Mercado laboral en tiempo de
pandemia: 46 Bomboneras de
nuevos desempleados
Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre de 2020.
Según el informe “Mercado de Trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos” del INDEC mostró que, en el segundo trimestre de 2020, la desocupación alcanzó a 2,5 millones de personas que se sumaron a las filas de desempleados en los principales centros urbanos del país. Sólo con quienes cayeron en esa situación entre abril y junio en los principales centros urbanos de Argentina, llenaríamos 46 canchas de Boca. Rosario está entre las zonas más golpeadas por el desempleo, alcanzó a 102 mil personas (17,9%), siendo Mar del Plata la ciudad que presentó los índices mas altos (26%).
Según el informe “Mercado de Trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos” del INDEC mostró que, en el segundo trimestre de 2020, la desocupación alcanzó 2,5 millones de personas que se sumaron a las filas de desempleados en los principales centros urbanos del país (la Encuesta Permanente de Hogares contempla al 63% de la población total, por lo que el número total es sin dudas, mayor). Los datos sintonizan con el informe de la Organización Internacional del Trabajo, que indicó que a nivel mundial se han perdido 495 millones de empleos en el mundo entre abril y junio.
Fuente: Indec
Con el total de desocupados y desocupadas del Gran Rosario se llenarían casi dos canchas y media de Rosario Central. Y, sólo con quienes cayeron en esa situación entre abril y junio en los principales centros urbanos de Argentina, llenaríamos 46 canchas de Boca
Asimismo éste aumento en la tasa de desocupación se dio a la par de una caída del Producto Bruto Interno (PBI) durante el segundo trimestre, fuertemente afectado por la cuarentena para combatir la Covid-19, que alcanzó al 19,1% interanual, y del 16,2% respecto al primer trimestre.
Otro dato significativo es que la tasa de desempleo del 13,1% resultó también la más alta desde el segundo trimestre de 2004, cuando todavía la economía se recuperaba del golpe sufrido durante la crisis de 2001-2002.
La ciudad de Mar del Plata es el centro urbano que marcó el mayor índice de desocupación del país con 26% de desocupados, seguida por Ushuaia, con el 22%, Santa Fe, con el 20,3%; Córdoba, 19,1%; Rosario, 17,9%; Mendoza, 15,3%; Salta, 13,9%; y Córdoba, 13,8%.
En cuanto a la distinción por género de las variables, si bien la tasa de desocupación general se incrementó en 2,5 puntos porcentuales, el mayor aumento se dio en las mujeres de entre 14 y 29 años, donde el desempleo se incrementó en 5,1 puntos en el perìodo al pasar de 23,4% al 28,5%. Le siguieron los varones del mismo grupo etario, con un incremento de 4,1 puntos porcentuales, de 18,6% el año pasado al 22,7% en el segundo trimestre de 2020.
Fuente: AnRed
Cinco kilómetros de caravana en
defensa de la educación pública
en Mendoza
Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre de 2020.
Este martes 29, cinco kilómetros de autos, bicicletas, motos y compañeros/as a pie desbordaron el centro de Mendoza. En simultáneo, en el Sur, en el Valle de Uco y en Alta Montaña, otros miles más salieron a la calle.
Por si la DGE y el gobierno provincial no lo entendió con este mensaje, hoy salimos de nuevo.
Para que escuchen. Para que sepan que nos cansamos. Para que entiendan que estamos hartas y hartos del maltrato y el ninguneo hacia los/as trabajadores de la educación y de la comunidad.
Retiren el proyecto de ley, siéntense en paritarias. Y escuchen atentamente, porque la paciencia se terminó.
Miércoles 30 | Caravanazos: 16hs. Parque Central
#NoAEstaLeyDeEducación
Noticia en desarrollo
Fuente: Facebook de SUTE
Envio:RL
Colateral de la Causa de las fotocopias
Casación rechazó por cuestiones formales ocuparse de la queja de Cristina Kirchner
En dos fallos de apenas cuatro páginas, la Sala III de la Cámara de Casación Penal rechazó sendos recursos de las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido en una causa colateral al expediente de las fotocopias de los cuadernos, la relacionada con la cartelización de la obra pública. Los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Guillermo Jacobucci -una Sala tradicionalmente alineada con Cambiemos- se limitaron a decir, en sólo medio párrafo, que "la decisión impugnada no reviste el carácter de sentencia definitiva ni se equipara a ella". En otras palabras, que la Casación sólo intervendrá cuando haya una condena o una absolución de un tribunal oral. La fórmula, que es habitual, la usaron los tres camaristas en ambas resoluciones, la de CFK y la de De Vido. La consecuencia de lo decidido es que el procesamiento sigue su curso y que a los magistrados no les importó -como a la Sala I de la Casación- que no haya registro ni fílmico ni grabación de las declaraciones de los 31 arrepentidos del expediente. Tampoco analizaron si corresponde aplicar la ley del arrepentido, siendo que la extensión a los casos de corrupción se votó en el Congreso en octubre de 2016 y los hechos de las fotocopias de los cuadernos son anteriores. Este capítulo de las fotocopias fue aprobado en su momento por el dúo que ahora está atrincherado, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Como se sabe, el fallecido juez Claudio Bonadio se dedicó a dividir la causa de las fotocopias al punto que llamó a siete indagatorias en un día a Cristina Kirchner. Uno de esos capítulos, apartado del expediente principal, fue el referido a la obra pública vial. La acusación es que una gran cantidad de empresarios se repartían las licitaciones, acordando entre ellos -en el marco de la Cámara de la Construcción- quién ganaba cada obra y a qué precio. Desde hace 40 años existe la sospecha de existencia de esa cartelización de la que participó de forma prominente el Grupo Macri, su fundador, Franco y su hijo, Mauricio. Es más, en el procesamiento se incluye a Angelo Calcaterra, el primo de Macri, y el que se quedó con la empresa constructora del grupo, aunque ese pase de manos nunca quedó claro. Respecto de los funcionarios, la imputación es que los empresarios pagaban una coima para sostener ese reparto ilegal de la construcción de rutas. Por eso, Cristina está acusada de cohecho pasivo, es decir de haber cobrado coimas, aunque no existe ninguna evidencia, no lo declaró ningún arrepentido de que se le haya entregado dinero a la exmandataria.
La mayor fuente de esta causa, como arrepentido, fue el financista Ernesto Clarens. En su declaración, Clarens sostuvo que las empresas dedicadas a la obra vial le entregaban dinero a él y que él se lo trasladaba a José López, el de los bolsos en el convento. También le llevó plata a Daniel Muñoz, el fallecido secretario de los Kirchner, al que se acusa de tener sociedades aparecidas en Panamá Papers, cuentas en Andorra y propiedades en Estados Unidos. La forma de vincular a Cristina con el expediente fue que, según Clarens, concurrió a entregarle dólares a Muñoz al hall del edificio donde vivía la ex presidenta antes de 2003 y donde vive después de dejar la Casa Rosada en 2015. El financista dijo que nunca vio ni conoció a CFK.
Según declaró el encargado del edificio, ni Cristina ni Néstor Kirchner estuvieron nunca en ese departamento a lo largo de los 12 años que estuvieron en Olivos. En cambio concurría Muñoz porque supuestamente retiraba la correspondencia. El encargado dijo que lo vio con bolsos, pero que no sabe qué contenían. Con esos elementos, Bonadio igual le adjudicó la coima a la ahora vicepresidenta.
Un dato que pinta los métodos de este expediente, el accionar del fallecido magistrado y de los camaristas Bruglia y Bertuzzi es que en el procesamiento se incluyó a Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, de Electroingeniería. Ambos eran adversarios de la Cámara de la Construcción, pero se los metió porque Clarens -que tuvo que ir ajustando su relato- dijo que "creía que ellos aportaban dinero", aunque nunca pasó por él.
Un dato que pinta los métodos de este expediente, el accionar del fallecido magistrado y de los camaristas Bruglia y Bertuzzi es que en el procesamiento se incluyó a Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, de Electroingeniería. Ambos eran adversarios de la Cámara de la Construcción, pero se los metió porque Clarens -que tuvo que ir ajustando su relato- dijo que "creía que ellos aportaban dinero", aunque nunca pasó por él.
Las grabaciones de los arrepentidos de la causa de las fotocopias
El fiscal Carlos Stornelli
esquivó los pedidos de
Casación
En apenas ocho renglones, el fiscal Carlos Stornelli le hizo olé a la Sala I de la Cámara de Casación: dijo que no tiene grabaciones ni filmaciones de las declaraciones de los arrepentidos, pero no porque no se hicieron, sino porque le mandó "los registros" a la fiscalía de Fabiana León, que es la que va a intervenir en el juicio oral del caso de las fotocopias de los cuadernos. lgual, como al pasar, Stornelli dijo que las grabaciones o filmanciones no se requieren. Al rescate salió otro fiscal de la troupe del macrismo en Comodoro Py, Raúl Pleé, quien reclamó que se deje sin efecto el pedido de las grabaciones o filmaciones porque las declaraciones se registraron mediante actas y no de otra manera, además de que la cuestión no está -según Plee- en el centro de los cuestionamientos. El saldo estaba cantado: no hay registro electrónico de ningun tipo.
La semana pasada se produjo una audiencia ante la Sala I de Casación integrada por Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. En aquella oportunidad, las defensas de De Vido (Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro), de Hernán Gómez (Laura Fechino), del empresario Gerardo Ferreyra (Eduardo Barcesat) y de otro empresario, Juan Carlos Lascuraín (Marcelo Mónaco) sostuvieron que en el caso de las fotocopias no se puede aplicar la ley del arrepentido, porque fue votada después de los hechos, y porque el fiscal Stornelli nunca grabó ni filmó las declaraciones. La ley dice que "deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice una evaluación posterior" y queda claro del debate que se hizo en su momento en el Congreso que la idea era que debían grabarse o filmarse justamente para verificar que las declaraciones no se hubieran obtenido mediante una coacción o una negociación por plata o una tortura. Varios imputados afirmaron después que las audiencias con Stornelli fueron feroces aprietes con la consigna "declara contra Cristina o va al calabozo".
A raíz de estos planteos, la presidenta de la Sala, Figueroa, le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi -sucesor de Bonadio- las grabaciones o filmaciones de las declaraciones de los arrepentidos. El juez contestó que no tiene nada y le mandó un oficio a Stornelli, que fue el que realizó las audiencias con los llamados imputados colaboradores. El fiscal contestó con el texto breve: afirmó que no tiene nada, que ya se lo pasó a la fiscal de juicio, pero en forma tácita adelantó que están hechas -según su criterio- de acuerdo a la ley. Al mismo tiempo apareció en escena Plee, fiscal de Casación, que integró la Comisión de Seguridad de Boca Juniors durante el mandato de Mauricio Macri y era uno de los nombres barajados por Cambiemos para el puesto de procurador. Plee no concurrió a la audiencia del jueves pasado, pero jugó sus cartas este miércoles reclamando que se anule el pedido de las filmaciones o grabaciones, porque con las actas firmadas es suficiente. Habrá que ver si los camaristas toman en cuenta la opinión del fiscal de Cámara, hecha fuera de tiempo, extemporánea.
A esta altura está oficialmente claro que no hay filmaciones y grabaciones y habrá que ver qué decide la Sala I. Está la posibilidad de que anulen las declaraciones de los arrepentidos, lo que sería un golpe durísimo a la causa de las fotocopias. También queda por definir si la la ley del arrepentido es inconstitucional en este caso, porque sería una aplicación retroactiva dado que los hechos reflejados en las fotocopias ocurrieron entre 2008 y 2015 y la ley del arrepentido se extendió a los casos de corrupción recién en 2016. Para colmo, el resto de la prueba está igualmente sospechada: no se sabe si los cuadernos los escribió el chofer Oscar Centeno y cómo es que el chofer dijo que los quemó y después aparecieron intactos.
Las idas y vueltas del expediente exhiben los desmanejos del dúo Bonadio-Stornelli. Una investigación como la que está realizando Alejo Ramos Padilla en Dolores, sin detenciones arbitrarias, sin anónimos, sin testigos de identidad reservada y en que se filmaron las audiencias con quienes se postulaban como colaboradores, demuestra que se puede hacer algo distinto. En Lomas de Zamora, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, junto al juez Juan Pablo Auge, también prescindieron de detenciones masivas y de arrepentidos. La diferencia central está en que el alineamiento electoral-mediático de parte de Comodoro Py contaminó toda la prueba de la causa de las fotocopias: el objetivo fue perseguir a la oposición, no encontrar la verdad.
El reporte del Ministerio de Salud
Coronavirus en Argentina:
se registraron 419 muertos
y 14.392 casos en las últimas
24 horas
El reporte del Ministerio de Salud confirmó 419 nuevas muertes de pacientes con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 16.937. Hubo récord de contagios diarios: se registraron 14.392, según el informe de la cartera que comanda Ginés González García.
Con estos registros, suman 751.001 positivos en el país. Por su parte, del total de contagiados, hay 3.792 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 61,7 por ciento a nivel nacional y en un 64,7 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El reporte completo
📌 Hoy fueron confirmados 14.392 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 751.001 positivos en el país, de los cuales 594.645 son pacientes recuperados y 139.419 son casos confirmados activos.
📌 En las últimas 24 horas, se notificaron 419 nuevas muertes, son 218 hombres y 201 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 16.937*.*Una mujer residente en la provincia de Buenos Aires fue reclasificada.
📌 Del total de fallecidos que reporta la provincia de Buenos Aires en el día de hoy (12.946), 2.993 casos se encuentran pendientes de carga en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).
📌 La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.
📌 En las últimas 24 hs fueron realizados 26.524 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.978.313 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 43.597,5 muestras por millón de habitantes.
📌 Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 5.943 | 417.677
Ciudad de Buenos Aires 898 | 125.966
Catamarca 8 | 287Chaco 157 | 8.543
Chubut 156 | 3.955
Córdoba 1.718 | 34.203
Corrientes 20 | 1.093
Entre Ríos 177 | 7.483
Formosa 0 | 104
Jujuy 157 | 15.670
La Pampa 25 | 763
La Rioja 126 | 4.828
Mendoza 691 | 25.049
Misiones 9 | 96
Neuquén 192 | 7.893
Río Negro 369 | 12.839
Salta 360 | 12.415
San Juan 2 | 717
San Luis 131 | 1.482
Santa Cruz 145 | 4.844
Santa Fe 2017 | 42.398
Santiago del Estero 96 | 3.419
Tierra del Fuego** 256 | 4.363
Tucumán 739 | 14.914
El gobierno da los trazos finales al plan para recuperar divisas
Baja de retenciones, el
menú para tentar a exportadores
El gobierno nacional dará a conocer hoy un nuevo esquema de retenciones que significará una baja para las exportaciones de granos y de carnes, como una señal a los sectores agropecuarios que aliente la concreción de las ventas al exterior en los próximos 90 días. Las rebajas en las retenciones a la exportación de aceite de soja serían temporarias, es decir con vigencia por un período de 90 días, en tanto que las que beneficarían a las de carne vacuna tendrían carácter permanente, según trascendió ayer luego de las conversaciones entre funcionarios y representantes del sector privado.
Las medidas que el gobierno se dispone a anunciar en las próximas horas a favor de los exportadores busca generar una corriente de ingresos genuinos de dólares que alivie las tensiones sobre las reservas internacionales. Para ello, el gobierno resignaría tres puntos de las retenciones que hasta ahora recaen sobre las exportaciones de aceites de soja (pasarían del 33 al 30%), pero solamente con una vigencia de 90 días (hasta el 31 de diciembre próximo). Incluso, una de las alternativas posibles es que esa reducción de las retenciones, luego vaya recuperando su nivel actual escalonadamente (de una rebaja de tres puntos en octubre, llevándola a 30%, pasaría al 31% en noviembre, al 32% en diciembre para retornar al 33% a partir de enero). En ese esquema, las retenciones a la exportación del poroto de soja se mantendrían en su actual nivel del 33%, y las que se aplican a las exportaciones de harina de soja, en el actual 30% sin cambios.
Sobre este punto no hubo acuerdo con los sectores exportadores, que reclamaban una diferenciación permanente entre las retenciones a los productos elaborados (aceite y harina) y el poroto de soja que se exporta sin valor agregado industrial. Además, sostienen que una reducción permanente de las retenciones hubiera mejorado las perspectivas del productor al momento de la siembra alentando una mayor producción. No obstante, no cuestionarían la respuesta oficial, aunque la consideren parcial.
El gobierno, en cambio, privilegia un esquema de reducción temporal de las retenciones para inducir el anticipo de la venta de la producción actualmente almacenada. Algunas estimaciones privadas señalan que el beneficio para el productor por esta baja parcial de las retenciones sería de 7 dólares por tonelada en octubre, lo cual sería suficiente razón para despachar el grano acopiado al mercado.
La soja embolsada
Los cálculos de la magnitud de la producción almacenada en acopio varían entre 17,5 y 23 millones de toneladas, según la fuente. Un volumen que representaría un valor de exportación demorado de 6800 a 7200 millones de dólares. Y no sólo los ingresos por exportaciones están siendo afectados por este inusual volumen de granos de soja que siguen embolsados: la industria aceitera y molinera ademite que trabaja actualmente con un 50% de capacidad ociosa por falta de materia prima.
En el caso de la carne vacuna, la baja en las retenciones a la exportación que se anunciaría en las próximas horas la llevaría del actual 9 al 5%, con caracter permanente, buscando alentar las ventas al exterior que vienen recuperando mercados a ritmo sostenido.
No son las únicas medidas que ya estarían decididas. Hay expectativas de que, junto a este lanzamiento, se anuncie el inicio de la devolución de las retenciones de la última cosecha a pequeños y medianos productores de soja. Devolución que se anunció a principios de año pero que aún está pendiente de efectivización para quienes ya despacharon la producción al mercado.
Por otra parte, esta podría ser la oportunidad para que el Ministerio de Agricultura ponga en escena un instrumento financiero que viene alentando desde antes de la pandemia, consistente en una suerte de bono en pesos pero ajustable por el valor producto o por el dólar, que le resulte más atractivo y redituable al productor que la retención del grano en silobolsas o en centros de acopio, sin vender.
También se especuló, en las últimas horas, con el cambio en el régimen de liquidación de exportaciones para empresas mineras y petroleras, permitiéndole un porcentaje de libre disponibilidad sobre el valor exportado. Pero estas medidas son resorte del Banco Central y, eventualmente, serían definidas durante la reunión del Comité de Política Monetaria prevista para esta tarde.
Expectativas oficiales
Con este conjunto de medidas, el gobierno confía en desalentar las expectativas devaluatorias, recuperar reservas por vía del aumento de la liquidación de exportaciones y pasar a trabajar en otros proyectos comunes con el sector agroindustrial. De hecho, se especulaba anoche con una convocatoria para este viernes con las autoridades nacionales para lanzar una suerte de plan de mediano plazo para el sector.
Estos planteos dividen aguas en el sector agroexportador. Por un lado, están los sectores dispuestos a acompañar al gobierno en este armado, en especial si éste toma como propio e impulsa el programa presentado por el Consejo Agroindustrial a las autoridades nacionales. Saben que, para su implementación, previamente el gobierno debe conseguir "cierta calma y estabilidad en los mercados". Es decir, salir del actual clima de tensiones cambiarias. Pero hay otros grupos de poder dentro de ese mismo frente agroexportador, que mantienen una división tajante de aguas con el gobierno y preferirían seguir la pulseada por lograr una megadevaluación. Se trata de alguna (o algunas) de las entidades rurales que integran la Mesa de Enlace.
La compañía reformula el negocio en todo el mundo
Coca Cola se reordena pero
no deja el país
Según supo Página 12 de fuentes de la reestructuración, esta modificación del negocio local tendrá en breve el ofrecimiento de retiros voluntarios que aún no fueron oficializados en volumen. Hoy Coca Cola tiene 300 empleados directos y 12 mil si se cuentan los de las dos embotelladoras más grandes, Reginald Lee y FEMSA. Fuentes de la compañía aseguraron que la reestructuración es un paso más de un proceso que se inició en los Estados Unidos, que siguió en Perú, Argentina y que en octubre tendrá su capítulo en Bolivia y Chile. Negaron además que tenga algo que ver con el clima de negocios en el país o cuestiones políticas.
El caso del éxodo de Coca Cola se suma a una lista de desmentidas sobre supuestas salidas de empresas por cuestiones políticas. Una línea que se inició con el cierre de cuatro locales de Falabella; la falsa retirada del país de Walmart, Burger King y Starbucks; y el proceso de venta del negocio de Glovo en la región a Pedidos Ya, promocionado como una salida de Argentina en lugar de una venta regional de la operación.
Como es evidente, las reestructuraciones de estas compañías ya venían en proceso, de hecho Walmart venía reformulándose desde la era Cambiemos, en la que cerró algunoas locales emblemáticos ante la nueva configuración de los negocios globales de consumo. Con Coca Cola ocurrió algo similar que, según fuentes de la compañía, tuvo tiempos más rápidos por la pandemia.
“La compañía y sus embotelladores seguirán operando en el país con el mismo compromiso con que vienen haciéndolo desde hace 78 años. A nivel mundial, Coca-Cola está realizando una reorganización de su estructura con el objetivo de acelerar su estrategia de crecimiento para convertirse en una compañía total de bebidas que opere en una red global interconectada, combinando la capacidad de su escala global con las necesidades locales de los mercados”, describió el comunicado.
Agregó además que “en América Latina, la reorganización contempla la creación de tres nuevas zonas geográficas que trabajarán en estrecha colaboración con los equipos de liderazgo globales. Argentina se integrará en la nueva estructura para el sur de la región, que incluye también a Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia”. Detrás de esta afirmación se ocultan las confusiones sobre el éxodo a Brasil.
Hasta hoy, Coca Cola tenía cuatro unidades de negocios en la región: una en Argentina y para seis países (Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Perú); una en Brasil, una en México y otra para la región Centroamérica. En el marco de la reestructuración, quedó sólo una estructura para toda la región sur. Esa unidad tendrá a un ceo brasileño que hoy radica en ese país, la referencia es para Henrique Braun. De allí que se haya especulado con una mudanza fuera de Argentina.
Desde la empresa aclararon que, en realidad, no existirá más la figura del ceo expatriado al que se le pagaba una vida en otro país. Y que el manejo de las operaciones no necesariamente necesitará una central específica. “Naturalmente, esta es una noticia en desarrollo”, aclararon fuentes oficiales adelantando que puede haber más detalles de esta reestructuración.
La filtración de esta información contrastó, según la firma, con el anuncio de un plan de inversión de 770 millones de pesos “orientado a la reactivación económica de más de 25.000 pequeños comercios de todo el país, lo que reafirma su compromiso con el desarrollo y crecimiento de su extensa y heterogénea cadena de valor”.
"Lo que reporta el gobierno de Córdoba en relación a los incendios es mentira. Entre lo poco que muestran en televisión y lo que en realidad pasa hay kilómetros de diferencia, la situación es desesperante", afirmó a Página 12 Mónica Conesa, integrante de la Asamblea Ambiental de Cosquín y de la Regional del Valle de Punilla. Según los asambleístas, los frentes que avanzan en Punilla abarcan 27 kilómetros e impactan en zonas habitadas. Además, sostienen que los 350 bomberos que asegura disponer el Gobierno son "insuficientes".
"En el incendio anterior me salvó el viento, tenía el fuego a metros de casa y de golpe el viento giró y se lo llevó". Según Conesa, así viven desde hace más de un mes los vecinos de las ciudades, pueblos y parajes de Punilla. Esperan que el viento cambie "de golpe" o que un milagro traiga las lluvias que logren apagar las llamas: "En este momento, en línea recta desde mi casa, el fuego está a dos kilómetros, pero como hay viento del norte, corre para el otro lado", indicó la mujer.
Conesa vive en Molinari, a pocos kilómetros del centro de Cosquín, y aseguró que "en el barrio quedamos solo los viejos, los pibes están arriba apagando el fuego". Es que según los asambleístas los focos activos son más de los reportados y los recursos no alcanzan: "Los incendios en Punilla llegan a 27 kilómetros y los apagan los ambientalistas porque hay pocos bomberos, a lo sumo ocho por frente. El domingo fue un día terrible y ni siquiera hubo bomberos", sostuvo la mujer.
Por su parte, Cecilia, integrante de la Brigada Vecinal Voluntaria de Villa Giardino, coincidió en que "los bomberos son insuficientes, según el Gobierno hay 350. Con siete focos enormes y desmadrados ¿me van a decir que 350 alcanzan?". Desde las Asambleas también exigen al Gobierno nacional que envíe más ayuda y este viernes se movilizaran en cada localidad para reclamar acciones concretas.
Además, en los últimos días las llamas comenzaron a llegar a lugares habitados: "El fuego del lunes y martes se llevó puesto Paraje Characato. Quemó todo, hasta casas", señaló Conesa. Por su parte, este miércoles fueron evacuados sectores de El Durazno y Tanti. "Hay un frente muy grande, anoche el fuego estaba en el campo y nos decían que no iba a llegar, pero de pronto lo tenemos encima", afirmaba en la tarde del miércoles una vecina evacuada en uno de los tantos audios que minuto a minuto circulan por los WhatsApp de las Asambleas. Para Cecilia, lo que narra la mujer "es el retrato de Córdoba de los últimos años, siempre llegan relatos así: había un fuego chico, llamé a bomberos, no vino nadie y se armó un fuegazo".
Luego de que el jueves pasado Cristóbal Salas, vecino de la localidad de San Esteban, falleciera mientras apagaba un incendio, en Córdoba se instaló una polémica sobre los vecinos que intentan colaborar. Desde el Gobierno provincial llamaron a que la gente se quede en sus casas y para garantizarlo amenazaron con "utilizar la fuerza pública", según palabras del director de Defensa Civil, Diego Concha.
"Nuestra brigada nació hace nueve años y está formada por gente con hasta treinta años de experiencia. Nos formamos, nos capacitamos y a este incendio llegamos con un salto en términos de equipamiento, tenemos borcegos, antiparras y handies", señaló Cecilia, cuya brigada trabajaba en el momento y lugar de la muerte de Salas. La mujer explicó que, ese día, "articulamos con bomberos y repartimos actividades. La primera versión que salió fue que 'encontraron una persona muerta', como si Cristóbal hubiera estado solo, y no fue así, nuestros compañeros hicieron el auxilio, nadie lo dejó solo". En un comunicado, la Brigada denunció que "las autoridades no acercaron al rescate ni oxígeno ni paramédicos, solamente vehículos y tabla raquis".
Hace poco más de un mes otro gran incendio ya se había producido en la zona, en la localidad de Copacabana, y fue la Brigada la que actuó ante la inacción del Estado: "Tenemos todos los registros, con audio e imagen. Había un fuego de cuatro días, llamábamos y nos decían que en la zona había 43 bomberos pero no había nadie", aseguró Cecilia.
En este sentido, Conesa afirmó que "el desfinanciamiento del Plan Provincial de Manejo del Fuego es total. Se dice que pusieron 270 millones de pesos pero ¿dónde están? Dejaron de mandar equipamiento para bomberos y hasta sacaron los puestos de detección temprana, eso lograba algún tipo de prevención". "El gobierno habla de las sequías pero siempre hubo. Los incendios siempre son contados como algo que 'le pasa' a Córdoba, como si el desmonte o la soja no tuvieran nada que ver", agregó la integrante de la Brigada. Para los ambientalistas, el origen de los incendios, que en más del 90 por ciento son intencionales, es muy claro: "La tierra que se quema se transforma en barrio privado o en soja, no hay nadie en las calles que no sepa eso", sentenció Conesa.
Informe: Santiago Brunetto
Una estrategia de dilación
La Corte Suprema les dio
licencia con goce de sueldo
a los jueces Bruglia y Bertuzzi
El día después de abrir el per saltum pedido por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli en busca de un aval a sus designaciones en Comodoro Py sin acuerdo del Senado, la Corte Suprema decidió concederles a los dos primeros una licencia extraordinaria por treinta días con goce de sueldo. El tercero se había quedado con una licencia común compensatoria que le otorgó su tribunal oral de origen, y no pidió más nada. Con esta decisión, el tribunal les da un respiro a los jueces atrincherados, que no quieren dejar los cargos que les concedió por el mecanismo de “traslado” el gobierno de Mauricio Macri, que están en una situación indefinida, y se da un tiempo a sí mismo para resolver la discusión jurídica sobre la validez de estas designaciones, a la que los propios supremos terminaron dándole una entidad política que utilizaron para posicionarse frente al Gobierno. Pese la demostración de poder planteada –al comienzo a instancias de Carlos Rosenkrantz, el más macrista de los cortesanos--, durante el miércoles se empezaron a desinflar las exclamaciones de la oposición que veían un triunfo en la decisión del máximo tribunal. Esto coincide con algunas versiones que rodaron con insistencia desde el Palacio de Tribunales, que subrayaban que todavía no está todo dicho sobre la discusión de fondo.
El martes se produjo una situación excepcional en la Corte en el contexto de la pandemia: hubo cuatros jueces presentes en el cuarto piso del Palacio de Justicia. Estuvieron, además del presidente supremo, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. La convocatoria a un acuerdo con carácter “extraordinario” la había hecho Rosenkrantz, cuyo interés era forzar un pronunciamiento sobre los planteos que venía haciendo el trío BBC, entre ellos que el alto tribunal revisara sus traslados sin esperar un fallo de la Cámara del fuero contencioso administrativo, donde también reclamaban. El tridente venía recibiendo todos fallos adversos en ese fuero, después que el Consejo de la Magistratura incluyó sus nombres entre una decena de designaciones por traslados que consideró irregulares, por lo que luego el Senado convocó a esos diez jueces y juezas a una audiencia para evaluar si les daría el acuerdo pendiente. Como Bruglia, Bertuzzi y Castelli pegaron el faltazo, 41 seandores/as rechazaron sus pliegos. Al final el Poder Ejecutivo confirmó esa decisión decreto y la Cámara de Casación dejó claro que debían volver a sus tribunales de origen.
Rosenkrantz, que no tiene gran poder ni autoridad en la Corte porque la mayoría de las decisiones se toman con un mínimo de tres votos por una acordada de 2018, aprovechó una de las pocas cosas que puede hacer en soledad y generó las condiciones para que sus colegas se vieran en la situación de tener que decir algo, mientras Clarín y La Nación sumaban presión, hubo un escrache a Lorenzetti y una insólita vigilia frente a tribunales antes del plenario de personas que supuestamente defienden a BBC. Nadie mostró su voto hasta ese día. Rosenkrantz tenía uno más duro que el que finalmente firmó, que de todos modos se explayaba a favor del trío de trasladados. Incluía reproches al Senado y al Poder Ejecutivo. Pese a que todos los jueces estaban en tribunales, hicieron una reunión por Zoom, que incluyó a Elena Highton de Nolasco que estaba en su casa. El presidente supremo estaba en una posición distinta y minoritaria en relación a la de Maqueda, Lorenzetti y Rosatti. Quería plantear que están en juego derechos adquiridos, como dicen los demandantes. Intentó que el resto se amoldara a su voto. Rosatti medió –como es habitual, de hecho lo llaman “el relajador”-- y se tuvo que adaptar él. Solo dejó, como el resto, una alusión al Consejo de la Magistratura y la indicación de que ese organismo no avance en reemplazar a Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
El fallo que abrió el per saltum, y que causó cierta sorpresa en el Gobierno, parece unánime pero el voto propio de Rosenkrantz es muy distinto al del resto. Maqueda, Lorenzetti y Rosatti armaron una propuesta en conjunto, a la que finalmente se sumó Highton, bastante más “light” para el contexto, pero no menos irritante para el oficialismo político. La Corte dice que será ella la que definirá y se dará la última palabra, pasando por alto a la Cámara en lo Contencioso, y amaga con hacerlo rápido al acortar los plazos para que el Consejo presente su postura y el Procurador General su dictamen. Como explicó este diario, hay tres opciones esencialmente: las más extremas serían a favor o en contra de validar los traslados, mientras que una alternativa salomónica podría analizar si los traslados son o no permanentes y en caso de decir que no permitir que el trío BBC, permanezca hasta que termine el concurso para cubrir esos cargos.
Todavía el panorama no está claro, pero es evidente que hay un diálogo sostenido entre Maqueda, Lorenzetti y Rosatti. Curiosamente es el trío al que el exministro Germán Garavano bautizó peyorativamente como “la mayoría peronista”, algo que luego el macrismo utilizó como latiguillo para criticarlos. El contexto que surgió esa denominación, casualmente, fue cuando en 2018 se discutía el armado por parte del gobierno de Cambiemos de tribunales orales con jueces afines para que se ocuparan de los juicios contra los exfuncionarios del kirchnerismo. En ese contexto surgieron las dos acordadas supremas, la 4 y la 7 que la oposición invoca como si le dieran la razón a Bruglia y Bertuzzi. Ambas hablan de cuál es el mecanismo constitucional para designar jueces: terna del Consejo de la Magistratura, Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado. Lo extraño es que en su momento hicieron una lectura negativa, y de ahí surgió el mote “mayoría peronista”, porque el tribunal no quiso habilitar un tribunal armado a medida. La acordada 7 decía que los jueces que son trasladados a otra jurisdicción, competencia, grado o jerarquía requieren acuerdo del Senado. Cada quien hoy interpreta lo que quiere, pero lo que importa es lo que vayan a decir los supremos, tal vez la semana próxima.
Sus discusiones y alianzas están atravesadas por una pelea que pone la mira en el año que viene: en el mes de septiembre puede cambiar la presidencia de la Corte. Rosenkrantz podría reelegir, Lorenzetti quisiera volver y Rosatti mira el cargo con cariño. Las alianzas son algo inestables. La guerra entre los dos primeros está declarada desde el día que en que a Lorenzetti lo sacaron de la presidencia con el apoyo de todos menos de Juan Carlos Maqueda. Su vuelta se basa en conquistar la voluntad de Maqueda y Highton; la reelección de Rosenkrantz es complicada, porque necesitaría a Rosatti y a la jueza; Rosatti podría contar con Maqueda y Rosenkrantz. Por ahora todo parece arena movediza. La Corte tiene por delante también la cautelar por la coparticipación presentada por Horacio Rodríguez Larreta, pero antes resolvería pronto este intríngulis de los traslados que devino en una gran batalla política.
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