BRASIL.

El fin de la huelga de Correos no 

puede cerrar la lucha

La huelga de los trabajadores de los Correos demostró la fuerza y la voluntad de la categoría de luchar contra el gobierno del Bolsonario y su política de eliminación de derechos y privatización.

Fue una huelga que enfrentó, además del gobierno, al poder judicial, ya que éste, por dos momentos, atacó el convenio colectivo en beneficio de la política bolsonarista contra la clase trabajadora. Lamentablemente, la huelga también mostró el papel de los rompehuelgas en el movimiento sindical: fueron cómplices de Bolsonaro y del general Floriano en la retirada de 49 cláusulas de nuestro convenio colectivo, ya que los dos mayores sindicatos del país (Río de Janeiro y Sao Paulo), afiliados a la CTB (Central de los Trabajadores y Trabajadoras del Brasil), boicotearon la huelga.

Un ataque para avanzar en la privatización

Lo que ocurrió es un reflejo de la política global del gobierno de Bolsonaro y del presidente de la Compañía, el general Floriano, para avanzar en la privatización. El desmantelamiento del convenio colectivo es parte de este proyecto, así que se propusieron atacar nuestros derechos. Para ellos, es necesario reducir los costos de mano de obra para facilitar la venta de la empresa.

También simboliza cómo el gobierno trata los derechos de la clase trabajadora: todo para beneficiar a los privilegiados de siempre, como el presidente de Correos, que gana más de 46.000 reales y mantiene su salario intacto, mientras que los demás trabajadores de la Compañía tienen amargas pérdidas en sus ingresos.

La justicia al lado del gobierno

La justicia, otra vez, jugó para el gobierno. Ya lo había hecho el STF (Supremo Tribunal Federal), cuando validó los cambios en  colectivo, y ahora la decisión del TST (Tribunal Superior del Trabajo)los confirma. El retiro de 49 cláusulas del acuerdo causa un impacto social y económico brutal en los derechos de la categoría. La eliminación de bonos y asignaciones adicionales, la reducción del porcentaje pagado en los bonos de horas nocturnas y horas extras y la reducción del tiempo de licencia de maternidad y lactancia es una brutalidad inaceptable, teniendo en cuenta que es una categoría que sigue trabajando en medio de la pandemia, que ya ha causado la muerte de más de 120 trabajadores, y que tiene el salario más bajo entre las empresas estatales. El ajuste del 2,6% concedido trató de minimizar el resultado que en la suma final es de pérdida.

Lo que sucedió fue que una casta de jueces privilegiados decidió la vida de 100 mil trabajadores. Por eso, desde el principio, hemos dicho que no debemos confiar en los tribunales por su trayectoria en contra de la categoría y porque, en muchas áreas, especialmente la laboral, están totalmente alineados con el gobierno. Es importante recordar que el relator de la sentencia final es Ives Gandra Martins, un bolsonarista que está siendo propuesto para ocupar un sillón en el STF.

La categoría mostró mucha voluntad

Fueron 36 días de huelga en los que la categoría mostró su fuerza frente al gobierno, la Justicia e incluso el aislamiento, ya que los bancarios y los petroleros no entraron en huelga. La dupla general Floriano/Bolsonaro trató en todo momento de debilitar la fuerza de la huelga aplicando descuentos ilegales y haciendo amenazas. Los trabajadores no se intimidaron, y la lucha se fortaleció aún más con piquetes, actos y ocupaciones.

La caravana a Brasilia demostró que, a pesar de más de un mes de huelga, los trabajadores se mantuvieron firmes y llevaron a cabo un acto espectacular que fue un ejemplo para otras categorías que también están siendo atacadas por el gobierno. La fuerza de la base demostró que el resultado de la huelga no puede depositarse en las espaldas de estos valientes guerreros y que el camino de la lucha es lo que debe seguirse contra este gobierno autoritario y ladrón de derechos.

El papel rompehuelga de FINDECT/CTB

A pesar de la fuerte disposición de la base y la brutalidad del ataque, la política de la FINDECT (PCdoB/CTB), que dirige los mayores sindicatos (Río de Janeiro y Sao Paulo), fue desmantelar el movimiento de huelga. Primero apostaron en el STF, luego desaparecieron de sus lugares de trabajo y negaron la unidad para construir el calendario de huelgas.

En Río de Janeiro, el SINTECT-RJ, incluso, orientó a los huelguistas a no participar en las actividades de base del sindicalismo clasista. Es decir, promovió el debilitamiento de la huelga dividiendo a los trabajadores. Además de no poner nunca a sindicatos importantes como el Sintsama (Sindicato de Trabajadores de Cedae) o los trabajadores del comercio de Río de Janeiro, al servicio de la unidad y la solidaridad en esta lucha.

El colmo de la traición fue el boicot de la caravana a Brasilia, una actividad nacional unitaria del movimiento, que fue atacada por los dirigentes corruptos que mostraron  así su servilismo al gobierno. No dudamos que esta postura significó una traición en un momento en que era necesario reforzar la huelga. Este papel fue cobrado en las asambleas virtuales de la categoría (Río de Janeiro y Sao Paulo, en las que la suspensión de la huelga fue aprobada por pocos votos de diferencia. No podemos aceptar una dirección que traicione a la categoría en el momento en que más la necesita. Es hora de que los trabajadores que aún creen en el PCdoB reflexionen y rompan con sus direcciones. El hecho es que el PCdoB y la cúpula del CTB,  son quienes organizaron la derrota económica.

Si bien denunciamos la falta de unidad del movimiento sindical, causada por la traición de la FINDECT, no eximimos de crítica a las principales centrales sindicales del país (CUT, CTB, Fuerza Sindical) en la huelga. La cúpula de la CUT, Articulación Sindical, que dirige la mayor central del país y comanda la mayor parte de la FENTECT, no realizó una acción de apoyo nacional de solidaridad con la huelga. No movilizó su amplia base sindical y no construyó una nueva jornada nacional de lucha aprovechando la huelga de Correos, que en ese momento era el hecho principal de la lucha de clases en el país y que se enfrentó al gobierno bolsonarista en las calles.

Nuestra central, la CSP-Conlutas (Central Sindical y Popular-Conlutas), hizo esta propuesta. El hecho es que la dirigencia de la mayor central del país, la CUT, aisló al movimiento e impidió la unidad con los bancarios y petroleros. O sea: faltó a la prueba de fuego de la lucha nacional contra la extrema derecha.

La necesidad de un polo alternativo

Frente a la traición liderada por la burocracia de la CTB, es urgente construir un polo de dirección alternativo para el movimiento de los trabadores de los Correos. También vimos que, a pesar de los discursos, la Articulación Sindical aisló la esta huelga de otros sindicatos que se movilizaban por sus demandas. Por eso, hay que construir una alternativa que reúna a los sindicatos de la CSP-Conlutas, a los compañeros de la Intersindical y de la CUT.

Un polo que construya otra acción en el movimiento sindical, garantizando la democracia obrera, contra la burocratización y que tenga como política central la movilización de la categoría, manteniendo su independencia de los gobiernos. Un polo que continúe la lucha contra la privatización de la empresa

En Río de Janeiro, los activistas de la CSP-Conlutas y de corrientes de la CUT, promovieron, incansablemente,  muchas actividades de solidaridad con la huelga,  incluso sin contar con el aval de la dirección del sindicato. Estas iniciativas deben continuar para fortalecer una oposición combativa.

Por un plan de lucha contra la privatización

La categoría mostró mucha voluntad de lucha, pero Bolsonaro/Floriano no abandonarán sus ataques. Seguirán la política de privatización de los Correos. Ante este escenario, es esencial no bajar la cabeza y seguir  luchando para evitar que los ataques tengan éxito.

Es necesario que las federaciones construyan un plan de lucha para rescatar las pérdidas y evitar la privatización, uniéndose a los funcionarios públicos en la batalla contra la Reforma Administrativa. Incluso con el resultado adverso, la huelga demostró que hay una capacidad de la clase trabajadora para luchar contra el gobierno.

(Adriano Dias es funcionario de Correos en la ciudad de Río de Janeiro).

Fuente: Rebelión

Demasiadas tierras en pocas 

manos: las nuevas fronteras del 

latifundio

Por Lays Furtado. Resumen Latinoamericano, 3 de octubre de 2020.

Estudios del Censo Agropecuario de 2017 publicados por el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), que utilizan el índice de Gini para medir las desigualdades sociales en la distribución de la tierra, muestran que el puntaje brasileño está por encima de 0,86. El Gini es una medida internacional que va de 0 a 1, cuanto más cerca de 1, mayor es la desigualdad puntuada.

Ante este parámetro, las mayores concentraciones de tierra en el país se dan en las regiones productoras de granos para abastecer el mercado de exportación de commodities, con énfasis en las regiones Nordeste, Medio Oeste y Norte.

Considerando las regiones que abarcan el Norte y el Nordeste, se destaca el área conocida como Matopiba o Mapitoba, área que cubre parte de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía. Es una zona dominada por latifundios, destinados a la ganadería extensiva y monocultivos intensivos de granos, principalmente soja (53%), maíz (16%), arroz (12%), algodón (8%) y frijol (4%).

El avance de la frontera agrícola y las implicaciones de la desertificación del Cerrado.

La región de Matopiba está dominada por el bioma del Cerrado, marcado por la aparición de pequeñas áreas en los biomas de Amazonas y Caatinga. Sin embargo, en los últimos años, el Ministerio del Ambiente (MMA) ha publicado una nota en su sitio web, advirtiendo que la expansión del monocultivo y la ganadería para exportación ha sido la principal amenaza para la biodiversidad del Cerrado.

También según datos del Ministerio del Ambiente (MMA) publicados en 2013, existen 46 Unidades de Conservación Ambiental en Matopiba. Además de 35 Tierras Indígenas (TI) presentes en 12 de las 31 microrregiones insertadas en la región, confirmadas por FUNAI (Fundação Nacional do Índio). INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) informa que en la zona existen 745 Asentamientos Agrarios, además de 36 Quilombos, estos últimos datos confirmados por la SEPPIR (Secretaría de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial).

En línea con la alerta del propio MMA, estudios de organizaciones medioambientales señalan que, de continuar el ritmo actual de destrucción de este bioma, hay predicciones de que su extinción se producirá dentro de 10 años.

La tragedia preanunciada de la destrucción del Cerrado por procesos de desertificación se intensifica con el aumento de latifundios. Esto compromete las condiciones de vida de las comunidades y unidades de conservación presentes en el territorio. También afecta el suministro de agua potable en varias regiones de Brasil, ya que el fin del bioma del Cerrado representaría la extinción de las grandes fuentes de agua que abastecen a varias cuencas hidrográficas del país.

La agroindustria estructurando desigualdades históricas

Toda la superficie de la inmensa Matopiba está compuesta por 337 municipios repartidos en 73 millones de hectáreas, ocupadas por 6,3 millones de habitantes. Está atravesado por las principales cuencas hidrográficas de las regiones Norte y Nordeste. Y a pesar de su gran potencial agrícola, esconde muchas especificidades, ya que existe una enorme disparidad social, económica y productiva, como señalan los investigadores.

Actualmente, Matopiba es la frontera agrícola destacada en el país, con una participación de aproximadamente 10% en el total de granos producidos en 2016. “Los datos del PIB muestran que el producto generado en la región crece por encima del promedio nacional. Sin embargo, todavía está mal distribuido, incluido un aumento en la concentración de ingresos en algunas localidades”.

En otras palabras, una producción económicamente significativa a nivel nacional ha generado una riqueza que aún se encuentra mal distribuida en la región. La concentración de la tierra aumenta frente al ingreso de los trabajadores rurales y los índices de IDHM (Índices de Desarrollo Humano), que son medios y bajos en la mayor parte del territorio de Matopiba.

“Esto puede forzar aún más a la estructura hacia un sesgo más desigual, que se refleja en los ingresos y el desarrollo local. Sin olvidar el tema hídrico, ya que el occidente de Bahía, una zona de grandes propiedades, alberga un acuífero, convirtiéndose en una región de disputa hídrica, principalmente en Correntina (Bahía), que tiende a agravarse en un contexto de alta concentración territorial,» – señala Caroline Nascimento Pereira, investigadora del PNPD (Programa de Investigación para el Desarrollo Nacional), en la Dirección de Estudios y Políticas Regionales, Urbanas y Ambientales (Dirur) del Ipea (Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas), en un artículo publicado el año pasado, sobre la estructura agraria de Matopiba.

Mapa de desigualdad actualiza datos sobre concentración de tierras en Brasil

Nuevas métricas de estudios que consideran la red territorial brasileña junto con la verificación cruzada de datos de propietarios rurales ubican el crecimiento de la concentración de tierras. Para el informe “Quiénes son los pocos propietarios de tierras agrícolas en Brasil – Mapa de desigualdad”, publicado este año, confirma:

“El estrato del 10% de las propiedades más grandes ocupa el 73% del área agrícola de Brasil, mientras que el estrato del 90% restante de las propiedades más pequeñas ocupa solo el 27% del área. En todos los estados brasileños, el 10% de las propiedades más grandes poseen más del 50% del área. En 6 estados y Matopiba, el 10% de las propiedades más grandes poseen más del 70% del área. En todas las regiones del país, pocas propiedades (17 para el norte y 125 para el medio oeste) ocupan más de la mitad del área de propiedades en la región «.

De estas y otras fuentes, podemos ver que las tendencias regionales también se aplican a problemas de alcance nacional.

“La falta de aplicación de los instrumentos de política agraria y el fortalecimiento y priorización de la política agrícola para las grandes empresas productoras, de hecho, ha alimentado un proceso de especulación inmobiliaria, acaparamiento de tierras, violencia, deforestación, concentración de la producción e ingresos agrícolas y aumento de la desigualdad y exclusión social. En resumen, una política de crecimiento económico en lugar de un desarrollo rural sostenible ”. – concluyen los expertos que elaboraron el “Mapa de desigualdad”.

Considerando que la concentración de la tierra nunca se ha enfrentado en Brasil, estos estudios muestran la importancia de la reforma agraria y la demarcación de la tierra para la reducción de las desigualdades estructurales en el país. Destacando la advertencia de que medidas como Marco Temporal y MP 910 deberían agravar aún más la violencia asociada con la concentración de tierras.

Conflictos, violencia en el campo y el parlamentario de Grilagem

De acuerdo con la 34a edición del informe “Conflictos en el campo Brasil 2019”, lanzado al inicio de la pandemia de coronavirus, se registraron un promedio de 5 conflictos por día. En total, hay 1.833 conflictos por la tierra, 489 por el agua y 90 por el trabajo. En medio de estos conflictos, 35.553 familias sufrieron violencia en el campo del Nordeste, y en total unas 860 mil personas se vieron afectadas en todo el país.

En la gran región Nordeste, durante la mayoría de años consecutivos, se concentró el mayor número de disputas por territorios, donde Maranhão es un área destacada en relación al número de familias y extensión territorial involucrada.

La parte oriental del estado de Maranhão está integrada en la zona definida como Amazonia Legal (AML). Y es precisamente en esta región amazónica, distribuida en nueve estados, donde el nuevo foco de conflictos en las zonas rurales. Solo en el último año, más de 100.000 familias se han visto afectadas en la región, unas 6.000 con desalojos y desalojos. Esto representa alrededor del 60% de los conflictos de campo que ocurrieron en Brasil en 2019.

También es en la región amazónica donde se concentraron las tasas de violencia extrema, con 27 (84,4%) de los 32 asesinatos registrados en el último año, considerando casi un tercio de estas muertes de indígenas. Entre 1985 y 2018, 1938 personas fueron ejecutadas en conflictos por tierra, agua y trabajo, de los cuales el 92% de los casos quedan impunes.

Datos del mismo informe elaborado por CPT (Comisión Pastoral de Tierras), también incluye un artículo de la periodista Eliane Brum, que destaca: “Bajo el Ministerio contra el Medio Ambiente, la Amazonía literalmente arde”. Donde el autor comenta la toma de la Medida Provisional 910/2019, favorece la legalización del acaparamiento de tierras, los pistoleros y el aumento de la violencia en el campo, ampliando la “Milicia de la Amazonía, donde el delito se convierte en ley”.

Por otro lado, entre las categorías campesinas identificadas por el CPT, “la que sufrió más intentos de desterritorialización del Estado fue la categoría Sin Tierra, que representa el 46,67%. Luego estaban las familias precaristas, con un 23,25%, y las comunidades tradicionales, con un 22,86%. En cuanto a los intentos de expulsión realizados por el poder privado, las Comunidades Tradicionales fueron las que más sufrieron por este tipo de violencia, correspondiente al 45,76%. Luego estaban las familias de ocupantes ilegales con un 30,50% y las familias sin tierra con un 16,10% ”.

Además, los conflictos por el agua han crecido de forma alarmante año tras año: en 2019 se batió el récord con un incremento del 77% respecto al año anterior, como muestra del acoso de los hidronegocios. Es el mayor número de incidencias desde que el CPT comenzó a registrarlas en 2002.

Ante este escenario, es posible constatar que si el Nordeste ha sido foco de disputas territoriales en los últimos años, hay una intensificación de los conflictos por la tierra que ha abierto la nueva frontera agrícola hacia el Norte – en los márgenes del Cerrado hacia la Amazonía.

Por tanto, enfrentar la creciente concentración de tierras en estas regiones y en todo el país es un aspecto fundamental para reducir las desigualdades sociales, la concentración de riqueza, la deforestación y la desertificación; que generan diversos tipos de violencia en el campo, principalmente por los intereses de la agroindustria y su afán de capital contra la vida y la naturaleza.

Fuente: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

Tribunal Supremo autoriza a 

Petrobras vender refinerías

Resumen Latinoamericano, 3 de octubre de 2020.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) autorizó este jueves a la empresa mixta de petróleo Petrobras vender ocho refinerías sin necesidad de contar con el aval del Congreso.

El Tribunal brasileño rechazó un recurso judicial que presentó la mesa directiva del Congreso tras señalar que Petrobras habría argumentado que las refinerías son parte subsidiaria de la empresa, con el fin de poder vender por partes activos de la petrolera.

La votación de los ministros del STF en el fallo judicial fue de seis votos a favor de la venta de las refinerías en contra de cuatro.

De esta manera, la compañía espera recibir cerca de 8.000 millones de dólares por las ocho refinerías y por venta del resto de activos, un total de 23.000 millones de dólares hasta el año 2023, según estudios del plan de inversiones de Petrobras.

No obstante, el juez Alexandre de Moraes indicó que “el fraude, la desviación del propósito, para dar lugar a la pérdida del control accionario no es lo que sucede en la presente hipótesis. No creo que haya ninguna falta de respeto a nuestra decisión”.

Por su parte, el Partido de los Trabajadores (PT) criticó la decisión del STF y la catalogó como una maniobra planificada desde el Palacio del Planalto para llevar a cabo la privatización de la petrolera.

Fuente: TeleSUR

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