24 de diciembre de 2020
Un bien común público
Aníbal Ignacio Faccendini*
“…Lo más escandaloso que tiene el escándalo es que uno se acostumbra…” Simone de Beauvoir
Parecía increíble, pero venía del pasado y ya se conceptualizaba que el agua era un bien económico: en la Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible dentro de la Conferencia Internacional del Agua y el Medio Ambiente de enero de 1992, en el punto 4 se la señalaba como recurso económico y en enero de 2008, actores del Foro Económico Mundial de Davos, también conceptualizaban que al agua se la debía privatizar y que era una mercancía más. Así, increíblemente el biomercantilismo dio el salto y se empezó a cotizar el agua en el mercado financiero de Wall Street.
El agua un derecho humano universal, un bien común público, es decir, la vida para el mercado ahora tiene precio. Un escándalo. La forma que tiene Estados Unidos para dar respuesta a su crisis de agua en la cuenca ubicada en California y en menor medida, la crisis en la frontera del estado de Nuevo México (EEUU) y el estado de Chihuahua (México) recurre a entregar este bien común de vida que es el agua, en el mercado financiero a futuro.
Estados Unidos y China son los dos países que más consumen agua en el planeta. Son los dos países que más generan gases efecto invernadero, inciden en el cambio climático, produciendo desertizaciones y polarizaciones climáticas. Un gran desequilibrio del agua. Deberían ser Estados que rindieran cuenta ambiental ante la comunidad Universal a través de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Los que están a favor de ponerle precio al derecho humano al agua, sostienen que las transacciones financieras del agua son a los meros efectos económicos sin movimientos físicos del vital elemento, y también alegan que ponerle precio va a permitir valorarla y controlar el consumo. Asimismo plantean que va a habilitar un desarrollo inversional para cubrir las necesidades hídricas. Esta línea argumental es una falacia.
Científicamente, las intervenciones principales de las empresas privadas en materia de agua no fueron saludables, aptas, eficientes ni eficaces. Se concentraron en realizar negocios financieros y no de servicios, violando sistemáticamente el derecho humano al agua y dejando a muchísimas personas sin ella. Los tres ejes planteados en los años 90 y a principios del siglo XXI para la defensa de las privatizadoras del agua fueron:
1) Que iban a realizar inmensas inversiones para la expansión del agua y lograr que llegue el servicio de este derecho humano a todas las personas.
2) Que iban a lograr eficiencia y eficacia en dicho servicio.
3) Que las tarifas iban a ser razonables.
Nada de esto sucedió. Las empresas multinacionales del agua aumentaron un promedio de más del 50% las tarifas en Argentina y Bolivia. No realizaron las inversiones prometidas. Dejaron sin cobertura del vital elemento a cientos de miles de personas, ya sea por estar afuera de la cobertura de distribución o bien por cortes del suministro por falta de pago de las personas pobres.
Generaron violencia e inestabilidad institucional. Las guerras del agua en Cochabamba, La Paz y el Alto en Bolivia.
Hubo marchas y movilizaciones en Argentina para que respetaran el derecho humano al agua. Continuamente violado por las multinacionales como el grupo Suez.
En Santa Fe, en los años 90', se constituyó la Asamblea por los Derechos Sociales y en el año 2002, la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua. Realizaron junto a otras entidades un plebiscito ciudadano donde 200 mil personas cuestionaron y rechazaron la privatización del agua, concesionada al grupo Suez Lyonnaise de Eau a través de la llamada Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. y hubo también duros cuestionamientos a la empresa Aguas Argentinas S.A., que daba servicios en Buenos Aires y ciudades de la provincia.
En París, las empresas privadas del agua fracasaron. Hubo un proceso de republicización del servicio y pasó a ser estatal en 2010.
Las empresas multinacionales del agua, con la apertura del mercado de aguas en Wall Street, logran mercantilizar el agua y fundamentalmente generar un espacio negocial, tanto en infraestructura como de comercialización del vital elemento.
Ello va incidir en un proceso de suba de los precios en la construcción de infraestructura para la captación, potabilización y distribución del agua. Ello afectará todo proceso expansivo vinculado directa e indirectamente con el vital elemento. Las personas pobres de agua serán más y mucho más pobres.
La biomercantilización del sistema busca incesantemente espacios de fagocitación de la vida para convertirla en plusvalización negocial.
Hay que detener la barbarie anticientífica de los especuladores financieros, denunciando todos los sofismas que esconden bajo supuestos argumentos técnicos. En ese sentido, es prioritario lograr que los Estados de la Tierra declaren personas no humanas sujeto de derechos a los ríos y a toda fuente importante de agua dulce y también que se establezca que pertenecen al Patrimonio de la Humanidad por la ONU, como ejemplo sería oportuno para el río Paraná y los Humedales. Todo ello se convertiría en importantes dispositivos para ponerle un profundo límite a este iniciario proceso de privatización de un bien común público como es el agua.
Los que minimizan la cotización del agua en Wall Street desconocen la historia económica de las corporaciones, desconocen que el agua es un derecho humano y un bien común púbico. Desconocen en definitiva que el agua habita y construye vida. Y que no hubo ninguna iniciativa privada que diera respuestas a las 2.100 millones de personas que en el mundo no acceden al agua integralmente.
El agua en manos del mercado se seca. Necesitamos sensibilización, conocimientos y audacia para pensar distinto. A la barbarie se la detiene con justicia social y ambiental. El próximo paso de la financiarización de la existencia, sino se la detiene, va hacer el aire.
Rousseau decía a fines del siglo XVIII que todos están acostumbrados a todo.
Rompamos con el acostumbramiento de todos con todo. No todo es igual. No todo se debe comprar y vender.
(*) Director Cátedra del Agua y del Centro Interdisciplinario del Agua Fcpolit UNR. Docente UNR. Magíster y Especialista en Ambiente y Desarrollo Sustentable
Quince días de paro de aceiteros a agroexportadoras
Navidad en huelga en el cordón industrial
Los gremios aceiteros, que ayer cumplieron 15 días ininterrumpidos de huelga en reclamo de recomposición salarial, denunciaron a las patronales agroexportadoras de querer "disciplinar a los trabajadores y desestabilizar al gobierno". Las cámaras aceiteras acercaron una nueva propuesta que fue rechazada ayer por el Sindicato Aceitero de San Lorenzo (SOEA), la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) y la Federación Aceitera. Los gremios recibieron la adhesión a la medida de la recientemente creada Intersindical Marítima Portuaria del Cordón Industrial, paralizando totalmente la actividad. A través de un comunicado titulado "Navidad en huelga" los gremios señalaron: "Hace 15 días ininterrumpidos los aceiteros, aceiteras y recibidores de granos del país estamos en huelga por la intransigencia de las patronales agroexportadoras que se niegan a completar la pauta salarial del 2020 y dar un aumento digno para el 2021".
La medida, que se profundizó por la adhesión el pasado martes de las entidades que integran la Intersindical Marítima Portuaria y Afines del Cordón Industrial (Impaci) del Gran Rosario, decretando un paro de 36 horas, afecta a la totalidad de puertos agroexportadores del país de las empresas Cargill, Bunge, ADM, Dreyfus, Glencore, COFCO, Terminal 6, Molinos Río de La Plata y Aceitera General Deheza (AGD), como así también a las plantas que proveen el mercado interno, todas empresas agrupadas en la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y en la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPCC).
Para los gremios aceiteros, "a esta altura del conflicto, no nos caben dudas de que la intransigencia patronal tiene dos objetivos directos. Por un lado, disciplinar a los trabajadores y conjuntamente enviar un mensaje para el resto del empresariado y la clase trabajadora: la reactivación económica que se espera para el 2021 se la quedarán las empresas, en este caso tres o cuatro vivos que forman un oligopolio, y la salida de la pandemia tan esperada no traerá alivio para las familias que viven de su trabajo, sino que irá a engrosar las ganancias del capital concentrado".
En otro tramo del comunicado, desde los gremios advirtieron que "el otro objetivo es extorsionar al Gobierno Nacional, e inclusive desestabilizarlo. No sólo buscan la aprobación de su proyecto de ley presentado por el Consejo Agroindustrial que ellos mismos crearon y presiden, que implica nuevas rebajas de retenciones para las agroexportadoras y otros beneficios fiscales, sino que al no liquidar divisas continúan apostando a una nueva devaluación del peso argentino que también redundaría en una nueva recomposición de sus extraordinarias ganancias".
Los gremios explicaron que el aumento que les propusieron -que no recompone el salario del 2020 y se escalona hasta dentro de 8 meses- sería “no remunerativo”. "Esto quiere decir que las empresas que más ganan no piensan pagar las cargas y contribuciones patronales correspondientes, desfinanciando al Estado nacional en un momento crítico como el que atravesamos desde la llegada de la pandemia. La quieren todas para ellos", remarcaron.
“Es poco seria. No hace otra cosa que calentar a la gente. Es una propuesta que hacen para no arreglar”, resaltó ayer el secretario General del SOEA, Pablo Reguera, en declaraciones radiales. El dirigente gremial sostuvo que las empresas, a pesar de la pandemia, “duplicaron sus ganancias”. Por su parte, el titular de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, Daniel Yofra, denunció que las empresas aceiteras “provocaron" la huelga del sector que ya lleva 15 días para "presionar al Gobierno y generar una devaluación o rebaja de retenciones" ya que "durante el macrismo nunca tuvieron problemas”.
"Creemos que están buscando algún tipo de devaluación para incrementar ganancias, porque no se entiende la intransigencia. Ellos dijeron que pierden 100 millones de dólares por día por el paro, quiere decir que con un solo día de paro nos pagaban el sueldo anual de todos los trabajadores aceiteros”, indicó Yofra, para finalmente agregar: "Hemos sido declarado esenciales y nunca dejamos de trabajar, por lo que esto es una extorsión no solamente al Gobierno, sino a quienes hemos sido esenciales durante toda la pandemia y ahora nos quieren reducir el salario un 25 por ciento".
Piden al máximo tribunal santafesino que acepte un amicus curiae
Una buena amistad para la Corte Suprema local
El Centro de Estudios Feministas Jurídicos y Sociales (CEFEJUS) de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario presentó un recurso de reposición ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe para que admita el amicus curiae respecto de la absolución de un hombre de 24 años por abuso sexual agravado a una niña de 12, decidido por la Cámara de Apelaciones (publicado en Rosario/12 el 13 de diciembre pasado). El fiscal Aquiles Balbi presentó un recurso de queja ante el máximo tribunal santafesino, y el CEFEJUS presentó su aporte como "amigo del tribunal" el 11 de diciembre, con argumentos con perspectiva de género sobre la necesidad de aplicar una pena. La presentación lleva la firma de decenas de organizaciones y personalidades académicas, de derechos humanos y feministas. El 17 de diciembre, la Corte rechazó el amicus al considerar que "la figura no está prevista en la legislación". Y el nuevo recurso lo cuestiona. "Teniendo presente la obligatoriedad del conjunto de normativas internacionales para Argentina por formar parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como el carácter histórico, habitual de esta figura en la práctica jurídica, la actuación de organizaciones sociales en calidad de Amigos/as del Tribunal debe ser aceptada por todos los Tribunales de justicia del país, con independencia de la existencia o no de un instrumento legislativo interno que lo recepte", dice la presentación, que recuerda antecedentes de amicus curiae en tribunales locales.
El amicus curiae se presentó en una causa contra un hombre, N.O.Ch, que abusó de una niña desde que tenía 11 años y convivió con ella. La nena, embarazada, llegó al centro de salud del pueblo en el que viven. Posteriormente, fue derivada a una institución en su resguardo. El hombre recibió una condena en primera instancia, pero el Tribunal de Alzada consideró que por sus condiciones socio culturales no sabía que estaba cometiendo un delito, y dio por sentado que el acusado y la niña "mantenían una relación", una situación imposible porque hasta los 13 años no existe la madurez suficiente para un consentimiento, tal como lo señalan las leyes. La absolución fue firmada por Javier Beltramone, Gustavo Salvador y Bibiana Alonso.
Ante la necesidad de acercar una lectura jurídica con perspectiva de género, decenas de organizaciones y personalidades (sus nombres ocupan más de dos páginas de la presentación) presentaron el amicus curiae. El rápido rechazo fue firmado por el presidente del Tribunal, Rafael Gutiérrez y generó un nuevo recurso. "El Amicus curiae permite el acercamiento del Poder Judicial a la sociedad, así como la participación y la incidencia de ésta en asuntos de interés y relevancia social, mientras que, en el campo específico de los derechos humanos de las mujeres, 'estratégicamente el amicus se convierte en el vehículo que permite incorporar la perspectiva de género en procesos judiciales donde inicialmente la temática se encontraba ausente'", plantean las firmantes.
Además, indican que "esta figura hace parte de la práctica judicial habitual, aceptada y reconocida tanto en instancias jurisdiccionales nacionales como internacionales". Incluso, recuerdan que el ministro de la Corte Roberto Falistocco en los discursos de apertura del año judicial en 2007 y 2008 ponderó que los amicus curiae alientan "la transparencia y la participación ciudadana".
La nuevo recurso plantea: "Comparando el funcionamiento de los tres Poderes del Estado en Santa Fe, nos encontramos con diferencias llamativas y que deben invitar seriamente a la reflexión. Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo mantienen una relación estrecha con organizaciones sociales, en particular, y con la ciudadanía, en general". Y toman como ejemplo que "pocos meses atrás, la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe sostuvo audiencias con organizaciones sociales de diversas características a fin de escuchar sus opiniones respecto al tratamiento de los proyectos de ley de Educación Sexual Integral". Tan es así que "los/as legisladores/as reciben frecuentemente proyectos de ley generados por organizaciones sociales, acompañando los mismos y haciéndose eco de sus propuestas". También señalan que "distintos órganos del Poder Ejecutivo tienen consejos asesores integrados por representantes de organizaciones sociales".
Por todo eso, consideran "profundamente desconcertante la posición de la Corte Suprema de Justicia en no admitir los Amicus, figura amiga de la justicia y, en su lugar, mantener una relación de clausura con las voces de la comunidad a quienes, de manera directa o indirecta, estarán dirigidas las consecuencias de las decisiones que se tomen en el curso de los procesos judiciales, cualquiera sea su tipo".
Fuente:Rosario12








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