Subzona 14 III: pedirán que se declare el "genocidio"
Este miércoles la fiscalía terminó de leer las acusaciones contra los cinco represores que afrontan el debate. La lista de las 197 víctimas de este juicio. "Estos jucios son un ejemplo", destacó el fiscal Palazzani, que adelantó la calificación propondrán para los hechos.
El fiscal Miguel Palazzani adelantó este miércoles que pedirán que los delitos que se juzgan en el tercer juicio de la Subzona 14 se declaren cometidos en el marco de un genocidio ocurrido en el país durante la última dictadura militar. El funcionario judicial exhortó a los jueces a dejar ese mensaje para la "memoria" histórica.
En los dos primeros juicios a los represores pampeanos el tribunal no convalidó esa interpretación. Las sentencias condenaron a los represores por asociación ilícita, secuestros y torturas.
Este miércoles continuó el debate que se desarrolla en el Aula Magna de la UNLPam. Los imputados siguieron el debate en forma virtual. Los fiscales Iara Silvestre y Miguel Palazzani, con la colaboración del auxiliar Federico Iparraguirre terminaron de leer las acusaciones que pesan sobre los represores, un acto que iniciaron el día anterior en la primera jornada.
En este juicio por primera vez se ventilan delitos de índole sexual cometidos contra víctimas secuestradas y torturadas.
Los acusados por primera vez son el militar Jorge De Bártolo y el comisario Humberto Riffaldi, y también están imputados el exjefe de la Policía, Luis Baraldini, el exsecretario de la Gobernación, Néstor Greppi, y el expolicía y represor Carlos Reinhart.
Riffaldi, como el primer día, no estuvo en la audiencia porque presentó un certificado médico.
Se ventilan 197 casos. Entre ellos, 11 víctimas nuevas. En el debate se espera que declaren 140 testigos.
Este miércoles prosiguió el juicio de manera virtual también el querellante Guillermo Quartucci, ya que aparecen los casos del copamiento del colegio de Jacinto Aráuz durante la dictadura. También siguen el debate otras víctimas querellantes, como Raquel Barabaschi, Pinky Pumilla y Graciela Bertón. Y el dirigente del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, Víctor Giavedoni.
Lesa humanidad y genocidio
El fiscal Miguel Palazzani este miércoles comunicó en la audiencia que los hechos descriptos se caracterizan como delitos de lesa humanidad imprescriptibles que no permiten indultos ni amnistías. "Es una obligación que el estado argentino tomó estos procesos de justicia que no han logrado ningún país en el mundo. Son un ejemplo", destacó.
El funcionario judicial dijo que fue "un ataque sistemático y generalizado" contra un sector de la población. "Fue planeado y diseñado", reafirmó.
Palazzani también interpretó que los hechos se cometieron en el marco de un "genocidio" que ocurrió en el país durante la última dictadura militar. "Esperemos persuadir a la mayoría del tribunal que por fin caracterice de esta forma a los hechos y a todo el proceso", auguró.
El funcionario rescató dos fallos de la Cámara Federal y del Tribunal Federal de Bahía Blanca que consideraron que este tipo de delitos se concretó dentro de un genocidio. "El ataque no fue al azar, obra de mentes enfermas que se levantaron un día y dijeron que iban a matar, secuestrar o torturar a alguien. Estuvo diseñado, las personas que sufrieron estos hechos fueron señalados por sus distintas militancias. Lejos estuvo esto del azar", rescató.
"La direccionalidad de eliminar un grupo nacional determinado que no respondía a la identidad que pretendía el orden imperante es constitutiva del delito de genocidio", remarcó. "Otra misión de los juicios es la construcción de la memoria y es importante que se diga", completó.
Responsabilidades, uno por uno
La fiscala Iara Silvestre detalló los delitos de genocidio, asociación ilícita, secuestros, torturas y abusos sexuales que se les atribuye, en diferentes casos, a los cinco imputados.
Luego se encargó de describir la posición que tenía cada uno de los imputados en la estructura represiva de la Subzona 14.
El militar De Bártolo tenía a cargo la parte operativa del Regimiento de Toay con el despliegue de las fuerzas militares en los operativos como el copamiento de Arauz o la detención de los ocupantes de la UTN de Pico, por ejemplo. En este juicio está acusado de 2 secuestros con tormentos, 83 secuestros de más de un mes y 2 abusos sexuales (coautor mediato).
Por su parte, Greppi era secretario general de la gobernación, aunque tenía una función paralela con participación en los secuestros y tormentos de las víctimas. En este juicio está acusado de 6 secuestros con tormentos, y y 2 abusos sexuales (coautor mediato).
En cuanto a Baraldini, era el jefe de la Policía de la dictadura y tuvo un rol protagónico en los operativos represivos, comandaba el grupo de tareas conformado desde la Subzona 14. Antes del golpe estaba a cargo de la inteligencia represiva desde el Regimiento en Toay. En este juicio está acusado de 8 secuestros con tormentos, 2 secuestros de más de un mes y 2 abusos sexuales (coautor mediato).
Riffaldi era el jefe del D2 (Informaciones de la Policía) y fue quién ordenó el operativo de secuestro de la maestra Arizo en la escuela de Paso de los Algarrobos. Está acusado de ese solo caso en este debate. "Inteligencia era una pieza clave", recordó la fiscala Silvestre.
Finalmente, el expolicía Reinhart (ya condenado en los dos primeros juicios) era miembro del grupo de tareas y estaba presente en operativos y en sesiones de torturas en la Primera. Era responsable de la aplicación de tormentos con picana eléctrica. En este juicio está acusado de 1 secuestros con tormentos, 144 secuestros de más de un mes y 1 abusos sexual (autor directo).
Las víctimas, por grupos
Las querellas agruparon a las víctimas por temas.
Estudiantes y profesores de la UTN de Pico que fueron secuestrados y sufrieron tormentos: Rosa Audisio, Raquel Barabaschi, Luis Barotto, Estela Barrios, Rubén Beccaría, Pedro Bellardo, Ricado Calvo, Jorge Luis Canciani, Hugo Clavería, Santiago Covella, Francisco Cortada, Graciela Espósito, Jorge Gancedo, Rosalinda Gancedo, Dante Gaute, Jorge Giusani, Osvaldo Gómez, Miguel Horacio Guinda, José Luis Leguizamón, Carlos Llinás, Mario Llinás, Walter Neher, Oscar Odetti, Eduardo Oporto, Juan Alberto Reucci, Zelma Rivoira, Héctor Oscar Súarez y Francisco Tineo.
Funcionarios y diputados relacionados con la UTN: Hérmes Accátoli, Aldo Cisul, Hugo Ferrari, Roberto Gil, Alfredo Lamas, Alberto Santín, Juan Carlos Sánchez, Gerardo Salandra y Ricardo Samos.
Estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de La Pampa: Sergio Baudino, Néstor Bosio, Miguel José Capella, Hugo Chumbita, Adrián Adolfo Di Santo, Carlos Enrique Guezzi, Dardo Hernández, Jorge Martínez, Ana María Roca, José Mendizabal, Mingote, Pedro Molinero y Esteban Tanccoff.
Copamiento del colegio de Jacinto Arauz: Julián Álvarez, Samuel Bertón, Luis Carlino, Estela Estévez,María Antonieta Lebed, Gerardo Nansen, Gustavo Browwer de Koning, Víctor Pozo Grados, Carlos Samprón y Guillermo Quartucci y los casos nuevso Mirta Elena Bertinat y Guillermo Humberto Mazzieri.
Secuestrados entre el personal de la Escuela Hogar de Santa Rosa: Humberto Mattei, María Teresa Fernández, Cristobal Rodríguez Kessi y Dionisio Paniego.
En la Escuela Paso de los Algarrobos secuestraron a la maestra María Zulema Arizo. Otra maestra, Mirta Susana Cisneros.
Casos en Alpachiri: Luis Brodsky, Arturo Echavarría, Enrique Fernández, Favio Fogost y Hubito Ravanal.
El sindicalista Carlos Aragonés y el entonces vicegobernador Rubén Hugo Marín están en un grupo de víctimas "dudosas" por las querellas, que incluso los han considerado colaboradores.
Sindicalistas: Roberto Coronel, Miguel Ángel Maldonado, Oscar Mario Montes de Oca y Augusto Máximo Menghi.
Periodistas: Nelson Nicoletti, Raúl Hugo Santesteban y Juan Carlos Pumilla.…
Detenidos por una broma en la ruta 35: Carlos Horacio García, Oscar Grande, Raúl Pastorino, Omar Seia, Roberto Torres.
Detenidos en La Adela: Roberto Carlos Prado, Luis Alberto Tomassini.
Funcionarios de la justicia: Osvaldo Néstor Vega, Ricardo Hernán Álvarez, Juan José Brower de Konning, Federico De Marco, Juan de Dios Uncal, Rolando Nevarez y René José Villanueva.
Artistas: Oscar Perna Almeida.
Cazadores (tenencia de armas): Héctor Oscar Aguirre y Juan Domingo Lucero.
Grupo "Vecos" Rodríguez, detenidos en el operativo requisa: Ramón Inocencio Rodríguez, Inocencio Rodríguez, María Cristina Rodríguez de Muñoz, María Cristina Rodríguez de Coronel, Julio Centurión, Delfor Rodríguez, Abel Rodríguez, Omar Garrido Reyes y Arturo Rodríguez.
Grupo de Intendente Alvear: Francisco Arena, Héctor Pepa, Nelson Vasallo, Omar Durán, Benigno Pepa, Graciano Mendiburu, José Erquicia, Pablo Seisdedos, Domingo Orazola, Ismael Kolinas, Francisco Machado, Alberto Benito y Alberto Julio.
Militantes políticos: Rafael Guardia, Orlando García, José Brinatti, Alfredo Veleda, Victorino García, Julio Matta, Pedro Sapia, Martín Severino Cortéz, Carlos Cortéz, Francisco Madera y Ricardo Mini.
Empresarios y comerciantes: Arturo Valle, Alberto Larrañaga, Roberto Santajuliana, Emir Bassa, Juan Salvadori, Luis Eulogio García, José García, Segundo Gómez, Jaso Elorriaga, Salvador Scarpello y Héctor Pedro Aguirre.
Funcionarios y familiares del gobierno de la provincia: René Alberto Molina, Héctor Nery Martínez, Nery Greta Sanders de Trucci, Walter Emer, Emiliano Gutiérrez, Jesús Ayet, Jorge Finiello, Arturo Thomsen, Zelmira Regazzoli, José Alberto Regazzoli, José Aquiles Regazzoli, Everto Cuevas, Héctor Manuel Zolecio, Omar Roque Medina, Victorino Vlasich, Julián Flores, Walter Riveiro, Francisca Vivas, Marcelo Vergara, Clemente Bediz, Hugo Avelino Cisneros, Rodolfo De Diego, Nicolás Navarro y Justo Ivalor Roma.
Grupo campo de Phillipeaux: Emiliano Varrentes y Felix Hurtado.
Grupo averiguaciones ordinarias: Dora Zapata, Juan Carlos Enriquez, Luis Perazzo, Juan Carlos Haddad, Olga Edith Juárez y Miguel Angel Pereyra.
Grupo Victorica: Ángel Alonso, Alfredo Toranzo, José Echeveste e Hipólito Pescara.
Grupo acusado de subversión económica: Nicolás Páez, Leopoldo Legarda, Jorge Licovsky, Tpmás Anchuvidart , Eduardo Hernandorena, Alejandro Ciorda, Carlos Ciorda, José Mamut y Rodolfo González.
Sin clasificar: Juan Carlos Bonggiorno, Nolberto Ponce, Juan Alfredo Gómez y Julio C. González.
Siloistas: Alejandro Rubén Andrada y Américo Pracilio.
Empleado municipal del Matadero, Jesús Oscar Rodríguez.
Soldados de Toay: Armando Noberto Lazcano y Pedro Ceferino Álvarez.
Fuente:ElDiariodeLaPampa
Juicio por la Subzona 14: Franco Catalani aseguró que “hay un montón de puntos oscuros” relacionados a contratos de obras públicas que tenían los militares en aquel entonces
En principio, Catalani señaló que en el día de ayer se realizaron “algunas cuestiones con relación al estado de salud de los cinco imputados”.
Por lo que indicó que uno de ellos no estará presente ya que hizo entrega de un certificado médico. Se trata de el expolicía Humberto Riffaldi, jefe del departamento de informaciones de la Policía, quien está acusado por el caso del secuestro de Zulema Arizo, una docente de una escuela rural. El resto de los imputados estuvieron presentes de manera remota, se trata de Roberto Oscar Fiorucci, Jorge De Bártolo, Néstor Greppi, Luis Baraldini y los ex policías, Carlos Reinhart y Roberto Oscar Fiorucci.
En el Aula Magna de la Universidad de La Pampa, donde se está desarrollando el juicio, estuvieron presentes los jueces Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava, la fiscal Iara Silvestre, la querellante Raquel Barabaschi, la abogada querellante bajo la figura de defensora de las víctimas Ivana Barneix y la defensora oficial Laura Armagno.
En tanto, Catalani señaló que como querellante también se encontraba presente Rafael Guardia, un ex militante político y sindical del año 1976 que pertenecía al partido revolucionario y formaba parte del sindicato de hacheros de la localidad de Rancul. “Por su actividad tanto sindical como partidaria lo secuestraron, torturaron y lo enviaron a una unidad carcelaria en Buenos Aires donde estuvo más de años antes de ser liberado”.
En lo que respecta al día de hoy, el abogado querellante explicó que se continuó con la lectura de la acusación fiscal con un total de 178 casos. “Ahora estamos en un cuarto intermedio y luego seguirá la fiscalía con las figuras penales que se les imputan”, señaló.
“El cronograma de audiencias son semana por medio, dos días una semana y dos días otra, cada 15 días hay dos o tres audiencias. Eso es lo que está previsto inicialmente, todo dependerá de que las víctimas estén en condiciones de declarar al igual que los testigos que no son víctimas“.
En tanto, aseguró que saben acerca de un montón de hechos que no han sido incluidos en ninguno de los tres juicios, “no todos los hechos han sido objeto de denuncia por una serie de circunstancias”. En el caso de las agresiones sexuales, explicó que es fundamentalmente porque las víctimas no han querido hacer las denuncias.
“Siempre va llegando nueva información que a lo mejor no es suficiente como para hacer denuncias por un caso nuevo o una víctima nueva pero si para aclarar cada vez más los hechos”.
En ese sentido, dijo que está en contacto permanente con el grupo de querellante, “hay un montón de puntos oscuros, en el último tramo se leyeron las víctimas relacionadas con la obra pública, donde están los casos terriblemente dramáticos de dos personas que eran empleados. Todos esos casos tienen un hilo conductor que son los contratos de obra pública con la provincia“.
Por lo que explicó que no quiere decir que las personas hayan estado vinculadas a algún tipo de delito sino porque era el común de los militares tener acuerdos espurios con empresas constructoras por lo que de esa manera “barrian del mapa a la competencia que eran las empresas de la provincia“, concluyó.
Fuente:InfoPico
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