Resumen Latinoamericano*, 4 noviembre 2019.-
Nadie lo imaginó: ni los transeúntes, que creyeron que se trataba de otra jornada mensual de los «ciclistas indignados»; tampoco Carabineros, quienes asumieron se trataba de una jornada deportiva.
Este domingo 3 de noviembre parecía que las movilizaciones del estallido social habían mermado. Sin embargo, para sorpresa del Gobierno, de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de la propia ciudadanía, se llevó a cabo una de las manifestaciones más rupturistas desde el comienzo de esta efervescencia social.
Mientras grupos menores acudían a Plaza Italia para realizar una nueva concentración, un grupo de más de mil ciclistas desfilaron por Avenida Apoquindo con dirección desconocida.
Al tratarse de una propuesta «deportiva», ni las autoridades ni Carabineros asumieron que se trataba de un escrache organizado y que tenía como objetivo al Presidente Sebastián Piñera. Así, lograron llegar hasta las afueras de su vivienda en la comuna de Las Condes. Detuvieron el pedaleo y rápidamente comenzaron a entonar con fuerza: «El pueblo, el pueblo, ¿el pueblo dónde está? El pueblo está en la calle pidiendo dignidad».
#Chile| “¡Pedalear, pedalear, otra forma de gritar!”. En la avenida Apoquindo, en el centro de Santiago, miles de manifestantes ciclistas se tomaron las vías para unirse a las protestas.
Miles de ciclistas llegan a las inmediaciones de la casa de @sebastianpinera. Vecinos y Carabineros no lo pueden creer
*Fuentes: The Times y Cooperativa
Rigoberta Menchú entregó carta en La Moneda exigiendo respeto por los DDHH/ La acompañó Joan Turner
Resumen Latinoamericano*, 4 noviembre 2019.-
Rigoberta Menchú, llegó este lunes a La Moneda para entregar una carta al Presidente Sebastián Piñera, y manifestar su preocupación por la situación actual de los Derechos Humanos en Chile.
La Premio Nobel de la Paz se dirigió al Palacio de Gobierno acompañada de Joan Turner, viuda de Víctor Jara, y Guillermo Whpei, presidente de la Fundación para la Democracia.
En la carta -que entregó en la oficina de partes- se exige también detener la violencia policial, respetar el derecho a manifestación, abrir espacios de diálogo y comenzar el proceso para una Asamblea Constituyente, además de gestionar una visita de la Comisión Interamericana de DDHH.
«Chile no es un país anárquico, desordenado; es un país que tiene Estado, tiene jefes y ¿qué pasa con el jefes cuando hay un abuso de derechos humanos? Es su profunda responsabilidad lo que pasa en su territorio», indicó Menchú.
La activista apoyó la idea de la asamblea constituyente -«ojalá les salga», dijo- y presagió que «si no se hacen reformas profundas, la crisis chilena va a tardar un par de décadas (en solucionarse)».
Continuando con la misión de expresar nuestro acompañamiento y solidaridad con el pueblo hermano chileno. Nos sumamos a las denuncias de las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos que se han venido produciendo en las últimas semanas. hileQuiereCambios
Joan Turner, de 92 años, viuda de Víctor Jara acompañando a Rigoberta Menchú a La Moneda a dejar su carta este lunes durante la marcha en Santiago de Chile.
*Fuente: con información de Cooperativa
Resumen Latinoamericano / 4 de noviembre de 2019
Pasan las semanas y la normalidad esperada por el Gobierno no pretende llegar. Este lunes, miles de personas volvieron a reunirse en la Plaza Italia de Santiago para continuar con las manifestaciones populares que ya caminan hacia su tercera semana en todo el país.
Aunque algunos esperaban que la movilización no contaría con tanta gente como las veces anteriores, el punto de encuentro volvió a repletarse y no fue ajeno a la brutal represión policial.
Los grupos de Fuerzas Especiales, esta vez avanzaron de sur a norte por Avenida Vicuña Mackenna, comenzando a reprimir a los manifestantes haciendo uso de lacrimógenas y carros que lanzan líquido mezclado con tóxicos no declarados.
La manifestación por parte de quienes participaron se realizó de forma pacífica hasta que uniformados reprimieron irracional y desproporcionadamente a la multitud.
Fotos: Osvaldo Tello B.
Resumen Latinoamericano* / 4 de noviembre de 2019
La querella presentada por la Defensoría Popular, el Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo y la Cooperativa Jurídica busca que se investiguen las responsabilidades políticas del mandatario ante las vulneraciones a los derechos humanos que se han registrado durante las manifestaciones ciudadanas.
Las organizaciones y abogados de derechos humanos presentaron una querella por delitos de lesa humanidad, establecido en la Ley 20.357, contra el presidente Sebastián Piñera, ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
La acción tiene por finalidad que se investigue la participación criminal del mandatario como autor del delito de lesa humanidad que, según detalla el documento, se encuentra acreditado a través de las graves violaciones a los derechos humanos.
“Están enmarcadas en un ataque sistemático y generalizado contra la población civil que ha salido a las calles durante estas dos últimas semanas, exigiendo cambios estructurales a las políticas neoliberales afianzadas por la Concertación y la derecha durante casi 30 años. Dichas violaciones a los derechos humanos han sido constatadas por diversos organismos nacionales e internacionales, abogadas y abogados quienes han denunciado la enorme cantidad de delitos en contra de niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y en general en contra de toda la población que ha ejercido su legítimo derecho a manifestarse“, indican.
Además, los profesionales sostienen que estos delitos han sido cometidos por parte de órganos del Estado -policías y militares- y que son constitutivos de violaciones de derechos humanos, considerando que se incluyen asesinatos, detenciones ilegales, torturas físicas, sicológicas y sexuales, detenciones selectivas, disparos a manifestantes, mutilaciones oculares, entre otros.
Bajo su mirada, “el presidente de la República y las diferentes autoridades policiales y militares, lejos de controlar y condenar el alto número de atentados a la población civil, han declarado públicamente su respaldo y felicitado el actuar de las fuerzas miliares, de orden y seguridad en los medios de comunicación nacional”.
El Desconcierto*
No estoy de acuerdo con los acuerdos
Hugo Farías Moya / Resumen Latinoamericano / 4 de noviembre de 2019
He tenido la fortuna, para otros una desgracia, de estar en las dos marchas más grandes que la historia de Chile ha tenido conocimiento, solicitando cambios y justicia social. Entre una y otra han pasado largos 31 años. En la primera concentración en el año 1988 asistí con mi esposa, en esos años éramos pololos solamente. El viernes 25 de octubre de 2019, fui con mi señora y mis tres hijos. Les comentaba a ellos que nuestro país se detuvo por largos 31 años. Las mismas consignas, reivindicaciones, rabia, ira y peticiones de aquellos años hoy se vuelven a repetir. Nada ha cambiado en el imaginario colectivo de nuestro pueblo. Mejores pensiones, acceso a la salud, acceso a los servicios básicos a bajo precio, acceso a los remedios, basta de represión, educación gratuita y de calidad, no solamente la educación básica y media, sino el acceso gratuito a la educación Universitaria y un largo etcétera.
Es cierto que el retorno de la “democracia” nos trajo un atisbo de esperanza, por sobre todo a la juventud, la más rebelde y golpeada durante la dictadura, pero eso no significó que durante los años de seudo democracia que la sucedió no hayamos vivido lo mismo. En algunos casos siguió peor. De hecho se institucionalizó la represión, mientras el mundo político hacía vista gorda, y en más de las veces fueron ejecutores de la represión y muertes. De hecho toda la represión y matanzas hacia el pueblo nación Mapuche fueron ordenados, justificados y avalados por los gobiernos de turno. Y hablamos de gobiernos que se suponían que eran de centro izquierda.
Durante mis estudios universitarios que los cursé enteramente durante la dictadura de Pinochet creíamos, vaya ilusión, que nunca en “democracia” íbamos a encontrarnos con las dantescas imágenes de represión y muerte que hemos vivido estos días, y no solamente hablo de este gobierno del empresario Piñera, sino de todos los gobiernos concertacionistas. Era una ingenuidad del porte de una catedral suponer que el abuso se iba a terminar junto con la dictadura de Pinochet.
Algunos de mis ex compañeros de Universidad me dicen que de todas maneras hemos avanzado como país y vuelvo a preguntar: ¿en que hemos avanzado? ¿Hemos avanzado en el PIB?, pero no hemos avanzado en el desarrollo, es decir en la igualdad. Hemos avanzado en el individualismo, hemos avanzado en el egoísmo, en el sálvese quien pueda. Hemos avanzado en la peor salud mental de los chilenos (25% de los chilenos no pueden dormir tranquilos y necesitan automedicación). Hemos avanzado en lo huraño, irritables, en la antipatía. No nos saludamos con los vecinos, no tenemos vida de barrio. Hemos avanzado en el exitismo, no compartir con los otros.
Y volviendo al título de este escrito cuando digo, “No estoy de acuerdo con los acuerdos”. Y vuelvo a justificar el porqué de esto. La famosa frase del Presidente Patricio Aylwin marcó el rumbo de estos 30 años: “La justicia en la medida de lo posible”. Esa sola frase dio el inicio a la impunidad, no solamente a la cárcel para los asesinos y torturadores, tanto civiles como uniformados, sino a la impunidad total en los delitos. El saqueo y robo a las empresas estatales que se habían privatizado durante la dictadura quedaron totalmente impunes, es más siguieron sus dueños jugando un rol en la política corrompiendo totalmente a los futuros políticos. Las Fuerzas Armadas y Carabineros componían el Consejo de seguridad nacional y podían seguir deliberando y cumpliendo un rol político. Tuvimos el triste espectáculo de que los gobiernos de la Concertación salieron a defender en masa al dictador preso en Londres. Justicia que por cierto no se realizó en Chile y tuvo que ser un juez español que nos diera un poco de dignidad.
Recordemos que después de esa frase llegó otra más desafortunada: “La política de los acuerdos”. Que no fue ni más ni menos la sumisión de la izquierda a la derecha. Esa política de los acuerdos dejó una estela de sufrimiento a nuestro pueblo. El país más desigual de nuestra América Latina y que se encuentra en el tristemente célebre de los 15 países más desiguales del mundo, superamos a Ruanda. Esta política de los acuerdos, dejó intacta la constitución, redactada y aprobada en dictadura, es decir sin registros electorales y con estado de emergencia.
Todo esto de “ponernos de acuerdo” trajo la educación privada, la salud privada, el trabajo precario, un código laboral que no permitía la huelga. Trajo el endeudamiento eterno de los chilenos. La compra de alimentos con tarjetas de crédito. Trajo el nulo acceso a la vivienda digna. Como le decía a mis hijos, si los mismos que nos llevaron a este descalabro se quieren poner de acuerdo para buscar las soluciones no servirá de nada la sangre de los hasta ahora 20 muertos, de los hasta ahora 3000 detenidos y torturados, de los 300 niños presos y golpeados. Esta juventud que se alzó por los 30 pesos en el alza del pasaje del Metro y que nos han llenado de orgullo y admiración, no van tolerar un nuevo acuerdo en “la cocina”. Ellos perdieron el miedo y si tienen miedo y rabia ese es el combustible que los anima a luchar hasta la imprudencia.
Uno de los jóvenes marchantes me dio un argumento contundente, ¿qué habría pasado si en vez de evadir los pasajes del Metro y romper los torniquetes mejor hubiésemos dejado una carta con la siguiente petición?: Excelentísimo señor Presidente de La República, Sebastián Piñera Echeñique. Nosotros los jóvenes secundarios, cansados de tantas alzas injustificadas en el pasaje del Metro, de los remedios de nuestros padres, de las contribuciones, de las cuentas de la luz y el agua, que agobian el presupuesto de nuestras familias y precarizan nuestras vidas. Por esto, humildemente le solicitamos respetuosamente no suba el pasaje del Metro nuevamente. Muchas gracias de antemano su valiosa atención y colaboración. Ya se la respuesta, me dijo.
Voy a resumir toda la rabia contenida de los jóvenes en la gran marcha del viernes recién pasado.: “Mire tío los cambios se hacen sin pedir permiso”.
Carlos Margotta: “Si no hay resguardo a los DD.HH. el Poder Ejecutivo debe responder política y penalmente”
Resumen Latinoamericano* / 4 de noviembre de 2019
El abogado analizó la situación del Presidente Piñera y su imagen internacional ante las denuncias de violaciones a las libertades fundamentales ocurridas durante las movilizaciones sociales y recordó que la justicia universal habilita a toda persona a buscar la persecución penal de las violaciones de los DD.HH. en cualquier parte del mundo.
En conversación con nuestro noticiario Radioanálisis el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, expresó críticas a las declaraciones del Director del INDH, Sergio Micco en el programa de televisión Mesa Central de Canal 13 en las que manifestó que en Chile “hay violaciones a los derechos humanos, pero que estas no son sistemáticas”.
“Como Comisión Chilena de DD.HH. estamos en desacuerdo con lo señalado por el Director del Instituto, fundamentalmente porque los actos cometidos en las últimas dos semanas en Chile son indudablemente graves violaciones a los derechos humanos. A nuestro juicio resulta irresponsable descartar su eventual carácter sistemático, tanto por la magnitud de los actos cometidos por los agentes del Estado durante la emergencia constitucional, como porque ese mismo Estado ya fue acusado de violaciones sistemáticas de los derechos del niño. En su informe del 2018, el Comité de los Derechos del Niño, conociendo precisamente de una denuncia, estableció la existencia de una violación grave y sistemática de los derechos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en los centros de protección residencial en Chile bajo control directo o indirecto del Sename. Creo que la opinión del director del INDH es de él, pero dado que su mandato es la defensa de los DD.HH. de chilenos y chilenas y representar la misma ante el Poder Ejecutivo, su director no puede descartar a priori que ellas seas sistemáticas. El derecho internacional utiliza el concepto de violaciones sistemáticas respecto de situaciones que parezcan revelar un cuadro persistente de violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, manifiestas y fehacientemente probadas, por ello es que el Director no debe descartar una calificación de esta naturaleza respecto de lo que está ocurriendo actualmente”.
Consultado sobre la diferencia entre violación grave y violación sistemática de los derechos humanos, el abogado señaló que la gravedad se refiere a ciertas categorías de transgresiones como la desaparición forzada, la tortura, las ejecuciones arbitrarias, la esclavitud y el genocidio que adquieren tal connotación debido al daño que provocan. “Muchas de ellas fueron catalogadas como crímenes contra la humanidad y fueron consagradas o establecidas en el Estatuto de Roma, suscrito y ratificado por Chile. Lo más importante es que, respecto de las cifras oficiales del INDH, hay 4316 detenidos, 132 querellas por torturas, 18 querellas por violencia sexual, 1574 heridos, de ellos, 40 a bala, 473 a perdigones, 20 niños, niñas y adolescentes heridos, 157 personas con traumas oculares, mucho de ellos con pérdida de visión. Dados estos datos, ¿estamos en presencia de excesos, errores o excepciones como se ha querido instalar por los voceros de Gobierno? Claramente no. El derecho internacional y los estándares que aplican los órganos de Naciones Unidas ciertamente chocan con este intento de minimizar lo que está ocurriendo durante estos días. Es el mismo argumento que utilizaban los representantes de la dictadura de Pinochet en los foros internacionales: que eran meros excesos de algunos, y no una política masiva y sistemática de violación a los derechos humanos, lo que fue desestimado por la comunidad internacional a través de condenas sucesivas”.
Respecto de la responsabilidad penal del Presidente, el profesional del Derecho expresó que efectivamente es posible buscar que el Primer Mandatario sea juzgado por Cortes Internacionales. “Bastaría una sola transgresión a los derechos humanos de parte de agentes del Estado para que, en caso de no existir en Chile justicia por parte de nuestros tribunales, ciertamente las víctimas o sus familiares pueden recurrir al sistema de protección internacional”.
En cuanto a la evolución de los acontecimientos en los últimos días, desde el cambio de gabinete, Carlos Margotta señaló que su apreciación es que la gente no se siente interpretada por quienes detentan el poder. “La respuesta del Gobierno al movimiento social que ha expresado su indignación frente al abuso institucionalizado, la desigualdad y la injusticia permanente ha sido insuficiente. Lo que conocemos es que hay un conjunto de iniciativas que buscan mantener movilizada a la gente porque no se ha aceptado la respuesta del Gobierno y no se puede decir que esta situación de descontento, de presión ciudadana y manifestación permanente en las calles está declinando o decayendo, sino que al revés. El Gobierno debe entender que ellos son mandatarios de la voluntad popular y, por lo tanto, se deben a sus representantes que afirman que el camino que están transitando no tiene nada que ver con los deseos y las urgencias del pueblo chileno en cuanto a avanzar hacia una sociedad democrática real que tenga como soporte fundamental el respeto y garantía a los derechos humanos fundamentales, como la educación, salud, seguridad social o la vivienda digna”.
En cuanto a la figura que proyecta hacia el exterior el presidente Piñera, el Presidente de la Comisión Chilena de DD.HH. hizo mención de la justicia universal que es aquella que estipula que cualquier persona puede buscar la persecución penal de las violaciones de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Ello significa, en palabras del presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos ,”solicitar en términos concretos una orden de captura internacional al Tribunal respectivo con el objeto de obtener el juzgamiento de quienes son los autores mediatos o intelectuales de lo que ha sido la masiva y grave violación a los derechos humanos en Chile“.
Finalmente, el abogado reflexionó respecto de cómo fue la aprehensión de Augusto Pinochet en Londres y explicó que no es una posibilidad menor que al Primer Mandatario pudiera ocurrirle algo similar durante alguno de sus viajes. “La situación de Piñera es incierta, yo no estaría tan seguro que no pueda volver a ocurrir una situación como la de Pinochet en el año 98” concluyó Margotta.
Radio UChile
“Violadores”: La acusación que pesa hoy sobre carabineros y militares
Resumen Latinoamericano* / 4 de noviembre de 2019
Desnudamientos, obligación de realizar sentadillas a detenidos desnudos, amenazas de violación, violación y tocaciones, son algunas de las vejaciones sexuales que manifestantes han denunciado.
Lo que la televisión no dice, lo grita la calle. Es en las paredes y en los carteles llevados a las marchas donde la ciudadanía ha comenzado a denunciar las distintas formas en que el gobierno de Sebastián Piñera ha violado sistemáticamente los Derechos Humanos durante los 16 días de movilizaciones en contra de su administración.
Una de las acusaciones que más se repite contra carabineros y militares son las vejaciones sexuales atribuidas a los uniformados en el contexto de detenciones de manifestantes.
Solo el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) había presentado hasta el pasado 1 de noviembre un total de 5 querellas por torturas y tratos crueles con violencia sexual en contra de 6 víctimas. Las acciones, según explicó el organismo, se traducen en desnudamientos, obligación de realizar sentadillas a detenidos desnudos, amenazas de violación, tocaciones y un caso de violación.
Politika*
Las demandas de l@s trabajador@s de la Educación y su rol en el actual estallido social
Resumen Latinoamericano / 4 de noviembre de 2019
Tras dos semanas de intensa protesta popular, a raíz del estallido social acontecido el pasado 18 de octubre, donde el pueblo y la clase trabajadora han sido protagonistas de primer orden, elevando cada vez más sus niveles de organización y de conciencia, son varios los sectores del pueblo que han comenzado a posicionar sus demandas. Entre estos sectores están las y los trabajadores de la educación, quienes han sido participantes frecuentes en las masivas manifestaciones que se han realizado en los distintos centros cívicos del país y también actores activos en las asambleas que se han levantado en los territorios, en relación a lo mismo, han visto en esta coyuntura una posibilidad de levantar sus históricas demandas contra el sistema educativo chileno y por el mejoramiento de sus condiciones laborales.
El sistema educativo chileno, desde los oscuros años de la dictadura militar hasta los gobiernos neoliberales de la Concertación, se ha posicionado como un caso extremo de la aplicación sistemática de políticas de mercado en la educación que tienden a la permanente privatización y a la instalación del enfoque por competencia. Es por ello que surge la necesidad de levantar una alternativa que barra con aquellos preceptos que fundamentan el quehacer pedagógico nacional, y que sea un aporte a las experiencias históricas de aquellos sectores que han combatido la bestialidad del capitalismo en la educación.
Lo que persigue este proyecto educativo -en sintonía y al ritmo de las políticas capitalistas a nivel mundial-, es la formación de estudiantes sin un carácter crítico, despolitizados/as, sin conocimiento histórico y de nula formación integral. Junto a esto, el sistema educativo se caracteriza por tener una alta participación del sector privado, el cual recibe un financiamiento estatal y privado, que le permite lucrar de diversas formas, además el currículum nacional se configura como un dispositivo de poder de la clase burguesa para mantener el control económico, político y social. En ese sentido, el sistema educativo chileno produce mano de obra barata, estudiantes endeudados/as que en un futuro serán trabajadores/as precarizados/as, carentes de derechos y oportunidades.
Creemos que el principal problema que enfrenta el sector es la privatización y mercantilización de la educación. La educación no está centrada en las y los estudiantes, sino que está centrada en los resultados establecidos por parámetros estatales e internacionales y estaría mediada por la competencia. Para nosotros/as como trabajadores/as de la educación es necesario plantear una reconstrucción del sistema educativo a nivel general, donde los recursos del Estado tengan una distribución equitativa e integral, aportando a la implementación de nuevos estudios pedagógicos, cursos que desarrollen habilidades educativas, entre otros. Exigimos que todas las escuelas pasen al Estado y que la educación privada no exista. Es tarea de cada uno/a de los/as participantes de los centros educativos, aspirar a derribar aquellos fenómenos nefastos del sistema educativo hegemónico, apuntando a la horizontalidad de la práctica educativa y a la democratización en la toma de decisiones. En ese sentido, debemos ser críticos del cúmulo histórico de la docencia en nuestro país y de sus prácticas cotidianas, apuntando a una educación al servicio del pueblo y liberadora.
Para mantener la educación de mercado, los poderosos se han dotado de leyes represivas y que atentan contra la formación integral de las y los estudiantes del pueblo. Una de las políticas represivas más fuertes en contra de la educación pública, y en especial contra los/as estudiantes secundarios/as, ha sido la promulgación de la Ley de “Aula Segura” implementada por el gobierno empresarial de Sebastián Piñera, esta normativa brinda mayores facultades a los/as directores/as de los establecimientos educacionales para expulsar de manera expresa o realizar la cancelación de matrículas a estudiantes que se vean involucrados/as en hecho “graves” de violencia. De esta manera, este gobierno de derecha, que históricamente ha criminalizado la protesta popular, busca frenar las crecientes manifestaciones y acciones directas que involucran el uso de artefactos incendiarios por parte de estudiantes de liceos emblemáticos del centro de Santiago, y dar una muestra de la supuesta mano dura del presidente contra la delincuencia y de su falso compromiso con la educación pública chilena.
Otra medida tomada durante este gobierno y que causó gran rechazo en el sector, fue la decisión del Consejo Nacional de Educación (CNE) de eliminar la obligatoriedad de enseñar las asignaturas de Historia, Educación Física y Artes en los niveles de tercero y cuarto medio (salvo los servicios locales de la educación), lo que se concretaría a partir del año 2020, profundizando el carácter mecanicista, acrítico y ahistórico del currículum nacional, perpetuando el sistema de explotación capitalista a través de la formación de alumnos/as cada vez menos críticos/as y con menos conciencia social.
Por lo tanto, rechazamos de manera absoluta la promulgación de leyes que atentan contra las y los estudiantes como lo es la Ley de Aula Segura y el Cambio Curricular, y en consecuencia, exigimos su retiro de manera inmediata. Estas leyes no responderán jamás a las necesidades reales de los colegios de la periferia y otros establecimientos que no son “emblemáticos”, donde la violencia es cotidiana y las redes de narcotráfico operan a diario, donde las y los trabajadores de la educación sufren violencia y agresiones, y donde se espera mantener el control sobre el estudiantado, sometiéndolos a través de la ignorancia y apatía social, y en caso de que se rebelen, se aplica mano dura. Este tipo de leyes no es más que un voladero de luces para que el Estado siga abandonando la educación pública, olvidando su carácter pedagógico y formativo.
Por otro lado, el sistema educativo capitalista tiene dentro de sus pilares más relevantes el establecimiento de pruebas estandarizadas en los distintos niveles educativos. Lo que ha traído como consecuencia que la centralidad de los establecimientos educacionales sean los resultados de estas pruebas, transformándose en un eslabón primordial al momento de estructurar las lógicas enseñanza-aprendizaje y de producir y reproducir el currículum nacional. Es por ello que los centros educativos se han concentrado en enseñar solamente lo que se evalúa, fragmentando y reduciendo el quehacer curricular a la lógica mecánica y de resultados, imposibilitando con ello la formación de sujetos con una formación holística, que desarrollen habilidades de pensamiento social, reflexión y crítica. Esto se suma directamente con la presión que tienen los y las docentes a la hora de evaluar y ser evaluados, por lo que ven aumentada su carga de trabajo en el hogar para alcanzar las metas propuestas por el sistema.
Como trabajadores de la educación con perspectiva clasista, rechazamos rotundamente la formulación de pruebas estandarizadas como la PSU, SIMCE, PISA e INICIA. Se debe avanzar hacia una educación donde se evalué a partir de un currículum pertinente al contexto, a los intereses de clase de los sujetos populares. En ese sentido no pueden ser evaluaciones estandarizadas, sino apropiadas a cada contexto y currículum, donde las y los trabajadores de la educación deban ser actores de primer orden en la estructuración de dichas evaluaciones y su carácter.
Sin lugar a dudas, una de las principales demandas que han agitado los y las profesoras en las últimas décadas es el pago de la “deuda histórica” originada en el año 1981 a raíz del proceso de municipalización impuesta por la dictadura militar, donde se desconoció por parte de los municipios el reajuste al sueldo base al sector público que establecía una asignación especial no imponible para el personal docente que dependía del Ministerio de Educación. Esta asignación no fue alcanzada en un 100% por los profesores/as. Exigimos el pago inmediato de la deuda histórica para estos profesores/as, en su mayoría jubilados, que se encuentran viviendo con pensiones de miseria luego de una vida dedicada a la enseñanza.
También se ha posicionado durante el último tiempo la demanda por el pago de menciones, que ha sido levantada por las y los educadores diferenciales y de párvulos. Esto hace referencia a la modificación de la ley 20.158 para incorporar las especialidades de su área para el respectivo pago de mención que reciben las y los docentes. El gobierno a través de la displicente Ministra Marcela Cubillos ignoró esta demanda durante el extenso paro de profesores de este año y no hizo nada en relación al reconocimiento de las menciones de las educadoras de párvulo y con respecto a las educadoras diferenciales solo se comprometió a entregar una “asignación especial” que es un bono trimestral que se asocia a la especialización en inclusión educativa mediante cursos impartidos por el ministerio. Exigimos el pago de las menciones a las y los educadores diferenciales y de párvulos.
Otra de las demandas hace referencia a la falsa “desmunicpalización” que se inició durante el gobierno de la nueva mayoría, ya que este ha traído consigo una serie de conflictos para las y los trabajadores de la educación de las comunas donde se ha implementado, ya que a pesar de que la Ley señalaba que no se producirían los traspasos a los Servicios Locales de Educación (SLE) si las municipalidades no saldaban las deudas previsionales y salariales que arrastraban por años con sus trabajadores/as, esto no ha ocurrido, como en el caso de la comuna de Cerro Navia. Además de las deudas, se presenta otro conflicto, ya que los trabajadores del área de administración educacional de los municipios (regidos por el Código del Trabajo) no serían traspasados al SLE, sino que serían despedidos e indemnizados, absorbidos por los municipios en otros cargos o funciones o sometidos a Concurso Público para mantener sus cargos o postular a otros. Además, aquel sector de funcionarios que está regido por el Estatuto Municipal, también sería absorbido por los municipios. Este proceso dejaría fuera del sistema unos cuatro mil trabajadores y trabajadoras. Rechazamos completamente esta ley ya que viene a reacomodar el modelo de mercado e instala una lógica gerencial de administración, mantiene la lógica de competencia entre colegios, con el aporte monetario que se entrega por alumno/a, manteniendo el sistema Voucher además de perpetuar el hecho de que los sostenedores y alcaldes tengan injerencia sobre los fondos y la administración de la educación, exigimos una verdadera desmunicipalización que acabe con la competencia entre colegios, donde todos los colegios pasen al Estado.
Las educadoras y técnicas en atención de párvulos han centrado su lucha en contra de la ley de sala cuna universal, que en términos concretos, mantiene la lógica de privatización de la educación, por lo que restará recursos a una parte considerable de los trabajadores/as, generará un ahorro evidente a los empleadores, otorgará recursos fiscales al sector privado de la educación preescolar y desligará aún más al Estado de su responsabilidad como garante de derechos.
Hacemos un llamado a los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la educación repartidos en los diversos y recónditos lugares del país, a que se sumen activamente a las movilizaciones y protestas que se levantan día tras día. Debemos partícipes activos en las asambleas autoconvocadas en nuestros territorios, poniendo a disposición las sedes sindicales para la organización popular. Además, debemos sostener una actitud de defensa absoluta a los ataques del gobierno y los empresarios, especialmente hacia estudiantes y profesores que hayan participado en las protestas, en ese sentido repudiamos la detención del profesor Roberto Campos, rechazamos categóricamente los abusos cometidos contra estudiantes por parte de carabineros y militares y condenamos la persecución política a dirigentes estudiantiles y sindicales por parte de los aparatos represivos del Estado. Solo estando junto al pueblo, en sus luchas concretas, es como la perspectiva de una educación liberadora, se dota de sentido y se vuelve una posibilidad real.
Por una Educación al servicio del pueblo
Fin a la educación de mercado
Libertad inmediata al Profesor Roberto Campos Weiss
Por un Sindicalismo Clasista y Combativo
Asociación Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores clasistas AIT
Los derechos por los que lucha la Federación de Trabajador@s a Honorarios Teresa Flores
Resumen Latinoamericano / 4 de noviembre de 2019
Como Federación de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios Teresa Flores y ante el alzamiento popular que atraviesa la clase trabajadora y el pueblo chileno declaramos lo siguiente:
1. La dictadura militar instaló un modelo económico neoliberal que vino a profundizar un sistema capitalista de explotación y opresión el cual sólo ha sido perpetuado por los gobiernos de la vuelta a la democracia hasta la fecha.
2. En ese contexto, la precariedad laboral, la total desprotección de las y los trabajadores, su empobrecimiento y vulneración han sido la tónica permanente no sólo en el ámbito del derecho laboral sino en todas las esferas de la vida y del ejercicio de los derechos sociales.
3. Se ha potenciado un Estado subsidiario del sector privado, permitiendo la privatización y el lucro a destajo con la salud, la vivienda, la educación, el transporte, y junto con ello, la depredación bárbara de los recursos naturales.
4. Se ha potenciado la generación de mano de obra barata y fácilmente desechable por medio del subcontrato, la externalización de servicios, y el trabajo a honorario.
5. El costo de la vida supera con creces el ingreso mínimo de las y los trabajadores, quienes nos vemos obligados a aceptar trabajos en condiciones laborales paupérrimas e incluso, a sobreexplotarnos en dos o más trabajos, y/o realizando horas extras para sostener nuestras familias.
6. Las mujeres trabajadoras son doblemente explotadas por medio del trabajo doméstico, costo de reposición de la fuerza de trabajo que el capital se ahorra cargándolo sobre los hombros de las mujeres explotadas y oprimidas.
7. Las y los honorarios continúa siendo una política de contratación en el Estado y sector privado, sin demostrar señales reales de acabar con esta forma de contratación. Muestra de ello es la falta de transparencia de traspaso a la contrata en el sector público y la nula información en municipios y universidades, al contrario se ha aumentado nuestra vulneración por medio de la ley de cotización obligatoria, además de no reconocer nuestros derechos laborales y sociales como salud laboral, protección a la maternidad o derechos sindicales.
8. Vivimos un estallido social que evidencia décadas de abusos y que ha sido confrontada con sordera y ceguera, con represión, violación, tortura y muerte.
Ante esta situación y frente a la nula capacidad del gobierno de dar respuestas reales a las necesidades de nuestro pueblo, como Federación de Honorarios Teresa Flores hacemos el llamado a seguir movilizándonos, a ejercer efectivamente el PARO NACIONAL, mientras no haya respuestas concretas a nuestras necesidades como clase trabajadora y como honorarios. Hacemos el llamado a mantener el paro en los lugares de trabajo, a movilizarse en las calles, a realizar asambleas sindicales permanentes, a participar de las asambleas territoriales y a levantar el Polo Social Anticapitalista que articule los sectores en lucha en pos de una plataforma común que se organice contra este sistema de explotación y opresión.
Por un sueldo mínimo de $500.000. Por pensión básica igual al ingreso mínimo, fin a las AFP y fin a la cotización obligatoria
Por jornada laboral de 40 horas SIN FLEXIBILIDAD. Por pago de locomoción y colación en todos los lugares de trabajo (público y privado)
Por protección a la maternidad y por sala cuna universal sin discriminaciones y para TODAS las trabajadoras. Por fin al lucro en la salud y educación
Por el fin a la precariedad laboral y el trabajo a honorario. Por un Contrato Único en el Estado
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS HONORARIOS TERESA FLORES
Envio:RL
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