Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre 2019.
A semanas de cumplirse el primer aniversario del asesinato del militante de la OLP-CTEP por parte de la policía bonaerense, la comunidad boliviana del barrio de Villa Celina junto a sus familiares, amigos/as y compañeros/as participaron este sábado 02-11 de la mesa del día de Todos los Santos, una festividad tradicional del país vecino.
El 22 de noviembre del año pasado en horas de la madrugada Rodolfo «Ronald» Orellana caía muerto de un balazo policial que entró por su espalda y salió por la cara cuando participaba de una ocupación de tierras fiscales. El problema del déficit habitacional en el conurbano y en este barrio humilde de La Matanza en particular donde te cobran una fortuna por una pieza, sumado al latente diciembre caliente que se avecinaba en una Argentina con hambre, hicieron que la represión de Ritondo, Vidal y Macri se cobre la vida de un padre de 6 niñes.
A pocos días del aniversario de su muerte, no hay causa ni justicia que avance. Sus compañeros y compañeras, no lo olvidan. Ahora y siempre.
Resumen Latinoamericano*/ 4 de noviembre 2019 .———
En un duro informe, el relator especial en este tema repasa con preocupación el avance del gobierno de Macri sobre jueces y fiscales, además de los nombramientos cuestionados. La persecución a Ramon Padilla y a los investigadores de la Causa Correo Argentino, entre lo más preocupante.
El relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, acusó al Gobierno de Argentina de amedrentar a jueces y fiscales, según un informe enviado al embajador argentino ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Carlos Foradori, y dado a conocer este lunes.
El relator acusó a la administración de Mauricio Macri de haber llevado a cabo un «plan sistemático y estructural» para amedrentar al Poder Judicial.
Asimismo, acusó al Gobierno argentino de haber «obstaculizado la posibilidad de una actuación imparcial (…) disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo».
«Teniendo en cuenta la información y alegaciones recibidas, quisiera expresar mi preocupación sobre las mismas», resumió García Sayán. En su informe, el relator repasó «presuntos actos de amenaza, intimidación y presión a magistrados y magistradas, fiscales y abogados y abogadas, incluyendo la manipulación del Consejo de la Magistratura», órgano que supervisa la labor de los jueces.
García Sayán también observó «la selección, designación, traslado y subrogación de jueces y juezas sin tener en cuenta las garantías establecidas en los estándares internacionales; la intimidación contra la Procuradora General y fiscales; los ataques contra jueces y juezas y fiscales cuyas actuaciones no responderían a los intereses del Poder Ejecutivo».
Además se organizaron «campañas mediáticas contra jueces y juezas, fiscales y abogados y abogadas; y los procesos de sustitución, suspensión y destitución de jueces y juezas sin respetar los requisitos establecidos en los estándares internacionales, entre otras actuaciones», advierte el informe.
Presiones judiciales
Uno de los casos alude a las supuestas interferencias que se habrían cometido desde el Gobierno, como la «manipulación de fiscales en la causa Correo Argentino», en alusión al desplazamiento del fiscal penal Juan Pedro Zoni y a los ataques contra la fiscal que interviene en el caso en el expediente comercial, Gabriela Boquin.
En este caso se investiga un acuerdo que aceptó en 2016 el Gobierno de Macri en representación del Estado para condonar una deuda de la estatal Correo Argentino que suponía «una quita velada de 98,82 por ciento» de la deuda por la que se perdonaba a la empresa Sociedades Macri (Socma) unos 70.000 millones de pesos (unos 4.400 millones de dólares al cambio de la época).
El representante de Naciones Unidas también hizo referencia a los ataques de los que habría sido víctima el juez federal Alejo Ramos Padilla, que investiga una supuesta red de espionaje ilegal en el Estado en el que estarían involucrados funcionarios públicos, jueces, fiscales y periodistas.
El relator asimismo mencionó la supuesta persecución que sufrió la exprocuradora general de la nación (exjefa de los fiscales) Alejandra Gils Carbó; aludió a «ataques a jueces y abogados del fuero laboral»; y consideró ilegales la «designación del juez Carlos Mahíques en la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, y la del juez Leopoldo Bruglia en la Cámara Nacional de Apelaciones.
La denuncia también recuerda la designación por decreto presidencial que nombró a dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
El Consejo de la Magistratura habría manipulado la competencia electoral en el Poder Judicial, por ejemplo, a través de la supuesta subrogación ilegal del magistrado Juan Manuel Culotta en la Competencia Electoral de la Provincia de Buenos Aires, añade el relator.
En diciembre de 2016, Julio Marcelo Conte Grand fue nombrado procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, cargo que debe investigar las denuncias contra los funcionarios de la gobernación, pese a ser muy cercano a la gobernadora, María Eugenia Vidal, y al presidente Mauricio Macri.
Los jueces que cuestionaron la constitucionalidad del aumento de las tarifas de servicios públicos esenciales ordenada por el Gobierno en 2016 también «fueron víctimas de ataques, intimidaciones públicas y pedidos de enjuiciamiento», añadió García Sayán.
El relator otorgó al Gobierno un plazo de 60 días para recibir una respuesta sobre las medidas adoptadas en relación a los casos descritos.
La gestión actual abandonará el poder el próximo 10 de diciembre, cuando asumirá el presidente electo, Alberto Fernández, y su compañera de fórmula, la exmandataria y senadora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
- Fuente: Tiempo Argentino
Resumen Latinoamericano*/ 4 de noviembre 2019 .——-
El desafío energético como herencia
Por Raúl Dellatorre
Tarifas altas e inaccesibles para hogares y pymes. El negocio de hidrocarburos mirando al exterior y no al desarrollo interno
Qué hacer con las tarifas dolarizadas. Cómo resolver los compromisos asumidos con Vaca Muerta de espaldas al desarrollo nacional. El rol de YPF. Algunos de los interrogantes a responder por un nuevo gobierno.
En materia petrolera, el gobierno de Cambiemos avanzó en un modelo “extractivista exportador”.
La cuestión energética se presentará, desde el primer día, como uno de los mayores desafíos para el gobierno de Alberto Fernández. El tema de las tarifas es uno de los más urgentes, por el impacto de las elevadas facturas sobre el presupuesto de miles de familias de clase media baja o baja que ya no están en condiciones de pagarlas, y sobre el riesgo sobre la posibilidad de continuar en actividad para otros tantos miles de pequeñas y medianas empresas e instituciones sociales de diferente tipo. En combustibles, el nuevo gobierno llegará, probablemente, bajo presión de las refinerías por lo que consideran “un retraso” de precios con respecto a las últimas devaluaciones, lo que demandará una inmediata definición: se seguirá o no con el actual sistema de precios y tarifas de servicios públicos dolarizados. Por otra parte, están las cuestiones de fondo que, si bien no necesitan ser definidas en los primeros días, sí reclaman no tomar decisiones que vayan en contra de los senderos futuros. Principalmente, la estrategia para el desarrollo de Vaca Muerta, el tratamiento a los subsidios que reciben las productoras que operan en el área y si el objetivo y proyección de su producción será garantizar el autoabastecimiento o convertirse en un recurso esencial para la obtención de divisas por su exportación. Definiciones políticas que aún se desconocen pero sobre las que ya se multiplican las presiones, de uno y otro lado.
El especialista en temas energético Víctor Bronstein, director del centro de estudios Ceeppys, sostiene, en un trabajo titulado justamente “Entre el pragmatismo y la ideología”, como respuesta inmediata el congelamiento del nivel de tarifas vigentes por 100 días a partir de la asunción del nuevo gobierno, en el marco de una “mesa de consenso energético” integrada por prestatarias de servicios públicos (transportistas y distribuidoras de gas y electricidad, productoras de gas y petróleo, generadores, la secretaría de Energía, Cammesa y entes reguladores. Después de dicho período, se implementará un sistema de normalización y convergencia tarifaria, señala la propuesta de Ceepys. En simultáneo, debería formularse una nueva “tarifa inicial o base cero” para la distribución y transporte de electricidad y gas, a partir de la cual diseñar un nuevo sistema de emergencia que garantice que la población pueda acceder a la energía “mientras se formula un sistema definitivo”. El subsidio correría a favor de la demanda (para bajar la tarifa a pagar) o sobre la oferta (para compensar precios regulados), según el caso, sugiere Bronstein en su propuesta.
Mientras otros sectores plantean como objetivo la recuperación plena para el Estado de la administración y control del sistema de transporte y distribución de gas y electricidad, más allá de la discusión ideológica se encuentra la limitación práctica por el traspaso, a las nuevas autoridades, de un Estado desmantelado y hasta en pobres condiciones de cumplir su rol de regulación. Justamente, por abandono y desprecio de las autoridades salientes a este tipo de políticas. De allí que la propuesta de algunos sectores, como el Ceepys, sea, señalando precisamente el cerco entre “el pragmatismo y la ideología”, que la propuesta plausible sería buscar algún grado de consenso entre los actuales ejecutores y las futuras autoridades.
Un antecedente no poco significativo es que el modelo de “precios tope regulados” (Price cap regulation), donde se fija el valor para la distribución y el transporte sin considerar los costos y resultados del operador, se tomó del ejemplo británico de privatización. Pero este sistema, implementado por Margaret Thatcher, fracasó en el Reino Unido y fue dejado de lado en 2010, ya que no alentaba la mejora del servicio ni bajaba las tarifas. Se lo reemplazó por un sistema de seguimiento y control de inversiones y tasa de retorno de los prestadores, permitiendo una mayor participación del Estado en la orientación de las prioridades de inversión. Convendría tenerlo en cuenta.
Hidrocarburos
En materia petrolera, el gobierno de Cambiemos avanzó, en estos años, en un modelo que el especialista Gustavo Lahoud, en un trabajo para el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas, definió como “extractivista exportador”, cuyo eje central fue concentrar la apuesta en la formación neuquina de Vaca Muerta, otorgando ventajosas condiciones al capital extranjero para que acelerara la producción con destino a la exportación. Este modelo, implantado ya en los primeros años de macrismo, bajo la orientación de Juan José Aranguren (ministro de Energía), desalentó la producción convencional en otras cuencas (Noroeste, Cuyana y San Jorge) y fortaleció con un esquema de fuertes subsidios a la inversión en Vaca Muerta. Al desalentar a la producción convencional, ésta entró en proceso de paulatino descenso. Solamente por el fuerte descenso en la demanda interna, provocada por la recesión, tal situación no derivó en una crisis energética. El sendero elegido supuso dejar de lado los objetivos de autoabastecimiento, y peor aún, la posibilidad de acceso a energía barata para la economía local. El modelo tampoco parece estar a favor de un esquema de producción sostenible en el tiempo que sí resultaría de la aplicación de políticas de diversificación de la oferta y las fuentes de generación.
La orientación de todo el sector petrolero al desarrollo masivo de la producción no convencional de petróleo y gas en Vaca Muerta, con YPF como socio en esos planes en vez de ser una empresa testigo o defensora del interés público, deriva en que hoy resulte un fuerte bloque de poder el que enfrentará cualquier intento por modificar esas políticas.
TARIFAS
YPF empezó a exportar crudo liviano extraído de Vaca Muerta a mediados de este año, en línea con la estrategia de maximizar los beneficios de una política extractivista exportadora. Aunque las cifras aún son marginales, su director ejecutivo, Daniel González, ya señaló que la petrolera bajo control accionario estatal espera poder exportar 60 mil barriles diarios durante el año 2020. Esta expectativa le permitiría a la empresa soportar el peso de una deuda que se eleva a los 8900 millones de dólares. Si bien esa perspectiva puede ser un signo de alivio, no puede dejar de verse que también es una forma de decir: no hay posibilidades de cambiar el rumbo, porque el elevado endeudamiento “obliga” a YPF a continuar en el mismo sendero marcado por la política de Macri y Aranguren, aunque le dé la espalda al desarrollo de la economía local. De lo contrario, será el Estado el que deba asumir el costo del endeudamiento.
La política de subsidios a la inversión y aumento de la producción no es nueva, pero se incrementó en los últimos años a partir de Vaca Muerta. Si el próximo gobierno mantuviera el régimen de precios dolarizados del gas (al nivel de país importador, no en función de sus costos de producción), al igual que el del petróleo, estaría manteniendo a la economía nacional como rehén de precios exorbitantes en su insumo principal: la energía. Para peor, heredando una estructura de producción cada vez más atada y dependiente de un recurso incierto, como Vaca Muerta. O se condena al Estado a compensar esos elevados precios con subsidios al consumo, o condena a los consumidores a pagar muy caro la energía. Cambiar el modelo es posible, pero requiere de políticas audaces que tuvieran como eje: 1) definir la energía como un bien estratégico y derecho social, poniendo en consecuencia como prioridad el autoabastecimiento, el acceso universal a la población al recurso energético (electricidad, gas, combustibles), 2) diversificar las fuentes de energía para garantizar la seguridad energética y preservar el medio ambiente a mediano y largo plazo, 3) redefinir el rol de YPF, pieza estratégica en la planificación y ejecución de una política de hidrocarburos, 4) recuperación de un criterio de planificación integrada y centralizada, en oposición a una desregulación que sólo produjo beneficios para los capitales más concentrados, y 5) redefinición de las cadenas de valor y costos de la industria en pesos, para definir pecios y tarifas en pesos.
Son definiciones que ya había adoptado el país en otras etapas, la última en la ley por la que se recuperó el control de YPF (año 2012), pero que con el peso de un gobierno que favoreció al capital más concentrado, fueron dejadas de lado, en la práctica y en la discusión. Va siendo hora de retomarlas.
Mercedes Marcó del Pont propuso «desdolarizar la economía» para crecer
La expresidenta del BCRA, cercana a Alberto Fernández, aseguró que este tema «debe ser parte de la agenda impulsada por el gobierno que asumirá a partir de diciembre».
Mercedes Marcó del Pont, una de las economistas cercanas al presidente electo Alberto Fernández, propuso «desdolarizar la economía argentina» para poder avanzar en una fase sostenida de “crecimiento y estabilidad”, según consignó el último informe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), que preside. La economista y expresidenta del Banco Central de la República Argentina aseguró que la decisión de imponer un control de cambios más estricto «introduce cierta racionalidad», pero que es «ingenuo pensar que nuestro bimonetarismo se arregla simplemente con una medida del BCRA». «Si bien consideramos que se trata del régimen más consistente con la actual situación de severa insuficiencia de dólares y la urgencia por estabilizar el mercado, no se puede ignorar que su aplicación genera efectos colaterales adversos, como el surgimiento de mecanismos para eludir tales regulaciones o complicaciones en el funcionamiento de ciertos mercados muy dolarizados», expresó. La exfuncionaria opinó, además, que la alternativa de los controles de cambios «no transforma los problemas en un lecho de rosas» y criticó la idea de desdoblar el mercado para que quede un dólar comercial administrado y un dólar financiero que flote libremente.
Marcó del Pont: «Este o cualquier Gobierno va a tener que reprogramar los vencimientos con el Fondo»
Marcó del Pont se sumó así al debate sobre qué hacer con la economía argentina a partir del 10 de diciembre, en un contexto de alta inflación, recesión, deuda en dólares y caída de las reservas del Banco Central. La economista se planteó en la vereda de enfrente a lo propuesto por especialistas nacionales e internacionales: la dolarización, en una especia de nueva convertibilidad. La expresidenta del BCRA consideró en cambio que la problemática de la divisa extranjera “debe ser parte de la agenda del acuerdo social impulsado por el gobierno que asumirá funciones a partir de diciembre”. Para ella, el desafío sería «articular esas regulaciones con otras políticas de fondo» y como una alternativa a los tipos de cambio diferenciales mencionó la imposición de retenciones y reintegros a distintos sectores de la economía. «La vigencia de un régimen cambiario que combine tipos de cambio efectivos diferenciales con regulaciones tendientes a evitar la fuga de capitales constituye, a nuestro entender, un esquema coherente no sólo frente a la urgencia por estabilizar las principales variables macroeconómicas, sino también con el desafío más a mediano plazo de la industrialización y la equidad», remarcó. Desde las PASO, los depósitos en dólares registraron caída del 40%
La economista aseguró también que el control del mercado de cambios es correcto, pero llegó «tardísimo». «Es tardísimo. Estas medidas fueron impuestas por la realidad después de los sucesivos fracasos de las sucesivas decisiones del Gobierno, incluyendo el default selectivo, que se planteó para evitar meter algún tipo de regulación», sostuvo. En declaraciones a Radio Mitre, Marcó del Pont señaló además que el temor de los ahorristas por sus depósitos «es infundado, porque los dólares de los depósitos en los bancos están en las reservas internacionales. Los dólares están». A su criterio, «es una locura que se defaulteara deuda en pesos de corto plazo. El Gobierno venía posponiendo la decisión de regular el mercado de cambios. Pero la desregulación plena que impulsaron fue la que provocó este endeudamiento».
Del Pont afirmó que las restricciones son correctas, pero «llegan muy tarde, porque tenemos una deuda brutal y ya se fugaron 75 mil millones de dólares de la Argentina en estos 3 años y 8 meses». A su criterio, el Gobierno «está tratando de patear los problemas hasta diciembre, esa es la estrategia. Subsidian los combustibles cuando para ellos era una herejía subsidiar. Ponen un control de cambios. Y condicionan bastante la cancha para el próximo Gobierno». En ese sentido recalcó que «dejan una pesadísima herencia, sobre todo por el endeudamiento con el FMI y el daño a la economía, a la sociedad, a los trabajadores», concluyó.
El Banco Central espera que la inflación termine por arriba del 55% este año
También hubo estimaciones sobre el dólar, la tasa de interés, el PBI y el déficit.
Los desajustes económicos que generó el gobierno de Mauricio Macri generaron que las proyecciones económicas del sector privado empeoraran de cara a fin de año. La inflación anual fue estimada por encima del 55%, mientras que se espera una caída en torno al 3%.
De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó el Banco Central (BCRA), el cálculo para todo el 2019 subió 0,7 puntos porcentuales y se incrementó al 55,6%. Además, los economistas del sector privado mantuvieron un rango de inflación en torno al 4% para el último mes de 2019.
Para 2020, la expectativa de inflación de los analistas se ubicó en 42,9%, y se aceleró 2,4 puntos porcentuales en comparación con las previsiones del mes anterior. Así proyectaron los economistas el resto de las variables económicas:
– TASA Leliq: La tasa de interés de referencia para la política monetaria para noviembre se proyecta en un promedio de 63% (el piso recientemente anunciado por el Copom del BCRA para el mes).
– PBI: prevén una caída del 3%, dos décimas porcentuales más que lo estimado un mes antes. A su vez, estiman que en 2020 la actividad económica se contraiga 1,7% (0,2 p.p. de mayor caída que en la encuesta previa), en tanto que esperan una expansión de 1,6% para 2021 (0,1 p.p. inferior a lo proyectado en septiembre).
– Dólar con cepo: La proyección para noviembre descendió a $61,1 por dólar , casi un peso respecto del mes previo, pero sin afectar la estimación para el cierre del año de $65 por unidad.
– Déficit fiscal primario: Para 2019 se elevó a $ 177,1 miles de millones ($14,6 miles de millones adicionales de déficit respecto del REM de septiembre).
El Gobierno aumentó el impuesto a los combustibles y mete presión a los precios
Tras posponer el incremento, ahora el Gobierno dispuso un aumento «gradual» luego de una suba del 5% en noviembre.
El Gobierno nacional dispuso un incremento del impuesto a los combustibles, de alrededor de 14 centavos por litro para naftas y hasta 75 centavos por litro para el gasoil. La medida, que entra en vigencia desde este mes, suma más presión a los precios del combustible, luego de que las empresas aumentaran los precios un 5 por ciento y advirtieran que los valores están atrasados en un 20 por ciento, aproximadamente.
La administración de Mauricio Macri venía postergando esta suba de los combustibles producto del año electoral para no ponerle más presión a los precios. Luego de la derrota en primera vuelta de Mauricio Macri y ya confirmado que será oposición desde el 10 de diciembre, el líder del PRO dio vía libre al incremento que tiene una alta incidencia en el IPC por el costo del transporte para los productos, entre ellos los alimentos.
El incremento, según el decreto 753, es «gradual» y vigente hasta el 30 de noviembre, por lo que abre la puerta a una suba mayor desde el 1 de diciembre, cuando resten 10 días para el traspaso de mando con Alberto Fernández.
El Gobierno justificó la medida en el hecho que se habría «modificado el escenario que hizo necesario el dictado del Decreto N° 607/19», que pospuso el aumento del tributo, y por eso «se ven reducidas las razones que justificaron prolongar los plazos previstos en el artículo 7° del Anexo del Decreto N° 501/18», que establecía el incremento.
«Sin embargo, con el fin de morigerar el impacto en los precios de los productos involucrados, se estima aconsejable disponer que los efectos de las actualizaciones diferidas mediante el Decreto N° 607/19 comiencen a regir, durante el mes de noviembre de 2019, sólo de manera parcial», reza la medida.
A comienzos del presente mes, las petroleras anunciaron un aumento del orden del 5% para naftas y gasoil.
*Fuente: Perfil/ Página12/ Tiempo Argentino/ Infonews/ Agencias
Felipe Solá advirtió que «no cambiarán» la visión sobre Venezuela por la renegociación de la deuda
Resumen Latinoamericano*, 4 noviembre 2019.-
El posible canciller dejó en claro cuál es la posición argentina frente a Venezuela y que no la canjeará por una renegociación de la deuda externa.
El diputado nacional Felipe Solá, posible canciller de Alberto Fernández desde el 10 de diciembre, desestimó que la renegociación de la deuda con el FMI pueda llegar a cambiar la postura del nuevo gobierno argentino sobre Venezuela, luego del diálogo que el presidente de los EE.UU., Donald Trump, tuvo con Fernández la semana pasada.
En diálogo con El Destape Radio, el dirigente peronista que acompaña a Alberto Fernández a una gira por México destacó: «Nosotros no vamos a modificar nuestra visión sobre temas que tenemos definidos, y Venezuela es uno de ellos, por el tema de la deuda». “No se puede estar en una actitud que no camina, que no produce resultados; los bloqueos a Venezuela demostraron que son ineficaces, solo tienen por objetivo sacar a Maduro», profundizó el hoy diputado nacional del Frente de Todos.
Luego, puntualizó cuál es la posición del flamante gobierno argentino en relación al país bolivariano: «Tenemos que llegar a elecciones de manera concertada y con control, pero sin proscribir a nadie». Asimismo, Solá subrayó: «No queremos importar líos a Argentina, ya tenemos nuestros propios líos y tiene que salir de ellos».
«No hay que esperar que en cada país haya gente que piense igual a nosotros, hay que trabajar con todos», explicó Solá, quien a su vez reclamó que «no hay que hacer un club ideológico en Latinoamérica» porque «un club ideológico dura lo que dura un gobierno». «No se puede construir solo en base a las posiciones frente a Venezuela», agregó.
Sobre la situación en la región, Solá destacó que «el tema Brasil es evidente que presenta en este momento una muy baja posibilidad de que vaya Alberto, se verá si podemos ir otros». Asimismo advirtió que, tras las declaraciones de Bolsonaro, el futuro vínculo con el país vecino «se ha puesto espinoso y difícil». «Brasil construye una pared que tenemos que trabajar para derrumbarla porque para nosotros es vital», añadió. «Hasta ahora tenemos que va a venir el vicepresidente de Brasil el 10 de diciembre», contó.
«La visión del presidente López Obrador sobre la relación con EEUU y la cuestión Venezuela, en la coincidimos bastante», planteó el dirigente.
*Fuente: El Destape
Envio:RL
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