COLOMBIA.

 

¿Seguridad en Bogotá? Paramilitarismo 

y otras formas de control territorial

Por Heidy Sánchez. Resumen Latinoamericano, 16 de abril de 2021.

La política de seguridad de la ciudad depende de muchos factores, pero, sobre todo, de una evaluación objetiva de la realidad que permita la construcción de herramientas que incidan positivamente en este aspecto de la vida ciudadana, en cambio, la administración de Bogotá elige hacerse la de la vista gorda con un problema que cada vez se hace más evidente e incontrolable en la ciudad: el control territorial de grupos neoparamilitares.

Desde la política de la “seguridad democrática” la ciudad ha reincidido sistemáticamente en un error (por decir lo menos) en términos de seguridad ciudadana: para la época, los esfuerzos estatales se concentraron en confrontar a las guerrillas, mirando hacia otro lado cuando se trataba del control de grupos paramilitares o sus herederos en el contexto urbano. En consecuencia, para 2009-2010, había presencia documentada de varios de estos grupos en la ciudad, pero tanto las autoridades nacionales como las distritales negaban el control territorial que tenían (1).

Hoy en día hay por lo menos dos líneas de continuidad frente a la política de ese entonces; la primera, el negacionismo oficial: según la Policía Metropolitana de Bogotá actualmente no hay presencia de Grupos Armados Organizados (GAO), tan es así, que hay mayor preocupación de las autoridades por la presencia de disidencias de las FARC o del ELN “para cometer actos vandálicos” (queriéndoles ligar a la protesta social), que por la presencia de grupos neoparamilitares que ejercen un efectivo control en los barrios de la ciudad.

La segunda, la evolución de las dinámicas de control territorial se siguen presentando en función de la “subcontratación” de estructuras delincuenciales locales para efectos del aseguramiento del mercado del microtráfico y el monopolio sobre otras dinámicas delictivas.

Ejemplo paradigmático de esta línea de negacionismo oficial es el caso de las Águilas Negras, un GAO que sigue amenazando a líderes sociales e incluso funcionarios de la administración hasta el año pasado, pero que, según la policía, es una “marca criminal”, una especie de franquicia usada indistintamente por grupos delincuenciales para cubrir delitos comunes.

Pues bien, esta franquicia ha demostrado no solo una perdurabilidad en el tiempo alarmante (desde 2006), sino que evidentemente reproduce las lógicas de control territorial del paramilitarismo, en especial, la sistematicidad del señalamiento a líderes de izquierda y dirigentes sociales. En ello coincide la Defensoría del Pueblo (2) al señalar que son una amenaza latente con efectivo control territorial sobre varias zonas de la ciudad y sus alrededores.

La presencia paramilitar en el sur de la ciudad

El Bloque Capital (nunca desmovilizado en el proceso de Ralito) aún tiene presencia, según denuncias de la ciudadanía, en Altos de Cazucá (Soacha), Ciudad Bolívar, Santafé, Los Mártires, Puente Aranda, Engativá, San Cristóbal, Usme y Kennedy. Su objetivo es captar diferentes rentas a partir de extorsiones, secuestro, narcotráfico, legalización y comercio de predios (el negocio de los llamados “tierreros”), y también se expande hacia los San andresitos, San Victorino y la Plaza de Abastos.

Este Bloque realmente nunca desapareció, se reconfiguró en otras estructuras paramilitares por medio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las águilas negras, los pascuales, los obispos, los boyacos, los rastrojos, los sayayines y los paisas.

Por ejemplo, en la localidad de Ciudad Bolívar, en barrios como Santa Viviana, Santo Domingo (zona borde con Soacha), Paraíso, Lucero alto, Marandú, Villa Gloria, Divino niño, San Francisco, Compartir entre otros, es evidente la presencia de grupos al margen de la ley y del paramilitarismo, reclutando de manera descarada a los jóvenes para integrar estas bandas criminales y sicariales.

El barrio Santafé, un ejemplo de control territorial

Hemos recibido también denuncias de la comunidad del barrio Santafé sobre el control y la disputa territorial entre bandas dedicadas al narcotráfico, de la mano con delincuencia común y desafortunadamente la policía, razón por la cual, existe un miedo a presentarlas ante estas mismas autoridades.

En este barrio las denuncias van desde agresiones físicas, como las sufridas por una chica lesbiana que fue atacada por narcotraficantes de la zona y que por defender a su mamá resultó varios días hospitalizada; hasta el control territorial que alias “Milton” ejerce sobre el barrio, quien a pesar de estar en detención domiciliaria se mueve con documentos falsos ejerciendo un dominio criminal entre las calles 19 y 21.

¿En qué se materializa este control? en hechos como el constante hurto a una comerciante del lugar (hurtos cometidos en compañía de alias “Shaggy”), cuya hija, además, es obligada a vivir con otro traficante, alias “Edgar”.

Todo lo anterior frente a la inacción de la policía que, según las denuncias de las habitantes, participa de las rentas criminales. Como ejemplo de lo anterior, recibimos la denuncia de que, en presencia de la misma policía, se había golpeado a esta comerciante, igualmente, esta chica lesbiana ha sido golpeada por dichos agentes hasta tumbarle los dientes, ha sido apuñalada y le han cortado su cabello.

Asimismo, se nos informa sobre una subcontratación de los grupos expendedores, entre los cuales se destaca un grupo de mujeres que controlan el microtráfico en la calle 21, quienes además agreden a otras mujeres de presencia histórica en el sector, ingresando a la gente a la olla para golpearles.

Se denuncian alianzas entre los conocidos “Boyacos” y “Pereiranos” quienes eran anteriores rivales en época del Bronx, para enfrentar a una nueva dinámica de traficantes relacionados, al parecer, con el conocido cartel del “Tren de Aragua”, situación que ha exacerbado la violencia y el desplazamiento intraurbano de trabajadores, comerciantes y habitantes.

Todo esto se conecta con la nefasta estrategia usada en el Bronx como también en su época en el cartucho y hoy se repite en el sector del Barrio San Bernardo, en donde se impacta la infraestructura de las ollas para supuestamente acabar con las mismas, pero lo que se hace es dispersar y atomizar las bandas delincuenciales por toda la ciudad y generar nuevos focos de inseguridad.

No es posible que todas estas situaciones se presenten en la cara de las autoridades sin que haya una reacción al respecto, no hay confianza de la gente en la policía local ni en la MEBOG por lo que hemos pedido que la Inspección Nacional de la Policía y la Secretaría de Seguridad investiguen todas estas denuncias, sin embargo, el Santafé es apenas una muestra de una dinámica que se repite en varias zonas de la ciudad, en especial, el occidente y el sur de esta.

Una errada política de seguridad distrital.

Todo esto es evidencia de que la administración se está haciendo la de la vista gorda con la existencia de grupos armados neoparamilitares frente a lo cual la ciudad no tiene una solución que vaya más allá de la persecución a los eslabones más débiles de la cadena criminal (el microtráfico) o a las víctimas (los consumidores de Sustancias Psicoactivas -SPA-).

En cambio, desde la Colombia Humana – Unión Patriótica creemos que la solución a las más graves amenazas de seguridad en la ciudad (dentro de ellas el control territorial de grupos armados organizados, muchos de ellos herederos del paramilitarismo) debe hacerse desde un enfoque de seguridad humana, de atención integral a los factores que permiten la proliferación de la criminalidad y de reconocimiento del problema y su magnitud.

Asimismo, el aumento del pie de fuerza sin reforma estructural de la policía solo se traduce en un incremento del abuso de poder (como lo demuestran los hechos del 9 y 10 de septiembre) y la proliferación de frentes de seguridad (la otra estrategia de la administración) que más que “redes de comunicación ciudadana” son verdaderos grupos de patrullaje y control territorial con la anuencia de la policía es un incentivo a un fenómeno cada vez más preocupante y evidente: la paramilitarización de la ciudad.

Notas:

(1) Ariél Ávila. Bogotá cercada. En Revista Arcanos No. 15. Abril de 2010. pp. 46-63.

(2) Alertas tempranas de la defensoría del pueblo: 086 para las localidades de Rafael Uribe Uribe, Usme y san Cristóbal, 023 para las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Fontibón, 046 para las localidades de Mártires, Candelaria y Santafé, 026-2018 para todo el distrito capital (líderes y defensores de DDHH).

(*) Heidy Sánchez Barreto, Concejal de Bogotá por Colombia Humana – Unión Patriótica, es abogada y cursó una especialización en Derecho Ambiental y un máster en Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia.

Fuente: Cuarto de Hora

El internacionalismo debe sentirse 

en el Paro Nacional

Por Nelson Lombana Silva. Resumen Latinoamericano 16 de abril de 2021.

El genuino internacionalismo proletario debe sentirse con fuerza en el Paro Nacional programado para el 28 de abril. Hay suficientes razones para pensar así. Una de ellas es la inminente agresión militar que se cocina contra la hermana república bolivariana de Venezuela, desde territorio colombiano con la anuencia directa del Centro Democrático y el blandengue presidente Iván Duque Márquez, por parte del imperialismo norteamericano.

Esas mentes calenturientas que animan la brutal invasión al parecer no dimensionan en lo más mínimo las catastróficas consecuencias que un hecho de esta naturaleza generaría no solo en los dos territorios, sin en toda América Latina. Las guerras han dejado de ser juegos de niños en un espacio delimitado que solo afecta a los ejércitos en conflicto. La guerra de cuarta generación ya no delimita un espacio, ni los dos ejércitos en conflicto. Resulta ilimitado y compromete a todo mundo, chicos, grandes, aliviados, enfermos, lisiados, hombres y mujeres.

En esa loca carrera guerrerista, los medios masivos adictos a la oligarquía, juegan papel preponderante, porque sutilmente van metiendo al pueblo al conflicto de una manera subliminal. Crea en el pueblo analfabeta odio visceral a punta de mentiras. Además, genera falso nacionalismo (chauvinismo), terminando por apoyar el objetivo estratégico trazado por los Estados Unidos. Alguien comentaba: “Yo estoy de acuerdo con el gobierno venezolano, pero en una confrontación bélica no dudaría en colocarme de lado de Colombia así no me guste el gobierno actual”.

Se hecha por la borda la historia, la tradición y el pensamiento del libertador Simón Bolívar. Se olvida también que en la hermana república hay más de seis millones de colombianos y colombianas. La desinformación y la publicidad mediática nos ciega, nos hacen zombis mecánicos que actuamos a simples impulsos programados por los interesados en crear ese clímax, en defensa de sus intereses de clase.

La invasión a Venezuela está en marcha hace rato. Son numerosas las escaramuzas que se han generado contra este pueblo hermano desde Colombia.  Un pueblo hermano que se prodigó a fondo para que los diálogos con la guerrilla de las Farc – Ep llegaran a un acuerdo. Así paga el diablo quien bien le sirve.

El pueblo colombiano no puede ser cómplice de esta brutal aventura belicista que nos quieren embarcar los Estados Unidos utilizando la postura genuflexa del gobierno colombiano. Por eso, el 28 de abril, hay que salir masivamente a rechazar la invasión militarista a este país desde Colombia, demandar el cumplimiento del principio de la libre autodeterminación de los pueblos y abogar por unas relaciones diplomáticas fraternales y de respeto mutuo.

Esta área importante del mundo hace rato fue declarada territorio de paz. Tenemos el sagrado deber de defender esta iniciativa y cerrarle el paso a los carroñeros de la guerra. No más violencia imperialista en nuestro país. Sobre todo, cuando sabemos que quienes arman estas guerras de rapiña no van a la trinchera, no colocan su pecho. Son los hijos del pueblo los que van a matarse mutuamente sin saber exactamente por qué y tras de qué.

Este tema no es secundario. Hay que entenderlo así. Por eso, hay que salir a la calle el 28 de abril con decisión y coraje exigiendo la libre autodeterminación de los pueblos, el internacionalismo proletario.

Fuente: PaCoCol

Fumigar con glifosato «es atentar 

contra miles de vidas»

Resumen Latinoamericano, 16 de Abril de 2021.

En medio del fuerte rechazo al decreto mediante el cual el gobierno pretende volver a la aspersión con glifosato en el territorio nacional, son varias las voces que se manifiestan en contra de esta imposición, entre ellas las de comunidades rurales qué le han apostado a la paz.

En una nueva misiva una serie de comunidades de diversos territorios en el chocó y Antioquia aseguran que este decreto atenta contra miles de vidas pues produce contaminación, destrucción de especies vivas y afecciones directas e indirectas contra la salud humana.

Además señalan que la represión que este tipo de operaciones implica erosiona aún más el «Estado socioambiental de derecho» y profundiza la marginalidad y la exclusión de lo rural.

Invertir en fumigaciones con glifosato deja un saldo negativo

Para estás comunidades, otro de los asuntos importantes, es que estas inversiones militares no se necesitan y dejan saldos negativos en cuanto a violaciones de Derechos Humanos corrupción y complicidad con la dinámica del narcotráfico que invaden varios territorios.

También señalan que las fumigaciones aéreas con glifosato, los monocultivos como la palma de aceite, la minería y los proyectos petroleros madereros y ganaderos han representado una amenaza constante para las vidas.

Comunidades temen que las fumigaciones dañen lo que han podido recuperar en sus territorios

A pesar de ello señalan que sus formas de vida y sus maneras de interactuar en el territorio ha permitido la recuperación de muchas especies sin embargo este decreto es una amenaza para esos avances. Le puede interesar: Aspersión aérea: una estrategia fallida que se repite.

Vale la pena resaltar que una de las principales críticas a este decreto, y qué ha sido replicada por organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones nacionales, es que el porcentaje de resiembra luego de la aspersión con glifosato supera el 40%, encontraste con el 1% cuando se habla de planes de sustitución voluntaria. Lea también: Fuerte oposición a decreto que retorna el glifosato

Por último, comunidades y procesos hacen un llamado al diálogo y a la escucha por parte del gobierno para que comprenda integralmente el problema de los cultivos de uso ilícito y pidieron revocar este decreto como una muestra de compromiso y coherencia con los compromisos ambientales qué ha firmado el Estado ante instancias internacionales.

Fuente: Contagio Radio

Denuncian el asesinato de otro 

excombatiente

Resumen Latinoamericano, 16 de Abril de 2021.

Nuevamente un excombatiente y firmante del Acuerdo de Paz es víctima de la violencia en Colombia. El día de hoy la senadora Victoria Sandino e Indepaz confirmaron el asesinato de Fayber Camilo Cufiño Mondragon. En lo corrido de este año van 16 excombatientes asesinados, con un total de 265 víctimas después del proceso de paz.

Fayber Cufiño, que se acreditó en el año 2017 y estaba en proceso de reincorporación adscrito al ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) Urías Rondón Yarí.

Según la denuncia Fayber Cufiño fue abordado por hombres armados que le dispararon cuando iba en su motocicleta en la vereda La Cristalina, en el Municipio de la Macarena en el Meta.

Fayber Cufiño era hijo de Rubiel Moreno Herrera, otro firmante del acuerdo de paz y miembro del consejo directivo del ETCR Urías Rondón. Es decir que estos ataques no solamente están acabando con vidas de excombatientes sino con proyectos de vida y de familia que soñaron al acogerse al acuerdo de paz.

Las autoridades no han dado mayor información sobre este asesinato y se desconoce la identidad de las personas que atentaron contra el excombatiente, sin embargo líderes sociales, lideresas y organizaciones de DDHH han rechazado el hecho y piden al Estado la protección de la vida y del Acuerdo de Paz.

Fuente. Contagio Radio

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