27 de septiembre de 2020
El Gobierno tomó una postura más dura contra la oposición y los medios
Una pelea frontal contra las fake news y el desánimo
Por Fernando Cibeira
Algunos ubican el origen de la decisión en la columna que publicó Mauricio Macri a su vuelta de sus vacaciones europeas, otros en la revuelta policial bonaerense que llevó la protesta hasta el portón de la quinta de Olivos. Pero en los últimos días se hizo clara la intención del Gobierno de salir a mostrar una postura más dura ante la oposición macrista y los medios afines al mismo tiempo que buscará exhibir una gestión más activa y en recuperación para la pospandemia, de manera de revertir la imagen que incansablemente se intenta instalar desde esos sectores. "En estos meses subimos las retenciones al agro, hicimos que bajaran las tasas de interés de los bancos, congelamos las tarifas de los servicios y declaramos servicio público internet, tv paga y telefonía. Todo eso no es gratuito y ahora tratan de hacernos pagar. Así es la política, eso no va a hacer cambiar nuestros objetivos", explicaba un importante funcionario del Gobierno.
En los últimos días hubo varios registros de esta nueva posición, de réplica y sin más concesiones. El mismo miércoles que el Presidente encabezó un acto en Entre Ríos en el que hizo una referencia directa a Macri y a los dirigentes que lo rodean de buscar desestabilizar la democracia y acusar a algunos medios de publicar mentiras, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, protagonizó un picante cruce en uno de los programas de la señal TN. Allí, Cafiero dejó una clave de lo que se viene discutiendo internamente entre quienes trabajan en el discurso oficial cuando mencionó que hay una disputa en torno al sentido que ahora el Gobierno busca salir a dar.
En los primeros meses en la Casa Rosada imaginaron que bastaba hacer bien las cosas y mostrar que lo que decían oposición y medios era falso, que con eso alcanzaba para obtener el respaldo de las mayorías. Lo sucedido hasta el inicio de la pandemia pareció darles la razón, cuando Fernández trepó niveles récord de imagen positiva. Pero la cuarentena se extendió más allá de imaginado y generó efectos diversos. "Si la pandemia hubiera durado tres meses, salíamos como el mejor gobierno de los últimos tiempos", se lamentaba -mitad en broma, mitad en serio- esta semana un funcionario.
Sostienen que primero surgió el malhumor de un sector de la sociedad, con origen en los motivos más diversos que van desde quienes realmente vieron sus ingresos afectados por la cuarentena hasta los que no creen en el virus, los antivacuna, los antibarbijo y demás tribus. La oposición más ultra buscó montarse en ese malhumor y los medios opositores -cada vez más desembozadamente- fueron direccionando el rechazo hacia diversos objetivos. Las características particulares del encierro -que intensificó el uso de las redes sociales y el consumo de los medios de comunicación-terminó por potenciar el caldo de cultivo.
La respuesta
La protesta de la Policía Bonaerense que llegó hasta Olivos y la columna de Macri en La Nación que apuntó a romper todo diálogo entre Gobierno y oposición convencieron al Presidente y a su entorno de que era necesario salir a dar pelea y retomar la iniciativa de la agenda política. De hecho, ya aquella respuesta que tuvo el reclamo policial, más allá de que el Presidente la anunció en su tono habitual calmo, mostró una nueva actitud: la decisión de transferir a la provincia de Buenos Aires buena parte de los recursos que hasta entonces se enviaban a la Ciudad tomó a la oposición por sorpresa.
Aunque a partir de entonces hubo algunos corocircuitos con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, la mira de la Casa Rosada está puesta en el sector ultra que encabezan Macri y Patricia Bullrich, con declaraciones ya abiertamente desestabilizadoras como cuando hablan de "sustitución" del Gobierno o del "fraude" con el que supuestamente ganó Fernández al que hizo referencia el senador Esteban Bullrich. "Culpar de la crisis a la pandemia es algo abstracto, está claro que el Gobierno tiene que personalizar las críticas en alguien y Macri es el indicado. Dejó el país hace unos meses incendiado, se fue de vacaciones al exterior mientras la gente padecía y en las encuestas es el dirigente de peor imagen", detallaba un funcionario que trabaja en el mensaje oficial. Eso explica que en las últimas apariciones desde Fernández para abajo se acentuaran las referencias al ex presidente.
En lo que se refiere a la disputa del sentido, saldrán a discutir cada medida que se toma y luego buscan cambiarle su razón. Un ejemplo, que la reforma judicial tiene como objetivo conseguir impunidad. "¿Me pueden decir de qué están hablando cuando dicen que es un sistema de impunidad? La explicación es que en verdad los que se quejan son los que siempre han manipulado los jueces y lo que sienten es que están perdiendo el poder de seguir manipulando", sostuvo Fernández en la entrevista que dio el jueves en la que, además, criticó directamente al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, por su convocatoria a un acuerdo extraordinario para tratar el per saltum de los desplazados jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. Se había enterado de un contacto reservado entre Rosenkrantz y Macri.
En paralelo a esta disputa apuntarán a dar de una vez vuelta la página a la situación pandémica para mostrar una gestión en marcha y saliendo de la crisis. La comunicación oficial, reconocían, no siempre funciona correctamente. Por ejemplo, admitían que se había transmitido mal las nuevas medidas para la compra de dólares. Tampoco la tienen fácil: el día que el Gobierno consiguió el mayor éxito de estos meses con el canje de la deuda, los diarios de mayor tirada titularon con una explosión en El Líbano. En un zoom que mantuvo esta semana con todos los ministros, Cafiero cerró con un pedido de salir a mostrar gestión como respuesta a los indicadores duros que dejará el segundo trimestre del año que, adelantan, en buena medida están siendo revertidos. Fernández también seguirá una agenda más visible: irá dos días por semana a la Casa Rosada, viajará a alguna provincia y hará algún anuncio en el Conurbano referido a una actividad productiva.
Por otro lado, los gobernadores, la CGT y las organizaciones sociales vienen buscando la manera de hacer una demostración de apoyo masivo al Gobierno, donde quede expresado un respaldo popular al rumbo elegido. La intención es hacer un acto para el 17 de octubre, pero todavía se discute el formato para no contradecir las medidas de aislamiento. Estos sectores también impulsan que Fernández asuma la presidencia del PJ, algo que tal vez poco tiempo atrás no hubiera sido bien visto porque se pensaba más en la institucionalidad del Frente de Todos, pero las perspectivas cambiaron. "Todo lo que sirva para ganar volumen político es bueno", evaluaba esta semana un asesor.
El cruce fue vía Twitter
La dura respuesta de Cafiero a Bullrich y su rechazo a "la
política en formato de trolls"
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le reclamó a la oposición que "deje de hacer política en formato de trolls y noticias falsas" al tiempo que acusó a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, de "deshonesta" por haber puesto en duda públicamente su declaración jurada.
El cruce se dio vía Twitter, cuando la ex ministra de Seguridad publicó en sus redes sociales la declaración jurada del funcionario, junto con una carta donde le pedía explicaciones por la supuesta tenencia de ahorros en dólares.
"Después de que el Presidente pidiera ahorrar en pesos, le mandé una nota al jefe de Gabinete. Dijo que ya no tenía dólares, pero en su declaración jurada figura que sí. Si los vendió, ¿a qué dólar recurrió? Sería importante conocer su respuesta y terminar con el doble discurso", denunció la dirigente del ala más dura de Juntos por el Cambio.
"Le pido a la oposición que después de que Macri metiera al país en su mayor crisis en 20 años, y estando en medio de la crisis global por la pandemia, deje de hacer política en formato de trolls y noticias falsas", respondió el jefe de Gabinete a través de un hilo.
Para reforzar su mensaje, Cafiero mostró el tuit de la titular del PRO y afirmó que "Bullrich es deshonesta hasta en 280 caracteres", ya que "la declaración jurada es de enero de 2020 y está expresada en pesos". Y aclaró: "Vendí esos dólares por homebanking, a cotización oficial, como corresponde".
"¿El macrismo habla de doble discurso? ¿Son cínicos o perdieron la memoria?", cuestionó Cafiero. En otra parte de su descargo, también incluyó una crítica a la situación patrimonial de los ex ministros de Economía de Juntos por el Cambio Nicolás Dujovne y Alfonso Prat Gay, y del ex titular de Energía Juan José Aranguren cuando formaban parte de la función pública.
"Pusieron su dinero en el exterior y endeudaron al país mientras sus patrimonios crecieron", manifestó el jefe de Gabinete sobre los ex funcionarios, y agregó: "¿No les parece que todavía le deben respuestas al pueblo argentino?".
Por último, Cafiero llamó a respetar los resultados electorales: "Acepten que en las elecciones se impuso la propuesta de reconstrucción de la Argentina a partir de un modelo de producción y empleo. Y debatan en el Congreso las mejores normas".
Este discurso va en línea con lo esbozado esta semana por el presidente Alberto Fernández, que desde la provincia de Entre Ríos llamó a respetar la legitimidad del Gobierno: "Nosotros no entramos por la ventana, entramos porque casi el 49 por ciento de la gente nos votó".
"Si tengo una tranquilidad es que no he hecho nada más que cumplir con mi palabra de campaña. A algunos no les gustará porque le hubiera gustado ganar a él, pero no ganó. En democracia, el que gana gobierna y el que pierde por lo menos se opone legalmente", expresó el mandatario.
Los jueces Kafka y la criminalización de la pobreza
Lo que nadie cuenta de la
toma de Guernica, lo que
nadie quiere saber
El desalojo compulsivo de los terrenos en Guernica con apoyo de la Policía Bonaerense estaba fijado para el 23 de septiembre. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, representado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, pidió una postergación mientras presentaba números de un censo que mencionaremos más adelante. El juez de Garantías Martín Rizzo la concedió, hasta el primero de octubre. Sigue en pie la orden de lanzamiento de los ocupantes. “Lanzamiento”, expresión en dialecto forense. Involuntariamente franca, brutal. Desde ya, ajena al lenguaje de gente común.
Va breve spoiler de esta nota, que combina datos duros, la lectura del expediente (al que éste diario tuvo acceso) y opiniones.
* Una situación de esta complejidad no debe abordarse ni decidirse en una causa penal.
* Menos a través de una medida cautelar que resiente el derecho de defensa de los presuntos autores de delito de usurpación.
* Menos que menos si, como reconocen las sentencias, los denunciantes están flojísimos de papeles. Son varios, uno solo alega ser propietario. Los demás se autodefinen como tenedores o poseedores. Ninguno aporta evidencias serias.
El punitivismo judicial debería descartarse desde el vamos. Las sentencias, para colmo, son parciales y arbitrarias. Los miles de destinatarios de la orden de desalojo no pudieron ofrecer prueba, ser escuchados. Los togados no disponen de una lista de nombres y apellidos. Se trata de un conjunto extremadamente pobre y vulnerable.
* Los abogados de los ocupantes y el Defensor Oficial dedujeron recurso de Casación para que la Cámara respectiva revise la sentencia. Tras haber tramitado la causa en modo exprés, la Cámara de Apelaciones y el juez remolonean. Se corre un riesgo: que se desaloje antes de haber recorrido todas las instancias legales.
Un comienzo de solución exige intervención de otros estamentos estatales. La respuesta, ardua, debe ser política. La Provincia lo analiza y trabaja… jamás podría emprender ese camino necesario en cuatro días.
Vamos por más detalles, empecemos por cifras corroboradas.
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“Hechos físicos” y desamparo: El predio ocupa una superficie de alrededor de cien hectáreas, cien manzanas. Se desconoce la cantidad exacta de personas instaladas. La provincia realizó un censo, que por definición subregistra. Hay quien se niega a ser entrevistado, alguien podía estar alejado en el día y medio que insumió el relevamiento al que condicionaron también los cuidados determinados por la pandemia.
Los encuestadores verificaron 2344 “situaciones”.
Previamente se cartografió por fotografía aérea el terreno registrándose 2127 “hechos físicos”, esto es refugios a los que sería mendaz y hasta soez llamar viviendas. Se corroboraron en la medición presencial 1946 “hechos físicos”.
Hay 1309 familias con niñes o adolescentes. Trescientas siete personas mayores que viven solas.
Preguntados por el motivo de su decisión, 1544 ciudadanos explicaron que fue por “trabajador-trabajadora desocupado-falta de pago de alquiler”. “Conflicto familiar-hacinamiento”, otra circunstancia vivida por 183 personas censadas. “Violencia- razones de género” 52.
Respecto de la pregunta “situación laboral”, sobre 2644 respuestas 1859 son desocupados.
Los números denuncian un colectivo que atraviesa extrema vulnerabilidad. Corroboran al sentido común: casi nadie se establece en sitios inhóspitos, casi a la intemperie, si no está escapando de algo todavía peor. Elegir entre dar de comer a las hijas o pagar el alquiler, como dijo en una entrevista radial una de tantas ocupantes.
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Pruebas endebles y falacias: El juez y los camaristas repiten que la medida cautelar es “provisoria”. Que no causa “estado” en jerga. Que es revocable, traducido al castellano. El lanzamiento con intervención de la fuerza pública no encaja en dicha definición. Ni el jurista Franz Kafka convalidaría el oxímoron: desalojo masivo y urgente descripto como medida provisoria.
El procedimiento elegido favorece a denunciantes en detrimento de denunciados cuyos letrados no pudieron participar en audiencias de testigos ni ofrecer prueba a su vez.
Las propias sentencias desnudan carestía probatoria de los supuestos dueños o poseedores o tenedores despojados. Son varios.
El único que acompaña planos es el apoderado de la empresa Bellaco S.A aunque no agrega título de propiedad ni certificados de dominio. Otros denunciantes aportan papeles privados sin fuerza probatoria contra terceros. Preservamos sus nombres porque son particulares que reclaman y es bueno ahorrarles exposición mediática.
Una mujer afirmó (sic Primera Instancia) “ser poseedora de ciertos lotes que le habrían sido cedidos por la Parroquia de la Zona para construir una iglesia”: adjuntó documentos privados sin valor legal. La iglesia no existe.
Otro poseedor alegó que su ex patrón le cedió lotes como indemnización. No se firmó escritura traslativa de dominio. Comentó que se estaban por construir 8 canchas de rugby, pero no sumó referencias corroboratorias.
Este cronista se recibió de abogado hace cerca de medio siglo, ejerció esa profesión durante 27 años… no es quién para afirmar que las alegaciones sean falsas o que dichas personas carezcan de derechos. Señala que el procedimiento penal sumarísimo es un camino indeseable: para contraponer sus pretensiones a las de terceros debe haber un juicio justo. Los tribunales platenses les concedieron todo, en tiempo récord . Una excepción asombrosa al servicio de una decisión reprobable.
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A ponerse las pilas, Señorías: Tras acelerar al mango, los magistrados clavan el freno frente al recurso deducido contra la convalidación de Cámara por letrados de la Gremial de Abogados y Abogadas que representan a ocupantes y por el Defensor Oficial.
La sospechosa morosidad motivó un pedido conjunto de “pronto despacho” suscripto por las defensas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), el Codeseh y la Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham.
Refutan la falacia mencionada líneas arriba. Cita textual, tal vez larga pero contundente: “Las resoluciones que, si bien no deciden sobre el fondo del asunto, causan un agravio de imposible reparación ulterior equiparándose de tal modo en el caso concreto a una sentencia definitiva por sus efectos (…) la aplicación ciega del artículo 231 bis de Código procesal en el caso concreto, impacta en el principio de inocencia de un colectivo significativo de personas, y por su naturaleza faculta el dictado del “lanzamiento” sin participación alguna de las personas que ocupan el predio, entre los que se incluyen personas con necesidad de protección especial o que la Constitución Nacional los ha reconocido como sujetos de preferente tutela (conf. art. 75 inciso 23 de la Constitución Nacional): niños, niñas, mujeres, personas adultas mayores. La medida dispuesta se emplaza como una herramienta procesal --desalojo anticipado-- en el marco de un procedimiento que criminaliza la ocupación de tierras a través de la utilización del derecho penal (art. 181 CPN), pone en tensión y afecta el principio de inocencia derivado del artículo 18 de la CN”.
Un cúmulo de violaciones a la Constitución al que se suma cajonear el recurso judicial pendiente. Criminalización de la pobreza, ensañamiento contra una parte en el pleito.
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La política y los tiempos: Concretar el desalojo con pobladores abre un escenario plagado de virtualidades temibles. El juez ordena a la Bonaerense que se ocupe sumando exigencias. Que sea con luz del día, en condiciones climáticas tolerables, que haya ambulancias, que se filme el procedimiento, que se respeten los derechos humanos. No me pregunte, lectora o lector, cómo se respetan los derechos humanos en ese contexto… De cualquier modo, menudo desafío para el ministro de Seguridad, Sergio Berni, si llega la aciaga hora de implementarlo.
Se están por cumplir diez años de la tragedia del Parque Indoamericano que terminó con homicidios. Las circunstancias son distintas pero el precedente alecciona sobre peligros potenciales. Otra derivación menos conocida de esas jornadas trágicas: hubo pocas respuestas a las demandas de los ocupantes.
El equipo del gobernador Axel Kicillof se propone dar una respuesta integral, reparadora que considere las necesidades sociales. Para eso deben conjugarse voluntad política (que existe) con bienes más escasos: recursos económicos y tiempo. Nada puede resolverse en una semana aunque sí pueden darse señales.
Alcaldes de otras localidades y funcionarios provinciales cuestionan el proceder inicial de la intendenta del partido de Presidente Perón, Blanca Cantero. Le recriminan haber subestimado la toma al principio. Agregan que luego la encaró como un problema policial-judicial. Ahora, cuentan, recapacitó, articula con la gobernación, forma parte de una mesa de trabajo.
A los intendentes en general les preocupa que se fomenten las ocupaciones, de un modo u otro. Vecinos de sus terruños las rechazan. Con esas coordenadas, Larroque y otros funcionarios dialogan con los ocupantes, las agrupaciones políticas de izquierda que participan, organizaciones sociales. El objetivo es resolver en corto plazo los requerimientos más premiosos mientras se diseñan políticas nacionales y provinciales de hábitat y vivienda.
El censo aludido líneas arribas pudo tener fallas debidas a la urgencia, a la pandemia, a la fatiga de quienes trabajaron. Pero el cuadro que pinta es real, discierne situaciones variadas que insinúan cursos de acción diversos. Para quienes son vecinos cercanos del predio cabe imaginar subsidios para que vuelvan a ser inquilinos. O mejoras en las viviendas que dejaron por estar hacinados. Los márgenes se estrechan porque en Guernica no hay tierras fiscales desocupadas. Sí existen “loteos fallidos”, inmuebles que alguna vez se pusieron en venta sin éxito y ahora están baldíos y sin ocupantes. Destinarlos a una finalidad social requiere trámites formales… deberes del Estado.
Otros ocupantes provienen de partidos cercanos, San Vicente o Almirante Brown por ejemplo. Se explora reubicarlos en condiciones precarias aunque dignas a la espera del Plan Integral de Hábitat.
Las autoridades comunales y provinciales concuerdan en desplegar acciones que abarquen un universo más amplio que los ocupantes del predio en Guernica. Focalizarlo en ellos dejaría desamparados a hermanos de clase que atraviesan penurias parecidas. Y podría traducirse como un incentivo para ocupar terrenos como recurso para lograr que las demandas sean atendidas.
Las movidas insumirán tiempo y precisan acuerdos con particulares, intendentes, militantes de organizaciones sociales y partidos de izquierda. Tal vez un comienzo de retiros pacíficos de ocupantes induzca al juez a prorrogar de nuevo la fecha del lanzamiento, piensan optimistas de la voluntad del gobierno provincial.
Los jueces podrían dar una mano de modo simple. Cumpliendo con su deber, abriendo el recurso de Casación con efecto suspensivo de los trámites. Pedirles más sería utópico, considerando sus penosos antecedentes. Admitirles menos constituiría una nueva burla a la Constitución y un castigo ilícito a los ciudadanos concernidos. También fomentar una escena plagada de incertidumbres, peculiarmente insensata durante la crisis sanitaria y económica.
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Final abierto: En los ríos revueltos que reseñamos pescan personajes cuestionables: punteros que disponen bienes de otros como si fueran propios, especuladores que venden lotes en litigio, por ejemplo. Operadores políticos con finalidades espurias. No expresan ni representan a millares de ciudadanos sufrientes y carenciados. Quizá alguno entre ellos ocupa un terrenito sin sufrir una necesidad lacerante, especulando con un beneficio estatal. Una falta menor, comprensible. Las imágenes, las crónicas, la historia pasada, el censo comprueban que se trata de minorías ínfimas.
Voces destempladas y clasistas estigmatizan a los pobres que activan para hacerse visibles. Algo consiguieron en estas semanas, entrar en la agenda pública. Los derechos y necesidades son irrefutables, una interpelación a los poderes públicos. El Judicial suele desatenderla, enfrascado en su microclima, sus privilegios y la ideología dominante de sus cuadros.
Suele llamarse “jueces” a los árbitros de actividades deportivas. La analogía tienta pero engaña. Los árbitros deciden sobre lo que ven (aunque sea auxiliados por el VAR). Jueces y camaristas sentencian sobre hechos que reconstruyen. Como regla, no ven a los litigantes, envueltos en nubes de humo y distanciados. El doctor Rizzo y los camaristas no frecuentan Guernica, no han mirado a los ocupantes. No están obligados a asistir al desalojo pero podrían hacerlo… La distancia olímpica fomenta alienación, robustece prejuicios de clase.
La política, tan denostada, debe construir respuestas. Los funcionarios elegidos por el padrón ciudadano, por plazos determinados, con mandatos que cesan y tienen que revalidar en las urnas.
Ayer sábado, mientras se escribía esta columna, diluviaba en la zona metropolitana. En Guernica el piso se embarraba, era imposible calentar algo en las ollas. Funcionarios y abogados conversaban con los ocupantes.
La cuenta regresiva impuesta por jueces carentes de sensibilidad social seguía corriendo. Estas historias continuarán.
¿Qué hará el máximo tribunal con el caso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli?
La Corte Suprema y el juego
de intereses por los jueces trasladados a dedo
Alberto Fernández decidió poner en primer plano el conflicto con el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, quien desató en las últimas dos semanas una sucesión de jugadas para presionar a sus colegas cortesanos en la discusión por los jueces designados por traslado en cargos claves de Comodoro Py durante el macrismo: Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. La última y crucial iniciativa fue anunciar en forma unilateral, pero sin recibir resistencia, que el acuerdo del tribunal del próximo martes será “extraordinario”. El tema central será el pedido de per saltum de los tres jueces, que no quieren a volver a sus cargos de origen como les ordenaron el Senado, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Casación. Con su urgencia e imposición, Rosenkrantz dejaba a la vista que sus propias acciones exceden esa discusión por los nombramientos y que estaría actuando como defensor de intereses corporativos, de la oposición política, de grupos económicos y medios afines, en particular el Grupo Clarín que les dedicó varias tapas y páginas a los jueces trasladados. “¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte de con tanto ahínco impulsar esto? ¿Qué es lo que está buscando”, se preguntó públicamente el Presidente, como para dejar al cortesano al desnudo.
Hasta la semana pasada, la Corte mantenía la política de esquivar o posponer el per saltum planteado por los tres jueces atrincherados. Lo que pretenden es que la Corte valide sus nombramientos a dedo durante el gobierno de Macri, sin concurso ni acuerdo del Senado. Bruglia y Bertuzzi pasaron de un tribunal oral a la Cámara Federal, y Castelli pasó de un tribunal de San Martín al Tribunal Oral Federal 7. A la primera presentación de esas características los supremos respondieron “téngase presente”, que equivale a un desaire, y avisaron que tendrían la última palabra. Pero pronto Rosenkrantz asomó y abandonó su habitual bajo perfil con declaraciones sobre el tema en los medios. No en cualquiera, sino en Clarín y La Nación. Intentaba decir, contra lo que se veía, que la Corte trataría el pedido de saltear instancias. Tanto en el tribunal como en el Gobierno, nadie cree que Rosenkrantz, designado en la Corte inicialmente por decreto de Macri, actúe sólo por convicción. A la presión de los medios se sumó hasta un proyecto de resolución del interbloque Cambiemos para “exhortar” a la Corte a pronunciarse, como si el tema Bruglia-Bertuzzi-Castelli (BBC) fuera de vida o muerte.
Desde el punto de vista jurídico, una mayoría en la Corte manejaba un criterio que les parecía obvio: el trío BBC había iniciado acciones judiciales en el fuero contencioso administrativo que tarde o temprano llegarán a los despachos o computadoras del alto tribunal. Hasta ahora los jueces trasladados sólo obtuvieron rechazos a medidas cautelares y al amparo por parte de la jueza María Alejandra Biotti, que ahora está en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Desde la Corte miran con atención los movimientos de este tribunal porque si llegara a tomar una decisión antes del martes, algo no tan probable, el per saltum podría quedar abstracto.
Los supremos y la suprema se reunieron por Zoom el martes último. El encuentro empezó tenso porque Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se pasaron facturas por notas periodísticas. El encono entre ambos se remonta al 11 de septiembre de 2018, cuando el primero desbancó al segundo, que llevaba más de una década en la conducción del tribunal, en un golpe palaciego del que participaron todos menos Juan Carlos Maqueda. Esta vez el presidente supremo se quejó por una nota en Infobae que decía que la Corte no tiene conducción y por ende el Poder Judicial está acéfalo. Lorenzetti reprochó las apariciones mediáticas de Rosenkrantz tratando de imponer la idea de que el tribunal resolvería el per saltum. El presidente de la Corte es, objetivamente, un juez con poco margen de acción porque sus colegas en una acordada le recortaron hace dos años la posibilidad de tomar decisiones individuales. Casi todo requiere tres firmas.
Poder en juego
Para hacer una demostración de que conserva poder, Rosenkrantz usó una de las pocas posibilidades que tiene de resolver algo de manera unilateral: anunció en el acuerdo remoto que el próximo será "extraordinario", aunque es un día de plenario habitual, y se tratará el recurso del trío BBC para saltear instancias. Nadie le dijo que no, incluso Rosatti, Maqueda y Lorenzetti dieron señales de aceptarlo. El ofreció una razón curiosa: dijo que había que apurarse porque está en juego el prestigio de la Corte, y en su caso personal su "capital reputacional". El argumento de que la Corte no hace nada, elude y posterga es el que intenta utilizar la oposición respecto de los jueces atrincherados. Pero desde el Gobierno, e incluso el presidente Fernández, intentan mostrar que la pasividad más preocupante del tribunal atañe a otros asuntos. Tardaron dos años en resolver, por ejemplo, los recursos de los imputados por tragedia de Once, y lo hicieron con el artículo "280" del Código Procesal Civil y Comercial, que los exime de fundamentar y analizar el caso. Sólo usan la palabra "improcedente". Alberto Fernández les recriminó también que son el único poder del Estado que hasta ahora no aplicó las capacitaciones obligatorias de la Ley Micaela (en perspectiva de género y prevención de la violencia contra las mujeres), pese a que la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta envió una nota a Rosenkrantz en junio. El supremo se anticipa ahora a otro tema en la misma línea y convocaría a la llamada "comisión interpoderes", que no se reúne desde 2016, por los juicios de lesa humanidad.
Cuando Rosenkrantz habla de su "reputación" e intenta arrastrar con él a los demás, en realidad parece aludir al respaldo de medios y corporaciones. Su vinculación con Clarín es de larga data, no sólo porque su estudio representó al grupo empresario en el pleito por la Ley de Medios, sino por su vínculo con el operador Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, que incluso publicó un libro sobre el tema en medio de las audiencias en la Corte. "Pepín" fue uno de los hombres de la mesa chica de Macri. A Alberto Fernández le llegó la versión de que Rosenkrantz había tenido un encuentro reservado con Macri a cuento de la polémica por los traslados. El supremo, informaron sus colaboradores, le hizo llegar un mensaje este sábado desmintiendo tal situación. Lo que parece impresionante es el cúmulo de intereses que parecen moverse detrás de la iniciativa y el apuro por el asunto de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Por empezar, la exhibición de poder guarda lo lógica de la famosa frase que Héctor Magnetto, el CEO de Clarín, le dijo a Carlos Menem sobre quién manda verdaderamente el país: "el presidente ocupa un puesto menor". Luego hay temas puntuales: intereses de este grupo empresario que tocó el Gobierno al declarar esenciales tres negocios que son medulares para él como la televisión por cable, Internet y la telefonía celular. Otras dos cuestiones latentes: que se reflote la Ley de Medios, lo que limitaría las propiedades de medios del grupo Clarín (casi única en el mundo), y la posibildad de que se revise la compra de Telecom.
Escenarios en puerta
La Corte es hoy una especie de serpentario donde prevalece la desconfianza mutua entre la mayoría de sus integrantes desde hace más de cuatro años. Las relaciones están marcadas por las pujas de poder y con la mira puesta ya en el año que viene, cuando a Rosenkrantz se le termine la presidencia, lugar al que Lorenzetti ansía volver y que Rosatti también mira con cariño, y algo de cautela. Sobre la cuestión de los jueces trasladados sólo el presidente supremo es el que ha mostrado algunas de sus cartas y sincerado su postura de darles un aval e incluso abrir el per saltum. Los demás mantienen reserva y en los Zoom no adelantan demasiado. Lorenzetti se ha mostrado sinuoso, necesita mantener sus buenos vículos con Comodoro Py, pero cuida su vínculo con el Gobierno y el mundo empresario. Al trío BBC le hizo llegar en algún momento, que estaba de su lado, pero no es lo que manifestó puertas adentro de la Corte.
En el Gobierno creen que es muy poco probable que la Corte decida abrir el recurso para saltear instancias y también confían en que los traslados no sean avalados. A la vez sospechan de la habilidad de los supremos para hacer gestos hacia la propia corporación judicial. En el alto tribunal contaron a Página/12 que la semana pasada hubo secretarios consultando juriprudencia específica: casos donde tal vez se hayan rechazado recursos pero el tribunal haya "exhortado" a otros jueces a resolver ciertas cuestiones. Una posibilidad, en ese sentido, sería que ignoren o rechacen el per saltum pero hagan una llamado, por caso, a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. También tienen pendiente resolver los pedidos de licencia de Bruglia y Bertuzzi, que pidieron primero una licencia extraordinaria y luego vacaciones trabajadas. Casación insistió en que deben resolverlo los supremos. Castelli consiguió licencia en el tribunal de San Martín pero sus dos colegas están en el limbo, porque no quieren convalidar el regreso a sus cargos de origen. Una licencia no es algo imposible y podría "preservarlos" hasta que llegue una definición judicial sobre la validez de sus traslados.
Fernández advirtió algo que la Corte analiza: "¿Qué pasaría si yo hoy para el juzgado de Claudio Bonadio, que está vacante, buscara un juez federal que me cae simpático y lo pongo en ese lugar? ¿Qué pasaría si para las cuatro vacantes que hay en la Cámara Federal buscara a cuatro jueces que me caen simpáticos dentro de los Tribunales Orales y los hago camaristas por un decreto? (...) Sería un escándalo. Eso es lo que hicieron".
Los jueces y la jueza de la Corte tienen la posibilidad de asistir al acuerdo especial citado por Rosenkrantz sin ninguna propuesta y negarse a resolver. No parece lo más rendidor para ellos al estar en el centro de la escena con otro tema pendiente: la cautelar de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación. Es una Corte que teme a los escraches, por experiencia. No es claro aún lo que puede pasar y hay que ver qué hace la Cámara en lo Contencioso. La oposición y los medios afines han apostado a instalar que al trío BBC se lo desplazó porque se busca la impunidad de Cristina Fernández de Kircher, cuando está claro que la mayoría de ellos ya fallaron en su contra y hay juicios en marcha o en camino. El oficialismo insiste que más bien el macrismo está interesado en sostener jueces aliados. Puede haber algo de esto, pero una maquinaria mucho más poderosa parece moverse por debajo.
Grandes fortunas: No están todos los que son, ni está todo lo que tienen
Los activos que ocultáis
gozan de buena impunidad
Algunos estarán en la lista de los 253, pero estas propiedades quizás no, si es que están inscriptas, como es muy probable, a nombre de sociedades anónimas o fondos de inversión detrás de los cuales su identidad se pierde. Así, podrían estar fuera del radar de las expectativas del Aporte Solidario y Extraordinario que está tratando la cámara de diputados. Al igual que otros, con propiedades similares o en un escalón inferior, que ni siquiera figurarán en la lista solidaria. Y no son los únicos.
El proyecto de ley de Aporte Solidario para ayudar a mitigar los efectos de la pandemia tiene, como principal insumo, el informe de la Afip sobre patrimonio de las personas físicas. El organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont estimó, en base a las declaraciones presentadas por 888 mil contribuyentes del impuesto a los bienes personales, cuántos quedarían alcanzados por el Aporte Solidario y el monto resultante de su contribución. Los alcanzados, con bienes computables por más de 200 millones de pésos al 31 de diciembre último, son 7438. A ellos se agregan otros 1860 que, si bien no presentaron declaración jurada por el año 2019, según lo declarado el año pasado contarían con un patrimonio que supera el umbral del Aporte Solidario. Resultarían en total 9298 contibuyentes.
La base imponible del Aporte Solidario es diferente a la del impuesto a los bienes personales. En este último rigen una serie de exenciones que, para el aporte solidario, no cuentan como tales. Entre ellas: inmuebles rurales; los títulos, valores y bonos emitidos por la Nación, provincias o municipios; los depósitos en pesos o en divisas en entidades del sistema a plazo fijo, en cajas de ahorro, cuentas especiales de ahorro; cuotas sociales de cooperativas, y bienes pertenecientes a miembros de misiones diplomáticas,.
Es decir incluye a los activos financieros pero, además, a los inmuebles rurales que por esas curiosidades del sistema tributario argentino, quedaron exentos del impuesto a los bienes personales. Pero como el aporte solidario sólo se cobra sobre las personas físicas y no las jurídicas (sociedades), aquí se genera una distorsión fundamental. Las grandes propiedades de tierra, las más ricas y que representan el principal punto de concentración de la riqueza agraria, están inscriptas a nombres de sociedades. El registro de titularidad de estas tierras, que durante el gobierno de Cristina Kirchner se buscó ordenar para lograr su identificación, fue practicamente desmantelado durante el macrismo. Hoy la única obligación que tiene una sociedad agropecuaria frente a las autoridades registrales locales es presentar la lista de autoridades. Si no cotiza en bolsa, la propiedad de las acciones podrá permanecer en secreto.
Los antecedentes permiten presumir que entre las extensiones más concentradas, son absoluta mayoría las que figuran a nombre de sociedades. Sólo si su propietario, como resultado de otra intención, hiciera explícita ante el fisco la propiedad de las acciones de esa empresa, su valor quedaría alcanzado por el aporte solidario. Pero no es la generalidad. Eso explicaría que grandes propietarios de campos de 50 mil o 100 mil hectáreas, que pueden valer 500 ó 1000 millones de dólares, quizás figuren en esa lista de 253 dueños de grandes fortunas, pero no declaren estas propiedades entre sus bienes. Y muchos otros de 10 mil o 20 mil hectáreas, que valgan 100 o 200 millones de dólares, ni siquieran integren la lista.
El mismo fenómeno se repite con propiedades en los barrios más cotizados de las grandes ciudades. Mansiones de algunos varios millones de dólares que no figuran en cabeza del jefe de la famlia que la habita, sino de alguna sociedad que integra. Ese sólo detalle ya deja ese activo fuera del alcance del aporte solidario. Además, claro está, de la arraigada costumbre de los ricos argentinos de poseer activos inmuebles y financieros en el exterior, generalmente no declarados.
El informe de la Afip da cuenta de que el 42% del total de los bienes declarados por los 9298 contribuyentes potencialmente alcanzados por el Aporte solidario y extraordinario son activos y bienes “dolarizados”. La mayor parte de dichos patrimonios, el 92% del total, son activos y bienes declarados en el exterior. Y esas proporciones, entre los bienes declarados. Con los no declarados, se sabe que hay casos en los que los activos en el exterior superan el valor de los bienes declarados en el país. Una insana costumbre de las clases más adineradas del país, tal cual se sabe desde el caso JP Morgan (año 2008) en adelante.
La inteligencia ilegal alcanzó parroquias, comedores y festejos por el día de las infancias
El espionaje macrista no
respeto ni a les niñes
Los espías macristas caminaron el territorio de la provincia de Buenos Aires durante el 2017 en busca de potenciales peligros para la alianza gobernante. Su interés, además del espionaje a candidatos opositores en un año electoral clave, estuvo centrado en quienes se organizaban en las barriadas pobres para dar un plato de comida a chicos y chicas. Sobre ellos, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) puso su foco: averiguó a cuántos alimentaban, de dónde conseguían las mercaderías, si recibían donaciones y si respondían a organizaciones políticas. Entre la información relevada por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla aparecen pruebas de que la exSIDE no se privó de meter sus narices en las escuelas y en las organizaciones parroquiales y que incluso siguió con obsesión los festejos por el Día del Niño.
Al menos entre abril y diciembre de 2017, la AFI alquiló seis locales distintos para montar delegaciones en provincia de Buenos Aires dedicadas, desde su origen, al espionaje político. El responsable de coordinar todo lo que sucedía en esas delegaciones, como anticipó Página/12 era un abogado de nombre Pablo Pinamonti, que acaba de ser procesado por el juez Ramos Padilla. Desde esas bases del llamado “Proyecto AMBA”, Pinamonti dirigió una red enfocada a tener bajo control a los partidos políticos que se organizaban para las elecciones, pero sobre todo a las organizaciones sociales que tienen sus raíces en el conurbano bonaerense. Ramos Padilla mostró que el espionaje se extendió sobre los pibes y las pibas con hambre en una de las facetas más mezquinas del espionaje que está saliendo a la luz.
El peligro del hambre
La Base Haedo estaba a cargo del espionaje en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Desde allí, los espías hicieron al menos seis fichas de distintos comedores que funcionaban en el área. Todas las fichas tenían un formato común, destinado a identificar el lugar, la relación con el Estado o con donantes particulares, sus vínculos políticos y toda información que pudiera ser de interés para la AFI.
Entre los comedores espiados estuvieron Todos por los chicos (Morón), La Amistad (Moreno), El Arca de Noe (Moreno), Arco Iris, Volver a empezar y San Cayetano – de Hurlingham. La información era básica, probablemente conseguida por los espías de la base o por los soplones que tenían en la zona. La mayoría de los reclutados para el llamado “Proyecto AMBA” eran policías bonaerenses con conocimiento del territorio.
En algunos de los casos, se llegaba hasta consignar con cuánta frecuencia recibían alimentos desde el municipio y quién era el contacto en la comuna con el comedor. “Este mes le falta queso”, dice uno de los partes redactados desde la Base Haedo sobre uno de los merenderos. También aparecen anotaciones sobre si había personal realizando las tareas de asistencia social con sueldo o si se trataba de un emprendimiento voluntario.
En uno de los casos, aparece consignado que la referente del comedor debió militar para Ramiro Tagliaferro – para entonces intendente de Morón y exmarido de la gobernadora María Eugenia Vidal – y que estaba tramitando una habilitación que facilitaría la recepción de alimentos de manera semanal y no mensual, como lo venía haciendo hasta ahora. También detalla que contaba con donaciones de la policía local y hasta aparece el nombre del efectivo policial que organizaba rifas o las compras comunitarias.
En los casos de los comedores de Hurlingham, la AFI hizo informes con la ubicación geográfica, los nombres de los referentes, sus contactos teléfonos y cuentas en redes sociales, así como la cantidad de pibes y pibas que iban a diario. Además de las fichas, Ramos Padilla encontró unas planillas Excel con comedores que funcionaban, por ejemplo, en jardines y escuelas primarias públicos y privados. Siempre el interés estaba enfocado en determinar cada cuánto recibían mercadería y si recibían alguna subvención estatal.
La única lógica que el juzgado de Dolores encuentra a este espionaje es que el “Proyecto AMBA” hizo pie en la provincia con la idea de que había que terminar con lo que desde la cúpula de la AFI describían como prácticas clientelares y lo que veían como una de las formas de construcción de los barones del conurbano. Es por eso, entienden, que había esa obsesión con monitorear hasta los lugares adonde iban los chicos con hambre. Lo hallado, hasta ahora, es la información que en crudo se recolectaba desde las bases. Es claro que la inteligencia se hacía en otro lado, lo que daría más respuestas sobre el relevamiento social en manos de los espías.
Espiados los niños
Una semana después de las primarias de 2017, se celebró el día de las infancias. La AFI no quiso perderse la oportunidad de hacer trabajo de campo y monitorear todas las celebraciones que se hicieron en las calles. A esta tarea se volcó, por ejemplo, la base Ezeiza – que era dirigida por Ricardo Bogoliuk. La obsesión de los espías llegó a tal extremo que se encontraron fotos de la entrega de hormas de quesos en comedores populares antes del domingo 20 de agosto.
Hay un informe con la categoría A1 de los festejos en el partido de Esteban Echeverría. En la lógica de los servicios, A1 significa que es la información de mayor fiabilidad que se puede conseguir. Hay imágenes de festejos realizados por organizaciones sociales como el Movimiento Evita o el MTD Esteban Echeverría. También los espías registraron una mesa con regalitos envueltos en papeles brillantes que había preparado la Cooperativa Corriente Pueblo Unido – MTD Aníbal Verón en El Jagüel. Otro de los grandes hallazgos de la AFI fue que un corralón donó 1000 pesos en materiales a un merendero en Ezeiza o que ATE hizo una donación de comida en una camioneta enclenque. Eso sí fotografiaron las cajas de alfajores y las hormas de queso.
La hipótesis de trabajo
La manía del macrismo por controlar la entrega de alimentos derivó en una situación tragicómica con un espía, que se había infiltrado en un movimiento social, y que terminó cayendo del cielo –o, mejor dicho, del techo. El agente en cuestión se había metido en la organización Barrios de Pie para investigar una supuesta “malversación de fondos” en la entrega de alimentos – algo que, de haber existido, estaba lejos de las funciones de la AFI. Para ganar confianza, el espía ofreció un local que tenía en Isidro Casanova para hablar del tema y poder registrar todo lo que sucediera en el encuentro. Para eso, se subió al techo, pero pisó una chapa e hizo una caída libre de siete metros. Terminó internado con fractura de pelvis. Todos los documentos por su internación le sirvieron a Ramos Padilla para probar la infiltración y muestran cuál era el interés de la exSIDE.
-- ¿Cuánto de este espionaje en comedores populares u organizaciones sociales puede tener arraigo en la concepción del macrismo de la pobreza? – le preguntó este diario a la socióloga Paula Canelo, autora de ¿Cambiamos? – La Batalla cultural por el sentido común de los argentinos.
-- El macrismo, como todas las derechas, siempre estuvo oscilando entre dos concepciones sobre la pobreza. Por un lado, una más policial, del pobre malo, que se resiste, que protesta, que le pide al Estado y que corta las calles. Esa lógica estuvo bajo la órbita de Patricia Bullrich. Por otro lado, está la concepción más asistencialista y que piensa en un pobre bueno -- al que hay que asistir siempre y cuando no se queje, no proteste y, si se organiza, que sea una organización que acepte sentarse con el Estado a negociar ayuda a cambio de paz social. Esto fueron tanto Carolina Stanley como Vidal. Por más que sea un pobre bueno, que vaya a los comedores, siempre la derecha necesita controlarlo para legitimar la entrega de ayuda social. Por otro lado, está la idea de eliminar intermediarios y que el Estado llegue directo a quien lo necesita. Ésa fue una de las concepciones más fuertes del antipopulismo del macrismo: Tenemos que estar cerca del que lo necesita para evitar que haya intermediarios que nosotros no manejamos que puedan hacer populismo con los bienes que nosotros les acercamos como Estado y gobierno.
Refundar la provincia
El Proyecto AMBA estuvo en cabeza de Pinamonti, pero en manos de dos exBonaerense como Antonio Vicente Melito y Daniel Salcedo, que funcionaron como los coordinadores. Ellos pusieron a otros jefes policiales al frente de cada una de las bases. Se manejaron como comisarios con el manejo del territorio y con conocimiento de los negocios, lo que rápidamente llevó a enfrentamientos con sus colegas que seguían en la fuerza. Para Ramos Padilla, desde sus inicios, el Proyecto AMBA se pensó para el espionaje político en un año en que Cambiemos medía su potencial, justamente en provincia de Buenos Aires, con la vuelta a la contienda electoral de Cristina Fernández de Kirchner. El desempeño electoral se siguió con desvelo, tanto que dentro de la base Quilmes se encontraron encuestas electorales en poder de la propia AFI. El sueño del AMBA se terminó cuando Vidal sospechó que, pasadas las elecciones, era ella el blanco del espionaje. Por estos hechos, Ramos Padilla indagará esta semana a la cupula de la AFI macrista.
Nueva línea de investigación sobre el rol de las fuerzas de seguridad
El espionaje ilegal del
macrismo iba mucho más
allá de la AFI
Domínguez es un nombre poco conocido, pero que acumuló poder en la Gendarmería en los tiempos de Bullrich. Ingresado a la fuerza en 1984, llegó a la dirección de inteligencia criminal en 2017. Viajó a los pocos días de la desaparición de Maldonado a Esquel y unos días después a Chile justo cuando el gobierno buscó instalar en los medios y en el expediente la hipótesis para criminalizar a la comunidad mapuche.
Ante la bicameral que preside Leopoldo Moreau, Domínguez dijo no estar al tanto de si se realizaron tareas de espionaje sobre la familia de Maldonado, la comunidad mapuche y organismos de derechos humanos. Tampoco recordó haber conversado sobre el tema Maldonado con Pablo Noceti, ex jefe de gabinete de Bullrich y quien comandó desde el terreno el operativo que terminó con la desaparición y muerte de Santiago. Después de una investigación, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, denunció ante la Justicia Federal a Noceti por su rol en el caso Maldonado junto con la que era la cúpula de la Gendarmería.
En todo momento, Domínguez buscó descargar responsabilidades en la Central de Reunión de Información (CRI) Neuquén y en la línea de la jefatura regional de la Gendarmería que tenía asiento en Bahía Blanca. La vinculación de la CRI con el espionaje a los Maldonado surgió meses atrás en la causa que tramita en el juzgado de Daniel Rafecas, tal como informó Página/12.
Domínguez, según pudo reconstruir este diario, dijo que fueron sus superiores quienes le ordenaron viajar a Esquel el 12 de agosto de 2017, a once días de la desaparición de Maldonado, pero que él no le vio demasiado sentido a la permanencia del director de inteligencia en el área, por lo que decidió seguir viaje hacia Temuco en un auto de la Gendarmería para mantener una reunión con los Carabineros de Chile, con quienes todo indica que intercambiaban información para alimentar las versiones con las que después Bullrich se despachaba en sus apariciones públicas.
-- ¿Por qué viajó a Chile durante la desaparición de Maldonado? --le preguntaron los integrantes de la bicameral.
Lo escucharon con cierta sorpresa contestar que lo hizo porque estaba en la víspera de la cumbre del G-20 y de la visita del Papa Francisco a Chile. Es cierto que Jorge Bergoglio visitó ese país en enero de 2018, o sea, más de cuatro meses después. Pero el G-20 recién se hizo un año después. No estaba en la víspera de nada para justificar la visita.
La carrera de Domínguez en la Gendarmería se cortó en 2019. Él dijo que fue porque no le reconocieron un viaje que hizo invitado y pagado por los Estados Unidos. Otros recuerdan un episodio a las trompadas con el segundo de Gerardo Otero en la conducción de la Gendarmería. Lo cierto es que después de las primarias de 2019 desembarcó en la AFI.
El suyo es el segundo caso de pupilos de Bullrich que terminan en puestos claves en la Agencia. El primero fue Alan Ruiz, que llegó a la ex SIDE a principios de 2018 y puso en marcha el espionaje político que se investiga en los tribunales federales de Lomas de Zamora. Con Ruiz, contó Domínguez, casi ni se cruzaron en la base de Contrainteligencia de la AFI. Una tarde coincidieron, quizá.
La puerta de ingreso a la AFI fueron las distintas mesas de coordinación que hicieron las agencias macristas sobre distintos temas: crimen organizado, narcotráfico y las cumbres de la OMC y del G-20. A Domínguez lo destinaron a la Dirección Operacional de Contrainteligencia, que estaba a cargo de Martín Coste --procesado por el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner--. El gendarme quedó bajo la tutela del piloto Juan Hernández y, según su declaración, nunca tuvo una función clara en el Departamento de Delitos Complejos, donde confluyó con otros de los acusados de espionaje en Lomas.
Con Domínguez, la bicameral estrenó una nueva línea de investigación sobre los espías en la era Macri, que se complementa con la de la propia AFI, la del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y de las precausas armadas en base a escuchas telefónicas. El espionaje ilegal y con intenciones de obtener información de tipo político, en violación a la Ley de Inteligencia, fue un instrumento utilizado de manera sistemática por el gobierno de Macri, como comenzó a quedar a la vista en distintas investigaciones penales y también en la Bicameral. Así como los familiares de los submarinistas del ARA San Juan ya habían denunciado --hasta ahora sin suerte-- que los seguían y que había comportamientos extraños en sus teléfonos celulares que les hacían presumir que estaban siendo observados, también denunció distintos tipos de seguimientos Sergio Maldonado, hermano de Santiago, junto a su familia.
No parece una sospecha descabellada si se observan con atención algunos de los seguimientos y partes de inteligencia que sacó a la luz esta semana el juez Alejo Ramos Padilla, al procesar al jefe de las bases AMBA de la AFI, y citar a indagatoria a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En 2017 había un “Informe Semanal de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires”, donde los agentes de la AFI pasaban lista de todos los eventos vinculados con los reclamos por la desaparición de Maldonado. “Informa sobre misas, pintadas, volantes, marchas, todo ello con el mismo nivel de importancia, identificando organizaciones que convocan, curas que dan misas, vecinos que preguntan”, describía la resolución del juez de Dolores. Es curioso que los partes de la AFI analizan la preocupación por la imagen del gobierno, en el período electoral, y también de la Gendarmería. “Lejos de realizar labores de inteligencia nacional estratégica o investigar el crimen organizado en la provincia, efectúan análisis políticos sobre las implicancias electorales de la desaparición del joven, señalando que continuará siendo utilizada políticamente por la oposición de izquierda, el kirchnerismo, los organismos de derechos humanos y sindicatos como forma de desgaste electoral”, detalló Ramos Padilla.
La AFI incluso le recomendaba al gobierno, para cuidar su imagen, “dar con el paradero del mencionado o finalizar la investigación con algún resultado que diera punto final a la incertidumbre (…) para evitar de esa manera la utilización de su imagen con fines políticos”. Como es conocido, la Gendarmería hasta ahora no fue seriamente investigada y nadie fue indagado por la muerte de Maldonado. Tampoco por el espionaje.
Los números del día
Coronavirus en Argentina: registraron 11.249 nuevos
casos y se superaron los
700.000 contagios
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