El gobierno extenderá el DISPO hasta marzo
Lo hará oficial este fin de semana. El anterior plazo vence el lunes.
El gobierno oficializará este fin de semana a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la renovación hasta el 28 de febrero del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) en todo el territorio nacional, informaron esta noche a Télam fuentes oficiales.
El DNU se publicará en el Boletín Oficial, ya que la extensión de las medidas previstas en el DISPO debe estar en vigencia antes del lunes 1 de febrero próximo.
El DNU ratificará que se mantiene la libre circulación en todo el país, aunque los gobernadores y el jefe de gobierno de la CABA podrán reglamentarla por razones epidemiológicas por días, horas y zonas.
Una de las claves de la prórroga del distanciamiento es que se podrán reanudar las clases presenciales y las actividades educativas no escolares con presencia de docentes y alumnos, pero según los parámetros que se acuerden en el Consejo Federal de Educación.
El reinicio de las clases presenciales será resuelto por cada provincia y por la CABA y también podrán resolver la suspensión, siempre de acuerdo a la situación epidemiológica.
Cuando sea necesario disminuir la circulación de personas, se deberán implementar políticas sanitarias que prioricen el funcionamiento de los establecimientos educativos con modalidades presenciales.
El DNU también establecerá que docentes y personal no docente, al igual que alumnos y sus acompañantes, quedarán exceptuados de la prohibición del uso del servicio público de pasajeros y deberán tramitar el Certificado Único Habilitante de Circulación.
La Justicia frenó el intento del Grupo Clarín para que Internet, telefonía y TV por cable no sean servicios esenciales
El juez Walter Lara Correa rechazó la medida cautelar para impedir la declaración de esenciales a esos servicios pedida por Telecom. Advirtió que “no debe confundirse la tutela cautelar con la declaración del derecho en el proceso principal”.
Un juez de Feria rechazó una medida cautelar pedida por la empresa Telecom contra el decreto presidencial que declaró que los servicios de comunicaciones e internet son “de interés público” y estableció un mecanismo para facilitar el acceso a los sectores más vulnerables de la sociedad.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Walter Lara Correa desestimó el planteo advirtiendo que el decreto de necesidad y urgencia respetó la normativa dispuesta para su sanción y convalidación. “La norma atacada fue dictada en oportunidad que se encontraba vigente el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), es decir en un contexto donde la única forma de conexión interpersonal era a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)”.
Telecom había pedido la suspensión del decreto argumentando que el gobierno “al declarar servicio público a los servicios de acceso a internet, de televisión por cable y a la telefonía móvil, transforma sus precios, que eran fijados de un modo completamente libre y en competencia, a precios regulados (tarifas); disponer la suspensión de todo aumento o modificación de los mismos y establecer la obligación de cumplir con una prestación básica universal no prevista en el régimen legal al amparo del cual obtuvo sus licencias”.
Según Telecom, el gobierno “procedió a confiscar su derecho de propiedad, declarándose ilegítimamente titular de una actividad que integraba su esfera privada y ejercía bajo un régimen de libre competencia de mercado, transformándola en una actividad pública y sujetándolo a su control absoluto”. Y añadió que el decreto le impuso “cargas que demandan un esfuerzo económico excepcional sin compensación de ninguna especie quebrando el equilibrio económico financiero que permite la prestación de un servicio de calidad y en condiciones regulares, tornando inviable su prestación”.
También podés leer: “Internet y TV por cable: el Grupo Clarín sostiene aumentos tres veces por encima de lo habilitado por el gobierno”
Pero el juez acogió los argumentos del Estado, que explicó que “la norma tiene por objeto posibilitar el acceso a la totalidad de los habitantes a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad y que no resulta casual que dichas medidas se hayan implementado en el marco de una pandemia de público conocimiento, lo que remarca la importancia del acceso a dichos servicios, ante la limitación que impone la nueva modalidad de llevar a cabo todas las actividades de la vida cotidiana para los sectores más vulnerables se transforma en el eje central en el que girará la regulación, procurando establecer un servicio de calidad con prestaciones básicas a un precio justo al cual podrán acceder un universo de personas humanas en situaciones económicas desfavorables”.
La situación social actual, potenciada por la pandemia, torna “imprescindible el acceso a estas tecnologías para estudiar, trabajar y recrearse, por lo que otorgar parámetros claros de accesibilidad y de previsibilidad de aumentos para estos sectores resulta fundamental para cumplir con los principios fundamentales de la Constitución Nacional”, sostuvo el gobierno en su contestación de la demanda.
El juez Lara Correa advirtió, además, que el derrotero de la norma no fue irregular ni violó los principios establecidos para la promulgación de un DNU. “El Decreto Nº 620/2020 no regula en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos”. Además, “el Honorable Senado de la Nación por conducto de la Resolución Nº 95/2020 determinó la validez del Decreto del Poder Ejecutivo nacional N° 690, de fecha 21 de agosto del año 2020”.
“En consecuencia –añade el fallo-, habiendo sido ratificado el reglamento cuestionado por la Cámara Alta, no puede tenerse por acreditada la verosimilitud del derecho invocada por la accionante” para pedir una medida cautelar que suspenda sus efectos por vicios de origen.
En cuanto a los perjuicios económicos que, según Telecom, le irrogaría el DNU, el juez respondió que Telecom “más allá de sus manifestaciones, no estimó cuál es la incidencia económica concreta que el congelamiento de precios, los aumentos fijados o el valor del Servicio Básico Obligatorio producen en su economía, de manera tal de acreditar que la denegación de la medida cautelar le causaría un gravamen que difícilmente podría revertirse en el supuesto de que la sentencia final de la causa admitiese su pretensión”.
Telecom había denunciado que el DNU “afecta de manera palmaria sus derechos constitucionales a la propiedad, la libertad de prensa, a ejercer libremente el comercio y toda actividad lícita, a la seguridad jurídica y al principio de razonabilidad de las leyes”.
La abogada Graciana Peñafort explicó a través de una publicación en su red social Twitter de qué se trata este fallo.
29.01.2021 / Coronavirus
Aislamiento por la pandemia: qué anunciaría Alberto para su extensión a la espera de la vuelta de clases presenciales
Este domingo 31 de enero vence el decreto 4/2021 que introdujo algunas novedades, como la disposición de los distritos para restringir la nocturnidad, entre otras cosas. En principio no se anunciarían grandes cambios de las medidas preventivas para el próximo mes. Qué pasará con el ciclo lectivo 2021.
El Gobierno nacional anunciaría este fin de semana la extensión de la fase actual de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) y sus condiciones, las que, en principio, seguirían prácticamente sin cambios por un mes más.
Esto significa que, de mínima, las restricciones vigentes seguirán hasta el 1° de marzo, día pautado para el inicio de clases en la mayoría de las provincias del país. No obstante, los sucesos que ocurren en el mundo, principalmente Europa, muestran que las ilusiones acerca de un final de las medidas no tienen asidero racional.
Tras el un pico de casos registrado en las primeras semanas del año, que acercaron esos guarismos a lo que se consideró un "rebrote", en los últimos días los contagios vienen mostrando un leve declive y bajaron del crítico número de diez mil.
En el marco de ese recorrido y la inevitable comparación con lo que sufren algunos países europeos y partes de EEUU, el Gobierno busca con todos los esfuerzos evitar que crezcan los contagios. Por eso, y mientras en todo el planeta y todos los laboratorios transitan retrasos en la producción de las acunas, la idea es continuar con las medidas de cuidado, con un estricto monitoreo de la cantidad de nuevos casos que se dan a diario.
El decreto de DISPO vigente rige hasta el próximo domingo 31 de enero, por lo que la extensión será a partir del lunes. El jueves a la noche, el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estuvieron reunidos hasta tarde terminando de definir las medidas.
"El nuevo decreto no tendría grandes cambios" respecto del que Fernández firmó hace poco más de un mes, indicaron fuentes oficiales consultadas por la agencia NA, sin embargo se espera que incluya un capítulo referido al regreso de las clases presenciales.
La normativa vigente, en su artículo 24, faculta a las provincias a reanudar los ciclos presenciales según los criterios epidemiológicos definidos por el Consejo Federal de Educación (CFE) el pasado 8 de octubre.
De esta manera, el documento consensuado permite orientar a las jurisdicciones en la toma de decisiones, con información objetiva en relación al nivel de riesgo de contagio de la comunidad educativa.
Otra duda que persiste tiene que ver con la nocturnidad, luego de que antes del último decreto se hablara de "toque sanitario", mientras lo que finalmente terminó pasando es que cada distrito decidió restricciones horarias para el cierre nocturno de locales comerciales, con el foco en bares.
Fernández mantendría este sábado una reunión virtual con los gobernadores para volver a evaluar la situación epidemiológica en todo el país.
El pasado 8 de enero, la Casa Rosada se puso en marcha la recomendación de restricciones a la actividad nocturna que se desarrolle entre las 23:00 a 6:00. Además se impulsó el establecimiento de indicadores técnicos que facultan a los mandatarios provinciales a tomar medidas inmediatas frente a un eventual incremento de los contagios de coronavirus.
Fuente:PoliticaArgentina
Con Macri, el patrimonio de Fernando Iglesias creció 1.364%
Denunciaron al polémico diputado por Cambiemos Fernando Iglesias, por enriquecimiento ilícito. Su patrimonio creció un 1.364% durante el macrismo.
Una grave denuncia por eriquecimiento ilícito contra el mediático diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, realizo su par del Frente de Todos Rodolfo Tailhade. "A otro que le fue muy bien con el macrismo es al diputado @FerIglesias. Ni bien asumió Macri pudo pagar $450 mil que le había prestado @majulluis. De enero de 2016 a diciembre de 2019 su patrimonio pasó de $ 836.713,96 a $ 12.250.198,90 (1.364% de incremento)", publicó Tailhade en Twitter.
Agregó que "en junio de 2019 (Iglesias) compró un Peugeot 4008 Feline 4x4 y un mes después compró un loft de Barracas de 100 m2, que vale 300 mil dólares. En 2018 y 2019 viajó a Nueva York, Roma, Madrid, Viena, Ginebra, Budapest, Bruselas, Tokio, Brasilia y Montevideo con viáticos pagados con la tuya", arremetió el legislador repleto de datos, citado por Agencia El Vigía.
"No me queda otra que denunciarte penalmente @FerIglesias, junto a los malandras del PRO que abren fundaciones, para que le expliques a un juez por qué te enriqueciste cuando todos los argentinos se empobrecieron", finalizó Tailhade, dirigiéndose al denunciado.
Fernando Iglesias ya había protagonizado un escándalo cuando fue descubierto tras canjear pasajes oficiales de la Cámara de Diputados por más de 77 mil pesos, a pesar de vivir a pocas cuadras del Congreso.
Iglesias, célebre por muchas declaraciones, tuits y escándalos varios, supo decir en 2019 que "el gran problema político de la Argentina es el peronismo y la mayoría de peronistas en la Corte, el Vaticano y el periodismo".
Había agregado que "el Gobierno (de Macri) es muy exitoso, salvo en la economía a corto plazo, porque un gobierno es mucho más que un Ministerio de Economía, y en estos tres años vivimos una revolución en la mayoría de los aspectos de la vida, especialmente en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico". Está claro que su patrimonio personal se vio beneficiado en ese lapso.
Fuente:Infonews
Los jóvenes fueron los más afectados por la caída del empleo en 2020
Varones y mujeres de hasta 29 años, de bajo nivel educativo y con
trabajos informales, fueron los más castigados por la caída del empleo en 2020
como consecuencia del impacto de la pandemia, según un informe de CIPPEC. El
desempleo en los jóvenes duplica a la de la población adulta.
30 DE ENERO, 2021
Los varones y las mujeres de hasta 29 años, de niveles educativos bajos y con trabajos informales fueron los más afectados en la Argentina por la caída en la tasa de empleo registrada durante 2020 como consecuencia de la crisis económica que profundizó la pandemia
Para el tercer trimestre del año que pasó, últimos datos oficiales disponibles, los varones de hasta 29 años fueron los que sufrieron una mayor baja en la tasa de empleo interanual, del 17%, seguido por las mujeres de esa misma franja etaria, con 11%, según revela un estudio realizado por CIPPEC.
La caída tuvo un mayor impacto en quienes tienen menores calificaciones y formación educativa. Aquellos con estudios primarios incompletos redujeron su empleo en un 28%, mientras que quienes tienen estudios universitarios lo hicieron en 7,6%, de manera interanual. El informe también destaca que hubo una gran variación según el tipo de inserción laboral. El empleo asalariado formal cayó en un 5,2% interanual, y el empleo asalariado informal cayó 30%.
Estos datos forman parte del documento “El mercado laboral en Argentina: estructura, impacto del COVID-19 y lecciones para el futuro”, elaborado por Manuel Mera, Matilde Karczmarczyk y Luciana Petrone, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
“En esta heterogeneidad que tiene el mercado laboral, casi siempre los que muestran peores números suelen ser los jóvenes y las mujeres. Cuando hay algún golpe en el mercado, como la pandemia, son los que más sufren y quedan expulsados porque están usualmente en trabajos iniciales, de mayor precariedad e informalidad”, explica Manuel Mera, investigador del Programa de Protección Social de CIPPEC, en diálogo con El Destape.
El desempleo impacta más a los jóvenes que a los adultos. Según datos oficiales del INDEC del tercer trimestre del 2020, la tasa de desocupación fue de 11,7%. Fue superior en mujeres (13,1%) que en varones (10,6%). Y afecta más a las mujeres de 14 a 29 años, con 23,1%, y a los varones de la misma edad, 19,8%.
En cambio, en las mujeres de 30 a 64 años, la tasa de desempleo llega al 10,4%, y en varones al 7,6%. Es decir que la tasa de desempleo en los jóvenes llega incluso a más que duplicar a la de la población adulta en general. Una tendencia que viene en aumento en los últimos años.
Pero el panorama es aún más complejo porque el desempleo afecta más a los jóvenes que más necesitan trabajar, aquellos provenientes de hogares de menores ingresos. A esto se suma la incidencia de la informalidad. Al menos seis de cada diez jóvenes que tienen empleo, realizan sus tareas bajo una contratación precaria. Eso significa que, generalmente, ganan el salario mínimo o menos, trabajan por jornadas extendidas, en situaciones insalubres y sin protección social -sin vacaciones pagas, licencias por estudio, por maternidad o paternidad, ni aportes jubilatorios-.
Además de las consecuencias urgentes, el desempleo o el empleo informal tiene un impacto grave para el futuro de los jóvenes sobre sus ingresos futuros, sobre la probabilidad de tener un trabajo decente y de acceder a una jubilación digna.
“En la Argentina falta una ley más amplia de empleo joven, con una implementación más descentralizada, con incentivos que balanceen la falta de experiencia del joven”, dice Mera. Y advierte que se plantea una discusión “sensible” y que se debe tratar con seriedad para que “no se confunda con una flexibilización de los chicos, que las etapas de formación en el empleo no se confundan con modalidades truchas de pasantías y trabajo barato”.
El informe señala que los datos de situación de la producción y del mercado laboral a inicios de 2020 y la profundización de la crisis generada por el COVID-19 muestran un escenario social y económico preocupante. “La caída del empleo y la actividad, especialmente del mundo informal, deriva en una recesión económica y un aumento de la pobreza. Frente a este panorama, es necesario pensar una batería de acciones para favorecer una recuperación”, sostiene el documento de CIPPEC.
Entre las acciones posibles destacan los mecanismos de sostenimiento y promoción del mercado laboral, como subsidios salariales, el seguro por desempleo y la reducción acordada de horas trabajadas para los formales, además de transferencias condicionadas para desempleados e informales.
Otras son programas de empleo público, subsidios a la contratación y servicios públicos de empleo. “Argentina tiene un amplio número de programas laborales y sociales, y deberá ser a través de ellos que se continúe con la contención de los afectados y la promoción de la vuelta a la actividad de los desocupados”, sostiene Mera.
Sobre el final, el informe de la organización destaca que será fundamental que el esfuerzo del Estado esté puesto en la reactivación económica y en apuntalar la protección y el crecimiento del empleo. “La caída del empleo y la actividad en el segundo trimestre de 2020 ha dejado virtualmente a 4 millones de personas con problemas de trabajo. A medida que la actividad retome sus niveles estructurales, veremos un aumento del desempleo, el cual sólo se puede abordar con un crecimiento con inclusión laboral”.
Por último, el investigador Manuel Mera señala que “los jóvenes muchas veces pueden ser el vagón de cola” de un eventual crecimiento económico, por lo que las políticas públicas tienen que apuntalar su inclusión “a través de políticas amplias y no de programas específicos que, por una cuestión de escala, pueden quedarse cortos”.
Aumento de las Becas Progresar y plan Potenciar Joven
Esta semana, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, anunció que aumentará el monto de las becas Progresar y el número de beneficiarios del programa, que pasarán de 550 mil a 750 mil alumnos.
Durante una visita a Corrientes, adelantó que el pago de las Becas Progresar comenzará en febrero. "Habrá una actualización del monto que se cobra, que será anunciado por el Presidente, y también un aumento de la cobertura, que llegará a 750 mil beneficiarios. Es un derecho y un acompañamiento a la trayectoria educativa de todos estos jóvenes", dijo en diálogo con medios locales.
Por otra parte, tras la cancelación del Ingreso Familiar de Emergencia, el ministerio de Desarrollo Social diseñó nuevos programas para seguir acompañando a los sectores más vulnerables. Creó, entre otros, el plan Potenciar Joven, destinado a jóvenes de entre 18 y 29 años en situación de vulnerabilidad.
El plan tiene cinco características: acompañar los proyectos de vida de los jóvenes; promover activamente su inclusión social a través de herramientas que permitan el acceso a sus derechos básicos; impulsar la participación en actividades educativas, formativas, sociales, culturales y recreativas; generar instancias de participación en el desarrollo de sus comunidades, como actores y actrices fundamentales; y financiar proyectos socioproductivos, sociolaborales, sociocomunitarios y socioeducativos llevados adelante por jóvenes.
Los jóvenes que se inscriban contarán con una asignación mensual de recursos para “la inclusión joven de manera directa e individualizada" de $8.500 durante 12 meses, y podrán acceder a maquinarias y herramientas para poner en marcha fortalecer sus emprendimientos.
Fuente:ElDestape
30/01/2021 BOLETÍN OFICIAL
Autorizan un aumento de 3,5% en la medicina prepaga a partir del 1 de marzo
Los Agentes del Seguro de Salud y las Entidades de Medicina Prepaga deberán incrementar los valores retributivos de las prestaciones médico-asistenciales brindadas a sus beneficiarios y usuarios.
El Ministerio de Salud de la Nación autorizó a las Entidades de Medicina Prepaga un aumento general, complementario y acumulativo de hasta un 3,5 por ciento en el precio de sus prestaciones a partir del 1 de marzo próximo.
Así lo establece la Resolución 531 publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro Ginés González García, y alcanza a los agentes de salud inscriptos en el Registro de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).
En consecuencia, los Agentes del Seguro de Salud y las Entidades de Medicina Prepaga deberán incrementar los valores retributivos de las prestaciones médico-asistenciales brindadas a sus beneficiarios y usuarios por los prestadores inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores de la Superintendencia de Servicios de Salud en un 3,5%.
En los considerados de la medida, se menciona que "las entidades representativas del sector han expresado su preocupación por el estado crítico en que se encuentran la mayoría de los prestadores y enfatizado la necesidad de incrementar los valores retributivos que perciben por las prestaciones que brindan, a fin de paliar dicha situación y garantizar su continuidad".
Al observar la variación que sufrieron los costos en salud, se remarcó que "los mayores costos del sector y la valiosa y necesaria inversión que han debido realizar los prestadores para hacer frente a la pandemia y evitar el colapso del sistema sanitario, se vieron asimismo acompañados por la reducción de las tasas de uso de otras prestaciones habituales y/o de rutina no vinculadas con Covid-19 y postergadas en función de la priorización sanitaria de esta enfermedad".
Esto "repercutió en un menor ingreso económico por tales prestaciones mientras que los costos fijos de estructura asistencial prevista al efecto se mantuvieron prácticamente inalterables, o incluso hasta se incrementaron", señala la resolución publicada este sábado.
Fuente:Telam
No hay comentarios:
Publicar un comentario