Por Juan Pueblo, Resumen Latinoamericano, 17 de julio de 2020
En esta carta enviada por un preso social a nuestros colegas de la Agencia para la Libertad, se expone todo el drama que se vive en las prisiones, agudizado ahora por el Covid 19.
Compañeros de la Agencia Para la Libertad, no sé si con esta carta logre algo, o cambie en algo lo que nos está pasando. Yo pongo mi granito de arena y busco que por este medio llegue a leerlo la gente, que no se dejen llevar por lo que dice la televisión o por lo que informan los «jeques» de estas instituciones que supuestamente están para resocializarnos. Quiero contar que esto llega a parecerse a un centro clandestino de tortura camuflado. Por ejemplo, en la Unidad N°4 de Bahía Blanca hacinan a los internos infectados por covid-19 en un aula de la escuela, durmiendo en el piso ya que no hay camas para todos los infectados, bajo un frío intenso, y así van a las duchas. Hay muchos que esperan el hisopado y no se los hacen, es casi seguro que tengan covid-19 porque estuvieron mucho tiempo hacinados con los que ya están contagiados, pero nadie se ocupa.
Los buzones (celdas de castigo) están de huelga a mirillas cerradas para que no puedan filmar lo que hace el SPB a los que iniciaron la medida. Entran, los cagan a palos por el solo hecho de pedir un poco de humanidad pacíficamente. Estamos cansados de que nos marginen o nos traten como animales, que el servicio penitenciario coma con la mercadería que nos deposita la familia que tanto le cuesta.
Yo sé que muchos piensan de que por algo estamos acá y que tendríamos que haber pensado antes de salir a robar lo que nos iba a pasar. Yo sé que los errores se tienen que pagar y me hago responsable de mis actos y no pido que me larguen así como si nada. Esto es un pedido de auxilio por que están dejando morir a los pibes y a los que no están enfermos con tiros y palazos, los callan para que no cuenten lo que está pasando. Instalaciones que se caen a pedazos, falta de alimentos ya que el negocio es pasar boleta. ¿Sanidad? Ja. Ni hablar. Con un Tafirol solucionan todo, tenés que salir con la panza rota para que te den cabida.
Particularmente, yo me encuentro en la U°19 de Saavedra y tendría que estar con un tratamiento estricto por una sífilis mal tratada que está afectando mi sistema nervioso ya hace unos años. Y solo me dan Tafirol. Cada día es más claro porque a la cárcel se le dice la «TUMBA». Cada vez es más cierta.
Le pido a las personas a cargo de estas instituciones, a los derechos humanos que por favor no se olviden de nosotros, porque nos están dejando morir acá adentro, como animales. No estamos exigiendo la libertad sin fundamentos. Hay pibes que están pasados de los beneficios y siguen acá especulando si con esta pandemia volverán a ver a sus familias algún día, onda que si te contagias que la familia te recuerde como eras, porque de acá vamos derecho a una bolsa negra.
Ya pagamos muy caro nuestros errores y el sentimiento de estar lejos de un hijo es indescriptible, en mi caso tengo un hijo de 4 meses que todavía no conozco por lo que está pasando. Y con todo esto ojala logre llegar a conocerlo. Bueno, compañeros de la Agencia Para la Libertad, espero que nos puedan ayudar, desde acá vamos a luchar para que esta tortura se termine. Les dejo un fuerte abrazo a la distancia.
Fuente: Agencia para la libertad.
La policía jujeña asesinó a dos presos que reclamaban medidas de bioseguridad
Por Oscar Castelnovo/ APL, Resumen Latinoamericano, 17 julio 2020
La Policía jujeña asesinó a Marcelo Montenegro y Dardo Vicente Yapura, dos presos enjaulados en el penal del Gorriti, este jueves. Los crímenes se cometieron a pesar de que quienes protestaban habían firmado un «acta-acuerdo» con el juez de Ejecución Penal Carlos Emilio Cattan: «Hemos hecho lugar a los pedidos de los amotinados”, dijo el magistrado en diálogo con los familiares de los cautivos al asegurar que “no habrá represalias con los reclusos”. Los detenidos solo reclamaban lo que marca la ley y recomendó la ONU: libertades asistidas, condicionales, prisiones domiciliarias y justas calificaciones del concejo criminológico, ante el avance de la covid-19 en la provincia. Y la respuesta fue una cruenta represión a los privados de libertad y a sus familiares que, angustiados, aguardaban en las afueras de este campo de concentración Siglo XXI.
Para la Mesa Coordinadora contra la Violencia Institucional «la mayor RESPONSABILIDAD de lo que sucedió y el saldo que dejó, la tiene el GOBIERNO PROVINCIAL, a quienes desde esta Mesa Coordinadora, como desde los distintos organismos, hemos venido planteando y exigiendo se garanticen los medios de bioseguridad para las y los internos, se revean sus causas y se dé lugar a algunos beneficios, que pudiesen descomprimir la superpoblación en los distintos lugares de detención, que se atiendan los casos de personas de riesgo de salud, que se les brinde condiciones de higiene, que puedan tener una alimentación y atención médica, como todx ser humano debe tener, no solo de los penales, sino también de las comisarias, las cuales se encuentran SUPERPOBLADAS».
Como ya lo denunciara esta Agencia, a través de su corresponsal, Jujuy pasó de no tener ni un solo caso de covid-19 a poseer más de 500 contagiados en tan solo unos días. La pandemia local se inició cuando el gobernador Morales visitó Bolivia y policías que fueron con en su comitiva traficaron hojas de coca y regresaron también con con coranavirus. Así, lo uniformados contagiaron a sus familiares y amigos, primero, y lo convirtieron en circulación comunitaria que ahora afecta a toda la comunidad, con epicentro en los pobres.
Cuando la provincia tenía unos 30 contagiados (todos cercanos a los policías traficantes) , y no centenares como ahora, el Gobernador Gerardo Morales le pidió por cadena nacional a la Virgen de Río Blanco que detenga la expansión del virus. La Virgen ya le había mostrado a Morales, a través de numerosos ejemplos en el planeta, cómo debe actuarse con las medidas de bioseguridad en los sitios a los cuales no había llegado el virus. Morales hizo todo lo contrario a las recomendaciones de la ONU y de la Inmaculada, y acudió a las fuerzas represivas.
Queda claro, sin esfuerzos, que la Virgen del Río Blanco no hace tratos ni milagros con semejante mamarracho político que sumerge a su pueblo en la miseria, la pandemia y la represión.
fuente: Agencia para la Libertad
Quisieron detener a una referenta de la Marcha contra el gatillo fácil
Resumen Latinoamericano, 17 julio 2020
«Oscar, me están llevando presa en Morón, no sé adónde me llevan», dijo a la voz en grito de Emilia Vassallo, en el téléfono de los compañeros de la Agencia para la Libertad, a las 14:04 de este viernes. «Emi», es la madre de Pablo Paly Alcorta, asesinado por la policía, y referente de la Marcha Nacional contra el Gatillo fácil. Junto a su familia, fue blanco se allanamientos y hostigamientos.
Enseguida se puso en marcha una red solidaria para denunciar el tema pero esta vez, gracias a la fuerza y al coraje para defenderse de los abusos policiales que siempre pone Emilia, tuvieron que recular.
Luego, la propia Emilia contó que un par de policias estaban verdugueando a una pobre mujer y ella se metió a defenderla y la quisieron hacer subir a un patrullero y llevarla. Ella estaba llevándole la comida a su mamá enferma y le secuestraron la bolsa y no se la daban, mientras le decían «negra de mierda», en el estilo racista habitual de los efectivos policiales.
Al final, entre gritos y forcejeos, los policías se retiraron, dejando una nueva lección de que no nos tenemos que dejar atropellar ni bajar la cabeza. Dicen que son los que nos cuidan pero están en las calles para machacarnos, insultarnos y si pueden detenernos y golpearnos. Pruebas al canto.
Por Vanina Lombardi, Resumen Latinoamericano, 17 de julio de 2020
Estados Unidos compró casi toda la producción de remdesivir, uno de los medicamentos más promisorios para tratar COVID-19, para los próximos tres meses. Mientras Europa negocia con Gilead, la farmacéutica que lo desarrolló, para asegurar la provisión en esa región, otros países quedarán al margen de estos acuerdos. ¿Cómo se puede evitar que las empresas impongan precios abusivos? ¿Qué herramientas tienen los países para garantizar el acceso a la salud en una crisis sanitaria?
La semana pasada, se conoció el precio que la farmacéutica Gilead Science determinó para el remdesivir, el que, hasta el momento, parece ser el antiviral más promisorio para tratar a personas con COVID-19.Según anunció la empresa, el precio será de 390 dólares cada dosis para los gobiernos de los países desarrollados. Casi en simultáneo (y a pesar de que ese valor sería casi 400 veces superior al costo de producción estimado por un estudio de la Universidad de Liverpool de menos de un dólar la dosis), se conoció la decisión del gobierno estadounidense de comprar casi todo el stock de ese medicamento por los próximos tres meses: unos 500.000 tratamientos (que equivalen a la compra del total de la producción de dicha empresa para julio y el 90% de agosto y septiembre). Rápidamente, la Unión Europea también se apuró para reservar su provisión. Así, muchos países se han quedado sin posibilidad de acceder a este tratamiento, al menos hasta octubre.
“Este nuevo intento de Estados Unidos, de acaparar el medicamento que por ahora mostró cierta eficacia frente a COVID-19, tiene que ver con la defensa de sus propios monopolios y con el sesgo unilateralista que se acentuó con la administración Trump. En desdén de cualquier multilateralismo, Trump decidió desfinanciar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y apostar a que alguna de sus empresas gane en esta carrera mundial por conseguir la vacuna o medicamentos para tratar esta enfermedad”, le dijo a TSS el historiador Leandro Morgenfeld, especializado en la política exterior de Estados Unidos. Y agregó: “En vez de pensar en una estrategia coordinada para enfrentar una pandemia a nivel global, el gobierno estadounidense y las corporaciones que defiende están haciendo negocios y tratando de sostener el lema de ‘primero Estados Unidos’”.
Al respecto, Rubén Sajem, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (CeProFAr), consideró que estas situaciones de emergencia son “oportunidades para que los gobiernos se planten frente a lo que está pasando”, y cuestionó: “Estados Unidos puede comprar tantas dosis porque tiene un problema gravísimo y porque tiene dinero, pero hay países que no van a poder pagar esos precios. ¿Por qué tenemos que esperar la beneficencia del laboratorio o que, gentilmente, si quieren o si les sobra, nos los vendan un poco más barato?”.
Mientras tanto, en otras partes del mundo como en África, tienen la posibilidad de acceder a versiones alternativas de esta droga y a precios muy inferiores, ya que Gilead firmó un acuerdo de licencias voluntarias no exclusiva con cinco empresas (cuatro de India y una de Paquistán), mediante el cual las autoriza a fabricar versiones genéricas de esta droga, pero solo pueden venderlas a una lista de 127 países entre los cuales no figura ninguno de América del Sur (la Argentina incluida), lo que deja de lado a 440 millones de habitantes en toda la región. Al respecto, estimaciones del Instituto de Revisión Clínica y Económica (ICER) calculan que dos de los laboratorios de la India, podrían comercializar una versión propia del remdesivir a menos de 80 dólares la dosis.
“El gobierno de la Argentina y los de todos los países del llamado Sur Global tienen que plantear, ante a los organismos multilaterales, que en esta pandemia es necesario coordinar acciones conjuntas y no poner a los negocios por sobre la vida. En el orden de la salud, eso es abogar porque los posibles medicamentos se compartan en forma genérica y no como un negocio”, sugiere Morgenfeld.
La farmacéutica Gilead Science determinó que el remdesivir, el que hasta el momento parece ser el antiviral más promisorio para tratar a personas con COVID-19, tendrá un precio de 390 dólares cada dosis para los gobiernos de los países desarrollados.
Del fracaso a la esperanza
Elaborado por Gilead bajo la denominación comercial Veklury, el remdesivir es un antirretroviral de amplio espectro que fue inicialmente desarrollado para tratar el ébola, pero no tuvo éxito. Luego también se ha probado en ensayos con animales para el tratamiento de otros coronavirus, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS). De ahí la expectativa de que su cualidades antivirales resultasen efectivas para tratar al nuevo coronavirus SARS-Cov-2, lo que ha llevado a reactivar los ensayos clínicos con esta sustancia, que fue incluida entre los cuatro tratamientos potenciales del programa internacional Solidarity, impulsado por la OMS, en el que también participa la Argentina.
Durante el transcurso de los ensayos clínicos, el remdesivir logró ser aprobado para uso en emergencia por la Administración de Drogas y Alimentos estadounidense (FDA, por sus siglas en inglés) y por las autoridades de Japón. También fue recomendado para su comercialización por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). “Es el único antiviral que por el momento ha demostrado cierta efectividad, pero lo único cierto hasta ahora, a partir de los estudios clínicos, es que mejora el tiempo de recuperación, de 15 a 11 días. Un promedio de cuatro días menos de internación que justificarían el precio del medicamento”, dijo Sajem, que es farmacéutico, y advirtió que el uso de esta droga todavía está en observación experimental.
En paralelo, existen otras alternativas que se están empleando para tratar a personas con COVID-19, algunas con buenos resultados, pero que no son antivirales. Es el caso de la dexametasona, por ejemplo, que tiene un efecto antiinflamatorio pero que no actúa sobre el virus en sí mismo. “La dexametazona sí redujo la mortalidad en pacientes con respirador, pero son medicamentos muy baratos, que fueron desarrollados en la década del sesenta y que hoy se venden en la farmacia a 700 pesos, por eso no generan tanto interés”, se lamenta Sajem, que también es secretario general del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Cuidad de buenos Aires (COFyBCF).
Entre varias terapias que están arrojando resultados esperanzadores en el país (y no son pasibles de ser patentados), están el uso de suero de personas recuperadas y el de un suero híperinmune, producto de una articulación público-privada en la que participaron el Centro CRIP de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el laboratorio INMUNOVA, a partir del suero de caballos. “¿Los grandes laboratorios que tenemos en la industria farmacéutica argentina, o los laboratorios internacionales, por qué no están produciendo algo económico y accesible para todos?”, se pregunta Sajem.
Salud y mercado
Aún sin haber sido aprobado para su uso en personas, Gilead Sciences ya contaba con patentes aprobadas sobre el remdesivir en más de 70 países. Una patente es un derecho de propiedad intelectual, que en la práctica implica que quien la posea puede excluir a otros de producir, comercializar e importar el producto patentado, durante un mínimo de 20 años, en todos los países en los que esté vigente la patente. Estas normas se rigen según el tratado sobre Aspectos delos derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), establecido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) durante la Ronda de Uruguay (entre 1986 y 1994), al que la Argentina adhirió en 1994.
Se suele decir que las patentes son para incentivar las innovaciones y que los altos precios responden a las inversiones en investigación y desarrollo que hacen las empresas, pero hoy se sabe que muchas veces tales investigaciones son financiadas desde el sector público. Para el remdesivir, por ejemplo, según la organización civil estadounidense Public Gitizen, Gilead recibió al menos 70,5 millones de dólares provenientes de impuestos, 6 millones de dólares por becas universitarias de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por su sigla en inglés) de Estados Unidos y otros 30 millones de dólares provenientes de fondos públicos estatales de ese mismo país. Sin embargo, las patentes con las que cuenta esta multinacional (que entre sus principales accionistas lista a BlackRock, uno de los acreedores de la deuda externa argentina) le extenderían ese derecho de exclusión hasta el año 2035 en algunos países.
“Gilead tiene antecedentes con el sofosbuvir, una droga capaz de curar la hepatitis C, que pasó de venderla en la Argentina a 1000 dólares el comprimido, en 2014, a 63 dólares, en 2017”, recuerda Sajem y se preocupa porque la presión de los pacientes y el público pueda obligar a que Estados compre este medicamento, aún a precios abusivos. “La mayoría de los datos que se conocen son provistos por la misma empresa: nos dejamos llevar por anécdotas y por cosas que se dicen en noticias y se contestan desde programas de televisión en los que no hay un solo periodista científico, sino periodistas sin formación en estos temas que opinan y terminan imponiendo ideas, que es necesario salir a contrarrestar. ¿Quién fija el precio de este medicamento y cómo? ¿Quién financió la investigación?”, cuestionó.
Para evitar abusos y monopolios, el mismo acuerdo de los ADPIC incluye salvaguardas que los países pueden utilizar, especialmente en situaciones de crisis o emergencias sanitarias como la actual. “Cuando las patentes ya han sido otorgadas, los países pueden hacer uso de las denominadas licencias obligatorias, para permitir la producción, la comercialización y la importación de versiones genéricas más accesibles del producto patentado, sin autorización del titular de la patente”, explicó Lorena Di Giano, directora ejecutiva de Fundación GEP, y advirtió que, en esos casos, la compañía detentora de la patente no deja de obtener ganancias ya que puede permanecer en el mercado con su producto y además cobrar regalías por la venta de las versiones genéricas.
“Sin embargo, las salvaguardas más importantes son las que, a través de una óptima administración del sistema de patentes, previenen el otorgamiento de estos títulos cuando no se cumplen los requisitos de la ley”, advierte Di Giano, que es abogada especializada en derechos de propiedad intelectual, y explica que la implementación de las guías de patentabilidad vigentes en la Argentina desde el año 2012, así como el uso de oposiciones a las patentes (que es un mecanismo establecido por el artículo 28 de la Ley de patentes 24.481, del año 1995) son “claves” para evitar barreras de acceso a medicamentos esenciales.
De hecho, eso es lo que permitió la disminución del precio del sofosbuvir en el país en 2017, por ejemplo, ya que el Instituto Nacional de la Propriedad Industrial (INPI) (la autoridad nacional que se ocupa de aprobar o rechazar solicitudes de patentes) rechazó las solicitudes que impedían la producción genérica de ese medicamento. Otro caso similar ocurrió en el año 2015, cuando se logró el rechazo de una solicitud de ampliación de patente sobre la combinación de los antirretrovirales lopinavir-ritonavir, que se utilizan para tratar el VIH y que también se estaba probando para el tratamiento de pacientes con COVID-19 (aunque no obtuvo resultados exitosos para estos casos). “La oposición a patentes es la herramienta legal más importante para evitar monopolios y sobreprecios, así como para proteger los desarrollos locales, ya que una vez aprobada la patente el proceso es más complejo y solo puede ser anulada judicialmente”, dijo Di Giano, quien recordó que, desde que se implementó este sistema de propiedad intelectual, la mayoría de las solicitudes de patentes presentadas por las farmaceúticas multinacionales no son merecedoras de tales títulos, puesto que se trata de abusos que hacen del sistema de patentes “con el único objetivo de extender y perpetuar sus monopolios sobre los medicamentos”.
Sobre el remdesivir, Gilead tiene al menos cinco solicitudes de patentes presentadas en la Argentina. “Necesitamos adelantarnos y estar preparados para que, si realmente el remdesivir es efectivo y lo necesitamos, podamos producirlo localmente o importarlo a precios que no sean los monopólicos y extorsivos a los que lo vende Gilead”, agregó Di Giano. Desde Fundación GEP estudiaron esas solicitudes y generaron evidencias que presentaron ante el INPI, en dos oposiciones de patentes, en las que demuestran que que esta droga no es patentable en el país ya que, por ejemplo, no cumplen con los requisitos de novedad ni de actividad inventiva, ni de aplicación industrial; reivindican sales farmacéuticas y composiciones que no son nuevas ni obvias e intentan reivindicar combinaciones de principios activos ya conocidos.
“En algún momento, los países tienen que volver a la OMC y dar de baja este sistema de patentes sobre medicamentos. No puede ser que la salud esté incluida en un acuerdo comercial, que un medicamento sea una mercancía y que el interés económico esté por encima del derecho humano sobre la salud”, concluyó Di Giano.
Fuente: La tinta
Gatillo fácil o pena de muerte
texto de Norman Briski
Resumen Latinoamericano, 17 de julio de 2020
En la Bahia Negra de Ginobili de la Marina, los votantes de los blancos hijos de Roca, Macri y del Almirante Rojas y otros conquistadores del desierto, se encontraba un pibe que nació en Pedro Luro, un pibe llamado Facundo, ¿que por eso será iracundo? Pero de apellido Castro que hizo que en su pecho impreso esté la cara del Che. Un portador de ternura. ¡Los aparecidos siguen desapareciendo! El imprime sus camisetas y se lo llevaron los mismo que a Maldonado, que a Julio López, que a Rafael Nahuel. Eastaba circulando sin salvo conducto y a otro Facundo Scalzo, con la misma “suerte” de ser los rebeldes por caminar.
Entre muertos y abusos estos guardianes de la impunidad están libres y con todo el permiso de sus superiores. Inferiores que matan, pero ya sabemos quiénes son los “virus” de esta peste nacional. La llamada casta política a la que llamaría “Pelotón de la inseguridad”.
Siguen como antaño, con el miedo a los negros, a los piqueteros, que como no tienen educación, no les gusta trabajar, nos roban la plata con los subsidios que les dan.
Son justos ellos los que habitaron estas tierras antes que llegara Garay.
Son justos ellos los que habitaron estas tierras antes que llegara Garay.
Son ellos, los que están exilados en su propia tierra. Los mapuche, los araucanos, los patagones, los… y los siguen matando por desalojarlos de la propiedad.
Me avergüenzo de decir ¡Basta! Por escrito.
NB
Julio de 2020
Envio:RL
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