Ingenio Ledesma: muerte y despidos
Por Mario Hernández
Luego de recibir una descarga mortal mientras realizaba sus tareas en el interior de la fábrica papelera del Ingenio Ledesma, Juan Pablo Cari, trabajador contratado, murió el lunes.
Miguel López, concejal del PTS-FIT, señaló “en la empresa Ledesma se produjo una nueva muerte obrera que nos llena de bronca. Otra vez la desidia patronal se lleva una joven vida de un trabajador. Juan Pablo Cari trabajaba para una contratista y estaba realizando tareas de mantenimiento en la papelera y falleció por una descarga eléctrica”.
Siete nuevos despidos en el Ingenio Ledesma
La empresa de los Blaquier despidió nuevamente a 7 obreros azucareros. Los despedidos vienen a engrosar los 52 despidos de efectivos y fuera de convenio de mediados de año y la desvinculación sin causa de más de 31 trabajadores entre diciembre del 2017 y enero del 2018.
El ataque de la patronal está centralmente dirigido contra afiliados al Sindicato de Obreras y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) y los adherentes a la última huelga que convocó la Comisión Directiva en septiembre y octubre del 2017.
La amenaza que hace correr la empresa líder en la rama azucarera es que al finalizar la zafra van a despedir 200 obreros más.
En el marco del ajuste económico impulsado por Mauricio Macri a nivel nacional y Gerardo Morales en la provincia, el emporio azucarero de la familia Blaquier busca con estos despidos avanzar contra las condiciones laborales y los ingresos de la familia azucarera del ingenio Ledesma.
La tarea disciplinadora que vino a llevar adelante la Gerencia General de Javier Goñi se da mediante despidos sin causa, buscando aislar al activismo sindical y ponerlo a la defensiva, atemorizar a la base de la fábrica y el campo, para multiplicar así las ganancias de Ledesma SAAI en base a tirar abajo el salario, liquidar las conquistas en las condiciones laborales y aumentar los ritmos de producción.
Previamente a los despidos en el Ingenio Ledesma despidieron más de 338 trabajadores en el Ingenio La Esperanza por orden del gobernador Gerardo Morales, también en el Ingenio El Tabacal a más de 181 operarios y en el Ingenio San Isidro a unos 730 obreros. En lo que va del año 2018 hubo más de 1.300 despidos arbitrarios en la actividad azucarera de Jujuy y Salta, impulsados por el Centro Azucarero Regional del Norte Argentino -CARNA- que dirige la empresa Ledesma SAAI.
La patronal rechazó el petitorio del SOEAIL
La Comisión Directiva del SOEAIL viajó a Buenos Aires a reunirse con representantes de la patronal, en el Ministerio de Producción y Trabajo para reclamar un bono, la venta de un terreno para la construcción de un centro deportivo y otro terreno para instalar una nueva sede de la obra social azucarera en un barrio de los trabajadores y la paralización de las ejecuciones de viviendas del barrio Papa Francisco. También reclamó la reincorporación de los despedidos desde el 1º de diciembre del 2017.
Ante la negativa de los representantes de la empresa a todos los puntos solicitados, volvieron con el único compromiso de realizar una nueva audiencia conciliatoria el 10 de diciembre.
Los argumentos de la empresa fueron que los precios de los productos que venden en el mercado interno y externo han subido por debajo de la inflación, que sus ventas han caído de un 10% a un 15% en relación con el ejercicio anterior y que la zafra se ve afectada por las constantes precipitaciones, lo que imposibilitaría cosechar toda la caña de azúcar.
No obstante, sus ganancias de acuerdo al último ejercicio contable fueron de $ 277.131.000. Además durante 6 años no pagaron el Impuesto a la Ganancias, recibiendo una multa irrisoria de $ 100.000.
A la intransigencia patronal de Ledesma SAAI, que despide, persigue y se niega a conceder el más mínimo pedido de los trabajadores, deberá enfrentarla con la lucha obrera de los azucareros y sus familias, la gran fuerza social capaz de derrotar a esta patronal, e imponer la reincorporación de todos los despedidos.
Morales pretende vender el Ingenio La Esperanza
A fines de agosto, en conferencia de prensa, Gerardo Morales, acompañado por el Ministro de Desarrollo y Producción, Juan Carlos Abud Robles, y el fiscal de Estado, Mariano Miranda anunciaron por segunda vez la venta del Ingenio La Esperanza.
Vale recordar que la presentación de la primera oferta llevaba la firma del buffet de abogados Mossack Fonseca, que recibió una catarata de denuncias en los Panama Papers, tras ser uno de los principales buffets de abogados involucrados en la evasión y fuga de capitales perpetuados por empresas off shore.
Meses más tarde exigió cambiar las condiciones cuando aún no había presentado documentación original de la constitución de la sociedad Alesa como tampoco depositado ninguna garantía de dinero.
De acuerdo al Juez Calderón “[…] la adjudicataria no ha cumplido con las exigencias dispuestas en la Resolución de Adjudicación, específicamente relativos a la inscripción y seguro de caución… habiéndose vencido con creces, el plazo nuevamente otorgado para dar cumplimiento a dichas condiciones…”
Horas más tarde de esta resolución, el gobernador saldría a anunciar un nuevo acuerdo que modifica la oferta realizada en el proceso judicial, premiando a Omega por sus incumplimientos, aceptando varias de las condiciones que impone la empresa y violando la resolución de adjudicación del 4 de abril.
Según los dichos de Morales, el nuevo acuerdo implica cambiar el CCT manteniendo a 600 trabajadores equiparados a otros Ingenios, empeorando sus condiciones de trabajo y otorgar mayor flexibilidad en los pagos a lo largo de 6 años a una empresa que declaró un capital en Argentina de $ 100.000 y tenía que depositar 18 millones de dólares antes del 10 de octubre. En conclusión Morales copia el modus operandi de su vecino gobernador de Salta, Urtubey, en el Ingenio San Isidro, vaciando la planta de trabajadores, aumentando los ritmos de producción con casi un tercio del personal generando más explotación sobre los trabajadores.
Este acuerdo ha sido realizado a espaldas del sindicato SOEAIL que por medio de un comunicado expresó que “no conoce ni ha sido notificado del acuerdo firmado por lo cual estamos a la expectativa” y que la semana anterior había tomado medidas de fuerza por el cobro de sueldos adeudados.
Medidas de protesta
Fue la primera acción llevada adelante por el Sindicato desde la represión en diciembre de 2017 por la falta de pago a los trabajadores del Ingenio y la reincorporación de los despedidos que no arreglaron el pase al Estado, entre otros puntos.
Además, denunció que el gobierno viene realizando los descuentos a la obra social por parte de los trabajadores pero no realiza dichos aportes por lo que a los trabajadores les están cortando el servicio. Algo similar ocurriría con la ART que el gobierno no viene cubriendo por lo que los trabajadores están realizando las tareas sin la cobertura.
Desde el gobierno no realizaron declaraciones al respecto y sigue la incertidumbre sobre la llegada de la firma Omega para hacerse cargo del Ingenio cuya “venta al contado” fue anunciada hace casi un año.
Ingenio La Esperanza: Omega no aparece, Morales no responde
A once meses del anuncio de 400 despidos por la “venta al contado” del ingenio azucarero, aún no hay indicios de la empresa adjudicataria y crece la bronca entre los trabajadores por la falta de pago de salarios.
Nuevamente crecen los rumores de la caída de la venta del Ingenio La Esperanza, ya que la firma Omega Energy, adjudicataria del cuestionado proceso licitatorio llevado adelante por el Juez de la quiebra, Dr. Calderón, aun no desembolsó ni un solo peso.
Mientras tanto, la preocupación de los trabajadores es por partida doble: por un lado el gobierno no está pagando los salarios de los trabajadores y, por otro, por la falta de inversión solo está funcionando el trapiche pequeño por lo que casi no puede decirse que inició la zafra.
Junto con el anuncio de la venta del ingenio, el gobierno anunció el despido de 400 trabajadores, asegurando que La Esperanza sólo podía ser rentable con 600 operarios. Desde un primer momento, se explicó que era imposible que el ingenio funcione de esa manera y que en realidad se buscaba liquidar todas las conquistas de los trabajadores.
Once meses después sólo se pudo poner a punto uno de los dos trapiches, que es el más chico y que produce “a vapor”, una tecnología casi caduca. Pero esto sólo lo pudieron hacer con una gran cantidad de horas extras, que en muchos casos significaron jornadas superiores a las 12 horas.
Por si esto fuera poco, muchos trabajadores que habían accedido a ir a trabajar al Estado provincial, están siendo convocados para cumplir horas en el Ingenio pero bajo la figura de monotributista. Es decir, precarizado, sin contar con el convenio, vacaciones, aguinaldo, ni siquiera ART.
Lo insólito de estas contrataciones es que aún hay 30 trabajadores despedidos que siguen reclamando su reincorporación y que deberían ser los primeros en ser convocados.
Aunque el juez que lleva adelante la quiebra anunció la adjudicación del Ingenio a la firma colombiana Omega Energy, sin embargo, el titular de la empresa, Omar Leal, fue exigiendo cambiar las principales cláusulas del contrato. En primer lugar pretendieron que se les entregue la titularidad del ingenio sin tener que realizar ningún desembolso de los U$S 86 millones ofrecidos. Se trata de una firma que realizó la oferta contando sólo con un capital societario de apenas $ 100.000 y, por lo tanto, requiere la titularidad para poder hipotecar los bienes del ingenio.
A esta aberración jurídica se le suma la exigencia de que los 600 trabajadores pasen a la nueva firma sin contar con sus categorías laborales, sin antigüedad y borrando de un plumazo las conquistas históricas como la temporada mínima de 10 meses. Entre los más afectados se encontrarían los trabajadores del campo. Todo esto es contrario a la oferta donde uno de los argumentos esgrimidos por el Dr. Calderón para realizar la adjudicación fue que Omega Energy ofrecía respetar las condiciones laborales.
El gobierno por su parte viene accediendo a los leoninos requerimientos del gerente Omar Leal. Al desembolso inicial para pagar las indemnizaciones a los despedidos, el gobierno se hará cargo del millonario pago a los obreros para que estos accedan a perder las antigüedades. Además de los salarios durante estos nueve meses y los costos de la “puesta a punto”.
Sin información en la Legislatura ni en la Justicia
Desde el bloque de diputados del PTS-Frente de Izquierda se denunciaron oportunamente estas irregularidades y se apoyaron todas las medidas que tomaron los trabajadores en defensa del Ingenio y de los puestos de trabajo. Como parte de eso, se presentó en la Legislatura un pedido de interpelación al ministro de Producción, Abud Robles, quien es el responsable y vocero del gobierno en lo que al Ingenio respecta. El bloque de la UCR se negó a tratarlo.
Mientras tanto también se negó a responder a través de la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto, organismo creado por el gobernador Gerardo Morales para justamente informar a los ciudadanos de las acciones del gobierno. No conformes con esto, y ante el fallo de la justicia administrativa que requería al gobierno entregue los informes solicitados por el Frente de Izquierda apelaron, para mantener oculta la información.
Despidos en Salta y Jujuy por el parate de la obra pública agravan la situación laboral
Se registraron despidos masivos en Salta y Jujuy por la paralización de la obra pública y se estima que unos 8.000 obreros de la construcción están sin trabajo, según datos de las seccionales de la UOCRA.
El caso de Salta tomó relevancia por una solicitada de la Cámara Salteña de la Construcción, donde anunciaron la “inevitable” disminución o paralización de obras en curso, “con el consiguiente despido de personal, alteración de la cadena de pagos, cierre de empresas y cancelación o retraso en la entrega de las obras a sus beneficiarios naturales”.
Los empresarios explicaron que están afectados por la inflación (los precios de construcción de las viviendas sociales estaría congelado desde abril de 2016) y el retraso de los pagos, por lo que aseguran que hicieron las gestiones ante organismos nacionales y provinciales, “pero no hemos obtenido ni respuestas ni soluciones”. Además de estos problemas la Nación redujo a la mitad los fondos para viviendas sociales.
“Debido a que Nación todavía no pagó las actualizaciones de precios y las empresas cobran a valor 2016, los ritmos de obras se vieron disminuidos. Por el contexto inflacionario del país es casi insostenible cumplir en tiempo con los planes de trabajo”, declaró el titular del Instituto Provincial de la Vivienda de Salta, Sergio Zorpudes. Unas 1.500 viviendas sociales estarían paralizadas.
Ante este contexto, en el Uocra salteña hablan de unos 3.000 obreros de la construcción que perdieron su trabajo en lo que va del año, donde la actividad cayó a niveles de 2016. Alrededor de 2/3 esos empleos que se perdieron responden al freno de la construcción de viviendas. Otra obra que está paralizada es la del Ramal C12 del Ferrocarril Belgrano, que era parte del Plan Belgrano.
En el caso de Jujuy, a las constructoras se les estaría pagando con cheques diferidos, lo que se suma a la paralización por falta de fondos de muchas obras ya anunciadas. También en esta provincia se paralizaron obras del Belgrano Cargas, las del Ramal C15 en Yuto.
Según declaró el secretario general de la Uocra Jujuy, Carlos Cárdenas, “actualmente contamos con 5.000 compañeros desocupados en toda la provincia”. “Como no empiezan las obras, no hay empresas que incorporen trabajadores y las que inician no avanzan como nosotros esperamos o se paralizan y nuevamente quedamos sin trabajo”, explicó el dirigente.
“Firmaron el bono para no hacer un paro antes del G20”
El Secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, criticó duramente a la cúpula de la central obrera, por firmar un bono, “para no hacer una paro antes del G20”.
El camionero Pablo Moyano volvió a cargar sobre dos de sus blancos predilectos y colmó de críticas y cuestionamientos a la administración de Mauricio Macri y a la cúpula de la CGT.
“Vamos a evaluar este año que fue tan duro para los trabajadores”, dijo el camionero en el inicio de la conferencia de prensa que dio el sábado en Olavarría y que reflejó el portal local En Línea Noticias.
“Todo el país pide lo mismo, una CGT presente en los conflictos”, al tiempo que anticipó que el año próximo los trabajadores “van a tener la CGT que necesitan” a la que calificó como “una CGT histórica”.
“Fue uno de los peores años para la clase de los trabajadores, donde nuestra organización con otros gremios hemos conformado el Frente Sindical precisamente para repudiar y rechazar este régimen de exclusión, donde millones de trabajadores la están pasando muy mal”, dijo el dirigente camionero.
“Inflación descontrolada, suspensiones, tarifazos, despidos, este gobierno va a quedar en la historia como el peor gobierno en contra de los trabajadores”, describió.
“Hay que derrotar, en las urnas, a este modelo que está excluyendo a millones de trabajadores”, dijo Pablo Moyano.
El dirigente camionero sostuvo que el Bono anunciado por el Gobierno Nacional es “un bono fantasma” dado que los dirigentes de la CGT firmaron ese Bono que el 79% de las empresa de la UIA dicen que no lo pueden pagar. “Fueron disciplinados, firmaron el bono para no hacer un paro antes del G20”, dijo.
En materia política dijo “hay que armar un gran frente nacional para derrotar al neoliberalismo y el compromiso es hablar con todos los sectores” y anticipó “tenemos que derrotar en primera vuelta a este gobierno, que está entregando a los trabajadores”.
Sobre el Impuesto a las Ganancias crítico tanto a Macri como al Gobierno de Cristina “Hoy cada vez más trabajadores pagan ganancias y el anterior gobierno no eliminó el impuesto.”
El dirigente sindical sostuvo que para volver a dar esas discusiones primero “hay que humillar con los votos a este gobierno”.
“El Sindicalismo ha dado el puntapié inicial de la unidad, hay varios candidatos”, finalizó diciendo el dirigente de Camioneros.
Denuncian casi 100 despidos de brigadistas de parques nacionales en la previa de la temporada alta
Se trata de 19 brigadistas de incendio despedidos en Nahuel Huapi semanas atrás, ATE reclama la reincorporación, además, de otros 75 cesanteados en diversos parques del país.
ATE Río Negro intensificará desde hoy las protestas en toda la provincia, para que la Administración de Parques Nacionales (APN) reincorpore a los 19 brigadistas de incendio despedidos en Nahuel Huapi semanas atrás y a otros 75 cesanteados en diversos parques del país.
El gremio reclama también el pase a planta permanente de los 940 empleados del organismo.
Según explicaron los gremialistas, llegan a esta instancia tras los sucesivos puentes de diálogo que intentaron tender con el presidente de la APN, Eugenio Bréard.
Hoy, justamente, se inicia la temporada de incendios en Parques Nacionales y el turismo interno e internacional desconoce que el gobierno argentino llevo cesanteados a 75 trabajadores distribuidos en todo el país.
La inestabilidad laboral afecta en la APN a 940 personas, para quienes ATE demanda el pase a planta permanente por realizar tareas de personal con contratos por tiempo indeterminado, pero salarios y derechos de un empleado a prueba.
Por estos reclamos ATE ya realizó un cese de tareas y presentó una nota al intendente de Nahuel Huapi, Damián Mujica, para que el directorio del organismo abriera un canal de diálogo. Desde entonces el sindicato advirtió que las protestas sorpresa irán in crescendo.
Más de 40 despidos y rumores de cierre de la fábrica puntana Navegante
Por la baja de producción en los últimos meses, la fábrica Navegante de Naschel despidió a 40 trabajadores y sus autoridades no descartaron el cierre definitivo de la planta. Ya había dado de baja al personal contratado.
Los telegramas con los que se notificaron formalmente las cesantías comenzaron a llegar el pasado jueves y algunos empleados despedidos ya cumplieron con su última jornada laboral.
Pablo Alaniz, delegado de los trabajadores en la empresa, señaló al portal local SanLuis24 que “sabemos que hay una crisis laboral a nivel país, que hoy nos ha afectado a nosotros”.
La planta tiene más de 200 empleados y se dedica a la fabricación de bolsas, telas media sombra e hilo.
“Hace como 45 días que estamos con un bajón laboral que lo hemos notado. No había ventas, los pedidos tampoco salían porque no los compraban. El dueño venía manifestando que iba a haber despidos. Además, hay otro problema: no hay plata para la indemnización”, informó Alaniz.
Los despedidos son de las más recientes incorporaciones de la empresa, pero todos cuentan con una antigüedad de entre 3 y 5 años.
“Tenía personal contratado la empresa, que ya le dio de baja. Y ahora le toca a los efectivos”, lamentó el delegado.
Los trabajadores tendrán una reunión con el dueño de la fábrica, pero no sobra la confianza para revertir la situación. “El dueño manifiesta que apunta a que mejore las ventas, pero si no vende la va a terminar cerrando”, dijo Alaniz.
Realizaron una caravana solidaria en apoyo a empleados de Cereales 3 Arroyos
Una ONG organizó una caravana solidaria para respaldar el reclamo de los empleados despedidos de la alimenticia Cereales 3 Arroyos. Hay incertidumbre por el posible cierre de la planta.
La ONG Corazones Solidarios protagonizó una caravana solidaria el domingo en apoyo a los trabajadores de Cereales 3 Arroyos. Es que los empleados continúan sin trabajar y en alerta ante la posibilidad latente de perder sus fuentes de trabajo.
La inscripción consistió en una donación que los ciudadanos puedan hacer para aportar a la causa de los operarios. Cabe destacar que los trabajadores de Cereales 3 Arroyos vienen de una semana difícil luego de no obtener respuestas de la patronal en la última reunión en el Ministerio de Trabajo provincial.
Es que la planta dejó de producir y la empresa presentó un preventivo de crisis por baja en las ventas. La situación motivó una nueva movilización de los trabajadores de la planta, hasta el municipio local. Sucede que por la gravedad de la coyuntura peligran 180 puestos de trabajo.
Los trabajadores de Cereales 3 Arroyos se declararon en estado de Asamblea y debaten en una planta paralizada. Tras el preventivo de crisis su planta ubicada en el Parque Industrial de Pilar dejó expectantes a casi doscientos trabajadores.
Además, los operarios denunciaron un “intento de vaciamiento”, remarcaron que ya no tienen transporte y que la firma se desvinculó de la empresa de seguridad. Es por eso que los trabajadores mantuvieron una asamblea en la que decidieron llevar a cabo un plan de lucha progresivo.
Luego de más de 6 meses de silencio, Vidal volvió a convocar a los Judiciales a discutir salarios
A más de seis meses del último llamado, el gobierno de María Eugenia Vidal convocó a la Asociación Judicial Bonaerense a una nueva reunión para el próximo martes 4 de diciembre con el objetivo de cerrar la pauta salarial de este año.
La paritaria estaba paralizada desde fines de mayo, cuando la Provincia recibió a los representantes del gremio conducido por Pablo Abramovich y les ofreció un 15 por ciento de aumento en tres tramos, sin cláusula gatillo.
“En el día de la fecha hemos recibido comunicación telefónica por parte de funcionarios del Ministerio de Trabajo, quienes informaron que el martes 4 de diciembre la AJB será convocada a negociación paritaria salarial”, informaron este jueves por la noche desde el gremio.
Esta semana, el Gobierno provincial anunció el cierre de la paritaria con los trabajadores estatales: acordó un dos por ciento en diciembre que lleva el incremento anual a 32 por ciento y un bono de 7000 pesos para trabajadores activos y de 3500 para los jubilados. También acordó para 2019 un aumento de 20 por ciento, con dos cláusulas de revisión.
Vidal le llevó esa misma oferta al Frente de Unidad Docente, que la calificó de “vergonzosa” y convocó a un nuevo para para el lunes 3 de diciembre.
Tampoco arranca el campo: despiden a 17 peones rurales
Ocurrió en las fábricas riojanas Piedra Blanca y Nort Agro. Desde la Uatre denunciaron que la patronal había “inventado” causas a los empleados “para sacárselos de encima”.
El secretario general de Uatre La Rioja, Roque Cedrón confirmó el despido de 17 empleados de las fábricas Piedra Blanca y Nort Agro que se produjeron en las últimas jornadas.
Según le comentó a la radio local Fénix, las firmas “han inventado causas a los trabajadores que no eran correspondidas”, sostuvo y consideró que querían “sacarse de encima a los empleados”.
El gremialista dijo que estuvieron trabajando con la Secretaría de Trabajo de la provincia y realizaron una carta documento rechazando el despido de los trabajadores, “intimando a que paguen la liquidación final”, señaló.
“Inventaron causas dañando la moral de los trabajadores”, remarcó el sindicalista y dijo que si no hay respuestas favorables por parte de las empresas, “los trabajadores están decididos a realizar movilizaciones”, contó.
Por último, mencionó que desconocen quienes son los dueños de las empresas. “Son de Buenos Aires, en la capital hay un responsable que es un contador y abogado que es el apoderado legal de la empresa”.
Cierra otra tradicional confitería marplatense y 20 empleados quedan en la calle
Luego de que La Boston bajara la persiana, cerró la tradicional confitería Piazza. Deja 20 empleados en la calle que se mostraron sorprendidos por la decisión.
Los problemas laborales en Mar del Plata no cesan. Tras el cierre de la emblemática confitería La Bostón, ahora llegó el turno a otro clásico de la principal plaza balnearia del país: confitería Piazza.
Ubicada en Alem y la costa, Piazza bajó la persiana tras varias décadas de funcionamiento. La recesión habría provocado la decisión empresarial, que se suma al de muchos locales emblemáticos de gastronomía como de indumentaria.
Carlos Vaquero, secretario general del Sindicato de Alfajoreros, Pasteleros, Pizzeros y Heladeros (Starpyh) sostuvo en conversaciones con el portal local 0223, que este decisión de los empresarios “los sorprendió”, ya que los empleados trabajaron un día antes y nadie les avisó hasta que recibieron los telegramas.
“La empresa argumenta que es por fuerza mayor, porque ayer hubo un desalojo, aparentemente por falta de alquiler o algo parecido. Se veía que había poco trabajo, desde hace un año venían con deudas a la AFIP, así como de aportes y en invierno habían reducido de 8 a 4 horas a los empleados. Pensábamos que iban a aguantar la temporada y en base a como les iba, decidirían. Pero parece que no aguantaron y cerraron este local”, explicó Vaquero.
En ese punto, el dirigente agregó que los dueños de la tradicional confitería, tienen una sucursal dentro de un complejo gastronómico en Playa Grande.
“Queremos que los incorporen a la otra sucursal o a la fábrica de pastelería La Pana, que está sobre Jara entre 11 de Septiembre y Balcarce. O que haya una correcta indemnización. En caso de no haber una respuesta favorable, haremos una medida de acción gremial sobre el Piazza en Normandina Playa Grande-todo el fin de semana”,
concluyó el referente de pasteleros.
concluyó el referente de pasteleros.
General Motors forzó 150 despidos en Rosario
Son ingenieros, analistas en sistema y programadores con entre 7 y 20 años de antigüedad que hacían tareas informáticas y financieras de todo el mundo. Estaban fuera de convenio y les impusieron retiros voluntarios como forma de indemnización
La automotriz General Motors cerró una oficina dedicada a tareas informáticas y financieras que funcionaba en el centro de Rosario y echó a 150 trabajadores y trabajadoras. Los despidos fueron informados este martes después del anuncio de la compañía norteamericana del cierre de siete fábricas en distintos lugares del mundo y de una reducción del 15 por ciento de las fuentes laborales.
En Rosario trabajaban en el cuarto piso de un edificio de Mitre al 900. Según el secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (Smata), Marcelo Barros, estaban fuera de convenio y no tenían ningún tipo de representación gremial. La compañía les impuso retiros voluntarios como forma de indemnización. La mayoría eran ingenieros, analistas en sistema y programadores con entre 7 y 20 años de antigüedad. Hacían el soporte del sistema informático y financiero de General Motors en todo el mundo y enviaban información a la casa central en Detroit.
Los despidos cayeron como un baldazo de agua fría porque meses atrás les habían informado que iban a ser trasladados este mes a la planta de Alvear, que ya tenía listas oficinas nuevas. En la fábrica de Alvear hay preocupación: el 31 de enero vence el acuerdo del gremio Smata con la compañía y pronostican al menos 300 despidos en el sector de producción.
Golpe de efecto
El cierre de siete fábricas anunciado este lunes por General Motors implica un recorte de 6.000 millones de dólares y el despido del 15 por ciento de los empleados directos e indirectos en todo el mundo. Sólo en América del Norte afectó a ocho mil ejecutivos y seis mil operarios del total de 54 mil empleados. La compañía comunicó que clausurará dos plantas de montaje y dos de producción de motores en Estados Unidos, una planta de montaje en Canadá y otras dos sin identificar fuera de América del Norte a fines de 2019, además de otra ya anunciada en Corea del Sur.
“General Motors no está anunciando ninguna acción relacionada con las operaciones fuera de América del Norte en este momento”, dijeron desde General Motors Argentina a la agencia de noticias Télam tras conocerse el anuncio de la casa matriz. La empresa informó que ratificaba el compromiso de inversión en la región con 500 millones de dólares para el desarrollo de un nuevo modelo global que se iba a producir en la planta de Alvear, a kilómetros de Rosario. En la comunicación no dijeron nada sobre el cierre de la oficina de Rosario que dejó a 150 personas sin trabajo.
Según les dijeron a los empleados, la decisión de cerrar la oficina fue tomada en Estados Unidos y no en Argentina. El área de soporte informático de General Motors funcionaba en Mitre al 900 desde 2013. Parte del personal llegó de la empresa Hewlett Packard cuando la automotriz decidió dejar de tercerizar el trabajo de sistema y armar una oficina propia. Al principio eran 180, pero en el último año llegaron a 150 porque quienes se iban por un trabajo mejor no eran reemplazados. El martes les informaron que la oficina cerrará y que todos quedarán desvinculados. Les ofrecieron retiros voluntarios como forma de pago de las indemnizaciones. Todos aceptaron el acuerdo que será firmado en los próximos días.
Preocupación
En diálogo con El Ciudadano, el delegado gremial, Germán Tonero, explicó que en la planta hay preocupación por el futuro laboral. El 31 de enero vence el acuerdo entre el gremio Smata y General Motors a través del cual la compañía se comprometió a no despedir a cambio de que accedieran a que les paguen el 70 por ciento de los salarios y les redujeran horas. “Hoy estamos funcionando con dos turnos y se hacen 15 autos por hora. Desde la empresa ya anunciaron que en febrero planean dejar sólo un turno con 22 autos por hora. Dicen que sobra un 30 por ciento de empleados y que van a echar a 300 personas del sector de producción”, explicó el gremialista. En total, los operarios bajo el convenio de Smata son 1.500.
Según Tonero, el recorte en la planta ya se siente desde hace meses con la reducción del personal administrativo y la baja de todos los contratos tercerizados.
Ganancia extraordinaria
Según el diputado Carlos del Frade, General Motors fue la empresa número 24 entre las muil que más vendieron en Argentina durante el 2017. Facturó 43.315 millones de pesos, que significan 118 millones diarios o 82.410 por minuto. “No despiden por razones económicas. Lo hacen para mantener tasas de ganancias y disciplinar”, dijo el diputado provincial.
¿Qué hay detrás de los cierres de cursos y carreras en los profesorados bonaerenses?
Por Julián Odriozola para ANRed.
La reciente resolución firmada por la Dirección de Educación Superior de la Provincia de Buenos Aires anunciando el cierre de cursos y carreras en la mayoría de los institutos de formación docente, la reciente sanción de la Ley de creación de la UNICABA y el cierre de 32 carreras por decreto en Catamarca, son las más resonantes noticias de un plan de reformas que avanza sostenidamente sobre la formación docente. Un plan que tiene en el horizonte reforzar el control ministerial a base de evaluaciones de rendimientos, de acreditaciones institucionales para el cierre de institutos, modificaciones en los regímenes laborales -ataque al estatuto docente- y un nuevo sistema de carrera basado en rendimiento de cuentas y productividad.
La política educativa que se inaugura con la gestión Cambiemos no es otra cosa que la profundización de las reformas educativas impuestas por los organismos de crédito internacionales para la región desde los años 70 -BM, BID, OCDE- tras dictaduras militares, que se enraizaron en los 90 tras legislaciones ajustadas al proceso de mercantilización de la educación pública. Proceso que encuentra continuidades en el ciclo reciente y que en estos tiempos intenta avanzar en continuidad sobre la nueva generación de reformas. Esta nueva generación de reformas tiene a los y las docentes como la principal variable a ser transformada.
Sobre el diagnóstico elaborado por los mismos organismos internacionales, en base a lo que sería un significativo aumento en los presupuestos educativos de los países de nuestra región, las altas tasas de acceso a la escolaridad y los magros resultados que se disparan de las pruebas de rendimiento educativo internacionales como ser las prueba PISA[1], la conclusión principal que obtienen se centra en una enorme ineficiencia de los sistemas escolares, para pasar a poner el foco en la docencia como principal culpable de los “bajos rendimientos académicos” para “semejante gasto”.
Poner los sistemas educativos al servicio de las necesidades del modelo de desarrollo actual del Capital es el gran objetivo dispuesto. Para ello, los sistemas educativos deben orientar sus esfuerzos a alcanzar la mayor productividad posible que genere entonces mejores condiciones de rentabilidad empresariales. Al mismo tiempo para la población sobrante[2] los sistemas escolares deben especializarse en el asistencialismo y la contención social. La Pedagogía del rendimiento[3] es el paradigma en acción. Singapur, siendo el sistema educativo que más rinde en las pruebas PISA, el modelo a seguir.
El Plan Maestro es la guía de acción de las reformas que se vienen poniendo en práctica. Este documento, presentado por el Ejecutivo Nacional en marzo del 2017 como proyecto de ley a ser sancionado por Congreso, tuvo como precedente dos documentos acordados por el Consejo Federal de Educación[4] -Declaración de Purmamarca de febrero del 2016 y el Plan Estratégico Argentina enseña y aprende 2016- 2021[5]– y jamás fue abierto al debate de la comunidad educativa, pero determina los pasos a seguir de la reforma que está en marcha. La centralidad de dicho plan está puesta en los cambios en la formación, la carrera y el régimen laboral docente tal cual indican las imposiciones de los organismos internacionales.
En 2016 Esteban Bullrich, en ese momento siendo Ministro de Educación, anticipaba las acciones: “En Finlandia, que tiene 5 millones de habitantes, hay ocho institutos de formación docente. En Francia, que tiene 66 millones, hay unos 40 institutos. En la Argentina, que somos 41 millones, tenemos 1500”, “vamos a abrir un instituto de formación docente modelo por provincia”, “cuando quieran estudiar la carrera, irán a institutos que por ahí están un poco más lejos, pero que saben que les van a dar la mejor formación”.
Mientras tanto el Plan Maestro, dispone en su Capítulo 3: Formación y carrera docente. “La formación inicial de los docentes es una de las claves para la transformación educativa en el mediano y largo plazo. Los jóvenes que hoy están ingresando a los institutos de formación docente serán los maestros y profesores de la primera mitad del siglo XXI. Es muy importante fortalecer la formación inicial tanto desde el punto de vista de los contenidos de dicha formación como de las instituciones responsables. La variable clave para este fortalecimiento son las instituciones y los profesores de los institutos de formación docente”. “Las instituciones de formación docente también requieren de procesos de fortalecimiento que les permitan enfrentar con éxito los desafíos de la educación. El instrumento más importante para lograr este objetivo es un proceso de acreditación de los ISFD. Dicho proceso debe apoyarse en la auto-evaluación y las evaluaciones diagnósticas de los egresados de las carreras docentes, que identifiquen los principales problemas y propongan estrategias adecuadas para su resolución, el ajuste al planeamiento jurisdiccional de la oferta académica…”.
Está escrito, ni siquiera hay que especular. La restricción del acceso a la carrera docente y la acreditación de institutos para el cierre de aquellos que resulten de “mala calidad” según los estándares internacionales, aparecen como elementos estratégicos de las reforma en marcha. El modo de aplicación irá dependiendo de las condiciones que encuentren en cada una de las jurisdicciones. Y lo que vemos es una secuenciación de acciones orientadas hacía desmantelar los institutos de formación docente.
“Planificar una secuencia de reformas puede facilitar su adopción y mejorar su implementación. Las experiencias de la región demuestran que existe una lógica política para establecer una secuencia determinada en las reformas de educación. El primer paso son las pruebas a los estudiantes, con una divulgación transparente de los resultados, tanto a nivel nacional como individualmente en las escuelas; este es el ancla que permite orientar la política educativa en general e incorporar reformas basadas en el desempeño.” [6]
El Plan Maestro está basado -en su esencia y en gran parte – en el documento Profesores excelentes. Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe, publicado por el Banco Mundial en el año 2015 que tiene como función orientar las reformas educativas de nueva generación estableciendo el diagnóstico necesario, justificando las transformaciones y definiendo la gestión de éstas. En este trabajo, que centraliza en la responsabilidad docente la baja calidad de los sistemas educativos, puede leerse: “Para mejorar la calidad de los profesores, se deben afrontar tres desafíos básicos: reclutar, desarrollar y motivar mejores profesores. De estos desafíos, es probable que el reclutamiento (elevar el nivel de los profesores al momento del reclutamiento) sea lo más complicado para los países de América Latina y el Caribe, porque requiere que se intensifique la selectividad de la enseñanza como profesión… La experiencia internacional señala tres mecanismos principales para hacer más selectivo el reclutamiento de los profesores: • elevar los parámetros para el ingreso a los programas de educación docente; • elevar la calidad de los institutos de educación docente; • elevar los parámetros de contratación de los nuevos profesores…” “Elevar los parámetros para el ingreso a los programas de educación docente. El principio de la autonomía universitaria vigente en América Latina impide legalmente a la mayoría de los ministerios de educación controlar de manera directa las normas de ingreso a los programas de formación docente previos al servicio. Unas pocas universidades prestigiosas son selectivas, pero en la mayor parte de los países, la mayoría de los profesores nuevos son producidos por prestadores privados de baja calidad y de institutos de capacitación docente no universitarios sujetos a un escaso control de calidad. Para abordar estas cuestiones, los ministerios de educación de la región aplican cuatro estrategias principales: a) cerrar las instituciones de baja calidad que están bajo el control directo del ministerio (por lo general, institutos de formación docente no universitarios); b) establecer una universidad nacional de educación controlada directamente por el ministerio, como el Instituto Nacional para la Educación de Singapur; c) crear becas especiales para los mejores estudiantes, y d) elevar los requerimientos de acreditación de las instituciones de educación superior autónomas, de modo de forzar su cierre o su adaptación.”
En la provincia de Buenos Aires la reforma está en marcha. El martes 21 de noviembre los institutos de formación docente abrieron sus puertas recibiendo resoluciones que bajaban desde la Dirección General de Cultura y Educación, donde dejaban verse reasignaciones inconsultas de recursos para el año 2019, que dan como resultado el cierre de comisiones – tres comisiones en el tronco común de las carreras de Historia y Geografía en el ISFD 41 de Adrogué, Alte Brown por ejemplo- y que en algunos casos definen el cierre de carreras – Profesorado en ciencias políticas en el ISFD 11 de Lanús, por ejemplo -.
La lectura de las resoluciones afirma esa primera conclusión: la reforma de los profesorados de la provincia de Buenos Aires está en curso. No será al estilo de Ciudad de Buenos Aires y la Unicaba[7], ya que es obvio que no es lo mismo enfrentar 29 institutos que los 168 de gestión estatal que funcionan en territorio de la provincia. Está en marcha porque el proceso de acreditación de los institutos arrancó con cierre de carreras y comisiones tras un proceso de diagnóstico al que nadie fue consultado, ni invitado a participar.
Ni bien asumió la nueva gestión en la provincia, su principal preocupación residía en el hecho de haber en funciones sólo 4 inspectores para los más de cien institutos distribuidos a lo largo y ancho del territorio bonaerense. La primera medida a tomar en consonancia fue el nombramiento de algunos inspectores con la tarea central de presionar y recabar información sobre matrícula, nóminas y plantas. La siguiente tarea de gestión fue digitalizar la matrícula de estudiantes en toda la provincia y crear un sistema de inscripción on line que avanzó en diezmar la autonomía de las instituciones. De manera simultánea se llevaron adelante concursos de directivos provisionales primero, y titulares corto tiempo después, lo que puso a muchos de los institutos en estado de reorganización permanente y fue dejando claro una orientación hacía profundizar la centralización del control ministerial sobre la vida de los profesorados.
Para lograr completar el diagnóstico necesario que justifique lo que irá saliendo como resoluciones, a finales del año 2017 se puso en marcha el Operativo Enseñar[8], que consistía en una evaluación estandarizada y externa a estudiantes del último año de la carrera. Complementándose con esto, este año se llevó adelante en todos los profesorados un operativo llamado “Autoevaluación institucional”, que resultó impuesto sin ningún proceso de consulta o trabajo con la comunidad educativa. Este último se llevó adelante entre gallos y medianoche, entre paros y parciales, y a la mayoría de los y las estudiantes no se les informó el destino de las “planillas” que llenaban.
Para completar el escenario podríamos nombrar dos medidas más que impactaron en la vida de los profesorados: por un lado la puesta en marcha de nuevos programas de estudio de algunas carreras de profesorados cómo matemática, literatura e inglés, sin previa consulta y que, en lo que respecta al régimen laboral docente, no contemplan el reconocimiento de horas de trabajo institucional – horas TAIN – como sí lo habían hecho las últimas reformas en 2009 de diseños curriculares en los profesorados de educación primaria, inicial y especial[9]. Y por último los cambios hacia los estudiantes en el Programa Progresar, cuyas modificaciones han reducido su alcance y “meritocratizado” la contraprestación, haciendo que sumado a la crisis económica y social, la matrícula en los profesorados se vea muy afectada.
Para completar este breve análisis, me parece fundamental plantearnos un serio y sincero debate que sirva a construir balances y perspectivas, entre quienes trabajamos en los institutos de formación docente, que partan de los últimos 15 años en las políticas educativas de formación inicial y continua. Nadie que trabaje en este nivel del sistema educativo podría afirmar que la situación de los profesorados sea la ideal y no existan problemas serios a ser atacados. Al mismo tiempo hay que decir firmemente que las propuestas de reformas que se plantean son parte del problema y que seguirán agudizando las falencias que ya existen y generando nuevas y más profundas. Dicho esto es importante plantearnos algunos interrogantes acerca de las políticas educativas en la formación docente de los últimos años tras la sanción de la Ley de Educación Nacional en el 2006. Problematizar acerca de cómo impactaron las políticas de expansión de la obligatoriedad del nivel secundario, con la garantía estatal del acceso y la acreditación, bajo la hegemonía del mandato de la inclusión educativa y el derecho a la educación, en el nivel superior. Nivel que supo ser excluyente por naturaleza y que tuvo que ¿acomodarse? sin mayor presupuesto ni políticas de fortalecimiento institucional. Debatir también acerca de cómo jugó la búsqueda de mayores niveles de autonomía y disputa por la excelencia. ¿no será acaso uno de los principios de este claro retroceso actual haberles regalado a los enemigos de la educación del pueblo, la bandera de la calidad o excelencia educativa? Regalándoles hasta el sentido de ambos conceptos, y el derecho de todos y todas a una educación de calidad y excelencia. ¿No le habremos regalado el debate de cómo nos tenemos que formar nosotros mismos, a aquellos que nos quieren expropiar hasta la última gota de sudor de nuestro cuerpo?
Si la resistencia no es efectiva ante este claro ataque a los profesorados, la marcha de la reforma seguirá su curso y más temprano que tarde, mayor cantidad de carreras, y varios institutos estarán en riesgo de continuar con sus puertas abiertas. Muchos y muchas docentes estaremos cesanteados y muchos pibes y muchas pibas sin la posibilidad de aspirar a la tarea docente. El modelo burocratizado de lucha y enfrentamiento puesto en marcha en cada uno de los avances de la mercantilización de la educación pública durante estos últimos dos años de vigencia del Plan Maestro en la práctica, solo ha demostrado incapacidad para enfrentarlos. Se reacciona tarde y mal. Se lleva la pelea al plano estrictamente administrativo donde quien es dueño de los sellos tiene todo a favor. Se le quita el protagonismo a los vervaderos involucrados, reemplazándolos y así facilitando el avance de las reformas. Las mejores resistencias en estos tiempos se han tejido desde abajo, se han fortalecido en unidad y en la relación con la comunidad educativa toda.
Se hace urgente y necesaria la auto organización de los institutos de formación docente entre estudiantes, docentes, auxiliares y la comunidad toda ante esta embestida. Al mismo tiempo que se hace indispensable fortalecer la coordinación entre los institutos y sus comunidades educativas, para dar la batalla en las aulas, en los ministerios y en las calles. Lo que se pierda hoy tardará mucho en recuperarse. Lo que se pueda construir en la pelea nos dejará mejor parados para las batallas que vendrán y para poner en marcha la educación que soñamos y nos merecemos los y las laburantes y sus hijos e hijas del pueblo.
[1] PISA El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA (por sus siglas en inglés: Programme for International Student Assessment) es un estudio llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial que mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura. Su objetivo es proporcionar datos comparables.
[2] Se refiere a la masa de población que el modelo de producción capitalista no cuenta entre la población a emplear. Aunque si necesita cómo consumidora.
[3] Ver La pedagogía del rendimiento. Exclusión y frustración en tiempos de sí se puede. Juli Odriozola. 2018.
[4] Conformado por Ministro del Ejecutivo Nacional y ministro de cada jurisdicción provincial y de CABA.
[5] https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_estrategico_y_matriz_v9.pdf
[6]Profesores excelentes. Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe, publicado por el Banco Mundial
[7] El proyecto de Unicaba aprobado por la Legislatura porteña, habla de coexistencia de los 29 institutos con la nueva Universidad. Esa coexistencia esconde el proceso de evaluación y acreditación que pone en marcha. Y que anticipa los cierres.
[8] Ver el Operatrivo Enseñar o el plan maestro por otros medios. Juli Odriozola octubre de 2017.
[9] La mención a la no inclusión de horas TAIN se ajusta a la orientación contraria al reconocimiento y la posibilidad de trabajos de investigación y extensión. Que es requerimiento en las tareas de cátedra pero que no cuenta con recursos ni presupuesto.
Envío:resumenLatinoamericano
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