Los trabajadores del sector privado recibirán un bono de $ 5000
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Tras varias idas y vueltas, el Gobierno, empresarios y la GCT acordaron dar un bono de emergencia “obligatorio” de 5000 pesos para los trabajadores del sector privado, que será no remunerativo y solo en carácter de adelanto de las futuras revisiones paritarias.
Mañana habrá un nuevo encuentro para terminar de pulir y redactar la letra chica del acuerdo, donde se definirán las formas de pago para los sectores productivos que enfrenten “dificultades económicas” que en principio sería durante el mes de octubre. Desde CAME se pidió que dicho pago se ejecute en al menos 5 cuotas.
De la reunión que se realizó en la sede del Ministerio de Producción y Trabajo y que presidió el titular de la cartera, Dante Sica, participaron por la CGT Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (SOESGyPE), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Sindicato de Seguro), Carlos West Ocampo (Sanidad), Robustiano Geneiro (UTHGRA) y Alberto Tomasone (Comercio).
Por el sector empresario, estuvieron Miguel Acevedo (UIA), Julio Crivelli (CAMARCO), Daniel Funes de Rioja (UIA), Enrique Matilla (CAME), Pedro Etcheverry (CAC), Ricardo Diab (CAME), Florencia Merensztein, Julián Jajurin (CAME) y Claudio Rodríguez. Además de los funcionarios Ignacio Werner (secretario de Comercio Interior), Ignacio Pérez Riba (titular de la Unidad de Coordinación General), y Gabriela Marcello (directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo).
Varios de ellos también serán de la partida mañana, cuando se selle la letra chica del acuerdo.
El Presupuesto 2020 prevé más despidos de estatales y salarios 20 puntos debajo de la inflación
Los números girados por el Gobierno al Congreso disponen un recorte de la dotación de empleados públicos, mientras que las paritarias para el sector están ubicadas por debajo del 40%.
Los estatales fueron uno de los blancos favoritos de Cambiemos en estos 4 años de gestión. Y su presupuesto de salida no es la excepción a lo que fue un ataque sistemático sobre el sector público.
El Presupuesto de la administración nacional para 2020, enviado por el Ministerio de Hacienda al Congreso, prevé que la dotación de empleados públicos «tendrá una disminución estimada del 1%», mientras el gasto en remuneraciones «se reducirá en 0,1 punto porcentual del PIB».
La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) explicó en ese sentido que «no se prevén ingresos de personal el año que viene, ni cubrir las vacantes que se produzcan en el marco de retiros voluntarios y jubilaciones».
En lo que respecta a las remuneraciones de los empleados estatales de la Nación, se prevé que totalicen 615.333,8 millones de pesos,
El monto destinado a salarios dispone de un crecimiento del 38,4% interanual, es decir paritarias por debajo del 40% cuando las previsiones de inflación estiman que rondará los 60 puntos.
Ese incremento programado llega luego de que este año, de más de 50% de inflación, los empleados públicos firmaron un 28% en cuotas, lo que implicó una fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios.
Movimientos sociales volverán a movilizarse a Plaza de Mayo
Durante esta semana realizarán una nueva movilización a Plaza de Mayo. La jornada se llevará a cabo el martes e insistirán en el reclamo al gobierno para recibir más planes de asistencia para los nuevos desocupados y aumentos en los programas que ya se otorgan.
Así el próximo martes 24 una nueva movilización en el centro porteño de las agrupaciones Polo Obrero y Barrios de Pie, junto a gremios autodenominados «combativos», enrolados en partidos de izquierda, poblarán las calles en la continuidad del reclamo.
La jornada incluye cortes de ruta en 20 provincias y una movilización a Plaza de Mayo. Tampoco se descarta un posible acampe de 72 horas, supeditado a una respuesta del Ejecutivo a sus pedidos de reapertura de paritarias, aumento del salario mínimo y jubilaciones y ampliación de los programas sociales.
Respecto a esas respuestas, desde las organizaciones confirmaron “contactos con la ministra Carolina Stanley”, pero paralelamente señalaron que “por el momento no reciben soluciones para la gente».
MOVIMIENTOS SOCIALES ANTICIPAN NUEVAS PROTESTAS PARA EL MARTES 24
El reclamo está basado en lo “inaccesible de la canasta básica de alimentos” y en la falta de trabajos y “changas”, lo que en los barrios más vulnerables está generando “estragos” en el tejido social, y la contención de organizaciones y de la Iglesia, tanto Católica como Evangélica ya no da abasto para contener a “miles y miles de nuevos pobres que surgen cada día”.
Martes, cortes y movilizaciones
Los cortes serán desde las 12h en Puente Pueyrredón, Puente Saavedra y Liniers. Luego, 16h marcharán desde la UIA en Av de Mayo y 9 de Julio a Plaza de Mayo, dónde se realizará un acto
Los cortes serán desde las 12h en Puente Pueyrredón, Puente Saavedra y Liniers. Luego, 16h marcharán desde la UIA en Av de Mayo y 9 de Julio a Plaza de Mayo, dónde se realizará un acto
Organizaciones del sindicalismo combativo y de precarizados y desocupados independientes, reunidas el fin de semana pasado en un plenario en el Sindicato Único del Neumático (SUTNA) anunciaron que mañana realizarán una jornada nacional con 20 cortes y movilizarán a Plaza de Mayo por la reapertura de las paritarias, la actualización del salario por inflación, trabajo genuino y un aumento de emergencia a jubilados y programas sociales duplicando su importe mínimo, que cubran la canasta familiar.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes Alejandro Crespo, secretario general del sindicato del Neumático; Ileana Celotto, secretaria general de AGD UBA; Gabriela de la Rosa, dirigente del Polo Obrero; Guillermo Pacagnini, secretario general de Ciccop; Oscar Kuperman, dirigente piquetero perseguido por luchar; Mónica Schlottauer, de la seccional Haedo de la UF; Amanda Martín, secretaria adjunta de Ademys; Cristina Mena, del frente de organizaciones sociales y piqueteras independientes; Cristian Paletti, delegado por la minoría en AGTSyP-SUbte; entre otros dirigentes sindicales.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes Alejandro Crespo, secretario general del sindicato del Neumático; Ileana Celotto, secretaria general de AGD UBA; Gabriela de la Rosa, dirigente del Polo Obrero; Guillermo Pacagnini, secretario general de Ciccop; Oscar Kuperman, dirigente piquetero perseguido por luchar; Mónica Schlottauer, de la seccional Haedo de la UF; Amanda Martín, secretaria adjunta de Ademys; Cristina Mena, del frente de organizaciones sociales y piqueteras independientes; Cristian Paletti, delegado por la minoría en AGTSyP-SUbte; entre otros dirigentes sindicales.
En la conferencia de prensa, señalaron que se trata de una acción directa por una respuesta a los reclamos de los trabajadores y que planteará la necesidad de un paro nacional de 36 horas con movilización.
Crespo denunció que “la CGT y las CTA vienen conteniendo la lucha de los trabajadores, en una ‘tregua’, mientras los precios siguen subiendo y se desvaloriza el salario y siguen cerrando fábricas. El pacto social planteado por Alberto Fernández busca congelar salarios después de la pérdida enorme que ya ha sufrido el movimiento obrero. Llamamos a los trabajadores a salir a las calles a defender lo nuestro. Las acciones de mañana son un canal para ello”
Gabriela de la Rosa, del Polo Obrero, dijo que las organizaciones piqueteras independientes impulsan los cortes para que el Gobierno dé respuesta a su reclamo por la apertura de los programas, el aumento de su monto y la regularización en la entrega de alimentos, que la Ley de Emergencia no resuelve.
Daer: «No nos vamos a sentar con los empresarios para perder derechos»
El titular de la CGT, Héctor Daer, se entusiasmó con la idea de un pacto social para revertir la crisis, pero advirtió: «No nos vamos a sentar con los empresarios para perder derechos, ni ellos se van a sentar con nosotros para fundir empresas».
Héctor Daer, el líder de la CGT, se mueve como uno de los armadores del Alberto Fernánadez y también como uno de los pilares de lo que será su política de reactivación de la economía. Para ello el candidato promueve un pacto social, en el que la central obrera jugará un papel clave.
Daer se mostró ayer con Miguel Acevedo, titular de la UIA y habló de la necesidad de «llegar a un punto de inflexión para frenar la caída y poner en marcha país y nutrir al gobierno de un modelo distinto, con valor agregado y desarrollo tecnológico que permita salir adelante».
«Es importante que confluyamos en una mirada de país», apuntó el sindicalista de Sanidad.
Sobre un acuerdo, Daer declaró que «el eje es la voluntad política del próximo gobierno, tiene la voluntad de que esto suceda, de dar vuelta esta ecuación que te lleva para abajo».
«No nos vamos a sentar con los empresarios para perder derechos, ni ellos se van a sentar con nosotros para fundir empresas», advirtió Daer y sintetizó: «Los ingresos hay que recomponerlos y para eso vamos a buscar los instrumentos necesarios para lograrlo».
Respecto al dólar, Daer explicó: «Cada devaluación nos hace más pobres a todos, no acompañamos el dólar alto, un dólar con un valor real es lo que tiene que pasar. Ese será un tema de definición en términos de la macroeconomía».
Consultado sobre una posible reforma laboral, Daer concluyó: «Las empresas argentinas se desarrollaron y fueron competitivas con esta legislación laboral. Hablar de reforma en términos de perdida de derechos no es el camino».
Para la justicia, maullarle al Presidente es causal de despido
La justicia convalidó el despido sin indemnización de un trabajador por maullarle a Mauricio Macri. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró que esa manifestación incurrió en una burla de la investidura presidencial.
Un trabajador fue despedido sin indemnización por maullarle al presidente Mauricio Macri durante su jornada de trabajo. En consecuencia, inició una demanda contra su empleadora reclamando la reinstalación en su puesto de trabajo y una reparación por el daño moral que esto le había causado. Sin embargo, la primera instancia rechazó su planteo y la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se pronunció en el mismo sentido.
Miguel Ángel Ariel Horton se desempeñaba como director de arte de Interpublic SA. En el mes de junio de 2017 le fue asignada la cobertura de un evento en el Salón del Automóvil en la Sociedad Rural Argentina por expresa contratación de la firma General Motors SA. Allí asistió el mandatario de la Nación y cuando Horton lo vio pronunció un maullido como manifestación.
En la primera instancia el juez José Luis Bayle hizo un análisis sobre el derecho a la libertad de expresión y el respeto por la investidura presidencial. Asimismo, consideró que el trabajador contaba con una multiplicidad de vías para hacer valer su descontento con la política que gobierna en la actualidad el país, pero no por eso puede incurrir en abusos contra la autoridad y mucho menos aún si ese accionar implica un proceder en detrimento de su empleador.
El trabajador apeló esa decisión y el caso llegó a la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que confirmó lo allí resuelto según retrató el portal Palabras de Derecho.
El juez subrogante Carlos Pose sostuvo: «No se me oculta que el tema es delicado: la ideología de un dependiente no debe constituir un obstáculo para su contratación ni puede justificar su despido: debe existir mutuo respeto entre las partes de la relación de trabajo pero, así como el dependiente no puede ser atacado por su ideología, tampoco es aceptable que el empleador sea combatido por la propia o sometido a desplantes de sus subordinados que pueden comprometer sus intereses personales».
«El apelante no ejerció su derecho a expresarse libremente ?es decir nada reprochó a Macri en razón de su funciones y pensamiento- sino que se burló, consciente y dolosamente, de la investidura presidencial con el objeto de que su accionar tuviese trascendencia pública», agregó.
En una entrevista con Página 12 Horton contó que apelará ante la Corte Suprema de Justicia y que en caso de que esta rechace su pedido acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Docentes bonaerenses lanzan más protestas en reclamo de cláusula gatillo
Los maestros protagonizarán otra jornada de protesta para que María Eugenia Vidal disponga la cláusula gatillo en los salarios ante la disparada inflacionaria.
El Frente de Unidad Docente Bonaerense realizará mañana una «jornada de lucha» en demanda de que se aplique una «cláusula gatillo» de recomposición salarial mensual y de la emergencia alimentaria en la provincia, informó en un comunicado.
«El martes 24 de septiembre, los trabajadores de la educación y las comunidades educativas realizarán una jornada provincial de lucha con actividades en todos los distritos», apuntó.
Señaló que reiterará «las demandas ya realizadas frente al impacto de la crisis económica, que sigue generando el deterioro diario de las condiciones de vida» de la comunidad y «vulnera el derecho a la alimentación de niños y jóvenes en una provincia productora y exportadora de alimentos».
En ese sentido, instó a cada consejo escolar a firmar un petitorio en el que se solicitó la «convocatoria a la Comisión Técnica Salarial, ejecución mensual de la actualización automática del salario, actualización de las asignaciones familiares, declaración de la emergencia alimentaria y aumento de los cupos y el monto destinado al Servicio Alimentario Escolar», así como la «resolución urgente de las graves problemáticas edilicias».
Latam inaugura sus vuelos “intercharge” y los aeronáuticos evalúan medidas de fuerza
La aerolínea chilena Latam debuta este lunes con sus vuelos “intercharge”, un sistema que permite utilizar aviones matriculados en Chile pero con tripulación argentina, y los gremios aeronáuticos evalúan medidas de fuerza contra el sistema, respecto del que ejercieron una fuerte resistencia por considerarlo como una práctica que amenaza los puestos de trabajo locales.
La ruta a cubrir sería la que conecta Buenos Aires y Miami, con una aeronave Boeing 767 matriculada en Chile. Ante la aprobación oficial para este sistema los gremios aeronáuticos locales discuten medidas de protesta. Ya en el mes de julio la resistencia a la eventual autorización de la medida llevó a una medida de fuerza.
La aerolínea asegura que, pese a que los aviones sean de matrícula chilena, la tripulación operaría bajo la legislación laboral argentina, aclarando que el avión sólo sería utilizado para la conexión con Miami y no para vuelos de cabotaje. Desde Latam insisten en que este mecanismo ya se está utilizando en más de 50 países del mundo.
Para lograr la aprobación del sistema, Latam había amenazado con interrumpir la ruta entre Buenos Aires y Miami. El esquema implica sacar de circulación dos aviones argentinos que por sus características ya no podrían entrar a EEUU a partir de 2020 para reemplazarlos por otros dos más modernos que ya integran la flota de la empresa en Chile (y que pueden volar más horas, aumentando su rentabilidad).
Trabajadores de Pepsico salieron a denunciar una reforma laboral de hecho en la planta de Mar del Plata
Tras lo que fue el cierre de la planta de Vicente López y el traslado de la producción a Mar del Plata, los empleados denuncian polifuncionalidad, flexibilización, automatismo e incumplimientos varios del convenio colectivo de trabajo.
Luego de lo que fue el sorpresivo y conflictivo cierre de su planta ubicada en Florida, en el Partido bonaerense de Vicente López, y el despido de más de 600 operarios, la gigante Pepsico vuelve a ser noticia en el mundo laboral por sus condiciones de trabajo.
Es que los trabajadores de la planta de Mar del Plata, donde ahora se concentra toda la producción de la alimenticia, denunciaron «flexibilización» de las relaciones laborales. Un caso más de la reforma laboral de hecho que recorre el mercado de trabajo.
Mediante un comunicado los empleados alertaron que la empresa «importa medidas de origen mexicano» para acelerar los procesos y abaratar costos.
«Las medidas de PepsiCo «son de un atropello descarado», denunciaron los trabajadores en redes sociales a través de su Comisión Gremial Interna.
«En algunos casos las medidas rozan la ilegalidad hacia las condiciones de trabajo», detallaron.
«Todas estas medidas fundamentadas en políticas de origen mexicano, y cambio de cultura que nada le interesan las leyes y las convenciones en las que están reguladas las relaciones laborales en nuestro país«, explicaron los empleados.
«Estos avances que venimos denunciando hace tiempo, incluso años son polifuncionalidad, flexibilización y automatismo», agregaron.
Pero, también, «pase de gente de la mañana a turno tarde, retiros voluntarios, falta de reconocimiento de categorías y tareas, entre muchas otras».
Entre las últimas medidas están también restricción los día lunes y viernes para donar sangre que incumple la ley 22990 art 47.
Pero además, no se podrá pedir mas anticipos de sueldos ignorando por completo la fragilidad socioeconómica de todos los trabajadores.
Es que la doctrina del derecho laboral ha considerado que en casos de enfermedades o infortunios del trabajador o de su familia, existe el deber de la empresa de adelantar partes de la remuneración.
«Esta comisión está haciendo todo lo posible para frenar estos agravios», comunicaron desde la Comisión Interna.
La UIA dice que «no hubo acuerdo» y que los empresarios no pueden pagar el bono
El presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, aclaró hoy que el sector privado no está en condiciones de pagar un bono salarial de 5.000 pesos por el contexto de «enorme recesión».
«No hubo acuerdo en este contexto de una enorme recesión y caída de ventas. Muchas empresas, las más grandes podrían pagar un bono. Pero las pymes están viendo como subsistir», dijo el directivo.
En declaraciones a la radio Futurock, Acevedo consideró que sería «muy complicado» que el Gobierno de Mauricio Macri decidiera establecer el bono salarial por decreto porque las finanzas de la mayoría de las empresas están complicadas.
«Hablar de un bono hoy no se puede. Sí de ver como ir recomponiendo el salario. Como se va a hacer esto en los meses que vienen», sostuvo el industrial de cara a los que sería un cambio de gobierno y de plan económico a partir de diciembre.
Tras perder por más de quince puntos porcentuales en las elecciones primarias contra el Frente de Todos, el Gobierno de Mauricio Macri había anunciado que impulsaría el pago de un bono de 5.000 pesos para los trabajadores del sector privado.
A más de un mes de ese anuncio, ahora el presidente de una de las mayores cámaras empresarias de la Argentina aclaró que no hay acuerdo y que no lo ve viable: «El Estado quizás pueda hacerlo, pero el privado no».
Acevedo señaló que se están reabriendo paritarias y hay negociaciones para analizar cómo se sobrelleva la situación, porque hasta los propios trabajadores «están viendo la situación», dado que una firma que opera al 50% de su capacidad instalada no está en condiciones de ofrecer mejoras.
«La mayoría de los empresarios viven del mercado interno aunque también tengan exportaciones. Y necesitan de un mercado interno activo para poder vender. Es claro que el aumento de la capacidad de compra de la gente es una prioridad también para los empresarios, pero en este contexto es muy difícil dar aumento», dijo Acevedo.
El dirigente expresó que la administración Macri «no tiene plan productivo» y se quejó de que el Gobierno «lamentablemente ignoró a la industria» porque «tiene preconceptos de que de la industria es antigua. Y la industria no es antigua ni moderna, tiene que ser competitiva».
Musimundo extiende los cierres al Sur y bajó la persiana en Cutral Co y Zapala
Luego de cerrar buena parte de sus tiendas en la Provincia de Buenos Aires, Musimundo cerró tiendas en la Patagonia. Los empleados de los locales de Cutral Co y Zapala fueron las últimas víctimas del ajuste.
23/09/2019
Las sucursales de Cutral Co y Zapala que tenía la cadena de electrodomésticos Musimundo cerraron sus puertas de manera definitiva. En la comarca petrolera unos 14 trabajadores quedaron varados en la incertidumbre. Mientras que en Zapala la cantidad de empleados afectaron serían unos seis.
El comercio de Cutral Co cerró sus puertas el viernes pasado. Las rejas están con cadena y candado y hay un cartel que advierte a los clientes que la sucursal está cerrada.
«Podés seguir comprando en Musimundo.com», reza el cartel colgado en el ingreso que retrató el Diario Río Negro. Y agrega que todas las cuotas de crédito de la casa se podrán abonar a través de los otros canales de pago y a la vez hay un 0810 para realizar las consultas.
En el caso de Zapala, la empresa comunicó a sus empleados del cierre, pero no les dieron detalles de su situación laboral. Hasta el momento no hay presentaciones ante el gremio que representa a los trabajadores de comercio, ya que se aguarda algún tipo de definición en los próximos días.
Musimundo es una compañía formada en la década del 70 que surgió como una casa especializada en música. En 1990 se expandió y comenzó a comercializar libros y productos electrónicos e informáticos.
En 2011 fue adquirida por dos de los tres licenciatarios de la cadena Megatone e incorporó a su listado de productos los electrodoméstico y sumó locales por el cambio de marca de Megatone a Musimundo de los locales correspondientes a las empresas Carsa y Electrónica Megatone.
Anteriormente al cierre de las sucursales de Cutral Co y Zapala ya habían bajado las persianas los locales de Cipolletti, Roca, Viedma, San Antonio Oeste y Allen, en la provincia de Río Negro. Estos casos sumarían un centenar de trabajadores que perdieron sus fuentes laborales.
Además, en los últimos días, la empresa cerró doce sucursales en la provincia de Buenos Aires, afectando a aproximadamente unas 130 familias.
Con el bono en duda, el Gobierno libera fondos para las obras sociales
Con la negociación por un bono de compensación salarial empantanada por la resistencia empresaria, el Gobierno y la CGT acordaron la liberación de 3.000 millones de pesos para las obras sociales sindicales.
Con la negociación por un bono de compensación salarial empantanada por la resistencia empresaria, el Gobierno y la CGT acordaron la liberación de 3.000 millones de pesos para las obras sociales sindicales. Había sido uno de los pedidos que le dejó la cúpula gremial en la primera reunión con ministros de hace 10 días.
Los fondos serán distribuidos en cuatro cuotas, entre el mes en curso y diciembre, según especificó La Nación y será la buena noticia para los sindicalistas en medio de muchas malas.
Se trata de un compromiso asumido casi al inicio de la gestión de Mauricio Macri para que las prestadoras médicas afronten los tratamientos de alta complejidad y como parte del plan de Cobertura Universal de Salud (CUS).
«Hay 30 obras sociales que están al borde de la quiebra. La guita es del sistema, no es que el Gobierno nos las regala. La salud es difícil de sostener con los insumos en dólares», dijo un sindicalista que participó de las tratativas con funcionarios de la Superintendencia de Servicios de la Salud.
El depósito de los fondos había estado en duda por la difícil coyuntura económica, admitieron desde ambas orillas. Sin embargo sería una manera de dinamizar algo la economía en el contexto electoral, algo que no es mal visto por el propio Gobierno.
Radio Cooperativa: ya habían destrozado las instalaciones, ahora incendiaron la antena
Los trabajadores de la emisora hace casi dos meses que denuncian que una patota busca despojarlos del predio que alquilan en el Mercado Central. Los violentos quieren hacer un negocio inmobiliario con las tierras.
Incendiaron la antena de Radio Cooperativa y gran parte del predio donde funciona la emisora, en el Mercado Central. Los trabajadores del medio vienen denunciando diferentes ataques de parte de una patota que opera en la zona con intenciones de quedarse con los terrenos públicos, pero la justicia no investiga y la policía no custodia el lugar.
“El sábado plantamos árboles junto a los chicos y los padres del Barrio José Hernández, y como respuesta nos prenden fuego la antena de la radio. Esta gente hace terrorismo contra Radio Cooperativa”, se lamentó Martín Cigna, el presidente de la radio.
Este ataque a la emisora es el último de una seguidilla de incursiones violentas al predio. Antes, habían roto el cerco perimetral, los faroles, aires acondiciones y habían destrozado parte de las antenas.
El conflicto comenzó a principios de agosto y se profundizó con el pasar de los días. “Es urgente que la Justicia actúe contra quienes vienen generando los daños hacia la radio y la cooperativa. Necesitamos que tome las medidas correspondientes para garantizar la continuidad de un medio de comunicación”, continuó Cigna.
“Estamos pasando un momento difícil en la radio porque nos están atacando personas que nos quieren echar a la fuerza del lugar”, explicó el presidente de la radio hace unos días atrás y precisó que se trataba de “delincuentes organizados. Gente del barrio con denuncias penales y pedidos de captura que se dedica, hace un tiempo, a tomar terrenos del Mercado Central” para luego venderlos.
Según habían podido establecers, la patota hace años que opera en la zona ocupando por la fuerza terrenos privados y públicos para luego venderlos a familias oriundas de Perú y Bolivia, para que construyan allí talleres clandestinos. El lugar es estratégico dada la cercanía con la feria La Salada.
La causa por “usurpación, robos, amenazas y daños” está radicada en la Unidad Funcional de Instrucción 11 de La Matanza, a cargo del fiscal Fernando Quiroga, quien apenas avanzó con la ratificación de la denuncia de Cigna a pesar de contar con los datos de los agresores, quienes son conocidos en el barrio.
Organizaciones sociales confirmaron cortes y protestas y Patricia Bullrich amenazó con reprimirlos
Organizaciones sociales y políticas marcharán en distintos puntos del país para exigir la reapertura de paritarias y un aumento en las jubilaciones.
El Polo Obrero junto a otras organizaciones sociales y políticas se preparan para una jornada nacional de protesta para mañana martes en reclamo de que se reabra las paritarias y para que las centrales obreras llamen a un paro de 36 horas. Mientras tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que “garantizará la libre circulación”.
«No hay acampe mañana, es una jornada acordada con varios sindicatos y de organizaciones de desocupados que votó un programa que plantea el problema de apertura de paritarias, aumento para jubilados y trabajadores activos», manifestó el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni en diálogo con radioConcepto.
Indicó, además, que le reclamarán “a las centrales obreras por un paro de 36 horas para que la crisis no la paguen los trabajadores».
Asimismo, la candidata a vicepresidenta del FIT, Romina Del Pla, confirmó en diálogo con El Destape Radio la jornada de protestas conjuntas que realizarán desde la izquierda con las organizaciones sociales y aseguró que «mañana va a ser una jornada de protestas y cortes en todo el país». «Queremos que llegue la emergencia alimentaria. Estamos tomando todos los recaudos, pero la represión del acampe de la semana pasada no fue casual», aseveró.
No obstante, Bullrich cruzó a las organizaciones sociales y aseguró que en su cartera están analizando todos los lugares donde se realizará la protesta y evaluando movimientos, cantidad de gente, y nivel de «provocación». «Vamos a intentar, como siempre hemos garantizado, que las vías nacionales, tanto el aeropuerto de Ezeiza, la Panamericana, y el Puente Pueyrredón, no se corten», advirtió
Y sentenció: «Tenemos que ver el alcance, cómo se organiza y cual es el objetivo. Hay objetivos de provocación y no vamos a tolerar provocaciones», agregó
Doce meses de retroceso consecutivos. Derrumbe de la actividad privada y de la obra públicaFuerte caída de la construcciónEn la gestión de Mauricio Macri, la construcción se ubicará un 16 por ciento debajo de los niveles de 2015, medido per cápita. Fracasaron dos grandes apuestas del Gobierno: los Proyectos de Participación Público Privado (PPP) y los créditos UVA.
Un informe de Radar adverte que lLa destrucción de trabajo se intensificará durante el segundo semestre el año.
Imagen: Leandro Teysseire
La actividad de la construcción acumula un año consecutivo de caídas y las perspectivas para lo que resta del 2019 son igualmente negativas. El año se encamina a cerrar con una contracción del 11 por ciento, por lo que al finalizar la gestión Cambiemos, el sector se ubicaría al menos un 12 por ciento por debajo de los niveles de 2015. Así se desprende de un informe publicado por la consultora Radar, liderada por la economista Paula Español, que explica que la actividad privada se ve limitada por “la volatilidad y la incertidumbre financiera”, mientras que la obra pública “muestra un desempeño pobre, en pos del cumplimiento de la meta fiscal”. Y el documento concluye que fracasaron dos grandes apuestas del Gobierno: los Proyectos de Participación Público Privado (PPP) y los créditos UVA.
La construcción busca un nuevo piso. Según el último dato publicado por el Indec en julio, la actividad cayó 1,7 por ciento interanual, y el acumulado de los siete meses de 2019 presenta una disminución del 8,3 por ciento respecto a igual período de 2018. Las proyecciones de Radar establecen que la caída anual será del 11 por ciento, lo que significará que en la gestión de Mauricio Macri, la construcción se ubicará un 16 por ciento debajo de los niveles de 2015, medido per cápita.
En cuando al empleo, estiman que la destrucción de trabajo se intensificará durante el segundo semestre el año. La explicación se debe a una dinámica específica del sector: “El empleo en la construcción es altamente elástico y pro-cíclico, por lo que los vaivenes en materia de actividad se reflejan en el mercado laboral. Mostró una caída en los últimos meses por una merma en la actividad”. En el sector privado, los puestos de trabajo registraron una caída del 3 por ciento en junio en forma interanual, y un 2,4 por ciento acumulado para el semestre.
El fracaso de las PPP
Con respecto a la obra pública, el informe establece que el último aumento significativo se dio en 2017, de cara a las elecciones legislativas. Luego, en 2018, mostró una abrupta caída, con meses de bajas nominales del orden del 35 por ciento. Este año, con la mira en las elecciones presidenciales, se observó una leve suba en términos reales. “Producto de las estrictas metas fiscales del programa del FMI, el impulso tuvo menos nafta que en las elecciones de medio término”, explica el documento.
Además, cuestiona la aplicación de las PPP (Participación Público Privada), la gran apuesta del Gobierno para sustituir el menor gasto en obra pública: “En los hechos, la corrida cambiaria, el cierre de los mercados y la situación de vulnerabilidad financiera imposibilitaron que este tipo de obras se desarrollen, dado que son muy dependientes de la posibilidad de acceder al financiamiento”. El informe de Radar destaca que el programa de licitaciones no se pudo completar, y la única obra de magnitud fue la adjudicación de seis corredores viales a diversas constructoras en junio de 2018. “Atravesadas por dificultades financieras y demoras de pagos por parte del gobierno, las obras avanzaron con lentitud, y hoy se encuentran prácticamente paralizadas”, agrega el texto.
La otra gran promesa del Gobierno durante la campaña presidencial del 2015 había sido la del lanzamiento de los créditos hipotecarios. Mostraron un auge entre fines de 2016 y comienzos de 2018. El pico se registró en marzo de 2018, cuando se aprobaron préstamos por 687 millones de dólares. Pero la corrida cambiaria y la megadevaluación derivaron en una caída contundente: en agosto de 2018, el monto otorgado fue 38 millones de dólares, un 95 por ciento menos al pico alcanzado ese año. Cuando todavía no pasaron ni tres años del lanzamiento de estos créditos, que tienen plazos de más de 20 años, el Gobierno tuvo que salir al rescate de los hipotecados. Como parte del “plan alivio” anunciado después de la derrota en las elecciones primarias, el Ministerio de Interior decidió congelar las cuotas de los créditos hasta diciembre, dado que están indexadas a la inflación.
Un recorrido similar se observa al analizar la actividad de compra y venta de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, el principal mercado inmobiliario del país. “Luego de una fuerte suba en 2017 y 2018, las escrituras con hipotecas en CABA durante los primeros siete meses del 2019 estuvieron 61 por ciento por debajo de los niveles promedios de 2010-2015”, concluye el informe.
Macri devastó la caja de respaldo de las jubilaciones. Recibió el FGS con activos por unos 67 mil millones de dólares y hoy apenas llegan a 22 mil millones.
Esta vez sí desplumaron “la plata de los jubilados”
La crisis macrista destrozó el patrimonio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. En casi cuatro años bajó 70 por ciento en dólares. El Tesoro le entregó Letras que después defaulteó.
Por Alfredo Zaia
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses es el reaseguro del sistema jubilatorio estatal, de reparto y de solidaridad intergeneracional. Nació de la eliminación del espectacular negocio financiero de las AFJP con el aporte previsional de los trabajadores. En menos de cuatro años, la economía macrista devaluó los activos del FGS, modificó sus funciones descapitalizándolo, para finalmente entregarle papeles de deuda de corto plazo defaulteados. Esta última operación se concretó el lunes pasado, cuando el Tesoro encajó en el FGS Letras en pesos por 35 mil millones y Letras en dólares por 275 millones, con vencimiento en marzo de 2020.
El fiasco concretado es el siguiente: el FGS le prestó 100 pesos al Tesoro, pero el pagaré que le entregaron vale 60 pesos en el mercado y, además, a las 72 horas esos papeles ingresaron en el plan de reestructuración de deuda.
El escenario hasta fin de año es bastante complejo puesto que el FGS tiene vencimientos por el equivalente a unos 2000 millones de dólares en Letras de diferentes denominaciones, como lo informó la periodista María Iglesias en El Cronista del jueves último. ¿El macrismo seguirá rifando el patrimonio de garantía del sistema jubilatorio para atender el ahogo financiero del Tesoro?
Esta transacción es una más de la devastación financiera del gobierno de Macri, que también alcanzó al fondo de respaldo del sistema previsional, que hasta el 2015 se lo denominaba “la plata de los jubilados” . Si en diciembre de ese año había un activo financiero estatal sólido y de acumulación de capital constante era el FGS-Anses. La economía macrista lo recibió con un monto equivalente a unos 67 mil millones de dólares. Sin información oficial, puesto que el último reporte es de marzo pasado, con estimaciones de la evolución de acciones y bonos desde entonces, el FGS tendría hoy un capital de no más de 22 mil millones de dólares. El macrismo destruyó en 70 por ciento en dólares la caja principal de garantía del sistema previsional.
Quienes hoy son oficialistas, políticos y medios de comunicación, advirtieron durante años cuando eran oposición de que se estaba desplumando “la plata de los jubilados” . No era así, pero ese discurso fue tan intenso que no pocos lo creyeron. Fue en estos años de gobierno macrista que hubo una impactante licuación del FGS, caja constituida para garantizar el pago de las jubilaciones ante eventualidades negativas que las pongan en riesgo. Es un fondo contracíclico de la Anses para cuidar el dinero de trabajadores y jubilados.
Uno de los principales objetivos del FGS es la de preservar el valor de los activos (acciones y títulos públicos y privados), y para ello debe buscar una rentabilidad que permita su sustentabilidad. La economía macrista no lo hizo; por el contrario lo descapitalizó a la vez que liquidó activos para el pago de retroactivos (con el programa de “reparación histórica”), violentando el objetivo principal del FGS.
Ruinosa
Los funcionarios del FGS tendrán que apelar a todo su ingenio para explicar la decisión de suscribir instrumentos de deuda de corto plazo que están “reperfilados”, tres días antes del envío al Congreso del proyecto de ley de default de la deuda de legislación local. Comprar esos papeles emitidos por el Tesoro pone en riesgo ese capital del FGS. Al vencimiento de Letras reperfiladas que estaban en la cartera de inversión, el comité de inversión del Fondo decidió renovarlas ante la urgencia del Tesoro. Para garantizar liquidez a las cuentas públicas se debilitó el patrimonio del FGS.
En el acta 169, fechada el 22 de marzo de 2019, el Comité Ejecutivo del FGS, reunido en el Ministerio de Hacienda, aprobó la suscripción de Letras del Tesoro en dólares, con vencimiento 11 de octubre de este año, por un monto de 364 millones. También se habilitó la compra de bonos del Tesoro en pesos con ajuste CER+2,5 por ciento, con vencimiento 22 de julio de 2021, por 18 mil millones. Alejandro Maxit, secretario general de la Anses y secretario ejecutivo de ese comité, explicó las características de esos papeles de deuda pública, para terminar aprobando por unanimidad la compra con el criterio de que “se respetan los Principios de Seguridad y Rentabilidad de la inversión de ese tipo de activos”.
En ese momento el Tesoro no había declarado el default de las Letras, pero ahora queda en evidencia que la renovación de papeles de deuda suscriptos el lunes pasado no “respetan los Principios de Seguridad y Rentabilidad”. El FGS aceptó Letras que Hacienda puede incluir en el listado de papeles que serán defaulteados y reestructurados.
Desesperación
Operadores de la city critican con dureza las decisiones financieras de Hacienda y el Banco Central. Los más suaves dicen que son realizadas por impericia de los funcionarios. En realidad, reflejan el elevado nivel de desesperación que ellos tienen y que los lleva a disponer medidas que no respetan la lógica de las finanzas ni de la administración de pasivos públicos.
Puede ser que las instituciones del sistema bancario y del mercado bursátil se encuentren atrapadas por una lealtad ideológica con el macrismo o porque todavía siguen inundados de odio hacia el kirchnerismo, pero es notable el silencio que mantienen ante el desquicio financiero que el gobierno está haciendo en sus negocios.
Como se estuvo mencionando en esta columna los dos últimos domingos, el default de deuda en pesos es insólito. Más aún declarar que no se puede pagar la deuda de corto plazo nominada en pesos y en dólares, para luego disponer el control de cambios. La secuencia era al revés para evitar lo que sucedió: una fulminante corrida bancaria contra los depósitos en dólares, además de castigar con dureza la confianza de ahorristas en los Fondos Comunes de Inversión, que tuvieron una pérdida de capital inmensa y problemas para efectivizar los rescates.
La lógica macrista para declarar el default de la deuda en pesos fue que así se evitaba la corrida hacia el dólar de los pesos liberados de cada uno de los vencimientos de Letras. Como se sabe, el objetivo de Hacienda y el Banco Central no fue alcanzado; más bien potenciaron las corridas (cambiaria y bancaria), aceleraron la sangría de reservas y provocaron la profundización del derrumbe de acciones y bonos.
Pero la historia de los desatinos continuó. El paso siguiente, anunciado a mediados de la semana pasada, fue que el Banco Central abandonó la meta de emisión cero de la Base Monetaria, definiendo una expansión de 2,5 por ciento para éste y el próximo mes. Vale reiterar que no pagar la deuda en pesos cuando es la moneda que se puede emitir es un despropósito. Ahora el Central va a emitir pesos pero ya declaró el default de Letras en pesos. Pero lo hace, entre otras cosas, para pagar este lunes intereses por 24.800 millones de pesos del Bono de Política Monetaria –BoPoMo-. La razón de la discriminación contra las Letras, es que la mitad de ese bono está en manos del fondo de inversión estadounidense Pimco, sospechado de tener una relación privilegiada con funcionarios del gobierno.
Default
El jueves último a las 20.40 ingresó en mesa de entradas de la Cámara de Diputados el proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Hacienda, a cargo de Hernán Lacunza, para reestructurar la deuda emitida bajo legislación local . Como se trata de la declaración de un default, el gobierno ya no puede maquillarlo diciendo que es un «reperfilamiento», sino que ahora lo denomina “Sostenibilidad de la deuda pública nacional”. Esto implica que, como no puede hacer frente al pago de pasivos públicos de acuerdo a las condiciones inicialmente pactadas, se propone una reestructuración de los vencimientos de capital e intereses. Es lo que se conoce como default.
En los fundamentos, el gobierno ordenó el discurso de los motivos que lo llevaron a declarar la cesación de pagos. Abandonó consignas de campaña electoral, como culpar del derrumbe financiero a la oposición por haber sacada más votos en las elecciones PASO, para indicar que en 2018 por el evento imprevisto de la sequía y por “un aumento más acelerado de lo esperado” de la tasa de interés de Estados Unidos, hubo una menor disponibilidad de dólares. Argumentan que ingresaron menos divisas por exportaciones, a la vez que se redujo la liquidez global endureciendo las condiciones financieras internacionales.
No precisa por qué ese contexto externo afectó en forma fulminante a la economía macrista, mientras que otras no lo sufrieron. No lo hace porque, en ese caso, debería admitir su responsabilidad directa porque las medidas de desregulación total del mercado de cambios y del sector externo lanzaron al país hacia una situación de extrema vulnerabilidad.
En ese contexto, pese a contar con el crédito más abultado de la historia del FMI y al plan déficit fiscal cero, apunta que la corrida cambiaria continuó a lo que se le sumó el derrumbe de las cotizaciones de acciones y bonos. En esa instancia, no hace mención al resultado electoral e indica que el gobierno dejó de tener acceso a financiamiento, lo que se reflejó en las licitaciones de Letras en pesos y en dólares, del 13 y 28 de agosto pasado, que quedaron desiertas.
Además de proponer modificar los plazos de cancelación de capital e intereses, el default macrista incorpora la cláusula de acción colectiva (mayoría calificada para la aceptación de las nuevas condiciones de pago) para los bonos emitidos bajo legislación nacional. Esa norma está incorporada en los prospectos de emisión de bonos bajo legislación extranjera, pero no estaba en los títulos nacionales. Este proyecto de ley la incluye a la fuerza.
Como se mencionó arriba, tres días antes del reconocimiento del default por Lacunza, el Comité Ejecutivo del FGS, donde participan los secretarios de Finanzas y Hacienda, Santiago Bausili y Rodrigo Pena, respectivamente, aceptó recibir Letras en pesos y en dólares que serán reestructuradas. La situación es todavía más delicada puesto que el proyecto de ley propone la pesificación de la deuda en dólares. El inciso g de la norma que empezará a debatir la Cámara de Diputados dice que las series de títulos de deuda “que estén denominadas en moneda extranjera, las sumas en moneda extranjera serán convertidas a pesos argentinos utilizando el tipo de cambio que se establezca en la respectiva solicitud”.
Hacienda sabía cuáles eran las características del proyecto de ley del default antes de colocar Letras del Tesoro al FGS. ¿Cómo justificarán esos funcionarios la aprobación de esa operación ruinosa para el patrimonio de respaldo de los haberes de los jubilados?
Números
Esa transacción que afecta en forma negativa al FGS es la última de una administración de casi cuatro años cuyo saldo es una brusca caída patrimonial. La licuación de los activos del FGS ha sido impactante. Con fortísimas devaluaciones, derrape de las cotizaciones de acciones y bonos y una evolución del stock de la cartera de inversión por debajo del alza de la inflación, se desplumó el saldo real de la caja de “la plata de los jubilados”.
La evolución de la cartera de inversión en dólares expone en forma dramática la destrucción macrista de un activo público estratégico:
* El 10 de diciembre de 2015, el FGS sumaba unos 67 mil millones de dólares.
* A fin de ese año, por la primera gran devaluación macrista, que elevó el tipo de cambio oficial de 9,40 a 13,59 pesos, disminuyó a 48.872 millones,
* A fines de 2016 terminó en 55.228 millones de dólares.
* En el último día hábil de 2017, la cuenta sumaba 64.055 millones de dólares, monto que seguía por debajo del recibido del gobierno anterior.
* En diciembre de 2018 cerró en 43.592 millones de dólares.
* En marzo 2019, último dato oficial publicado en la página web del FGS-Anses, el stock de activos era de 41.960 millones de dólares.
* Con la hipótesis moderada de una baja promedio del 30 por ciento en el valor de la cartera –el MerVal en dólares retrocedió 40 por ciento y los bonos, hasta el 50 por ciento-, y con un paridad cambiaria a 60 pesos, el FGS se ubica hoy en unos 22 mil millones de dólares.
Vaciar
Además de la devaluación de los activos, el gobierno de Macri modificó la esencia del FGS, que de tener la función de ser la garantía de las prestaciones previsionales ante situaciones críticas se le sumó la de fuente de financiamiento del gasto corriente del sistema. En el artículo “Evolución reciente del Sistema Previsional Argentino”, publicado en la edición de este mes en “Márgenes. Revista de economía política”, del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento, el economista Sergio Carpenter detalla las medidas que le dieron otro carácter al Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Explica que el decreto 897/07, modificado por el macrismo con el 894/16, define entre las finalidades del FGS “atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales”; así como también “atenuar el impacto financiero que sobre el régimen previsional público pudiera ejercer la evolución negativa de variables económicas y sociales”. Carpenter indica que esas finalidades “se vieron afectadas severamente” por el uso del FGS como fuente de financiamiento del programa de reparación histórica (Ley 27.260).
En el Presupuesto 2019 se previó –por primera vez- la utilización de recursos del FGS para el pago de esas prestaciones por un total de 73.661 millones de pesos, equivalente al 0,5 por ciento del PIB. Carpenter señala que la “magnitud del financiamiento hace pensar en un cambio de concepción en el FGS, que pasa de ser un resguardo frente a ciertas contingencias, al financiamiento de una recomposición de haberes de carácter estructural y para un subconjunto del universo de beneficiarios”.
Otras modificaciones al FGS apuntadas por el especialista fueron:
* La derogación de la Ley 27.181 que protegía las participaciones accionarias del Estado Nacional en la cartera del FGS.
* El impulso de préstamos a beneficiarios del SIPA, de la Asignación Universal por Hijo y de Prestaciones no Contributivas. Mediante el decreto 516/17 facultó el otorgamiento de préstamos FGS a beneficiarios no incluidos en el SIPA
* Los préstamos a provincias derivados del Acuerdo Nación-Provincias refrendado en la Ley 27.260.
* Ventas de acciones del FGS con controversia judicial.
Todas esas iniciativas revelan que el macrismo utilizó la caja de garantía previsional con criterio político-electoral y fuente para concretar controvertidos negocios , para finalmente licuarla con el desastre financiero-cambiario provocado por su plan económico.
Envio:RL
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