Consumo masivo: la concentración que amenaza al bolsillo
"Con nuestros equipos técnicos identificamos alrededor de 65 empresas y seis cadenas de supermercados que tenían a su cargo una proporción muy relevante de la producción y la comercialización de los bienes de consumo masivo en el país".
La cita es del libro Todo precio es político. Su autor, Augusto Costa, fue secretario de Comercio Interior entre 2013 y el final del segundo mandato de Cristina Fernández. La información refiere a las investigaciones que llevó adelante esa secretaría después de su asunción en el cargo, a fines de noviembre de 2013, a fin de obtener la mejor radiografía posible del universo de la fabricación y comercialización de los productos de consumo masivo. El objetivo fue tener en la mano datos con los cuales negociar con los fabricantes y los supermercados la implementación del programa Precios Cuidados. "Se trataba de los principales formadores de precios de la economía argentina", asegura Costa.
Siete años después, el panorama que pusieron al descubierto las pesquisas de los colaboradores de Costa sigue totalmente vigente. Según un trabajo del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) exclusivo para Tiempo, en la actualidad, en unas 30 categorías de productos de consumo masivo la facturación corresponde en un 40% o más a una única empresa. Para que sea gráfico: el 91% de la facturación por la venta de caldos saborizantes en el territorio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ingresa a las arcas de Unilever. Del mismo modo, el 89% de la facturación por la venta de repelentes en el AMBA es de SC Johnson & Son, que lo consigue a través de sus diversas marcas.
Se trata de un listado exclusivo del que participan pocas empresas, grandes, con peso económico. La persistencia de esta realidad muestra las dificultades políticas que enfrenta cualquier gobierno que pretenda regularlas. De allí que sin una clara voluntad estatal de intervenir y generar un contrapeso, las empresas se sienten en libertad de imponer sus condiciones, con las consecuencias en el bolsillo de la población, especialmente la más vulnerable, que es la que más gasta de sus ingresos en estos productos.
Según Cepa, cuando se analiza al grupo de empresas que dominan totalmente sus categorías de productos de consumo masivo, salta a la vista que los nombres se repiten. "Se observa una recurrencia de las mismas empresas en varias categorías", observa el informe. "Unilever tiene posición dominante en 6 rubros, algunos de ellos con concentración muy alta, como caldos, desodorantes, jabones; otros con concentración alta, como lavavajillas, shampoo y crema de enjuague". En el caso de Molinos Río de la Plata, "domina los rubros fideos, de concentración muy alta, y arroz y aceites, de concentración alta".
Pero las grandes empresas no sólo participan en las categorías que dominan. Según el informe de Cepa, participan "en otros rubros en los que no tienen una posición dominante pero sí importante". Unilever, por caso, tiene presencia en 12 categorías y, como se vio, domina en seis. Arcor tiene presencia en nueve, Molinos Río de la Plata, en ocho, y Procter & Gamble en seis.
Una radiografía amenazadora
"El mercado de consumo masivo está particularmente concentrado respecto de otros mercados", observa el economista Juan Pablo Costa, del Cepa. Según este especialista, se trata de un mercado en el que los consumidores tienen las manos atadas. "Uno no puede dejar de comprar alimentos y productos de limpieza; puede sí cambiar de marca o de fabricante por cuestiones de precios o de gustos, o eventualmente, dejar de consumir algún producto. Pero más allá de esas 'estrategias' de consumo, hay inelasticidad", observa. Los economistas le llaman 'inelasticidad' a esa realidad. Si de un lado, los consumidores no pueden escapar al gran corral del consumo masivo, del otro "los empresarios saben que tienen un enorme mercado a su disposición", completa Costa.
No obstante el debate entre las distintas escuelas económicas que teorizan sobre la economía moderna, todas ellas coinciden con que la concentración de la producción, es decir, los monopolios u oligopolios, son perniciosos para la marcha de la economía. "La concentración implica una mayor discrecionalidad en la fijación de los precios por parte de esas empresas. En los mercados concentrados los precios no se fijan de manera competitiva sino que son discrecionales. Las empresas ponen el precio que quieren; no hay competencia", observa Costa.
El consumidor, con una experiencia completa en la escuela de la góndola, sabe que algo de esto hay. Un caso registrado en Todo precio es político lo muestra con claridad: cuando se negociaban las últimas líneas de Precios Cuidados, en los primeros días de enero de 2014, las empresas que producían los alimentos, las bebidas, los de tocador y de limpieza -el consumo masivo-, provocaron una estampida. "La especulación de muchas empresas durante las semanas previas (...) había impactado de lleno el poder adquisitivo de las familias". A pesar de ello, se seguían sentando en la mesa de negociaciones con Augusto Costa para definir los últimos detalles del programa.
El control sobre los precios impacta también en la inflación. "La concentración no es su causa unívoca", dice. Y agrega: "Pero sí puede ser un factor adicional muy determinante". Los caminos para ello son variados. De un lado, el impacto directo en los precios que eleva, del otro, influye en los márgenes de rentabilidad de los distintos eslabones de las cadenas productivas. La consecuencia es que "la alta concentración posibilita la consolidación de grandes grupos económicos con fuerza de mercado y capacidad de presión sobre condiciones de mercado y las políticas económicas", indica Cepa.
Claramente, las grandes empresas no están acostumbradas a que les revisen su posición dominante. Los datos sobre esa realidad suelen estar guardados, lejos d ela mirada de los consumidores y el conjunto de la población.
Los grandes fabricantes tienen una pelea propia con las grandes cadenas de supermercados. Hay una pelea permanente por la renta. El viernes pasado, cadenas del interior del país y establecimientos mayoristas sacaron una declaracfión en la que acusaron a los fabricantes de entegarles productos con precios por encima de lo que permiten los programas oficiales Precios Máximos y Precios Cuidados. Por ello, solicitaron al gobierno que se establezca "una mesa de diálogo" junto a proveedores, mayoristas, supermercados, autoservicios y almacenes "para analizar la política de precios".
En el comercio, también
El informe de concentración de Cepa apunta a conocer la situación en las empresas fabricantes de productos de consumo masivo. Pero la situación se xtiende claramente a la comercialización. Como señaló el ex secretario Costa en su libro, seis cadenas de supermercados concentraban buena parte de la venta de estos bienes. De acuerdo con los últimos datos del Indec, la concentración pega de lleno en la comercialización: el 84,3% de la facturación por compras en supermercados la realizan ocho empresas cuyas bocas de expendio suman más de 100 mil metros cuadrados por 68.504 millones de pesos en julio pasado. En contrapartida, el 15,7% restante tiene lugar en 93 empresas que cuentan con una superficie menor y cuya facturación es de 12.232 millones de pesos.
La diferencia entre uno y otro segmento se traduce en una fuerte distancia a la hora de facturar. Mientras que las grandes empresas de comercialización vendieron 25 mil pesos por metro cuadrado abierto, las pequeñas cadenas alcanzaron 19.500 pesos.
Sigue la tendencia
La concentración en la producción de bienes de consumo masivo se acentúa. " La tendencia es a una mayor concentración", advierte Costa, de Cepa. El experto asegura que existen "algunos elementos que son contratendencia. En los años 90 se acentuó la concentración con la venta al extranjero de grandes empresas nacionales, como Bagley y Terrabusi y otras similares, en un proceso más amplio de transnacionalización de la economía. Tras la crisis de 2001-2002 surgen las marcas blancas, las marcas de los supermercados donde, en muchos casos, los productores son pymes. En ese momento se produjo un crecimiento en la cantidad de oferentes del mercado y eso genera una contratendencia. Pero a pesar de ello, hay un aumento de la concentración", concluyó.
El gasto de los hogares se va en alimentos
El informa de Cepa recuerda que el Indec estableció en la Encuesta de Gasto de Hogares (ENGHo), los hogares de muy bajo clima educativo destinan el 36% de su gasto a alimentos, mientras que los hogares con clima educativo medio destinan 22,7%. En cambio, los hogares de clima educativo alto solo gastan en alimentos el 14,8% del total de sus erogaciones.
"La amplia diferencia entre lo que destinan al gasto alimenticio los hogares de diverso clima educativo explica el impacto diferencial que tiene la concentración de productos de consumo masivo, especialmente los alimentos", inidca Cepa.
El estudio agrega que "la elevada concentración conduce a mecanismos no competitivos de fijación de precios y captación de rentas extraordinarias, lo cual impacta de manera notablemente mayor en los hogares de menores ingresos". Es decir, la concentración acentúa la pobreza en los más pobres.
PRECIOS MÁXIMOS
La nueva edición de Precios Máximos tendrá vigencia hasta el 31 de octubre. Hubo aumentos de entre el tres y el cinco por ciento.
En clave electoral, Juntos por el Cambio decreta el "fin de la tregua" por la pandemia
Más por intereses electorales que por pasiones políticas, en Juntos por el Cambio identifican tres momentos para hablar del “fin de la tregua con el gobierno por la pandemia” y justificar el endurecimiento de sus posiciones para los próximos tres meses del año. En el Congreso, los diputados del principal conglomerado opositor sostienen que los puentes se rompieron en la sesión del 1° de septiembre. Ese día fue renovado el protocolo de sesiones mixtas con el acuerdo del Frente de Todos, bloques provinciales y el lavagnsimo. El interbloque conducido por el cordobés Mario Negri se negó a apoyarlo y protagonizó un escándalo en el recinto, con 94 legisladores que se sentaron en sus bancas y luego impugnaron la sesión en la Justicia.
En la Cámara Alta, los cambiemitas aseguran que la situación se agudizó poco antes de ese round. Desde que el presidente Alberto Fernández envió el proyecto de reforma judicial. A pesar de las advertencias opositoras, el oficialismo aplicó su mayoría propia de 41 votos para darle el trámite más rápido posible y dejarla en el área chica de Diputados, donde está hace casi un mes. Cerca del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aportan otro momento cercano. Aluden a la quita de dos puntos de coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires que ordenó Fernández el 9 de este mes para reorientar esos recursos a la provincia de Buenos Aires. Y con eso financiar el aumento salarial que terminó de desarticular la rebelión de los efectivos de la Bonaerense que Cambiemos intentó capitalizar hasta que la protesta escaló demasiado.
A pesar de los matices, todos los consultados coinciden en el mismo diagnóstico: los tiempos de los buenos modales por la crisis sanitaria llegan a su fin. Se acerca el momento de ordenar tropas y discursos para la contienda electoral del año que viene. La perspectiva se incrementó por la caída de la imagen presidencial en las encuestas. Una especulación inconfesable en términos públicos durante los días más álgidos de un aislamiento social que lleva seis meses, pero forma parte de la cotidianidad de senadores, diputados, intendentes y gobernadores de todos los pelajes políticos.
Los oficialistas signan sus esperanzas en una pronta salida de la pandemia y esperan que un eventual rebote económico reduzca los impactos negativos del desgaste que les impone la cuarentena. Para sus adversarios de Cambiemos ese camino es una realidad lejana que está sembrado de obstáculos políticos y económicos que buscarán exprimir para potenciar el contacto y la representación con sus votantes.
Cerca de la exgobernadora María Eugenia Vidal coinciden con el análisis larretista. Los calentamientos electorales se adelantaron con la pelea por la coparticipación para la Ciudad y se agudizarán con el proyecto que ya ingresó al Senado para reducir aún más esos giros de la Nación y circunscribirlos a los gastos de la Policía Federal transferida en 2016. Cerca del alcalde porteño tienen una esperanza en la intervención de la Corte. Creen que “saldrá en diagonal con una iniciativa para acercar partes y abrir una negociación entre Nación y Ciudad”, evaluó una alta fuente del Ejecutivo porteño.
El rol del máximo tribunal genera intrigas en la Casa Rosada desde que su presidente, Carlos Rozenkrantz, convocó este próximo martes para “un acuerdo extraordinario” y tratar los recursos presentados por los jueces Germán Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuyos traslados fueron dispuestos por Macri y anulados por el Senado la semana pasada. En Cambiemos esperan que desemboque en un conflicto de poderes con el Legislativo como preludio de la sentencia que espera Larreta para contener la quita de coparticipación.
“Esa decisión del presidente aceleró la grieta que queríamos evitar. Nos debilitó a nosotros como parte de un sector más colaborativo de Cambiemos con el Gobierno”, analizó un exministro de Vidal que mide ese cambio dentro de la alianza opositora desde que el extitular de la Cámara Baja, Emilio Monzó, pidió que el expresidente Mauricio Macri y la vicepresidenta CFK se jubilen para permitirle protagonismo a una nueva generación de dirigentes. El planteo tuvo más resistencias que apoyos dentro de Cambiemos. Quedó diluído ante un ala dura que viene de promover tres banderazos contra el gobierno y apuesta a redoblar la presión ante cada traspié del oficialismo. En rigor, el ala dialoguista de Cambiemos se disipa cuando el sector más duro se amotina detrás de lo que considera un desacierto del gobierno y percibe que el desgaste puede acelerarse.
La escena se repetirá en Diputados con el impuesto a las grandes fortunas que este viernes obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Si no fuera por la pandemia estaría en condiciones de pasar al recinto, pero el interbloque de Cambiemos pidió que sea tratado en forma presencial, al igual que el presupuesto 2021 y la reforma judicial. La solicitud fue presentada esta semana y obliga al presidente del cuerpo, Sergio Massa, a contabilizar quiénes estarán presentes para saber si superan la capacidad sanitaria máxima prevista de 90 personas dentro del recinto y en los tres balcones que rodean el hemiciclo. Si el total es superior a ese número, Massa deberá buscar un lugar alternativo fuera del Congreso, una posibilidad muy resistida por el oficialismo y especialmente por el presidente del bloque, Máximo Kirchner.
Puf: la caída de otra causa de la Gran Oreja macrista
El recorrido de la operación que se armó con el espionaje a los presos políticos.
El régimen macrista seguramente será recordado por haber puesto en práctica un sistema persecutorio que oscilaba entre Torquemada y el Doctor Goebbels. Una gran contribución al arte del lawfare, tal como se conocen las maniobras ilegales efectuadas desde los servicios de inteligencia con la complicidad de cierta prensa y un sector del Poder Judicial. Pero sus hacedores no imaginaron que habían puesto en marcha un mecanismo de obsolescencia involuntaria, ya que cada uno de sus actos de ilusionismo está saltando a la luz. Tal es ahora el caso de la llamada “Operación Puf”.
En este punto es necesario retroceder al verano de 2019. Por entonces, con el espía polimorfo Marcelo D’Alessio tras las rejas, la causa que instruía el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dejaba al desnudo una parte del espionaje sistemático–tanto con fines políticos como extorsivos– que hizo del gobierno de la alianza Cambiemos su resorte existencial
En esas circunstancias, el fiscal federal Carlos Stornelli, sucio hasta el cuello por su vínculo con D’Alessio, se apuró a presentar una denuncia por una presunta operación de los presos kirchneristas para deshacerse de él en la causa de las fotocopias (que algunos llaman “cuadernos”). Su prueba: unas escuchas telefónicas que –según él– le tiraron bajo la puerta de su despacho.
Pero tuvo la mala suerte de que dicha presentación cayera bajo la órbita del juez federal Luis Rodríguez y del fiscal Jorge Di Lello. Un pésimo augurio para su intención de ser creído y así salir indemne de su vínculo con el falso abogado. De modo que, apenas unas horas después, las entonces diputadas del oficialismo, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, efectuaron una denuncia idéntica. Su prueba: unas escuchas que –según ellas– le tiraron bajo la puerta a Elisa Carrió. La única diferencia entre ambas denuncias es que la segunda había ido a parar al juzgado del juez Claudio Bonadio. Un gran augurio para Stornelli.
Los audios fueron irradiados el domingo 26 de junio en los ciclos PPT, de Jorge Lanata, y La Cornisa, de Luis Majul. Allí se oyen conversaciones entre el exembajador ante el Vaticano y actual diputado, Eduardo Valdéz, con los ex funcionarios kirchneristas Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi (estos, desde el Penal de Ezeiza). Fue allí donde el falso complot que se les endilgaba fue bautizado “Operación Puf”, por una expresión de Valdéz. Según Majul, las intervenciones sobre los teléfonos de aquella cárcel fueron legales, puesto que se hicieron en el marco de una causa contra el presunto “Rey de la Efedrina”, Mario Segovia.
No era exactamente así, y en aquel momento Valdez lo deslizó con una lógica aplastante: “Son tan obvios que ante una causa que los incrimina por espionaje ilegal publicitado desde los medios de comunicación (en referencia al asunto D'Alessio) responden con escuchas ilegales publicitadas desde los medios de comunicación”.
Es en este punto donde esta trama se enlaza a otras causas judiciales que en la actualidad investigan el espionaje ilegal del macrismo.
Conviene mencionar un momento estelar al respecto: el 15 de julio de 2018, cuando en un departamento de Constituyentes y General Paz utilizado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como “cueva”, su director de Operaciones Especiales, Alan Ruíz, hablaba con sus hombres: “Lo primero que tenemos que definir con Cristian Suriano (el titular de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal) es una unidad que sería Ezeiza o Marcos Paz. Hay un pabellón que lo vamos a hacer completo. Lo vamos a ‘alambrar’ (o sea, llenar de micrófonos y cámaras). Lo vamos a equipar todo; los vamos a meter a todos los políticos porque están operando a full desde adentro”.
Dicho sea de paso, aquel hombre, la Gran Oreja del poder, el titiritero que desde las sombras diseminaba dispositivos de registro en oficinas, salones, alcobas y calabozos, no suponía que él también era espiado. Porque en aquel preciso momento sus propios hombres lo grababan a hurtadillas.
Los cierto es que el “alambrado” a las cárceles explica el origen de la “Operación Puf”, entre muchas otras maniobras. Y que la instalación y uso de dicho dispositivo es en la actualidad una causa judicial en sí misma.
Los fiscales federales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes la instruyen en Lomas de Zamora, le solicitaron al juez Marcelo Martínez de Giorgi –que reemplaza al finado Bonadio– el original del anónimo recibido por Carrió, el cual habría sido aportado allí por la dupla Oliveto-Zuvic. La respuesta del magistrado –quien además ya desechó la denuncia de estas por “inexistencia de delito”– fue desconcertante: las diputadas jamás presentaron el anónimo. Lo que sí hicieron fue entregar un escrito donde dijeron haber recibido dicha misiva con la transcripción de los escuchas a los presos.
Ya se sabe que la dramaturgia de la “Operación Puf” fue ideada por la AFI –tal como se desprende del testimonio de la agente Jimena Hornos ante la Comisión Bicameral–, y que dicho organismo nutrió a Stornelli con las copias del ya famoso audio que este aportó en su denuncia ante Rodríguez y Di Lello, quienes también dictaminaron la “inexistencia del delito”. También se sabe que fue Stornelli quien se las entregó a Lanata y Majul.
Pero el apuro –una cuestión de horas– de Oliveto y Zuvic por bifurcar esa impostura ante Bonadio hizo que no tuviesen tiempo de esperar a que la AFI les entregara otra copia a ellas. Por tal motivo solo basaron su denuncia ante Bonadio en un escrito sin el más mínimo valor probatorio. Sin embargo, aquello fue suficiente para que el recordado juez diseñara –en junio de 2019–una enorme redada que incluía una veintena de arrestos para denunciantes de D’Alessio, abogados, ex funcionarios y empresarios presos, junto a periodistas que habían difundido sus trapisondas. Pero el sólido cariz que fue adquiriendo la causa de Dolores lo disuadió de semejante imprudencia.
Ahora todo se desplomó como una enorme roca sobre el océano. Ahora todo se desplomó como una enorme roca sobre el océano.El gobierno sale a dar debate político y les abre el juego a los integrantes de la coalición
Se acabó la cortesía. El gobierno nacional tomó la decisión de salir a dar la pelea política de manera frontal con el firme objetivo de ubicar a la oposición en su lugar. El cambio de estrategia no solo se encarnó en la palabra de Alberto Fernández, sino que fueron convocados para llevar adelante esta tarea todos los integrantes de la coalición, desde el Gabinete, hasta los gobernadores, intendentes y legisladores.
Este viernes hubo dos reuniones en Casa Rosada. La primera fue con los voceros y la segunda con los ministros y ministras. Allí, el presidente les pidió que salieran con más vehemencia a dar la discusión política. Es que Alberto Fernández había pretendido ocuparse él solo del trabajo que históricamente está dividido cuando el peronismo está en el poder: la conducción política por un lado y la gestión por el otro. Hasta el momento, los ministros estaban autorizados a hablar solo de la gestión y a no enredarse en discusiones políticas, sobre todo en arenas opositoras. Pero la estrategia cambió. El punto de inflexión fue el poco valor periodístico que se le dio una noticia tan estructural como que Argentina se ahorró 40 mil millones de dólares con el acuerdo por la deuda con los bonistas privados. La buena nueva duró poco, sobre todo después de la profundización del cepo al dólar que, calculan, seguirá hasta fin de año. “No hay dólares, no hay”, enfatizan en Rosada.
En este contexto, todos los ministros y ministras fueron convocados a salir a defender la gestión. Hay un grupo más chico que tomó la delantera, integrado por Santiago Cafiero –que ayer confrontó en Twitter a la presidenta del PRO Patricia Bullrich–, Cecilia Todesca, Claudio Moroni y Matías Kulfas. Pero el resto también se sumó. Elizabeth Gómez Alcorta salió –después del presidente– a criticar a la Corte Suprema por su negativa a realizar la formación contra la violencia de género, establecida por la Ley Micaela. Esa línea la había marcado Fernández este viernes cuando criticó al presidente del alto tribunal Carlos Rosenkrantz, puesto por Mauricio Macri, quien quiere convocar a un acuerdo extraordinario de los miembros de la Corte para tratar los recursos presentados por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. “Quieren seguir manipulando a los jueces que manipularon en el gobierno anterior”, le respondió duro Alberto.
Es que en el gobierno dan por sentado que esta administración va a estar signada por la pandemia y no quieren que las consecuencias psicológicas que produce el aislamiento social sean el pantano donde se cultiva el descontento social, y mucho menos que eso devenga en aglutinamiento de posiciones políticas. El objetivo es trascender la agenda de los medios opositores, concentrados en hablarle a la población sobre temas palaciegos y porteñocéntricos. Y para eso, dicen, la única herramienta es la gestión. Evalúan que las medidas de gran capilaridad, como el IFE, no necesitaron de marketing para su instalación.
En el gobierno sienten el fuerte enojo que hay en algún sector del establishment financiero que vio que sus ganancias se redujeron debido a la caída de las tasas de un 80% a un 30%. También ven que los grupos vinculados a la comunicación no quieren que se avance con la regulación de los servicios de conectividad. A ellos también los eligió Alberto como blanco en todos los actos de gestión donde crítica a los “sectores especuladores”.
“Nos votaron para cambiar las prioridades, no hay que dejarse llevar por la creación de clima, hay que pasar a la ofensiva política y marcar presencia con un anuncio de gestión en una provincia y una ciudad por semana”, sintetizan y dan cuenta de cómo los actos de gestión, como el del Procrear en Areco, trascienden el color político de los gobernadores o intendentes. “Macri nunca fue a La Matanza”, recuerdan.
Otra de las novedades que se notan en los actos de gestión es la referencia que hace el presidente a su pertenencia partidaria. “Somos peronistas”, dijo en Areco e hizo la V con los dedos. El operativo clamor para que sea presidente del Partido Justicialista ya empezó y puede llegar a cristalizarse en el acto del 17 de Octubre, que todavía no tiene forma ni lugar definido, ya que el propio presidente descartó movilizaciones y actos masivos. Es que los objetivos del festejo del aniversario son dos: reafirmar la identidad peronista –con el ensanchamiento alfonista-lavagnista– y aprovechar la fecha para militar las medidas sanitarias para diferenciarse de las distintas expresiones políticas anticuarentena propiciadas por dirigentes de la oposición. El desafío está en encontrar una forma de mostrar el nivel de participación ciudadana y volumen político que tiene el partido de gobierno, incluso, en cuarentena.
Fuente:TiempoArgentino
26.09.2020 / Economía
La UIF investigará a las SAS, un tipo de herramienta que creó Macri y facilita delitos económicos offshore
El organismo profundizará el monitoreo de las Sociedades por Acción Simplificada debido a los "riesgos" que presentan para la prevención de irregularidades económicas. Se trata de un tipo de empresas que nació en 2017 con una ley de Cambiemos que se vendió como de "apoyo al capital emprendedor" pero en realidad es "pantalla" para la fuga, el tráfico y los testaferros.
Según comunicó el organismo antilavado que conduce Carlos Cruz, se irá camino a un mayor "monitoreo de las SAS debido a las vulnerabilidades y riesgos que presentan para el sistema de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Delitos Económicos Complejos (PLA/FT/DEC)".
El origen de la posibilidad de armar este tipo de versión empresarial offshore en el país es la sanción, en abril de 2017, de la denominada “Ley de Apoyo al Capital Emprendedor” (N° 27.349), momento desde el cual "hubo un aumento significativo en la formación de las (SAS)", informó la UIF.
Tal como explicó el organismo, esa normativa que "implicó facilitar la tramitación de nuevas sociedades comerciales, presenta importantes vulnerabilidades debido a la posibilidad de utilizar este tipo de entidades para ocultar a los beneficiarios finales a través del uso de prestanombres o testaferros, como también para generar organizaciones `pantalla´, por parte de personas que intentan eludir los estándares internacionales y soslayar el sistema de PLA/FT/DEC".
Básicamente, esto significa que esta ley impulsada y sancionada por el macrismo con el "apoyo al capital emprendedor" como argumento mostró en realidad en estos más de tres años que más que "emprendedores", muchos de los que armaron este tipo de sociedades lo hicieron en el marco de actividades irregulares que le sacaron el jugo a la opacidad y escasos requisitos para armar empresas gracias a la normativa. La evasión impositiva, la fuga de capitales, el peculado y hasta el tráfico de estupefacientes, son algunos de los delitos que aparecen tras bambalinas.
"Dentro de sus características tipificantes las SAS reúnen una serie de particularidades que la tornan frágil ya que estas compañías se vinculan con la extrema simplificación de los trámites de constitución, desarrollo, funcionamiento y cumplimiento de sus deberes bancarios, tributarios y societarios. Por ejemplo: no están sujetas a la fiscalización del Registro Público en su constitución ni durante su funcionamiento, disolución y liquidación", explicaron.
Otras características son que pueden constituirse con muy poco aporte capital, ser administradas por terceros ajenos y tener un objeto muy amplio, lo que habilita tomar capital en diversos y muy variados circuitos comerciales y mercados formales e informales.
De esta manera, y debido a los riesgos y amenazas que puede implicar el uso de estas sociedades como instrumentos de defraudación y lavado de activos, la UIF se encaminará a investigar en profundidad a los Sujetos Obligados que presenten este tipo organización.
En junio, Juntos por el Cambio intentó pero fracasó en bloquear en el Senado de la Nación un proyecto para suspender por 180 días la constitución e inscripción de las llamadas "Sociedades por Acciones Simplificadas". La iniciativa finalmente logró la media sanción y giró a Diputados.
Pese a la
derecha, avanza el aporte solidario de las grandes fortunas
Hubo dictamen favorable en Diputados,
donde podría conseguir sin problemas la media sanción. Juntos por el Cambio se
abroquela e intenta frenar la iniciativa.
26 DE SEPTIEMBRE DE 2020
La comisión de Presupuesto y Hacienda
de la Cámara de Diputados emitió este
viernes el dictamen favorable al proyecto de Aporte Solidario
Extraordinario de las Grandes
Fortunas, con el respaldo del Frente de Todos y bloques provinciales, y pese al
rechazo categórico de Juntos
por el Cambio, que eligió representar a las 9.000 personas más ricas
del país, únicas alcanzadas por el gravamen.
De esta forma, el proyecto que
establece un pago por única vez a las personas que tengan un
patrimonio superior a los 200 millones de pesos con el fin de
recaudar unos 3.000 mil millones, ya estará en condiciones de ser tratado en
una sesión del cuerpo.
El dictamen de mayoría emitido en la
tarde del viernes consiguió el respaldo de 27 firmas que fueron cosechadas por
el Frente de Todos, Córdoba Federal, y el
Frente de la Concordia de Misiones, mientras que el dictamen de minoría
presentado por Juntos por el Cambio reunió 22 firmas.
Revés judicial contra Larreta y
sus negociados con Macri
El apoyo de los cuatro diputados de Córdoba y de tres legisladores del
Frente e Concordia, a los que se sumarán tres de Unidad Federal para el
Desarrollo, 1 de Juntos por Río Negro y el monobloque del Movimiento Popular Neuquino
(MPN) es considerado clave para sancionar la iniciativa.
Los apoyos de estos bloques son
fundamentales porque, por tratarse de una ley impositiva, requiere de 129 votos
(la mitad más uno del total), lo que supera el volumen de avales propios del Frente
de Todos, que cuenta con 117 diputados en condiciones de votar.
Además, también podrían votar a favor el bloque de Consenso Federal, dos
del Partido Justicialista (PJ) y los dos socialistas que forman parte del
Interbloque Federal, dijeron fuentes parlamentarias.
El presidente de la comisión de
Presupuesto, Carlos Heller, explicó que para
calcular el patrimonio de la persona física no se tomará la declaración de
bienes presentada de diciembre de 2019, sino desde la fecha de promulgación de
la ley para "evitar planteos de retroactividad".
En ese sentido, el legislador oficialista destacó que se "modificó
el criterio de la fecha de aplicación del cálculo para determinar el valor del
aporte", que se había fijado el 31 de diciembre y se llevó "a la
fecha de promulgación de la presente ley".
También informó que no
se aplicará a los personas que no tengan residencias en la Argentina, es decir las
empresas multinacionales que tienen domicilio en sus países.
Al defender el proyecto, Heller dijo
que la mitad de la recaudación
provendrá de las "253 personas que tienen fortunas superiores a 3.000
millones de pesos, que aportarán 153 mil millones de pesos, y otras 372 que
tienen patrimonio entre 1.500 y 3.000 millones, con lo cual 625 aportarán 180
mil millones de pesos de los 307 mil millones que se quieren recaudar"
Según el informe que Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó el lunes en la comisión, se
espera recaudar $307.000 millones (1,1% del PBI del corriente
año), que alcanzaría a un universo potencial de 9.298 personas.
De ese total, 7.438 ya presentaron sus declaraciones juradas de Bienes
Personales y otros 1.860 todavía no lo hicieron, declara el informe de AFIP.
En tanto, el radical Luis
Pastori, señaló que reconocen que "el dictamen oficial mejoró con respecto
al original" y citó el ejemplo de la retroactividad, aunque señaló que
"subsisten vicios" que los llevan a "rechazarlo”.
“Primero insistimos en que se trata de un Impuesto y no de un Aporte, lo
que intenta dejarlo al margen de las garantías y principios constitucionales
que imperan en la materia, como la no confiscatoriedad”, dijo.
Agregó que “el propio informe de la Oficina de Presupuesto del
Congreso" les da "la razón" e indicó que esto se refleja
"en el comienzo del informe, en el que habla claramente de que se trata de
un impuesto”.
El diputado cordobés Paulo
Cassineiro respaldó el proyecto, pero señaló su preocupación por considerar que
"existe una desventaja para los empresarios nacionales que generan
trabajo, que lo tendrán que pagar, y no aquellas multinacionales con residencia
fuera del país" y preguntó "si no había posibilidades de que no
paguen por sus acciones".
En ese sentido, Heller dijo que "si
no se tienen en cuenta las acciones, solo se podría cobrar sobre sus viviendas
o casas de fin de semana" y destacó que este aporte obligatorio
tendrá una asignación especifica para afrontar las consecuencias de la
pandemia.
En ese sentido, el dictamen establece que el 20% de la recaudación se
destinará a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para
la emergencia sanitaria, 20% a las pymes, 15% a los programas para el
desarrollo de los barrios populares, 20% a becas al programa integral de becas
Progresar y 25% programas de exploración y desarrollo de gas natural, a través
de Enarsa",.
El proyecto prevé el cobro de una tasa del 2 por ciento a los
patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la
promulgación de la ley mas de 200 millones de pesos.
Esa tasa se elevará al 2,25% en casos de fortunas entre 300 y 400
millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% 600 a 800
millones.
La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 y 1500
millones, al 3,25% para fortunas de 1500 millones de pesos a 3000 millones, y a
partir de esa cifra será del 3,5%.
Fija también que por el total de bienes en el exterior se tributará un
recargo del 50% sobre la alícuota que le correspondería; pero si la persona
trae el 30% de sus tenencias financieras que tienen declaradas afuera, el
diferencial se elimina y paga por todo como si lo tuvieran en el país
Fuente:Infonews
Las fichas de la AFI: detalles del espionaje político macrista en las
elecciones de 2017
Según consta en la Justicia hay más de 50.000 archivos, entre imágenes,
videos y documentos en formato Office y PDF que recopilaron las bases de la
agencia en territorio bonaerense.
27 DE SEPTIEMBRE, 2020
Por FRANCO MIZRAHI
El espionaje ilegal macrista en la provincia de Buenos Aires dejó sus huellas. Según consta en la Justicia hay más de 50.000 archivos, entre imágenes, videos y documentos en formato Office (Word o Excel) y PDF que recopilaron las bases de la AFI en Ezeiza, Haedo, Pilar, Quilmes, La Matanza y San Martin. El material surge de los dos discos rígidos que la intervención de la agencia aportó al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, luego de que el magistrado requiriera información sobre el proyecto AMBA en el marco del D’Alessiogate. Hay fichas de los espiados, con fotos y datos personales de las víctimas; relevamiento de locales políticos; infiltración en reuniones; e instalación de cámaras ocultas. Los detalles.
“Hay elementos objetivos suficientes que permiten considerar que la práctica de recolección de información personal sobre la base del perfil político de distintos ciudadanos fue una constante en todas las delegaciones provinciales que se encontraban a cargo del imputado Pablo Pinamonti y que tuvieron despliegue en la provincia de Buenos Aires por lo menos durante el año 2017”, escribió Ramos Padilla en una resolución de 342 páginas que se conoció este jueves. Pinamonti era el jefe del proyecto AMBA y había sido indagado en el D’Alessiogate por sus vínculos con la banda de Marcelo D’Alessio.
A la hora de analizar el caudal de prueba recolectada, el juez de Dolores destacó que “el dato quizás más revelador” sea “el esquema ascendente del reporte de los informes de inteligencia relevados. Es decir, se ha podido compulsar una copiosa cantidad de documentos que refieren a las etapas iniciales del ciclo de inteligencia, esto es, la recolección y procesamiento de información”.
Entre otras cosas, “se pudieron obtener numerosos informes semanales de las distintas bases que daban cuenta de la recopilación de esos informes individuales para su posterior elevación a la superioridad”. La “superioridad” era la jefatura de la AFI macrista, es decir, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Ambos fueron convocados a prestar declaración indagatoria el próximo martes y miércoles, respectivamente.
Eso queda de manifiesto en “el documento Informe Semanal de la Dirección de Reunión” donde se “da cuenta de cómo toda esa producción, recopilación y almacenamiento de datos sensibles eran elevados a la superioridad a los fines de su re-análisis y posterior toma de decisiones”.
Ramos Padilla analizó la prueba documental y concluyó que el “universo de cuestiones de interés” entre las diferentes bases “mantiene patrones muy similares: la recopilación de datos personales de diferentes ciudadanos en base a sus actividades políticas, ya sean partidarias, comunitarias o gremiales”. Para eso, la AFI desde sus nueve bases en la provincia de Buenos Aires realizó “tareas de campo directas”, utilizó “técnicas de ‘ciberpatrullaje’” e hizo una “compulsa de bases abiertas”.
Seis de esas nueve bases se abrieron en abril de 2017 y fueron el centro neurálgico del proyecto AMBA. El momento en que se lanzó el desembarco a gran escala de la AFI en territorio bonaerense no fue casual: para el juez estuvo directamente relacionado con las elecciones legislativas que se iban a desarrollar aquel año. Buenos Aires no solo representaba el 38% del padrón electoral: Cristina Fernández de Kirchner, entonces la principal dirigente de la oposición, se iba a presentar como candidata a senadora por esa provincia.
“Gran parte de la tarea de inteligencia desplegada por las BASES AMBA se encontró dirigida a efectuar un relevamiento de las actividades de organizaciones políticas, sociales y comunitarias con despliegue en el territorio bonaerense”, señaló el juez. En total, según se desprende de la información judicial, la agencia practicó inteligencia ilegal sobre al menos 32 organizaciones sociales o políticas, 16 partidos políticos y 23 sindicatos u organizaciones de trabajadores.
Hasta “se encontró un documento elaborado por la Base Haedo (Morón) en el que, a partir de un parte médico por el que se informaba un accidente de trabajo sufrido por un agente de dicha delegación, se señala que, al momento del accidente, se encontraba colocando dispositivos ocultos con el objetivo de registrar audiovisualmente una reunión con miembros de la organización Barrios de Pie en la localidad bonaerense de Isidro Casanova”.
Fichas personales
“Las labores de inteligencia ilegal que tenían como objetivos a las organizaciones sociales, políticas y sindicales trascendieron el relevamiento de su despliegue territorial, y avanzó en la confección de fichas personales de los militantes de las organizaciones que participaban activamente en los distintos frentes de masas”, precisó Ramos Padilla. “Pudieron relevarse múltiples documentos en los que se reseñaron datos personales de ciudadanos sobre la base de su afinidad ideológica o su adhesión a alguna organización determinada”, agregó, lo que implica una flagrante violación de la Ley de Inteligencia Nacional.
Entre otras cosas, “se hallaron fichas personales de militantes políticos de los partidos de Ezeiza y Esteban Echeverría. En particular, se observó un documento denominado ‘Referentes’, en el que se recopiló información personal en forma sistemática sobre diferentes ciudadanos”, describió el magistrado.
Ramos Padilla resaltó que se ve “una misma estructura a la hora de sistematizar estos datos personales: en primer lugar, adjuntan una foto de la persona, luego se especifica el partido u organización política a la que pertenece y a continuación se consigna: a) apellido, b) nombre completo, c) DNI, d) CUIL, e) edad, f) si tiene pareja o hijos, y sus nombres, g) domicilio, h) correo electrónico, i) información académica, j) trabajos anteriores, k) una reseña política de su participación en el distrito”.
“Esta práctica de relevamiento de datos personales de ciudadanos que participaban activamente de la vida política en el territorio bonaerense fue una práctica sistemática desarrollada de forma continua a lo largo del tiempo por las bases de inteligencia que estuvieron a cargo de Pablo Pinamonti”, agregó el juez.
Además de las fichas personales había “un relevamiento de los locales partidarios”. Como por ejemplo “La Cámpora” y corrientes relacionadas.
Tal como se desprende de la documentación en manos de la Justicia, las bases bonaerenses de la AFI mostraron un particular interés en el dirigente social Luis D’Elìa. De hecho, un apartado de la resolución de Ramos Padilla se titula: “Recopilación de datos personales de referentes políticos vinculados a Luis D´Elía. Directiva específica de la superioridad”. Allí se observa el espionaje sobre la red de relaciones del militante vinculado al mundo piquetero.
Espionaje en la Cumbre de los Pueblos
Otro informe de inteligencia, que se encontró en la Base Haedo, y que está fechado el 16 de noviembre de 2017 “sistematiza información reunida respecto de unas jornadas de discusión política realizadas en el marco de la ‘Cumbre de los Pueblos – Fuera O.M.C.’ que tuvieron lugar en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires”. En ese informe, se agrega información respecto de la “Semana de Acción Global contra la O.M.C. y contra los tratados de libre comercio”.
Allí “se repasan las actividades que se desarrollarían entre el 7 y el 13 de diciembre de 2017, que según informan, iniciarían a partir de la Marcha de la Resistencia organizada por las Madres de Plaza de Mayo. Luego, se detalla una serie de actividades que se habrían de realizar, identificando las organizaciones convocantes, el nombre de los militantes que coordinarían dichas actividades y, en algunos casos, sus abonados telefónicos”.
Inteligencia ilegal en Comedores
Tal como informó este medio, también hubo espionaje en comedores y merenderos sociales. Por ejemplo, se halló un documento titulado “Planilla relevamiento comedores” donde “se consigna la ubicación de esos establecimientos, la cantidad de personas que asisten a ellos y si reciben donaciones del Estado”.
Ante este escenario, Ramos Padilla se preguntó “cuáles son las tareas que debe realizar una agencia de inteligencia en el marco de un Estado democrático de derecho”. “No es razonable que recursos humanos y técnicos tan sensibles como los que componen el Sistema de Inteligencia Nacional” se “encuentren involucrados en investigar el modo en que eran distribuidos los bolsones comunitarios de comida entregados por el Estado. Al no resultar razonable, ni proporcional la utilización de esos recursos, se impone vislumbrar otro objetivo: la utilización del aparato de inteligencia para la obtención de información sobre las organizaciones sociales y comunitarias que operan como red de contención social de los sectores socio-económicamente más vulnerables de la provincia de Buenos Aires”, concluyó.
Esa utilización del aparato de inteligencia para tareas ilegales se expandió de forma inconmensurable.
Fuente:ElDestape
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