Deconstruir la Justicia
Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020
Claudio Mazuqui, juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar y Género de la Segunda Circunscripción Judicial, con Sede en la localidad de Huinca Renancó (Córdoba) reflexionó sobre el rol de la Justicia y planteó la necesidad de una “desconstrucción y construcción de nuevas perspectivas, mediante la capacitación y actualización conceptual a los fines de juzgar desde de la perspectiva de género”.
En diálogo con Diario Digital Femenino, el magistrado destacó que “en los últimos tiempos los integrantes de la justicia -en muchos de los casos- hemos intervenido en protección de los derechos de las mujeres, niñas y diversidades, con fallos inéditos en su protección”.
De todas maneras, reconoció que también “existen resabios de fallos que quizás no estén a la altura de los nuevos paradigmas -a estos últimos la historia y la sociedad los juzgará-, paradigmas que responden a la perspectiva de género, y que conlleva a la desconstrucción de conceptos y discursos añejos que atentan contra la integridad de las personas”.
Por estos motivos, remarcó que es necesaria “la desconstrucción y construcción de nuevas perspectivas, mediante la capacitación y actualización conceptual a los fines de juzgar desde de la perspectiva de género, siendo un ejercicio en la cotidianidad y no en forma esporádica”.
Abordaje interdisciplinario.
Mazuqui explicó que las normas y convenciones internacionales “garantizan la protección y no vulneración de derechos, y toda resolución debe estar enmarcada en esas normas. Es el ideal, y a lo que los distintos operadores de la justicia debemos propiciar”.
En esa línea, sostuvo que “ser cómplice de la manipulación que puede ejercer el victimario, no es viable en nuestras intervenciones”, por lo que consideró que “se debe intervenir desde la interdisciplinariedad a los fines de encontrar herramientas que fortalezcan a la víctima”.
“El vicio de la voluntad está atravesada por causas múltiples, que solo con el abordaje de varias disciplinas podremos juzgar de manera holística, donde se falle desde la especificidad disciplinaria y no desde el deseo”, agregó.
Justicia y punitivismo.
Consultado sobre la postura que busca tildar de “punitivista” a un sector del feminismo que reclama justicia, el juez afirmó que “el reclamo de justicia es un derecho de rango constitucional, el derecho de toda persona a peticionar a las autoridades. Quién no ha requerido alguna vez ello, negarlo sería utópico”.
“Quien no se ha encontrado en alguna oportunidad reclamando justicia, no tan solo a los estamentos judiciales sino en la vida, o requiriendo una resolución o solución a una determinada demanda. Entonces claro que ante un reclamo de justicia hay que ver cuál es el motivo, y si está al alcance solucionarlo cada uno desde el lugar que ocupa”, señaló.
Sin embargo, advirtió que no hay que “estigmatizar las luchas colectivas” y consideró que “desvalorizar las voces, actitudes, expresiones que generan cambios, conquistas, habla de la reproducción de una lógica patriarcal que sigilosamente pretende seguir existiendo. Depende del compromiso de cada uno como personas y funcionarios conquistar espacios y generar cambios en el ejercicio de la justicia”.
Violencia sexual.
El magistrado explicó que en “los delitos sexuales o de violencia de género, la mirada debe estar sobre la vulneración de los derechos de esas víctimas, que han padecido lamentablemente hechos que la han menospreciado como persona. Por ello, ante causas que no avanzan o no se obtiene una resolución acorde al derecho vigente, la militancia de las distintas organizaciones es de suma importancia, ya que visualizan la situación que ha padecido una mujer, niña, joven, trans, y colaboran en el ejercicio de la presión a los distintos organismos del Estado, que deben protegerlos. La militancia, el movimiento social, es un cuarto poder que todos como sociedad podemos ejercer desde la convicción, desde la voz que no es escuchada, desde el derecho vulnerado”.
“Ante una situación es importante expresar que la víctima siempre dice la verdad, por ende la escucha atenta es primordial. La contención psicológica, el tratamiento psico-social y médico es crucial. Se deben adoptar las medidas urgentes y necesarias sobre el agresor, cada estamento judicial, policial de acuerdo a las normas que así lo disponen. Los distintos operadores debemos hacer cumplir los fundamentos de la Ley nacional N° 26485 de protección contra la violencia las mujeres”, enfatizó.
La experiencia en Huinca Renancó.
Mazuqui comentó que “junto al Equipo de trabajo del Juzgado de Violencia Familiar y Género de Huinca Renancó venimos trabajando desde hace varios años sobre la temática, incorporando la Perspectiva de Género, aún antes de las capacitaciones en “Ley Micaela”.
De esta manera, ante hechos de violencia de género “hemos dispuesto todas las medidas necesarias a fin de dar protección a la víctima. Particularmente desde el año 2010, en una resolución inédita a nivel nacional y sudamericana, disponemos -según la gravedad- que la ‘custodia policial en casos de violencia sea hacia el agresor por un tiempo determinado o hasta que deje de ser una amenaza inminente para la víctima’”.
“Esta es una medida enmarcada en la ley que establece que el juez puede adoptar cualquier otra disposición además de las señaladas en el ordenamiento siempre que sea para proteger a la víctima. Esta inédita medida, de ‘custodia sobre el agresor’, está siendo analizada para incorporar en la normativa de la vecina república oriental del Uruguay”, destacó.
Recrudecimiento de la violencia.
El juez señaló que, durante el contexto de cuarentena por la pandemia de Covid-19, “el número de violencia familiar y género ha aumentado considerablemente ya que en muchas situaciones la víctima debió quedarse en la misma vivienda que su agresor”.
“Por ello ante un caso particular de violencia extrema, y encontrándose todos los hoteles cerrados, dispusimos la apertura de un hotel de la zona para que una víctima y su hijo se alojaran cumpliendo todas las medidas de bioseguridad, y al cabo de unos días autorizamos su traslado desde la provincia de Córdoba a la provincia de Entre Ríos, donde se encontraba el resto de su familia (madre, hermanas)”, comentó.
Durante la pandemia desde el Juzgado de Violencia Familiar y Género de Huinca Renancó, se han dispuesto distintas medidas: “Audiencias por medios tecnológicos, autorizaciones a niñas y niños para trasladarse a otras provincias donde se encontraban su otro progenitor, como así también se han receptado denuncias por violencia de Género por Whatsapp, disponiendo en forma urgente e inmediata las medidas para su protección. Esto es un trabajo ensamblado con la Policía, Jueces de Paz, Áreas sociales de los distintos municipios, como así del Hospital Provincial «René Favaloro in memorian» de Huinca Renancó”.
Por otro lado, su actividad fue más allá y en septiembre gestionó “a conformación de una mesa de diálogo entre las provincias de Córdoba y La Pampa, a los fines de acordar el traslado de pacientes y personal de salud entre ambas provincias, con un resultado óptimo, gracias al compromiso, responsabilidad y solidaridad de ambos ministerios de salud”.
Un largo camino.
Con respecto a la Ley Micaela, Mazuqui planteó que “es una herramienta necesaria”, pero solo es el “principio de un largo camino que recorrer. Sostengo que el ejercicio de la Ley Micaela (Ley n° 27499) debe generarse en la cotidianeidad, en cada acto de justicia. Debe ser corpórea en el accionar y no una mera capacitación a cumplir. La educación es una herramienta importante, donde el proceso de enseñanza debe generarse desde diferentes organismos”.
“Por eso es importante que la Ley Micaela sea expresada y enseñada desde otros organismos no judiciales, sino el sistema judicial patriarcal continuaría reproduciéndose. En este sentido la capacitación que se adopta a través del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad resulta altamente indispensable”, concluyó.
Fuente: Diario Femenino
Abuso policial: cambian los
protocolos, pero no la violencia
Por Diario Tortuga, Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020
El Frente Antirrepresivo en Lucha (FAL), es una organización política de derechos humanos constituida para luchar contra la represión del Estado. Emiliano Santellán Vaira, integrante del FAL, brindó una entrevista a Radio Tortuga 92.9 acerca de la situación del abuso policial en Córdoba, a pocos días de un nuevo caso de gatillo fácil que se cobró la vida del joven Joaquín Paredes en la localidad de Paso Viejo.
Emiliano Santellán Vaira, integrante del Frente Antirrepresivo en Lucha (FAL), relató que este espació se conformó “en relación a una militancia antirrepresiva que hay acá en Córdoba que en realidad tiene bastante historia”, frente “al aparato represivo del Estado: la policía, pero también la cárcel…”, ejemplificó. En este contexto, el militante aseguró que recientemente estos espacios tomaron la decisión de organizarse en un nuevo entramado para luchar contra la represión de manera colectiva “que es muy necesario acá en Córdoba”, afirmó.
A sólo días del asesinato del joven Joaquín Paredes a manos de las fuerzas policiales en la localidad de Paso Viejo, en un nuevo caso de gatillo fácil, el Gobierno de la Provincia de Córdoba anunció la presentación de un “nuevo protocolo” que busca regular el accionar policial.
Consultado sobre esto, Emiliano manifestó que los cambios normativos no siempre implican un cambio en los modos de actuar de las fuerzas de seguridad: “La verdad es que los protocolos han ido cambiando, de hecho justamente incluso la figura legal ha ido cambiando”, manifestó en relación a la figura del “merodeo” que se encontraba vigente en el antiguo “Código de Faltas” de Córdoba. Sin embargo, el militante explicó que “aunque han borrado la figura del merodeo, sostienen todavía no sólo la práctica de la detención arbitraria y el ‘verdugueo’ y que te paren, y que te pidan el DNI o que te suban al patrullero para llevarte a tu barrio (…) Todavía los pibes sufren”, sentenció.
De esta manera, desde el Frente Antirrepresivo desconfían de los cambios anunciados por el Gobierno de la Provincia en materia de protocolos a la hora de impactar sobre el accionar represivo: “Cuando nosotros decimos que no es un sólo policía sino toda la institución, es porque entendemos que ellos cumplen una función específica. Sin ir más lejos, el Ministro Mosquera anunció una cúpula policial y ocho meses después la tuvo que cambiar por el escándalo de Valentino Blas Correa”, recordó Emiliano.
Acerca de qué posibilidades hay de que se lleve adelante un verdadero cambio en las fuerzas policiales de la Provincia, el militante afirmó “no apostamos a que haya cambios reales porque es una cuestión de que la función va a seguir siendo la misma”, y manifestó que “sí hay otras reformas que por ahí serían súper necesarias e importantes que no tienen que ver con la policía sino con la justicia”, al referirse a las magras sentencias que han recibido policías condenados por asesinatos de jóvenes, como en el caso de Lucas Ruchi, según ejemplificó Santellán Vaira, que fue de tres años de cárcel: “No le podés dar a un policía que mató a un pibe por la espalda dos años de cárcel, tres años de cárcel”, afirmó.
Además, el entrevistado se refirió a los diversos casos de gatillo fácil que se acumulan en la provincia de Córdoba: En 2020, la violencia policial ya se ha cobrado ocho víctimas por fusilamiento, siete dentro del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, con veintiún policías imputados “pero todavía están todos los otros casos por ejemplo en los que la policía también dispara y hiere de gravedad a estos pibes pero como no los mata no hay imputación”, expresó el militante.
Santellán Vaira se refirió también a la mirada de los medios de comunicación sobre los diversos modos de la violencia institucional, que buscan generar un “aval social” frente a estos hechos, como así también a diversos ejemplos del entramado entre la clase política y el modelo de seguridad represiva que sigue cobrándose vidas de ciudadanxs en todo el territorio nacional.
Más información: Instagram del Frente Antirrepresivo en Lucha.
Fuente: La Tinta
Aborto: No podemos esperar más
Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020.
En dos semanas suspendieron dos reuniones en la Cámara de Diputados. Es Urgente. Aborto Legal 2020. A continuación el comunicado de La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
Hace 15 años que esperamos que se apruebe nuestro proyecto de derechos humanos. No podemos esperar más. Faltan pocos días para que venza el plazo para que las comisiones de esa Cámara puedan dictaminar.
Este miércoles 28 de octubre esperábamos tener una reunión formal con el presidente de la Cámara de Diputados, para conocer los pasos que la misma iba a tomar para dictaminar.
Un día antes supimos que la reunión era suspendida y también nos enteramos que estaba previsto recibir a un grupo de antiderechos, para frenar el tratamiento de un proyecto que ya logró el consenso de todos los bloques políticos y de la sociedad entera. No somos lo mismo. No formamos parte de ninguna grieta: el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es una demanda trasversal y plural que salva vidas y que está acorde a los derechos consagrados en nuestro país y por los organismos internacionales.
El mundo mira a la Argentina. El movimiento feminista de nuestro país avanza hacia la construcción de una sociedad con derechos y en libertad.
No podemos esperar más. Estos meses de pandemia pusieron al descubierto que el sistema de salud se sintió presionado por una situación extraordinaria en todo el mundo, y sumado a esto las internaciones por abortos inseguros en Argentina se cuentan en 50 mil anuales. A eso se le agregan las muertes evitables que deja familias desarmadas y niñes sin madres.
No podemos esperar más. Según el despacho de Sergio Massa, la reunión fue reprogramada para el jueves 5 de noviembre a las 12 del mediodía. Todo el movimiento de mujeres y diversidades sexuales está atento a que esta reunión se realice y que nos informe sobre el proceder de la aprobación expeditiva del Proyecto de Interrupción Voluntaria del embarazo. Estamos en alerta. Intensificaremos nuestras acciones.
Es urgente. No podemos seguir esperando.
En Buenos Aires se solidarizaron
con Txikito, preso político vasco en
huelga de hambre
Resumen Latinoamericano 28 de octubre de 2020.
En le acto en el Obelisco se quiso visibilizar la huelga de hambre que lleva adelante en una cárcel española el preso político vasco Iñaki Bilbao. Se encuentra el día 49 de huelga de alimentos. También se pidió la libertad de todxs lxs presxs vascxs, del pueblo mapuche, palestinxs y todxs lxs del mundo.
Condenaron a María Ovando a 20
años de prisión
Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020.
Este mediodía, el Tribunal Penal 1 de El dorado condenó a 20 años de prisión a María Ovando (44 años), acusada de “haber permitido o no haber impedido el abuso sexual” de una de sus hijas y una de sus nietas. Inmediatamente después de la lectura del veredicto, los jueces ordenaron la inmediata su detención.
Este mediodía, el Tribunal Penal 1 de El dorado condenó a 20 años de prisión a María Ovando (44 años), acusada de “haber permitido o no haber impedido el abuso sexual” de una de sus hijas y una de sus nietas. Además fueron condenados por el mismo delito Marcos Iván Laurindo a 18 años a y Lucas Ferreyra a 12 años, es decir penas menores a las de Ovando.
La defensa de María a cargo de Roxana Rivas, Eduardo Paredes y Jose Luis Fuentes, pedía la absolución.
Éste es el segundo proceso judicial que enfrenta ya que en el 2011 fue acusada de abandono de persona por la muerte de su hija Carolina, de tres años por desnutrición. En ese momento María vivía en condiciones de extrema pobreza en una precaria vivienda en la zona rural de Colonia Mado, no recibía ninguna ayuda estatal y no tenía trabajo formal. En noviembre del 2012 el mismo tribunal que hoy la condena, decidió absolverla gracias a la presión de las organizaciones feministas y de derechos humanos que visibilizaron el caso.
Según la defensa, la nueva acusación que enfrenta Ovando es una respuesta ante la demanda que presentó contra el Estado, y contra el fiscal y el juez que habían intervenido en ese caso, por daños y perjuicios.
“Son evidentes las irregularidades de la acusación”, aseguró Rivas. En septiembre, el juez Atilio León, presidente del Tribunal, había hecho lugar al pedido de nulidad que presentó la defensa de Ovando, ya que consideró que la vaguedad de la acusación no le permitía determinar qué hecho debería juzgar, publicó el medio Página 12.
Fuente: AnRed
Efectivos de la policía de Tucumán
desalojan predio donde se cometió
el femicidio de Abigail Riquel
Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020.
Más de 600 efectivos de la Policia se encuentran en la zona de Villa Muñecas (norte de San Miguel de Tucumán) para llevar a cabo la orden de desalojo del predio donde se cometió el femicidio de Abigail Riquel y que fue tomado por vecinxs.
Cuando desapareció Abigail, las autoridades policiales provinciales de Tucumán dijeron que no disponían de efectivos/as para buscarla. Abigail fue asesinada luego de ser abusada por un ex preso condenado por violación y liberado tres días antes.
Lxs vecinxs decidieron ocupar ese descampado que representa un peligro para las mujeres, niñxs, disidencias y todo la población del lugar. En minutos se obtuvo la orden de desalojo y hay como pueden ver en la foto muchas efectivxs para realizarlo.
Una propiedad abandonada tiene más valor que nuestras vidas.
Con el despliegue de 600 efectivos, la policía local concretó hoy el operativo de desalojo de un terreno que había sido tomado por más de 200 familias la semana pasada. En ese mismo descampado, que tiene 37 hectáreas y está sobre avenida América al 2.400, en Villa Muñecas, había sido encontrado el cuerpo sin vida de la niña Abigail Riquel, de 9 años, quien fue violada y asesinada el domingo 18 de octubre.
Tras el sepelio de la nena de ocho años asesinada, los vecinos retornaron a Villa Muñecas desde el cementerio y comenzaron la cacería del supuesto asesino.
Portan machetes y cualquier elemento contundente. Hasta se escucharon disparos. Con motos intentaron cercarlo ya que un vecino dijo haberlo visto por un canal lindante.
El acusado, apodado “El Culón”, tiene un frondoso prontuario y estuvo detenido en la Comisaría 12 hace un mes atrás, cuando recuperó su libertad.
La niña, que había desaparecido en la mañana del domingo en Villa Muñecas, fue encontrada sin vida horas más tarde en un descampado, en la zona de América y Francisco de Aguirre. De acuerdo a la inspección realizada en el lugar por el Cuerpo Médico Forense del Ministerio Público Fiscal, el cuerpo presentaría un golpe en la cabeza, producido con algún objeto contundente y posibles indicios de asfixia y abuso sexual.
El caso Etchevehere: cuarto
intermedio en la audiencia por el
desalojo de Casa Nueva
Por Natalí Risso, Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020.
La magistrada María Carolina Castagno había convocado a las partes a plantear sus posiciones. Tras la exposición de los denunciantes y la defensa pasó a cuarto intermedio.
La audiencia por el caso Etchevere pasó a cuarto intermedio y la jueza definirá el jueves.
Luego de casi cinco horas, la jueza María Carolina Castagno decidió pasar a un cuarto intermedio para mañana jueves a las 10 de la mañana en el caso que la Cámara de Apelaciones de Paraná titula «Etchevehere Leonor VM/ Denuncia». Con la resolución, se conocerá si la jueza ratificará, ordenará la revisión al juez de primera instancia o revocará el fallo de Raúl Flores que no hizo lugar al pedido de desalojo de Dolores Etchevehere de la estancia Casa Nueva. La apelación fue presentada el último viernes por los v(b)arones Etchevehere apenas conocido el fallo.
Los oradores a los que escuchó Castagno para decidir qué camino tomar en este caso que se convirtió en un hecho político a punto tal de que el propio presidente emitió opinión al respecto fueron, por el lado de los denunciantes, el fiscal Oscar Sobko, el abogado Ruben Pagliotto en representación de Las Margaritas S.A. (sociedad anónima propietaria del predio), ambos trabajando desde el primer día con el caso; y la novedad fue la presencia de Mónica Carmona por el Ministerio Público Fiscal. Fuentes del Proyecto Artigas alertaron que la presencia de Carmona significaba un peligro para la seguridad integral de Dolores Etchevehere porque «desde el Ministerio Público Fiscal «no tienen perspectiva de género ni hicieron la capacitación de ley Micaela, aunque Micaela fue asesinada en su provincia por justicia corrupta/inoperante».PUBLICIDAD
Por el lado de la parte defendida, se esgrimieron la Dra. Daniela Verón, defensora y querellante, del Cuerpo de Abogadas de Víctimas de Violencia de Genero del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nacion y Lisandro Mobilglia, defensa técnica del denunciado.
Denunciantes
El primero en hablar fue Sobko a las 9.20 que, en una declaración de menos de una hora, repasó los motivos por los que acusa a Dolores Etchevehere y a lo que ella denomina como su «nueva familia» del Proyecto Artigas. Por un lado, por delito de engaño a los trabajadores de la estancia, utilizando su apellido sabiéndose titular de un porcentaje de acciones de Margaritas S.A.
La querella acusa a Dolores Etchevehere de ingresar de manera violenta a la estancia, por delimitar espacios donde circulan los trabajadores y cambiarles las tareas. «Les dijeron que les iban a triplicar su sueldo, pero a cambio de que respondan a todo lo que ellos les pedían», explica Sobko. Y agrega «No discutimos que ella sea heredera. Pero si es accionista, tiene que manejarse como está previsto en el estatuto: si pretende cambiar la forma de producción u ocupar una parte del campo, tiene que tener la autorización del máximo órgano de gobierno de una sociedad, la asamblea».
Tal como adelantaron desde el Proyecto Artigas, a su turno, Mónica Carmona hizo foco en los «supuestos actos intimidatorios» que dieron lugar a la sanción de una serie de medidas de protección para Dolores, que incluyen el cese de actos violentos y la prohibición de acercamiento a cualquier lugar público o privado en el que se encuentre por parte de sus hermanos varones. La fiscal Carmona confirmó que, en el caso de que se revoque el fallo y se restituya el inmueble a los varones Etchevehere, el MPF evaluará cuáles son las medidas que se mantendrán y cuáles se modificaran.
Ambos solicitaron a Castagno que revoque el fallo de Flores y disponga el desalojo de los habitantes del campo Casa Nueva.
Finalmente, el abogado de la familia Etchevehere Rubén Pagliotto reforzó durante dos horas los argumentos antedichos por Sobko aunque, en carácter de abogado de la Sociedad Anónima, hizo un especial foco en la titularidad de la estancia por parte de las Margaritas Sociedad Anónima. El abogado también arremetió contra el juez Flores y criticó lo resuelto el viernes pasado: “Es la primera vez en mi vida como abogado que veo que el juez va acompañando el desarrollo de un delito”.
La defensa
Lisandro Mobiglia criticó que el abogado querellante se haya expresado respecto de cuestiones que se encuentran fuera de la temática de la audiencia: «Por un segundo pensamos que se iba a debatir el tema del desalojo, y solo se hablo de temas societarios», explicó y aclaró que los mismos deben resolverse en el juicio sucesorio que se encuentra en trámite en el juzgado civil de Paraná.
También criticó a la fiscalía por desconocer una prueba documental presentada por la defensa. «Ellos citan el acuerdo de 2018, pero desconocen el marco de una denuncia penal por presunta extorsión y violencia económica que invalidaría este documento».
Por último, respaldó el fallo de Flores y señaló que «parece que si el fallo no les gusta, hay que apelarlo porque no he visto ningún agravio que pueda desvirtuar el fallo del juez Flores».
Finalmente, Daniela Verón resaltó que la denuncia de pedido de desalojo es un hecho más de violencia de género que atraviesa el caso y viene padeciendo Etchevehere, «que responde a una relación desigual de poder por su condición de ser mujer».
Envio:RL
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