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23 de julio de 2020
Nuevas huellas y nuevas causas del Plan Cóndor en la Argentina.
Nuevas huellas y nuevas causas del Plan Cóndor en la Argentina 22 de Julio de 2020 Los últimos hallazgos de la Justicia, algunos inesperados testimonios y el ejercicio incansable de la Memoria, siguen echando luz sobre nuestro pasado reciente.
Recientemente, fueron localizadas una casa en la calle Bacacay que
funcionaba como anexo del centro clandestino “Orletti”, en el barrio
porteño de Floresta, así como terrenos en el distrito bonaerense de
Chascomús adquiridos con el producto de saqueos durante el
terrorismo de Estado. Ambos hallazgos, que no son los únicos,
alimentan la prueba en una causa del Plan Cóndor que se halla en
proceso, a cargo del juez Rafecas, y también en otra instruida ante el
juez de Dolores Alejo Ramos Padilla y que ya ha sido elevada a juicio
oral.
El fiscal federal Juan Pablo Curi confirmó el pasado 16 de julio la
elevación a juicio oral y público de una causa contra cuatro herederos
de un integrante de la banda paraestatal de Aníbal Gordón, por lavado
de los activos resultantes de apropiaciones ilegales durante el
terrorismo de Estado, y que por ello son consideradas delitos de lesa
humanidad, informaron fuentes judiciales. El pedido de elevación a juicio había sido realizado por Curi y por la
Unidad de Información Financiera (UIF) en el marco de una causa
que tramita en el Juzgado Federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos
Padilla, y que está caratulada “Castro, Juan Eleodoro y otros
S/imposición de torturas”.
Los acusados son hijos del represor de la dictadura Leonardo Miguel
Save, ex agente inorgánico de la SIDE de estrecha relación con Aníbal
Gordon en las acciones de represión ilegal que se llevaron a cabo en el
centro clandestino de detención ilegal Automotores Orletti.
Se trata de terrenos emplazados frente a la la laguna de Chascomús
y que fueron comprados por Save con dinero que la banda de Gordon
había robado a militantes uruguayos del PVP (Partido por la Victoria
del Pueblo) que estuvieron cautivos en Orletti, varios de los cuales
están desaparecidos.
Los imputados son los hermanos María Natalia, Ana María, Marcelo
Leonardo y María Eugenia Save, quienes habrían participado
desde 1999 en una serie de actos irregulares tendientes a borrar
el origen ilícito de estas propiedades.
En una operación típica de la Operación Cóndor (más conocido
como “Plan Cóndor”), un grupo de agentes argentinos y uruguayos
secuestraron en septiembre de 1976, en Buenos Aires, al militante
del PVP Alberto Cecilio Mechoso Méndez.
Mechoso Méndez era uruguayo, estaba exilado en la Argentina e
integraba el ya mencionado PVP), organización fundada en Lanús,
provincia de Buenos Aires, que se oponía al autogolpe y a la dictadura
iniciada al otro lado del Plata por Juan María Bordaberry. “Pocho” Mechoso Méndez había sido secuestrado poco antes de la
operación inmobiliaria que hoy se investiga, a fines de setiembre de
1976. Sus restos fueron identificados por un equipo de antropología
forense en 2012.
Gordon y su banda robaron del domicilio de Mechoso Méndez varios
millones de dólares que el partido –de signo anarco-socialista y ligado
a las cooperativas agrarias- había rescatado del Uruguay para financiar
sus actividades. Un mes después del secuestro y asalto, en 1976,
fueron compradas las parcelas en Chascomús, según datos que se
consignan en la causa.
En esos terrenos, la banda planeaba desarrollar un proyecto
inmobiliario, algo que no llegó a concretarse debido a una disputa
con el gobierno de facto de la provincia de Buenos Aires, en los
años de la dictadura.
Esta investigación se inició tras una denuncia realizada por organismos
de derechos humanos, los que alertaron sobre la existencia de una
fosa común con restos de desaparecidos justamente en Chascomús,
algo que aún no pudo ser verificado, al decir de las mismas fuentes
judiciales.
Los hijos de Save ya habían sido procesados y embargados en 2018
por el juez Ramos Padilla, quien determinó que se cometieron ilícitos
en cuanto al registro de estas propiedades.
Un anexo de “Orletti”, en Floresta
A principios de este mes, el juez federal Daniel Rafecas pudo identificar
un inmueble que funcionó como centro clandestino de detención, en el
barrio porteño de Floresta. El magistrado dispuso el “no innovar” para
que el inmueble ya no sufra más alteraciones, además de ordenar
un registro fílmico y fotográfico del sótano del lugar. La vivienda es
actualmente una casa de familia y está ubicada en la misma manzana
en la que funcionó el centro clandestino de detención "Automotores
Orletti", informaron a Télam fuentes judiciales.
Según la pesquisa, en la casa
ubicada en Bacacay 3570
habría funcionado un centro
clandestino de detención
dependiente de la Secretaría
de Inteligencia del Estado
(SIDE) en la dictadura, al mando
del fallecido general del Ejército Otto Paladino.
La investigación es parte de la megacausa por violaciones a los
derechos humanos consumadas en el ámbito del Primer Cuerpo
del Ejército y está vinculada con delitos de lesa humanidad cometidos
en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", verdadera
bisagra de la acción represiva del Plan Cóndor en la Argentina.
En la actualidad, se desarrolla un quinto juicio por los crímenes
cometidos en Orletti, en el que hay cuatro imputados, con sentencias
anteriores, acusados de cometer delitos de lesa humanidad en
perjuicio de once víctimas.
La acusación se encuentra a cargo del fiscal Pablo Ouviña, quien
aguarda información para determinar si corresponde hacer una
instrucción complementaria que le aporte información al proceso oral
que se encuentra suspendido como consecuencia de la pandemia de
coronavirus.
Memoria argentina de sobrevivientes uruguayos
El pasado 24 de mayo, la televisión pública argentina presentó un
valioso documental sobre la militante social uruguaya Sara Méndez,
quien fue secuestrada de su casa durante la última dictadura
civico-militar y separada de su hijo Simón, de apenas veinte días de vida.
La dirección y el guión de ese documental son de Sara Kochen y en él
se cuentan la vida de Sara y el postergado reencuentro con su hijo,
hecho que se dio en 2002, al final de una larga búsqueda.
La protagonista de la historia es una maestra y militante de izquierda
uruguaya que debió exiliarse en la Argentina en 1973 junto a otros
militantes del PVP. Militó en la clandestinidad junto a su pareja, Mauricio
Gatti, y quedó embarazada de su primer hijo, Simón, el 22 de Junio de
1976.
Fue secuestrada por un grupo de tareas dependiente de la SIDE y
del Ejército y llevada al centro clandestino Automotores Orletti, en el
barrio porteño de Floresta. Allí fue sometida a torturas y a condiciones
de vida infrahumanas. Más tarde fue trasladada ilegalmente a
Montevideo, junto con otros detenidos, y permaneció clandestinamente
en prisión durante cinco años. Al recuperar su libertad, inició la
búsqueda de Simón y tuvo para ello gran acompañamiento social, pese
a la retiscencia de diferentes gobiernos.
A mediados de marzo de 2002, con la colaboración del periodista y
militante Roger Rodríguez y del senador Rafael Michelini, se enteró
de que un examen genético confirmaba que un joven argentino
llamado “Aníbal”, era en realidad Simón, su hijo de veinte días
arrebatado de sus brazos el 13 de junio de 1976.
Hoy Simón Antonio Gatti Méndez es el nieto recuperado 119, para
las Abuelas de Plaza de Mayo.
Pero no terminan allí las huellas del Cóndor, como tampoco la memoria
argentina de esa militancia uruguaya que sufrió el exilio y la represión
ilegal en los años de la dictadura.
En una modesta casa de la calle Balbín (ex Isleta) número 564 del
barrio de Valentín Alsina, Lanús, Provincia de Buenos Aires, fue
fundado en julio de 1975 el
Partido por la Victoria del Pueblo
(PVP), ese partido que integraron
desde el primer día Mauricio
Gatti (padre del nieto recuperado
119) y también Sara Méndez,
su madre.
“Antes de que transcurrieran 18 meses desde la fundación del partido
–se lee en la web del PVP, integrante de la coalición Frente Amplio)
toda la dirección, menos un integrante, y numerosos participantes
como delegados fueron secuestrados y desaparecidos a través del
Plan Cóndor”
Entre los desaparecidos del PVP se encuentran Gerardo Gatti,
León Duarte, Gustavo Inzaurralde, Alberto Mechoso Méndez,
Elena Quinteros y Jorge Zaffaroni. El único sobreviviente de la dirección
fue Mauricio Gatti, padre de Simón, que falleció en 1991.
Según un proyecto de ley presentado en el Parlamento provincial
en 2013, con las firmas de las diputadas Natalia Gradaschi y Karina
Nazabal y con el apoyo político de la Secretaría de Derechos Humanos
bonaerense y del entonces diputado del Frente Amplio uruguayo
Luis Puig, la casa de Balbín 564, Lanús, sería expropiada para crearse
allí la Casa de la Memoria Latinoamericana.
No fue posible, a causa de las
restricciones y el receso de las
legislaturas provocados por el
Covid 19, verificar si el proyecto
de
marras conserva estado
parlamentario.
De cualquier modo, consultada por Télam, quien es hasta el
momento Cónsul General de la República Oriental del Uruguay
en la Argentina, Lilian Alfaro, manifestó su alegría de saber que
los ejercicios de Memoria y las búsquedas de la verdad y la justicia
para sus compatriotas que fueron víctimas del terror de este lado
del Plata, continúan. Porque eso es lo importante.
fundado en julio de 1975 el 
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