15 de enero de 2020

TROPEL 3 del 15.01.2020.

El default llegó hace rato
Resumen Latinoamericano* / 14 de enero 2020 .-
¿Por qué la provincia de Buenos Aires intenta posponer el vencimiento de su deuda? ¿Por qué Nación no le gira el dinero? ¿A qué responde una estrategia que podría abrir juicios y declarar la cesación de pagos? Los economistas Alfredo Zaiat y Alejandro Rebossio analizan los anuncios de Kicillof y los escenarios futuros.
Este 26 de enero vence el Buenos Aires 2021 (BP21), un bono emitido por la provincia en 2011. El vencimiento es por US$275 millones pero el gobernador Axel Kicillof anticipó que no podrá cancelarlo y abrió una negociación con los bonistas para correrlo al 1 de mayo. La Nación, por su parte, anunció que no le dará el dinero. Y es que, si bien el monto no es grande, es sólo la punta del ovillo.
“Es una cuestión estructural, no coyuntural, de un solo vencimiento. Hay una sucesión de vencimientos de deuda en la provincia de Buenos Aires a los que se les suma la sucesión de vencimientos a nivel nacional. Si salvás un vencimiento de una provincia, hay otras diez que también tienen un elevado endeudamiento en dólares, deuda que tomaron avaladas por el gobierno de (Mauricio) Macri”, explica el economista Alfredo Zaiat en diálogo con Canal Abierto.
En efecto, a lo largo de 2020, Buenos Aires deberá pagar títulos públicos por US$2.705 millones, de los cuales US$725 millones vencerán en enero y US$2.119 millones en el primer semestre, según un informe de la consultora Elypsis. También están complicadas Chubut, Córdoba, Jujuy y Río Negro.
Para que el plazo de la deuda se posponga, la iniciativa deberá ser aceptada por el 75% de los bonistas. “La propuesta de la Provincia se formula bajo el entendimiento de que el rechazo del mercado al diferimiento propuesto resultaría en mayores daños a la economía bonaerense y pérdidas para los inversores en general, que con este paso pueden evitarse”, sostuvo el ministro de Hacienda y Finanzas de Kicillof, Pablo López, en un comunicado de prensa.
“Si los bonistas no aceptan, hay dos opciones: una es pagar el bono entero, o entrar en default con lo cual hay juicios que se pueden abrir”, analiza el especialista Alejandro Rebossio, para quien resulta curiosa la actitud del Estado nacional frente al conflictivo escenario bonaerense.
“Dicen que es parte de una estrategia de negociación. Ambos gobiernos (el nacional y el provincial) dicen que están juntos trabajando el reperfilamiento –analiza Rebossio-. Lo llamativo es que es verdad que hubo un reperfilamiento a nivel nacional pero también hubo otras deudas nacionales que sí se pagaron. Y este vencimiento no era mucha plata. El Banco Central tiene reservas suficientes como para darle ese dinero a la Nación y la Nación a la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿por qué no lo hizo?”.
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¿Estrategia o aceptación?

Para Zaiat no se trata, en rigor, de una estrategia. “La deuda es impagable. Más que una estrategia voluntaria, o audaz, o agresiva, es un reconocimiento de una realidad. Es impagable la deuda que dejó María Eugenia Vidal, y es impagable la deuda que dejó Mauricio Macri. Tanto por concentración de vencimientos, por incrementos de porcentaje del total de la deuda en moneda extranjera, por la elevación de la tasa de interés, porque el endeudamiento pasa a tener una participación mayor sobre el total de los recursos tanto nacionales como provinciales, y por el peso de la deuda sobre la generación de riqueza, es decir sobre el Producto Interno Bruto (PIB)”, enumera.
Por su parte, Kicillof se pronunció en su Twitter con un hilo explicativo que describe una situación de “catastrófico endeudamiento” y “de caja” insuficiente.
“La deuda se multiplicó en su magnitud cuando se la mide en dólares. Según las estadísticas de la Provincia pasó de USD 9.362 millones en diciembre de 2015, a USD 11.263 millones de dólares en 2019”, afirma. Y agrega que “la parte de la deuda en moneda extranjera creció del 57% al 82%. Así, medida en su totalidad en pesos, se multiplicó por 5”.
Para muchos analistas, lo que ocurre en el presente no es más que el blanqueo de un default virtual que se declaró hace dos años, cuando la gestión Cambiemos recurrió al FMI para que le otorgase un multimillonario préstamo que le permitiera afrontar las deudas contraídas.
Entretanto, no hay información pública sobre quiénes son los tenedores de los bonos provinciales, pero las autoridades bonaerenses confían en convencer al porcentaje necesario de bonistas para posponer el vencimiento. Así, sentarían un antecedente auspicioso para reestructurar los futuros vencimientos que se balancean sobre el Estado como espada de Damocles.
*Fuente: Canal Abierto. Foto: CEDOC
En Chubut los manifestantes obligaron a un intendente pro-minería a cambiar de posición
Resumen Latinoamericano, 13 enero 2020
En Trelew, Chubut, el pueblo obligó al intendente pro minero a tomar postura en relación a la minería. Y sus asesores debieron marchar con el cartel, obligados por la situación de masiva concurrencia.
Adrian Madera, el intendente se escudó detrás de un supuesto chequeo médico y dejó un escrito firmado, que sus funcionarios salieron a leer. Acto seguido tuvieron que marchar.
En la Ciudad más rica del país, la indigencia alcanza a 169 mil personas/ Larreta está obsesionado con destruir definitivamente a la escuela pública/ En 2020, 25 mil niñes no tendrán lugar en el sistema porteño
Resumen Latinoamericano* / Resumen Latinoamericano/ 13 de enero 2020 .-
En la Ciudad más rica del país, la indigencia alcanza a 169 mil personas
En la Ciudad de Buenos Aires la pobreza alcanza a casi 600 mil personas de las cuales 169 mil son indigentes. Puesto en porcentajes, un 19,1 % de la población porteña se ubica por debajo de la línea de pobreza y un 5,5 no logra siquiera cubrir la canasta alimentaria.


Los datos fueron publicados por la Dirección de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad. Al mirar la evolución del indicador durante todo el año pasado, el punto más crítico fue el segundo trimestre, cuando la cifra alcanzó al 22 por ciento de la población.

 En la clasificación del organismo para el tercer trimestre del año pasado, sobre un total de 3.068.000 habitantes hubo en la ciudad 595.000 personas en situación de pobreza, de los cuales 169.000 revistaban en la indigencia y 426.000 eran pobres no indigentes. La clase media fue el estrato con mayor cantidad de representados, con 1.466.000 casos.
En el análisis de la DGEyC, los hogares en situación vulnerable y el sector medio frágil “aumentan sus porciones en el período fundamentalmente por la merma en la capacidad de compra de los ingresos de los hogares que un año atrás se ubicaban entre los sectores medios y acomodados”
El período julio-septiembre del año pasado se caracterizó por el incremento de la cotización del dólar y de la inflación después de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto, así como el lanzamiento de un paquete de medidas focalizadas en los sectores pobres e indigentes, lo que generó “aumentos dispares en los ingresos de los hogares” que a su vez “determinan cambios en la estratificación”, indicó la DGEyC.
Al respecto, el organismo porteño señaló que “mientras que para algunos segmentos ubicados en la base de la distribución se produce una leve mejora en las condiciones de vida, en otros no logran compensar la suba de precios (51,8%) y se deteriora su condición relativa”.

El relevamiento concluyó que “aún 14,8% de los hogares (191.000 hogares) y 19,4% de las personas (595.000 personas) se encuentran en situación de pobreza por ingresos”, en una clasificación que incluye a indigentes (4% de los hogares y 5,5% de las personas) y pobres no indigentes (10,8% y 13,9%, respectivamente).
La comparación interanual muestra una “leve mejora”, ya que en el tercer trimestre de 2018 el porcentaje de hogares indigentes también fue del 4% pero el de pobres 11,2%, es decir que hubo una reducción de 0,4 punto porcentual.
En la medición por personas, la mejora se dio en los dos estratos: entre el tercer trimestre de 2018 y el mismo período de 2019, la proporción de indigentes en el total de la población de la ciudad bajó de 6,6% a 5,5%, en tanto la de “pobres no indigentes” se redujo de 14,7% a 13,9%.

 A diferencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), su homólogo porteño reconoce seis estratos en su clasificación social por nivel de ingresos. Además de indigentes y pobres, hay cuatro más entre los “no pobres”: no pobres vulnerables, sector medio frágil, clase media y sectores acomodados.
Dentro de esos cuatro estratos superiores de la pirámide, los datos de la DGEyC muestran un aumento interanual de la proporción de la clase media y los sectores acomodados, así como un estancamiento de los no pobres vulnerables y el sector medio frágil, que a juicio del organismo “no logran compensar la suba de precios y se deteriora su condición relativa”
La clasificación muestra en el tercer trimestre que los no pobres vulnerables representaron el 11% de los hogares y el 11,4% de las personas, en tanto en el mismo período de 2018 fueron respectivamente el 11,5% y el 11,4%.

 En cuanto al sector medio frágil, fueron el 9% del total de hogares y el 10,2% de las personas, con una mejora respecto del tercer trimestre de 2018 ( 11,1% en ambos casos).
La clase media constituye el estrato más numeroso de la ciudad, con el 51,5% de los hogares y el 47,8% de las personas, con mejoras interanuales en las dos clasificaciones (51% y 47%, respectivamente. Por último. los sectores acomodados también aumentaron su posición relativa: en la clasificación por hogares, pasaron del 11,3% a 13,7% y por personas del 9,3% al 11,2%.

Larreta está obsesionado con destruir definitivamente a la escuela pública

Por Lorena Pokoik* / Resumen Latinoamericano13 de enero 2020 .-
Tanto la Ministra de Educación de la Ciudad como su jefe político están encaprichados con arrasar a la educación de los primeros años de vida. 
Después de más de 12 años del PRO en la Ciudad, ya no quedan dudas de sus políticas de ajuste y vaciamiento educativo. Sí, salud, infraestructura y vivienda, son otros sectores desbastados por Macri en primera instancia y ahora por Larreta que va por su segundo mandato; pero la educación pública fue y, aparentemente, será el sector más castigado por el oficialismo.
Larreta está obsesionado con destruir definitivamente a la escuela pública y por desorganizar a toda la comunidad educativa, que ha demostrado una resistencia admirable a la aniquilación sistemática del sistema educativo que lleva adelante el gobierno.
Pero dentro de este sector vapuleado y castigado, tanto la Ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, como su jefe político, están encaprichados con arrasar a la educación de los primeros años de vida. La creciente construcción desmedida de Centros de Primera Infancia (CPI) que el oficialismo pretende hacerlos pasar por jardines maternales, es la muestra clara de ello. Vos no podes decir que una pera es una manzana, como tampoco podes decir que un CPI es un jardín de infantes, porque no está bajo la órbita del Ministerio de Educación, ya que depende del Ministerio de Desarrollo; además no tienen una currícula educativa, y mucho menos profesionales de la educación preparados pedagógicamente para llevar adelante la educación de nuestros pibes y pibas.
En la Ciudad de Buenos Aires, año tras año, han ido aumentando la cantidad de familias sin vacantes. En 2018 un número, que no es tan sólo un número, logró instalarse en el reclamo de toda la comunidad educativa de la Ciudad: Había por aquel entonces un total de 22 mil pibas y pibes sin vacantes, y más del 90% de esa cifra, se concentra en la educación inicial. Éste número se desprende de sumar a los que asisten a los CPI más el número de familias sin vacantes.
Desde ya que el gobierno se niega constantemente a brindar la cifra oficial de pibas y pibes sin lugar en la escuela pública, estos datos se obtienen de diferentes investigaciones periodísticas que tienen acceso a esa información, porque el oficialismo no responde ni un solo pedido de informes que realizamos desde la legislatura por este tema. Por ejemplo: En abril del año pasado escribí un pedido de informes sobre falta de vacantes que aprobamos en la legislatura que, entre otros puntos, pedía al gobierno que detallara la cantidad de familias que quedaron excluidas en los tres niveles educativos: Inicial, primario y secundario.
Soledad Acuña se negó nuevamente a brindar esos datos. Hace tres años que su cartera se rehúsa a hacerlo. La única información que brinda el Ministerio de Educación de la Ciudad, está ligada a un reclamo judicial que tiene sentencia firme, la 23.360/2006, reclamo que fue iniciado hace varios años por la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), donde el Ministerio está obligado a informar la falta de vacantes en el nivel inicial, desde los 45 días de vida a los cinco años, pero no de los otros niveles.
En 2019 hubo casi 66 mil familias que solicitaron vacante en el nivel inicial, y sólo recibieron una vacante poco más de 26 mil, es decir, menos del 40% de chicas y chicos pudieron acceder a la educación pública y gratuita del total de vacantes solicitadas. En este nivel quedaron 11.883 chicos en lista de espera, además de otros 648 en primaria y 372 en secundaria; o sea, 12.903 alumnas y alumnos sin vacante que se tienen que sumar a los 12.700 chicas y chicos que van a los 104 CPI que tampoco tienen una vacante en la educación pública. En, definitiva: Durante todo este 2020 en la Ciudad vamos a estar hablando de que hay 25.600 chicas y chicos sin vacante.
Lo que hay que dejar en claro es algo muy importante, el 100% de las familias que judicializaron el pedido de una vacante tuvo resultado favorable. Esto es porque la justicia hace respetar el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad que establece: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”.
Tanto Soledad Acuña como Horacio Rodríguez Larreta, se niegan a cumplir con éste artículo y mienten cuando dicen que ellos están obligados a brindar una vacante a partir de los 4 años de edad, eso lo dice la Ley de Educación Nacional, pero nuestra constitución es superadora a esa norma y hay que aplicar en el distrito el articulado más favorable para las y los ciudadanos.

* La autora es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidenta de la Comisión de Educación.
En 2020, 25 mil niñes no tendrán lugar en el sistema porteño
Larreta vulnera un derecho humano reconocido en la Constitución de la Ciudad que establece la obligación del Estado de garantizar el acceso a la escolaridad desde los 45 días de vida. 

Falta de vacantes.

Falta de vacantes.
La falta de vacantes es el resultado del vaciamiento educativo de Larreta.La semana pasada el vicejefe de Gobierno Diego Santilli dijo en una entrevista radial: “La Ciudad garantiza el acceso a la Educación privada, perdón, a la educación pública”. No es necesario haber estudiado psicología para comprender que ese acto fallido es el sinceramiento de una política de vaciamiento que lleva más de una década reduciendo el presupuesto educativo en el distrito más rico del país.
Doce años de Macri y Larreta al frente de la Ciudad nos ubican hoy en el peor momento respecto de la falta de vacantes y, aunque se empeñen en esconder los datos oficiales, se sabe que en 2020 serán alrededor de 25 mil las niñas y los niños que no tendrán lugar en el sistema estatal.
Desde la Unión de Trabajadores de la Educación denunciamos que el Jefe de Gobierno consolida así su decisión cerrar la puerta en la cara a las miles de familias que eligen la Escuela Pública.
Larreta vulnera así un derecho humano reconocido en la Constitución de la Ciudad que establece la obligación del Estado de garantizar el acceso a la escolaridad a lxs niñxs desde los 45 días de vida. Las filas interminables en las puertas de los distritos escolares pugnando por una vacante exponen la vulneración de ese derecho.
La situación es generalizada pero se observa de manera más profunda en los barrios del Sur donde el abandono es mayor. A eso se suma la crisis económica nacional que llevó a muchas familias que habían optado por establecimientos de gestión privada y hoy no pueden hacer frente al pago de las cuotas.
Está claro que la Ciudad tiene un gobierno al que no le interesa la Educación y eso se expresa en el modo en que adjudica los recursos. Así como en el Presupuesto 2019 Larreta destinó para cambiar baldosas el doble de fondos que para arreglar escuelas, en 2020 piensa gastar un 20 por ciento más en comisarías que en establecimientos educativos.

 Ante este panorama la lucha debe ser colectiva porque la problemática es generalizada. La falta de vacantes se inscribe en la línea de desescolarización que promueve el neoliberalismo y que para Larreta es religión.
En ese marco no nos sorprende el intento de cerrar escuelas, una amenaza que afecta tanto a niñxs del Lactario del Jardín del Ramos Mejía como a jóvenes y adultos que concurren a secundarias nocturnas. En ambos casos, con la acción sindical y la participación activa de la Comunidad Educativa, pudimos impedir esas políticas de desguace.

 Las y los docentes de la Ciudad tenemos claro que luchar tiene sentido. Lo ratificamos en las aulas y en las calles cada vez que el Gobierno de la Ciudad arremetió contra los derechos de estudiantes y trabajadorxs de la Educación. En 2020 seguiremos movilizadxs para que respeten la Constitución y las leyes.
* Eduardo López es secretario General de Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y Gremial de CTERA.
*Fuentes: Revista Qué / Infonews/ Agencias
Deuda Ilegítima y Odiosa
Resumen Latinoamericano */ 13 de enero 2020 .-
El Comité  para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) y  ATTAC Argentina (Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras Especulativas de Ayuda al Ciudadano), enviaron una carta al Secretario de Finanzas, Diego Bastourre en respuesta a la convocatoria del Ministerio de Economía, que abrió una casilla de correo electrónico para recibir propuestas de instituciones  y asesores financieros relativas al diseño del proceso de gestión de la sostenibilidad de la deuda externa de la República Argentina. «Una nueva situación se abre en Argentina a partir de diciembre de 2019, un nuevo gobierno que debe afrontar una grave crisis de la deuda. Es fundamental, que se constituya un vasto frente social y político con el objetivo de poner por delante,  por todos los medios necesarios, las soluciones que permitan liberar al pueblo argentino de la carga de una Deuda Ilegítima y Odiosa
Reproducimos carta de CADTM) y  ATTAC Argentina
Al Secretario de Finanzas
Sr.Diego Bastourre
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Ud. en nombre del CADTM (Comité  para la Abolición de las Deudas Ilegítimas) y  ATTAC Argentina (Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras Especulativas de Ayuda al Ciudadano), como organizaciones con larga trayectoria en el análisis y  participación en la temática de la Deuda Pública, en respuesta a la convocatoria del Ministerio de Economía, que abrió una casilla de correo electrónico para “recibir propuestas de instituciones  y asesores financieros relativas al diseño del proceso de gestión de la sostenibilidad de la deuda externa de la República Argentina”.
Nos preocupa  que esté comenzando nuevamente para la Argentina  una apurada  negociación de su Deuda  Pública.   Es ampliamente reconocido   que la imposición de intereses particulares, la improvisación y/o  el  ocultamiento  en este tipo de negociaciones  conllevan enormes costos económicos y sociales.
Argentina tiene, lamentablemente, una larga experiencia histórica de las consecuencias extremadamente negativas  de negociaciones sobre su Deuda Pública realizadas en forma rápida y  confidencial. De allí nuestra preocupación,  que se presenten propuestas a “libro cerrado”  al Congreso Nacional negociadas previamente en forma confidencial  como hecho consumado.
Cualquier acuerdo financiero  equilibrado, incluyendo  los habituales que  se realizan en forma generalizada en  la vida cotidiana , debe partir, elementalmente,  de:
i)  el acceso a  información completa de  los  actores y potenciales damnificados – en este caso, sin duda,  el pueblo argentino –
ii)  el rechazo a la  existencia de una evidente desproporción en la capacidad  y/o los tiempos de negociación de una de las  contrapartes.
No puede haber una aceptación  a libro de cerrado de la deuda exigida.  Tiene que haber una  indispensable  identificación previa, mediante una auditoria pública con participacion ciudadana activa, de los tenedores de títulos,  incluyendo la información completa de titularidad, fecha y precio de la secuencias de compra/venta de cada título y  agentes de intermediación, entre otros aspectos básicos.  La auditoría pública es  indispensable no  solo para  verificar  condiciones formales, sino como medida de transparencia que resulta imprescindible para diferenciar y  poner al descubierto   eventuales  maniobras de “agiotismo”, ocultamiento de activos, “insider trading” y otras prácticas,  lamentablemente,  generalizadas a nivel internacional. La auditoria sirve tambien para determinar si el uso que se hizo de la deuda contratada era legitimo u odioso.
Es imprescindible,  una  auditoria pública ciudadana de la deuda,   por el principio democrático elemental del “pueblo debe saber de qué se trata”. El  nuevo gobierno argentino ha expresado como compromiso público  “la transparencia y poner fin al uso del Estado por parte de grupos especulativos “. Una  auditoria transparente no   solo  es imprescindible  para determinar qué deudas son legales y cuáles no, cuáles son legitimas o no, sino también para contar con bases sólidas y argumentos para enfrentar las exigencias ilegitimas e/ o ilegales de los acreedores.
Es tambien imprescindible, una auditoria integral inspirandose en la experiencia de la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público (CAIC) en Ecuador en 2007-2008: “Se define como Auditoria Integral a la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el proceso de contratación y/o renegociación del endeudamiento público, el origen y destino de los recursos y la ejecución de los programas y proyectos que se financien con deuda interna y externa, con el fin de determinar su legitimidad, legalidad, transparencia, calidad, eficacia y eficiencia, considerando los aspectos legales y financieros, los impactos económicos, sociales, de género, regionales, ecológicos y sobre nacionalidades y pueblos.” (Articulo 2 del DECRETO PRESIDENCIAL – CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE AUDITORIA INTEGRAL DEL CREDITO PÚBLICO. 15 de julio de 2007 http://www.cadtm.org/IMG/pdf/Informe_Deuda_Externa.pdf )
Proponemos, por tal motivo,  las siguientes medidas básicas para el   “proceso de gestión de la sostenibilidad de la deuda externa de la República Argentina”. Éstas propuestas, por supuesto, están abiertas a ser discutidas y definidas con mayor detalle.
Como en toda negociación, las iniciativas/propuestas  no deben partir solo  de una de las partes,  los acreedores,  quienes por supuesto priorizan  sus propios intereses,  sino de la contraparte, el deudor, en este caso el pueblo de la  República  Argentina.
A) Consideración Jurídica como Deuda Odiosa 
Contrariamente a una versión errónea de esta doctrina, la Deuda Odiosa no concierne solamente a regímenes dictatoriales.
a) Haberla contraído en contra de los intereses de la Nación, o en contra de los intereses del Pueblo, o en contra de los intereses del Estado.
b)  Los acreedores no pueden demostrar que ellos no podían saber que la deuda era contraída en contra de los intereses de la Nación.
Pero hay que señalar que según la doctrina de la Deuda Odiosa, la naturaleza del régimen o del gobierno que la contrae no tiene especial importancia, ya que lo que cuenta es el uso que se hace de esa deuda.  Si un gobierno democrático se endeuda en contra del interés de la población, esa deuda puede ser calificada de odiosa, si también reúne la segunda condición.
El padre de la doctrina de la deuda odiosa, Alexander Sack dice claramente que las deudas odiosas pueden atribuirse a un gobierno regular. Sack escribió «una deuda regularmente contraída por un gobierno regular puede considerarse como incuestionablemente odiosa…» Sack definía un gobierno regular de la manera siguiente: «Debemos considerar un gobierno regular el poder supremo que existe efectivamente dentro de los límites de un territorio determinado. Que ese poder sea monárquico (absoluto o limitado) o republicano; que proceda de la «gracia de Dios» o de la «voluntad del pueblo»; que expresa la «voluntad del pueblo» o no, del pueblo entero o solamente de una parte de éste¸ que se haya establecido legalmente o no, etc., todo esto no tiene importancia para el problema que nos ocupa.»
B) Desestimar una negociación contra reloj:
El factor tiempo es fundamental en las negociaciones financieras.  El Presidente Alberto Fernández  ha hecho particular hincapié sobre las limitadas divisas que cuenta el país.   El drenaje  continúa,  pese a la introducción de restricciones cambiarias. Este hecho implica  una condicionalidad  desequilibradora  a favor de los que sí pueden esperar para imponer sus exigencias   (Ej: fondos   especulativos “buitre”, pero no solo ellos)
Resulta,  por lo tanto,  fundamental  no aceptar en el inicio de las negociaciones un “tolling agreement” (acuerdo de continuidad) que inhiba la previsión de un elemental “plan B” de fracasar las mismas en un tiempo tan acotado.
C)  La adopción de una ley contra los “Fondos Buitre”
Como lo mostró Bélgica en 2008, y luego en 2015, es posible aprobar una ley para combatir a los “fondos buitre” (Véase el texto de la ley ).
La ley es muy simple, consiste en plantear que un “fondo de inversiones”  no puede pretender una suma de dinero superior a la suma de dinero que, efectivamente, pagó para adquirir un título de deuda pública. Recordemos que lo que hacen los “fondos buitre” consiste en comprar a un precio muy bajo títulos de la deuda de un país en dificultades con el fin de obtener, vía judicial, una indemnización que puede representar un beneficio  ciento por ciento superior.
Si Argentina aprobara este tipo de ley, podría ayudar a protegerse contra la actuación de los “fondos buitre”. Si hubiera suficientes países que hicieran lo mismo, esos fondos podrían ser ampliamente neutralizados.  Sería necesario también rechazar, durante la emisión de títulos de Deuda Pública, la delegación en una jurisdicción extranjera (por ejemplo, los Tribunales de Nueva York) el poder de solucionar un litigio entre el país deudor y los tenedores de los títulos.
D) La suspensión del pago de la deuda
La suspensión del pago de la deuda forma parte de los medios que un país puede utilizar para afrontar una situación de crisis financiera y/o humanitaria. El país puede decretar una suspensión de manera unilateral y soberana no solo para aquellos títulos bajo jurisdicción local. Numerosos países utilizaron este recurso, por ejemplo, la propia Argentina a partir de 2001 y hasta 2005, por un monto cercano a 80.000 millones de dólares.
En un libro colectivo publicado en 2010 por la Universidad de Oxford,[1] Joseph Stiglitz afirma que Rusia en 1998 y Argentina durante los años 2000 probaron que una suspensión unilateral del reembolso de la deuda puede ser beneficiosa para el país que toma esa decisión. «Todo eso significa que la posición financiera del gobierno se refuerza, haciendo más probable (y no menos) que los prestamistas quieran de nuevo concederle préstamos.» (p. 48)  https://www.cadtm.org/Joseph-Stiglitz-muestra-que-una
Cuando un país logra imponer una reducción de deuda a sus acreedores y recicla los fondos anteriormente destinados al pago (de esa deuda) para financiar una política fiscal expansionista, eso produce resultados positivos: «En ese escenario, la cantidad de empresas locales que quiebran disminuye  porque los tipos de interés locales son más bajos que si el país hubiera continuado pagando la deuda, y porque la situación general del país mejora. Ya que la economía se fortalece, la recaudación de impuestos aumenta, lo que mejora,  también, el margen presupuestario del gobierno. […] Todo eso significa que la posición financiera del gobierno se refuerza, haciendo más probable (y no menos) que los prestamistas quieran de nuevo concederle préstamos. « (p.48) Por otro lado, en un artículo publicado por el Journal of Development Economics[2] bajo el título de «The elusive costs of sovereign defaults», Eduardo Levy Yeyati y Ugo Panizza, dos economistas que trabajaron para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presentan los resultados de sus minuciosas investigaciones sobre las suspensiones de pagos concernientes a unos 40 países. Una de sus conclusiones principales es la siguiente: «Los períodos de suspensión de pagos marcan el comienzo de la recuperación económica.» («Default episodes mark the beginning of the economic recovery».)
Argentina, como en 2001, no debería dudar en declarar una suspensión de pagos  de una duración a determinar. Dos años podría  constituir un lapso de tiempo mínimo, con una prolongación si fuera necesaria. Así permitiría, esa suspensión, la posibilidad de utilizar las sumas ahorradas para reactivar el consumo y la actividad económica en beneficio de la población.
Es recomendable realizar una suspensión selectiva; los pequeños ahorristas y los pequeños tenedores de títulos, así como los Fondos de pensión públicos y otras Instituciones públicas, deben estar exentos de la suspensión de pagos sobre la deuda interna, es decir que esas categorías de inversores continuarían recibiendo el reembolso de la deuda. Es totalmente normal instaurar una discriminación positiva con el fin de proteger a los «débiles» y a las entidades públicas nacionales en relación a los grandes acreedores privados y al FMI.
E) La obligación de los tenedores de títulos de la deuda argentina de identificarse ante las autoridades argentinas.
Las autoridades argentinas deberían reanudar una práctica que data de la primera mitad del Siglo XX: el establecimiento de una lista de tenedores de títulos y otras acreencias. En la resolución del conflicto entre México y sus acreedores, en los años 1940, los mismos se vieron obligados a hacerse conocer y algunos fueron excluidos del acuerdo que permitió la anulación del 90 % de la deuda mexicana. Los tenedores de títulos fueron obligados a presentar sus títulos y a registrarlos y estampillarlos ante las autoridades mexicanas antes de poder pretender una compensación (véase Marichal, Carlos. 1988. Historia de la deuda externa de America latina, Alianza América, Madrid, 2002, 322 p.)
Esa obligación permite,  especialmente, proseguir el pago con respecto a los «pequeños tenedores» de títulos o proponerles una indemnización favorable.
F) La realización de una Auditoría de la deuda con participación ciudadana
Es fundamental realizar una auditoría con la participación de la ciudadanía, con el objetivo de identificar la parte ilegítima y odiosa de la deuda (la parte ilegítima y odiosa podría representar, en este caso, una aplastante mayoría). Esa auditoría puede desembocar en un repudio de la deuda y/o en una reestructuración unilateral con una anulación más o menos importante.
G)  El no reconocimiento de los acuerdos firmados entre el FMI y Mauricio Macri en 2018.
Como lo demostraron varios juristas argentinos y muchos otros protagonistas, el acuerdo firmado por el FMI y Mauricio Macri es contrario a los intereses de la Nación argentina y/o al pueblo argentino. El FMI, concediendo un préstamo de 57.000 millones de dólares al gobierno de Macri violó sus propias reglas que consisten en que no se pueden otorgar fondos si generan una deuda insostenible. Es evidente, que prestando una suma tan enorme a Argentina en 2018, no era posible que se pretendiera que con ello la deuda devendría sostenible. La prueba se presentó menos de un año más tarde. Por su parte, Macri violó las leyes y la Constitución argentina que prevén que la firma de un acuerdo de ese tipo con el FMI, que tiene valor de Tratado Internacional, debe ser sometida a debate en el Congreso argentino que es quien debe aprobarlo. Además, el crédito fue otorgado porque Donald Trump, presidente de Estados Unidos, presionó a la dirección del FMI, con el fin de ayudar al gobierno de Macri, para que éste pudiera permanecer en el poder a pesar de la crisis y, ganar las elecciones de 2019. De esta forma Macri llevaría a cabo una política conforme a los intereses económicos, políticos y militares de Estados Unidos. Esa es la única razón por la que ese megacrédito fue concedido.  Dado que el pueblo argentino rechazó en las urnas la opción Macri y que éste no respetó la Constitución argentina, el nuevo gobierno tiene derecho a rechazar el reconocimiento de la validez del acuerdo firmado por su predecesor y el FMI. Pues, realmente es un caso de manual, previsto en la Doctrina de la Deuda Odiosa: durante un cambio de régimen, el nuevo gobierno no tiene por qué respetar las obligaciones contraídas por sus predecesores en materia de endeudamiento si éstos contrajeron una deuda en contra de los intereses de la Nación o del Pueblo (y en este caso, a su propio favor con el fin de mantenerse en el poder). Y está claro que la dirección del FMI lo sabía.
Es muy importante para Argentina aprender de los errores pasados y no reproducir el tipo de negociación que tuvo lugar con los acreedores en el período 2002-2010. (Consultar un análisis de esa renegociación en el artículo de Maud Bailly y Éric Toussaint  «Reestructuraciones frustradas de la deuda en 2005 y 2010 ».
En conclusión, una nueva situación se abre en Argentina a partir de diciembre de 2019, un nuevo gobierno que debe afrontar una grave crisis de la deuda. Es fundamental, que se constituya un vasto frente social y político con el objetivo de poner por delante,  por todos los medios necesarios, las soluciones que permitan liberar al pueblo argentino de la carga de una Deuda Ilegítima y Odiosa.
Estamos plenamente a vuestra disposición para ampliar informaciones y argumentaciones que estimen necesarias.
Saludamos a Ud. muy cordialmente,
Lic. María Elena Saludas (Coordinadora de CADTM – AYNA y de ATTAC – Argentina)
Economista Jorge Marchini (Integrante del CADTM – Internacional)
*Fuente: ANRed

Archivos desclasificados de AMIA fueron encontrados entre basura y vidrios
por Rosario Ayerdi * / Resumen Latinoamericano/ 13 de enero 2020 .–
Lo encontró la nueva interventora, Cristina Caamaño. Es un inmueble ubicado en la Ciudad. Hay 2 mil cajas de papeles y 5 mil escuchas.
Más de 2000 cajas de papeles y 5000 escuchas en casette y videos en VHS son parte de los archivos vinculados al atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que tiene la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que en 2015 se desclasificaron para poner a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación que lleva el caso. En la actualidad, muchos de estos registros se encuentran en un edificio en el que la falta de mantenimiento y abandono hacen peligrar el estado de las pruebas que aún no terminaron de analizarse.   Con el decreto 395/2015, la ex presidenta Cristina Kirchner desclasificó distintos documentos para que puedan ser analizados por la UFI-AMIA. Muchos de estos archivos ocupan gran parte de un edificio de Capital Federal que posee la AFI. La ubicación del edificio no puede ser revelada. 
Esta semana, Cristina Caamaño, la interventora del organismo, nombrada por Alberto Fernández, comprobó que hay pruebas que se encuentran en un inmueble en completo estado de abandono.  De acuerdo a las imágenes a las que pudo acceder PERFIL los registros están rodeados de escombros, basura, vidrios rotos, paredes con humedad, conexiones eléctricas clandestinas y cables averiados.   Desde su declasificación, la UFI AMIA a cargo de Sebastián Basso, Santiago Eyherabide y Roberto Salum logró digitalizar parte de la documentación pero aún queda más de la mitad de la información sin analizar y proteger, por lo que la decisión del Presidente es sacar de la parálisis a este organismo, avanzar con la investigación del atentado y que se  termine de estudiar los datos que fueron clasificados. Ahora, lo urgente para Caamaño será resguardar las pruebas que pueden haberse dañado por el estado de uno de los edificios en donde se guardan.    La ex presidenta aportó la documentación de los servicios en marzo de 2015, después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien por entonces estaba a cargo de la Unidad Fiscal AMIA y acusaba a Cristina Kirchner de presunto encubrimiento a Irán del atentado de 1994 por el que fallecieron 85 personas.   Dos años después, el entonces presidente Mauricio Macri también firmó un decreto por el cual desclasificaba la información secreta sobre el atentado. En ese momento, Kirchner acusó a Macri de tomar una medida que ella ya había tomado. “Leo hoy: ‘AMIA: el Gobierno desclasificará todos los archivos secretos de la ex SIDE’. Como lo ordenamos en decreto 395/2015. Sí, en 2015”, tuiteó al conocer la medida del ex presidente de Cambiemos la actual vicepresidenta.   En 2003 y 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner, también había puesto a disposición toda la información recolectada hasta entonces por Inteligencia. Estas desclasificaciones hicieron que haya miles de papeles, escuchas y videos en un depósito que, en la actualidad, no cumple con los requisitos necesarios para el resguardo de pruebas de un atentado terrorista que a casi 26 años sigue sin resolverse.   
MC

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