Debates en torno al aborto: ¡Va a
ser ley!
Resumen Latinoamericano, 6 de diciembre de 2020.
Esta semana comenzaron las sesiones de comisión en Diputadxs y la próxima finalmente, se tratará en el recinto la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Con un tratamiento exprés, se cree que antes de fin de año podrá llegar al Senado.
El 17 de noviembre de 2020, el presidente Alberto Fernández, presentó un proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) bajo mucha presión desde las organizaciones feministas. El tema fue parte de la campaña electoral y también fue reafirmado el 1 de marzo en su discurso de la apertura de sesiones legislativas ordinarias. Con la excusa de la pandemia, se había pospuesto su presentación y, ahora, llegó el momento. Desde allí se apresuraron los tiempos ya que parte del anuncio oficial, fue que sea tratado este mismo año en sesiones extraordinarias pero en conjunto con el proyecto del Plan de los 1.000 días, que está enfocado a acompañar, proteger y apoyar integralmente a las personas embarazadas, puérperas y niñes hasta los tres años de vida.
Debate en la Cámara Baja
En este marcos, el martes 1 de diciembre por la tarde, comenzaron las sesiones anunciadas. Empezó con la presentación del proyecto del ejecutivo a cargo de Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de Mujeres, Género y Diversidad y Ginés González García, Ministro de Salud. Entre el martes a la tarde, miércoles y jueves 70 expositores invitadxs plantearon sus posturas para profundizar en la temática con argumentos a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.
Lxs expositorxs verdes lograron instalar la necesidad de una IVE que pueda garantizar derechos básicos para las personas gestantes.
“Como red de profesionales de la salud consideramos que para acabar con las violaciones a los derechos humanos, la ley de interrupción voluntaria del embarazo es urgente”, planteó María Belén Carcedo, médica cordobesa de la red.
La abogada Paola Bergallo explicó que “a principio de siglo se hablaba de esperar por el camino de la igualdad, que era inexorable. Venimos esperando hace casi 100 años, por nuestros derechos. (…) En los últimos 25 años la legislación del mundo es liberalizadora. En la mayoría de los países del planeta se adopta la legislación que estamos discutiendo”.
Cuando lxs expositorxs celestes llevaron la discusión al planteo de “salvar las dos vidas”, “darlxs en adopción” o incluso reflotaron argumentos moralizantes, de nuevo lxs expositorxs verdes rebatieron todos y cada uno de sus conceptos.
Nelly Minyersky, abogada histórica de la campaña, dijo que “no hay ningún tratado de derecho internacional que hable de embrión o feto. Se habla de ser humano, ya nacido. (…) El embarazo no es sencillo, no es algo así nomás. Es un proceso con muchas implicancias. Decir que hay que gestar para después dar en adopción no es ético”.
Soledad Deza completó planteando que “no se trata de acordar moralmente con el hecho del aborto, si es bueno o malo, si es moralmente reprochable o no. Se trata de pensar en la inmoralidad de una penalización que se cobra vidas y muertes, todas evitables. Se trata de aceptar que nadie merece estar presa o exponer su vida y su salud por no ser capaz de gestar, parir y cuidar en determinado momento. La penalización del aborto es insalubre señoras y señores. Y la legalización es una deuda de la democracia que exige dejar de lado las creencias propias, para evitar perpetuar violencias ajenas”.
Proyectos de IVE
Había tres proyectos distintos sobre la interrupción del embarazo, presentados en la cámara hasta que, esta semana, el oficialismo cordobés presentó un proyecto de desepenalización del aborto. Este último, al parecer, llegaría a ingresar a discusión pese a los trámites administrativos que debe recorrer.
Los dos proyectos que más fuerza tienen son los presentados por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que luego de 15 años de resistencia y lucha llega con su octava presentación, que incluye los consensos federales y los aprendizajes del debate del 2018. El otro proyecto es el presentado por el poder ejecutivo, que tiene parecidos con el anterior, pero que divergen en puntos nodales de discusión.
Ambos proyectos contemplan la IVE hasta las 14 semanas de gestación. Esto implica que cualquier persona gestante que no desea continuar con el embarazo puede solicitar la practica del aborto legal sin tener que excusarse ni requerir autorización a nadie para poder acceder a ella. Luego de esas semanas, se contempla la posibilidad de acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) tal cual la conocemos en la actualidad. Es decir, por causales, cuando se pone en riesgo la vida o la salud de la persona gestante o cuando el embarazo es por violencia sexual.
Aquí, es importante aclarar que la discusión respecto a las edades para el acceso al sistema de salud y la autonomía en la toma de decisiones, va en consonancia con el cambio del Código Civil y Comercial que establece que hasta los 13 años las niñas deben ir acompañadas de una persona que sea su referente afectivo (no necesariamente su/s progenitorxs), para dar el consentimiento a la práctica. De 13 a 16 años puede la persona concurrir sin una compañía, a menos que la intervención implique un riesgo grave para la salud o la vida, basado en evidencia científica que la ampare. Vale aclarar que, en general excepto por situaciones previas en la historia de la persona, las técnicas de aborto seguro no suponen estos riesgos. Y a partir de los 16 años, en cualquier situación las personas pueden acceder sin compañía.
Otro de los puntos que ambos proyectos contemplan es la cobertura del sistema de salud. Explicitan que tanto en el subsector público como en el de obras sociales y prepagas, deben realizar el acompañamiento de manera gratuita y queda incluida en el Plan Médico Obligatorio (PMO).
La Educación Sexual Integral (ESI) es un asunto que aparece también, en ambos proyectos como eje troncal para capacitar a lxs docentxs e incluir en la currícula el aborto legal, junto con los temas que ya deberían abarcarse en todos los niveles de escolaridad.
Respecto del plazo para dar una respuesta, en el proyecto de ley de la Campaña se establecen 5 días para resolver el aborto, en cambio en el del ejecutivo, son 10 días.
Los puntos problemáticos que diferencian las propuestas son: la Objeción de Conciencia y la penalidad luego de las 14 semanas por fuera de las causales de aborto legal. Ambos puntos por decisión política, no aparecen en el proyecto de la Campaña ya que el espíritu de la propuesta es garantizar el reconocimiento de un derecho básico como es poder decidir sobre nuestros cuerpos, vidas y destinos sin que el acceso al sistema de salud se traduzca en una obstrucción o en volver a pensar en la punibilidad de la práctica.
La objeción de conciencia es un privilegio reconocido de lxs profesionales de la salud para obviar el cumplimiento de un deber. En el proyecto de ley del ejecutivo se explicitan algunas condiciones para llevarse adelante: sólo puede objetar quien tenga que hacer la práctica de manera directa, por lo que otras personas del equipo de salud no pueden manifestar objeción de conciencia. Debe mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión. También debe derivar de buena fe a lx pacientx para que sea atendidx por otrx profesional en forma oportuna, sin dilaciones. Pero este punto es sumamente ambiguo, ya que hasta el momento, en el Protocolo para la atención de personas con derecho a la ILE se explicita que se debe hacer de manera efectiva, a diferencia del proyecto que busca plantearlo como “buena fe”. Es decir, hasta ahora había certeza sobre quién iba a atender a la persona y dónde, pero con el proyecto esto se vuelve difuso.
Tampoco se aclara, a diferencia del ya existente protocolo, que la institución está obligada a dar una respuesta a esta demanda. Vilma Ibarra especificó que muchos de los puntos vagos de este artículo serán aclarados en la reglamentación, en caso que contemos con la ley.
Finalmente, se deja sentado que el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto. A partir de este enunciado, se han derivado interpretaciones en cuanto a la discriminación de la persona gestante en el sistema de salud, ya que haciendo una analogía no se espera que una persona que tiene, por ejemplo, hipertensión arterial llegue a un accidente cardiovascular (ACV) para dar una respuesta a su problema de salud sino que se acciona antes y de manera efectiva. Lo mismo debería suceder ante la solicitud de un aborto.
Hasta las 14 semanas de gestación la persona gestante no recibiría ninguna pena. En la propuesta del gobierno a partir de ese momento y por fuera de las causales de ILE, se daría prisión de 3 meses a 1 año a la persona gestante que realizara un aborto.
Lo que se viene
Nada puede saberse de antemano, los tiempos vienen siendo muy fluctuantes y apresurados.
Hoy viernes continúan exponiendo lxs diputadxs que integran las cuatro comisiones: Legislación General, que preside la diputada oficialista Cecilia Moreau, la de Mujeres y Diversidad a cargo de Mónica Macha; de Salud por Pablo Yedlin y Legislación Penal por Carolina Gaillard.
Se estima que el miércoles 9 de diciembre podría salir el dictamen que llevaría los acuerdos de las comisiones para ser tratado el proyecto final el jueves 10 en el recinto general. El objetivo es que llegue al Senado para ser tratado antes de que termine el año, entre el 29 y 30 de diciembre.
Mientras tanto, la marea verde que nos ha impulsado hasta aquí, sigue arrasando con todo, en las calles, en las redes, en las redes, en las radios, en las casas y en las camas. El ambiente se vive con felicidad y mucha esperanza de que este 2020 se termine brindando. ¡Por que el aborto será ley!
La lucha campesina que dio sus
frutos y sentó precedentes: la
comunidad de Amicha
Resumen Latinoamericano, 6 de diciembre de 2020.
Las familias campesinas de la localidad santiagueña de Amicha lucharon durante más de dos décadas para que el Estado les reconozca legalmente su territorio. Su resistencia y perserverancia no sólo logró que la Justicia les diera la razón, sino que se les admitió el uso comunitario de la tierra, reconociendo el derecho de las familias campesinas de habitar y trabajar la tierra de manera mancomunada.
Amicha es un asentamiento rural de 3.862 hectáreas ubicado en el departamento Río Hondo, a unos 73 kilómetros de la ciudad capital de Santiago del Estero.
A pesar que hace más de cien años que generaciones de familias campesinas viven y producen allí, toda la localidad de Amicha figuraba en el Registro General de la Propiedad como si perteneciera a tres empresarios, personas que eran totalmente desconocidas por los habitantes.
Se trata de un flagelo que se repite una y otra vez en todos los rincones del país: empresarios del agronegocio y especuladores inmobiliarios que usurpan o compran territorios de manera fraudulenta y que, en flagrante connivencia con funcionarios judiciales y policiales locales, pretenden desalojar a las y los campesinos que legítimamente las poseen de manera ancestral.
Ante esta situación, de las casi cien familias que habitan en Amicha, 62 decidieron hacia finales de la década del ’90 que la opción más digna era resistir y organizarse ante el intento de desalojo, tanto apelando a la vía legal como articulando con organizaciones e instituciones que trabajan en los territorios, como Bienaventurados los Pobres (BePe), el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), la Pastoral Social y la Mesa Provincial de Tierra, entre otras.
Legalmente, el derecho a la propiedad de la tierra de los y las pobladoras de Amicha está basado en el ejercicio de posesión pacífica, pública y continua de las tierras por más de veinte años con “ánimo de dueño” (Código Civil y Comercial – Ley 9.150). Por eso, en el año 2000, la comunidad inició un juicio de prescripción adquisitiva de sus tierras porque podía demostrar que durante décadas, las familias habían realizado inversiones, mejoras, represas y pozos de agua, y que en el momento en que se vieron amenazadas por los empresarios, agregaron a esas transformaciones, el cercamiento con alambres y ramas secas de las hectáreas en disputa y la confección e inscripción de un Plano de Levantamiento Territorial para Prescripción Adquisitiva como poseedores.
“Quienes vivimos aquí somos los verdaderos dueños de la tierra, no puede haber otra persona que quiera emigrar aquí porque son mentiras, los huesos de mi seres queridos están aquí, y nosotros también el día que nos vayamos de la vida seguiremos, nos quedarán los huesos aquí, por eso no hay cosa mejor que digamos que nuestros hijos, que nuestros nietos, van a seguir siendo dueños por herencia de aquí, del territorio de Amicha”, expresaba en una entrevista Guido Leiva, vecino de la comunidad.
Finalmente, en septiembre del 2019, tras casi veinte años de resistencia en el territorio y disputas legales en todas las instancias judiciales del país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el amparo presentado por los empresarios que aducían ser dueños, y dejó firme el fallo que reconocía la usucapión veinteañal de toda la comunidad.
El abogado Fernando Santucho, quien llevó a cabo la representación judicial todos estos años, destacó que se trata del primer caso en Santiago del Estero y en la región en el que se logra un reconocimiento judicial del derecho posesorio y de la tierra, en forma comunitaria, sobre tanta superficie y cantidad de poseedores. “Es un hecho de vital importancia, en una provincia donde más del 70% de las familias campesinas son poseedoras veinteañales de las tierras que habitan”, sostuvo el letrado en el libro “Amicha, Comunidad en la Tierra”.
Propiedad Comunitaria
El proceso de lucha de la comunidad no sólo se destaca por su perserverancia a lo largo de los años, sino que además, lo hicieron siendo fieles al modo de vida campesino y contemplando la propiedad colectiva del territorio.
Como remarca la abogada Elba Sorribas, “la concepción de lo colectivo es un elemento basal del campesinado, es la forma propia en la que se organizan mediante fuertes lazos de solidaridad, que resultan peligrosos a los intereses del capitalismo. Por eso, los procesos judiciales intentan desagregar territorios y comunidades, como modo de invisibilizar lo colectivo y demonizar la organización”.
Desde Bienaventurados los Pobres (BePe) explican que los amichanos desarrollan en su mayoría una producción agropecuaria para consumo familiar. Su economía de subsistencia se basa principalmente en la cría extensiva de ganado en un espacio común de pastoreo (en su mayoría ganado caprino, aunque también hay vacuno, ovino, porcino y crían aves de corral). A eso lo complementan con el cultivo de maíz, zapallos y tunas en cercos familiares, y estacionalmente producen leche y quesos.
Tal es el sentido comunitario del trabajo en Amicha, que cuando la Justicia instó a que cada persona cierre lo propio, la comunidad propuso jornadas de cercado colectivo, hasta delimitar y hacer visible el campo comunero, para que nadie ni nada quedara afuera.
La sentencia judicial definitiva que logró Amicha, arrancó al Estado un precedente muy importante: al plantearse el juicio por la propiedad colectiva de la tierra, se logró que la Justicia reconociera el uso comunitario del territorio, sentando jurisprudencia para otras luchas en defensa del modo de vida campesino.
“En su proceso organizativo, Amicha descolocó al poder judicial capitalista, colonial y patriarcal, que es la voz de los defensores de la propiedad privada, al definir que la propiedad de la tierra no podía ser de otra manera más que comunitaria, ya que es esencial que así sea para seguir sosteniendo el modo de vida de la dignidad campesina”, sostienen desde Be.Pe.
“Amicha, Comunidad en la Tierra”
La lucha de la comunidad de Amicha, así como el acompañamiento que hizo todos estos años la organización Bienaventurados los Pobres, devino en primer lugar en una muestra fotográfica y en el documental “Amicha, Comunidad en la Tierra”. Ahora, la organización publica un libro con el mismo nombre, que lleva la experiencia de lucha de las y los amichanos al papel.
“Decidimos, como hecho pedagógico, relatar Amicha desde su lucha, su camino, sus dolores y sus logros, desde diferentes formatos que refuerzan la idea de la diversidad y la complementariedad necesaria para construir comunidad. Las imágenes del video permiten conocer las caras, los entornos, las voces, los procesos narrados en el libro, que nos ayudan a mirar un proceso histórico y sentirnos parte de aquel habitar que ha movilizado a los/as amicheros/as”, exponen desde Be.Pe. en el prólogo presentación del libro.
“Amicha, Comunidad en la Tierra” compila textos que abordan diferentes aristas del proceso organizativo campesino en defensa del territorio. Será presentado el próximo viernes 11 de diciembre a través de videoconferencia.
Fuente: La Tinta
Chubut y su derecho a vivir en paz
Por Carina Batagelj, Resumen Latinoamericano, 6 de diciembre de 2020.
El pasado viernes se cumplieron 18 años de la conformación de uno de las mayores movimientos ambientalistas del país, la lucha en contra de la megaminería, que comenzó en Esquel y su asamblea de vecinos por el No a la mina, que luego se multiplicó por la provincia y sirvió de ejemplo para otras luchas en el país. En días tan definitorios para el futuro de una provincia que no para de luchar, en donde la presión del lobby minero, del gobernador Arcioni y del fuerte impulso del gobierno nacional a una actividad que va en contra del cuidado del ambiente. Va aquí un recorrido por esa lucha, tan actual e histórica.
Casi un mes de movilización permanente, desde que se conoció lo que se venía sospechando: otro intento de meter por la ventana a la megaminería en la provincia. Y eso fue el proyecto de zonificación presentado por el oficialismo de la mano del gobernador Arcioni, pero con un fuerte impulso desde el gobierno nacional, que recién asumido anunciaba que venían con todo por una minería “sustentable”. Lo cierto fue que el primer revés lo tuvieron en Mendoza cuando en diciembre se intento modificar la Ley 7722 para habilitar el uso de químicos para la megaminería y la respuesta fue una gran revuelta popular que movilizó a cada pueblo.
El viernes 4 se cumplieron 18 años de la lucha antiminera que comenzó en Esquel y luego se esparció por toda la provincia. EL 24 de marzo del 2003 en el plebiscito por el si o no al proyecto denominado “Cordón Esquel”, el No ganó por un abrumador 81% de los votos. La opinión del pueblo fue clarísima para la dirigencia política, siempre aliada con la codicia del lobby minero, que compra voluntades, medios, miente descaradamente sobre el ciaunuro (y sobre tantas cosas mas). Aquel 2003 se logró, en base a lucha y trabajo de asambleas y pobladores, la ley 5001, que protegía a la provincia de la megaminería, pero el poder político, nuevamente como aliado de las empresas mineras, puso un germen para la devastación: habilitaba una posible zonificación minera, una zona de sacrificio; la meseta chubutense. Una parte que a ellos no les importaba que se contaminara: “total vive poca gente”. Para realizarla tendrían 120 dias, lo cual, en el año 2020, ya evidentemente caducó.
Esquel multitudinaria marcha. Fotografía: redes sociales
Pero igual el poder ejecutivo provincial, con un empuje a nivel nacional pocas veces visto en estos 18 años (no existe grieta para la megaminería: tanto el Kirchnerismo como Mauricio Macri quisieron imponerla: a este último se le escapó seguramente por haber estado en otros asuntos, no por falta de interés) presentó un proyecto para realizar la mencionada zonificación.
Al gobernador Arcioni parece que no le importan los plazos, la opinión de mil y un veces reclamada por los pobladores de la provincia que él gobierna, tampoco los otros proyectos productivos. Mucho menos el agua, las montañas, bienes comunes que tan fuertemente los pobladores de Chubut protegen: no es que no quieran progreso, lo que no quieren es una provincia devastada por la codicia, que haga que estallen sus montañas, contaminen sus aguas, infecten de enfermedades mortales a pobladores. Han estudiado y presentado otros proyectos productivos, han hecho encuentros con productores. Pero, Arcioni parece un nene caprichoso, él insiste en que hay un solo destino para la provincia, mientras reclama un “debate serio” sobre el tema minero: este discurso no ha cesado en 18 años. Pero elige como no escuchar la opinión de la mayoría de los chubutenses.
También las asambleas y vecinos, en plena pandemia, y en 100 dias, recolectaron 30916 firmas para su segunda iniciativa popular, que permite a los ciudadanos presentar un proyecto de ley con el aval de un porcentaje del padrón electoral. Este proyecto prohíbe la megaminería en todas sus formas, en el territorio de la provincia. Fue la segunda vez que asumieron ese arduo trabajo, ese caminar por toda la provincia, informar a sus vecinos. La primera vez que fue presentado el proyecto por iniciativa popular, fue tan modificada por los legisladores que resultó aprobada una ley que favorecía a los proyectos megamineros. Aquellos días recorrio el país una foto de un legislador recibiendo órdenes por su celular desde la minera para cambiar artículos de esa ley. ¿Cuanta traición se puede tolerar?
Marcha en Trelew. Fotografia: Noelio para Luan – colectiva de acción fotográfica.
Son tildados de violetos por pasar por las casas por los que los tienen, justamente que representar, los legisladores. Ellos también miran para otro lado, cumpliendo, la mayoría, a pie juntillas lo que pide el Gobernador y el fuerte lobby minero (será porque la Pan American Silver si es del primer mundo?) una meritocracia con votos pero no con legitimidad. Violenta es esta especia de democracia “con coronita”, de espaldas al pueblo, con reminicencias de totalitalismo o monarquía, que no escucha, que prepotea ,que reprime, que tiene a su ministro de Seguridad, Federico Massoni, persiguiendo a vecinos que integran las asambleas, que allana sus casas, que detiene a sus autos sin ningún motivo.
Un poder político que no pregunta, que miente en sus campañas electorales. Arcioni, en su campaña del año 2017 prometía no ceder a la presión del gobierno nacional para llevarse los recursos de la provincia, decía “no a la megamineria” . ¿Acaso el voto es un cheque en blanco para hacer lo que quieran , aunque sea lo contrario de lo que prometieron? Esta es la máxima representación “que hemos podido conseguir” en una democracia?
Desde hace mas de dos años que la provincia está en crisis, se somete a cientos de miles de empleados estatales a no cobrar su sueldo en tiempo y forma, a que les deban tres meses de salario. En estos mas de dos años son incontables las marchas, petitorios, acciones legales, volanteadas, cortes de ruta, que los trabajadores han realizado en la provincia para reclamar sus derechos adquiridos. Si trabajás, tenes que ser remunerado en consecuencia. ¿O es un favor que les paguen? Entonces, el mismo gobernador que generó esta crisis y endeudamiento, es el hombre bondadoso que nos da la solución: en la megaminería. Si tenemos recursos naturales hay que explotarlos (y yo agregaría: déjense de joder).
Marcha en Rawson. Fotografía: Eve Sureña para Luan – colectiva de acción fotográfica
Una ve esas montañas tan hermosas, esa agua tan cristalina, esa tierra tan amorosa, siente en sus pulmones el aire tan puro y ve esos pobladores tan unidos a lo que cotidianamente viven y comparten (quizás sea difícil para muchos, especialmente desde las grandes ciudades, entender ese vínculo tan fuerte de los pueblos originarios y los chubutenses con su tierra y con el agua) y el dolor y la bronca se hacen incontrolables.
Los habitantes de Chubut también tienen “el derecho a vivir en paz”.
Marcha el Puerto Madryn. Fotografía: Alex Dukal para Luan colectiva de acción fotográfica
Marcha en Esquel. Fotografía: Agus Ripoll para Luan – colectiva de acción fotográfica.
Fuente: AnRed – Foto de portada: Marcha en Puerto Madryn, Alex Dukal para Luan – colectiva de acción fotográfica.
Envio:RL
Luis D’Elía y Fernando Esteche preparan una marcha y un acampe para pedir por una «Navidad sin presos políticos»
DIC 6, 2020
Agrupaciones ultra K preparan una movilización y un acampe para pedir por la liberación
de dirigentes presos por casos de corrupción, como Amado Boudou, Julio De Vido,
Milagro Sala, Luis D’Elía y Ricardo Jaime, entre otros.
La marcha bajo la consigna por «Navidad sin presos políticos», comenzó a difundirse
a través de las redes sociales, luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de
dejar firme la sentencia de 5 años de prisión para Boudou por la causa Ciccone.
Además, este domingo se conoció una solicitada titulada «Con Lawfare no hay democracia», firmada por Eugenio Zaffaroni, Pablo Moyano, Hugo Yasky, entre
muchos otros, donde expresan su preocupación por la resolución del Máximo Tribunal,
«que afecta nuestro sistema democrático, vulnerando derechos y garantías constitucionales».
La convocatoria es organizada por MILES, la agrupación de D’Elía, junto a la Corriente
Patria para Todos, organización que tiene como principales referentes a Boudou y
Esteche, e integrada también por el ex vicegobernador de la Provincia, Gabriel Mariotto,
junto a Fernando Vaca Narvaja.
La cita es para el lunes 14 de diciembre a las 16 horas, para comenzar la protesta en avenida de Mayo y 9 de Julio, con la idea de realizar un acampe y así pedir la libertad
de los referentes K.
Por una «Navidad sin presos políticos», la marcha convocada por una agrupación K.
«La persecución política y el lawfare, como los que sufre y sufrió Amado Boudou por recuperar los fondos de las AFJP devolviéndolos a jubilados y trabajadores, atenta contra un Estado de Derecho que debe preservar la vida, las garantías y la libertad de las personas», sentencia el escrito firmado por
Este domingo, Boudou habló de «una fuerte avanzada» para que vuelva a prisión. Cabe recordar que en abril de este año, la Justicia le otorgó al ex vice el beneficio de la prisión domiciliaria, al igual que D’Elía y Julio De Vido.
La solicitada firmada por dirigentes K tras la decisión de la Corte de dejar firme la
senencia sobre Amado Boudou.
A fines de 2019, las esposas del ex vice y del ex ministro de Planificación, encabezaron
un acto frente a los tribunales de Comodoro Py con la consigna «Navidad sin presos políticos».
La protesta se realizó pocos días después de la asunción de Alberto Fernández de la Presidencia y los manifestantes se esperanzaban con que la nueva gestión abriera las puertas de las cárceles a los referentes del kirchnerismo. Algo que no ocurrió.
«No tengan ninguna duda de que están mal detenidos, en la mayoría de los casos.
¿Por qué supuestamente el que recibió la coima está preso y el que la dio no? En
verdad, ninguno de los dos tiene que estar preso. No hay una sentencia definitiva y mientras eso no ocurra, tienen que estar en libertad», decía el Presidente tras la movilización a los Tribunales Federales.
Ahora, tras la decisión de la Corte sobre la condena a Boudou, fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien salió a reclamar contra «un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades» y reclamar «juicios justos».
Fuente:Prisma24
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