El ministro de Defensa salió al cruce de las críticas de un sector cercano al oficialismo contra Alberto Fernández tras reunirse con empresarios.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, afirmó que “el Frente de Todos debe cerrar filas detrás del presidente” Alberto Fernández y pidió tener en cuenta que “gobernó más días en pandemia que sin pandemia”, luego de las críticas de sectores del oficialismo por reunirse con empresarios.
“Es el momento donde el frente de todos debe cerrar filas detrás del presidente”, evaluó el funcionario nacional.
En declaraciones radiales, Rossi señaló: “Desde que asumió el presidente estamos en un momento bisagra. Estamos en el momento más agresivo de la pandemia. En el tramo final de la renegociación de la deuda, y en un momento donde una parte de la oposición ha aparecido con mucha virulencia y que utiliza cualquier elemento para tratar de desgastar al presidente sin ningún tipo de límite”.
“Yo conocí a Néstor Kirchner en el 2002, en todos estos años vivimos momentos felices y otros difíciles. De los momentos difíciles siempre con una fuerte unión entre el espacio político y quien lo lideraba”, sostuvo el ministro.
Y agregó: “Hay que dimensionar todo el marco en cual ejerce la presidencia Alberto Fernández. Gobernó más días bajo la pandemia que sin la pandemia”.
A su entender, para “poder tener una buena negociación de la deuda va ser un anclaje indispensable a la hora de empezar un proceso de recuperación económica”.
“Esos son los objetivos fundamentales que nos pide la sociedad y a esos objetivos tenemos que dar respuesta. Para eso, el Presidente además de liderar genera consensos, busca acuerdos y a partir de eso genera un esperanzas. Nuestra fuerza política tiene que acompañar ese proceso”, agregó el funcionario nacional.
Rossi se expresó así luego de las críticas que recibió en público de parte de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, por su reunión del 9 de julio con empresarios, y de otros cuestionamientos solapados internos.
Fuente:LaCapitalMdP
19 de julio de 2020
Debate sobre la propuesta del Ingreso Ciudadano o Renta Básica Universal
Pospandemia: sendero para reducir la desigualdad
El Ingreso Ciudadano no soluciona todos los problemas, no elimina la necesidad de que el Estado siga realizando esfuerzos para mejorar las políticas y diseñar otras nuevas que contribuyan al bienestar, pero puede abonar una semilla en pos de una sociedad menos desigual.
Por Sandra Guimenez
Las tareas de cuidado de niñxs y ancianxs las desarrollan principalmente las mujeres.
Imagen: Télam
Imagen: Télam
El contexto de pandemia mundial y aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional argentino, corrió el velo sobre qué tipo de sociedad tenemos en términos económico-sociales: una sociedad profundamente desigual.
Alguien podría decir: desigualdad siempre hubo. Y podríamos responder: sí, siempre hubo, pero hasta la década de los 70, la sociedad argentina era una sociedad más integrada, con horizontes posibles de que lxs hijxs tuvieran la expectativa y posibilidades reales de vivir una vida mejor que la de sus madres y padres.
Desde la dictadura hasta la actualidad la desigualdad no hizo otra cosa más que aumentar. A pesar de las políticas reparadoras de derechos que se implementaron en el período 2003-2015 (con sus más y sus menos) éstas no alcanzaron para revertir tal estado de cosas.
La caída de la actividad económica que ya se evidenciaba como resultado de las políticas implementadas por la gestión de Cambiemos, se agrava y mucho, a partir de la necesidad identificada por las autoridades nacionales de plantear una cuarentena obligatoria como medida preventiva para evitar contagios, el desborde sanitario y el resguardo de la vida de la población.
Por lo que la pospandemia –llegue cuando llegue- requerirá de políticas enérgicas, valientes y creativas que contribuyan a revitalizar la economía y atiendan la otra deuda pendiente: la desigualdad.
En ese tremendo desafío, sería un momento más que oportuno para implementar una política de ingresos no condicionadas como es la propuesta del Ingreso Ciudadano o Renta Básica.
En qué consiste una política de ese tipo: es un ingreso mensual de dinero dirigido a todas las personas que habitan un territorio con las siguientes particularidades:
* Universal: destinada al conjunto de residentes de un país sin excepciones e independientemente de la situación en el mercado de trabajo.
* Individual: lxs perceptores son las personas y no los hogares.
* Incondicional: por lo que resulta compatible con cualquier otras formas de ingresos que tenga cada persona.
* Vitalicia: no tiene fecha límite para dejar de percibirla.
* Suficiente: el monto recibido debe garantizar un umbral decente de condiciones de vida.
* Integrada con el sistema impositivo: lo que implica atender a la progresividad del mismo, cobrando impuestos según la capacidad adquisitiva
* No implica la desaparición de otras políticas sociales que apuntan al bienestar (por ejemplo, vinculadas a las desigualdades de género)
* Llega ex ante y no ex post: es decir, no se espera que la crisis económica sobrevenga o que la persona se haya empobrecido.
* Evita(ría) estigmatizaciones: porque la percibirían todxs lxs habitantes de un territorio. Nadie podría señalar a nadie como “planero”.
* Otorgaría seguridad, bienestar y un cierto rango de autonomía.
Una propuesta de este tipo genera resistencias con distintos argumentos, entre los cuales los que más resuenan son aquellos vinculados al desincentivo sobre el trabajo y, en ese sentido, propongo redefinir esa categoría y la de necesidad.
Algún funcionario de gobierno sostiene que si se implementa una política de estas características tendrá que “estar atada necesariamente al trabajo”. He ahí la primera razón por la que creo que hay que debatir y correr las fronteras de lo que entendemos de modo corriente como “trabajo”.
La discusión económica y política comprende su utilidad en tanto factor productivo, de lo que deviene la capacidad y lógico acceso a los ingresos, los derechos y las protecciones. Se deja de lado su inherente valor en tanto “capacidad” humana de producir otros valores que no son necesariamente económicos y monetarios y que no se generan en el “mercado” de bienes y servicios.
En Argentina, la estructura productiva se ha mostrado incapaz de absorber a toda la población en condiciones de trabajar, por lo cual un conjunto importante de la PEA lo hace de modo informal (30 por ciento aproximadamente antes de la cuarentena) sin acceder a prestaciones sociales y con bajos salarios. Sin abandonar la expectativa y las iniciativas políticas que apunten a generar nichos productivos que absorban a toda la población, es preciso pensar en iniciativas que garanticen ingresos independientemente de tal situación.
Algunos estudios han demostrado que es muy reducida en términos porcentuales la cantidad de hogares que satisfacen sus condiciones de vida sólo con las transferencias y distintas prestaciones estatales, es decir que, además de recibir dichas prestaciones, los hogares tienen por lo menos algún miembro que desarrolla algún trabajo aunque sea de modo informal. Es decir, las personas no pierden la capacidad e intención de vender su trabajo y hacerse de ingresos aún cuando reciben la ayuda estatal.
Por otra parte, ciertas actividades que contribuyen a la reproducción individual y colectiva y que no pasan por el mercado son fundamentales para la vida de muchas personas y comunidades:
1. Las tareas de cuidado de niñxs y ancianxs que desarrollamos principalmente las mujeres.
2. Las actividades comunitarias vinculadas a los cuidados, redes informales de provisión de bienes y servicios, huertas comunitarias, merenderos, comedores, apoyo escolar, recreación.
Ambas no pasan por el mercado en el sentido económico del término, pero aportan y producen un valor social cuantioso y, por ello, constituyen un “trabajo”, por lo que sería muy importante que las personas que las realizan y garantizan cotidianamente, perciban un ingreso.
Otra categoría que considero imperioso discutir es la de las necesidades. En general, la discusión sobre la pobreza y la desigualdad tanto en los medios de comunicación como en la discusión política, suele ceñirse al umbral mínimo que el Estado debe garantizar.
Como si la vida en sociedad se redujera únicamente a comer, dormir y reunir la energía suficiente para levantarse día tras día para ir a trabajar/buscar trabajo. La vida social comprende algo más que ese piso. La vida que vivimos los sectores que nos “integramos” vía trabajo formal, incluye la satisfacción de otras necesidades además de las más básicas como recreativas y de esparcimiento, y ello estaría justificado por el esfuerzo de estar y permanecer en el mercado formal de trabajo.
Esa definición y certeza para muchos sectores, hay que ponerla en discusión: no hay más o menos merecedores, porque las más de las veces las personas trabajan donde pueden y no donde quieren.
Lanzarse a una propuesta de Ingreso Ciudadano implica también elevar el piso de lo que entendemos/legitimamos/consensuamos como necesidades vitales a cubrir para todxs y no solo para unxs cuántxs y también acerca de los merecimientos.
El Ingreso Ciudadano no soluciona todos los problemas, no elimina la necesidad de que el Estado siga realizando esfuerzos para mejorar las políticas y diseñar otras nuevas que contribuyan al bienestar, pero puede abonar una semilla en pos de una sociedad menos desigual.
* Doctora en Ciencias Sociales y Magister en Políticas Sociales. Docente-Investigadora UNPAZ-UBA.
SALTA
19 de julio de 2020
"Ellos demostraron que si trabajan, tienen que ser pagados"
A 48 años del Animanazo, el levantamiento de un pueblo
En julio de 1972, tras seis meses de esperar el cobro de sus salarios de la Bodega Animaná, toda la comunidad se unió para exigir mejores condiciones laborales.
Después de muchos años de silencio, aquella historia de lucha y dignidad popular fue rescatada por el Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas (SOEVA) de Cafayate, ciudad ubicada a 15 kilómetros de Animaná. En 2010, junto a un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), el SOEV comenzó a recuperar la memoria histórica de la lucha obrera en los Valles Calchaquíes, luego creó un sitio de memoria y cada año, desde 2013, realiza un homenaje y un locro, para recrear la olla popular que sostuvo aquella insurrección.
Este año, pandemia mediante, el acto se suspendió, al menos por ahora, explicó el secretario general del gremio, Nelson López, quien quiso que se publicaran estas líneas para recordar aquellos actos que tan bellamente relata la canción de Armando Tejada Gómez y César Isella.
López lamentó no poder hacer el acto. Lo consideró “muy importante, para que el trabajador de la nueva generación esté sujeto a eso que pasó en ese tiempo", más todavía en momentos como éstos "en que realmente los empleadores se están comportando de mala manera”. “Es muy importante para nuestro gremio y para todos los trabajadores”, insistió.
El Animanazo comenzó la noche del 18 de julio de 1972. El secretario general Pablo Salomón Ríos había convocado a una asamblea que terminó convirtiéndose en asamblea popular porque además de los obreros de la finca y bodega, se sumaron los pobladores en general. De ese encuentro salió la decisión de tomar la bodega esa misma noche, reclamando la expropiación de la bodega. También se tomó la Municipalidad, y se organizó una olla popular que se prolongó hasta la madrugada.
"El pueblo fue tomado por los trabajadores que contaron con la solidaridad de sus pares de otras bodegas, y de toda la comunidad de Animaná. Contó también con gran adhesión de distintos sectores en Cafayate. Pacíficamente tomaron la bodega, la municipalidad, la policía, cortaron la ruta, y luego marcharon a Cafayate a protestar por la detención de los dirigentes del Sindicato, don Pablo Ríos (Cafayate) y don Inocencio Ramírez (Animaná)", relató la investigadora Estela Vázquez.
Estos hechos se sucedieron tras un largo tiempo en que los obreros y el Sindicato venían reclamando a la finca y bodega de la familia Michel, que por una disputa por la participación societaria llevaba seis meses sin pagar los sueldos y había sido declarada en quiebra. Todo el pueblo dependía de esta empresa. Detrás de la falta de cobro de los obreros, se alineaban los comerciantes y otros prestadores de servicios, que también se veían afectados. Eso explica por qué todo el pueblo se sumó a los reclamos.
Para Vázquez, esta revuelta "tuvo características especiales por la fortaleza que mostraron sus protagonistas en el reclamo por seis meses de sueldos no cobrados".
El 19 de julio de 1972 el delegado gremial del SOEVA en Animaná, Inocencio Ramírez, designado intendente municipal por la asamblea la noche anterior, dictó la primera y única medida de su corta gestión. Estableció un impuesto de paso o peaje a cada vehículo que atravesara el pueblo con el objetivo de formar un fondo con el que comprar leche para los niños de Animaná. Entonces colocaron dos barreras sobre la ruta nacional 9, una a la entrada del pueblo, frente a la bodega, y otra a la salida, hacia San Carlos. Recién el 31 de julio los obreros comenzaron a recibir pagos parciales, por una ayuda del Ministerio de Bienestar Social de la Nación.
Pero el 6 de agosto la Policía detuvo a los cabecillas de la protesta, Salomón Ríos y Ramírez. El 9 de agosto los habitantes de Animaná marcharon a Cafayate para pedir su liberación y consiguieron la adhesion de comercios y otros gremios de esa ciudad, y de la ciudad de Salta, entre ellos el dirigente del tabaco Guillermo Álzaga, que iba a ser asinado por el terrorismo estatal. Y también el abogado Julio Mera Figueroa, asesor legal del SOEVA. Tras horas de presión, la manifestación logró su objetivo y los dirigentes fueron liberados.
La represalia, cuatro años después
Cuatro años después, muchos de esos dirigentes iban a sufrir el ensañamiento de la represión estatal. Vázquez señaló que en la memoria de sus protagonistas este hecho, y la represión que sufrieron entonces, "se une inmediatamente con la detención y torturas que sufrieron sus dirigentes a partir del 24 de marzo de 1976, cuando son llevados con los ojos vendados a Salta donde permanecieron detenidos durante varios días. Don Pablo Ríos, es además golpeado y torturado brutalmente", recordó.
Pablo Salomón Ríos, Nital Díaz, Horacio Guaymás, Santos Ramírez, Inocencio Ramírez y Amado Guanca, todos participantes del Animanazo, fueron detenidos la madrugada del golpe de Estado y trasladados a la ciudad de Salta. Primero estuvieron en el centro clandestino de detención que funcionó en el Ejército, donde fueron torturados e interrogados, luego fueron llevados a cárcel de Villa Las Rosas, de donde finalmente recuperaron la libertad. Salomón Ríos, que había sido más duramente golpeado, fue separado del resto, y permaneció detenido dos o tres meses. Las secuelas de la tortura lo persiguieron durante toda su vida.
En 2013, los policías Felipe Caucota y Ramón Vivas fueron condenados por la privación ilegítima de la libertad y los tormentos sufridos por Salomón Ríos.
“Fue mucho tiempo de hambre, de miseria, que tuvieron los trabajadores y fue el primer piquete donde ellos demostraron que si trabajan tienen que ser pagados”, sostuvo López ayer al recordar el Animanazo. Dijo que por eso es importante recuperar esa memoria histórica, que rescata “el trabajo digno”. “Eso es lo que queremos enseñar al trabajador de la nueva generación", sostuvo.
Las mismas injusticias
López insistió en que los trabajadores jóvenes deben tener presente el Animanazo, para saber que deben hacer respetar sus derechos. Sostuvo que ahora mismo, en la pandemia, las empresas violan los protocolos dados por las autoridades sanitarias. "Siempre fueron así, no solamente en esta época que estamos viviendo de emergencia sanitaria”, “siempre fueron así, ellos deciden, no hacen caso a la ley”, aseguró.
"Encima", esta "es la única empresa que no" permite que el Sindicato verifique las condiciones de trabajo, sostuvo López. Añadió que sus directivos afirmaban que estaban cumpliendo con todas las normativas de seguridad, pero "lamentablemente no fue así. Hay personas de riesgo, que tienen patologías severas" o son mayores de 60 años, "como ocho trabajadores", que están siendo obligados a trabajar, aseguró López. Agregó que la empresa "les hizo firmar una nota a esos trabajadores para enviarle al Sindicato diciendo que ellos piden trabajar en época de pandemia”, lo que para el secretario general, es el resultado de un "hostigamiento" de la patronal.
El viernes el SOEVA intimó por nota a la empresa “a dar cumplimiento con las disposiciones existentes a nivel nacional respecto al COVID 19, Decreto Nacional 297/20 y concordante con respecto a las personas de riesgo las que no deben concurrir a trabajar" y a que "brinde a los trabajadores medidas de protección necesarias para el cuidado de su salud”.
Ayer el Sindicato denunció ante la Secretaría de Trabajo de la provincia a la Bodega y Viñedos Domingo Hermanos por incumplimiento del protocolo. “Estamos a la espera de alguna audiencia”. “No puede ser así, si hay una ley, hay que respetarla”, sostuvo. Y adelantó que si no hay respuesta a su reclamo iniciarán una medida de fuerza.
Asimismo, contó que "todas las empresas ahora acudieron a tomar gente contratada”, que los encargados de cada sector les prometen que serán puestos en planta permanente, pero "es una trampa y un engaño” porque cuando terminan la tarea, como la poda, que se está realizando ahora, "ya les dan de baja”.
Los trabajadores vitivinícolas de Argentina están en medio de la negociación paritaria, reclaman un aumento de $10 mil para que el básico alcance los $30 mil.
19 de julio de 2020
"Vamos a reconstruir el fuero federal"
Alberto Fernández: La Reforma Judicial se presentará esta semana
"Es un proyecto tan ambicioso como necesario", define el Presidente. También se creará un Consejo para pensar el funcionamiento de la Corte Surprema y los juicios por Jurados, entre otras cosas.
Por Nora Veiras y Victoria Ginzberg
Esta semana, el Presidente presentará, finalmente, la Reforma Judicial. Ante la primera pregunta sobre este proyecto se distiende y se acomoda en la silla. Se nota que es su tema. “No traje las filminas”, bromea ante un comentario en ese sentido.
–¿Se viene, finalmente, la reforma judicial? ¿En qué consiste?
–Espero mandarla esta semana. En la Ciudad de Buenos Aires, como consecuencia del cambio de Capital Federal a la Ciudad Autónoma, lo que se llaman competencias ordinarias deben pasar a la Ciudad de Buenos Aires y yo me propuse hacer un reordenamiento de todo el sistema de la Justicia Federal. Un reordenamiento que va mucho más allá de Comodoro Py. Es un cambio en toda la justicia federal nacional con el propósito de que eso funcione bien. Es muy ambicioso, tan ambicioso como necesario porque la justicia federal se ha exhibido ante nosotros con un funcionamiento defectuoso. La reforma tiene una ley que ordena a la justicia federal de todo el país para que empiece a funcionar de otra manera. Con más tribunales, más fiscalías, más defensorías, más tribunales orales.
–¿Se unifican los fueros federales?
–Eso es una partecita de la ley. Pero es una ley muy ambiciosa que implica reconstruir el fuero federal y además avanzar en el traspaso de la justicia ordinaria a la justicia de la Ciudad que es algo que está pendiente. Fuera de esto, hay una serie de problemas que que debemos abordar. Ejemplo: ¿la Corte Suprema está funcionando cómo debe? ¿Para funcionar mejor hay que ampliar o no hay que ampliar la cantidad de jueces? ¿Hay que dividirlos en salas? ¿Cuándo tiene que intervenir la Corte Suprema? Eso es revisar el recurso extraordinario. ¿Cómo funciona el Consejo de la Magistratura? ¿El Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa? ¿Vamos a poner el juicio por jurados una vez por todas? Todo eso va a ser objeto de análisis en un Consejo que me asesore durante 60 días.
–¿Quiénes lo van a integrar?
–No sean ansiosas. Intento hacerlo con mucha pluralidad y con mucha seriedad académica.
–¿Se arma el Consejo porque cada vez que se quiere hacer alguna reforma de este tipo hay mucha resistencia desde la propia justicia y de sectores políticos que la representan?
–El Poder Judicial tiene cierta forma conservadora que resiste a los cambios. En estos días lamentablemente hemos perdido a Julio Maier, pero yo era ayudante de cátedra de Julio cuando ya en épocas de Alfonsín trató de imponer el sistema acusatorio y le fue pésimo. Terminamos haciendo este engendro donde siguieron coexistiendo los juzgados de instrucción con los tribunales orales para que los jueces de instrucción no pierdan el poder que tenían.
–¿Entonces se va a avanzar en la implementación del sistema acusatorio que ya rige en algunas provincias?
–Creo que debemos hacerlo. Hay mucho para corregir. El juicio por jurados, que la Constitución dice que debe existir, ¿lo vamos a poner alguna vez en Argentina? Yo tengo opinión formada, no importa mi opinión pero sí quiero que el Consejo se expida.
–Pero sí importa, si formara parte del Consejo ¿qué diría? ¿hay que ampliar la Corte?
–Es que siempre hay dos respuestas y siempre todo es posible. Por ejemplo, yo era muy resistente al juicio por jurados porque la historia demuestra que muchas veces los jurados terminan siendo influidos por el contexto o por los medios. Pero la experiencia me fue demostrando que los jueces también son muy influidos por los medios y por el contexto. Creo que es mucho más difícil influir a doce personas que a una y por ahí el juicio por jurados es una solución.
–Pero la reforma de la justicia federal no va a pasar por el Consejo ¿no?
–No, va aparte
–¿Qué implicaría exactamente? ¿La unificación de qué fueros?
–Ya me lo preguntaron… hay que esperar cuatro días. Pero es un poco más que la unificación. Lo que he cuidado es que el criterio del juez natural no se pierda. Que nadie pierda una investigación que tiene en curso. Las reglas del debido proceso están absolutamente garantizadas. Ningún juez pierde su causa. Todos los jueces que están actuando siguen actuando. Mi mayor preocupación es que nadie diga que hacemos esto para garantizar la impunidad de Fulano o Mengano. Hemos tenido todos los cuidados.
–Sobre los cuestionamientos a la Justicia, se ve ahora en la causa por espionaje cómo se operaba en conjunto con la AFI ¿Cómo analiza esa investigación?
–Creo en el Estado de Derecho. Y en el Estado de Derecho nadie debe ser espiado por lo que es ni por lo que piensa. No quiero opinar de la causa. Lo que sí pido es que si los hechos ocurrieron , la investigación se haga con toda seriedad y respetando las reglas del debido proceso y el estado de Derecho, como no hicieron antes. Y si los hechos ocurrieron que cada uno cargue con la responsabilidad que le cabe.
–¿Hay que revisar la figura del arrepentido?
–Yo la revisaría, nunca estuve de acuerdo con esa ley. El concepto del arrepentido es en el Derecho Penal el confeso. No hacía falta crear una figura del arrepentimiento. Hay gente que genuinamente se arrepiente y confiesa su delito. El sistema del arrepentido puede generar una enorme perversión de incentivar a alguien a decir lo que no ocurre tan sólo para poder sentirse liberado. Vi hace unos días una serie que se llama Así Nos ven, cuenta la historia de un hecho real en los Estados Unidos, donde se ve cómo manipulan a menores para que digan lo que la policía necesita, lo que la policía quiere. Recomiendo que repensemos la utilidad de esa norma.
19 de julio de 2020
La reacción de la conducción política del establishment, las controversias por el tuit de CFK y el debate sobre la burguesía
El poder económico bajo la lupa
La respuesta de las cámaras que agrupan a grandes empresas ante la propuesta de expropiación de Vicentin es un ejemplo contundente del papel de conducción política de los principales grupos económicos. También es la prueba de la carencia de la vocación de ser partícipes de un proyecto de desarrollo nacional.
Por Alfredo Zaiat
Las controversias políticas y mediáticas que provocó el tuit de Cristina Fernández de Kirchner recomendando mi artículo del domingo pasado dejaron al descubierto dos debilidades del debate público:
* La dificultad para hablar, indagar y cuestionar al poder económico.
* El temor en diferentes ámbitos a reflexionar, estudiar y criticar a los grupos Clarín y Techint.
El análisis preferido de editorialistas y comentaristas fue la supuesta intención de CFK de marcarle la cancha de ese modo a Alberto Fernández.
Las interpretaciones políticas son libres pero los hechos no.
Cualquier tuit o expresión de CFK son inmediatamente publicados en los portales de Clarín, La Nación e Infobae. Les sirve para convocar audiencias y continuar la persistente tarea de demonizarla.
El primero que subió ese domingo a la red del pajarito fue el artículo "la conducción política del poder económico" y fue ignorado con un potente silencio.
El segundo publicado 5.28 horas después, en cambio, en tono de humor con referencia a la mulita y los silobolsas , tuvo amplia difusión en esos medios de comunicación, obviamente para aumentar aún más –si eso es posible- la tirria contra ella, el kirchnerismo y cualquier cosa que comience con la letra K.
Recién tres días después hubo una decisión de qué hacer con ese primer tuit. Y la resolución fue utilizarlo para insistir con la estrategia de dividir el frente político que gobierna, con el objetivo explícito de que Alberto Fernández rompa con su vicepresidenta.
Ese tiempo transcurrido y esa decisión mediática ratifica el contenido fundamental del artículo en cuestión: quiénes son los dos miembros del establishment que ejercen la conducción política del poder económico.
La tapa de Clarín del miércoles pasado fue la orden de largada para encolumnar al resto, que obediente y con eco afinado repitió esa línea editorial.
Con muy pocas excepciones en el dispositivo de medios dominantes, los análisis no incluyeron la discusión acerca del poder económico, su responsabilidad en las sucesivas crisis de los últimos 40 años, la oposición a modelos económicos de desarrollo con inclusión social y, fundamentalmente, no se mencionaron a los dos protagonistas principales: Techint y Clarín.
Deducción
Como CFK no precisó a quienes se refería al final del tuit con la convocatoria "para entender y no equivocarse", lo que se puede deducir con evidencias es que el tema de las corporaciones le parece más importante que las especulaciones políticas. Puede ser que le interesó "la discusión teórica" sobre las corporaciones, como escribió Guido Carelli Lynch en una crónica en Clarín.
Ese interés se comprueba recorriendo su cuenta de Twitter y viendo que la intervención anterior había sido un retuit de uno de la periodista y escritora María Seoane. El comienzo de ese tuit dice: "Periodistas: 'ser independiente del poder' no lo es solo del poder político sino también de las corporaciones…".
Otra pista para deducir cuál fue la motivación de CFK es recordar la presentación del libro "Sinceramente", en el predio de la Sociedad Rural cuando, con Alberto Fernández sentado en primera fila, rescató la figura de José Ber Gelbard.
En ese encuentro , cuando todavía no se había anunciado la fórmula ganadora de las elecciones presidenciales, propuso "un contrato social que involucre a todos: empresarios, dirigentes sindicales, un ciudadano que es operario, cooperativistas, una persona que tenga un plan de trabajo". Para agregar que "es necesario que todos pongamos el esfuerzo".
En su discurso hizo particular hincapié en el sector empresario al sostener que "hacen falta dirigentes empresarios que piensen la economía como instrumento de desarrollo del país y no solamente personal". Señaló que "para que una empresa sea más grande tienen que ganar todos y comer todos, si no es muy difícil". En esa instancia, recordó a Gelbard a quien calificó como "el último gran empresario".
Puede ser que la realidad de los hechos sea más aburrida y menos estruendosa que las crispadas especulaciones políticas.
Burguesía
La pirotécnica política de estos días desplazó entonces el debate central: cómo transitar el camino del desarrollo nacional, como ha intentado en varias oportunidades el peronismo en el poder, sin el sujeto económico privado dinámico del capitalismo: la burguesía, que teniendo en cuenta su recorrido en la economía argentina puede definirse como fallida .
Mario Rapoport, economista e historiador, ha explicado en más de una oportunidad que la debilidad de la burguesía nacional tiene su raíz en componentes históricos cuando la elección del librecambio se impuso en el momento de la conformación de la Argentina moderna, dejando una marca que aún conserva un considerable poder ideológico.
En ese entonces los intereses y grupos de poder hegemónicos durante la denominada Organización Nacional impusieron al liberalismo económico como la piedra angular del progreso argentino.
Rapoport precisa que de ese modo se desechó la posibilidad de un desarrollo económico integral mediante la protección de la industria local y, de esta manera, las clases dominantes argentinas rechazaron el camino proteccionista que, por el contrario, fue adoptado por países como Estados Unidos y Australia, y prefirieron un país para pocos ligado a la producción primaria.
Esto se traduce en conductas rentísticas, ya sea proveniente del campo o de recursos naturales no renovables.
Empresarios
Un dato periodístico que colabora para una mejor comprensión de la identificación de los grupos Techint y Clarín como conducción política del poder económica es precisar dónde surgió esa caracterización.
No fue del mundo de la política, ni del oficialismo ni de la oposición, de otros periodistas, sindicalistas, sociólogos o economistas. Surgió del interior del mundo empresario.
Algunos hombres de negocios están cansados de ser arrastrados a disputas políticas por cuestiones que tienen que ver exclusivamente con intereses de esos dos grupos económicos. Esto no significa que tengan divergencias ideológicas o de modelo económico. Lo que sucede es que algunos ya no quieren participar de batallas políticas permanentes, pero por miedo o por respeto excesivo callan en reuniones de AEA, del Foro de Convergencia Empresarial o de la UIA.
Los empresarios también temen una tapa del diario o una campaña en contra liderada por Clarín. Y otros prefieren el silencio por los abusos de la posición dominante que ejerce Techint en el mercado de laminados de acero (Ternium), que tiene aranceles de protección de la competencia extranjera (en especial de China), cuya consecuencia son precios elevados de ese insumo clave, los cuales padecen automotrices, fabricantes de productos de línea blanca o constructores de desarrollos inmobiliarios.
Tensiones
El escenario del Día de la Independencia, en la Quinta de Olivos, fue una foto, el disparador para identificar por primera vez a esos dos conglomerados como la conducción política del poder económico, lo que quedó demostrado en estos días.
La explicación oficial de esa puesta en escena es que el objetivo era mostrar el acompañamiento de todo el poder político representado por los 24 gobernadores, del G-6 de cámaras del establishment como el rostro del poder económico y de los trabajadores de la CGT. Una exhibición de poder ante una derecha desbocada, que convocaba a banderazos anticuarentena y que estaba lanzada a debilitar el gobierno de Alberto Fernández diciendo que se estaba quedando solo.
Plantear que esa foto era incompleta e insuficiente, puesto que no se puede confiar en que el establishment acompañe un proyecto de desarrollo nacional, cuestión que no debería sorprender, no significa que no exista el G-6 o los grandes empresarios y, por lo tanto, que el gobierno no tenga que dialogar con ellos .
Pero ampliar los participantes de esa foto, con otras representaciones sindicales y otros sujetos económicos (pymes, economía popular, emprendedores, empresas recuperadas) hubiese sido también un mensaje político hacia el establishment y la sociedad.
Las ausencias de pymes y de otras representaciones sindicales fueron reconocidas luego por el presidente Alberto Fernández. Y su convocatoria a construir otro capitalismo, solidario e inclusivo, es la película que ofrece ante la instantánea del 9 de Julio.
Vicentin
La reacción inmediata de las cámaras empresarias del establishment ante la propuesta de expropiación de Vicentin es un ejemplo contundente del papel de conducción política de Techint y Clarín. También es la prueba de la carencia de la vocación de ser partícipes de un proyecto de desarrollo nacional; por el contrario, refleja en forma abierta que son jugadores activos para combatirlo.
Los tres primeros acontecimientos que iniciaron esa confrontación con el gobierno de Alberto Fernández fueron los siguientes:
1. El decreto de prohibición de despidos. Techint fue el primero que lo desafió, provocando que Fernández, sin mencionar la empresa, dijera que son "unos miserables".
2. La propuesta de fijar un aporte extraordinario a las personas muy ricas.
3. La oferta de canje de deuda en default virtual.
El rescate de Vicentin es la más reciente bandera de combate del establishment contra el gobierno.
El Foro de Convergencia Empresarial y AEA, dominados por esos dos grupos, difundieron sendos comunicados muy críticos de la iniciativa del gobierno. La UIA también elaboró uno no tan duro pero igual fue de rechazo, lo que tampoco satisfizo a Techint y por eso apuntó contra su presidente, Miguel Acevedo, por tibio y puso bajo tensión la Junta Directiva de la entidad industrial.
El caso Vicentin, con la promoción de la movilización de sectores medios y altos urbanos a una marcha de rechazo y el despliegue de una campaña fake news sobre la predisposición expropiadora de Fernández, tiene una faceta impúdica: la conducción política del poder económico lidera la defensa de un grupo empresario acusado de vaciamiento, desvíos de activos, fuga de capitales, subfacturación de exportaciones, comercialización de parte de la cosecha en negro, triangulación de operación con firmas offshore, fraude financiero y ocultamiento del último balance.
La impunidad para defender semejante desfalco, que involucra a bancos internacionales y hasta al brazo financiero para el sector privado del Banco Mundial (la CFI), tiene un motivo estructural: bloquear la posibilidad de intervención del Estado en el negocio agropecuario exportador, sector estratégico de la economía y generador de rentas muy elevadas.
No sólo es salir al cruce de que el Estado pueda actuar como empresa testigo y diseñar una planificación estratégica de los mercados de cereales y cambiario, lo que dejaría al descubierto el comportamiento irregular de los participantes de esa actividad en materia impositiva, cambiaria y de comercio exterior, sino que busca frenar uno de los eslabones del proyecto de desarrollo nacional que propone Fernández.
El Estado vía YPF Agro incorporando los activos de Vicentin estaría dando el primer paso del modelo que impulsa el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que consiste en crear clusters de desarrollo en el sector primario para sumar valor agregado a la producción, generar un encadenamiento de servicios asociado al sector, impulsando la innovación con investigación tecnológica y una salida exportadora con ingresos de más dólares que los conseguidos sólo con despachos de materias primas sin procesar.
YPF con el petróleo, YPG Agro en el sector clave de la generación de divisas y una eventual YPF minería, en la extracción y producción del litio, sería uno de los lados del cuadrante del modelo de crecimiento y desarrollo que postula el gobierno.
En el conflicto abierto por Vicentin es donde aparece sin maquillaje el rostro de la conducción política del poder económico, que no sólo no está comprometido sino que combate la construcción del sendero para el desarrollo nacional.
19 de julio de 2020
Crecen los casos de violencia institucional en la Provincia de Buenos Aires
La Policía Bonaerense otra vez en la mira
Por Agustin Alvarez Rey
Castro despareció el 30 de abril, tras ser detenido por un control policial en una ruta provincial. Verón fue perseguido y asesinado por un efectivo de la bonaerense, que le disparó a corta distancia y a la altura del pecho.
Once años pasaron de la desaparición de Luciano Arruga, dieciocho del asesinato de Ezequiel Demonty y nueve de la masacre de la Cárcova, tan sólo por nombrar casos que suelen acaparar, en cada aniversario, la memoria colectiva, y nada parece haber cambiado en la bonaerense. Desde el ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Sergio Berni desde el 10 de diciembre de 2019, aseguran que “se trata de un problema estructural y que la solución llevará tiempo”.
La desaparición de Facundo y el asesinato de Verón forman parte del pequeño universo de casos de violencia institucional que llegan a los medios de comunicación. Las estadísticas de los distintos organismos que trabajan sobre el tema coinciden en que tan sólo uno de cada diez hechos toma estado público.
La cúpula del ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires era consciente, al momento de entrar en funciones, que la violencia institucional estaba enquistada dentro de la policía bonaerense. Por eso, presentaron un plan de seguridad y, según informaron a Página/12, estipularon un cronograma de capacitaciones. La iniciativa quedó trunca con el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
“El ministro puso en debate toda la estructura policial”, aseguraron ante este diario desde el entorno de Berni. “Formación, entrenamiento y educación son las cosas que pueden revertir la situación, pero todo eso lleva tiempo. En los últimos 35 años la provincia de Buenos Aires nunca tuvo un plan de seguridad, el ministro lo tiene. Porque esto no empezó con Vidal y con Macri. A Chocobar no lo formó Patricia Bullrich. Esto viene de hace mucho tiempo y cambiarlo también llevará tiempo”, argumentaron desde el ministerio de Seguridad bonaerense. La contracara de la paciencia que piden los funcionarios, es el reclamo de una solución urgente por parte de los familiares de las víctimas y de las organizaciones de Derechos Humanos.
El diputado del Frente de Todos y referente de la Campaña contra la violencia institucional, Leonardo Grosso, coincide con la necesidad de mejorar las fuerzas a través de la formación, pero señala que el problema va más allá. “El problema de fuerzas de seguridad se da en todo el territorio nacional, pero la Bonaerense es sin dudas la peor. Porque más allá de los hechos de violencia institucional, también es cómplice y reguladora de delitos graves, como la trata de personas, la venta de drogas y la venta de armas. Muchos de ellos son los policías que Scioli quería formar en seis meses o que se formaron en la época de Vidal, que fue peor”.
Grosso detalló que más allá de la formación también se necesita “una conducción civil seria y control externo”. El diputado también apuntó con la justicia como responsable de que los hechos de violencia institucional no se detengan. “El caso de Facundo es claro. Hasta que Berni no fue al lugar, el fiscal no pidió los libros de guardia de la comisaria”, señaló.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria señalaron que las 18 personas fallecidas durante el mes de junio en hechos vinculados con la violencia institucional tienen que ver “con un despliegue de la fuerza policial en el territorio que ha profundizado sus prácticas habituales, y en tiempos de pandemia viene mostrando su cara más violenta, arbitraria y cruel”.
La mirada del organismo no coincide con el análisis que hacen desde el Ministerio de Seguridad. “Esto no tiene nada que ver con la cuarentena, ni con el aislamiento. La policía está en la calle todos los días, las 24 horas. Es igual que lo que sucede con los médicos, hay casos de mala praxis todos los fines de semana. Lo que sucede tiene que ver con una mala formación que viene de años. Por ejemplo, lo que hicieron en La Matanza, en el caso Verón, fue un desastre. Un pésimo accionar, por eso los policías están detenidos”, sostuvieron desde el entorno de Berni.
En ese sentido, desde la Comisión Provincial por la Memoria, marca una diferencia con lo que sucede habitualmente y, en la misma línea que plantaba Grosso, aseguraron que “la detención de los agentes responsables del crimen y su desafectación, marca una diferencia sustantiva con el temperamento sostenido por el Poder Judicial y la auditoría, en la mayoría de los casos, donde el personal policial no sólo no es detenido, sino que continúa en sus funciones”.
Si bien a raíz de la desaparición de Facundo Castro la preocupación por el accionar de la policía bonaerense atravesó todos los estratos del oficialismo, la posibilidad del Gobierno nacional de modificar la realidad bonaerense es limitada. Al respecto, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, explicó hace pocos días en su exposición ante el Senado, que ante los casos de violencia institucional que se ven en todo el país es necesario dotar a las policías provinciales de “herramientas y protocolos para que no vuelvan a ocurrir”.
Por su parte, Grosso señaló ante Página/12 que “esta nueva crisis que atraviesa la policía bonaerense es una oportunidad para avanzar con una reforma seria y que se extienda en el tiempo”, y agregó: “la reforma tiene que ser estructural, los policías deben tener mejor formación y mejor salario. Hay que profesionalizar la fuerza, pero también hay que controlarla”.
La policía bonaerense cuenta con poco menos de 100 mil efectivos y tiene potestad sobre la mitad de la población que habita la Argentina. Una estructura gigante, difícil de modificar y casi imposible de controlar en toda su dimensión. En ese marco, vuelve a tomar fuerza un viejo reclamo de distintos sectores que impulsa la división de la policía y la coordinación territorial obligatoria con otras fuerzas.
Fuente:Pagina12
Reactivación: el plan del gobierno para remontar la crisis
En el marco de la flexibilización del aislamiento social, el presidente Alberto Fernández prepara una batería de anuncios que pondrán el eje en un relanzamiento de la producción. La propuesta para cada zona del país y los nuevos voceros para comunicar la estrategia del oficialismo.
Por Gimena Fuertes - @gimenafuertes
19 de Julio de 2020
Leyes, decretos y medidas administrativas conforman el nuevo paquete económico que será anunciado esta semana bajo el llamado a la participación en el nuevo “contrato social”. Es una reedición de la histórica propuesta peronista de alianza de clases, compre nacional, sustitución de importaciones y épica de reconstrucción del entramado productivo. La presentación de este paquete de reactivación de la economía y producción pospandemia no tiene definido el formato ni el día, pero apuesta a mostrar el lugar en la foto -y en el presupuesto- que la gestión Fernández le da a la producción pyme y a aquellos sectores productivos que inviertan en el país.
Este sábado al mediodía Santiago Cafiero le entregó a Alberto Fernández el borrador del plan a lanzar. Afinaron la lapicera y escribieron la letra chica. Muchas medidas fueron adelantadas la semana pasada, pero otras tuvieron que esperar a que se definiera y se anunciara la nueva fase de la pandemia para poder acomodar procesos.
El objetivo es mostrar el trabajo que llevan adelante los ministerios con los gobernadores. Desde Economía, el equipo de Martín Guzmán, junto a Eduardo “Wado” De Pedro y Silvina Batakis de Interior, están en contacto semanal con los y las mandatarias provinciales.
Según adelantaron fuentes oficiales, este plan consiste en brindar un “fuerte impulso” al crédito en todo el país, medida que será acompañada de otros apoyos segmentados según las necesidades de cada región. Es por eso que se dividirá al territorio en noreste, noroeste, centro, litoral, zona cuyana y Patagonia. El NOA y el NEA recuperarán el beneficio de pagar menos cargas patronales, que fue eliminado por Mauricio Macri. También se analizarán los aranceles de exportación de los productos sensibles de cada zona, con el objetivo de reactivar la industria y que vuelvan a abrir fábricas que tuvieron que cerrar. En esa línea se trabaja para mejorar la ley de concursos de acreedores y, de ese modo, salvar rápidamente a las empresas, y que vuelvan a operar bajo una nueva modalidad pospandemia.
Para acompañar la moratoria que acaba de anunciar el Gobierno, se proyecta un blanqueo para repatriar capitales que se inviertan en sectores de gran generación de empleo, por ejemplo, la construcción.
Tal como se contó la semana pasada, para impulsar el consumo se comenzó a implementar una nueva versión del programa Ahora 12, que se extendió a 18 cuotas, con tres meses de gracia. Es decir: lo que se compra en julio se comenzaría a pagar en noviembre y se cancelaría la cuota 18 en abril de 2022. A esto se le suma que está bajo análisis la posibilidad de que esas compras tengan una devolución total o parcial del IVA, impuesto que recae sobre los ingresos de las personas que más sueldo destinan a alimentos y bienes básicos.
Además, según trascendió, habrá anuncios de ayuda al sector pyme y para la actividad turística. La ya anunciada moratoria impositiva, junto con planes para la construcción de viviendas, subsidios para clubes, y obras de infraestructura para generar empleo, entre otras.
Reactivación en cuarentena
Los voceros que saldrán a explicar las medidas en los medios son Cafiero y la vicejefa Cecilia Bocco Todesca, vicejefa de gabinete. Todo este paquete se viene elaborando desde hace dos semanas, pero su anuncio estaba atado a las definiciones sobre la cuarentena a acordar entre los mandatarios Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta.
El termómetro económico y también la percepción del humor social -incluso la mayoría de la población que sí apoya la cuarentena, según miden todas las encuestas- llevaron al presidente a flexibilizar las restricciones.
Es que este nuevo contrato social que propone el gobierno también interpela al comportamiento social, que se relajó de hecho durante la cuarentena. El objetivo es que las regulaciones no queden alejadas de lo que ya sucede en las calles, pero que sí se internalicen conductas de higiene y de distanciamiento físico. La especial atención va a estar puesta en evitar las reuniones sociales, focos de contagio que produjeron el retroceso de fases en varias ciudades del país.
Así lo desarrolló Cafiero este sábado en diálogo con la TV Pública al señalar que caracteriza a esta nueva etapa como la de “la responsabilidad social individual como garante de todas las aperturas que se vayan definiendo”. Y para lo cual explicó que cada día se irá analizando “la velocidad de los contagios, la propagación del virus, las tasas de ocupación de UTI, de las salas generales, y los insumos médicos”. Con respecto al transporte público, Cafiero destacó que “el mundo demostró que es un vector de contagio por lo que sólo lo utilizarán los trabajadores esenciales”. Relató que el Estado analiza a diario “cuántas transacciones de SUBE se utilizan en AMBA y así analiza la movilidad, que viene baja y debe seguir así”.
El control del uso de la SUBE será uno de los mecanismos a través de los cuales el gobierno estudiará con lupa el comportamiento social y el respeto al distanciamiento físico. “Es muy importante que todos cumplamos nuestro rol para ir recuperando las pymes, la economía y también los abrazos, la vida social. No son medidas que toma un gobierno sino que son medidas que la ciudadanía está acompañando” aseguró el ministro coordinador. Y adelantó que “viene la etapa de la recuperación. Tenemos que continuar con las prioridades que encomienda el presidente y retomar el país de la producción y el empleo que caracteriza a nuestra gestión”.
Tal como adelantó Tiempo el domingo pasado, el proyecto de presupuesto 2121 ingresará al Congreso el 15 de septiembre y ya fue consensuado con los gobernadores y los ministros. Desde jefatura destacan que hubo que cambiar de fondo la estructura presupuestaria orientada a la especulación y no a la producción. Tras el ruido político que provocó la foto del 9 de julio, que excluyó a los pequeños sectores productivos y a las diversas organizaciones sindicales, el gobierno apuesta ahora a sumarlas en este plan de reactivación del país en medio de la pandemia. Tal como adelantó Tiempo el domingo pasado, el proyecto de presupuesto 2121 ingresará al Congreso el 15 de septiembre y ya fue consensuado con los gobernadores y los ministros. Desde jefatura destacan que hubo que cambiar de fondo la estructura presupuestaria orientada a la especulación y no a la producción. Tras el ruido político que provocó la foto del 9 de julio, que excluyó a los pequeños sectores productivos y a las diversas organizaciones sindicales, el gobierno apuesta ahora a sumarlas en este plan de reactivación del país en medio de la pandemia.Estudio de seroprevalencia: por cada caso confirmado podría haber otros nueve
La estadística surge de una proyección del testeo realizado en el Barrio Mugica, donde un 53,4% de los habitantes presentó anticuerpos. Ese análisis se extenderá a toda la Ciudad.
Por Javier Borelli - @javiborelli
19 de Julio de 2020
Por cada caso de coronavirus diagnosticado oficialmente, podrían existir otros nueve. El dato surge del estudio de seroprevalencia coordinado por el equipo de investigación de Andrea Gamarnik en el Barrio Mugica (Villa 31) y presentado esta semana por la Ciudad de Buenos Aires. El análisis de anticuerpos estuvo acompañado por una pequeña encuesta que permitió identificar que solo el 15% de los casos positivos reconocieron haber tenido síntomas y que la posibilidad de contagiarse se duplicaba en aquellos hogares donde había un caso confirmado por PCR. Estos resultados son similares a los que obtuvo España en un reciente estudio a nivel nacional y ayudan a tener más información sobre la circulación del virus. En los próximos días, el gobierno porteño replicará el estudio en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
“Dado que la transmisión entre los miembros de la familia es uno de los principales impulsores de la propagación de la enfermedad, no sorprende que las situaciones de hacinamiento en los barrios marginales estén directamente asociadas con un mayor riesgo de infección y consecuentemente altos niveles de seroprevalencia”, concluye el informe preliminar sobre el estudio realizado por el equipo de Gamarnik y publicado esta semana en un repositorio académico de la Universidad de Yale (EE UU). Las conclusiones de la reconocida viróloga argentina, integrante de la Academia Americana de Microbiología, demuestran que la pandemia expone los efectos de la creciente desigualdad y las deudas estructurales con los sectores vulnerables.
En total, fueron testeadas 873 personas del barrio Mugica entre el 10 y el 26 de junio. El pico de contagios ya había ocurrido entonces, y el factor R, que mide la cantidad de personas que contagia cada caso positivo, había disminuido desde 3,24 a 0,6. Es decir que la cantidad de casos activos se encontraba en franca disminución.
Las pruebas analizadas en el laboratorio arrojaron que el 53,4% tenía anticuerpos, lo que implica que su sistema inmunológico había reaccionado ante la presencia del virus. Al momento de terminarse el estudio había en el barrio 2949 casos confirmados de Covid-19 por análisis de PCR, lo que representaba apenas un 5,9% de sus habitantes. De ahí la conclusión de que por cada caso registrado oficialmente existen otros nueve que no se detectan.
Hasta ahí los datos guardan coherencia con el estudio de seroprevalencia realizado en España, con la salvedad de que allí la muestra tuvo alcance nacional. En total se testeó a 68.296 personas de todas las comunidades autónomas, en tres tandas y durante dos meses, siguiendo una muestra preparada por el Instituto Nacional de Estadísticas de manera que tuviera representatividad de toda la población del país. Un 5,2% registró anticuerpos, lo que proyectado a todo el país implicaría unos 2,4 millones de infectados. España fue uno de los países más afectados por el Covid-19 y había registrado oficialmente al momento del estudio 250.545 casos. Es decir que allí también la cuenta da que por cada caso detectado positivo existían otros nueve por debajo del radar.
Por supuesto, la distribución en el territorio tampoco fue homogénea. Mientras en algunas comunidades solo el 2% mostraba anticuerpos, en otras más populosas, como Madrid, el registro llegó al 10 por ciento. Todas cifras muy lejanas a los valores del Barrio Mugica y también de los estimados para la llamada "inmunidad de rebaño" (alrededor del 60 por ciento).
Otros datos para analizar de ese estudio es que entre un 27 y un 31% de las personas que dijeron convivir con alguien que tuvo Covid confirmado por PCR tenían anticuerpos, es decir, que también se habían contagiado. La cifra bajaba a entre 10 y 15% entre los que tuvieron contacto con casos de coronavirus fuera del hogar. Por último, cabe destacar que entre los que no habían tenido diagnóstico por PCR, el síntoma más inequívoco de Covid fue la anosmia (pérdida del olfato). Más del 40% que dijo haber tenido ese síntoma tenía anticuerpos.
Aun tratando de interpretar el comportamiento del virus, un dato que generó inquietud fue que un 14% de la gente que había dado positivo al primer estudio de anticuerpos, luego dio negativo en otra ronda. En su gran mayoría eran personas asintomáticas, por lo que se supone que la carga viral puede haber sido baja desde un principio.
Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, relativiza la preocupación: “Los estudios de otros países nos muestran que el efecto rebaño no existe. Pero la falta de registro de anticuerpos no quiere decir que uno vaya a contagiarse nuevamente. Hay una cosa con la inmunidad que es la memoria. Cuando pasa un tiempo los anticuerpos pueden bajar, pero los linfocitos tienen memoria y siguen vivos. Están en una situación de hibernación, pero tienen capacidad de activarse nuevamente. Así que no hay una necesaria correlación entre la incapacidad de encontrar en sangre los anticuerpos con la pérdida de inmunidad”. Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, relativiza la preocupación: “Los estudios de otros países nos muestran que el efecto rebaño no existe. Pero la falta de registro de anticuerpos no quiere decir que uno vaya a contagiarse nuevamente. Hay una cosa con la inmunidad que es la memoria. Cuando pasa un tiempo los anticuerpos pueden bajar, pero los linfocitos tienen memoria y siguen vivos. Están en una situación de hibernación, pero tienen capacidad de activarse nuevamente. Así que no hay una necesaria correlación entre la incapacidad de encontrar en sangre los anticuerpos con la pérdida de inmunidad”. MercadoLibre: mucho más que un enfrentamiento entre los sindicatos
El convenio laboral vigente contiene avances de la reforma laboral. La empresa considerará el encuadramiento en Camioneros en el futuro.
Por Alfonso de Villalobos - @alfondevil
19 de Julio de 2020
El bloqueo que el sindicato de Camioneros realizó sobre las distintas plantas de distribución de la empresa MercadoLibre en el AMBA fue presentado en varios medios como un "enfrentamiento entre gremios" por el encuadramiento y, claro, la disputa por la caja que se deriva en un sector que, se descuenta, irá en franco ascenso.
Sin embargo, detrás de este conflicto puntual, y más allá de las aspiraciones concretas que se pusieron de manifiesto de uno y otro lado, lo cierto es que lo que está en desarrollo es el debate acerca del rol que los convenios colectivos existentes tendrán en la mentada "nueva normalidad" que se prepara una vez concluida la cuarentena.
También opera el papel que ocuparán las distintas fracciones del arco sindical con relación al régimen político oficialista que atraviesa un cimbronazo dentro de sus filas.
Es que el desembarco del sindicato de Carga y Descarga liderado por Daniel Vila resultó ser el mecanismo mediante el cual la patronal de MercadoLibre consiguió un convenio colectivo a la medida de la reforma laboral que quedó trunca luego de las protestas de diciembre de 2017.
En diciembre de 2018 se firmó un convenio que rige únicamente para los trabajadores de almacenamiento y distribución del Mercado Central. Se trata de un convenio por empresa y, como tal, da cuenta de una de las aspiraciones patronales por excelencia ya que resulta funcional a la atomización de los trabajadores debilitando su capacidad de resistencia.
Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social de la CTA-A, señaló a Tiempo que "lo que está en discusión es la regulación de las condiciones laborales de los trabajadores en un sector muy dinámico y estratégico para la economía: la logística vinculada al auge del comercio electrónico".
De hecho, el CEO de MercadoLibre, Juan Martín de la Serna, reconoció que el problema es que "Camioneros quiere un convenio de 1989".
Campos explicó que "el convenio firmado a fines de 2018 dice mucho del tipo de relaciones laborales que impulsan algunos de los representantes más mediáticos de los empleadores, que implica una profundización de la flexibilización laboral".
La letra del convenio, de hecho, concede varios de los puntos que figuraban en el proyecto de reforma laboral.
En primer lugar, la eliminación del concepto de jornada laboral a través de la creación de lo que aquel proyecto denominaba "banco de horas". Al establecer una jornada mensual de 196 horas, no sólo se barre con la jornada de ocho horas y el pago de las horas extra; también se flexibilizan las vacaciones y los francos que se adaptan a las necesidades operativas de la empresa que sólo tiene la obligación de notificar sus tareas al trabajador con 48 horas de antelación en función de la eliminación de los tiempos muertos.
Lo mismo ocurre con relación a un aspecto fundamental de todo convenio que es la carrera y las categorías que desaparecen dando lugar a la polifuncionalidad. Se trata de otra aspiración presente en el proyecto, al igual que el derecho de las patronales de suspender a los trabajadores con un 50% del haber en virtud, de nuevo, de las necesidades operativas de la empresa.
El convenio también avanza en los derechos sindicales de los trabajadores toda vez que condiciona el derecho a huelga a través de su regulación mediante mecanismos administrativos y establece la condición de guardias mínimas. Además, elimina los delegados por turno en violación a lo que establece la Ley de Asociaciones Sindicales.
El viernes, el Ministerio de Trabajo fue el escenario en el que Camioneros selló un acuerdo de paz social con la empresa que, según fuentes de la cartera, incluyó la conformación de "una mesa de diálogo" que tendrá como propósito alcanzar "acuerdos hacia adelante" basados en que "la empresa tiene un plan de expansión en el interior".
Así las cosas, las condiciones de los trabajadores podrían depender del reparto más o menos arbitrario que se realice entre gremios en esa mesa de trabajo.
Con La Bancaria, también
La disputa de la empresa liderada por Marcos Galperin no se limita al sindicato de Camioneros dirigido por Pablo Moyano.
Los antencedentes ya dan cuenta de un enfrentamiento con el líder de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, quien también cuestionó su modelo de negocios en el sector Fintech.
Según el líder bancario, la compañía, mediante la evasión de los convenios vigentes en la actividad financiera, viene ejerciendo una "competencia desleal" con relación a los bancos tradicionales.
Curiosamente, en ese punto, las cámaras bancarias coincidieron con el dirigente gremial en su reclamo al BCRA en favor de su regulación.
Fuente:TiempoArgentino
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