Por Raúl Dellatorre * / Resumen Latinoamericano/ 23 de enero 2020 .–
La situación de la firma Vicentin, una de las mayores agroexportadoras del país, presentan tantas aristas contradictorias como sospechas sobre cuáles fueron los móviles de la maniobra que la llevaron a la actual situación. Desde el 6 de diciembre pasado, apenas un fin de semana antes de que asumiera el actual gobierno, se declaró en cesación de pagos acumulando una deuda que rondaría los mil millones de dólares. Su principal acreedor es el Banco de la Nación Argentina, con el que acumuló compromisos por unos 350 millones de dólares, cifra que supera largamente los límites que establece la normativa bancaria y que representa más del 20 por ciento del patrimonio computable de la entidad oficial. Vicentin, a través de la propia firma, de otras firmas vinculadas y de sus propios dueños, aparece como un aportante principalísimo a la campaña por la reelección de Mauricio Macri de octubre de 2019. Junto a la decisión de dejar de pagar sus deudas, los dueños de Vicentin pusieron en marcha negociaciones para vender sus plantas, operación que debía ser precedida por la aprobación de un plan de pagos de su deuda con una fuerte quita. Vicentin llega a esta situación despues de cuatro años de crecimiento vertiginoso, que la llevaron del puesto 19 en el ranking de las empresas que más facturaban en el país en 2015 (cuarta entre las cerealeras), al lugar número 6 en el ránking de 2018 (primera en su rubro, dejando atrás a Cargill, entre otras). ¿Fue una decisión política defoltear justo con el cambio de gobierno? ¿Buscaban transferir la empresa dejando un tendal de deuda no pagada con el Banco Nación como principal perjudicado? Son sólo algunos aspectos de una historia tan turbia como los intereses de quienes la pueden haber armado, una historia que apenas empieza a ver la luz.
El origen del crédito del Banco Nación a la firma Vicentín es la prefinanciación de exportaciones. Esto es, un adelanto en dólares que la firma utiliza para financiar sus operaciones (compra, acopio, traslado y procesamiento del cereal) hasta que cobra las exportaciones. En ese momento, cancela el crédito con el banco. Lo que sucedió en los últimos años, bajo la gestión de Javier González Fraga, que que Vicentín dejó de pagar el préstamo, y lo mantenía pendiente hasta la nueva campaña, pudiendo incluso ampliarlo. Por qué se le permitía operar de ese modo arbitrario a la empresa, es una pregunta que debería responder el ex presidente del Nación, quien sin embargo pese a lo inusual de semejante autorización, no aparece en ningún documento de la entidad oficial tomando parte en el asunto ni llevando su tratamiento al Directorio. Las únicas firmas que aparecen autorizando la operación son de funcionarios de nivel gerencial.
Las actuales autoridades del Banco, que encabeza Eduardo Hecker, ya abrieron sumario sobre los funcionarios de línea que viabilizaron la operatoria, que permitió que el monto de la deuda de Vicentín con la entidad se elevara hasta una cifra que se acerca a los 350 millones de dólares, según fuentes de la propia entidad. «La empresa argumentó stress financiero para declararse en cesación de pagos, pero de los balances no surge que tenga dificultades para cumplir sus compromisos, el 83 por ciento de sus ventas son en dólares, aumentó sus ventas año tras año y escaló en el ranking de la cúpula empresaria», explicó Claudio Lozano, recientemente incorporado como director a la conducción del Banco Nación, a este diario.
«El Banco ya tomó la decisión de bajar la calificación de crédito de Vicentín a Situación 4 (la anteúltima categoría, antes de «Irrecuperable», la 5) y hemos hecho las previsiones para que la entidad pueda afrontar un eventual impago; pero vamos a intentar recuperar el crédito», señaló el economista y ex diputado nacional. «El dinero es recuperable, porque la situación de la empresa le permitiría pagar, pero estamos ante una maniobra compleja, fraudulenta si se demostrara que hubo otras intenciones por las cuales se decidió no pagarle al Banco Nación», agregó.
La llamativa operación de Vicentin ya había sido advertida, por lo irregular, por el propio Banco Central, que por nota reclamó en más de una oportunidad si había autorización del Directorio para semejante flexibilidad, según consta en los legajos del Nación. González Fraga jamás dejó asentada su autorización, pero se sospecha de un circuito político de decisión que actuaba en favor de la empresa de Alberto Padoan, dueño de la cerealera y muy allegado a Mauricio Macri. Padoan, por sí mismo y a través de algunas de sus empresas, realizó importantes aportes a la campaña de reelección de Macri.
Vicentin se declaró en cesación de pagos en diciembre con una deuda de más de mil millones de dólares, la mitad con acreedores del exterior, según expresaron sus autoridades. Localmente, tiene deudas financieras, comerciales y con el fisco (AFIP). Según consignó ante Rosario 12 el economista Sergio Arelovich, asesor de la federación de trabajadores aceiteros, «en su balance Vicentín declara cuatro juicios de Afip por tres problemas diferentes: dos son por ajuste de precios de referencia con los que se concertaron operaciones comerciales. Esto es porque Afip, en función de los precios internacionales vigentes, le dice «no te creo lo que pusiste en la declaración jurada» y hace una nueva estimación y por tanto define cuánto más tiene que pagar por impuesto a las Ganancias. En un tercer litigio Afip le demanda haber calculado en menos de 28 millones de dólares los derechos de exportación que pagó. Y el último es por reclamos de los períodos 2012 y 2013 por no haber liquidado las divisas correspondientes fruto de sus ventas al exterior».
Con respecto a la deuda bancaria, el Nación, con una cifra estimada en 18.500 millones de pesos, representa el 78 por ciento. El resto se reparte entre el Provincia de Buenos Aires (1600 millones), Hipotecario (700), Macro (500) y ocho entidades más por cifras inferiores.
Vicentin cuenta con dos plantas en Santa Fe (San Lorenzo y Ricardone) con 800 empleados, hoy cerradas. Controla otras 15 firmas en el país, incluido una terminal portuaria en San Lorenzo. Y tiene una asociación estratégica con la suiza Glencore, con la que comparte la firma Renova, que produce biodiesel. En más de una oportunidad, se presumió que Glencore sería la destinataria del cambio de propiedad de Vicentin. Tanto las liquidaciones de los dólares originadas en sus exportaciones como las trasferencias de dividendos a sus socios de Suiza y Paraguay son motivo de análisis por las autoridades.
Hugo Yasky habló sobre el préstamo del Banco Nación a Vicentín en la era Macri y dijo: «La idea de estatizar es tentadora»
El diputado se refirió a la escandalosa deuda que debe la compañía, principal aportante del Gobierno M
El diputado nacional del Frente de Todos Hugo Yask opinó sobre el préstamo que el Banco Nación le concedió a la empresa Vicentín y advirtió que «la idea de estatizarla es tentadora, pero hay que analizarla».
Sobre la situación actual de la firma agroindustrial, marcó: «Vicentín no puede cerrar y despedir gente. No podemos permitir que una empresa que recibió tanto dinero del Estado genere más desocupación».
En diálogo con El Destape Radio, Yasky también se expresó por el retorno de la paritaria docente: «Es un hecho trascendente. El Estado nacional vuelve a hacerse cargo de respetar la ley de financiamiento educativo. Debemos tomar distancia que la idea de la escuela pública es para los que tienen la desgracia de caer allí. Esa frase del ex presidente fue una de los que más desnudó su pensamiento elitista. Los que más acumularon en los últimos cuatro años son los que tienen que aportar más».
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Por último, el diputado se refirió al acto que compartió ayer con Evo Morales: «Fue un acto vibrante. El discurso de Evo desnuda la hipocresía de la mayoría de los gobiernos del mundo que se hicieron los distraídos. La OEA fue parte de la maniobra golpista». En ese sentido, el titular de la CTA de los Trabajadores profundizó: «A Evo lo vi íntegro, fuerte y recuperado. Lo había visto apenas llegó de México y estaba deshecho. Ahora, recuperó su fuerza».
Dora Barrancos aseguró que a mitad de año saldrá la Ley del Aborto legal
Resumen Latinoamericano* / 23 de enero 2020 .–
La socióloga indicó que el Ejecutivo nacional presentará un proyecto sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
La historiadora que forma parte del Consejo de Asesores de presidencia, Dora Barrancos, estimó que para mitad de este año el proyecto de Ley de Aborto será aprobado por el Congreso. También, habló sobre el rol que tendrá el Consejo.
“Hay un cambio de época que tiene que ver con lo decisional de ir consiguiendo la más completa equidad de género. Esa es la forma de asegurarnos democracia en este país”, aseveró la socióloga en diálogo conRadio Caputy adelantó que vendrá “un proyecto con relación al aborto que va a elaborar el propio Poder Ejecutivo”.
En ese sentido, explicó que la iniciativa “se reunirá con el gran proyecto elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito” y aseguró: “Estoy casi segura de afirmar que a mediados de año tendremos consagrada la Ley del Aborto en nuestro país”.
El Gobierno analiza derogar el DNU de Macri contra los migrantes
Resumen Latinoamericano*/ 23 de enero 2020 .-
Por pedido de los organismos de DD. HH. El decreto que le permitió a la administración anterior expulsar del país a 3000 extranjeros en dos años, el triple que en los cuatro años precedentes, había sido cuestionado, entre otros, por el CELS y Amnistía Internacional.
Wado De Pedro, de quien dependen los controles migratorios.
Imagen: NA
Una de las marcas del gobierno de Mauricio Macri fue el Decreto de Necesidad y Urgencia 70, que endureció los controles migratorios y aceleró la expulsión de extranjeros con causas judiciales pendientes. Ahora, el gobierno de Alberto Fernández analiza la posibilidad de derogar esa polémica norma.
Pocos días después de que comenzara la nueva administración los organismos pidieron la derogación del cuestionado decreto “de forma urgente para preservar los derechos de las personas migrantes”. Lo hicieron a través de “Agenda Migrante para 2020”, un texto suscrito, entre otros, por el CELS y Amnistía Internacional.
El mismo día de su publicación, el 30 de enero de 2017, el CELS denunció que el DNU 70 “habilitó un procedimiento de detención y deportación exprés de los extranjeros sometidos a cualquier tipo de proceso judicial de carácter penal y también de quienes hayan cometido faltas administrativas en el trámite migratorio, como, por ejemplo, no haber acreditado el ingreso al país por un lugar habilitado”, y subrayó que a partir de entonces los migrantes que trabajaran como vendedores ambulantes podrían ser denunciados “penalmente por su actividad económica o por resistir un desalojo en la vía pública y ello implicará su clasificación como ‘expulsable’”.
Además, el decreto hizo que jueces y fiscales tuvieran que notificar “a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) la existencia de causas judiciales que involucran a migrantes”, lo cual “desata el inicio del trámite de expulsión de manera inmediata, sin importar si tiene familia, lazos sociales, arraigo o un plan de vida en la Argentina”, recordó el CELS.
En consecuencia, las deportaciones se multiplicaron tanto como el repudio a la nueva política impulsada por la gestión anterior. El gobierno macrista cumplió 3 mil expulsiones, el triple que en los cuatro años precedentes. En el ínterin, se sumaron pedidos de inconstitucionalidad y se generó un derrotero judicial: un juez lo avaló, pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal lo rechazó y está en estudio de la Corte Suprema.
Los organismos piden ahora «igualdad de derechos entre nacionales y migrantes», de acuerdo con lo establecido en la Constitución, y que se pueda regularizar la situación de los migrantes extra Mercosur.
El tema está en la órbita del ministerio del Interior, que conduce Eduardo “Wado” De Pedro, y de quien depende la Dirección Nacional de Migraciones, a cargo de Florencia Carignano.
Envio:RL
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