Nuevas acciones de la guerrilla paraguaya del EPP y grandes desinteligencias en las fuerzas militares por sus constantes fracasos
Resumen Latinoamericano/ 03 de Septiembre 2015.-
El excomandante de la Policía Aldo Pastore, quien por varios años fue uno de los principales referentes en la lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), sugirió ayer disolver definitivamente la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) tras los sucesivos escándalos internos desatados en el bloque, a raíz de las reiteradas burlas de los criminales.
Desde el inicio de la misión conjunta entre la Policía, las Fuerzas Armadas y la Senad, la banda armada ya perpetró 38 atentados, entre ellos cuatro secuestros y dos aún en curso. Sin embargo, aclaró que “el problema mayor no está tanto arriba, sino entre los que trabajan en el terreno, porque es hasta lógico que un policía que obtenga un buen informe de inteligencia no lo quiera compartir con los militares, o viceversa”.
Después añadió que “si no hay coordinación, yo creo que sería más beneficioso para todos que la Policía y las Fuerzas Armadas trabajen por separado”.
De hecho, estadísticamente el Gobierno obtuvo resultados más efectivos contra la guerrilla del Norte cuando ambas fuerzas operaban por separado, precisamente como en la época en que Rafael Filizzola era el ministro del Interior y Aldo Pastore el comandante de la Policía.
En aquel periodo, cayeron abatidos, por ejemplo, Severiano Martínez, Gabriel Zárate Cardozo y Nimio Cardozo Cáceres. Sin embargo, desde la conformación de la FTC, en agosto de 2013, nueve días después de la asunción de Horacio Cartes, el EPP recrudeció sus acciones y materializó 38 atentados, de los 108 que acumulan en total, desde el primero producido en 1997.
La última aparición del EPP se registró el domingo de noche, en coincidencia con el Día del Agente de Policía, cuando derribaron con una bomba una torre de alta tensión de la ANDE en la colonia Manitoba de Tacuatí, en la misma zona donde permanece secuestrado el menonita Abrahán Fehr Banman (35).
Cambio para descomprimir
La última provocación del EPP a la FTC, al derribar una torre de la ANDE, derivó en la destitución del vocero del bloque, mayor Jonás Ramírez, en una maniobra que en realidad habría sido ejecutada con el fin de descomprimir las críticas, después de que el militar denunciara públicamente la corrupción interna. El desplazado portavoz ahora deberá comparecer ante el fiscal Joel Cazal, para ratificarse en sus dichos.
Piden 15 años de prisión para mujeres epepistas
Los fiscales Sandra Quiñónez y Federico Delfino solicitaron 15 años de prisión para Rumilda Estela Giménez González y Juana Bernal Maíz, acusadas por el secuestro del ganadero Luis Lindstron. Las mismas supuestamente integraban el grupo logístico del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que secuestró a Lindstron.
Este jueves, en el juicio oral y público que se le sigue a las dos mujeres en la sede del Poder Judicial de Concepción, la Fiscalía presentó alegatos finales y requirió 15 años de prisión para ambas.
El pedido se realizó ante el Tribunal de Sentencia, integrando por los jueces Teresita Fleitas (presidente) Richard Alarcón y Oscar Cantero. Este hecho ocurrió en el año 2008, en la estancia”Viudita Cué?, de la localidad de Kurusu de Hierro, del primer departamento.
Asaltan estancia en Paso Barreto
31 AGOSTO 2015
El capitán Amílcar Vera, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) dio detalles acerca del asalto en la estancia Villa Sana ubicada en Paso Barreto. Tres hombres vistiendo ropa camuflada con armas cortas y una escopeta, emboscaron una avioneta cuando aterrizó en la estancia Villa Sana ubicada a unos 35 kilómetros de la localidad de Paso Barreto, que a su vez está a 65 kilómetros de Concepción, informó Última Hora.
Presunto nuevo sabotaje del EPP a la red eléctrica deja a oscuras el Norte del país
Una torre de alta tensión de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) que está instalada en la colonia Manitoba de Tacuatí, en el departamento de San Pedro, fue derribada anoche mediante la detonación de una potente carga explosiva, presuntamente por parte del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
El ataque del grupo guerrillero causó un apagón que dejó a oscuras a unas 765.000 personas que viven en el Norte del país.
El estallido de la torre de alta tensión, registrado cerca de las 20:09, dejó sin suministro eléctrico a la totalidad de los departamentos de Concepción, Amambay y Alto Paraguay, como así también a varias localidades del norte de San Pedro y Presidente Hayes. Los pobladores de Manitoba dijeron que escucharon una fuerte explosión a esa hora.
El estruendo fue tal que hasta los pobladores de Río Verde, colonia ubicada a 35 kilómetros de Manitoba, corroboraron que a esa hora se escuchó la explosión.
La torre derrumbada es la número 561, que está instalada en un maizal de la zona 55 de la colonia Manitoba de Tacuatí.
El lugar está ubicado a unos 300 metros de un silo, a tres mil metros de la ruta interna y a unos cinco kilómetros del sitio donde hace 23 días se produjo el secuestro del menonita Abrahán Fehr Banman, ocurrido el pasado 8 de agosto en esa misma zona.
Fuentes refirieron que la base de cemento que sostenía la estructura fue destruida probablemente con la detonación de una carga de gelamón, un explosivo de uso civil perteneciente a las dinamitas de tipo gelatinoso y que generalmente se usa para la demolición de minerías.
Apuntan a un atentado
Todos los indicios apuntan a un atentado del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que ya había perpetrado un intento y otros dos ataques consumados contra las torres de alta tensión instaladas en su zona de operaciones.
Los reportes de la zona hablan además que a causa de la explosión se incendió la plantación de maíz sobre la cual estaba instalada la estructura.
El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ingeniero Víctor Romero, confirmó anoche que la caída de torre en la zona Norte del país fue producto de un atentado.
Fue al sostener que una estructura de siete toneladas solo puede ser derribada mediante el uso de explosivos y dados los antecedentes de otros ataques de similares características perpetrados por la banda armada.
Este golpe que se materializó anoche es el número 109 efectuado por la banda desde 1997 y el número 43 transcurrido durante el período presidencial de Horacio Cartes.
FTC no descarta que EPP haya asaltado el avión
2 septiembre, 2015
El capitán Luis Amílcar Vera, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), aseveró que no se puede descartar que los integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) hayan sido los autores del asalto a una avioneta, en un hecho ocurrido en Concepción, ocasión en que los atacantes se llevaron 120 millones de guaraníes.
El hecho ocurrió ayer en la estancia Villa Sana de Paso Barreto, cuando varios personas llegaron justo en el momento en que aterrizaba la nave, trayendo la importante suma. “Los investigadores van a definir quiénes eran estas personas, cuando terminen el trabajo; vamos a esperar a definir qué tipo de personas hicieron este hecho delictivo”, dijo el militar.
Las primeras versiones indicaban que los que asaltaron la máquina fueron delincuentes comunes, pero luego se señaló que podrían ser los miembros del grupo guerrillero.
Vera señaló que la Fiscalía ya está investigando el hecho y que seguramente las pesquisas siguen con normalidad. “Ellos usan un uniforme, un distintivo, usan botas de goma; también el tipo de armas que usan muchas veces (…)
Hay elementos que normalmente nos conducen a pensar que son personas del EPP o que son delincuentes comunes”, dijo.
Paraguay cambia a portavoz de lucha antiguerrilla tras supuesta filtración
Asunción, 1 sep (EFE).-
Las autoridades castrenses paraguayas destituyeron hoy a Alfredo Jonás Ramírez, portavoz de la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC), agrupación militar y policial encargada de luchar contra la guerrilla, tras comentar en una radio, poco después de un atentando, que podrían estar produciéndose filtraciones.
El mayor Ramírez fue apartado del cargo y sustituido por el capitán Luis Amílcar Vera, según disposición del comandante de las Fuerzas Armadas, el general Luis Gonzaga Garcete Espínola, que no explicó en el documento oficial los motivos de la decisión.
Pero según el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas paraguaya (Senad), Luis Rojas, institución que también integra la FTC, Ramírez fue apartado por falta de prudencia en sus declaraciones. Ramírez había dicho en una radio que “los mismos organismos” están avisando “lo que se va a hacer”.
Estas declaraciones fueron realizadas poco después de que el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), uno de los dos grupos armados que operan en Paraguay, hiciera explotar una torre de energía eléctrica en el norteño departamento de San Pedro, el mismo lugar donde hace tres semanas secuestraron al ganadero menonita Abraham Fehr. A raíz del comentario de Ramírez, la Fiscalía paraguaya abrió una investigación y le convocó a declarar este martes.
San Pedro es, junto con Concepción y Amambay, uno de los tres departamentos del centro y nordeste del país donde el Gobierno asegura que el EPP tiene sus “zonas de influencia”. Es una de las regiones de tradición campesina más empobrecidas del país y con menor presencia del Estado, cercana a la frontera con Brasil, por donde también discurre la ruta que mueve el 80 por ciento de las 30.000 toneladas de marihuana que los narcotraficantes producen en Paraguay.
El primer ataque del EPP durante el mandato de Cartes ocurrió el 17 de agosto de 2013, dos días después de su jura del cargo, y en él fallecieron cinco guardas de seguridad de una hacienda ganadera de propiedad brasileña en Tacuatí, cercana al lugar donde Fehr fue secuestrado y donde explotó la torre de alta tensión.
A los pocos días de este primer atentado, el Gobierno logró que se aprobaran enmiendas a la Ley de Defensa Nacional para enviar de inmediato fuerzas militares a la zona donde presuntamente opera este grupo.
Desde entonces, Cartes creó la Fuerza de Tareas Conjuntas, con policías, militares y agentes de la Senad desplegados en la encrucijada de los tres departamentos.
El diario “The Guardian” constata “éxito” del EPP en el norte
El periódico británico The Guardian vino hasta el país para constatar la situación que se vive en el norte bajo la sombra del EPP.
31 agosto 2015
Imagen de la nota de The Guardian.
El medio comenta que si bien es una corriente guerrillera tardía, logró mantenerse desde 2008 y acaparando “unos cientos de kilómetro” en el norte.
“Pero en el corazón de América del Sur, llegó relativamente tarde a la lucha armada está ejecutando anillos alrededor de las autoridades – provocando murmullos oscuros que el propio Estado es cómplice de la existencia del grupo”, apunta en una parte del texto.
Agrega que a pesar de la implementación de miles de soldados y la declaración del estado de excepción permanente en la región, el gobierno no ha logrado controlar al grupo pequeño, que opera en unos pocos cientos de kilómetros cuadrados de bosques ralos y en constante expansión en fincas agrícolas.
El medio británico llegó a conversar con una pareja, que perdió un hijo que se había enrolado en la Agrupación Campesina Armada (ACA), grupo que se había separado del EPP.Además conversaron con los padre de Edelio Morínigo. Obdulia Florenciano, madre del suboficial, dijo al medio que esperan recuperar por lo menos los huesos de su hijo.
Masacre de Curuguaty.
Abogado de campesinos acusados afirma que el juicio debe anularse
Resumen Latinoamericano / 03 de Septiembre 2015 .-
Exigen que se investigue responsabilidad de Campos Morombí, la fiscala Ninfa Aguilar, el juez José Dolores Benítez y la policía.
El abogado Víctor Azuaga, defensor de los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty, señaló que las irregularidades en el proceso contra los labriegos amerita la nulidad de este juicio, que según sostuvo debe reiniciarse con una investigación independiente que esclarezca cada una de las muertes ocurridas y los responsables.
Fue en una comunicación con el programa Acción Radio del CEPAG, transmitido por Fe y Alegría 1300 AM. Entre los actores que están fuera del proceso y cuya eventual responsabilidad tendría que ser investigada, mencionó al Grupo Riquelme, que usurpa las tierras de Marina Cue y que sin título solicitó y consiguió el desalojo que desembocó en las muertes; la fiscala Ninfa Aguilar, que con una orden de allanamiento llevó a cabo el ilegal desalojo; el juez José Dolores Benítez, que de manera irregular “rectificó” el número de finca de la cual Campos Morombí obtuvo la usucapión y que dictó la orden de allanamiento; y la misma policía, que habría cometido torturas y ejecuciones extrajudiciales contra campesinos que ya estaban heridos y detenidos.
La fiscala Ninfa Aguilar, quien estuvo a cargo del procedimiento que desembocó en la masacre, renunció al caso alegando amenazas.
El abogado también apuntó a la arbitrariedad de la actuación del fiscal Jalil Rachid, quien acusa a los campesinos de asociación criminal por haber conformado una comisión vecinal para tramitar la recuperación de tierras estatales explotadas por una firma privada; por invasión de inmueble ajeno, cuando no existe ningún título que avale la propiedad y existiendo aún hasta ahora un litigio respecto a la titularidad, y por tentativa de homicidio, sin dilucidar quién mató a quién y sin investigar los presuntos abusos que cometieron las fuerzas de seguridad.
El fiscal ha negado la existencia y luego hecho desaparecer evidencia clave como los casquillos percutidos.
Expresó también que las armas caseras incautadas a los campesinos no se corresponde a las armas automáticas que mataron a los policías y cuyos casquillos el fiscal Rachid primero negó que existieran y luego los hizo desaparecer.
Además, tiene vínculos políticos y de amistad con la familia Riquelme, parte interesada en el caso. Rechazó, asimismo, que las recusaciones y recursos presentados para salvaguardar los derechos de sus defendidos sean meras chicanas, ratificando que se ha demostrado la parcialidad manifiesta del Tribunal de Sentencia, presidido por Ramón Trinidad Zelaya e integrado además por Benito González y Samuel Silvero.
Los magistrados son cuestionados por la presunta preopinión en que habría incurrido el presidente, cuando a principios de agosto, al reiniciarse el juicio tras la renuncia de los campesinos a sus anteriores abogados, denegó la concesión de más tiempo a la nueva defensa alegando que la gente y la ciudadanía piden conocer la sentencia.
El juez José Dolores Benítez fue el que dictó la orden de allanamiento con que se ejecutó el desalojo. Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Olmedo y Dolores López se encuentran acusados por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa; Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería, por invasión de inmueble y asociación criminal; mientras que Felipe Nery Urbina está procesado por “frustración a la persecución penal” al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentado auxiliar a uno de los heridos.
La joven RRVO será sometida a un proceso penal adolescente porque al momento de los hechos era menor de edad, en tanto que el también menor RABC ya fue condenado en un proceso abreviado.
Ningún policía fue investigado ni enfrenta cargos por la muerte de los once campesinos, pues el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los más de 300 policías fueron emboscados por unos 60 ocupantes, entre los que había mujeres y niños, y que las fuerzas de seguridad respondieron en legítima defensa.
Foto: El Tribunal de Sentencia fue confirmado para seguir en el caso. Foto: Judiciales.net.
San Pedro: Poblador denuncia a la FTC por irrumpir en su granja y golpearlo
Resumen Latinoamericano/ 02 de Septiembre 2015 .-
Amado Fernández (51 años) denunció este viernes que integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ingresaron hasta su granja con armas largas y pistolas supuestamente para buscar un vehículo, sin embargo, le agredieron y tuvo que ir hasta un centro asistencial. Ocurrió en zona del distrito de San Pablo, departamento de San Pedro.
El hombre señaló que al retirarse los hombres del sitio le dijeron que estaban persiguiendo un automóvil blanco que estaba en esa propiedad. Los mismos no exhibieron ninguna identificación.
“Como a las 14.45 atropellaron los militares en una camioneta doble cabina negra y una montero negra, eran diez personas con armas largas y pistolas, estábamos entre cuatro trabajando en mi granja, solo dijeron que una camioneta blanca ingresó en mi patio y sin mediar palabra bajaron con metralleta, pistola, nos dijeron mano a la nuca, boca para abajo y, por querer mirarles, me pegaron con una metralleta y me dieron dos patadas por mi pulmón”, aseguró el lugareño.
Dijo que no tenían ninguna placa y ninguna denuncia. También señaló que ingresaron a revisar toda su propiedad sin darles explicaciones.
Algunos estaban vestidos con uniforme militar y otros de civil. El hombre afirmó no tener ningún problema con nadie.
Tuvo que ir hasta un centro asistencial para un diagnóstico médico. Versión de la Fuerza de Tarea Conjunta Con respecto a esto el vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta, mayor Alfredo Ramírez, manifestó que no puede confirmar ni descartar este hecho.
“No puedo dar más detalles por el momento hasta que tengamos algo realmente efectivo, porque en la zona sigue habiendo trabajo”, indicó en contacto con la radio 780 AM
Foto: La Fuerza de Tarea Conjunta realiza varios trabajos en la zona de San Pedro, refirió el mayor Alfredo Ramírez. | Foto: Archivo ÚH
PARAGUAY
Vocero oficial desmiente amenaza del EPP al Presidente, pero pocos le creen
Resumen Latinoamericano/ 01 de Septiembre 2015 .- Foto: Siglas del EPP que fueron dibujadas en inmediaciones de la propiedad rural del Presidente Horacio Cartes.
El titular de la Secretaría de Información y Comunicación, Fabrizio Caligaris, desmintió una supuesta nota de amenaza al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, dejada por el EPP en su hacienda.
De acuerdo con la gubernamental Agencia de Información Paraguaya, Caligaris se comunicó con el jefe de seguridad del mandatario para recabar datos e informar a la ciudadanía sobre el presunto texto del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) encontrado en las últimas horas del sábado.
La información recibida de los responsables del Regimiento Escolta Presidencial (REP) indica que no existió una nota, ni amenaza, señala ese medio de prensa oficial.
Las letras EPP fueron escritas sobre el camino de tierra frente al acceso del establecimiento ganadero propiedad de Cartes, ubicado en el occidental departamento de Boquerón, en el Chaco paraguayo, menciona.
Caligaris aclaró que el presidente de la República no alteró su itinerario y regresó a esta capital para participar de un evento familiar, añade.
El desmentido se refiere a un reporte este domingo en la edición digital del diario ABC Color, según el cual efectivos del REP seguían realizando hoy patrullajes en los alrededores de la estancia al ser hallada la mencionada nota.
Afirmó el periódico que accedió a la información sobre ese hallazgo cuando Cartes se encontraba en su hacienda y que hubo un susto generalizado en el entorno del jefe de Estado, porque en medio de la noche se cortaron los suministros de agua y energía eléctrica.
Según el diario ABC Color, en la nota, redactada en una hoja de papel con el logo y las siglas del EPP, éste supuestamente se jactaba de haber estado en el lugar y amenazaba al mandatario con “ser el próximo”, señala el reporte.
Añade que, de acuerdo con sus fuentes, Cartes inicialmente evitó moverse de la estancia por cuestiones de seguridad, pero luego de confirmarse la ausencia de peligro en las cercanías retornó este domingo a Asunción bajo estrictas medidas de protección.
Envío:ResumenLatinoamericano










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