurador de Justicia del Estado de Colima (PGJE), Marcos Santana Montes y, en él, 33 indígenas nahuas y Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, abogado miembro del Idea A.C., quedaron detenidos acusados de los delitos de secuestro consumado, despojo, robo calificado, daños en propiedad ajena y lesiones graves.
Posteriormente, el 30 de julio, un juez penal de Colima ordenó la liberación de los 33 indígenas bajo fianza y negó este derecho a Eduardo Mosqueda, dictando en su contra auto de formal prisión.
“Negarle la libertar a Eduardo Mosqueda, aún cuando fue arrestado bajo los mismos hechos y acusaciones que los 33 indígenas nahuas, fue la primera señal de hostigamiento a Idea A.C.”, asegura en entrevista para SinEmbargo la fundadora de la asociación, Raquel Gutiérrez Nájera, que también denuncia que tras los hechos del 22 de julio los gobiernos de Jalisco y Colima orquestan acciones de desprestigio contra el grupo de abogados.
En redes sociales se ha llevado una campaña para pedir la liberación del abogado. Imagen: Twitter
“A partir de entonces los dos gobiernos estatales en conjunto con la empresa empezaron a acudir al ejido de Ayotitlán diciendo que Idea A.C. estaba malinformando a los indígenas. Inclusive firmaron un convenio con algunos de los ejidatarios en el que decían que efectivamente todo estaba bien y la empresa está en sus terrenos y que la gente externa a la comunidad es la que está malinformando y es la que debe ser investigada.
Esta fue la segunda llamada de atención para Idea después de detener a nuestro abogado”, señala Gutiérrez Nájera.
La doctora también explica que a pesar de la división que se generó en el ejido “hay un sector que sigue trabajando con la asociación y nos respalda. Ellos piensan que los gobiernos de Jalisco y Colima se valen de unos cuantos ejidatarios para decir que lo que nosotros hacemos está mal. De hecho, el consejo de ancianos de Ayotitlán respalda nuestro trabajo y también los indígenas que fueron detenidos; a los que, por cierto, amparamos por el delito supuesto de despojo por el que aún son acusados”.
Raquel Gutiérrez señala que las instancias responsables del hostigamiento e intimidación a Idea A.C. son las Secretarías Generales de Gobierno de los estados de Colima y Jalisco, encabezadas por Rafael Gutiérrez Villalobos y Roberto López Lara respectivamente, así como la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima a cargo de Marcos Santana Montes y por la Dirección General de Asuntos Agrarios de Jalisco encabezada por Mario Vladimir Avilés Márquez. “Esta última [instancia], por ejemplo –explica– llama a los ejidos a los cuales asesoramos diciéndoles que ya perdieron sus amparos”.
En un llamado a los responsables, Raquel Gutiérrez se pronuncia por la liberación de Eduardo Mosqueda “porque no es posible que 33 nahuas salgan libres y Eduardo se quede cuando fue acusado por los mismos delitos. Es un delito fabricado por la empresa y el gobierno del estado de Colima a través de su Procurador General, Secretario General de Gobierno y del Juez primero de lo penal del Partido Judicial de Colima.
“También llamamos al estado de Jalisco a defender a su gente y no sumarse a la descalificación que se está haciendo del trabajo del Idea A.C. No es posible que porque nos atrevemos a defender a una comunidad indígena contra intereses económicos muy fuertes pretendan decir que nuestro trabajo está mal. Ellos nos atacan porque saben que nosotros somos los que estamos al frente del derecho ambiental y tenemos casos que frenan proyectos que el gobierno de Jalisco quiere impulsar y porque nosotros defendemos a comunidades afectadas.
El hostigamiento a Idea A.C. da testimonio de cómo el derecho penal se usa para criminalizar movimientos o a defensores de derechos humanos y ambientales en nuestro país, lo que es una lástima porque para lo que debería de servir es sancionar a los proyectos que lesionan los bienes ambientales, y jurídicos como la vida, la salud, la propiedad, etcétera”, denuncia.
Cemda, por su parte, se suma a la petición e indica que “las acciones de intimidación y hostigamiento […] fundamentan el temor de que se fabriquen nuevos delitos y detenciones en contra de los abogados y abogadas de la asociación civil por lo que extienden “un llamado para que las autoridades correspondientes atiendan a esta delicada situación y cumplan de inmediato con la obligación que tiene el Estado mexicano de proteger a los defensores ambientales”. Los 33 ejidatarios que fueron apresados junto a Eduardo Mosqueda, exigiendo la liberación de su abogado. Foto: Facebook "Justicia para Eduardo Mosqueda"
Integrante de la Agencia Subversiones es amenazado de muerte
Resumen Latinoamericano/ 1 de septiembre de 2015.-
Heriberto Paredes, fotoperiodista y reportero de la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones, fue amenazado de muerte la tarde del 31 de agosto en el Distrito Federal. Esta amenaza es la quinta agresión al periodista e integrantes del medio desde mayo de 2015.
“Me siento con bastante incertidumbre. En estas situaciones es imposible no sentir un grado de miedo, de preocupación. Pero definitivamente lo que más siento es molestia, enojo; primero porque me gustaría tener la libertad de trabajar y expresar lo que considero necesario sin que ello sea un peligro para mi vida o para la de mis compañeras y compañeros de trabajo.” Dijo Heriberto Paredes en entrevista con ARTICLE 19
Paredes comentó que él se encontraba afuera de una estación de metro, cuatro horas después de salir de una reunión de la red #RompeElMiedo en las oficinas de ARTICLE19, cuando una persona de alrededor de 50 años de edad se le acercó y le dijo “Ya valiste verga. Te vamos a matar” “Ni con dinero se va a arreglar” “Ya valió verga Cuatrovientos” (este es el alias que Heriberto utilizaba en redes sociales hasta hace algunos días). El agresor sujetaba un objeto en la bolsa de su pantalón mientras lo amenazaba verbalmente.
“El Estado mexicano y sus múltiples tentáculos continúan agrediendo a quienes estamos dispuestos a decir la verdad de lo que reporteamos y documentamos”. Agregó Paredes.
El integrante de Subversiones ha enfocado sus coberturas recientes en temas relacionados con movimientos sociales e investigación periodística alrededor de los temas de violencia y violaciones a derechos humanos en los estados de Guerrero, Estado de México y Michoacán.
La agresión a Paredes se suma a una serie de amenazas y actos de hostigamiento que este año se han generado contra el fotoperiodista y otros integrantes de Subversiones. El 15 de mayo, 7 y 13 de junio Paredes recibió amenazas de muerte vía telefónica; el 2 de junio otro integrante del medio recibió una amenaza telefónica y; el 10 de junio Paredes fue hostigado dentro de la misma estación de metro donde ocurrió la amenaza del 31 de agosto. Cabe señalar que la agencia Subversiones es parte de la red #RompeElMiedo plataforma de articulación compuesta por medios libres y colectivos de personas defensoras que documentan agresiones y violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo al informe semestral de ARTICLE 19, “Más violencia, más silencio”, el Distrito Federal es la segunda entidad federativa con mayor número de agresiones a periodistas en el país con 33 ataques registrados de enero a julio de 2015.
Cabe destacar que la Ciudad de México concentra la cifra más alta de privaciones de la libertad de periodistas a nivel nacional con cinco detenciones arbitrarias en el primer semestre de 2015. Además de la documentación del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa el 31 de julio de 2015 en el Distrito Federal, uno de los siete casos de comunicadores asesinados registrados por ARTICLE19 en lo que va de 2015.
ARTICLE19 exige a las autoridades del Distrito Federal que garanticen la integridad de Heriberto Paredes y de las y los integrantes de la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones.
Nota para prensa
Para mayor información, favor de contactar a comunicacion@article19.org o hablar al + 52 55 1054 6500 www.articulo19.org
ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.
La tormenta en Oaxaca / 177 agresiones contra activistas y periodistas este año
Por Gustavo Esteva/ Resumen Latinoamericano/ 01 de Septiembre 2015 .-
Lastimada, ofendida, humillada, Oaxaca prepara la respuesta. Millones de oaxaqueñas y oaxaqueños, de quienes viven en Oaxaca o de los que han sentido en carne propia la ofensa a su terruño aunque estén muy lejos de él, comienzan a expresar su digna rabia.
Padecemos, como todos los mexicanos, el reino de la impunidad. Su símbolo espectacular fue la fuga de El Chapo, con la cual se dio amplia publicidad nacional e internacional al tratamiento que reciben en el país ciertos criminales.La versión más cínica de esa tónica de impunidad es la exoneración formal de Peña y Videgaray por sus adquisiciones de la Casa Blanca y otras propiedades. Su expresión más atroz es sin duda haber dejado en libertad a dos de los autores intelectuales del asesinato del maestro Galeano en La Realidad, el 2 de mayo de 2014. Impunidad sin concesiones, dice bien Magdalena Gómez al comentar esta operación, que forma parte de una serie bien conocida que incluye Tlataya, Tanhuato, Apatzingán, Ayotzinapa…
La plaga se manifestó puntualmente en Oaxaca cuando Gabino Cué extendió a Ulises Ruiz certificado de impunidad, cuando todavía no culminan los trabajos de la Comisión de la Verdad que está examinando sus crímenes. Al mismo tiempo, quitó a sus miembros la protección tutelar que requerían para realizar sus tareas.
Forma parte de la ofensa la extensión del estado de excepción no declarado que se impone al país. Este uso de la ley para establecer ilegalidad caracteriza la creación del nuevo Ieepo, que abandona 30 años de compromisos formales y anula derechos bien constituidos. Es la misma tónica de las nuevas leyes en materia indígena que acaban de promulgarse. Representan un claro retroceso respecto a lo que habían conseguido los pueblos indios en el curso de las últimas décadas; entre otras cosas, implica secuestrar su capacidad autónoma de gobierno. Este proceso, por el que se desmantelan paso a paso, tanto por grupos sociales como por áreas geográficas, todos los elementos del estado de derecho, se extenderá pronto a las zonas económicas especiales, con las que el gobierno federal amenaza ahora a Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Estas zonas no son un estado dentro del estado, como se ha dicho. Son áreas en que se abandona el diseño formal del estado y no quedan más derechos y libertades que los de la propiedad privada, del capital; es decir, son áreas en que se manifiesta sin velos, a la vista de todos, la naturaleza real del régimen político del Estado-nación, que fuera de ellas se disimula bajo la fachada de la democracia representativa. Requiere análisis cuidadoso lo que estas zonas representan. Es un atropello aún más grave que las concesiones mineras y otras formas de despojo.
Se hace cada vez más evidente que los maestros fueron pretexto circunstancial y fallido para traer a Oaxaca 15 mil gendarmes militarizados. Está a la vista que su presencia se debe más bien a la necesidad de prevenir y en su caso impedir la resistencia de los pueblos, que defienden su territorio y su vida ante todos los despojos que están sufriendo.
Nuestro desafío principal consiste en transformar el descontento cada vez más general y la digna rabia que cunde en amplios círculos de la sociedad oaxaqueña en una forma eficaz de resistencia organizada. Y el desafío, aún mayor, es convertir esa resistencia en capacidad de transformación.
Ha sido estimulante constatar la rápida circulación del cuchicheo. En pequeños grupos, hasta de tres amigos en un café, en reuniones más amplias, en asambleas, en foros, bajo las más variadas circunstancias, nos hemos puesto a analizar la situación y a prepararnos para lo que sigue. Se llega rápidamente a consensos sobre la gravedad de la situación. Se manifiesta sin reservas la rabia que nos provoca la acumulación de ofensas y arbitrariedades. Se producen desahogos necesarios, en la intimidad que se afirma en tejidos comunitarios. Se despierta la imaginación sociológica y política para concebir formas de respuesta. Y se produce, con frecuencia, la articulación indispensable para organizar la resistencia. Circulan ya declaraciones colectivas que definen una toma de posición.
Ante la ocupación militarizada de Oaxaca y a medida que el gobernador, el Congreso estatal y el gobierno federal renuncian a formas civilizadas de gobernar, la gente se apoya en los sedimentos de la experiencia acumulada, particularmente la de 2006, para organizar acciones que permitan trascender la circunstancia. Sabemos ya, incluso por experiencias muy recientes, que no basta decir que no, oponernos al despojo, a la militarización y a todo lo que no queremos. Para vertebrar la resistencia y darle sentido necesitamos expresarla como construcción de una alternativa. En eso estamos. Imaginándola y tratando de darle realidad.
Van 177 agresiones contra activistas y periodistas este año en Oaxaca
PEDRO MATÍAS
31 DE AGOSTO DE 2015
Filadelfo Sánchez Sarmiento, periodista asesinado la mañana de este jueves. Foto: @e_oaxaca OAXACA, Oax. (apro).-
En lo que va del año, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha documentado 177 agresiones contra periodistas y activistas, entre ellos 13 asesinatos.
Razhy González Rodríguez, titular de la Defensoría Especializada en Atención a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, detalló que por esos casos se han desprendido 20 medidas cautelares e iniciado 41 expedientes por agresiones, físicas, bloqueo informativo, hostigamiento, amenazas de muerte y asesinatos.
Durante el conversatorio sobre protección integral a periodistas y personas defensoras de derechos humanos convocado por la Defensoría, Artículo 19 y tres organizaciones civiles, Razhy González detalló que de los 177 casos de agresiones acumulados 98 han sido contra promotores de los derechos humanos y 79 contra periodistas.
En este último caso, se tiene un registro de 49 comunicadores que sufrieron un total de 79 agravios: 17 agresiones físicas, 10 por bloqueo informativo, nueve por hostigamiento, seis amenazas de muerte, cinco de robo de equipo de trabajo y cuatro homicidios, entre ellos el del locutor de radio La Favorita de Miahuatlán, Filadelfo Sánchez Sarmiento, ejecutado el pasado 2 de julio.
Antes, el 4 de mayo, el reportero de La Ke Buena 100.9 F.M. y del diario Crónica de Tierra Blanca, Veracruz, Armando Saldaña Morales, fue ejecutado de cuatro balazos en la cabeza en Cosolapa, Oaxaca.
También el pasado 4 de abril fue ejecutado el director de la radio comunitaria Sentimiento de la Voz del Pueblo 96.1, Abel Manuel Martínez Raymundo, en el Barrio San Pedro el Alto del municipio de Santiago Juxtlahuaca.
Y el 10 de julio, el excandidato del Partido Nueva Alianza a la presidencia municipal de Santa María Huatulco y exdirector del Portal de información FP Noticias, Edgar Hernández García, fue ejecutado en el parque central de la Crucecita.
En 2014 –recordó González Rodríguez– 30 periodistas sufrieron 60 agravios, según los registros, mientras que en este año la cifra ha aumentado 60 por ciento en víctimas y 31 por ciento en agravios, lo cual es alarmante, recalcó.
Respecto a los defensores, dijo, se tienen registrados 98 agravios en la entidad, 10 casos a colectivos, comunidades y organizaciones en defensa de los derechos, y otros 50 contra activistas. Es decir, aclaró, en ciertos casos los afectados fueron víctimas de más de un tipo de agresión.
González Rodríguez subrayó que las principales agresiones registradas son de tipo físico, de las cuales 14 fueron por intimidación, 10 por amenazas de muerte, nueve por homicidio, y no recibieron mucha difusión en medios informativos porque sucedieron en el ámbito rural, además de que a las personas agraviadas no se las reconoce como defensoras o defensores de derechos humanos.
Agregó que seis de los asesinatos contra defensoras y defensores fueron cometidos en un periodo específico: de principios de mayo a finales de junio de este año, es decir, seis asesinatos un mes antes y un mes después de las pasadas elecciones.
Razhi González recalcó que su tarea en la Defensoría Especializada es insistir ante los gobiernos de todos los niveles para que investiguen los hechos a fin de que éstos no queden en la impunidad.
Y mencionó que la Defensoría Especializada surge con tres mandatos: la defensa de defensores y periodistas que consideren que han sufrido agravios a sus derechos humanos; procurar la protección que garantice la seguridad de estas personas cuando estén en situación de riesgo con motivo de su trabajo, y dar a conocer la trascendencia social del oficio que desarrollan defensores y periodistas.
Casos de desaparición forzada exhiben al sistema político mexicano, critica la ONU
Resumen Latinoamericano/ 30 de Agosto 2015 .-
En México existen más de 20 mil personas desaparecidas, pero el Gobierno mexicano no da esperanza de encontrarlas, sólo da muestras de desidia y abandono, señaló Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.
“Lamentablemente la desidia y el abandono con el que las autoridades han tratado el tema de la desaparición forzada, incluso en casos como Ayotzinapa, no han logrado ser superadas, pero todos los casos son fundamentales, nosotros no hacemos distinción entre uno y otro”, concluyó.
Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Foto: EFE
La ONU marcó en 2010 esta fecha como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, para impulsar así mecanismos y legislaciones en cada Estado miembro para abatir el problema que, de forma enigmática, fue el mismo año cuando empezaron a multiplicarse los casos en México.
Sin embargo, fue hasta finales de 2014, cuando comenzó un movimiento nacional por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, cuando se puso en evidencia el alto grado de impunidad que guardan al menos 20 mil casos documentados por la ONU en México.
Dulitzky reconoció el impulso que existe para la creación de una Ley General sobre Desapariciones Forzadas, pero sugiere que ésta podría ser viciada si no se toma en cuenta a los grupos de familiares de las víctimas.
“El marco legislativo es esencial pero no es suficiente si no hay una clara política pública de llevar a cabo de implementar la legislación por sí sola no va a ser suficiente y no va a traer respuesta a los miles de familiares que están todavía hoy buscando a sus seres queridos”, señaló.
“Las investigaciones tendrían que tener dos propósitos fundamentales: uno es la búsqueda de la persona desaparecida y otro, paralelo, es la investigación penal para que aquellos responsables de las desapariciones sean juzgados y sancionados”, aseveró.
“Lamentablemente, ni en uno ni en otro, ni en la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación penal hay resultados satisfactorios y creemos que ahí hay reformas estructurales que se deben de hacer”.
VERACRUZ., 10MAYO2015.- Madres de desaparecidos, acompañadas por familiares y activistas, marcharon por las principales calles de Veracruz para exigir la aparición de sus hijos e hijas quienes han sido víctimas de secuestro y/o desaparición forzada. Las protestas se extendieron en ciudades como Xalapa, Orizaba y la zona norte de la entidad. FOTO: FÉLIX MÁRQUEZ /CUARTOSCURO.COM
La ONU pide a México que ley de desaparición forzada atienda pedidos de familias. Foto: Cuartoscuro
LA AUTORIDAD AUSENTE
¿Qué le queda a los familiares que buscan solos?”, cuestiona Ariel Dulitzky al recordar las cifras de desapariciones forzadas que registra México, que al mismo tiempo exhiben al sistema político y judicial que se enmarca desde los años setenta.
Apenas en el 2001, cuando Vicente Fox Quesada era Presidente de la República, había un reconocimiento sobre aquella “Guerra Sucia”, cuando desaparecieron a estudiantes, maestros y guerrilleros por pugnas políticas y de protesta social.
Sin embargo, aún no se sabe nada de aquellos que desaparecieron y de los que se cuentan decenas de historias, como que fueron tirados al mar o cremados junto a sus pertenencias y otros más enterrados en fosas comunes sin un registro por parte de los militares.
Dulitzky planteó la necesidad de México para recuperar la credibilidad, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
“Nosotros creemos que las autoridades mexicanas tienen que seguir demostrando que verdaderamente están compenetradas con la dimensión del problema, y esto requiere muchísimas transformaciones estructurales que hasta la fecha no se han adoptado”, expresó.
En México se discute la creación de una Ley General sobre Desapariciones Forzadas, donde organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) han sido claros en exigir la integración de los familiares de víctimas sobre el proceso legislativo.
Esa solicitud es respaldada por la ONU, pues son los mismos familiares quienes han exhibido a las autoridades, incluso a nivel internacional.
“Nosotros lo que señalamos es que cualquier ley que se adopte tendrá que ser el resultado de un amplio proceso participativo de discusión y análisis con las organizaciones de la sociedad civil, particularmente con las organizaciones de familiares de personas desaparecidas”, señaló.
“Sumamente importante es que junto a la ley en sí, que es de las más altas esferas del poder político, haya una clara decisión política de atacar el fenómeno de la desaparición forzada, creemos y tiene que tener todos los elementos que hacen a lo que tengan que ver con el derecho a la verdad, con el derecho a la justicia, con el derecho a la reparación, con el derecho a la memoria, con las garantías de prevención y todos elementos tendrían que estar reflejados en la Ley”, comentó.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en México se tienen registrados más de 20 mil casos desde los años setenta, pero hasta la fecha no hay resultados positivos en gran escala.
El diagnóstico de la ONU sobre México es poco halagador: considera que existe un abandono de las víctimas y una desidia para atender cada uno de los expedientes, con razonamientos que violan los derechos humanos.
“En primer lugar hay un altísimo grado de desconfianza de las víctimas hacia las autoridades, habría que reconstruir estos lazos para recuperar esta confianza. Se requiere actualmente una actitud de tratar con dignidad a las víctimas y a los familiares”, detalló Dulitzky.
“En segundo lugar, nosotros creemos que debe haber aun mayor transparencia, acceso a la información que no está. En tercer lugar, es necesario un cambio de cultura en la forma en que se realizan las investigaciones”, expresó.
Estas investigaciones, continuó Dulitzky, tendrían que tener dos propósitos fundamentales: la búsqueda de la persona desaparecida y otro, paralelo, la investigación penal para que aquellos responsables de las desapariciones sean juzgados y sancionados, sin embargo, hay graves omisiones.
“Lamentablemente, ni en uno ni en otro, ni en la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación penal hay resultados satisfactorios y creemos que ahí hay reformas estructurales que se deben de hacer”, dijo.
CASO AYOTZINAPA
Ariel Dulitzky ve una censura del Estado Mexicano que hoy está siendo cuestionado por expertos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los 43 estudiantes que desaparecieron en Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre.
“Esto para nosotros es un ejemplo de algunos de los obstáculos que se enfrentan, imagínese, si este es un caso que ha llamado la atención de la comunidad internacional que ha trascendido las fronteras de México, que ha logrado que una comisión de expertos de la Comisión Interamericana que esté en México mirando cómo se hacen las investigaciones y que ni siquiera así se ha logrado entrevistar directamente a los militares por parte de los miembros de la comisión de expertos de la Comisión Interamericana, ¿qué le queda a los ciudadanos que están buscando por sí solos a un ser querido?”, cuestionó.
A casi un año de la desaparición de los estudiantes sólo hay una versión que se le llamó por Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República, la “verdad histórica” y decenas de dudas por los familiares y demás estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, compañeros de los 43.
Esa verdad histórica bien podría tomarse como el razonamiento de los más de 20 mil casos, aseguró Dulitzky, pues aunque este caso significa un escándalo internacional, no es el único en el que se hace notar la ausencia de la autoridad.
“Aun así, si tú te fijas en el caso más paradigmático que hoy tiene México que es el caso de Ayotzinapa, 43 estudiantes desaparecidos, no hay una sola persona que esté siendo buscada y juzgada por el crimen de desaparición forzada. No hay una sola”, manifestó.
“Todas las personas acusadas, detenidas, aprehendidas en este caso son por otros delitos, esto nos demuestra que es insuficiente el marco legislativo que existe en México, si tú te fijas la Procuraduría General de la República creó una Unidad Especializada de Búsqueda de personas desaparecidas”, expresó.
“Esta Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas no intervino en el caso de los 43 estudiantes, esto nos demuestra que hay un problema ahí, si hay o no capacidad de la unidad o quién debería hacer las investigaciones”, señaló.
“Si tú te fijas, el caso de Ayotzinapa permitió que se exhumaran cuerpos de otras fosas clandestinas, hoy muchos de estos cuerpos que fueron exhumados, esos restos humanos que fueron exhumados todavía siguen sin identificación, ¿por qué?, porque no hay una base centralizada con muestras de todos los familiares que están buscando a sus seres queridos”, manifestó.
“De modo que tenemos restos humanos de decenas de personas que fueron desenterradas en Guerrero y tenemos decenas de familiares que están buscando a sus seres queridos, si tuviésemos una base datos genéticos todos esos datos estarían resueltos, todos esos casos que fueron exhumados”, explicó.
El Gobierno de México y los gobiernos locales tienen una obligación: dar la respuesta a más de 20 mil casos de desaparición, hacer una reparación integral, crear una memoria y garantizar que no volverá a suceder ninguna desaparición, delito que la ONU condena como de lesa humanidad.
“Lamentablemente la desidia y el abandono con el que las autoridades han tratado el tema de la desaparición forzada, incluso en casos como Ayotzinapa, no han logrado ser superadas, pero todos los casos son fundamentales, nosotros no hacemos distinción entre uno y otro”, dice Dulitzky.
“Nosotros creemos que las autoridades mexicanas tienen que seguir demostrando que verdaderamente están compenetradas con la dimensión del problema, y esto requiere muchísimas transformaciones estructurales que hasta la fecha no se han adoptado”.
LEY DEBE CONSIDERAR A FAMILIARES DE VÍCTIMAS
La ONU hizo hoy un llamado para alentar al Estado Mexicano a que la nueva Ley General de Desapariciones Forzadas tome en consideración las opiniones y vivencias los familiares de las víctimas y las organizaciones sociales.
“Que la futura ley general sea el resultado de un proceso de inclusión, participación y consulta con las víctimas, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil que les acompañan”, dijo la Oficina de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en México con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
El organismo internacional destacó que las vivencias de los familiares, “cargadas de sufrimiento pero también de sabiduría”, se tornan en “importantes lecciones” que han de ser retomadas en la futura legislación.
“Su participación activa es indispensable para dotar a la ley de legitimidad y potenciar la generación de un contexto de exigencia ante los retos que implicará su implementación”, detalló el boletín.
En abril, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Constitución para facultar al Congreso a expedir leyes generales sobre desaparición forzada y tortura.
Con ello, el Congreso deberá expedir la Ley General de Desapariciones Forzadas en un periodo máximo de 18 meses tras su promulgación.
En este sentido, la ONU reconoció el esfuerzo de autoridades y organizaciones para legislar en esta materia y reiteró su “plena disposición” en brindar asistencia técnica para materializar la ley.
“La futura ley general debería adoptar un enfoque integral que reconozca y contemple las múltiples dimensiones de la tragedia que enfrentan las personas desaparecidas y sus familias de conformidad con los compromisos internacionales adoptados por el Estado mexicano”, agregó la ONU.
El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha sido objeto de fuertes críticas en los reportes de los relatores de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas y tortura.
La imagen del país se vio especialmente afectada tras la desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes de una escuela rural para maestros en el sureño estado de Guerrero a manos de policías, autoridades corruptas y el crimen organizado.
Este domingo, entidades civiles y familiares de víctimas de desapariciones forzadas pidieron hoy poder contribuir en la legislación relacionada con la Ley General de Desapariciones Forzadas para que esta sea inclusiva y contemple varios tipos de delito.
“Proponemos tipificar dos delitos, la desaparición forzada, como tal, llevada a cabo por autoridades de manera directa o indirecta; y la desaparición forzada a manos de particulares y sin contubernio del Estado”, dijo a Efe el coordinador del área de acompañamiento de la organización de derechos humanos Comité Cerezo, Héctor Cerezo.
Junto a ello, pedirán que la ley contemple la reparación integral del daño y el aseguramiento de prestaciones para los familiares, apuntó desde el Parque Alameda de la Ciudad de México, donde junto con otras asociaciones se celebró hoy un acto en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Por su parte, el representante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Pascual de Jesús, dijo temer que la nueva ley no “llene las expectativas de los familiares” de los desaparecidos e instó a que esta se “construya” con su colaboración y la de organizaciones civiles.
En el evento se expusieron fotos y carteles de casos de desaparición forzada de distintos estados como Chiapas, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
Expolicía torturador es sospechoso del asesinato de periodista y 4 mujeres en México
Resumen Latinoamericano/AFP / 31 de Agosto 2015 .-
Dos hombres han sido detenidos, uno de ellos un expolicía torturador, por el multihomicidio del fotoperiodista mexicano Rubén Espinosa y cuatro mujeres, en un crimen del que poco a poco fluye información que revela que se trató de un asesinato profesional.
La fiscalía de la Ciudad de México informó el domingo que fue aprehendido Abraham Torres Tranquilino (24 años), un expolicía que había sido sentenciado por tortura, por estar relacionado con el impactante asesinato en el que además de Espinosa murieron la activista social Nadia Vera, una colombiana y otras dos mujeres.
El 4 de agosto fue detenido Daniel Pacheco Gutiérrez, otro exconvicto que estuvo en prisión por violación, acusado también de participar en el brutal asesinato.
Un mes después de la tragedia, se sabe que los agresores sabían manejar perfectamente la pistola 9 mm con silenciador que dispararon a corta distancia contra la cabeza de las víctimas, dijo a la AFP Karla Micheel, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos que representa a la familia de Nadia Vera.
Arma limpia y cintas sin huellas
El arma está “limpia, sin antecedentes” de haber sido usada en otro crimen y fue cargada con balas cuyos cartuchos percutidos no se pueden rastrear, añadió.
Aunque uno de los detenidos fue localizado por una huella digital hallada en una de las habitaciones, “al momento de someter a las víctimas y amagarlas (los asesinos) no dejaron huellas en la cinta” con la que los maniataron, precisó Micheel, quien conoce el expediente.
Además de Espinosa y Vera, fueron asesinadas Mile Virginia Martín (colombiana, 31 años) y Yesenia Quiroz (19 años), ambas modelos, así como Alejandra Negrete (40 años), empleada doméstica.
Espinosa y Vera habían huido por amenazas de muerte de Veracruz, una región en el Golfo de México en la que 12 periodistas han sido asesinados desde 2010.
En su declaración, Pacheco, quien se dijo inocente del multihomicidio, admitió haber ido al departamento el día del crimen para tener relaciones sexuales con Yesenia Quiroz, a quien dijo haberle pagado 1.800 pesos (poco más de 100 dólares).
Según este testimonio, estuvo ahí con otro amigo y con Abraham Torres, que conocía a la colombiana.
Pacheco declaró que antes de salir del lugar, Abraham Torres le entregó una maleta y le dijo que esperara en la planta baja del edificio, minutos después bajó con el otro hombre y los tres se marcharon en dos automóviles.
La hora de la salida de los tres hombres del departamento (15:02), donde habrían permanecido unos 50 minutos, se conoció por imágenes de cámaras de seguridad, difundidas públicamente semanas atrás por la fiscalía.
Misterioso personaje en la escena
Otro dato menos conocido es que Pacheco mencionó la presencia de un quinto hombre en el departamento.
El detenido declara que “esta persona estaba ahí antes y después” de que él y sus dos acompañantes estuvieran esa tarde en el departamento, sin que se sepa más sobre este misterioso personaje en la escena del crimen, indica Micheel.
De acuerdo con reportes forenses, Nadia Vera fue estrangulada, recibió seis heridas en el cuerpo con un objeto punzocortante que podría ser un pelapapas, además de un balazo en la cabeza.
Rubén Espinosa también fue herido con el mismo objeto en 12 ocasiones y asesinado de un balazo. “Las cortaduras no fueron de resistencia o forcejeo, son lesiones que literalmente intentaban causarles dolor” a ellos dos, encontrados en la misma habitación, dice la abogada Micheel.
Por su parte Mile fue violentada sexualmente y asesinada de un balazo, mientras que Yesenia sufrió estrangulamiento y un tiro en la cabeza. Ambas fueron encontradas en otra habitación, mientras que el cuerpo de la empleada doméstica presenta un balazo y fue hallado en el baño.
En el departamento, donde todos fueron atados de pies y manos, no había signos de lucha, dijo la abogada.
“De los dictámenes no se desprende que los victimarios hayan utilizado el baño o algún objeto para limpiarse la sangre”, no dejaron ropa que se hayan cambiado, ni dejaron los objetos que usaron para ejecutar el crimen, señaló Micheel .
En la habitación de Mile y Yesenia había dos pastillas psicotrópicas y una bolsita con polvo de droga sintética, mientras que los análisis practicados a los cuerpos mostraron que Rubén habría consumido cocaína y Nadia marihuana.
El alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, se ha comprometido a investigar todas las líneas, pero familiares de Espinosa y Vera
Envío:ResumenLatinoamericano
No hay comentarios:
Publicar un comentario