29 de octubre de 2020
El Frente de Todos tuvo el apoyo de los bloques provinciales a la hora de la votación
El oficialismo consiguió aprobar el presupuesto en Diputados
Imagen: Prensa Diputados
La Cámara de Diputados le dio sanción al Presupuesto 2021, el primero que diseñó la gestión de Alberto Fernández. Por su parte, Juntos por el Cambio eligió el camino de la abstención para "no ponerle palos en la rueda al Gobierno". El proyecto oficialista fue sancionado por 139 votos a favor, 15 en contra y 90 abstenciones, en una sesión especial que se extendió por casi 20 horas de debate, y girada al Senado para su sanción definitiva.
El oficialismo tuvo el acompañamiento de los bloques provinciales y el lavagnismo. El amplio margen que obtuvo el oficialismo para la media sanción fue construido en base a las negociaciones que llevaron adelante principalmente el presidente del bloque de Diputados oficialista, Máximo Kirchner, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.
Al recinto de la Cámara baja volvieron los aplausos y las celebraciones después de los discursos más eufóricos, en la primera sesión mixta virtual con mayoría presencial desde que comenzó la pandemia. "Los escenarios macroeconómicos son compatibles con una economía que se recupera gradualmente del impacto generado por la pandemia", explicó el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller. "No se pueden hacer proyecciones más entusiastas que las que estamos planteando, que son moderadas, prudentes, serias y cumplibles", señaló al remarcar la "situación de la que venimos, y con la incertidumbre que aún tenemos respecto de cuánto durará la pandemia y cuánto influirá el año que viene".
Sin embargo, el interbloque de Juntos por el Cambio eligió no darle el voto afirmativo al Gobierno de Alberto Fernández en su primer presupuesto y decidió abstenerse, a pesar de la resistencia de los más cercanos a Patricia Bullrich y Mauricio Macri. "Los jujeños están con la soga al cuello y nos pidieron que acompañemos. Pero también hay otros estaban muy negados y no querían quedar pegados al oficialismo", deslizó ante Página/12 un diputado de la alianza opositora que buscó articular y unir posturas hasta hora antes de la sesión. A pesar de esto, "los más 'rebeldes' zapatearon tanto y bueno... van a votar en contra", contó. ¿Quiénes? "Los de siempre, (Pablo) Torello, (Luis) Juez, (Fernando) Iglesias", detallaron fuentes del PRO.
El santafesino Luciano Laspina (PRO) intentó explicar este presupuesto con metáforas, un recurso que el macrismo todavía elige para hablar del país. Dijo que el ministro Martín Guzmán "plantea un puente que empieza con este presupuesto que nos debería llevar a una economía con mejores fundamentos en donde todos seremos felices". Pero este puente, para el miembro informante de Juntos por el Cambio, "no conduce a la otra orilla sino a la misma pesadilla". "Lo que nos propone el ministro Guzmán es tratar un puente de esperanzas con algunas medidas que son dosis homeopáticas para alguna situación que requeriría de una estrategia de shock", insistió.
En este marco, los votos claves para avanzar con la ley de leyes llegarán por parte de los diputados que responden a sus gobernadores. En el Frente de Todos contaban, al cierre de esta edición, con el apoyo de los cuatro diputados del bloque Córdoba Federal vinculados al gobernador Juan Schiaretti. El fuerte apoyo que recibió la provincia mediterránea de parte de la Casa Rosada para lidiar con la pandemia y con los incendios que generaron destrozos fueron clave para que el mandatario provincial colaborará con el oficialismo. Además, en el debate en la comisión Paulo Cassinerio consiguió elevar las partidas designadas para el subsidio en el transporte.
También esperan el apoyo de los tres diputados del Frente de la Concordia Misionero. En este presupuesto se prevé la creación del Polo Misiones que dará beneficios impositivos para las exportaciones en materia de ciencia y tecnología. En lo sanitario también se aumentará más del 51 por ciento los montos destinados a salud pública de esa provincia.
"Venimos a esta sesión con muchas expectativas. Cuando el presidente Alberto Fernández estuvo hace pocos días en Misiones, pudo ver el crecimiento de nuestra provincia y cómo queremos trasladar ese crecimiento hacia la Nación", resaltó Diego Sartori, integrante del bloque provincial que gobierna Misiones.
Los votos afirmativos también llegarán del lado de los lavagnistas del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, encabezado por el mendocino José Luis Ramón.
Sobre la macroeconomía del país, el Presupuesto 2021 estima un déficit del 4,5% del PBI y un crecimiento del 5 por ciento. Uno de los achiques que más festejan en el Frente de Todos es el pago de intereses de deuda. Luego de la exitosa renegociación del ministro Guzmán de los bonos con legislación local y extranjera, esta cifra pasará del 3,5 al 1,5 por ciento del PBI. La inflación se estima alrededor del 29 por ciento y el valor de un dólar a diciembre del año que viene rondará los 102 pesos, según el texto que la Cámara de Diputadas se encaminaba a aprobar al cierre de esta edición. Además, el presupuesto en educación aumentará un 29 por ciento. En este escenario las becas Progresar pasarán de 14.000 a 28.000 millones de pesos.
La diputada Claudio Bernazza (FdT) destacó la importancia de estas políticas desde la perspectiva de la niñez. "Podríamos decir que desde el desendeudamiento hasta la conectividad, el fomento de la producción y un presupuesto en clave de género, todo es niñez", subrayó la legisladora. En la misma línea agregó: "Los recursos asignados (para los más chicos) aumentan en algunos rubros muy significativamente. Entre ellos, las políticas educativas y de cuidado y los programas de empleo impactan directamente sobre sus vidas".
Informe: Antonio Riccobene
El juez Alejo Ramos Padilla le dio tres días más
Espionaje ilegal: el fiscal
Carlos Stornelli no pagó la
caución ni entregó sus
pasaportes
El juez federal Alejo Ramos Padilla amplió la semana pasada el procesamiento del fiscal Carlos Stornelli por integrar una banda paraestatal dedicada al espionaje y la extorsión con el falso abogado Marcelo D'Alessio, entre otros. En ese marco, le impuso que entregara sus pasaportes y pagara una caución de 10 millones de pesos, como garantía de que va a estar sujeto al proceso. El fiscal, que llegó a estar ocho meses en rebeldía ante la Justicia, aun no hizo caso a la orden del juez, pese a que se venció el plazo previsto. Ahora Ramos Padilla le concedió otros tres días para que lo haga.
En la causa por espionaje ilegal que se investiga en Dolores, la ampliación de los procesamientos dictada por el juez federal alcanzó también a D’Alessio, el periodista Daniel Santoro, Juan Ignacio Bidone, Rolando Barreiro y Pablo Pinamonti, imputándoles la pertenencia a una asociación ilícita. Todos ellos apelaron y Ramos Padilla les concedió la apelación a todos, de manera que en ese terreno las cosas pasan a la Cámara Federal de La Plata.
En ese marco, el magistrado consideró que las medidas de sujeción al proceso que impuso a Stornelli, quien se mantuvo en rebeldía el año pasado, protegido por el gobierno de Mauricio Macri, deben cumplirse mientras tanto, justamente para asegurar que esté a derecho. Por lo tanto, le advirtió al fiscal que ya pasó el plazo previsto y que en los próximos tres días debe entregar el pasaporte y cumplir con la caución. Si no tiene los diez millones de pesos requeridos, el juez detalló que puede recurrir a bienes a embargo o alternativas distintas.
Como informó Página/12, en defensa de Stornelli salió esta semana el fiscal de Cámara de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani. En un dictamen, sostuvo que Marcelo D’Alessio era un particular, no pertenecía a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y hacía investigaciones privadas, de manera que Stornelli no cometió ningún delito. Pettigiani sí admitió que D’Alessio y su grupo eran una red de extorsionadores, pero sostuvo que Stornelli tuvo una relación sólo ocasional y únicamente con el falso abogado. El juez, en su resolución de la semana pasada, afirmó lo contrario: que D’Alessio era parte de una organización paraestatal, con terminal en la AFI, y sirvió para armar causas contra los opositores al gobierno de Mauricio Macri, coaccionar, extorsionar y hasta planear la detención del ex marido de la actual pareja de Stornelli.
Desde el inicio del expediente, el fiscal Pettigiani viene jugando a favor de Comodoro Py y siempre estuvo en sintonía con Stornelli. En forma continua sostuvo que Ramos Padilla no tenía competencia porque la mayoría de los hechos investigados se produjeron en la Ciudad de Buenos Aires y por lo tanto la causa debía viajar a los tribunales de Retiro, donde obviamente Stornelli juega de local. En el escrito que elevó el lunes a la Cámara de Mar del Plata volvió a sostener lo mismo: que el juez es incompetente. Por ahora esa batalla la vino perdiendo, ante la Cámara Federal y la Cámara de Casación.
Un dictamen fiscal desnudó uno de los mecanismos usados por el macrismo para urdir
causas
¿Cómo se armó la acusación trucha de Javier Iguacel contra
sus antecesores en Vialidad Nacional?
Imagen: Leandro Teysseire
Un dictamen lapidario del fiscal Federico Delgado dejó al descubierto uno de tantos mecanismos para armar causas que se usaron durante el gobierno de Mauricio Macri. En este caso planteó que están dadas las condiciones para llamar a indagatoria al ex director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y otros dos funcionarios de ese organismo --incluida su cuñada-- por promover una acusación trucha contra sus antecesores. Como ocurrió con frecuencia en los últimos años, las denuncias con visos de falsedad eran publicitadas en medios de comunicación sintonizados con Cambiemos como grandes escándalos de corrupción. El caso analizado por la fiscalía, que deberá evaluar el juez Daniel Rafecas, se refiere a criterios que se utilizaron durante la gestión de Nelson Periotti en Vialidad para tasar y expropiar terrenos para permitir la construcción de la Autopista Presidente Perón, pero que paradójicamente Iguacel también aplicó, según destaca Delgado.
La denuncia que había hecho Iguacel se gestó en la Unidad de Ética de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y su área de Asuntos Jurídicos y derivó en una presentación en la Oficina Anticorrupción (OA), que comandaba Laura Alonso, y todo confluyó en una denuncia penal que le tocó al fallecido Claudio Bonadio, quien decidió avanzar y terminó procesando a catorce ex funcionarios, entre ellos Periotti y los hermanos Claudio y Manuel Keumurdji (el primero trabajó en las expropiaciones y el segundo en Asuntos Jurídicos). Lo que se les reprochaba era el contenido de tres resoluciones a través de las cuales se establecieron metodologías para poder resolver las expropiaciones, la tasación y el pago de terrenos y viviendas a personas que se verían afectadas por la construcción de la autopista, trazada desde el Camino del Buen Ayre hasta La Plata, pasando por 11 municipios. Solo en Merlo, por ejemplo, afectaba a 2 mil viviendas.
La situación con la que se encontró la DNV desde 2012 fue que muchas personas carecían de títulos de propiedad o tenían títulos “imperfectos”. El Tribunal de Tasaciones de la Nación aceptó tasar los terrenos pero no las construcciones. Por lo tanto, la propia DNV, para complementar ese paso que faltaba, en una de sus resoluciones estableció un sistema para sumar un complemento y que las personas expropiadas pudieran comprarse una nueva vivienda o alquilar. Se basaban en la llamada “Ley Pierri” de regularización dominial de inmuebles.
Para Bonadio, el contenido de esa resolución y otras dos anteriores eran irregulares y generaban sobreprecios. Alegó que el procedimiento de tasación era irregular y la indemnización para propietarios y poseedores de terrenos era contraria a la ley. Sin embargo, la Sala I de la Cámara Federal revocó algunos de los procesamientos apelados y afirmó que las resoluciones se habían dictado con el fin “de llenar un vacío legal: el caso de los ocupantes sin títulos” y que no contradice lo establecido en la ley de expropiación "sino que lo complementa”. El tribunal sostuvo que no había nada que demostrara ninguna conducta “dolosa”. En esa línea había dictaminado también el ex fiscal de Investigaciones Administrativas Guillermo Noailles. En base a estas últimas decisiones, los Keumurdji hicieron una nueva denuncia.
El dictamen de Delgado que pide indagar a Iguacel recuerda aquellas resoluciones y dice: “Alcanza con leer la denuncia que dio origen a la causa y confrontarla con el resto de las constancias incorporadas a ese mismo expediente para advertir que los funcionarios de la DNV efectuaron un recorte arbitrario de la información que obraba en el organismo. El objetivo buscado a través de esa maniobra era claro: demostrar con contundencia la comisión de un delito en el dictado de las resoluciones 1649/12, 3076/12 y 1030/15 y direccionar la causa penal en ese sentido cuando, en rigor de verdad, luego no sólo se demostró que la cuestión era opinable, sino también que los funcionarios públicos que impulsaron y prestaron declaración testimonial en ese expediente tenían conocimiento sobre la verdadera ocurrencia de los pormenores que giraron en torno a los procesos de expropiación para la construcción de la Autopista Presidente Perón”.
El fiscal además plantea que el propio Iguacel, su jefe de Asuntos Jurídicos, Ricardo Stoddart, y el de Etica, Diego Martínez, así como la funcionaria Agustina Morán, cuñada del ex director de Vialidad, utilizaron las “mismas herramientas legales” que sus antecesores denunciados “para sortear los inconvenientes de relocalización que presentaban los habitantes de las zonas a expropiar”. “Las autoridades de la DNV”, dictaminó Delgado, formularon las acusaciones “fragmentando los hechos e interpretándolos de tal modo que lo que era legal parezca ilegal. Tanto fue ello así, que poco tiempo después y en circunstancias similares usaron las mismas herramientas que habían denunciado como ilegales”, insistió. “Su intención fue teñir la actuación de sus antecesores en el cargo con un manto de ilegalidad que no era tal. En otras palabras, hicieron un uso privado de la infraestructura legal que, por definición, es pública y de alcance universal”, afirmó Delgado. Recordó además que Bonadio se había basado en el análisis surgido de un convenio de la DNV y la Facultad de Derecho (UBA) pero el estudio se hizo sobre “un recorte previo de legajos”, de lo que explica que se ocuparon Morán y Jéssica Caballero.
Los delitos que estarían en juego para Delgado son falso testimonio, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Delgado señaló mecanismos complementarios para “aparentar ilegalidad de las resoluciones de la gestión anterior” de Vialidad con otros artilugios “por fuera del expediente”, como la publicación de notas periodísticas en los diarios La Nación y Clarín que hablaban, por ejemplo, de los ex funcionarios de Vialidad del kirchnerismo como “la banda de los expropiadores”.
Según lo que se vio esta semana en el juicio conocido como “Vialidad” u “Obra pública” contra Cristina Fernández de Kirchner, es posible que el armado de acusaciones fuera habitual: como informó este diario, una testigo denunció en las audiencias que el macrismo la obligó a firmar imputaciones falsas.
El proyecto de gastos y recursos del Estado nacional para el año próximo
Presupuesto 2021: claves
para volver a crecer
Imagen: Bernardino Avila
El proyecto de Presupuesto 2021 contempla un crecimiento de la economía del 5 por ciento, lo que permitiría revertir parcialmente la caída esperada para este año, del 12 por ciento. También estipula que habrá un déficit fiscal del 4,5 por ciento, una inflación del 29 por ciento y una reducción de la carga de las partidas dirigidas al pago de la deuda pública, gracias al impacto positivo de la reestructuración de la deuda. Hay aumento del gasto público en obra pública e infraestructura.
El proyecto prevé que el consumo privado mejore en un 5,5 por ciento el año que viene, luego de la merma del 13,6 de 2020, mientras que el consumo público lo haría en un 5,5 (frente a la caída de 2,1 por ciento proyectada para este año). En tanto, la inversión repuntaría en un 18,1 por ciento, para recuperar en parte la caída del 25,6 de este año. Se espera que las exportaciones mejoren en un 10,2 por ciento y las importaciones lo hagan en un 16,3 por ciento, lo cual arrojaría un superávit comercial de 15.087 millones de dólares.
Prioridades
Entre los gastos del Estado nacional, el 65 por ciento se destinará al pago de jubilaciones y asignaciones sociales, programas alimentarios y de economía social. Los gastos de capital duplicarán su peso en el Presupuesto y pasarán a explicar un 2,2 por ciento del total, con especial presencia de las obras de saneamiento y cloacas.
Las partidas vinculadas al apoyo a la industria aumentarán un 117 por ciento en relación al Presupuesto 2019, gracias a las mejoras en gasto en capital, programas de crédito a pymes para inversiones, desarrollo de proveedores y parques industriales.
Las partidas que maneja el titular de la cartera de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se elevarán en un 85 por ciento con respecto al año anterior. “Más del 50 por ciento de la obra pública estará orientada a la generación de mano de obra intensiva”, detalló el ex intendente de San Martín.
En el caso de Desarrollo Social, la asignación de partidas subirá un 200 por ciento (sin contar la ampliación presupuestaria de este año), con un presupuesto total de 252 mil millones de pesos. Se dividirá en partes iguales entre asistencia alimentaria y planes de empleo. Para asistencia alimentaria habrá 115 mil millones de pesos. En tanto, el programa de empleo Potenciar Trabajo pasará de 57 mil millones de pesos a 113 mil millones, con la expectativa de crear 300 mil puestos de trabajo en el sector informal. Al presupuesto de Desarrollo Social también se le sumarán otros 6600 millones, debido al traspaso de la secretaría de integración sociourbana, que salió de la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial. Buscarán urbanizar 400 barrios por año, de los 4400 asentamientos que hay en el país, donde viven 4 millones de personas.
Agregados y cambios
El proyecto oficial sufrió una serie de agregados. El primero es la creación de un área aduanera especial para la provincia de Misiones, que gozará de exención impositiva. El segundo es el restablecimiento del artículo 77, que había sido enviado inicialmente por el Poder Ejecutivo, que luego fue eliminado, y que finalmente estará en el número 131. El artículo plantea que las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral se regirán por normas y principios del derecho privado, “sin perjuicio del control que corresponde al Congreso, a Auditoría General de la Nación y a la sindicatura de la Nación”.
El tercer agregado es el artículo 87, que establece un régimen especial de créditos para las distribuidoras de energía eléctrica que tuvieran deudas “razonables” con Cammesa o con el mercado eléctrico mayorista.
Entre los cambios, se destaca el agregado de 7 mil millones de pesos en subsidios para el transporte por fuera del área metropolitana, por lo que en el interior la partida ascenderá a 20 mil millones de pesos. Otro de los cambios fue el aumento del impuesto a las apuestas o juegos de azar, efectuados a través de cualquier plataforma digital. El tributo será del 5 por ciento sobre el valor bruto de cada apuesta. También se incorporó el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (Fonpec), con 230 millones de pesos. Además, se crea el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de MiPyMES Tecnológicas (PyME-Tech).
El proyecto prevé también aumentar la cantidad de dinero destinado al Fondo Nacional del Manejo del Fuego, en el marco de los incendios en varios distritos del país. Para ese fin, se establece una contribución obligatoria del 3 por mil de las primas de seguros, excepto las de vida, a cargo de las aseguradoras.
La jueza resolverá mañana
El caso Etchevehere: cuarto intermedio en la audiencia
por el de desalojo de Casa
Nueva
Imagen: Télam
Luego de casi cinco horas, la jueza María Carolina Castagno decidió pasar a un cuarto intermedio para mañana jueves a las 10 de la mañana en el caso que la Cámara de Apelaciones de Paraná titula "Etchevehere Leonor VM/ Denuncia". Con la resolución, se conocerá si la jueza ratificará, ordenará la revisión al juez de primera instancia o revocará el fallo de Raúl Flores que no hizo lugar al pedido de desalojo de Dolores Etchevehere de la estancia Casa Nueva. La apelación fue presentada el último viernes por los v(b)arones Etchevehere apenas conocido el fallo.
Los oradores a los que escuchó Castagno para decidir qué camino tomar en este caso que se convirtió en un hecho político a punto tal de que el propio presidente emitió opinión al respecto fueron, por el lado de los denunciantes, el fiscal Oscar Sobko, el abogado Ruben Pagliotto en representación de Las Margaritas S.A. (sociedad anónima propietaria del predio), ambos trabajando desde el primer día con el caso; y la novedad fue la presencia de Mónica Carmona por el Ministerio Público Fiscal. Fuentes del Proyecto Artigas alertaron que la presencia de Carmona significaba un peligro para la seguridad integral de Dolores Etchevehere porque "desde el Ministerio Público Fiscal "no tienen perspectiva de género ni hicieron la capacitación de ley Micaela, aunque Micaela fue asesinada en su provincia por justicia corrupta/inoperante".
Por el lado de la parte defendida, se esgrimieron la Dra. Daniela Verón, defensora y querellante, del Cuerpo de Abogadas de Víctimas de Violencia de Genero del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nacion y Lisandro Mobilglia, defensa técnica del denunciado.
Denunciantes
El primero en hablar fue Sobko a las 9.20 que, en una declaración de menos de una hora, repasó los motivos por los que acusa a Dolores Etchevehere y a lo que ella denomina como su "nueva familia" del Proyecto Artigas. Por un lado, por delito de engaño a los trabajadores de la estancia, utilizando su apellido sabiéndose titular de un porcentaje de acciones de Margaritas S.A.
La querella acusa a Dolores Etchevehere de ingresar de manera violenta a la estancia, por delimitar espacios donde circulan los trabajadores y cambiarles las tareas. "Les dijeron que les iban a triplicar su sueldo, pero a cambio de que respondan a todo lo que ellos les pedían", explica Sobko. Y agrega "No discutimos que ella sea heredera. Pero si es accionista, tiene que manejarse como está previsto en el estatuto: si pretende cambiar la forma de producción u ocupar una parte del campo, tiene que tener la autorización del máximo órgano de gobierno de una sociedad, la asamblea".
Tal como adelantaron desde el Proyecto Artigas, a su turno, Mónica Carmona hizo foco en los "supuestos actos intimidatorios" que dieron lugar a la sanción de una serie de medidas de protección para Dolores, que incluyen el cese de actos violentos y la prohibición de acercamiento a cualquier lugar público o privado en el que se encuentre por parte de sus hermanos varones. La fiscal Carmona confirmó que, en el caso de que se revoque el fallo y se restituya el inmueble a los varones Etchevehere, el MPF evaluará cuáles son las medidas que se mantendrán y cuáles se modificaran.
Ambos solicitaron a Castagno que revoque el fallo de Flores y disponga el desalojo de los habitantes del campo Casa Nueva.
Finalmente, el abogado de la familia Etchevehere Rubén Pagliotto reforzó durante dos horas los argumentos antedichos por Sobko aunque, en carácter de abogado de la Sociedad Anónima, hizo un especial foco en la titularidad de la estancia por parte de las Margaritas Sociedad Anónima. El abogado también arremetió contra el juez Flores y criticó lo resuelto el viernes pasado: “Es la primera vez en mi vida como abogado que veo que el juez va acompañando el desarrollo de un delito”.
La defensa
Lisandro Mobiglia criticó que el abogado querellante se haya expresado respecto de cuestiones que se encuentran fuera de la temática de la audiencia: "Por un segundo pensamos que se iba a debatir el tema del desalojo, y solo se hablo de temas societarios", explicó y aclaró que los mismos deben resolverse en el juicio sucesorio que se encuentra en trámite en el juzgado civil de Paraná.
También criticó a la fiscalía por desconocer una prueba documental presentada por la defensa. "Ellos citan el acuerdo de 2018, pero desconocen el marco de una denuncia penal por presunta extorsión y violencia económica que invalidaría este documento".
Por último, respaldó el fallo de Flores y señaló que "parece que si el fallo no les gusta, hay que apelarlo porque no he visto ningún agravio que pueda desvirtuar el fallo del juez Flores".
Finalmente, Daniela Verón resaltó que la denuncia de pedido de desalojo es un hecho más de violencia de género que atraviesa el caso y viene padeciendo Etchevehere, "que responde a una relación desigual de poder por su condición de ser mujer".
Expectativas por la ampliación de la asignación por hijos
AUH: "Recomponer
derechos a los niños es fundamental"
El Gobierno anunciará este jueves la ampliación de la cobertura de la asignación universal por hijo a un millón más de niños que hoy no reciben ninguna prestación, según anticipó la directora de Anses, Fernanda Raverta, en diálogo con PáginaI12. Centros de estudios y organizaciones civiles que venían planteando esta deuda del Estado durante los últimos años aseguraron que es una “excelente noticia”.
Expertos en políticas de cuidado y niñez anticiparon que ahora el desafío pasará por el aumento del monto, que actualmente cubre el 20 por ciento de una canasta básica, para que la prestación pueda impulsar una baja en los índices de pobreza, que alcanza al 56 por ciento de los niños. Además, existe consenso entre los especialistas sobre la necesidad de “flexibilizar” las condicionalidades educativas y sanitarias, pese a los prejuicios que podrían surgir. Con la ampliación de la AUH, se eliminará el tope de 5 hijos para cobrar la asignación.
“Uno de los desafíos que tenía la AUH era la falta de cobertura, porque había un número importante de chicos que habían quedado fuera. En un contexto difícil, recomponer derecho a los chicos que viven en contexto de mayor pobreza es fundamental”, aseguró el economista Sebastián Waisgrais, especialista en inclusión social de Unicef Argentina.
Según Unicef, la distribución de protección de ingresos para los 13 millones de niños se divide de la siguiente manera: el 32,3 por ciento en asignaciones familiares contributivas, para familias con trabajo formal (4,2 millones de niños); el 32.6 por ciento en AUH, con padres en la informalidad o desempleados (4,3 millones), el 9,4 por ciento en asignaciones contributivas provinciales; 4,6 por ciento en pensiones no contributivas y, 11,7 por ciento en altos ingresos (1,5 millones de chicos que los padres deducen del impuesto a las ganancias). De allí se desprende que 1,2 millones de chicos se encuentran sin cobertura.
El economista sostiene que la política tiene un fuerte potencial para poder impactar en la reducción de pobreza y sobre todo de pobreza extrema (indigencia). Por este motivo, cree que el esfuerzo que queda pendiente es el monto. Actualmente la AUH tiene un monto mensual de 3540 pesos y se actualiza de manera trimestral con la movilidad previsional. “La AUH equivale al 20 por ciento de la canasta básica total, y al 50 por ciento de la canasta alimentaria, entiendo que hay dificultades fiscales pero es el esfuerzo que queda pendiente”, explicó.
Uno de los motivos actuales de la falta de cobertura, que es el caso de 15 mil chicos, es porque son el sexto hijo, y una de las condiciones era que la AUH se le asignaba a familias con hasta cinco hijos. Esa condicionalidad se quitará con el anuncio de este jueves que realizará el presidente Alberto Fernández. Otros 14 mil chicos quedan afuera porque son hijos de migrantes sin residencia, otros 432 mil no acceden al derecho por falta de presentación de la libreta y su consiguiente suspensión y hay más de 750 mil que no están identificados.
Jose Florito, coordinador de protección social de Cippec, consideró que es una buena noticia la eliminación de la restricción normativa sobre las familias con más de 5 hijos. “Cuando se discutió la política en 2009 estaba el perjuicio, y desde Cippec hicimos muchos análisis y detectamos que la fecundidad no aumenta por el cobro de la asignación. El 85 por ciento de los que cobran tienen dos hijos o menos”, explicó.
Hacia adelante, planteó que uno de los desafíos será eliminar las otras condicionalidades, que hacen que los beneficiarios cobren el 80 por ciento de la prestación hasta que se verifiquen las corresponsabilidades (asistencia escolar y calendario de vacunación). “Está todavía el prejuicio que había planteado un diputado cuando se discutió la AUH, que dijo que se iba a ir por la canaleta del vino y el alcohol. Lo cierto es que por las transferencias aumentaron los chequeos y la escolaridad, y no por la obligatoriedad de hacerlo”, aseguró Florito.
Además, dijo que los trámites suelen ser engorrosos y recaen en las mujeres, aumentando las tareas de cuidado y el trabajo no remunerado. En diálogo con PáginaI12, Raverta explicó que las condicionalidades seguirán, pero que harán inteligencia para evitar trámites administrativos.
Francisco Rodríguez, integrante del programa de Niñez de ACIJ (asociación civil por la igualdad y la justicia) aseguró que la ampliación de la cobertura de la AUH le genera “mucha expectativa”, pero a la vez “muchas preguntas” en materia presupuestaria. “En el presupuesto 2021 había una disminución del 11 por ciento en términos reales para la AUH y planteaba la incorporación de 77 mil niños. Con el aumento de un millón de niños, correspondería que quede incorporado en la ley de dónde saldrán esos fondos”, argumentó. El presupuesto estima una partida de 242 mil millones de pesos para 4,3 millones de niños, cuando finalmente se espera que sean alrededor de 5,2 millones.
Tras los millonarios préstamos que entregó la banca pública durante la gestión de Cambiemos
Vicentin: allanaron las oficinas del Banco Nación
El segundo y tercer piso del edificio del Banco Nación fueron allanados esta tarde a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita en el marco de la causa que investiga los créditos irregulares que el directorio de la entidad ofreció a la empresa Vicentín durante la gestión macrista. El allanamiento ocurre a una semana de que las actuales autoridades del banco, querellantes en la causa desde febrero, denunciaran a la cerealera por presentar balances falsos.
El allanamiento ordenado por Pollicita busca ampliar la prueba documental en la causa, que continúa bajo secreto de sumario, que se sigue contra el exdirector del Banco Nación Javier González Fraga y otras 24 personas que intervinieron en la aprobación de los préstamos millonarios otorgados a Vicentín sobre el final del mandato de Macri. En el operativo judicial se habría secuestrado documentación y computadoras que habían sido utilizada por González Fraga y otros exfuncionario investigados.
Una semana atrás, las autoridades actuales del banco presentaron una denuncia penal por el delito de balance falso ante la justicia de Santa Fe, luego de tener los resultados de un informe contable que puso de manifiesto graves irregularidades en los libros de contabilidad al 31 de octubre de 2019.
En la causa que transcurre en manos del juez Julián Ercolini y que impulsa Pollicita, Fraga y otros exfuncionarios son investigados por "posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina".
El Banco Nación informó que "facilitó toda la documentacióny computadoras de ex funcionarios solicitada por la fiscalía relacionada con Vicentin, la cual permitirá avanzar en el esclarecimiento de la causa judicial que inició la actual gestión de la entidadpara recuperar los casi u$s 300 millones que la cerealera santafesina lr adeuda".
Agrega el comunicadio que "el Banco Nación, que es querellante contra los ex responsables de Vicentin por supuesto balance falso y estafa, ratifica la decisióny el compromiso de utilizar todas las vías legales psra evitar el vaciamiento patrimonial de la cerealera santafesina y, de este modo, recuperar los fondos que le deben a la entidad".
Más de la mitad de las causas penales se abren contra mujeres violadas
Un informe demuestra que
en Tucumán se criminaliza
el aborto legal
Mientras el presidente Alberto Fernández deshoja la margarita para ver cuándo envía al Congreso el proyecto de despenalización y legalización del aborto que prometió en su campaña electoral, en Tucumán se sigue persiguiendo penalmente a mujeres que abortan, incluso cuando se trata de interrupciones legales de embarazo. Si llegan con complicaciones de una práctica insegura a atenderse en un hospital pueden terminar con una denuncia judicial en su contra y la amenaza de ir presas. Como le sucedió a Belén, la joven que estuvo encarcelada casi tres años luego de sufrir un aborto espontáneo, fue condenada por la Sala III de la Cámara Penal y terminó absuelta por la Suprema Corte de esa provincia. A partir de un pedido de información en los tribunales, la Fundación Mujeres X Mujeres encontró que se abrieron 314 procesos con la palabra “aborto” en su carátula entre 2013 y 2019. La misma organización había detectado 534 causas con esas características entre 1992 y 2012. “Eso quiere decir que desde 2012 en adelante, cuando la Corte Suprema dictó el histórico fallo F.A.L. los procesos de aborto en Tucumán casi se duplicaron por año y pasamos de un promedio de 26 a 44. No nos cansamos de repetir: en Tucumán sí se criminaliza el aborto”, advirtió a Página|12 la abogada feminista Soledad Deza, quien logró la libertad de Belén y forma parte de M x M.
De este total de 314 causas:
* 165 se abrieron como “abuso sexual con acceso carnal o abuso sexual simple –aborto provocado”, es decir, situaciones en las cuales la interrupción de embarazo sería legal por estar contemplada en las excepciones previstas en el artículo 86 del Código Penal.
* 34 procesos penales de los informados por el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal tienen carátula de “aborto natural”, “aborto incompleto” o “aborto espontáneo”, eventos obstétricos que no son delito y que no se deberían perseguir.
* 81 de los procesos se caratulan como “aborto” o “aborto provocado”, a secas, “lo cual deja entrever que allí están exclusivamente acusadas las mujeres.
* 24 causas dicen aborto - abuso de funcionario público / incumplimiento de deberes, que es cuando están involucrados médicos.
Sólo en los dos últimos años, 2018 y 2019 se registraron 36 causas de “aborto”, entre ellas dos causas de “Aborto, hallazgo” y una de “Actuaciones aborto”, donde no quedan dudas que la persecución punitiva está dirigida a las mujeres que abortan. “Llama la atención las carátulas de muchas de las causas: aborto espontáneo, aborto natural, aborto incompleto. Ninguna de esas figuras son punibles”, observó Deza.
La abogada junto a su colega Mariana Álvarez, docente de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, publicaron hace 6 años una investigación, plasmada en el libro Jaque a la Reina, en la que relevaron expedientes a lo largo de 20 años abiertos en esa provincia, y evidenciaron la criminalización del aborto en Tucumán. “En diciembre del año pasado iniciamos otra vez el arduo trámite de acceder a la misma información pero entre 2013 y 2019. No fue fácil acceder a datos oficiales. Pero hace un par de días lo logramos en el Expediente N° 5954/20. Los números no son auspiciosos y nos llevan a confirmar que en Tucumán nos siguen persiguiendo por abortar. Esa primera investigación mostró la criminalización de eventos obstétricos adversos en sus múltiples expresiones. Abortos provocados, abortos espontáneos, abortos naturales y tentativa de aborto -hechos de la vida fértil que no son un delito- eran parte de las 534 causas que tenía la triste historia penal de Tucumán entre 1992-2012.”, indicó Deza.
Jaque a la Reina también analizó a quiénes perseguían los tribunales penales de la capital tucumana y mostró el sesgo de género y de clase de las causas. El 97 por ciento de los procesos se dirigía a acusar a las mismas mujeres que abortaban. “Ese recorte de dos décadas evidenciaba infaliblemente que nuestra provincia era peligrosa para quien desafiaba el mandato patriarcal de maternidad obligatoria: sea por propia voluntad o aún sin quererlo, las puertas de la cárcel estaban al final del camino como una amenaza perturbadora. Nos gustaría decir que después de Jaque a la Reina el Poder Judicial de Tucumán cambió su rumbo y dejó de perseguir penalmente a mujeres que abortan. Nos gustaría también poder contar que los casos de Belén y María Magdalena –otra mujer criminalizada por tener un aborto espontáneo y revelado en su momento por Página|12-- no fueron en vano. Nos gustaría que Tucumán no duela, pero eso no pasa porque nuevos datos nos muestran la misma realidad. Quizás incluso una peor”, reflexionó la abogada Mariana Álvarez.
Las abogadas explicaron que por el contexto de pandemia por coronavirus no pueden acceder físicamente a cada expediente por el momento, como hicieron antes. “No queremos dejar de compartir algunos datos que nos parecen alarmantes. Sobre todo, en momentos donde nuestro Gobierno duda si es o no es urgente tratar de revisar los consensos legislativos de criminalización del aborto y estamos en loop alegrándonos y desilusionándonos cada día con las novedades”, agregó Álvarez.
Fuente:Pagina12
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