Resumen Latinoamericano, 20 abril 2020
«Sabemos que sos enfermera, váyanse del barrio vos y tu hija, nos van a contagiar a todos», le escribieron en Santo Tomé, donde vive. Mari Asselborn hizo la denuncia pero igual tuvo que irse.
Foto: «Me genera indignación y miedo», dice Mari Asselborn
En el marco de la cuarentena por la pandemia de covid-19, se produjo un nuevo hecho de discriminación hacia una trabajadora de la salud en la localidad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, donde Mari Asselborn, enfermera del Hospital Provincial Cullen, fue obligada a mudarse de su domicilio tras recibir amenazas de sus vecinos: «Sabemos que sos enfermera, váyanse del barrio vos y tu hija, nos van a contagiar a todos», escribieron los agresores en un cartel que pegaron en la puerta de la casa de la enfermera. «Me genera indignación y miedo, no me entra en la cabeza por qué hacen esto», aseguró Asselborn.
«Esta situación comenzó el sábado por la mañana, a las ocho más o menos, me levanto y, cuando salgo a pasear al perro, me encuentro con ese cartel pegado al lado del timbre. Yo le resté importancia pero igual lo subí a Facebook para denunciarlo», así comenzó su relato la enfermera en declaraciones a la radio LT10 de la ciudad de Santa Fe.
Sin embargo, el domingo Asselborn volvió a encontrarse con un nuevo cartel amenazante, donde se hacía referencia al posteo de Facebook, y decidió irse de su casa junto a su hija de cuatro años: «Por mi seguridad y la de mi hija decidí irme, me vine a la casa de una familia amiga que me ofreció pasar la noche porque no me quería quedar sola, el día anterior no dormí en toda la noche», aseguró la mujer. Además, de inmediato la enfermera decidió radicar una denuncia en la comisaría de su barrio, donde ahora intentan encontrar a los responsables de las amenazas.
Asselborn trabaja desde hace 17 años en el Hospital Provincial José María Cullen de la ciudad de Sante Fe, ciudad en la que hasta el momento hay 27 casos confirmados de coronavirus. La mujer es enfermera en los consultorios externos del Hospital y viaja todos los días desde la localidad de Santo Tomé, ubicada a cuatro kilómetros de la capital santafesina: «Puedo llegar a estar en contacto con enfermos de covid-19 porque estoy en consultorios externos y tranquilamente puede suceder, paro más allá de esto yo creo que las amenazas están relacionadas con ser enfermera en sí, en el barrio soy la única enfermera que hay y se la han tomado conmigo, pero conozco muchos colegas a los que les pasa lo mismo en los lugares donde viven, que les han dejado mensajes amenazantes», sostuvo.
Los otros casos
Este no es el primer caso que se conoce de amenazas a trabajadores de la salud o a sus familias desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país. La familia de Silvio Cufré, enfermero de 47 años que murió este domingo en la localidad de Alejandro Korn para convertirse en el primer trabajador de la salud fallecido por coronavirus, denunció que desde que Cufré fue diagnosticado no dejaron de recibir constantes amenazas por parte de sus vecinos para que se marcharan del barrio. Desde entonces, la familia debe ser custodiada las 24 horas por un móvil policial.
En este sentido, Asselborn pidió que se terminen las amenazas y discriminaciones contra los trabajadores de la salud: «Por más que, como en mi caso, una tenga a donde ir, la situación no puede ser así. No se le puede decir estas cosas al personal de salud, que somos la primera línea de fuego, no nos merecemos esto. Me genera indignación y miedo, no me entra en la cabeza por qué hacen esto», concluyó
Observatorio gremial. Para que “ocupar, resistir y producir” sea ley/ Informe sobre las violaciones a los derechos laborales
Resumen Latinoamericano*/ 20 de abril 2020 .-
EL DNU 367/2020 y el Covid- 19 como enfermedad profesional
La gravísima crisis mundial, provocada por la pandemia del COVID 19 ha puesto de manifiesto el rol insustituible del sistema público de salud y la necesidad de proteger a las personas y a la sociedad, por sobre el interés del mercado.
Desde la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas manifestábamos, pocos días atrás, nuestra preocupación por la situación que padecen las trabajadoras y los trabajadores que, pese al aislamiento social, preventivo y obligatorio, deben concurrir a trabajar, por pertenecer a actividades exceptuadas conforme al Decreto 297/2020, Decisión Administrativas 429/2020, y ahora también la 490/2020.
Vale recordar que instábamos a los empleadores a cumplir con todas las medidas de prevención indicadas por la autoridad sanitaria y por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo frente a la pandemia del Covid 19.
Afirmábamos también que, si no se cumplía con las elementales medidas de protección,generándose así un riesgo inminente para la salud y la vida de la persona que trabaja, el art. 75 de la LCT 20.744 – como asimismo, las normas del derecho común –reconoce al afectado el derecho a realizar una retención de sus tareas, sin menoscabo para su remuneración. Se trata de un derecho indiscutible, dentro del contrato de trabajo, frente a un grave incumplimiento patronal.
Destacábamos en esa oportunidad el rol fundamental de la acción sindical, y solicitábamos que se cumpliera con el funcionamiento de los Comité Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo. En la Provincia de Buenos Aires, la ley 14.408 y el decreto provincial 801/14 establecen la obligación de constituirlos, o, en su caso, la participación del Delegado de Prevención en cada establecimiento. Lo mismo regula la Provincia de Santa Fe mediante la ley 12.913. Asimismo, en algunos convenios colectivos de trabajo se prevé esa instancia paritaria en materia de salud laboral.
Para el caso que se trate de jurisdicciones en el país que no lo prevean, las y los delegados de base, o las autoridades de Comisión Directiva del Sindicato, serán quienes deban ser consultados, intervenir y controlar en cada lugar de trabajo que se adopten las medidas necesarias para cuidar a la integridad psicofísica de la persona, y en todo lo vinculado a la protección de la salud y seguridad laboral en cada establecimiento laboral.
Reafirmábamos también, en esa oportunidad, el rol primordial e indelegable de la autoridad de aplicación en sus distintos niveles, para controlar, inspeccionar y sancionar en su caso la falta de cumplimiento de la normativa de salud y seguridad.
Por otra parte, instábamos a que mediante el dictado de una norma se reconozca la enfermedad del COVID-19 y el trastorno de estrés postraumático contraídos por exposición en el trabajo, como enfermedad profesional para aquellas actividades que tengan exposición a su contagio.
Diversos sectores sindicales, algunos vinculados a la salud, iniciaron una campaña a fin de lograr el reconocimiento del COVID-19 como enfermedad profesional y la cobertura dentro del sistema de dicha afección.
Asimismo desde la UART se desató un poderoso lobby empresarial tendiente a limitar la inclusión y cobertura del coronavirus como enfermedad laboral, a efectos de reducir los costos de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
El día 13 de abril de 2020, mediante el decreto 367/2020, se estableció que la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se considerará “presuntivamente” una enfermedad de carácter profesional -no listada- respecto de las y los trabajadores exceptuados del aislamiento, sujeto a ciertas condiciones y plazos, estableciendo unadiferenciación respecto a los trabajadores de la salud.
Según el artículo 1, para las y los trabajadores que realicen actividades declaradas esenciales, en general, esta presunción operará mientras se encuentren vigentes las medidas que ordenan el aislamiento social preventivo y obligatorio.Conforme al artículo 2, al tomar conocimiento de la denuncia del infortunio laboral, acompañada del correspondiente diagnóstico emitido por entidad sanitaria, las aseguradoras de riesgos del trabajo (A.R.T.) no podrán rechazar la cobertura de esta contingencia y deberán brindar en forma inmediata, las prestaciones previstas en la Ley N° 24.557 y sus normas modificatorias y complementarias.
Entendemos que, conforme la normativa vigente, la persona deberá recibir todas las prestaciones sistémicas correspondientes hasta su curación (asistencia médica, farmacológica, prestaciones dinerarias, etc.) y,si se cura sin secuelas, deberá retornar a su actividad habitual.No obstante, si producto de la enfermedad, el trabajador o trabajadora queda con incapacidad – parcial o total -, o en el caso de fallecimiento, será, según este DNU, la Comisión Médica Central quien determine y confirme si hay relación causal entre la enfermedad y el trabajo.
En efecto, el art. 3º del DNU 367/2020 establece que la determinación definitiva del carácter profesional de la mencionada patología quedará, en cada caso, a cargo de la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) quien entenderá con carácter originario, y deberá establecer la relación de causalidad directa e inmediata entre la afección y la actividad laboral. La COMISIÓN MÉDICA CENTRAL podrá invertir la carga de la prueba de la relación de causalidad a favor del trabajador cuando se constate la existencia de un número relevante de infectados por la enfermedad COVID-19 en actividades realizadas en el referido contexto, y en un establecimiento determinado en el que tuvieren cercanía o posible contacto, o cuando se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad cierta de que el contagio haya sido en ocasión del cumplimiento de las tareas desempeñadas. Dentro del concepto de ocasionalidad debe incluirse el trayecto al trabajo.
Corresponde ponderar los riesgos de los traslados en transporte público y la normal aglomeración en los lugares de trabajo, lo que debería funcionar como presunción a favor de la víctima. La ley de probabilidades dice que es más que posible que la persona se contagie por el hecho o en ocasión del trabajo (LRT, art. 6º), que en otras circunstancias.
En los casos de trabajadoras y trabajadores de la salud se establece también una presunción legal, afirmándose en el art. 4° que se considerará que la enfermedad COVID19, producida por el coronavirus SARS- CoV-2, guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico.
Esto es, se establece una presunción a favor del carácter profesional de la enfermedad, que no requiere ratificación posterior de la Comisión Medica Central, pero que sí admite prueba en contrario por parte de la ART. Será esta entidad quien deba iniciar el procedimiento administrativo en ese caso.
Para este sector de trabajadores y trabajadoraslas presunciones rigen hasta los60 días posteriores a la finalización de la vigencia de la declaración de la ampliación de emergenciapública en materia sanitaria realizada en el Decreto 260/20 y sus eventuales prórrogas (es decir, 60 días posteriores al 12/03/2021).
Por otra parte, dentro del DNU 367/20 se establece que la cobertura del COVID-19 se paga con recursos del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, creado mediante el Decreto 590/97. Es decir, las ART no ven agravadas sus obligaciones en términos financieros, por lo que llama la atención que este DNU no haya avanzado mucho más en la cobertura del coronavirus como enfermedad profesional para todas y todos los trabajadores exceptuados de la cuarentena.
Por último, hay que mencionar que según su art. 7º esta norma aplica a todos los contagios cuya primera manifestación se haya producido a partir del 19 de marzo de 2020. Es decir que tiene efectos retroactivos.
Sin perjuicio del avance que, de alguna forma, implica la sanción del decreto de necesidad y urgencia mencionado, sabemos que dentro del restrictivo sistema de enfermedades profesionalesconsagrado mediante el art. 6 LRT 24.557, decreto 658/96 y 1278/2000 – y cuya lógica continúa esta norma – el reconocimiento y cobertura termina siendo ínfimo, de acuerdo alos restrictivos parámetros de causalidad que se exigeny el procedimiento laberíntico ante la Comisión Médica Central que se instituye.
En ese sentido, ratificamos la necesidad de reconocer la enfermedad del COVID-19 y el trastorno de estrés postraumático contraídos por exposición en el trabajo, como enfermedad profesional para todas aquellas actividades que tengan exposición alta a su contagio, en forma amplia y sin restricciones. El DNU que estamos analizando bien pudo reformar la LRT y autorizar al Poder Ejecutivo, en situaciones excepcionales (como la presente), a modificar el Listado de Enfermedades Profesionales.
Propiciamos, asimismo, que se cumpla con el Convenio 155 OIT y su Protocolo del año 2002, y Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 164), que establecen “…el término enfermedad profesional designa toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral”.
La protección de la integridad psicofísica de las personas que trabajan y el derecho al goce de condiciones dignas y equitativas de labor, se hallan garantizados por el art. 14 bis de la Constitución Nacional y múltiples tratados internacionales con jerarquía constitucional.
El sistema de riesgos del trabajo vigente jamás cumplió los objetivos de la seguridad social que lo fundamentan, en violación al mentado art. 14 bis CN.
El diseño establecido por la LRT 24.557 instituyó un sistema de externalización y socialización de costos empresarios, con transferencia de recursos de los trabajadores y trabajadoras asalariados al sector financiero. Colocó a las aseguradoras de riesgos del trabajo como gestoras del mismo, entidades privadas con fines de lucro, cuyo principal negocio es el mercado financiero, teniendo objetivamente intereses opuestos a las personas que trabajan.
La gravísima crisis mundial, regional y nacional provocada por la pandemia del COVID 19, ha puesto de manifiesto el rol insustituible del sistema público de salud y la necesidad de proteger a las personas y a la sociedad, por sobre el interés del mercado, cumpliendo con la manda constitucional del art. 14 bis CN y el seguro social obligatorio en materia de salud, que incluye, sin lugar a dudas, el subsistema de riesgos del trabajo.
Para que “ocupar, resistir y producir” sea ley
La recientemente creada Dirección Nacional de Empresas Recuperadas presentó en el Congreso un proyecto que recoge 20 años de experiencia y busca facilitar la tarea de aquellos trabajadores que se animan a autogestionar las fábricas que sus patrones abandonaron
Redacción Canal Abierto | Las trabajadoras y trabajadores de la Argentina demostraron que cuando los patrones defeccionan pueden recuperar el trabajo y asumir la conducción de las empresas por medio de la autogestión. Son sobrados los casos en que ante el cierre de una unidad productiva, bajo el lema “Ocupar, Resistir y Producir” los empleados volvieron a abrir las puertas de fábricas y empresas.
Hoy funcionan en nuestro país más de 400 empresas de este tipo, dando lugar a más de 18.000 puestos de trabajo autogestionado, que desarrollan sus actividades en los más diversos rubros de la industria nacional. A su vez el movimiento de fábricas recuperadas supo asociar el resurgir del ámbito laboral con un entramado social que a la vez de servir de apoyo permitió albergar y desarrollar espacios populares de acceso a educación, cultura, cuidados, formación e inclusión. Así, junto y dentro de las fábricas crecieron centros culturales, bachilleratos populares, centros de salud, salas teatrales y hasta un canal de televisión como Barricada TV que hoy emite su señal por la televisión digital abierta (TDA) desde la metalúrgica IMPA en el barrio de Almagro.
En el marco de la pandemia del coronavirus COVID-19 se agudizan las condiciones de fragilidad para las recuperadas que han crecido, la mayoría de las veces, sin la tutela estatal y, las más de las veces, luchando contra el ataque de reparticiones públicas, síndicos mafiosos y jueces que buscaban negocios en la liquidación de estas empresas.
Con más de dos décadas de desarrollo de esta experiencia que se estudia en el mundo, llegó hora de generar políticas estratégicas de reconocimiento y acompañamiento para un sector que ha demostrado viabilidad económica y compromiso social. Con este fin, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) que ha asumido la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas en el Ministerio de Desarrollo de la Nación, en la figura de Eduardo Murúa, ha presentado en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas (Expediente1400-D-2020).
La iniciativa -presentada por Leonardo Grosso y acompañada con la firma de las diputadas y diputados Juan Carlos Alderete, Héctor Bárbaro, Mabel Caparrós, Federico Fagioli, Itai Hagman, Graciela Landriscini, Mónica Macha y Ayelén Spósito– propone declarar de utilidad pública la recuperación de empresas por sus trabajadores, impulsa el reconocimiento institucional a esta experiencia y propone herramientas estratégicas de protección y desarrollo.
El proyecto de ley de “Recuperación de unidades productivas”
El proyecto propone que “toda Unidad Productiva que se encuentre en estado de cesación de pagos, cierre del establecimiento, abandono de sus titulares, desmantelamiento, vaciamiento por parte de las/os empleadores, disolución de la sociedad con causal de liquidación o de cierre por cualquier causa, y sin perjuicio de los procesos judiciales que pueda o no tener iniciados, podrá ser expropiada y cedida en favor de las/os trabajadores de la misma que se hallen conformados en cooperativas de trabajo o en trámite de constitución y que deseen continuar con la actividad productiva”.
La iniciativa parlamentaria prevé que el monto de la indemnización sea determinado por un acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y el juez o la jueza de la quiebra o concurso preventivo y determina la creación de un Fondo Fiduciario a efectos de pagar el monto de la indemnización. Este fondo se conformará con partidas previstas en la Ley de Presupuesto Nacional de cada año y el proyecto propone que el monto no sea inferior al 5% del presupuesto anual del Ministerio de Economía.
El Poder Ejecutivo cederá en comodato los inmuebles expropiados por la aplicación de esta ley a la cooperativa de trabajadores/as, para la consecución de su objeto social, con la condición de que ésta ceda parte de sus instalaciones, no utilizadas para la producción, para el desarrollo de actividades sociales, educativas, culturales, tareas de cuidados y/o de formación profesional.
La ley propone además una serie de exenciones tributarias para las empresas recuperadas y crea el Registro Nacional de Empresas Recuperadas (RENACER).
Aquellas cooperativas inscriptas en el RENACER tendrán acceso a una serie de beneficios:
- Asistencia técnica, jurídica y acompañamiento para la sustentabilidad económica de la empresa recuperada;
- preferencia como proveedores del Estado;
- tratamiento fiscal preferencial para favorecer el mantenimiento y generación de puestos de trabajo de la empresa;
- líneas de créditos, programas de fomento y desarrollo tecnológico;
- acompañamiento y asistencia por parte del Estado en los trámites correspondientes para la exportación de productos;
- acceso a la tarifa social para aquellos servicios afectados a la producción.
Ocupar, resistir y producir
“Seguramente nos encontremos, después de la pandemia, con un montón de empresas que no vuelvan a abrir, con despidos masivos y vaciamientos. Lo que estamos proponiendo es una ley que facilite la recuperación de las empresas que hoy en día está librada a la capacidad de lucha, organización y resistencia que tengan los trabajadores en las fábricas, que se hace difícil a veces. Esta ley supone que la empresa sea expropiada por el Estado y sea dada en comodato a una cooperativa de trabajadores que tenga la voluntad de continuar con la explotación”, sostiene Bruno Di Mauro, presidente de la cooperativa Farmacoop, ex laboratorio Roux Ocefa, quienes recientemente consiguieron la aprobación de la ANMAT para volver a producir y han montado una línea de producción de alcohol en gel.
“El trabajo es un bien muy escaso en el mundo y tenemos que defenderlo. Tenemos que defender cada puesto de trabajo en Argentina y es posible hacerlo. Hemos demostrado durante más de 20 años que con este método de lucha se puede recuperar una empresa, la pueden gestionar los trabajadores, es sustentable y rentable. A los compañeros y compañeras les diría que se organicen y se larguen a la lucha que se puede salir adelante”, alienta Di Mauro que junto a sus cien compañeras y compañeros sostuvieron la continuidad de la fuente de trabajo y hoy, tras tres años de lucha, comienzan a ver los frutos.
¿Es hora de un ingreso ciudadano en la Argentina?
La propuesta, debatida en España, volvió a instalarse en nuestro país para neutralizar los efectos de la pandemia. Distintas voces denuncian la desigualdad reinante y acercan ideas que, haciendo números, no parecen tan lejanas
Por Pablo Bassi | Nada pareciera alcanzar en una Argentina paralizada, con 10 millones de trabajadores sin ingresos fijos. Ni siquiera el impuesto por única vez a las grandes fortunas, que por estas horas diseñan diputados del Frente de Todos, y que redundaría en algo más de 66 dólares por habitante. ¿Sería necesario garantizar un salario universal de sobrevivencia? ¿Es posible?
El escenario de pandemia dio impulso a la idea en España y hoy se encuentra en la agenda de la coalición de gobierno. El Papa bregó por ella en un mensaje a los movimientos populares días atrás, y en nuestro país comenzó a circular en boca de dirigentes, periodistas y economistas bajo la denominación de renta universal o ingreso de ciudadanía.
Se trata de un percibimiento básico, incondicional y para todos. Incluso para ricos, porque el mecanismo corrector de esa distorsión es un sistema impositivo progresivo. Varios países lo implementaron durante las últimas décadas, aunque de manera segmentada: Finlandia, Alaska, Namibia, Brasil, México o la Argentina, con la AUH.
La primera vez que se planteó aquí fue en 2001, cuando el Frente Nacional contra la Pobreza (FreNaPo), impulsado por la CTA, propuso construir un piso básico de ingresos mediante un seguro de empleo y formación para jefes desocupados de hogares, más una asignación universal por hijo, más una jubilación universal.
“El ingreso de ciudadanía tiene una actualidad impresionante -dice Claudio Lozano, promotor del FreNaPo, director del Banco Nación-. Porque la Argentina tiene hoy un problema grave: 8.500.000 de personas que transitan por el campo de la informalidad laboral y 2 millones de cuentapropistas en blanco. En total, casi 11 millones de hombres y mujeres que hoy no pueden salir a trabajar”.
Lozano sostiene que, de universalizarse la AUH, el salario social complementario y la jubilación, podría asistirse a esas 11 millones de personas que en los próximos días accederán, por única vez, al Ingreso Familiar de Emergencia decretado por el Gobierno.
“No podemos seguir manejándonos con criterios de transitorialidad: hoy te pago, el mes que viene no. Tampoco con criterios de condicionalidad”, agrega Lozano.
Condicionalidad
“La condicionalidad tiene que ver con la meritocracia”, señala Corina Rodríguez Enríquez, economista, investigadora del CONICET y del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP) que dirige Rubén Lo Vuolo.
Y agrega: “Porque, si bien quienes tienen altos ingresos no perciben AUH, desgravan en su declaración impositiva la tenencia de hijos. Y a cambio, el Estado no les exige que los vacunen o manden a la escuela. Es una diferenciación muy clasista”.
Rodríguez Enríquez pone en evidencia que, si estuviese implementado un ingreso ciudadano, el Estado no tendría por qué emitir ingresos familiares de emergencia ni bonos. “No puede ser una política de emergencia, sino de existencia”, afirma.
Por su parte, Lozano hace números:
-¿De cuánto estamos hablando?
-Suponiendo que los pobres no reciben renta del Estado, garantizarles un ingreso para que dejen de ser pobres implicaría 6 puntos del PBI. Para que los indigentes dejen de serlo, 1 punto del producto. Y en condiciones normales, donde los pobres tienen un ingreso, la diferencia para alcanzar ese umbral equivale a 3 puntos del producto. Magnitudes posibles.
Y razona: “en la Argentina, 114.000 personas tienen patrimonios netos superiores al millón de dólares. Con una alícuota del 0,75% de Bienes Personales se podría terminar con la pobreza”.
Son varios los enfoques que legitiman el ingreso ciudadano. Entre ellos, el de remuneración a un trabajo que el mercado no reconoce, necesario para reproducir las condiciones de vida: tareas domésticas o cuidado de niños y mayores, por ejemplo. En 2013, el INDEC demostró que las mujeres dedican a esas laborales seis horas y media; los hombres tres.
“Es un argumento válido, pero controvertido -señala Rodríguez Enríquez-. Las feministas te podríamos decir que el ingreso ciudadano va contra la redistribución del trabajo de cuidado. Aislado, termina consolidando las relaciones de género patriarcales”.
Por eso, Rodríguez Enríquez afirma que son necesarias políticas públicas que otorguen más licencias para padres o que ofrezcan servicios de cuidado. El Ministerio de las Mujeres cuenta con una dirección nacional trabajando el tema.
Genealogía de una idea
Desde sus orígenes, el concepto de salario o renta universal nació como respuesta al cambio tecnológico en el capitalismo. El menor empleo de mano de obra, uno de los efectos más importantes, trae aparejado una tendencia a la baja en el nivel de empleo, rotación, precarización, deterioro de ingresos, caída de la demanda, concentración de riqueza.
El capitalismo meritocrático no ofrece el mismo acceso a la formación que exigen las nuevas tecnologías. Tampoco busca incorporar a los excluidos, reduciendo la jornada laboral y manteniendo el nivel de empleo. El problema, para el sistema, es individual.
Ilustración: Marcelo Spotti
Para la OIT, los jóvenes serán los más afectados económicamente por la pandemia
Desde la entidad internacional explican que esto se debe a la dificultad para que este sector acceda al empleo formal. La tendencia se amplía junto con el avance del coronavirus.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indicó que a raíz de la pandemia los más jóvenes serán los más afectados en materia económica. Desde la entidad internacional explicaron que esto se debe a la dificultad que tiene este sector etario a la hora de formalizar su situación laboral.
Según la OIT, las cifras del año próximo pasado refuerzan esta tesis ya que “una de cada cinco personas menores de 25 años (267 millones) no trabajan ni estudian, ni tampoco se forman”. “Las crisis golpean más duro a los más vulnerables. Uno de esos grupos es el juvenil, particularmente expuesto al impacto socio-económico de la pandemia. La transición hacia el empleo decente es un enorme desafío para ese sector”, subrayaron.
Al mismo tiempo, el organismo laboral tripartito mundial hizo hincapié en esta franja de la población por ser los más afectados a raíz de ser “los primeros en sufrir el recorte de horas laborales o despidos”.
“La ausencia de redes y experiencia dificulta la búsqueda de otro empleo decente, por lo que son empujados hacia tareas de menor protección jurídica y social. Los emprendedores jóvenes y sus cooperativas afrontan problemas similares a partir de las dificultades económicas para obtener recursos y financiación, y ese sector desconoce cómo afrontar escenarios comerciales complicados”, detallaron.
Asimismo, la organización mencionada destacó que los jóvenes se desarrollan generalmente en actividades que se encuentran seriamente comprometidas por el avance de la pandemia, como el comercio, industria, hotelería, entre otros, con lo cual se encuentran afectados directamente.
Por último, aseguraron que “son los más amenazados por la automatización total o parcial, por lo que urge de parte de los gobiernos de los países medidas de apoyo o estímulo”.
| El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma presentó la actualización del siguiente informe en el que se sistematizan más de 200 denuncias realizadas por trabajadores y trabajadoras referidas a distintas violaciones a derechos laborales que han tenido lugar en el marco del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional. Este documento, además, fue enviado oportunamente al Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, con el fin de ponerle un límite a los abusos patronales en el marco de la presente emergencia sanitaria. El trabajo en el marco de la emergencia sanitaria: despidos, suspensiones, rebajas salariales y deficiencias para asegurar la salud de las y los trabajadores El informe apunta a sistematizar denuncias por violaciones a los derechos laborales realizadas por trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales durante la cuarentena, y constituye una actualización de la información presentada por el Observatorio del Derecho Social de la CTA-A el 28 de marzo. Se incluye información proveniente de más de 200 denuncias y reclamos colectivos de trabajadores y trabajadoras de diferentes actividades de todo el país que han señalado, de una u otra forma, incumplimientos por parte de las patronales de las disposiciones vigentes. Este conjunto de cuestiones requieren ser abordadas con carácter urgente a fin de poder transitar la emergencia. En particular, se ha denunciado la falta de delimitación clara entre las líneas de producción que deben seguir funcionando y otras que claramente no son esenciales y que incluso podrían fortalecer la producción de aquellos bienes que son imprescindibles para la subsistencia del conjunto de la población; también se han efectuado reclamos frente a conductas patronales que no garantizan las condiciones necesarias de salud y seguridad en el trabajo; finalmente, se sistematizan casos de denuncias por despidos, suspensiones y reducciones salariales que se han profundizado en las últimas dos semanas. En particular, a partir de las denuncias y reclamos se abordan abordar las siguientes cuatro dimensiones con carácter de urgente: ● Determinar con la mayor precisión posible las áreas de la producción que deben continuar funcionando y fortalecerlas con la redistribución de los recursos y trabajadores que se desempeñan en las áreas o líneas de producción no esenciales; ● Garantizar las máximas condiciones de salud y seguridad en el trabajo, principalmente aquellas que hacen a la consecución de los objetivos de las políticas sanitarias fijadas por el Ministerio de Salud; ● Fortalecer la protección de los puestos de trabajo y los salarios durante la cuarentena, generando medidas eficaces para garantizar la prohibición de los despidos y suspensiones dictada por Poder Ejecutivo; ● Garantizar la actividad sindical, la libertad de circulación de dirigentes y abogados gremiales, y fortalecer los mecanismos oficiales para la presentación de denuncias como protección principal de quienes están desarrollando actividades. Además, el documento, junto a la carta enviada al ministro Moroni, reclama en torno a la determinación de las áreas de producción esenciales. Para bajarInforme completo del ODS-CTAA: |
EL SALARIO DEL MIEDO
Millones de trabajadores se arriesgan a diario al contagio, atravesados por la necesidad de trabajar
“En esta pandemia la escuela es la gran organizadora social”
Angélica Graciano. Secretaria General de UTE (CABA)
Cada vez sobrevuela mayor angustia cuando mencionan que para el fin de la cuarentena habrá más contagios, más internados y más muertos. Los que se resisten a resignar algo de lo mucho que acumularon para paliar la crisis buscan los argumentos más miserables a medida que avanza el proyecto de impuesto a la cúpula empresarial. ¿De dónde puede salir la guita para asistir a los más débiles? Pronto para su consideración está un gravamen extraordinario en el marco de la pandemia. Un pago equivalente al 2% de las ventas globales de cada empresa podría ser distribuido para paliar las necesidades más urgentes, buscando recaudación entre los grandes ganadores de la distribución de la renta. Se podría recaudar 3.400 millones de dólares actuales, apenas un 0,9% del PIB, que aportaría un aire indispensable para las arcas del Estado.
El ministro Martín Guzmán explicó los conceptos centrales de la propuesta de reestructuración de la deuda con los bonistas privados. 1) No pagar por 3 años. A partir de ahí tasa del 0,5% inicial llegando a un máximo de 2,33%. 2) Quita de intereses de 37.900 millones de dólares equivalente a un 62% y de capital de 3.600 millones que representa un 5,4%. 3) La propuesta que se llevará al FMI es de no pagar por 3 años y no hacer ajuste fiscal. «Lo que dicen los acreedores es que tiene que haber más ajuste fiscal, continuar por el sendero del ajuste rápido (…) eso destruiría el futuro de millones de argentinos y no lo vamos a permitir”, señaló.
Además de responder a la crisis de endeudamiento que dejó el gobierno de Macri, la propuesta representa la toma de la iniciativa política en materia económica y explica el proyecto de gravar a los sectores más ricos y disciplinar a los especuladores eternos para que se sometan a las decisiones del poder político. Habrá ríos de tinta, rumores, desmentidas, amenazas, maniobras, pero la flecha en el aire va camino al corazón de la patria especulativa.
Viviendo con el enemigo
El salario del miedo es el título de una histórica película que relata con angustiante suspenso la lucha de cuatro hombres por su libertad mientras conducen camiones cargados con nitroglicerina explosiva a través de accidentados caminos de una selva. Al menor sacudón todo estallaría por los aires. Aquella ficción enmudece hoy ante el multitudinario escenario de la vida cotidiana de millones de trabajadores atravesados por la necesidad de salir a sus trabajos.
Cuatro muertos en el metro de Madrid y casi 60 fallecidos denunciados por el sindicato del subte de Nueva York (agrupa personal de una única empresa de buses y subtes) pusieron en alerta a los Metrodelegados por la desaprensión con que Metrovías viene aplicando el protocolo. La secretaria de Organización del Sindicato del Subte, Virginia Bouvet, señaló que “la empresa no intervino con un caso sospechoso (debería haber interrumpido el servicio las últimas horas del domingo para desinfectar y aislar a la gente que estuvo en contacto con el compañero). Sensibles como están los trabajadores tras la batalla del asbesto, fue la base del gremio quien aplicó el protocolo y la empresa se vio obligada a sacar los trenes con personal de supervisión”.
La Federación de Sindicatos de Profesionales de la Salud está construyendo un registro nacional de contagios, que a media semana ya superó los 200 casos de trabajadores de la salud con Covid-19 de un total de 14 provincias. Del Sanatorio de La Providencia en la Capital al Hospital Belgrano de San Martín, nuestra sociedad paga el precio de la escasa gimnasia en asepsia y elementos de protección sin la humanidad en el centro. Denuncias del Sindicato de Sanidad habían anunciado contagios en el Hospital Italiano porteño. El gobernador Axel Kicillof fue sometido al test tras su visita al Hospital Belgrano, con resultado negativo.
La ecuación laboral que atraviesa los sentimientos de miedo y necesidad llega a su resultado más visible en los empleados de los comercios que tienen contacto con el público. Las denuncias de silenciados test positivos del virus en las sucursales de Coto son el resultado de una inevitable circulación de la enfermedad por las góndolas, los servicios de delivery y las cintas transportadoras de las cajas, allí donde mueren las ilusiones ante la carestía. Sin el cuidado ni los recursos disponibles (como en las temidas aglomeraciones de los bancos) todo es igual, nada es mejor. Menos mal que abren de nuevo los locales de Pago Fácil y Rapipago y evitan las colas ante modestos kiosquitos. Verdulerías, carnicerías y pequeños negocios fuera de la cuarentena ven circular un mundo de deliverys en negro, empleados temerosos y propietarios desesperados por sobrevivir. La muerte que acecha tras el coronavirus es una triste realidad cotidiana.
“Por un lado tenemos suerte de poder salir a la calle a laburar alguito para llevar un mango para el alquiler y la diaria. Como somos jóvenes, los mensajeros y los deliverys nos sentimos un poco más inmunes, aunque a sabiendas de que después podés contagiar a alguien más en tu casa. Intentamos tomar todas las precauciones posibles, con todas las limitaciones que tenemos. “Al que le toca le toca, la suerte es loca”, dice mi hija en joda, aunque solo nos vemos a lo lejos cuando voy a verla. Este laburo no es chiste, algo de miedo te da entregar paquetes a suerte y verdad. La elección termina siendo infectarte o ver que los tuyos se cagan de hambre, ahí tenés la delgada línea roja entre salud y enfermedad”.
Enemigo invisible vs. ejército invisibilizado
“Es impresionante el trabajo que vienen desarrollando lxs docentes desde las casas y en las propias Escuelas; garantizando los aprendizajes y la continuidad pedagógica de lxs chicxs, y entregando alimentos para que a ninguna familia le falte un plato de comida sobre la mesa. Donde está la Escuela, está la Patria y, dentro de ella, los docentes que la honran y dignifican”, dice Roberto Baradel.
Para Silvia Almazán, secretaria adjunta de SUTEBA, “en las actuales situaciones de aislamiento social se han modificado las condiciones laborales, la jornada laboral, los vehículos tecnológicos para trasmitir el conocimiento y los contenidos educativos, muchas veces con la paradoja de enfrentar nuevas tecnologías que sus alumnos manejan mejor. Las autoridades de cada escuela son agentes presenciales en los comedores donde se preparan las raciones para los alumnos. Se han cambiado, en la provincia de Buenos Aires, las raciones de desayuno almuerzo o merienda por bolsones que contienen los alimentos necesarios para consumirlos en casa. Eso implica la preparación de cientos de raciones en cada escuela donde llegan los packs con los paquetes de fideos, botellas de aceite, leche en polvo, latas de tomate, etc., para convertirlos en unidades que se entregan a cada familia independiente de la cantidad de comidas que recibiera el alumno en la escuela. Cada entrega de alimentos implica el armado de un millón de bolsos que se distribuyen en toda la provincia.
Eduardo López, de UTE y secretario general de la CTA de los Trabajadores (CABA), agrega: “Las tareas pedagógicas que desarrollamos a distancia resultan novedosas y exponen una serie de dificultades propias de la falta de inversión educativa en el distrito más rico del país, donde hace años se discontinuó la entrega de netbooks a lxs estudiantes. Diariamente nos encontramos con una enorme disparidad en el acceso a la tecnología y la conectividad de las familias, lo que complica el desarrollo de la continuidad educativa”.
“Apenas iniciada la cuarentena, tuvimos hacer presentaciones para exigir que dejaran de ofrecer sandwiches de puro pan y frutas magulladas a las familias que buscaban un refuerzo alimentario para sus hijxs. Esta semana el GCBA ofrece para que lxs niñxs desayunen durante 14 días, cinco manzanas, unos saquitos de té y mate cocido y leche en polvo que rinde menos que los dos litros de larga vida en cartón que entregaron hace dos semanas. Mientras se niega a equipar a lxs docentes que participan de la entrega de comida, Larreta compra barbijos a 3.000 pesos, en una licitación escandalosa por la que, tarde o temprano, deberá rendir cuentas ante la ley».
Madres, maestras, militantes sociales, todo eso son las y los educadores en tiempos de la peste. En Santa Fe, más de 6.000 trabajadores están afectados a los comedores escolares (directores, vicedirectores, ecónomos, docentes) y todos ellos realizan la tarea pedagógica. “Las clases no van a volver porque nunca se fueron”, repite una y otra vez Sonia Alesso, la Secretaria General de la CTERA y dirigente del gremio en la provincia de Santa Fe.
Alineados con la responsabilidad social
La parálisis de la actividad económica está privando a los sindicatos y a las centrales sindicales de su principal herramienta de presión: el paro, movilización, la asamblea. Hasta las elecciones sindicales se han suspendido. En ese contexto la realidad se divide entre quienes trabajan compelidos por la responsabilidad social y los que están suspendidos rogando que el porcentaje del salario que perciben alcance lo máximo posible. El documento de la CGT conocido el jueves último contiene proclamas generales y sólo pide comités interministeriales en los que estén representados el sindicalismo y las patronales para administrar la apertura económica. Todas las fracciones del movimiento obrero se alinearon detrás del gobierno y desde ahí buscan posicionarse.
Tanto las siderúrgicas Acindar, como el grupo Techint anuncian que para el mes de abril solo pagarán el 75% del salario de bolsillo. “El salario promedio bruto para la planta de Acindar, en la Matanza, apenas llega a los $ 45.000 (deducido el 19,5% de aportes y la quita del 25% que pretenden apenas restarían $27.000 para vivir)”, asegura Hugo Melo, secretario general de la UOM local.
La presión patronal para reiniciar la producción se manifiesta a través de sus comunicadores en los medios hegemónicos, en sus reclamos al gobierno, a los sindicatos y a los propios trabajadores, quienes en muchos casos se desesperan por la disminución de sus ingresos. No se trata de mero cálculo político. Son conglomerados que operan así en casi todo el mundo. Sobre esa base, Antonio Caló aceptó el pago de las suspensiones al 70% a los metalúrgicos del resto de las ramas del sector, con cláusulas de no despido y aportes a la obra social.
Un decreto presidencial clausuró los corcoveos de las ART que pretendían no reconocer al coronavirus como enfermedad profesional, buscando que los beneficiarios obligados a cumplir tareas y sometidos al peligro del contagio, no puedan gozar de la protección de la ley de riesgos del trabajo. Un buen comienzo para la separación quirúrgica que se debe producir entre el acceso a la salud y su comercialización, y para los trabajadores solventar con sus propios aportes a través de las obras sociales la atención del infortunio. Un triunfo de la Intersindical de Salud donde se juntan todas las corrientes sindicales. El mundo que viene signado por la enfermedad y la muerte va a exigir un cambio profundo en este tema.
Dónde hay un mango, viejo Gómez
Los trabajadores debemos mirar en todos los bolsillos del gran ropero nacional a ver si encontramos una moneda. Ojo que los especuladores y los intermediarios se están quedando con una gran porción de los billetes emitidos con destino asistencial. Los bancos se niegan al salvataje de las pymes y habrá que apretarlos porque la responsabilidad no es de La Bancaria sino de los banqueros. No se trata solo de conseguir plata, sino de lograr que no te la roben. Es esperable la furia del “mercado”, que ya complementa los despidos y las bajas de salario con un golpe de mano asaltando el dólar y unificando discursos mediáticos quejumbrosos para que pidan la renuncia del equipo económico. ¡En el concurso de alcahuetería La Nación y América TV dejan a TN a la izquierda!!! En un pase sin mirar a lo Ginóbili evitan contar que en los países capitalistas desarrollados han tomado medidas keynesianas de urgencia para salvar sus economías y atender la crisis sanitaria. De Estados Unidos al Reino Unido, de Alemania a Francia, esos países han inyectado miles de millones de dólares sin chistar (entre el 10 y el 20% de sus gordos PBI). Pero acá se quejan por un mordisquito a su cuantiosa ganancia.
Según datos del INDEC, las 500 empresas de mayores ventas del país acumularon 67.300 millones de dólares de ganancias netas en el período 2016-2018. En el marco de la devaluación y la crisis, la rentabilidad aumentó del 8,5% al 11,7% entre 2017 y 2018. Sin embargo, la tasa de inversión neta –descontadas las amortizaciones– cayó del 8,5% al 2,2% del valor de producción en el mismo período. No solo acumularon importantes ganancias que no volcaron a la inversión, sino que lo mantuvieron en reservas dolarizadas que hoy podrían constituir una ayuda importante en la crisis agudizada por el coronavirus.
La pandemia, como las grandes bajantes de los ríos, nos muestra lo que hay en el fondo. El capitalismo neoliberal como eje del mundo global está supurando y se vuelve nauseabundo. La muerte que está apareciendo en las calles por todos lados convoca a la reflexión y a la acción colectiva para construir lo que viene.
*Con información de : CTA A //Cohete a la Luna// Canal Abierto// Agencias
Norma Durango presentó un proyecto para que se declare la Emergencia por Violencia de Género
Resumen Latinoamericano, 20 de abril de 2020
La senadora pampeana, Norma Durango presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia por dos años. Advirtió sobre el crecimiento de las estadísticas durante el aislamiento.
Norma Durango, como presidenta de la comisión de la Banca de la Mujer en el Senado Nacional, presentó un proyecto de ley que propone declarar la emergencia pública en materia social por violencia por razones de género por el término de dos años.
El objetivo de la iniciativa, dijo Durango, es «prevenir y revertir el número de víctimas por violencia de género en todos sus tipos y modalidades en nuestro país».
En su proyecto, la legisladora propuso declarar en todo el territorio de la Nación, según lo dispuesto en el artículo 75 inciso 23 y en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social por violencia por razones de género por el término de dos años, que podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo por igual plazo «si subsisten las razones que la han originado».
«Queremos, necesitamos, nos urge que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de las áreas competentes, adopte las medidas necesarias para la implementación de una ley de emergencia por violencia, que permita dotar del presupuesto necesario al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para cumplir su función de órgano de aplicación de la Ley No 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y que a la vez, dé facultades a la Jefatura de Gabinete para disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para hacer frente a la emergencia», detalló.
Esta declaración es un pedido de larga data de la militancia por los derechos de las mujeres. Y que recrudeció durante este año, donde las estadísticas de casos de femicidios, sobre todo durante el periodo de aislamiento, aumentaron exponencialmente.
La senadora pampeana remarcó que su preocupación por la problemática «no es nueva» y que de ello «dan cuenta las distintas iniciativas que he presentado en estos años». En 2018 había presentado un proyecto similar que fue tratado en la Comisión Banca de la Mujer, junto con iniciativas similares de otras senadoras nacionales. «Si bien arribamos a un consenso, el mismo perdió estado parlamentario», se lamentó.
«He decidido volver a presentarlo, con el objetivo primordial de prevenir y revertir los casos de violencia por razones de género, y de contribuir, desde el lugar que ocupamos en el Congreso Nacional, a hacer uso de los instrumentos de los que disponemos para ello», apuntó.
«Esta medida busca constituirse como una verdadera herramienta que permita avanzar de manera concreta y efectiva sobre una problemática que día a día se cobra más vidas de mujeres en nuestro país. Coordinar, fortalecer, reforzar, capacitar, implementar son palabras con mucha fuerza de acción pero que sin los presupuestos suficientes quedan cual meras declaraciones de voluntad. Hoy nuestro país nos exige respuestas efectivas y rápidas frente a una situación tan compleja y preocupante», fundamentó.
Medidas.
El proyecto de Durango prevé una serie de «medidas prioritarias» para enfrentar la problemática y dotar a los dispositivos del Estado. Una de ellas es «coordinar con los gobiernos provinciales y municipales la asignación de recursos presupuestarios y la implementación de capacitaciones para la conformación de las Unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en la prevención y asistencia de hechos de violencia por razones de género».
Propone crear para las mujeres que se encuentren en situación de emergencia social por violencia de género una asignación económica mensual equivalente a un salario mínimo, vital y móvil a cargo de ANSES «durante todo el tiempo que las mismas se encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta tanto se reinserten laboralmente según cada caso».
También propone crear en todo el territorio nacional al menos un Hogar de Protección Integral o refugio en cada jurisdicción y fortalecer el sistema de alerta temprana y geolocalización inmediata a utilizar en situaciones de violencia de género en coordinación con las fuerzas de seguridad federales, provinciales, municipales y los poderes judiciales locales.
También reclama reforzar los mecanismos de articulación y coordinación con el Poder Judicial de cada provincia «para garantizar el acceso a la justicia de las personas que están en situación de violencia» y hacerlos también en función de los mecanismos de «acceso rápido y efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva».
Propone fortalecer las capacitaciones obligatorias para todas las personas que se desempeñen en la función pública y revalorizar las redes territoriales de acompañamiento comunitario que trabajen con situaciones de violencia por razones de género, así como «suscribir convenios de cooperación con organismos nacionales, provinciales e internacionales».
Fundamentos.
En los fundamentos, Durango remarca que «el femicidio es la máxima expresión de la violencia contra las mujeres» y recordó que durante 2019, según datos oficiales, se registraron 327 femicidios en Argentina, lo que representa un promedio de 27 mujeres asesinadas por mes.
«De estos asesinatos, el 84% fueron cometidos por hombres conocidos o del círculo íntimo de las víctimas; el 23% de las mujeres eran jóvenes de entre 15 y 25 años; y el 63% de las víctimas fueron asesinadas en sus propias casas. El hogar sigue siendo el lugar más inseguro para las mujeres víctimas de violencia de género ya que el 33% de ellas fueron asesinadas dentro de la vivienda compartida, el 19% en la casa de la víctima, el 14% en un descampado, el 9,5% en la vía pública y el 5% en la casa de un familiar o en un hotel alojamiento», analizó.
Remarcó que la situación de aislamiento por la pandemia de coronavirus «torna aún más dramática la vida de cientos de mujeres». «El aislamiento recrudece la problemática de la violencia de género fundamentalmente porque las mujeres están obligadas a una convivencia forzosa con sus agresores», advirtió.
Apuntó que desde comenzó la cuarentena decretada por el Poder Ejecutivo se registraron 22 femicidios. «Una mujer fue asesinada cada 29 horas. Y si tenemos en cuenta los casos desde el 1 de enero de este año, al 30 de marzo se registraron 86 femicidios, el 62% de ellos en la vivienda de la mujer; en el 65% de los casos cometidos por parejas o exparejas», subrayó.
Además, recordó el reciente informe de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta quien explicó que los llamados a la Línea 144 se incrementaron en un 39% en relación a la primera quincena de ese mes.
«Valoramos enormemente el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad frente a esta realidad. No podemos dejar de mencionar las recientes medidas adoptadas, y que como bien nos detalló la ministra Gómez Alcorta, implican reforzar las acciones y los dispositivos nacionales de atención a las personas en situación de violencia por motivos de género», destacó.
Entre esas medidas, se determinó que la atención de la Línea 144 es un servicio indispensable en el marco de la emergencia sanitaria reforzándose sus canales de atención.
El Proyecto
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA PÚBLICA EN MATERIA SOCIAL POR VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Artículo 1°: Declárese en todo el territorio de la Nación, según lo dispuesto en el artículo 75 inciso 23 y en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social por violencia por razones de género por el término de DOS (2) años, que podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo por igual plazo si subsisten las razones que la han originado.
Artículo 2°: La presente ley tiene por objeto prevenir y revertir el número de víctimas por violencia de género en todos sus tipos y modalidades, en el territorio nacional.
Artículo 3°: El Poder Ejecutivo Nacional, a través de las áreas competentes, adoptará y dictará las medidas necesarias y urgentes para la implementación de la presente ley, dotando del presupuesto necesario al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para cumplir su función de órgano de aplicación de la Ley No 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, en acuerdo con las facultades y funciones que la misma le confiere.
Artículo 4°: Facúltese a Jefatura de Gabinete de Ministros a disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para hacer frente a la emergencia declarada, entre las que se deberán considerar, las siguientes medidas prioritarias:
a) Coordinar con los gobiernos provinciales y municipales la asignación de recursos presupuestarios y la implementación de capacitaciones para la conformación de las Unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en la prevención y asistencia de hechos de violencia por razones de género, según lo previsto por el artículo 10 inciso 2 de la Ley Nº 26.485;
b) Crear en todo el territorio nacional al menos UN (1) Hogar de Protección Integral, refugio y/o casa de abrigo en cada jurisdicción y fortalecer todas las estrategias de protección a las personas en situación de violencia por razones de género.
c) Fortalecer el sistema de alerta temprana y geolocalización inmediata a utilizar en situaciones de violencia por razones de género en coordinación con las fuerzas de seguridad federales, provinciales, municipales y los poderes judiciales locales en lo que respecta al ámbito territorial de su competencia;
d) Reforzar los mecanismos de articulación y coordinación con el Poder Judicial de cada provincia para garantizar el acceso a la justicia de las personas que están en situación de violencia por razones de género.
e) Fortalecer los mecanismos de acceso rápido y efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva.
f) Fortalecer las capacitaciones obligatorias en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 27.499;
g) Fortalecer las redes territoriales de acompañamiento comunitario que trabajen con situaciones de violencia por razones de género;
h) Suscribir convenios de cooperación con organismos nacionales, provinciales e internacionales, que tengan por objeto prevenir la problemática de la violencia de género.
Artículo 5°: Se establece, para las mujeres que se encuentren en situación de emergencia social por violencia por razones de género, una asignación económica mensual equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante todo el tiempo que las mismas se encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta tanto se reinserten laboralmente según cada caso.La reglamentación de la presente ley establecerá los requisitos y la modalidad de otorgamiento de la asignación económica, siendo la misma compatible con las asignaciones, beneficios y seguros de capacitación y empleo que el Estado Nacional otorga a las mujeres y a sus hijos/as.
Artículo 6º: El Poder Ejecutivo Nacional adoptará las medidas necesarias para celebrar convenios y coordinar acciones para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, en articulación con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con el Poder Judicial de la Nación.
Artículo 7º: La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación.
Artículo 8°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
Prensa Norma Durango
Fuente: Diario Digital Femenino
Envio:RL
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