Reclamo y enfrentamientos tras la detección de un caso de coronavirus
La Unidad Antidisturbios reprimió la protesta en el penal. Según la versión oficial, la víctima murió por heridas punzantes en medio de un “enfrentamiento entre internos”.
Una persona detenida en el complejo penitenciario de Florencio Varela murió durante un motín que se desató luego de una larga serie de reclamos tras la detección de un caso de coronavirus en ese penal. El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) informó que la víctima fue producto de un “enfrentamiento entre internos”. La Unidad Antidisturbios reprimió la protesta.
El hecho se produjo en el sector de máxima seguridad de la Unidad 23, una de las cinco cárceles que funcionan en ese complejo ubicado en el sur de la provincia de Buenos Aires. La versión de las fuerzas de seguridad es que dos grupos antagónicos se enfrentaron.
Hubo protestas en distintos pabellones y en los techos de la cárcel. A las pocas horas de iniciado el motín, la Unidad Antidisturbios reprimió la protesta y redujo a quienes la lideraban, junto a varios de los detenidos.
El SPB confirmó a este diario que lo que provocó el fallecimiento de uno de los internos fue una “herida punzocortante” y aseguró que “la situación ya está controlada”. Luego, a través de un comunicado afirmó que la muerte se produjo “como consecuencia de un pelea entre dos grupos de internos”, en la que hubo “armas caseras (facas)”.
El texto oficial sostiene que, debido a “la absoluta imposibilidad de entablar un diálogo”, el personal penitenciario “ingresó para frenar la reyerta”. “Además de la persona fallecida, hay internos con heridas leves y también personal penitenciario que ha sufrido diversas lesiones”, aseguró.
La fiscal que está a cargo de la investigación es la titular de la UFI N° 9, Roxana Giménez, y el ayudante fiscal Cristian Granados, quienes se encuentran en el penal.
Coronavirus en el penal
Hace tres días, el Servicio Penitenciario confirmó que en la Unidad 42 de ese complejo se había detectado el primer caso de coronavirus de un interno en la Argentina. Se trata de un hombre de 49 años condenado a cadena perpetua por el asesinato de su hija de 8 años.
Debido a los problemas renales que padece, es habitualmente tratado con diálisis en el Hospital Interzonal de Agudos Presidente Perón, de Avellaneda. La novedad ocurrió el viernes pasado, cuando una vez en ese centro asistencial se le detectó que tenía fiebre. Los médicos le realizaron un hisopado y el domingo se confirmó que el test de covid-19 había dado positivo.
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Al menos una decena de agentes penitenciarios y varios detenidos que estaban en contacto frecuente con él fueron puestos en aislamiento preventivo, a la guarda de los resultados de los análisis.
El caso redobló las alarmas en las cárceles debido a la sobrepoblación y el hacinamiento que los internos padecen en la mayoría de ellas. En la cárcel de San Martín, varios detenidos comenzaron una huelga de hambre para exigir el traslado de quienes no tienen condena firme e integran los grupos de personas con factores de riesgo frente a la pandemia.
Ezeiza, Jaguel, Monte Grande: Contra el hambre y los despidos se multiplica el «ollazo» en el Gran Buenos Aires
Resumen Latinoamericano, 22 abril 2020
Desde este pasado lunes las organizaciones sociales Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional, OLP-Resistir y Luchar y Frente Arde Rojo (FAR en Marabunta), de las localidades: Ezeiza, Jaguel y Monte Grande, de ña provincia de Buenos Aires, vienen realizando diversas ollas populares en el marco de las serias dificultades por las que están pasando los sectores más carenciados de la sociedad.
El «Ollazo», asi se definió la movida, es parte de una decisión tomada por organizaciones sociales agrupadas en un frente de lucha por la difícil situación que atraviesan los comedores populares, en el marco de la pandemia por el Covid 19.
Como dicen las organizaciones que a nivel nacional están llevando adelante esta iniciativa de emergencia, «la pandemia y las medidas de aislamiento, que consideramos necesarias y exitosas, profundizaron los niveles de pobreza y miseria que se vive en los barrios más humildes del país».
A esta situación se le suman los despidos en masa que las grandes empresas están generando día a día con total impunidad. Todo ello lleva a que como siempre es el propio pueblo el que tiene que apelar a las recetas tradicionales para ayudarse solidariamente. La olla popular actúa en este caso como posibilidad de acercar un plato de comida adonde tanto se necesita. Es por eso que la militancia del FPDS-CN, la OLP-RL y el FAR se dedicaron con entusiasmo (cubriendo todas las normas de autoprotección) a poner las ollas a punto y generar un abrazo solidario a los vecinos de varias zonas del conurbano.
Aquí van las fotos de vecinos y vecinas de la OLP-Resistir y Luchar de Jaguel en plena tarea de preparar la olla
(abajo) OLP-RL de Monte Grande
(abajo) vecinos y vecinas del FPDS Corriente Nacional de Ezeiza
Por otra parte las organizaciones que figuran al pie, vienen coordinando extender esta práctica en todos los sitios donde la pobreza y la falta de comida apriete. Y comunican lo siguiente:
El #OllazoNacional que realizamos durante la semana pasada arrojo datos contundentes: en los más de mil comedores que tenemos las organizaciones de este espacio, comen 200 mil personas todos los días.
Frente a esa situación es urgente que se acelere y se incremente la entrega de alimentos para los comedores populares que somos los que venimos sosteniendo el alimento diario de lxs vecinxs de los barrios más pobres del pais. No hay más tiempo que perder, el hambre no espera.
Durante esta semana vamos a seguir garantizando las ollas y anunciando que acciones tomamos para que se escuche nuestro reclamo y para que los alimentos lleguen a donde deben llegar.
*AUMENTO DE ALIMENTOS A LOS COMEDORES POPULARES.
*AUMENTO PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LAS COOPERATIVAS.
*AUMENTO PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LAS COOPERATIVAS.
- UNIVERSALIZACION Y CONTINUIDAD DEL IFE.
*BONO EXTRAORDINARIO A LA AUH MIENTRAS DURE LA EMERGENCIA SANITARIA.
*ASISTENCIA INMEDIATA, ECONÓMICA Y PSICOLÓGICA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
*EQUIPAMIENTO PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS QUE ESTÁN EN LA PRIMERA LÍNEA.
*PROTOCOLO SANITARIO E INFORMACION PARA LOS BARRIOS
*CREACIÓN DE COMITE DE CRISIS EN LOS BARRIOS
*IMPUESTO EXTRAORDINARIO A LA RIQUEZA
*REPATRIACIÓN DE LOS CAPITALES FUGADOS Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA EMERGENCIA.
*LA DEUDA ES CON EL PUEBLO, NO CON EL FMI.
FOL –Frente de Organizaciones en Lucha, MTD Anibal Veron, Frente Popular Dario Santillan, Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Dario Santillan Corriente Nacional,Izquierda Latinoamericana Socialista, MULCS- Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social), MRP- Movimiento Resistencia Popular,, FAR- Frente Arde Rojo/COPA, FOB La libertaria, FOB Autonoma, MTR por la Democracia Directa, OLP-Resistir y Luchar
En Argentina sigue la cuarentena y el gobierno ayuda a las empresas
Rubén Armendáriz / Resumen Latinoamericano / 22 de abril de 2020
El gobierno argentino mantendrá el aislamiento social a nivel nacional más allá de domingo 26, mientras avanza en la idea de una cuarentena administrada en la que se seguirán habilitando áreas y actividades que no representen riesgo de contagios, principalmente en zonas del interior del país donde el virus covid-19 no circula.
En el inicio de los meses más fríos, la idea de una vuelta a la vida normal con los niños en clases y adultos mayores caminando por las calles parece todavía lejana. Ahora el pico de contagiados se aguarda para junio y se espera que sea «muy chatito», pero ese dato dependerá de lo que se haga durante mayo.
De los 3.144 casos de covid-18 registrados en el país, 866 son importados, 1.346 son contactos estrechos de casos confirmados, 618 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. El total de muertos ascendió al 21 de abril a 151.
Los gobernadores de los estados coinciden con el presidente Alberto Fernández en mantener el aislamiento, dados los buenos resultados, pero también están ansiosos de que las golpeadas economías regionales vayan saliendo del parate y solicitaron que así como se habilitó la obra pública también se le de luz verde a la construcción privada.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en manos de la oposición macrista, dio marcha atrás la resolución que limitaba drásticamente la circulación por la vía pública de los mayores de 70 años durante la cuarentena, luego que la justicia la declaró inconstitucional y violatoria de los derechos y garantías.
Mientras, el gobierno nacional ratificó que ampliará y flexibilizará los programas para ayudar a las empresas, incluidas las que tienen más de cien trabajadores, aportando al pago de salarios, con el fin de impedir las suspensiones o despidos, y estableció créditos a tasas cero para los empleados independientes y monotributistas que no tengan otro trabajo ni inversiones.
La administración de Alberto Fernández ya había tomado fuertes medidas de protección para los sectores sociales más afectados por la alta cifra de pobreza heredada del pasado gobierno neoliberal de Mauricio Macri.
Las medidas para proteger el empleo en la pandemia vienen frenando el aumento de los despidos. El primero de abril el gobierno prohibió los despidos por 60 días, y ahora anunció el pago del 50 por ciento de los salarios de los trabajadores de las compañías que demuestren una sensible caída de las ventas, aprobó créditos para el pago de sueldos de unos cinco millones de trabajadores y habilitó créditos a tasa cero para los monotributistas o autónomos.
Adicionalmente, pagará cerca de ocho millones de Ingresos Familiares de Emergencia para los trabajadores informales y autónomos y unos 130.000 seguros de desempleo. Si a esto se suma el empleo público, se visualiza una cobertura muy extendida, de casi todo el universo de la población económicamente activa.
Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, aseguró que con estas medidas, a las que se destinará el equivalente a tres por ciento del PIB, habrá mayor certidumbre cuando se supere la crisis generada por la pandemia del Covid-19. Lo que intenta el gobierno es evitar que se rompan los contratos de trabajo, cuando algunos sectores negocian suspensiones, lo cual no garantiza la preservación de la fuente laboral.
Todas las empresas podrán acceder a este beneficio denominado ‘salario complementario’, que será equivalente a 50 por ciento del salario neto del trabajador, con un piso de un salario mínimo y un tope de dos mínimos. Se calcula que ocho de cada 10 trabajadores van a estar cobrando la mitad o un poco más del salario a través de la Administración Nacional de de Seguridad Social.
De esta manera, 420 mil empresas (de un total en el país de 600 mil) ya se inscribieron para recibir el beneficio. El gobierno decidió también que se mantendrá la postergación en el pago de contribuciones patronales.
Contenidos los despidos, el efecto más generalizado del primer mes de confinamiento es hoy la reducción de los salarios. Al 15 de abril el número de empleados que sufrieron reducciones en sus salarios ya supera los 287 mil casos, 30 veces más que dos semanas antes.
Obviamente, la situación económica de los empleados formales perjudica la de la economía popular, porque si se gana menos, sencillamente se gasta menos. Y una de las premisas es mantener funcionando, aunque se a media máquina, la economía del país.
Esteban Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), señala que el sector organizado ha podido construir alrededor de 10.000 comedores en el país sostenidos por vecinas que han abierto las puertas de su casa para que los niños y niñas no pasen hambre.
“Están dadas las condiciones para discutir una planificación estratégica del Estado, distinta a la que se viene desarrollando en el país, Latinoamérica y el mundo. Queremos trabajo, pero también ser parte de un planteo que no ponga el eje estrictamente en el consumo guiado por las grandes corporaciones”, señaló Castro.
* Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.
Envio:RL
Diputadas proponen cinco años de cárcel a quienes agredan a trabajadores del sector salud
Los trabajadores del sector salud a cualquier nivel tienen que luchar contra la pandemia de coronavirus que azota nuestro país, pero durante el periodo de cuarentena se sumó un enemigo nuevo, pues también deben cuidarse de la discriminación y los ataques de la población que se hicieron constantes por el supuesto miedo infundado que existe entre la gente a contraer la enfermedad COVID-19.
Ante los recientes acontecimiento alrededor del tema, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, y la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, presentaron una iniciativa que propone sancionar con hasta cinco años de cárcel a la gente que atente contra personal del sector salud.
La iniciativa se hizo del conocimiento público a través de las redes sociales personales de las legisladoras, así como en el perfil oficial de Twitter de la Cámara de Diputados y su página de noticias oficial en internet.
Así mismo, las diputadas buscan agravar las penalidades por discriminación a especialistas médicos, enfermeras, enfermeros, con el objetivo de proporcionar seguridad, dado que “arriesgan su salud, integridad e, incluso, su propia vida, por atender la emergencia sanitaria causada por la propagación del coronavirus, causante de COVID-19”.
La iniciativa, aclararon “blindará a médicos y enfermeras de aquellas agresiones que no ameriten pena punitiva, ya que no todos los ataques que se han manifestado en contra de este sector constituyen por sí mismas una conducta tipificada en ordenamientos penales y no pueden ser perseguidas como tal”.
Su propuesta comienza con una adición en el artículo 149 Ter del Código Penal Federal donde se establezca que cuando las conductas de discriminación sean cometidas en contra de personal del sector salud durante el tiempo que corresponda a una emergencia sanitaria declarada en términos de la Ley, la pena que corresponda se incrementará hasta en una tercera parte.
Por otra parte, se haría una inclusión del artículo 199 Sextus 1 del Código Penal Federal, donde se prevé establecer que al que cometa un delito contra personal del sector salud en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le imponga de uno a cinco años de prisión, en adición a la pena que le corresponda por el delito cometido.
Por último, se propone una reforma en el artículo 427 de la Ley General de Salud, donde se contemplaría sancionar con arresto de hasta 36 horas a la persona que realice o inste a realizar actos de violencia, en cualquiera de sus modalidades, contra personal del sector salud.
Como precedente mencionaron las 22 quejas de violencia en contra del sector salud que se han realizado en la Ciudad de México, otras 12 en el Estado de México, cuatro más en Guanajuato y Nuevo León, así como tres en Jalisco y tres más en Puebla.
La tendencia, aseguraron, ya alcanzó a un total de 22 entidades entre las que se suman Aguascalientes, Querétaro, Morelos, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Baja California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Durango, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa.
Por último, las legisladoras argumentaron que dichos ataques de maltrato, violencia y discriminación se derivan de la desinformación, así como el temor de la población, mismos que “podrían ser colmado con la información pertinente”. Además, revelaron que desde la Cámara de Diputados ya se iniciaron diferentes campañas de concientización.
Fuente:CentrodeInformes
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