23 de noviembre de 2020
"Permite esperar que sea una buena ley"
Aborto: pronunciamiento de la Campaña sobre el proyecto oficial
En conjunto con este pronunciamiento, la Campaña realizó un análisis comparativo entre los dos proyectos en el que se resaltaron las coincidencias pero también se introdujeron algunas "observaciones y diferencias" vinculadas a la objeción de conciencia del personal médico, el plazo para acceder a la IVE y la penalización de las mujeres que se realicen un aborto luego de la semana 14.
En un documento, la Campaña saludó "con mucha satisfacción" la presentación del proyecto de Ley de “Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la atención posaborto”.
En este sentido, la organización realizó una comparativa entre los dos proyectos con el objetivo de plasmar tanto las coincidencias como las diferencias en la redacción entre un texto y el otro. En principio, se destacaron "coincidencias muy significativas" en los "objetivos de garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, lo que permite esperar que, de su tratamiento, resulte una buena ley".
Además de "la legalización, despenalización y el reconocimiento del derecho al aborto legal, seguro y gratuito hasta la semana 14 de gestación inclusive, y las causales luego de este período", la Campaña subrayó, "entre otras valiosas coincidencias", que el proyecto del Ejecutivo establece el acceso a la práctica "por parte de niñas y adolescentes y personas con discapacidad de acuerdo a la normativa del Código Civil, la existencia de consejerías no obligatorias y su cobertura por los sistemas de salud".
También se resaltó que el articulado del texto enviado por el presidente el pasado 17 de noviembre se encuentra enmarcado dentro de los principios rectores de atención médica de la Ley de Derechos del Paciente y del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) del Ministerio de Salud, por lo que estará garantizado el "trato digno y libre de violencias, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información, de transparencia activa y calidad, según estándares de la OMS".
El proyecto redactado por el Ejecutivo incorpora la resolución nº 65/15 del Ministerio de Salud de la Nación, que estipula que "deberá protegerse a la mujer y toda persona con capacidad de gestar de injerencias ilegítimas por parte de terceros". En este sentido, la Campaña señaló que, con esto, "curas, activistas fundamentalistas religiosos, novios o maridos que quieran que se continúe con el embarazo y otras personas quedan explícitamente excluidos de opinar e intervenir". En el caso del acceso a la IVE para niñas y adolescentes, la Campaña celebró que se respeten los avances en relación a la "autonomía progresiva de la voluntad".
Por otro lado, se valoró que el proyecto especifique que la IVE es un tema de orden público y, por tanto, "de aplicación obligatoria en todo el país". Por último, se indicó que el encuadre del texto en el esquema constitucional de Argentina permitirá despejar "falsos argumentos respecto de su inconstitucionalidad".
En paralelo a las coincidencias, desde la organización también sentaron posición sobre las diferencias que ya venían siendo marcadas por algunas de sus referentas desde que el texto del Ejecutivo vio la luz. La principal discrepancia se basa en lo que concierne a la posibilidad de que el personal médico a cargo de garantizar la IVE pueda alegar objeción de conciencia para negarse a realizar la práctica, algo que la Campaña no contempla en su proyecto "por el uso violatorio a los derechos de las mujeres y personas gestantes del que ha hecho abuso el personal médico antiderechos", según manifestaron en el documento.
El artículo 10 del proyecto del Ejecutivo prevé la objeción de conciencia a nivel individual, aunque establece que el profesional deberá encargarse de derivar a la persona que requiere el aborto, "adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica", mientras que no podrá negarse a realizar la IVE en el caso de que "la vida o salud" de la persona gestante corra peligro. Además, tampoco podrá negarse a realizar asistencia posaborto.
Frente a esto, la Campaña señaló que, aunque esté prevista solo de modo individual, la objeción de conciencia es "la puerta de entrada del incumplimiento de la ley, y la obstrucción del acceso, como ocurre actualmente con la provisión de las ILE en nuestro país y de las IVE en los países en donde está permitida en su legislación".
El siguiente punto de discordancia radica en la penalización para "quien causare el propio aborto" o consintiera "que otro se lo cause" luego de las 14 semanas de gestación establecidas y por fuera de las causales de no punibilidad previstas luego de ese período: abuso sexual o riesgo para la vida o salud integral.
Mientras que desde la Campaña sostuvieron que su proyecto "no admite penalización para las mujeres", por lo que no establece pena alguna en esta instancia, el del Ejecutivo sí lo hace, aunque reduce la pena actualmente establecida en el Código Penal: de uno a cuatro años de prisión, la pena baja a tres meses a un año. También incorpora la posibilidad de exclusión, ya que "podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta.” En este punto, la Campaña aseguró que "la redacción es ambigua y deja a arbitrio del juez la valoración de las circunstancias".
El tercer punto remarcado en el documento se centra en el plazo que deberá transcurrir entre el momento en que la persona gestante solicite la IVE y su realización efectiva: mientras que el proyecto de la Campaña prevé un plazo de cinco días, el texto redactado por el Ejecutivo amplía ese período a diez días.
Por último, la Campaña señaló que el artículo 12 del proyecto del Ejecutivo, dedicado a la Educación Sexual Integral (ESI), no incluye expresamente el derecho a la IVE en el contenido curricular ni el marco con el que deberá ser trabajado en las aulas, a pesar de establecer que el Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios deberán disponer "políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población".
Según el documento, dicho artículo es "un corte y pegue del de la Campaña", sin el párrafo en el que se establece que "deben incluirse los contenidos respectivos en el currículo de todos los niveles educativos", y que la IVE debe ser enseñada como un derecho "de las mujeres y personas gestantes". Además, el texto de la Campaña dispone que la enseñanza de este derecho deberá impartirse "a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género".
La Cámara enfatizó que la jueza no debe descartar hipótesis "prematuramente"
ARA San Juan: por qué la Justicia ordenó investigar la responsabilidad política
El fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que ordenó investigar la responsabilidad del expresidente Mauricio Macri y de su ministro de Defensa Oscar Aguad en el hundimiento del ARA San Juan abrió las puertas por primera vez a una indagación seria sobre el papel de la gestión macrista en torno al submarino. Después de la sentencia, los abogados querellantes recalcaron que Macri tenía “pleno conocimiento” de las graves falencias técnicas que padecía la nave y que hacían prever la tragedia. “Sabían que el submarino tenía una limitación de inmersión de 100 metros y lo mandaron a una misión en la que debían llegar a 900 y 3000 metros de profundidad”, le dijo a Página/12 la abogada Valeria Carreras. La abogada sostuvo que “los enviaron a la muerte”. Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de uno de los 44 tripulantes de la nave, aseguró que el expresidente “sabía todo y es responsable”. Aseguró que su responsabilidad “está documentada, asentada con su firma”.
La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, tiene ahora la responsabilidad de “indagar y acreditar” el conocimiento de Macri y Aguad en las causas del hundimiento. La Cámara le ordenó que “no se descarten ni sean sesgadas prematuramente” líneas de investigación porque el proceso penal debe “procurar el pleno esclarecimiento de los hechos” para que “los culpables, penalmente responsables, no queden impunes”.
En el fallo de 177 páginas se subrayó que se debe “proteger a las víctimas”, los 44 tripulantes del submarino, y a sus familias. Los jueces pusieron énfasis en que se investigue a fondo la actuación de las distintas dependencias del Ministerio de Defensa con posible responsabilidad en los hechos y su subordinación al jefe del Poder Ejecutivo. Uno de los puntos señalados es el análisis de los ajustes presupuestarios que pudieron haber afectado la puesta a punto del submarino antes de su última partida.
El rastro de las decisiones
Carreras opinó que es importante el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia “porque permite seguir investigando a los responsables políticos”, Respecto de qué saben Macri y Aguad, sostuvo que “ellos saben todo lo que pasó y son responsables de lo que sucedió”.
Recordó que incluso “enviaban a espiar a los familiares, de manera que sabían lo que le reclamaban al gobierno antes de que se lo pidieran”. Precisó que cuando tuvieron la reunión con Macri en la Casa Rosada “el presidente sacó de una carpeta que tenía debajo de sus manos, un decreto”. El mismo era “para ofrecer una recompensa a quien ofreciera datos sobre el ARA San Juan”. Carreras resaltó que “en la causa por espionaje que tramita en Mar del Plata, hay documentación que señala que el presidente sabía de antemano que ese era uno de los pedidos de los familiares”, porque personal de inteligencia “había hecho una tarea de inteligencia ilegal espiando a los familiares, mediante la pinchadura de teléfonos y entrando a sus portales en las redes sociales”.
El abogado Tagliapietra, en relación con el fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia, aseguró que “está documentado por su firma que Mauricio Macri conocía el plan de operaciones” del submarino ARA San Juan”.
Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los tripulantes del submarino, sostuvo que lo resuelto por los jueces “responde a muchos de los planteos que veníamos reclamándole en la causa y ahora esperamos que se profundice la investigación, que se hagan las pericias”. Tagliapietra consideró que “el fallo de los jueces ya está señalando que los tres tienen responsabilidades”, en referencia a Macri, al ex ministro de Defensa Alfredo Aguad y al ex titular de la Armada, Marcelo Srur. “Es importantísimo lo que pasó y aunque es un fallo salomónico, muchas de las cosas que se señalan son fundamentales para que se profundice la investigación y se llegue a la verdad”. Respecto de la responsabilidad de Mauricio Macri, insistió en que “está documentado el conocimiento que tenía sobre los hechos que determinaron el hundimiento” de la nave.
Enviado a misión a pesar de las fallas
El fallo de la Cámara puso énfasis en el Informe de Auditoría enviado a Defensa por los inspectores generales de la fuerza, que señalaron las graves deficiencias que tenía la nave antes de partir. Un documento incorporado a la causa afirma que el submarino sólo tenía una capacidad de inmersión de 100 metros y debía cumplir una misión a 900 y 3000 metros de profundidad.
Es por eso que se ordenó también que se investigue la responsabilidad del ex jefe de la Armada, Marcelo Srur. Los jueces dijeron que todo “conduce a descartar que el Almirante Srur pudiera no tener conocimiento de los defectos” que tenía el ARA San Juan antes de su partida. El era, además, “quien podía cambiar el estado de condición de una unidad, en base a sus registros de fallas” que le fueron comunicadas.
En el fallo se dijo textualmente que cuando la doctora Carreras solicitó el procesamiento de Macri, la jueza consideró que no encontraba “elementos de mérito” que fundamentaran el pedido para que se le tomara declaración indagatoria al entonces mandatario nacional. La solicitud fue para que también fueran indagados Aguad y el extitular de la Armada almirante Marcelo Srur.
La Cámara consideró ahora que el rechazo de la jueza significa “una desvinculación definitiva del proceso de los (tres) funcionarios”. Los jueces señalaron que la decisión de Yáñez se produjo “en esta etapa, en la que la instrucción de ningún modo se encuentra completa”, por lo cual “deviene improcedente, por prematura” teniendo en cuenta que eso puede afectar “otro posible cauce de investigación”.
Lo premura de la medida está demostrado porque “aún se encuentra prueba sustancial pendiente de producción”. Por esa razón “no es posible concluir”, de la manera que hizo la jueza, “en la inexistencia de mérito, presente y futuro” que justifique su rechazo a la indagatoria de Macri, Aguad y Srur.
Detalles todavía pendientes
El fallo del tribunal argumentó, además, que “existen elementos de ponderación que tornan procedente revocar una decisión definitiva de esas características”. Los jueces señalaron que “en efecto, el Presidente de la Nación Argentina es por mandato constitucional el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, atribución que, aunque no resulta ser de naturaleza militar, integra el aparato de Defensa Nacional por intermedio del Ministerio respectivo”.
Citando una decisión administrativa, la 546/2016, agregada a la causa, se señaló que “el Ministerio de Defensa se encuentra integrado por una compleja estructura administrativa” compuesta “por varias Secretarías a través de las cuales el Ministerio” cumple “la misión de asistencia y asesoramiento al Presidente” en los términos de la ley 22.250, que regula el funcionamiento de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART).
Uno de los artículos de la citada ley, establece que la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico y Política Militar y la Dirección General de Asuntos militares tienen una “responsabilidad primaria (que) consiste en ‘entender en la dirección y coordinación operativa y funcional de los asuntos militares, supervisando y coordinando la totalidad de las actividades en las cuales se requiera el empleo de los medios asignados a las Fuerzas Armadas’”.
Una de sus funciones era “intervenir en la formulación y análisis de las políticas nacionales en cuya aplicación se requiera la utilización de los recursos asignados a las Fuerzas Armadas”.
Eso los llevaba a “intervenir en la proposición de las medidas generales de conducción y administración de las Fuerzas Armadas en el ámbito de su competencia”. Dentro de la Secretaría de Estrategia funcionaba la Dirección General de Planeamiento y Estrategia, cuya responsabilidad primaria era “entender en la evaluación estratégica de las cuestiones de interés para la Defensa Nacional y dirigir y supervisar las actividades vinculadas con el Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional, su evaluación y actualización”.
Eso, además de las funciones que le corresponden a la Secretaría de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación militar y la Subsecretaría de Coordinación Administrativa, dependencia que dio cuenta de la existencia de un “Programa 16” destinado al “Alistamiento Operacional, que incluye Recuperación, Modernización e Incorporación de Medios y Mantenimiento de Medios e infraestructura para el Alistamiento Operacional”.
Esto incluía también el llamado “Programa 20” (Transportes navales, Mantenimiento de Medios e Infraestructura para Transportes Navales), “sobre cuya intervención respecto del alistamiento del ARA San Juan, no ha sido investigada”.
Por tales razones, los jueces consideraron que “aún no es posible determinar si a esas áreas ministeriales les cupo participación alguna en la programación de las tareas de mantenimiento, requerimientos de obras y repuestos, administración y rendimiento de partidas presupuestarias o incluso conocimiento de los planes operativos y misiones que se le encomendaban a la Fuerza de Submarinos”.
Se subrayó que eso se tiene en cuenta “en especial porque conforme lo declararon los Inspectores Generales de la Armada, Guillermo Lezana (fs. 939/943) y Eduardo Pérez Bacchi (fs. 975/978) el 15 de febrero de 2017 se remitió copia del informe de Auditoría al Ministerio de Defensa, por lo que se desconoce qué seguimiento, control o intervención debió hacerse con tan sensible información”.
Por tales motivos, en la causa a cargo de la jueza Marta Yáñez “deberá indagarse y acreditarse en el expediente, el conocimiento por parte del Ministerio de Defensa y del titular del Poder Ejecutivo, sobre la realización del ejercicio naval, de la importante envergadura que significaba el que puso en marcha la Orden COAA 14/17” que dio comienzo el 25 de octubre de 2017, cuando el submarino partió hacia la que sería su última travesía, desde el puerto de Mar del Plata.
Buques sin presupuestos
La jueza debe poner atención en “las constancias que den cuenta de los recortes presupuestarios que afectaban a las fuerzas armadas y en particular a los buques” que participaban en la misión.
Los jueces puntualizaron, también, que “no se ha indagado sobre las autorizaciones ministeriales (y las) asignaciones presupuestarias” para determinar “si ha mediado una política de ajuste y qué incidencia pudieron tener en la calidad, frecuencia y eficiencia de las tareas de mantenimiento, empezando por la reparación de ‘media vida’ como relevante para el estado de alistamiento que presentaba el SUSJ en octubre y noviembre de 2017”.
Estas razones impiden –al menos en este estado del proceso- descartar definitivamente, que el Ejecutivo Nacional por vía del Ministerio de Defensa y a través de sus Secretarías de Estado respectivas, no tuviera participación alguna en los hechos que se investigan.
En el fallo se agregó que “en la misma línea de pensamiento, la desvinculación efectuada respecto del Jefe del Estado Mayor Gral de la Armada, Vicealmirante Marcelo Srur, resulta en esta instancia igualmente prematura”.
Sobre la situación de Srur, se precisó que se encuentran “pendientes importantes medidas probatorias, necesarias para un completo esclarecimiento de un hecho de tal magnitud como el que nos convoca, donde han perdido la vida 44 compatriotas al servicio de la Defensa Nacional”.
Los jueces señalaron que las constancias que figuran en el expediente conducen hasta el momento “hacia una línea distinta con relación al temperamento que a su respecto corresponde adoptar”. Recordaron que en el fallo “hemos señalado en varias oportunidades la importancia de la cadena y estructura de mando dentro de las Fuerzas Armadas y la relación de jerarquía existente entre sus integrantes”.
Respuesta del ministro a un artículo donde el exmandatario reclamó que se abran todas las escuelas
Nicolás Trotta: “Celebro que ahora a Macri le interese la educación porque en 4 años se dedicó a desfinanciarla”
Macri envió este domingo una carta al diario Clarín, en la que defendió a la ministra de Educación porteña Soledad Acuña y exhortó al Gobierno nacional a que habilite la apertura de escuelas en todo el país. La misiva se tituló "Las escuelas ya deberían estar abiertas" y en ella el ex mandatario aseguró --sin ningún tipo de sustento científico-- que “encerrar a los niños fue un error no sólo académico y social sino también sanitario, porque debilitó su sistema inmunológico”. “Esto va a generar que el año que viene, cuando vuelvan a salir después de tantos meses en sus casas, sufran más enfermedades respiratorias o diarreas, entre otras, porque van a estar peor preparados”, agregó.
Trotta resaltó que “la agenda de un gobierno se analiza a partir de los consensos y procesos de inversión prioritaria y la educación estuvo ausente en la gestión de Macri. Sino preguntémosle por qué discontinuó el Conectar Igualdad, por qué desfinanció la educación en general y la técnico profesional, que permite el desarrollo productivo de un país, qué lo llevó a dejar de entregar manuales y libros y a incumplir sistemáticamente la Ley de Educación nacional, una ley programática basada en el consenso de todo el arco político y social”.
En la carta publicada por Clarín Macri se preguntó: “¿qué señal misteriosa espera para abrir las escuelas este gobierno de clausuras, que hizo de la postergación de decisiones su principal política en todas las áreas?”. En relación a este tema, el ministro de Educación nacional aseguró que en 2021 la "regla será la presencialidad". Actualmente, "la mitad de las provincias tienen clases presenciales, principalmente los últimos grados del primario y secundario", detalló el ministro. Por otra parte, explicó que corresponde a cada jurisdicción desplegar la estrategia de vuelta a las aulas cumpliendo los protocolos que permiten ese regreso: “protocolos que minimizan los riesgos porque entendemos que debemos convivir con el virus", afirmó.
Además, Trotta acusó a Macri de desconocer la realidad de las distintas provincias y le pidió al expresidente que le pregunte a los gobernadores de su mismo signo político por qué no han regresado a clases. “Días atrás hablé con el ministro de Educación de Mendoza. Han logrado que los alumnos de los últimos años comiencen el retorno pero una semana antes el sistema de salud de la provincia estaba al borde del colapso. Solo pudieron avanzar cuando mejoró el número de contagios", señaló.
Sobre la Ciudad de Buenos Aires, Trotta dijo que "puede avanzar y acelerar la marcha en la revinculación de las alumnas y los alumnos" porque "el marco normativo se lo permite". "Impulsamos una guía epidemiológica, no hay ningún impedimento de nuestra cartera para regresar a la presencialidad, depende de cada jurisdicción”, insistió.
El expresidente también puntualizó en su escrito que "en el mundo ya existe un amplio consenso sobre la ineficacia de cerrar las escuelas para combatir el virus, basado en decenas de estudios científicos. La OMS y Unicef dijeron esta misma semana que las escuelas deben permanecer abiertas, aún durante la segunda ola del virus en Europa".
En ese sentido, Trotta expresó que “desde el gobierno nacional, se propició un diálogo entre todos los actores del sistema educativo y del campo epidemiológico y se puso en valor la experiencia de los países del hemisferio norte y de nuestro continente. Cada decisión adoptada fue y es informada", expresó. "Recordemos que en el mes de agosto la Organización mundial de la Salud declaraba que era muy riesgoso el retorno a la presencialidad. Hay aprendizajes institucionales”, añadió. Luego agregó que hay sectores de la economía con los que se compara la apertura de escuelas que no son comparables porque no provocan una movilización significativa de población. “El sistema educativo genera la movilización de 15 millones de personas aproximadamente”, señaló.
En la carta, Macri también aprovechó para defender a la ministra Acuña luego de sus violentas declaraciones en contra de los docentes porteños, al indicar que “con las escuelas abiertas como punto de partida deberíamos construir los acuerdos que necesitamos para mejorar la calidad de la educación argentina. Tenemos que animarnos a debatir sobre estos temas, como hace con valentía Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires”. Trotta, al ser consultado sobre las declaraciones de la ministra porteña afirmó que “la pandemia permitió visibilizar que enseñar es una tarea que requiere saberes específicos y, también, puso en valor el enorme trabajo que desarrollan los y las docentes para garantizar la continuidad pedagógica".
La Cámara enfatizó que la jueza no debe descartar hipótesis "prematuramente"
ARA San Juan: por qué la Justicia ordenó investigar la responsabilidad política
El fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que ordenó investigar la responsabilidad del expresidente Mauricio Macri y de su ministro de Defensa Oscar Aguad en el hundimiento del ARA San Juan abrió las puertas por primera vez a una indagación seria sobre el papel de la gestión macrista en torno al submarino. Después de la sentencia, los abogados querellantes recalcaron que Macri tenía “pleno conocimiento” de las graves falencias técnicas que padecía la nave y que hacían prever la tragedia. “Sabían que el submarino tenía una limitación de inmersión de 100 metros y lo mandaron a una misión en la que debían llegar a 900 y 3000 metros de profundidad”, le dijo a Página/12 la abogada Valeria Carreras. La abogada sostuvo que “los enviaron a la muerte”. Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de uno de los 44 tripulantes de la nave, aseguró que el expresidente “sabía todo y es responsable”. Aseguró que su responsabilidad “está documentada, asentada con su firma”.
La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, tiene ahora la responsabilidad de “indagar y acreditar” el conocimiento de Macri y Aguad en las causas del hundimiento. La Cámara le ordenó que “no se descarten ni sean sesgadas prematuramente” líneas de investigación porque el proceso penal debe “procurar el pleno esclarecimiento de los hechos” para que “los culpables, penalmente responsables, no queden impunes”.
En el fallo de 177 páginas se subrayó que se debe “proteger a las víctimas”, los 44 tripulantes del submarino, y a sus familias. Los jueces pusieron énfasis en que se investigue a fondo la actuación de las distintas dependencias del Ministerio de Defensa con posible responsabilidad en los hechos y su subordinación al jefe del Poder Ejecutivo. Uno de los puntos señalados es el análisis de los ajustes presupuestarios que pudieron haber afectado la puesta a punto del submarino antes de su última partida.
El rastro de las decisiones
Carreras opinó que es importante el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia “porque permite seguir investigando a los responsables políticos”, Respecto de qué saben Macri y Aguad, sostuvo que “ellos saben todo lo que pasó y son responsables de lo que sucedió”.
Recordó que incluso “enviaban a espiar a los familiares, de manera que sabían lo que le reclamaban al gobierno antes de que se lo pidieran”. Precisó que cuando tuvieron la reunión con Macri en la Casa Rosada “el presidente sacó de una carpeta que tenía debajo de sus manos, un decreto”. El mismo era “para ofrecer una recompensa a quien ofreciera datos sobre el ARA San Juan”. Carreras resaltó que “en la causa por espionaje que tramita en Mar del Plata, hay documentación que señala que el presidente sabía de antemano que ese era uno de los pedidos de los familiares”, porque personal de inteligencia “había hecho una tarea de inteligencia ilegal espiando a los familiares, mediante la pinchadura de teléfonos y entrando a sus portales en las redes sociales”.
El abogado Tagliapietra, en relación con el fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia, aseguró que “está documentado por su firma que Mauricio Macri conocía el plan de operaciones” del submarino ARA San Juan”.
Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los tripulantes del submarino, sostuvo que lo resuelto por los jueces “responde a muchos de los planteos que veníamos reclamándole en la causa y ahora esperamos que se profundice la investigación, que se hagan las pericias”. Tagliapietra consideró que “el fallo de los jueces ya está señalando que los tres tienen responsabilidades”, en referencia a Macri, al ex ministro de Defensa Alfredo Aguad y al ex titular de la Armada, Marcelo Srur. “Es importantísimo lo que pasó y aunque es un fallo salomónico, muchas de las cosas que se señalan son fundamentales para que se profundice la investigación y se llegue a la verdad”. Respecto de la responsabilidad de Mauricio Macri, insistió en que “está documentado el conocimiento que tenía sobre los hechos que determinaron el hundimiento” de la nave.
Enviado a misión a pesar de las fallas
El fallo de la Cámara puso énfasis en el Informe de Auditoría enviado a Defensa por los inspectores generales de la fuerza, que señalaron las graves deficiencias que tenía la nave antes de partir. Un documento incorporado a la causa afirma que el submarino sólo tenía una capacidad de inmersión de 100 metros y debía cumplir una misión a 900 y 3000 metros de profundidad.
Es por eso que se ordenó también que se investigue la responsabilidad del ex jefe de la Armada, Marcelo Srur. Los jueces dijeron que todo “conduce a descartar que el Almirante Srur pudiera no tener conocimiento de los defectos” que tenía el ARA San Juan antes de su partida. El era, además, “quien podía cambiar el estado de condición de una unidad, en base a sus registros de fallas” que le fueron comunicadas.
En el fallo se dijo textualmente que cuando la doctora Carreras solicitó el procesamiento de Macri, la jueza consideró que no encontraba “elementos de mérito” que fundamentaran el pedido para que se le tomara declaración indagatoria al entonces mandatario nacional. La solicitud fue para que también fueran indagados Aguad y el extitular de la Armada almirante Marcelo Srur.
La Cámara consideró ahora que el rechazo de la jueza significa “una desvinculación definitiva del proceso de los (tres) funcionarios”. Los jueces señalaron que la decisión de Yáñez se produjo “en esta etapa, en la que la instrucción de ningún modo se encuentra completa”, por lo cual “deviene improcedente, por prematura” teniendo en cuenta que eso puede afectar “otro posible cauce de investigación”.
Lo premura de la medida está demostrado porque “aún se encuentra prueba sustancial pendiente de producción”. Por esa razón “no es posible concluir”, de la manera que hizo la jueza, “en la inexistencia de mérito, presente y futuro” que justifique su rechazo a la indagatoria de Macri, Aguad y Srur.
Detalles todavía pendientes
El fallo del tribunal argumentó, además, que “existen elementos de ponderación que tornan procedente revocar una decisión definitiva de esas características”. Los jueces señalaron que “en efecto, el Presidente de la Nación Argentina es por mandato constitucional el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, atribución que, aunque no resulta ser de naturaleza militar, integra el aparato de Defensa Nacional por intermedio del Ministerio respectivo”.
Citando una decisión administrativa, la 546/2016, agregada a la causa, se señaló que “el Ministerio de Defensa se encuentra integrado por una compleja estructura administrativa” compuesta “por varias Secretarías a través de las cuales el Ministerio” cumple “la misión de asistencia y asesoramiento al Presidente” en los términos de la ley 22.250, que regula el funcionamiento de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART).
Uno de los artículos de la citada ley, establece que la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico y Política Militar y la Dirección General de Asuntos militares tienen una “responsabilidad primaria (que) consiste en ‘entender en la dirección y coordinación operativa y funcional de los asuntos militares, supervisando y coordinando la totalidad de las actividades en las cuales se requiera el empleo de los medios asignados a las Fuerzas Armadas’”.
Una de sus funciones era “intervenir en la formulación y análisis de las políticas nacionales en cuya aplicación se requiera la utilización de los recursos asignados a las Fuerzas Armadas”.
Eso los llevaba a “intervenir en la proposición de las medidas generales de conducción y administración de las Fuerzas Armadas en el ámbito de su competencia”. Dentro de la Secretaría de Estrategia funcionaba la Dirección General de Planeamiento y Estrategia, cuya responsabilidad primaria era “entender en la evaluación estratégica de las cuestiones de interés para la Defensa Nacional y dirigir y supervisar las actividades vinculadas con el Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional, su evaluación y actualización”.
Eso, además de las funciones que le corresponden a la Secretaría de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación militar y la Subsecretaría de Coordinación Administrativa, dependencia que dio cuenta de la existencia de un “Programa 16” destinado al “Alistamiento Operacional, que incluye Recuperación, Modernización e Incorporación de Medios y Mantenimiento de Medios e infraestructura para el Alistamiento Operacional”.
Esto incluía también el llamado “Programa 20” (Transportes navales, Mantenimiento de Medios e Infraestructura para Transportes Navales), “sobre cuya intervención respecto del alistamiento del ARA San Juan, no ha sido investigada”.
Por tales razones, los jueces consideraron que “aún no es posible determinar si a esas áreas ministeriales les cupo participación alguna en la programación de las tareas de mantenimiento, requerimientos de obras y repuestos, administración y rendimiento de partidas presupuestarias o incluso conocimiento de los planes operativos y misiones que se le encomendaban a la Fuerza de Submarinos”.
Se subrayó que eso se tiene en cuenta “en especial porque conforme lo declararon los Inspectores Generales de la Armada, Guillermo Lezana (fs. 939/943) y Eduardo Pérez Bacchi (fs. 975/978) el 15 de febrero de 2017 se remitió copia del informe de Auditoría al Ministerio de Defensa, por lo que se desconoce qué seguimiento, control o intervención debió hacerse con tan sensible información”.
Por tales motivos, en la causa a cargo de la jueza Marta Yáñez “deberá indagarse y acreditarse en el expediente, el conocimiento por parte del Ministerio de Defensa y del titular del Poder Ejecutivo, sobre la realización del ejercicio naval, de la importante envergadura que significaba el que puso en marcha la Orden COAA 14/17” que dio comienzo el 25 de octubre de 2017, cuando el submarino partió hacia la que sería su última travesía, desde el puerto de Mar del Plata.
Buques sin presupuestos
La jueza debe poner atención en “las constancias que den cuenta de los recortes presupuestarios que afectaban a las fuerzas armadas y en particular a los buques” que participaban en la misión.
Los jueces puntualizaron, también, que “no se ha indagado sobre las autorizaciones ministeriales (y las) asignaciones presupuestarias” para determinar “si ha mediado una política de ajuste y qué incidencia pudieron tener en la calidad, frecuencia y eficiencia de las tareas de mantenimiento, empezando por la reparación de ‘media vida’ como relevante para el estado de alistamiento que presentaba el SUSJ en octubre y noviembre de 2017”.
Estas razones impiden –al menos en este estado del proceso- descartar definitivamente, que el Ejecutivo Nacional por vía del Ministerio de Defensa y a través de sus Secretarías de Estado respectivas, no tuviera participación alguna en los hechos que se investigan.
En el fallo se agregó que “en la misma línea de pensamiento, la desvinculación efectuada respecto del Jefe del Estado Mayor Gral de la Armada, Vicealmirante Marcelo Srur, resulta en esta instancia igualmente prematura”.
Sobre la situación de Srur, se precisó que se encuentran “pendientes importantes medidas probatorias, necesarias para un completo esclarecimiento de un hecho de tal magnitud como el que nos convoca, donde han perdido la vida 44 compatriotas al servicio de la Defensa Nacional”.
Los jueces señalaron que las constancias que figuran en el expediente conducen hasta el momento “hacia una línea distinta con relación al temperamento que a su respecto corresponde adoptar”. Recordaron que en el fallo “hemos señalado en varias oportunidades la importancia de la cadena y estructura de mando dentro de las Fuerzas Armadas y la relación de jerarquía existente entre sus integrantes”.
Edgardo Esteban lo reclama "por razones humanitarias"
Pedido de devolución de un documento de la Guerra de Malvinas a la venta en Ebay
El actual director del Museo Malvinas y veterano de la Guerra Edgardo Esteban pidió al poseedor ilegal de su cédula militar como soldado combatiente, al parecer residente en Notingham, Inglaterra, que se la devuelva en "forma inmediata por razones humanitarias". Esteban supo que su documento como soldado conscripto estaba por ser subastado hace unos días en Ebay, e inició gestiones para recuperarlo. El problema es que el poseedor figura con un apodo y se desconoce su identidad.
"Le pido a quien tenga mi cédula militar que me la devuelva de inmediato por razones humanitarias, ya que el documento es algo personalísimo, que hace a la identidad de una persona, y no se puede vender", dijo Esteban sobre el documento que le quitaron al caer prisionero de guerra, en junio de 1982.
El veterano contó que tiene el asesoramiento de un equipo de abogados encabezado por Damián Loretti. Había tomado conocimiento de la aparición de su cédula militar en Ebay a través de la periodista e investigadora Alicia Panero, conocida por otros hallazgos de veteranos argentinos en subastas públicas de objetos militares relacionados con la Guerra de Malvinas. La periodista detectó que el documento lo tendría un persona que vive en Notingham, al noroeste de Londres, y se llamaría Harry Pitt. Pitt vendía los mismos elementos en otra plataforma además de lo subastado en Ebay, sin la cédula militar, por eso todo indicaría que es el poseedor actual del documento de Esteban.
"Fue muy conmovedor cuando recibí la noticia de Alicia. Estaba con mi hijo y mi compañera y me emocioné mucho", dijo Esteban al conocer el hallazgo. Y contó que incluso anotició del tema al embajador argentino en Londres, Javier Figueroa, quien le prometió hacer gestiones para que la cédula militar y también algunas fotografías de Esteban -a punto de ser vendidas- fueses devueltas y no subastadas.
Además de la cédula el lote que estaba publicado para subastar -por un precio inicial de 1.750 libras- incluía fotos que pertenecieron a soldados argentinos y una medalla de un integrante de la Marina Real. "Es un elemento que tiene que ver con la identidad de un soldado, es particularísimo de cada uno", explicó Panero y consideró a Esteban un "soldado icónico", por lo que le "resultó muy fuerte" el hallazgo en Ebay.
Las definiciones de Alberto Fernández en su segunda participación en el G20
"Estamos ante un verdadero cambio de época"
El presidente Alberto Fernández realizó su segunda participación este domingo de la Cumbre del G20 y aseguró que el fin de la pandemia de coronavirus requerirá "promover políticas económicas, industriales y sociales orientadas al cambio estructural" de las economías globales.
Fernández señaló que el mundo está "ante un verdadero cambio de época" y advirtió que "erradicar la pobreza será un objetivo lejano" si los gobernantes no renuevan su "determinación para dar respuesta a este desafío global" provocado por el coronavirus.
"La forma en que actuemos hoy determinará el mundo posterior al covid. El camino de salida requiere promover políticas económicas, industriales y sociales orientadas al cambio estructural de nuestras economías que hoy solo favorecen que el ingreso se concentre en muy pocos y que la pobreza se distribuya entre millones", afirmó el jefe de Estado.
El presidente señaló que “a los objetivos globales que ya enfrentábamos, como el cambio climático, las asimetrías entre países desarrollados y en desarrollo o la desigualdad, hoy se suman los efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia", que ya causó “la pérdida de más de un millón de vidas humanas y sus consecuencias son difíciles aún de dimensionar".
"Erradicar la pobreza, como nos comprometimos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, será un objetivo lejano si no renovamos nuestra determinación para dar respuesta a este desafío global", advirtió.
El mandatario remarcó que la situación actual que enfrenta el mundo "exige transformaciones profundas que garanticen un equilibrio entre el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental".
"Es imprescindible que todos accedan al derecho a la propiedad sin exceptuar a nadie. Esto implica acceso a la salud, acceso al empleo y, especialmente, acceso a la educación", sostuvo y agregó que ésta última "es la base para construir una sociedad democrática, con justicia social y respeto a los derechos humanos".
En materia digital, Fernández señaló que la pandemia “puso de relieve que la conectividad y la inclusión digital son derechos básicos que debemos garantizar para todos y todas", pero que todavía existe una gran dificultad para el acceso.
"La pandemia nos exige acelerar el proceso de inclusión financiera digital, otorgando acceso igualitario y universal, así como adoptar las medidas necesarias para asegurar que nadie se quede atrás -afirmó el presidente-. Por eso, diseñamos un plan de conectividad, distribuimos equipos y brindamos formación docente en el uso de herramientas digitales".
Fernández, además, renovó su compromiso “con el acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos, en particular para las niñas y los grupos vulnerables".
El presidente también se refirió a la brecha de género y sostuvo que "no sólo debe reducirse en materia de educación o de acceso a la tecnología, sino también en el mercado laboral y productivo".
"En América latina, el tiempo del fin del patriarcado ha empezado. El patriarcado ha comenzado a estar en tela de juicio. El empoderamiento de las mujeres resulta un imperativo moral y ético que además de ampliar legítimamente derechos, ayuda en la lucha contra la pobreza, la inseguridad alimentaria, y promueve un desarrollo más veloz de nuestras sociedades", manifestó al hablar en el segundo día de sesiones de la cumbre de líderes mundiales.
El G20 es un foro intergubernamental de coordinación económico financiera, creado en 1999, con el fin de considerar cuestiones globales en esa materia. En 2008, se jerarquizó a nivel de líderes para garantizar la elaboración de respuestas coordinadas a la crisis económica mundial que se desató durante ese año.
Está compuesto por 19 países: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos; más la Unión Europea.
Este año lo preside Arabia Saudita, que asumió la presidencia en diciembre de 2019, e invitó en esta ocasión a España, Jordania, Singapur y Suiza a participar.
"No vendan la costanera", gritaron miles de vecinos
Nueva caravana en contra de la venta de terrenos en Costa Salguero
A pocos días de la audiencia pública para debatir el proyecto del gobierno porteño de vender los terrenos públicos donde estuvieron los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, miles de vecinos decidieron emprender una caravana/bicicleteada para frenar la iniciativa del oficialismo y conseguir que se destine, en ese espacio, un "gran parque público para todos".
La convocatoria nació, otra vez, desde las redes sociales. Legisladores del Frente de Todos porteño junto a organizaciones ambientalistas y agrupaciones culturales coordinaron tres puntos para el inicio de la caravana: la Torre de los Ingleses, en Retiro, el Parque Las Heras y el Planterario, estos dos últimos, en el barrio de Palermo.
La marcha empezó, tal como se había estipulado, a las cuatro de la tarde. En los primeros videos e imágenes que circularon en las redes sociales se observan cientos de jóvenes cantando y bailando al ritmo de una canción que repite cada vez más: "No vendan la Costanera".
Luego, una vez arribado al predio, los miles de vecinos que pedalearon para defender el terreno público, participaron de distintas actividades, que fueron desde una feria gastronómica, a partidos de fútbol feminista y concursos de Freestyle.
Además del apoyo de personalidades de la cultura -como por ejemplo Pablo Echarri- el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, utilizó las redes sociales para dejar su mensaje en el que afirmó que "la Costanera Norte tiene un enorme potencial para transformarse en un gran parque público que nos devuelva la oportunidad de disfrutar del Río de la Plata. El acceso al río mejoraría nuestra calidad de vida y sería un activo turístico estratégico para la Ciudad".
"Tenemos la capacidad de crear un gran parque que, junto a las reservas naturales de Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano, conforme un corredor natural urbano que garantice el contacto con la naturaleza", continuó Lammens.
Audiencia pública
La inciativa urbanística abarca los terrenos públicos donde funcionaron los complejos Costa Salguero y Punta Carrasco, y sobre los que se cambió la actual zonificación para incluir allí los usos del suelo "residencial y comercial". Ambas parcelas forman parte del denominado "Distrito Joven" que se extiende a lo largo de la Costanera Norte y fueron autorizadas, a través de una ley de diciembre del año pasado, a ser vendidas por el Gobierno porteño tras la caída de las concesiones.
El proyecto prevé la construcción de un conglomerado de diez edificios de hasta diez pisos de altura, con calles internas y un espacio verde que finaliza en la ribera, sobre el cual se permitirá el acceso público. El próximo viernes 27 habrá una nueva audiencia pública en la Legislatura, y ya se anotaron para participar más de 2.500 personas.
Pedro Salas, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba
"Ajustar y hacer sufrir no es la salida"
Pedro Salas es un productor ganadero que preside la Sociedad Rural de Córdoba. El abogado es uno de los principales referentes agrarios de una de las provincias que más aporta en términos de agroindustria y comercio exterior. En diálogo con PáginaI2, dio su posición con respecto al aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, la ley de fuego que busca frenar la especulación detrás de los incendios forestales, el conflicto patrimonial en la familia del ex ministro Luis Miguel Etchevehere y otros temas urgentes para el país, como las perspectivas del sector agropecuario y el rumbo económico que está tomando el gobierno de Alberto Fernández, a quien él públicamente asumió haberlo votado.
- ¿ Qué reflexión le merece el debate y finalmente la media sanción del proyecto de ley de aporte solidario de las grandes fortunas?
- Realmente lo que pude escuchar del debate en el congreso es que la consigna de quienes se oponen es ahuecada, crean falsos fantasmas y anuncian que nadie va a pagar un centavo, pero ninguno habla de la pandemia ni de la difícil situación por la que está pasando el país y el mundo: de la crisis económica y la necesidad nadie habla. Este aporte no es una idea que nació en Argentina sino que es un debate que se está dando en el mundo entero. ¡Hasta en el Brasil de Bolsonaro lo estaban discutiendo!
Sería importante hablar y discutir desde la realidad porque parece un campeonato a ver quién dice la frase mas vendible y marketinera. No nombran el contenido, el alcance ni lo que significa. Sí escucho a muchos economistas neoliberales repetir el mismo discurso: hay que ajustar, hacer sufrir. Esa no es la salida.
- Córdoba se vio muy afectada por los incendios. ¿Cuán importante y efectiva piensa que puede ser la otra media sanción que se logró en el Congreso, del manejo de tierras por la ley del fuego?
- Estuve hablando con Diego Concha, el director de Defensa Civil que además es bombero, que me decía el 98 por ciento de los incendios de Córdoba son intencionales. Sumándole la sequía la situación es muy grave. Hay que ponerse más activos respecto a controles porque son campos que demoran mucho en reactivarse. Yo adhiero a esa ley porque es imprescindible mantener las tierras fértiles para la producción. Que se busquen tierras mas áridas para desarrollos urbanos.
- Generalizando a los principales representantes de la SRA, usted tiene posiciones distintas en general. Uno de ellos, Luis Miguel Etchevehere, protagonizó un escándalo hace pocas semanas y sigue rindiendo cuentas en la justicia, ¿Cuál es su opinión al respecto?
-Tengo parientes cercanos con campos en esa zona de Entre Ríos donde acciona generalmente la familia Etchevehere. Cuando sancionaron la ley de retenciones mientras él era Secretario no han pasado a ser muy queridos por los productores. Después creo que la problemática de las sucesiones con una discriminación hacia la mujer es generalizada y más acentuada en algunas zonas que en otra. En este conflicto en particular, hay un problema sucesorio que no han podido resolver en familia, con el agravante de las diferencias políticas que son normales en toda familia.
Definir ganadores y perdedores ahora es difícil, pero si es verdad que hubo un movimiento gracias a la visibilidad del caso y los jueces y fiscales empezaron a actuar conforme a derecho, porque son muy sensibles a las cuestiones externas.
- ¿Qué opina de las propuestas presentadas por el Consejo Agroindustrial Argentino?
- El proyecto plantea un congelamiento tributario durante quince años en algunos productos. También mencionan la construcción de viviendas para generar espacios para que los peones vivan mejor. Yo lo que creo es que hay que ir hacia un plan integral de desarrollo específico, porque no es lo mismo la realidad del productor agropecuario que hace tabaco en Jujuy que el de soja.
Es bueno el concepto y la idea que bajan, pero se quedan en lo tributario especifico y no aluden a los objetivos de desarrollo concreto y específico por región. Necesitamos lucidez, inteligencia y creatividad para este momento histórico. Tenemos que volver a fabricar alimentos en las regiones: que la fábrica de hacer papas fritas esté en la provincia donde se producen papas. ¿Cuántas fabricas de jugo de limón hay en Buenos Aires y cuántas en Tucumán; y cuánta producción hay en cada provincia?.
- ¿ Cuáles son las perspectivas del sector agropecuario para el año próximo?
- Contamos con las mejores perspectivas para el año que viene, porque la necesidad de agroalimentos en los mercados en general y los asiáticos (no solo China, también India y los países árabes) es creciente: la perspectiva de consumo de alimentos va a estar dado en Asia. Además, hemos quedado con muchos temas para trabajar con organismos gubernamentales que fueron pausados por la pandemia, pero vamos a reactivar a partir desde febero/marzo.
- ¿Cómo ve la economía y el rumbo que está tomando el gobierno en este sentido?
- El trabajo que hicieron es enorme y particularmente para nuestro sector remarco el trabajo del Banco Nación y el sector bancario en general para que haya una reforma financiera que permita que las finanzas puedan complementar a la actividad productiva. Hoy en día si vas a un banco privado, no hay asesores para sacar créditos para producción o exportación, aunque sobran los que asesoran para créditos para consumo.
Más allá de estas cuestiones específicas, hay una cuestión importante que tratar y tiene que ver con que el disenso y la diferencia es bellísima; hay que volver a una racionalidad que nos permitamos disentir sin tensión. Para la post crisis, voy a citar una frase de Mujica (ex presidente de Uruguay) que dice que tenemos que trabajar sobre todo en amigarnos entre nosotros.
El reporte del Ministerio de Salud
Coronavirus en Argentina: se registraron 100 muertos y 4.184 casos en las últimas 24 horas
El reporte del Ministerio de Salud confirmó 100 nuevas muertes de pacientes con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 37.002. Además se registraron 4.184 contagios diarios, según el informe de la cartera que comanda Ginés González García.
Con estos registros, suman 1.370.366 positivos en el país. Por su parte, del total de contagiados, hay 4.245 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 57 por ciento a nivel nacional y en un 59 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El reporte completo
📌Hoy fueron confirmados 4.184 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.370.366 positivos en el país, de los cuales 1.195.492 son pacientes recuperados y 137.872 son casos confirmados activos.
📌En las últimas 24 horas, se notificaron 100 nuevas muertes, son 58 hombres y 42 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 37.002.
📌En las últimas 24 hs fueron realizados 15.740 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.677.688 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 81.047 muestras por millón de habitantes.
📌Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
- Buenos Aires 998 | 605.014
- Ciudad de Buenos Aires 195 | 156.414
- Catamarca 37 | 1.708
- Chaco 119 | 17.778
- Chubut 146 | 21.167
- Corrientes 27 | 4.796
- Córdoba 452 | 109.226
- Entre Ríos 159 | 21.877
- Formosa 1 | 180
- Jujuy 9 | 18.294
- La Pampa 82 | 5.199
- La Rioja 28 | 8.511
- Mendoza 152 | 55.189
- Misiones 1 | 436
- Neuquén 169 | 29.663
- Río Negro 141 | 30.056
- Salta 28 | 20.754
- San Juan 62 | 5.730
- San Luis 126 | 13.163
- Santa Cruz 189 | 14.199
- Santa Fe 634 | 137.897
Un relevamiento marcó la necesidad de extender la Tarjeta Alimentar
Radiografía de la alimentación en los barrios populares
El informe fue realizado en el marco del Observatorio de Lucha contra el Hambre, creado por el gobierno para hacer un seguimiento del Plan Alimentario. Los datos fueron presentados en una videoconferencia de la que participó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
Se hicieron 22.260 encuestas en 22 provincias, con un método de investigación participativa. Con la ayuda de una app y capacitación específica, los propios vecinos y vecinas integraron los equipos encargados de hacer las entrevista. El Isepci es conocido por la calidad técnica de su Indice Barrial de Precios, que realiza con una metodología similar.
Como uno de los temas claves a conocer era el impacto de la Tarjeta Alimentar, la muestra tomó un 50 por ciento de encuestados titulares de esta tarjeta y un 50 por ciento de hogares que no la tienen.
Los datos principales revelaron que:
* Un 27 por ciento de las familias de los barrios populares tienen ingresos de menos de 10 mil pesos y otro 37 por ciento no llega a los 20 mil pesos. Es decir que el 64 por ciento de los hogares en villas y asentamientos son indigentes. El tamaño promedio de los hogares es de cinco integrantes. El costo de la canasta básica alimentaria en octubre, para un hogar de cinco personas, fue de $21.783. Así, las familias necesitaron 21.783 pesos para no caer en la indigencia (o 52.496 para no ser pobres), pero debieron sobrevivir con menos de 20 mil.
* Todos los encuestados en esta investigación recurren a la asistencia alimentaria. Los comedores populares y los bolsones que reparten las escuelas son las vías más utilizadas para conseguir alimentos. Aún así, hay un porcentaje que se está privando de hacer una de las cuatro comidas diarias. Especialmente de la cena: entre las familias que no tienen Tarjeta Alimentar, un 21 por ciento manifestó que no está cenando. Entre las que tienen la Tarjeta Alimentar, ese porcentaje se reduce a 16 de cada cien.
* Sólo el 5 por ciento de los encuestados dijeron que la Tarjeta Alimentar les alcanza para comprar durante todo el mes. El monto de la tarjeta es de 4 mil pesos para madres beneficiarias de la AHU con un niño o 6 mil para madres con dos o más niños. Al 55 por ciento le alcanza para dos semanas, y a otro 22 por ciento les dura una semana. Esto se ha ido agravando con la inflación.
* Debido a que la Tarjeta Alimentar es para madres que reciben la AUH con niños de hasta 6 años de edad, existe una franja que, necesitando de este refuerzo económico, no lo tiene. Están en esa situación de carencia el 19 por ciento de los hogares de barrios populares con niños o adolescentes. La razón por la que no cobran la AUH es principalmente que alguno de sus padres tiene salario familiar (en un 90 por ciento de los casos), pero el problema es que se trata de salarios tan bajos que quedan por debajo de la línea de pobreza. Otro motivo es que hay niños que carecen de DNI (Un tema al que el gobierno viene dándole una respuesta).
Tras la presentación del informe, Arroyo destacó la importancia de contar con datos fehacientes que permitan mejorar las políticas sociales. "Lo que el relevamiento nos muestra es que la tarjeta ayuda, pero no genera un cambio estructural. En diciembre vamos a duplicar su carga. Tenemos que pensar, además, cómo extenderla a otros sectores y encontrar más modos de llegar con alimentos a los barrios populares", señaló el ministro.
El coordinador del Isepci, Isaac "Yuyo" Rudnik, recomendó "extender la tarjeta por encima de los 6 años de edad e incrementar rápidamente sus montos, porque la carencia es mucha".
También comentó las conclusiones Miryam Gorban, histórica nutricionista y militante por la soberanía alimentaria, que reconoció el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social y la política de ingresos del gobierno en la pandemia. "¿Qué hubiera sido de nosotros sin la Tarjeta Alimentar o el IFE?", se preguntó. Gorban llamó a desarrollar campañas por el consumo de alimentos frescos y políticas de acceso a la tierra y producción local. "El Procrear Rural, la vuelta al campo, crear cinturones de quintas rodeando a cada pueblo, hacer que cada municipio tenga su tambo. Esas son las política que tenemos que desarrollar".
Fuente:Pagina12
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