06 de marzo de 2021
El costo de la demora en la vacunación porteña
Coronavirus: mueren dos médicos de hospitales de la ciudad que no estaban vacunados
Fallecieron dos médicos porteños que no habían recibido sus vacunas. María Rosa Fullone, de 56 años, médica del Hospital Fernández murió este jueves y se suma a Carlos Sereday, de 65 años, que trabajaba como jefe de cirugía plástica del Hospital de Quemados y también perdió la vida por covid el sábado pasado. Mientras tanto, el jefe de Endocrinología del Hospital Ricardo Gutiérrez ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva. El asunto es que, como son personal de salud, forman parte del grupo prioritario que ya debería haber recibido sus dosis. Desde la cartera sanitaria porteña aseguran que Fullone se negó a vacunarse en primera instancia y luego retomó su turno para el 23 de febrero, pero el 19 ya se había enfermado de covid.
En Ciudad aún resta inocular a buena parte de los médicos y se enciende la polémica, sobre todo, cuando es categórica la reducción de infecciones que implican las vacunas. Según datos preliminares citados por el senador provincial y contador público Martín Barrionuevo, entre los infectados totales de CABA, durante los meses pasados el personal de salud variaba entre el 3% y el 4% y, en el presente, ese número está por debajo del 1%. La buena noticia es que las vacunas funcionan, la mala es que no están siendo aplicadas a la primera línea de acción frente a la pandemia.
“Somos 40 mil trabajadores de Salud que dependen del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un 20% está dispensado por enfermedades preexistentes y de los 32 mil que restan, solo el 50% no está inmunizado. Los que están en sus casas a resguardo podrían recibir sus dosis para poder volver al trabajo pero ni siquiera eso, tampoco lo hacen. Estas dos nuevas muertes, de los compañeros del Quemado y del Fernández, se produjeron porque no estaban vacunados. Yo me pregunto: ¿cuántos más tienen que morir? Somos los primeros que deberíamos recibir la protección y no está ocurriendo”, señala Héctor Ortiz, secretario general de ATE Hospital Durand, delegado en el Hospital de Niños Pedro Elizalde y dirigente de la agrupación Hospitales de la Ciudad. Luego continúa con el detalle de la situación que experimenta el área. “Recibimos más de 220 mil dosis y somos 40 mil, no sabemos qué está pasando, a dónde van; lo que vemos es que no se terminó de inmunizar a nuestro grupo de riesgo y ya se pasa a la siguiente. Lo que escucho es que van a las prepagas más caras, que están haciendo negocios, habrá que comprobarlo”, advierte. Y luego apunta contra la gestión del ministro de Salud porteño: “Lo que sé es que Quirós no viene de los hospitales públicos, sino de los privados. Es un médico que toda la vida tuvo vínculo con los privados. Pinta los hospitales por afuera y les pone plantitas, pero por dentro se caen a pedazos, tenemos camillas con más de 100 años en el Durand”.
De acuerdo al Monitor Público de Vacunación --como expresa Ortiz-- la Ciudad recibió 221.225 dosis, aplicó 157.800, 122.195 con la primera dosis mientras que 35.605 con las dos. En este sentido, de acuerdo a los datos oficiales, es posible advertir que todavía no aplicó aproximadamente 60 mil; el meollo es conocer qué grupos prioriza y por qué todavía hay miembros del personal de salud que fallecen por la covid. “Estoy muy mal de los nervios, alrededor de 150 personas que componen el personal de salud del Hospital no hemos sido vacunadas. Estamos desesperados con mis compañeros, ya no sabemos qué hacer, la información cambia día a día, vemos llegar los aviones con dosis de Rusia y de China, pero las vacunas no están para nosotros. ¿Dónde están esas vacunas? Yo no estoy afiliada a Swiss Medical, no tengo al Hospital Italiano, el Alemán, ni ninguno de ellos, ¿dónde me vacuno?”, comenta Marta García, administrativa en el Hospital de Quemados desde hace 38 años. García, que compartió institución y conoció Sereday, expresa conmocionada: “Carlos fue una excelente persona, un tipo laburante, tranquilo, muy respetuoso, un gran compañero de trabajo. Estamos todos mal anímicamente, no hubo posibilidades de haberle salvado la vida. Estuvo internado por covid; si hubiera recibido la vacuna ello se habría evitado al igual que la doctora que falleció del Fernández. Nos sentimos muy expuestos, esto es inadmisible. Estamos exponiendo nuestra vida por autoridades irresponsables, el ministro desapareció de los medios”, subraya.
Desde un punto de vista similar lo manifiesta Ortiz: “Estamos muy preocupados, temerosos. Sobre todo por lo que se habla también de la variante brasileña que está haciendo estragos allá y que probablemente tenga circulación comunitaria en el país. Necesitamos vacunarnos de manera urgente, sino tendremos un problema realmente serio”. Después, marca una distinción con la situación en PBA: “En Provincia de Buenos Aires el proceso se ve mucho más serio, ellos terminaron de inocular a todos sus esenciales y nosotros que somos menos todavía vamos por la mitad”. En contraposición a lo que sucede en la Provincia de Buenos Aires, en donde ya los docentes comenzaron a ser inmunizados con las dosis de Sinopharm y empiezan a distribuirse también en mayores de 60 años, en CABA el proceso parece ser más tortuoso. A contramano de VacunatePBA --el sitio dispuesto para el registro de los bonaerenses que manifestaban su intención de inmunizarse-- son usuales las denuncias del colapso de la web dispuesta por el gobierno porteño y la inmunización se vuelve un acto burocrático al que se torna difícil acceder.
Un aspecto a tener en cuenta es que, según deslizan Ortiz y García, miles de dosis que correspondían al sector público están siendo reorientadas a las empresas de medicina prepaga. En diálogo con este diario, Gabriel Battistella, subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de CABA, a cargo de la logística y distribución de las vacunas en territorio porteño, brinda una explicación. “Debemos vacunar a 150 mil personas que componen el total del personal de salud, entre públicos y privados. Hasta el momento, entre el componente 1 de Sputnik V y las 33.300 de Sinopharm, recibimos 110 mil dosis e inmunizamos a 80 mil profesionales y nos falta inocular a unos 70 mil”, relata. Y completa: “Con las vacunas chinas y con el nuevo lote de Sputnik buscaremos inmunizar a todo el personal de salud que falta”.
La Ciudad cuenta, por un lado, con 19 hospitales públicos que inmunizan a los miembros de su propio personal, hospitales públicos sin vacunatorio que envían a sus trabajadores a unos de esos 19; y, por el otro, con 20 efectores que pertenecen a la seguridad social, hospitales comunitarios y prepagos con vacunatorio que también inoculan exclusivamente a sus trabajadores. Por último, hay profesionales que no están en los listados de instituciones públicas ni privadas y que, al ser considerados “independientes” reciben sus dosis en River. “Nosotros repartimos las vacunas en forma proporcional en relación a la nómina que tenemos. Al privado le van las dosis en forma proporcional a su población, lo mismo que sucede en el caso de los públicos”.
Por último, consultado por el fallecimiento de los médicos por Covid que no recibieron sus dosis, Battistela opinó: “Es una desgracia lo que ocurrió, nosotros montamos una estructura para vacunar 25 mil personas y solo brindamos 5 mil dosis diarias, es un problema presente en todo el mundo el retraso en la producción de sustancia activa. Cualquier muerte que pudo haberse evitado es más lamentable que otra, un compañero de trabajo, un adulto mayor, quién sea”.
"La violencia institucional nunca es el camino"
Formosa volvió la fase uno, hubo manifestaciones, represión y repudios
La policía de Formosa reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos una manifestación contra el gobierno de Gildo Insfrán por su decisión de volver a la Fase 1 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en la capital provincial a partir de un rebrote de coronavirus. El operativo que incluyó detenciones y provocó heridas en varios manifestantes fue repudiado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la Secretaría de Derechos Humanos, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y organizaciones de Derechos Humanos.
El regreso a la Fase 1 de la cuarentena fue decidida el jueves por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 luego de detectar un rebrote de 43 contagios, la mayoría en la capital.
El rechazo a la medida se tradujo en protestas que comenzaron en la noche del jueves y continuaron ayer a la mañana, cuando distintos sectores opositores a Insfrán convocaron a manifestarse desde las redes sociales y cientos de formoseños salieron a las calles. Alrededor de las 11, según la agencia Télam, hubo un intento de ingresar por la fuerza a la Casa de Gobierno, al que la policía respondió con balas de goma y gases. Con el correr de las horas el nivel de violencia creció y derivó en detenciones, corridas y heridas de balas de goma.
El ministro de Gobierno formoseño, Jorge Abel González, señaló que la policía “no tiene carta blanca”, que tenía la orden de “mantener la valla para evitar el contacto” con los manifestantes y que la represión comenzó cuando “les arrojaron huevos” y “los agredieron con cascotes y ladrillos”. Por ello “se dio intervención a la Justicia y al procurador, para hacer cesar esa acción”. González consideró a las protestas como “una movida política electoral” provocada por “un grupo agitador”.
Ante ese escenario, y pese al intento de justificación del accionar policial por parte de las autoridades locales, la Secretaría de Derechos Humanos condenó “violencia ejercida” y señaló que “el uso político que algunos sectores hacen de estos hechos y la violencia de algunos manifestantes no justifica el uso desproporcionado de la fuerza policial”.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señaló que “el Estado debe garantizar la libre expresión pacífica de la ciudadanía”. El funcionario enfatizó además que “La violencia nunca es el camino. Y mucho menos la violencia institucional”. En la misma sintonía se expresó la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, que señaló: “Rechazamos la represión a toda manifestación pacífica, así como nos oponemos a la restricción a la libertad de expresión. Nuestra obligación es fortalecer las instituciones y reducir la violencia”.
Irregularidades e investigaciones en la Dirección Nacional de Migraciones
Espionaje ilegal y mafia china durante la gestión macrista
Imagen: Leandro Teysseire
“El decreto 70 fue un acto de propaganda que solo sirvió para ocultar los delitos cometidos en Migraciones durante la gestión macrista”, dijo Florencia Carignano, directora Nacional de Migraciones ante las críticas de la oposición sobre la derogación de la norma macrista que propiciaba la expulsión de ciudadanos extranjeros. ¿A qué delitos se refiere? Según informó el organismo, la actual gestión esta investigando e hizo denuncias vinculadas a espionaje, falta de protección de datos y connivencia de funcionarios con la mafia china.
ESPIONAJE ILEGAL
“Cuando asumimos en Migraciones detectamos un sistema de espionaje ilegal sobre miles de personas”, denunció Florencia Carignano a fines 2019. Este sistema posibilitaba obtener información relativa al ingreso y egreso de personas al territorio nacional en tiempo real y mediante alertas específicas que implicaban indicaciones sobre a quién debían avisar si determinada persona entraba o salía del país.
Este seguimiento ilegal, que viola además la protección de datos personales, no contaba con ninguna autorización judicial ni requerimiento formal. El total de registro detectados en este sistema son más de 58.000, entre los que se encuentran periodistas, políticos, empresarios, artistas, y deportistas.
La actual gestión del organismo informó que, al advertir esta situación procedió a dar de baja de manera inmediata las alertas que no contaban con un requerimiento legal y radicó una denuncia penal el 22 de octubre del 2020.
Entre los nombres que figuraban en las alertas para que se informara sobre su egreso e ingreso al país estaban: Hugo y Pablo Moyano, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, Santiago Maldonado, Francisco de Narváez, Julio De Vido, Nicasio Eusebio Luna Arratia (que es testigo en la causa por desaparición de Santiago Maldonado), Jaime Eduardo Huenchullan Cayul (referente mapuche), Francisco Facundo Jones Huala y Federico Wahllberg (economista e integrante de Hipotecados UVA).
FALTA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Según afirmaron en la Dirección de Migraciones, al comienzo de la actual gestión también se detectó un excesivo otorgamiento sin criterios de claves que permitían acceder a información personal de ciudadanos y sus movimientos migratorios. Por ejemplo, había 20.400 claves otorgadas a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. "Este número es mucho más sugestivo si consideramos que en ese momento esa fuerza contaba con solo 13.000 mil policías, es decir que accedieron a más claves que policías", señalaron. Actualmente, las claves otorgadas en todo el país ascienden a 5.800.
MAFIA CHINA Y VENTA DE RESIDENCIAS
A fines de 2016 fue detenido Leonardo Javier Rende, que era jefe de la Mesa de Entrada de la Dirección Nacional de Migraciones. Fue arrestado (y luego liberado) en una causa en la que se investigaba a la mafia china. El vínculo se descubrió a través de escuchas ordenadas por la Justicia. "Los funcionarios de migraciones no son baratos", comentaban, por ejemplo, los involucrados.
En su momento, la causa judicial no avanzó sobre otros funcionarios de Migraciones, pero la actual gestión inició sumarios administrativos y apartó de sus cargos a quienes firmaron expedientes sospechosos e irregulares. "Hay muchas radicaciones sin criterio que se están investigando. Por lo que sabemos había muchas cosas tarifadas, una residencia podía costar 25 mil dólares", relataron desde el organismo.
El caso más grave involucra a la secretaria del entonces director nacional de Migraciones, Horacio García, quien firmó más de 3 mil radicaciones sin chequear antecedentes penales.
CONTROL DE OPINIONES y RASTREO DE REDES SOCIALES
Según revelaron en Migraciones, durante la gestión de Rogelio Frigerio en el ministerio de Interior, se puso en funcionamiento el sistema Red Hat, que se centraba en controlar los perfiles en redes sociales de los ingresantes a la Argentina. El sistema costó 71,6 millones de pesos en el año 2016 pero incluso durante el macrismo no fue usado porque no se pagó una franquicia. La actual gestión lo desestimó.
El Presidente exhibió cómo se distorsionó parte de su discurso en el Congreso
Alberto Fernández y un claro ejemplo de cómo se arman fakes news
A través de su cuenta de Twitter, el Presidente recomendó la lectura de una serie de publicaciones que realizó en esa red social el economista Lavih Abraham, quien contó su interacción con el portal ‘Chequeado.com’ respecto a una afirmación del Presidente sobre la inflación durante la Asamblea Legislativa y lo que luego publicó ese medio.
“Te recomiendo leer lo que expresa Lavih Abraham. Tiene sentido que lo hagas”, propuso Fernández en su cuenta de Twittter y compartió el hilo del economista. “Vas a advertir cómo manipulan opiniones y sacan las conclusiones que convienen a sus intereses. Así tergiversan la verdad y construyen falacias”, remarcó en su posteo el Presidente para luego plantear: “Ocupate vos de chequear la realidad”.
En su cuenta de Twitter, el economista de Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía contó que tras la exposición de Fernández en la apertura de sesiones del Congreso recibió un llamado de Chequeado.com para consultarlo por uno de sus tramos del discurso. En concreto ese medio le pedía opinión sobre la afirmación del Presidente: “Durante 2020 pudimos reducir en 18 puntos la inflación que heredamos en 2019”.
“Chequeado quería saber si la intervención estatal no habría ‘distorsionado’ el valor”, relató Abraham y agregó: “Mi respuesta fue que controlar la inflación es, necesariamente, intervenir. Si el Gobierno decide controlar las tarifas, poner controles de precios o evitar una devaluación brusca, lo hace para que no aumenten ciertos precios”.
“En definitiva, se controló la inflación porque se controlaron los precios, una tautología. Quieren hacer pasar por ‘chequeo’ lo que es parte del análisis de políticas económicas”, añadió el economista. Luego explicó que “la idea de que cualquier intervención estatal es ‘distorsiva’ de la ‘verdadera’ realidad económica revela un profundo sesgo ideológico. La realidad económica se construye políticamente y el Estado es uno de los actores que la moldean”.
El economista denunció que “finalmente, en la publicación pusieron que el dato era ‘engañoso’, lo cual es mentira, es un dato verdadero que no puede estar sujeto a interpretación. Por supuesto no publicaron mi respuesta”, denunció.
Asimismo, Abraham resaltó que “Chequeado acaba de cambiar la calificación de ‘Engañoso’ a Verdadero pero’”. “Me parece muy bien que corrijan y, aun mejor, que las redes sociales sirvan para que sucedan estas cosas”, sentenció.
Alberto Fernández repudió el hecho
Otra bolsa mortuoria frente a una unidad básica
Imagen: Twitter Lorena Pokoik
La legisladora porteña del Frente de Todos, Lorena Pokoik, denunció a través de la redes sociales que frente a la unidad básica que conduce arrojaron una bolsa mortuoria, similar a las que se vieron en Plaza de Mayo en la marcha opositora del sábado pasado. Al repudio se sumó el presidente de la Nación.
"Nombre: Justicia. Óbito: Esperando la vacuna que se aplicó el hijo de Moyano y por esperar la falsa oposición. Q. E. P. D.", se lee en la bolsa, en un mensaje parecido al del sábado en las bolsas colgadas frente a la Casa Rosada. La bolsa apareció frente al Centro Político y Cultural "Pensando en vos siempre", que dirige Fernando Moya en la Comuna 10.
Para Pokoik", "es un hecho grave que debe poner en alerta a la sociedad ante el avance irracional de quienes se oponen a la democracia". La legisladora hizo "un llamado urgente a los distintos sectores políticos a repudiar este hecho" y pidió que cesen "estas manifestaciones que ponen en peligro la vida democrática.
El tuit de Pokoik con las imágenes de la bolsa fue retuiteado, entre otros, por el presidente Alberto Fernández, quien señaló que se trata de "una muestra de brutalidad política" y llamó a "no entrar en ese juego" ya que "somos quienes siempre cuidamos y respetamos los valores democráticos". Al mismo tiempo, el jefe de Estado pidió que paren "los energúmenos que hacen estas cosas" y que "el país nos reclama unidad y paz".
Las bolsas mortuorias del sábado pasado concitaron un repudio del que no se hizo eco Juntos por el Cambio, que relativizó la puesta en escena del grupo Jóvenes Republicanos.
Con nutrida participación, se puso en marcha el Consejo Económico y Social
Un intento de discutir el mediano y largo plazo
Imagen: Télam
El Consejo Económico y Social (CES) tuvo este viernes su reunión inaugural, que cerró el presidente Alberto Fernández. La cita comenzó temprano en Parque Norte y se llevó adelante a partir de unas cuantas mesas específicas de trabajo integradas por los consejeros, que son representantes del mundo sindical, empresarial, académico y científico y organizaciones sociales y ONG, junto a miembros del gabinete nacional. “Esto parece un caso excepcional pero debería ser lo cotidiano, poder sentarnos juntos a pensar el futuro y ver hacia dónde queremos llevar a la Argentina”, dijo Fernández.
El CES no aborda las discusiones de la coyuntura. En cambio, busca ordenar la agenda de mediano y largo plazo, que en la Argentina parece muchas veces una quimera. Es un terreno donde el Presidente juega cómodo y le permite sumar puntos en su papel de dialoguista. "A la Argentina le encanta prenderse en discusiones estériles. Pero acá vemos en dónde está lo verdaderamente importante, la importancia de dejar de pelearnos por cosas secundarias. Tenemos por delante un tiempo fundacional a partir de la pandemia", dijo el mandatario.
“Hemos trabajado ocho horas, destaco la capacidad de escucha y diálogo. Pudimos comenzar a delinear una hoja de ruta y vamos a seguir trabajando en las próximas semanas en proyectos concretos”, dijo el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, quien preside el CES. También participaron ministros y secretarios de Estado, quienes se sentaron en las mesas de diálogo junto a los consejeros.
Quiénes son
El Consejo Económico y Social (CES) fue creado por el Poder Ejecutivo para “la búsqueda de consensos sobre prioridades estratégicas”. Por el lado empresarial, los consejeros y consejeras son Miguel Acevedo y Carolina Castro (UIA), Carlos Achetoni (Federación Agraria), Edith Encinas (Fedecaba Conam), Marcelo Fernández (Cgera), Iván Szczech (Cámara de la Construcción), Natalio Mario Grinman (Cámara de Comercio), Sergio Kaufman (Accenture), José Martins (Bolsa de Cereales), Beatriz Tourn (CAME) y Paula Bibini (Unión Industrial de Salta).
"Hay que reconocer la capacidad de Béliz de organizar y de motivar. Tenemos un optimismo interesante, creo que esto nos impulsa hacia un solo objetivo, que es salir de estas décadas de fracasos y frustraciones. Fue una jornada en donde nos conocimos y pudimos dialogar francamente sin planteos sobre la coyuntura y pensando en las cosas que hay que hacer a futuro", dijo Natalio Mario Grinman (CAC). En tanto, Miguel Acevedo (UIA), dijo que “estamos pensando a la Argentina, no importa la posición política, para que le pueda servir al gobierno y al país”.
"Creo que se puede pensar un mediano plazo en donde haya una defensa de los intereses sectoriales pero con una idea de superación y consensos", dijo Carlos Achetoni (FAA), a quien le tocó estar en la mesa de "Ecología integral y desarrollo sustentable".
El frente sindical del CES está compuesto por Héctor Daer (CGT), Gerardo Martínez (Uocra), Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), Antonio Calo (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Hugo Yasky (CTA), Hugo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancaria), Ricardo Pignanelli (Smata), Maria del Carmen Battaini (Jufejus), Ana Cristina Loaiza (Movimiento Nacional Campesino Indígena), Esteban Castro (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y Fernando "Chino" Navarro (Movimiento Evita).
Ricardo Pignanelli, del Smata, que pidió declarar a la industria nacional como “estratégica”, mientras que Héctor Daer, de la CGT, destacó la necesidad de llegar a consensos “tanto desde el punto de la sustentabilidad social como del desarrollo tecnológico”. En tanto, Ana Cristina Loaiza, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, pidió luchar contra el desarraigo.
Desde el ámbito académico y científico, participan del CES Alicia Bohren (Universidad Nacional de Misiones), Alberto Barbieri (UBA), Delfina Veiravé (Universidad Nacional del Nordeste), Marita Carballo, por la Academia Nacional de Ciencias. Morales y Políticas; Carolina Carrillo por el Instituto Milstein y Ana María Lois, por el Conicet. También forma parte Juan Carr, de la ONG Red Solidaria; Edith Encinas (Conam), Carolina Carrillo, científica e investigadora del Instituto Milstein, contó que “fue un día de mucho trabajo, de encuentro transversal, con distintos sectores y miradas. Es la única oportunidad para pensar políticas de largo plazo”.
La agenda del CES
El CES está organizado alrededor de cinco ejes, los cuales a su vez se despliegan en una serie de puntos. La “Comunidad del cuidado y seguridad alimentaria” incluye la lucha contra el hambre y la extrema pobreza, transformación de planes asistenciales en empleos y formación de precios de alimentos. El capítulo de “Educación y trabajos del futuro” abarca a la formación en profesiones estratégicas como puente entre ciencia-producción y empresas-sindicatos y promoción de habilidades tecnológicas en los sectores más vulnerados.
El capítulo de “Productividad con Cohesión Social” incluye la armonización tributaria, sistema de defensa de la competencia, acceso al crédito y facilitación de inversiones, integración global de las economías regionales. El apartado de “Ecología Integral y desarrollo sustentable” incluye desarrollo verde y recursos naturales, reordenamiento territorial y poblacional, transición energética y economía circular. Por último, la “Democracia innovadora” abarca políticas de género, integridad pública y privada y Poder Judicial.
La liquidación de exportaciones de granos promete divisas récord
La mesa Gobierno-campo cotiza en dólares
Imagen: Télam
En el frente económico, el Gobierno Nacional consigue buenas noticias en materia de actividad, pero hay una novedad que sorprende. Ya hay un ingreso de dólares importante del lugar menos pensado: el campo. Fuentes de la agroindustria aseguraron a Página I12 que el 2021 terminará con un ingreso de divisas por liquidaciones de exportaciones de granos superior a los 30 mil millones de dólares, por encima de la media histórica, ubicada entre 24 y 25 mil millones. Y picos muy elevados en el segundo trimestre del corriente, la época más activa del negocio.
El fenómeno tiene, según el sector, dos explicaciones: la primera es netamente económica, dado que los precios internacionales de los commodities agropecuarios vuelan en el mercado de Chicago y no sólo en soja. La segunda razón, política: cuentan desde el sector que la apertura de una rama negociadora del campo identificada con el Consejo Agroindustrial (Exportadores, tres patas de la Mesa de Enlace, la UIA y las economías regionales) redunda en mejores nexos entre el sector privado y el público. En esa articulación, de hecho, se hizo el primer acuerdo de desdoblamiento de precios de los aceites, que tuvo como contraparte un congelamiento del posible aumento de retenciones para casi toda la cadena, lo que modificó ánimos e incentivó negocios.
Por el lado de los empresarios, apuestan a un año de números récord y a que los acuerdos políticos con el Ejecutivo y la paritaria sectorial destrabada, eviten conflictos en los puertos que puedan frenar cifras muy elevadas. En febrero de este año, la Cámara Aceitera y Agroexportadora CIARA CEC, comunicó la liquidación de 1800 millones de dólares, la cifra más importante en 18 años, sólo superada por los 1892 millones del 2014. Pero lo que sigue será superior, según la industria.
Las liquidaciones de granos son, básicamente, la compra de granos que luego serán exportados tanto en porotos como en producto procesado (aceites y harinas). Entre abril y junio, el período más intenso de las estas ventas, se espera que ingresen unos 2500 millones de dólares cada mes. Ése es el cálculo menos optimista. De hecho, la Bolsa de Rosario estima un ingreso total para el año cercano a los 35 mil millones de dólares, pero en el sector son más precavidos.
Los precios, la recaudación y los vínculos
Naturalmente, el Gobierno celebra los frutos de una alianza política que le refuerza no sólo las reservas del Banco Central, sino que le permite poner a la exportación de granos como uno de los impulsores del tributo que más recauda la AFIP, los derechos de exportación. El dato es relevante dado que el IVA, que usualmente suma mucha recaudación, recién ahora empieza a crecer en términos reales.
Los precios internacionales de los commodities en pandemia parecen darle a Argentina un viento de cola en tiempos difíciles. Y no sólo es la soja, que supera los 500 dólares por tonelada (el valor más alto en años), sino también en los otros granos. El caso más fuerte es el del trigo, que usualmente cotizaba a 150 dólares promedio por tonelada, y hoy oscila por arriba de los 250 dólares. En el caso del maíz, la Bolsa de Rosario reportó en las últimas horas que por mayor precio, los ingresos por exportaciones en esta campaña podrían alcanzar el récord de 7960 millones de dólares, casi 2000 millones más de facturación que el período anterior.
En este contexto, la revalorización del modelo agroindustrial fue puesto en la esfera pública por el presidente Alberto Fernández en su discurso ante la asamblea legislativa. La única mención con nombre propio al establishment fue al Consejo Agroindustrial. Trabajan con el sector en una ley que fomente la exportación de productos terminados, y los empresarios se han movido con inteligencia tocando todas las patas del Frente de Todos. Fotos y reuniones con el primer mandatario, la vice Cristina Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
La mención del Consejo el 1 de marzo recibió hacia adentro del organismo una recepción positiva que alcanzó, incluso, a los integrantes de la Mesa de Enlace. Hubo beneplácito en Coninagro y Federación Agraria, y ninguna crítica de Confederaciones Rurales. Por su parte, la Sociedad Rural se mantuvo intransigente y expresó a través de su titular, Daniel Pelegrina, que el presidente no había referido al campo en su ponencia.
Fuente:Pagina12
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