Guarda con el Cuco
Eduardo Duhalde y su profecía golpista-apocalíptica ante las políticas aplicadas por Alberto Fernández
Por Luis Bruschtein
El expresidente Eduardo Duhalde dijo que no habrá elecciones el año próximo, que habrá un golpe de Estado y que todo eso pasará si no cambian “estas políticas que no sirven para nada y se buscan políticas de consenso”. En el contexto apocalíptico de una pandemia globalizada y de una globalización en crisis aparecen sentidos que pueden o no tener sentido.
El sentido de lo que dijo el expresidente es una profecía-advertencia de que si Alberto Fernández impulsa políticas como la llamada reforma judicial, la declaración de las comunicaciones como servicio público, o el aporte extraordinario de las grandes fortunas, pasará esa doble desgracia.
Eduardo Duhalde rechaza esas medidas del gobierno por lo que, además de profecía y advertencia, sus palabras asumen también un sentido de invitación y hasta de conformidad con que sucedan esas tragedias.
La profecía duhaldista es también manifestación pública del deseo de muchos, empezando por los que se reunieron en la protesta del 17. El núcleo duro macrista piensa así: no acepta que perdió las elecciones y cree que el gobierno no puede llevar adelante el mandato de los que lo votaron, sino que debe subordinarse al mandato de los que votaron en contra y perdieron. Es el consenso del que habla Duhalde: nada que no concuerde con lo que quiere la oposición se debe hacer.
Todo el contexto parece un disparate, así que las declaraciones de Duhalde están en consonancia con ese entorno. Hubo golpes institucionales en Honduras, Paraguay, Brasil y Bolivia. Y en Argentina hubo una fuerte acción destituyente por parte de los servicios de inteligencia, periodistas y medios de comunicación y un grupo de jueces y fiscales. Si no lograron la destitución o el golpe institucional fue por la estrategia que opuso el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.
En Argentina fracasó el golpe institucional, pero hubo un intento de llevarlo adelante. Por eso es tan importante lograr una justicia creíble y servicios de inteligencia subordinados y controlados por el poder político o el legislativo. Y el Estado tendría que garantizar la diversidad de voces y democratización de la información para evitar los efectos de la manipulación.
El golpe militar clásico quedó anacrónico. En cada país, el golpe institucional tuvo protagonistas diferentes. En la mayoría fue una combinación de medios, funcionarios judiciales y el Congreso. Pero en Bolivia la base de la conspiración fueron las fuerzas de Seguridad. El síntoma histórico han sido las zonas liberadas y muertes violentas que provocan el fuerte malestar de la sociedad como clima pregolpista.
El golpe institucional siempre ha estado presente durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y esa posibilidad rondará seguramente también al de Alberto Fernández. En la sociedad hay elementos antidemocráticos que solamente están dispuestos a aceptar un gobierno que represente los privilegios de las minorías. Y esos sectores van a conspirar por todos los medios que puedan.
Pero esa tensión marca el disloque de la advertencia de Duhalde. Porque si el peligro del golpe institucional siempre estuvo latente en gobiernos democráticos, al mismo tiempo la historia demostró que esos intentos fracasaron cuando se mantuvo el respaldo popular. Y el gobierno de Alberto Fernández mantiene el apoyo de la mayoría de la sociedad.
Las declaraciones del expresidente coincidieron también con el esfuerzo de los medios macristas para sobredimensionar los actos del 17, como si el gobierno hubiera perdido respaldo. Duhalde agitó el fantasma de golpe institucional a partir de esa supuesta pérdida de legitimidad,
Pero los actos del 17 fueron bastante circunscriptos al núcleo más exaltado de la oposición, un sector que tiene poca proyección electoral incluso dentro del macrismo y no le resta nada al fuerte apoyo que tiene Alberto Fernández. Mientras el gobierno mantenga ese respaldo y pueda desarticular los dispositivos que usa el golpismo destituyente, el golpe institucional seguirá como expresión de deseos del pensamiento autoritario.
26 de agosto de 2020
Indiferencia ante la regulación de internet, cable y celulares
El Círculo Rojo no se inmola por las telcos
A diferencia del rechazo unánime a la reforma Judicial y a la expropiación de Vicentin, los ceos no se involucran en una crítica al DNU. Razones de una posición moderada.
Por Leandro Renou
Imagen: Leandro Teysseire
Una parte relevante del establishment nacional decidió ser cuidadoso respecto a tener expresiones públicas y corporativas sobre el caso del DNU con que el Gobierno Nacional declaró servicio esencial a internet, cable y celulares. Una pelea que impulsan los principales prestadores con una activa postura del Grupo Clarín, que concentra buena parte del mercado y es el más impactado por las regulaciones.
A diferencia de lo que ocurrió con los casos de Vicentin y la reforma Judicial, el Círculo Rojo no salió a criticar la medida por diferentes razones y el reclamo quedó circunscripto a las firmas del sector. En una solicitada que se redactó el fin de semana y que intentó, sin éxito, sumar a voluntades extra negocio, pusieron la rúbrica Clarín, Telefónica y Claro, más la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (Amcham), que firmó en nombre de DirecTV, compañía de capitales estadounidenses y Telecom, Telefónica y Claro, que también son socios.
Se representó allí toda la mesa de la industria del rubro, pero el escrito generó ruido incluso hacia adentro de Amcham. No hubo consultas a los socios no tecnológicos y la mayoría se enteró cuando vieron la solicitada. Cuando les avisaron esta mañana, adelantaron también que, paralelamente, Amcham trabaja en un posicionamiento propio “que estaremos enviando a la Jefatura de Gabinete”.
El mismo viernes en que el presidente Alberto Fernández dio a conocer el congelamiento en los precios de los abonos hasta fin de año y avisó que será el Estado quien autorice aumentos vía justificación de mayores costos, hubo moderada actividad en los grupos de Whatsapp de ceos. Esos mismos chats que albergaron alertas fuertes sobre medidas que se consideraban como atentados a la propiedad privada y a la institucionalidad.
El caso más emblemático, el grupo Nuestra Voz, que armaron los unicornios digitales con Marcos Galperín, de Mercado Libre, al comando. Tribuna que suele reflejar el sentir negativo de cualquier avance del Estado y que nació para bancar la candidatura de Mauricio Macri, solo contó con un impulsor de la bronca por el DNU. Escribió algunas lías Ricardo Estévez, un filántropo y empresario con campos en el sur que es íntimo amigo del mexicano Carlos Slim, dueño de Claro.
Lo siguieron muy pocos. La actividad se dio por fuera del grupo, donde algunos de los presentes blanquearon por qué la épica que busca Clarín es incompleta. “Esta no es una pelea nuestra ni algo en lo que tengamos que meternos, es algo sectorial y regulatorio que afecta a empresas muy concentradas y con poder de fuego”, le dijo un ceo industrial a otro de los participantes, perteneciente a la industria farmacéutica.
En ese grupo, la mayor obsesión es la reforma judicial. Uno de los que dijo que eso es más relevante que el DNU fue Javier Goñi, de Ledesma, que además es un alto mando de IDEA, conglomerado que puso por escrito su oposición al tema judicial.
PREOCUPADOS POR LA ECONOMÍA
Algo similar ocurrió en la reunión del lunes de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), que alguna vez rechazó fuerte el asunto de la expropiación fallida de Vicentin. Hablaron de precios y de un encuentro que se viene con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. No hubo menciones al caso de las telcos.
En el ámbito bancario, en tanto, la única preocupación que generó la decisión no tuvo que ver con la supuesta afectación a los negocios o las inversiones de un sector, sino más bien a la señal negativa de congelar precios como una medida de fondo ante posibles rebrotes inflacionarios.
Fuentes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), no descartaron ante la consulta de Página I12 que haya un comunicado para sentar posición por el tema. Pero en ese caso sería más lógico, considerando el peso que el holding de Héctor Magnetto tiene en la entidad.
Este martes, en la típica reunión de Junta de la Unión Industrial Argentina (UIA), la agenda contempló todo menos el caso de la regulación a las telcos. En aquella situación de la expropiación fallida de Vicentin, fue el propio Luis Betnaza, mano derecha de Paolo Rocca en Techint, el que pidió salir con un comunicado cruzando al gobierno. Esta vez, no hubo chispazos a favor de Clarín.
La mayor preocupación de los industriales, hoy, es saber cuándo Fernández dará a conocer las tan mentadas 62 medidas para reactivar la economía. Un anuncio que hasta los ministros desconocen la fecha pero que ya tiene señales concretas: un acto importante luego del 28 de agosto, cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, cierre formalmente el canje con los acreedores privados.
26 de agosto de 2020
También trascendió que no habrá regreso a clases presenciales en la Ciudad
El Consejo Federal de Educación anunció que la promoción se definirá en 2021. La propuesta porteña de regreso parcial a las aulas, que había generado rechazo docente, será desestimada.
Imagen: Leandro Teysseire
El Consejo Federal de Educación, que reúne a los ministros del área de todo el país, resolvió que, dado el contexto de educación en emergencia, ningún estudiante repetirá este año, formando una única "unidad pedagógica" con el año próximo y dejando la definición de la promoción para fin de 2021. Además, luego de que el gobierno porteño anunciara un plan de vuelta a las clases presenciales para unos 6 mil chicos y chicas de la Ciudad, pertenecientes a las poblaciones más vulnerables --medida que tuvo fuerte rechazo de los gremios docentes y la comunidad educativa en general, por considerar que era imposible cumplir con los protocolos de cuidado y que se estaba "experimentando" con los chicos de menos recursos--, el ministerio de Educación de la Nación dejó trascender ayer que no aprobará el protocolo para que tal regreso se ponga en práctica.
La decisión de no habilitar las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires --una idea presentada por la ministra de Educación porteña Soledad Acuña bajo el nombre "Conectate en la escuela", que proponía la habilitación de espacios con conectividad para que los chicos siguiesen haciendo actividades virtuales-- será anuciada el miércoles oficialmente desde la cartera nacional. En su lugar, desde Nación propondrán, con colaboración del gobierno porteño, un plan para repartir computadoras a esos chicos que hoy no tienen acceso a la "escuela en casa" por falta de recursos o de conectividad.
En rigor, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, ya había manifestado días atrás que "no están dadas las condiciones epidemiológicas en la Ciudad para el regreso a las aulas", advirtiendo que “la prioridad es el cuidado de la salud de la comunidad educativa", por lo que podía inferirse que el regreso a clases, de la forma y en el momento en que se propouso desde la ciudad, no contaría con la aprobación de la Nación.
En cuanto al modo en que se desarrollará lo que resta del ciclo lectivo en todo el país, y los criterios de evaluación, acreditación y promoción que se tendrán en cuenta en este contexto absolutamente extraordinario, el Consejo Federal de Educación resolvió la creación de una unidad pedagógica que abarcará el actual ciclo lectivo y el del año que viene. El Programa Acompañar: Puentes de Igualdad fue anunciado en este marco como el modo de acompañar la próxima etapa de retorno progresivo a las escuelas, garantizando la educación obligatoria y apuntando a evitar la deserción escolar.
Sobre el pasaje de un nivel educativo a otro, se resolvió que en el caso de las y los niños que actualmente están en la sala de 5 años del nivel inicial promocionarán directamente al primer grado de primaria, y que en el ciclo lectivo 2021 ambos niveles trabajarán en conjunto la planificación pedagógica.
Para el último año de primaria, "las actividades de formación podrán extenderse hasta marzo de 2021" y la acreditación final de aprendizajes (el examen evaluatorio) tendrá lugar en los meses de diciembre y marzo. Quienes no alcancen los niveles de logro establecidos para marzo, pasarán al nivel secundario bajo la figura de "promoción acompañada" y recibirán horas de clase extra a lo largo del año.
En cuanto al último año de secundaria, se propone un "Trayecto Curricular de Finalización del Nivel Secundario 2020" de aprobación obligatoria, con instancias de acreditación en diciembre, marzo y abril. Se ofrecerán espacios de formación como mínimo durante el mes de febrero y hasta la finalización del año lectivo 2020 (marzo 2021).
Así planteado, el fin de este año escolar tan particular no incluye en ninguna de las instancias una idea de "promoción automática": se propone reorganizar los contenidos, en una unidad pedagógica que "pega" este año al próximo, para que el año que viene puedan ser acreditados.
Según lo resuelto, una vez finalizado el aislamiento y durante la etapa de retorno progresivo a las escuelas convivirán tres formas de transitar la educación obligatoria: presencial, no presencial y combinada. "En cada uno de los niveles obligatorios se van a reorganizar contenidos respetando los propósitos formativos y las metas de aprendizaje", detallaron.
Con respecto al sistema de evaluación, la asamblea del CFE determinó que todos los aprendizajes que tuvieron lugar durante 2020 serán "evaluados y acreditados", para continuar en una progresión de aprendizajes "que abarcará el ciclo 2020 y el 2021 como una única unidad pedagógica". Tal como viene ocurriendo, esa evaluación será conpetual y no con nota, "para que cada jurisdicción decida cuándo y con qué finalidad repone el uso de escalas de calificaciones".
“Buscamos llevar tranquilidad y certeza a la comunidad educativa de cómo abordaremos el fin del ciclo lectivo 2020 y su articulación con el año próximo”, explicó el ministro Trotta. Y en referencia a las desigualdades expuestas y amplificadas por la pandemia, destacó que con el programa Puentes de Igualdad se busca "acompañar y contener a las y los estudiantes que han quedado des-escolarizados en este contexto”.
26 de agosto de 2020
El tribunal consideró que el exsecretario de Macri podría entorpecer la investigación
Espionaje ilegal: niegan a Darío Nieto el pedido de eximición de prisión
Nieto no está detenido ni esta decisión significa que vaya a estarlo. Pero la medida puede asegurar su presencia a la citación a indagatoria, a la que fue convocado por decisión del juez Juan Pablo Augé, a pedido de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
Por Irina Hauser
Imagen: Télam
El día que allanaron su casa, Darío Nieto, el secretario privado de Mauricio Macri, se encerró en su auto y comenzó a mandar mensajes sin parar y a borrar información de su teléfono. Se negaba, además, a entregar el celular a los policías que intentaban que saliera del vehículo. Esa resistencia y la comprobación de que, en efecto, había manipulado su celular aunque (no está claro en qué momento borró mensajes), entre otras cosas, llevaron a que la Cámara Federal de La Plata volviera a negarle su pedido de eximición de prisión en la causa en la que se investigan múltiples operaciones de espionaje ilagal durante el gobierno de Mauricio Macri. Nieto no está detenido ni esta decisión significa que vaya a estarlo, pero es una medida que podría asegurar su presencia a la citación a indagatoria, a la que fue convocado la semana pasada por decisión del juez Juan Pablo Augé, a pedido de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
Los fiscales sostienen que Nieto tenía el papel de jefe de Susana Martinengo, la ex coordinadora de documentación presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri, que recibía a algunos de los espías del grupo llamado “Super Mario Bros” en su despacho. La imputación sostienen que Nieto recibió de ella al menos “informes vinculados a la comunidad mapuche y a las manifestaciones frente al proyecto de ley de movilidad jubilatoria” que se desarrollarían frente al Congreso. Martinengo era, para la fiscalía, un “canal subsidiario” de la “transmisión de información producida en violación a la ley de inteligencia por dos de los agentes imputados, que la visitaban, Jorge “el Turco" Sáez y Leandro Araque.
Pese a que Nieto negaba conocer a Martinengo y ella negaba tener trato con él, en el celular de ella se encontró, por ejemplo, un mensaje despedida cuando finalizaba el gobierno de Cambiemos. “Susana querida! No quería dejar de escribirte y agradecerte x estos años. Una grosa total!!! Muchas gracias por todo”, decía Nieto. La fiscalía sostiene que él recibió informes de manos de la ex funcionaria y la sospecha es que podían tener como destino el despacho presidencial.
Nieto fue citado a indagatoria como parte de una asociación ilícita caracterizada por violar la ley de inteligencia con fines de hacer espionaje político, en esencia. Todavía no tiene fecha para declarar, algo que hará por Zoom u otro soporte remoto. Las chances de su detención no son relevantes, pero el comportamiento que le marcó la Cámara le puede jugar en contra o agravar su situación ya que los jueces Roberto Lemos Arias y Cesar Alvarez señalaron que se puede presumir la existencia de “riesgos procesales”.
“La actitud adoptada por el requirente al momento de ser abordado por el personal policial en el marco de un procedimiento ordenado en la causa principal, oportunidad en la que se habría encerrado en su automóvil después de increpar al personal policial y habría manipulado su teléfono celular con la posibilidad de borrar información útil para la investigación”, señalan los jueces.
“A los fines de asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, pueden imponerse ciertas restricciones a la libertad ambulatoria del imputado, con el propósito de asegurar su presencia en los actos del proceso y evitar un entorpecimiento de la investigaciones. Esto, con carácter transitorio, como medida cautelar y en la medida que resulte razonable”, explican en su resolución.
También recuerdan la gravedad de los delitos investigados, llevados adelante por una “organización criminal con inserción en el Estado nacional, provincial y local, cuyos integrantes, cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de funcionarios y/o empleados públicos y agentes y/o dependientes de las fuerzas de seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos períodos y abarcando diversas jurisdicciones”.
Cuando se analizó el teléfono de Nieto se detectaron dos cuestiones: que había borrado mensajes, aunque no está claro exactamente cuándo, y que ya antes de que allanaran su casa se había convertido en una suerte de asesor o guionista para Macri respecto de la causa. Aparecieron conversaciones con el ex presidente en el “block de notas” del celular, que serían mensajes que le había enviado y que, según la fiscalía, muestran “que conocía el entramado ilícito investigado”.
En uno le decía a “Mauricio” que lo había llamado “Cristian” y que le señalaba que les “faltaba un relato” porque nadie explicaba, por ejemplo, la presencia y acciones de espías que venían de la Policía Metropolitana de Macri. “Nosotros los llevamos a la AFI” Y “ni hay una explicación para eso”, “alguien tiene que tomar el tema Alan Ruiz (ex jefe de operaciones) para “que desmienta todo”.
Esta semana, por lo pronto, desfilan testigos vinculados con el espionaje en las cárceles. Estuvieron Jorge Chueco y Rafael Resnik Brenner. Este miércoles es el turno de los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa.
26 de agosto de 2020
El “CovidAr IgM” ya fue aprobado por Anmat
Coronavirus: un equipo del Conicet desarrolló un nuevo test serológico
Fue desarrollado por el equipo que la investigadora Andrea Gamarnik comanda en el Instituto Leloir. Complementa al “CovidAr IgG”, fabricado en mayo, y permite detectar otro tipo de anticuerpos.
Por Pablo Esteban
El nuevo test detecta la inmunoglobulina IgM, el primer anticuerpo generado por el sistema inmune ante una infección.
Imagen: Télam
Imagen: Télam
Investigadores e investigadoras del Instituto Leloir y del Conicet desarrollaron un nuevo test serológico para covid-19, que ya fue aprobado por Anmat. El CovidAr IgM, a diferencia del “CovidAr IgG” presentado a comienzos de mayo, cuenta con la capacidad de detectar un anticuerpo distinto. Ambos avances son complementarios y se enmarcan en el conjunto de aportes contemplados por la “Unidad Covid-19” que financia el gobierno nacional, a través del MinCyT, el Conicet y la Agencia.
Ante los virus, señalan los especialistas, la respuesta inmune da lugar a la producción de dos tipos de anticuerpos: los IgM y los IgG. En la biología de las infecciones, en general, los de tipo IgM aparecen primero y, al cabo de una o dos semanas, comienzan a disminuir; mientras que los IgG emergen luego, se incrementan y se mantienen estables en el cuerpo por más tiempo. “En el caso del coronavirus, se produce una particularidad, y es que en el 80 por ciento de los pacientes contagiados, los dos anticuerpos aparecen en simultáneo. En un 15 por ciento los IgM lo hacen antes y en el 5 por ciento restante, se produce una rareza y es que los IgG aparecen primero”, señala Andrea Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Leloir e Investigadora del Conicet.
Hasta el momento, solo se utilizaban los IgG para la medición de serología, es decir, para calcular la respuesta inmunológica frente a la infección. De hecho, la tecnología que diseñaron en mayo servía para ese anticuerpo específico. Sin embargo, agrega Gamarnik, "si uno detecta este anticuerpo en valores altos quiere decir que el paciente está más cerca del momento en que se infectó. Por lo tanto, existe un porcentaje de casos que pueden detectarse más temprano con el nuevo test". "Mientras que la IgG te dice: ‘Te infectaste, pero no sabemos hace cuánto'; el test IgM te dice: ‘Te infectaste y no hace mucho’. Los hospitales buscaban que lo mandemos a aprobar a Anmat porque querían emplearlo”, aclara la referente.
El nuevo test podría mejorar la sensibilidad de las pruebas y utilizarse como estrategia en el registro de casos y contactos estrechos, y permite continuar con los estudios de seroprevalencia para cuantificar con precisión la cantidad de personas que se infectó desde que inició la pandemia.
Gracias a los desarrollos de Gamarnik y su equipo, hasta la fecha, se produjeron 450 mil test serológicos IgG y 40 mil IgM, que son distribuidos en más de 70 instituciones de salud, a nivel nacional y provincial. Además de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, ya han recibido sus kits diversos centros de Chaco, Formosa, Córdoba, Corrientes, Santa Fe, Neuquén, Santa Cruz, Rio Negro, Chubut, Tucumán, Entre Ríos, San Luis y Tierra del Fuego. Para conseguir una fabricación a escala como la desplegada, el equipo de expertos y expertas locales recibió el apoyo del Fondo para la Convergencia del Mercosur (FOCEM), la Fundación Williams y la Asociación Civil Siempre Ayuda Nunca Dañes (SAND). “Los estamos produciendo de manera sostenida, los chicos en el laboratorio trabajan en serie, de manera estandarizada. Todas las semanas tenemos decenas de cosechas de células para producir las proteínas necesarias para hacer miles de placas, que luego se transforman en kits”, describe Gamarnik.
La estrategia en la Ciudad y en la provincia
“Hay mucha controversia alrededor de cuándo y para qué usar la serología. Y eso depende de diversos factores: en qué momento de la pandemia estás, qué herramientas tenés y las características de la serología que utilizás”, apunta la investigadora.
“Los tests serológicos en base a tiras constituyen una herramienta muy importante también, pero producen más ruido. Depende del momento de la pandemia en la que estés, implicarán una ventaja o no. Hoy por hoy como la seroprevalencia es baja, necesitamos de ensayos que sean altamente específicos, es decir, los CovidAr”, detalla.

El gran objetivo del ministerio de Salud es que todo el personal de salud pueda realizarse un estudio serológico cada dos semanas. Hace meses, el ministerio de Salud de la Ciudad adquirió en el exterior 400 mil test de tiras reactivas para vigilancia del personal de salud y de otros grupos de riesgo (adultos mayores y trabajadores de seguridad). En el presente, cuando alguna muestra da positiva, corroboran el resultado con un segundo test de CovidAr. Ello, en parte, debe realizarse de esa manera porque los tests en base a tiras reactivas causaron rechazo en países europeos como España, por la cantidad de errores en los que se incurría con los ensayos.
En provincia de Buenos Aires, en cambio, se emplea directamente el Covidar IgG. Los individuos con test serológicos IgG positivo, pasan a realizarse el test de IgM, con el propósito de analizar si la persona se contagió hace mucho o relativamente poco. Por último, si el IgM también da positivo proceden al hisopado para PCR. “Esto es contraintuitivo porque uno podría pensar que si los IgM aparecen primero, el test que debería realizarse al principio sería ese. El punto es que el test de IgG es el más específico de todos, por ello conviene usarlo primero. Con ese esquema se ha determinado en la provincia que la seroprevalencia del personal de salud es del orden del 3 por ciento. En CABA, los resultados son parecidos, del orden del 3 o 4 por ciento”, comenta.
A diferencia de los test por técnica PCR, como los que emplean el Instituto Malbrán y la red de laboratorios conformada por el Ministerio de Salud, los CovidAr –tanto el IgG como el IgM– no son utilizados para diagnóstico. "La serología sirve como complemento de la técnica PCR, suma información y es una herramienta que si la sabemos usar es muy valiosa. Cada vez adquirirá más relevancia porque nos enseña cómo evoluciona la pandemia: cuánta gente se infectó y cuánta no. Siempre aprendemos mucho, pero el desafío del presente es aprender mientras transcurre la pandemia, con todo lo que ello implica”, señala Gamarnik.
Medir anticuerpos: la clave para la terapia de plasma
Recientemente, el equipo de Gamarnik también puso a punto un protocolo estandarizado –que tuvo el visto bueno de Anmat y será utilizado en todo el territorio nacional– para hacer titulaciones de IgG, es decir, cuantificar los anticuerpos que hay en el plasma (la porción líquida de la sangre) en personas ya recuperadas de la infección por Sars CoV-2. “Tratamos de que todo el mundo hable el mismo lenguaje, por eso estandarizamos un protocolo. Necesitamos saber lo que estamos transfundiendo”, adelanta la investigadora.
Luego sigue con la enumeración de pasos. “Lo primero es analizar la calidad de los anticuerpos. Después, si el individuo posee una calidad media o alta, lo que sigue es una determinación de tipo cuantitativa para determinar, en definitiva, cuánta IgG hay en la sangre”.
"Un aspecto clave es identificar cuántos de los anticuerpos que tiene el plasma podrán neutralizar al virus; que impidan que ingrese a las células y produzca una infección. Por este motivo, también se deben realizar ensayos de neutralización”, aclara. Un paciente, de esta manera, podría hipotéticamente contar con una cantidad alta de IgG pero que no sean aptos para neutralizar al Sars CoV-2. Por eso la titulación es clave para avanzar hacia la aplicación de la terapia de infusión de plasma. Estudios similares se están llevando a cabo en la Fundación Infant, a cargo de Fernando Polack y Romina Libster, y en el Hospital Italiano. Los resultados estarán listos en un mes aproximadamente.
Fuente:Pagina12





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