Violencia estatal: Suman 60 masacres
durante el 2021 / Asesinatos contra
exmiembros de las FARC sacude el
Cauca
Resumen Latinoamericano, 30 de julio de 2021.
De acuerdo a Indepaz en las 60 masacres un total de 221 personas han sido asesinadas en el país suramericano.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) indicó el jueves que durante el 2021 se han reportado al menos 60 masacres en Colombia.
De acuerdo al balance de Indepaz un total de 221 personas han sido asesinadas en el país suramericano en este tipo de hechos violentos.
La última masacre fue reportada en el barrio Yomasa de la localidad de Usme, Bogotá, donde un sujeto armado asesinó a tres personas.
Testigos del incidente señalaron que dos de las víctimas se encontraban dentro de una droguería, la otra víctima mortal era un taxista.
Las autoridades policiales indicaron que el victimario vestía de negro, tenía un sueter con capota y llevaba tapabocas. Además, confirmaron que se han recabado los testimonios de los testigos y los videos de las cámaras del sector.
El genocidio en Colombia no cesa, Indepaz alerta que en lo corrido del año se contabilizan el asesinato de 103 líderes sociales y 31 excombatientes acogidos al proceso de paz.
El instituto detalla en sus informes que desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 entre el Estado y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército de Pueblo (FARC-EP), se han asesinado 1.219 líderes sociales y 280 excombatientes.
Una serie de asesinatos en dos meses contra exmiembros de las FARC sacude el Cauca: ¿qué está pasando en esa región de Colombia?
Sumarse y apostar a la paz en Colombia no se traduce en inmunidad, ni mucho menos en una garantía absoluta para evitar ser víctima de la violencia enquistada en el país. La complejidad del conflicto armado interno, instalado desde hace más de medio siglo, deja víctimas casi a diario en todo su territorio.
Las masacres y asesinatos sistemáticos contra líderes sociales, campesinos, indígenas y exguerrilleros, estos últimos involucrados en el tratado de paz del 2016, forman parte de una cotidianidad lamentable, enfocada en la persecución y desaparición de quienes piensan distinto.
El municipio de Buenos Aires, uno de los 42 que integran el departamento del Cauca, se ha convertido en foco de este tipo de crímenes selectivos, perpetrados contra un grupo de personas que creyeron en el camino del trabajo productivo como una mejor alternativa para su futuro y el de su país.
En los últimos dos meses, Buenos Aires, lugar donde se asentó la Cooperativa Ecomún La Esperanza (Cecoespe), creada en octubre del 2017 por 71 excombatientes que integraban el Espacio Territorial de Reincorporación de La Elvira y que ha tenido gran éxito con la producción de la marca Café Sabor La Esperanza —participantes de la Feria Mundial del Café—, ha sido escenario de varios ataques de sicarios contra sus miembros.
El más reciente de los asesinatos se produjo contra Yorbis Valencia, un exguerrillero que era conocido en las FARC como ‘Anderson Guerrero’ o ‘Macancán’ y que se integró formalmente a la comunidad en el 2017, tras la firma del Acuerdo de Paz. Yorbis sabía que dejar las armas no era garantía de nada, sin embargo, asumió el riesgo de vivir para apoyar el fin de la guerra interna.
«Es de hace mucho tiempo que todo aquel que piense distinto, pues es masacrado. Entonces, uno se pone a pensar: nosotros pensamos distinto a ellos, si no nos brindan garantías pues quién sabe qué pase de ahí en adelante. Si no nos brindan las garantías uno sabe que lo van es a matar. Pero vamos a correr ese riesgo», expresó Valencia en el 2017, durante una entrevista con la periodista independiente Mercy Insuasti y que recoge el diario El Espectador.
Los asesinatos
El primero de los asesinatos en los últimos 60 días contra los integrantes de la exitosa Cooperativa Cecoespe, fue perpetrado el pasado 21 de mayo contra José Ignacio Loaiza, asesinado durante un ataque en el que también tenían como objetivo a la exguerrillera Camila Cienfuegos.
A José Ignacio lo asesinó un grupo de hombres armados que le disparó cuando se encontraba en Popayán, lugar en el que permaneció hospitalizado durante varios días hasta que murió una semana después, el 28 de mayo, producto de las graves heridas.
La siguiente víctima se produjo al mes siguiente y fue Norelia Trompeta Hachaue, una joven mujer de 25 años de edad, también asesinada en Buenos Aires. Su homicidio se ejecutó durante la noche del 25 de junio, cuando fue tiroteada por sicarios.
El siguiente en caer fue Yorbis Valencia, el pasado 25 de julio, cuando varios hombres lo asesinaron a tiros mientras iba camino a su casa en la vereda San Francisco, lugar donde vivía desde que los excombatientes que habitaban el espacio de reincorporación de La Elvira empezaron a dispersarse por las amenazas de muerte.
El homicidio de Valencia se tradujo en el número 279 ejecutado contra los exguerrilleros que firmaron los Acuerdos de Paz del 2016.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA pidió esclarecer su asesinato, instó al Estado a investigar y a reforzar las medidas de protección para las personas en proceso de reincorporación.
La historia de la Cooperativa Cecoespe
De acuerdo con El Espectador, la Cooperativa Cecoespe se inició con la inversión que hicieron 94 excombatientes con fondos recibidos durante el proceso de paz. Tras su fundación, la agrupación de trabajadores del campo llegó a tener 134 exguerrilleros asociados e involucrados en el proyecto de café, calificado como uno de los productos más emblemáticos de la reincorporación.
Pero detrás del proyecto productivo hay una amarga historia de persecución, amenazas y destierro que ha obligado a que la dirigencia de la cooperativa a desplazarse de su asentamiento original, dejándolos vulnerables a la violencia y en búsqueda de tierras para continuar su aspiración a una vida de paz.
Antes de los más recientes asesinatos ya se habían perpetrado varios hechos violentos contra los dirigentes de la cooperativa. Uno de los hechos más violentos se produjo el 2 de diciembre de 2019, cuando varios sicarios mataron a Manuel Santos Yatacué. Tras asesinarlo, tomaron el vehículo de la víctima, lo estacionaron frente a la casa de Mario Rodríguez, presidente de la Cecoespe, y le prendieron fuego.
La ola de amenazas contra los cooperativistas se extendió a todos sus miembros y así comenzaron a darse los desplazamientos forzados de la zona de creciente conflicto, con mayor incidencia entre diciembre del 2019 y enero del 2020. Una situación que se repite en el resto del país, como el asesinato contra Yeison Sarmiento, en San José del Guaviare el mismo 25 de julio, hecho que elevó la cifra de excombatientes asesinados a 280 desde el 2016, 31 de ellos este año.
Así, muchos de los exguerrilleros han terminado en las regiones de Santander de Quilichao y Popayán. Otro grupo se encuentra en Timbío, lugar donde mantienen el proyecto del café, en la finca Las Veraneras; y aún permanecen en las veredas y la cabecera de Buenos Aires otros 24 excombatientes.
Según el medio colombiano, las amenazas comenzaron tras la entrada en Buenos Aires de una estructura disidente de las FARC que controlaría Leider Johani Noscue, alias ‘Mayimbú’.
Mientras tanto, los excombatientes han solicitado al Gobierno que los trasladen a un nuevo espacio territorial, pero la Agencia para la Reincorporación y la Normalización no lo ha conseguido. Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz adelanta el proceso para dar medidas cautelares de protección y ha pedido al Ejecutivo que garantice la seguridad de esa población vulnerable.
Fuente: TeleSUR y RT
Exilio: la condena de las víctimas
Resumen Latinoamericano, 30 de julio de 2021.
Este jueves se realizó el lanzamiento digital de «Exílio: la condena de las víctimas». La Comisión de la Verdad está escuchando y recogiendo testimonios de las víctimas del conflicto armado no sólo dentro de Colombia, sino también en el exterior.
La Comisión ha ido tejiendo la verdad de «Colombia fuera de Colombia», en un relato que suma a miles de colombianos y colombianas que buscaron refugio donde les fue posible según el momento y situación que atravesaban.
En el Congreso y en las calle
Por Juan Carlos Hurtado Fonseca, Latinoamericano, 30 de julio de 2021.
El Comité Nacional de Paro presenta ante el Congreso de la República 10 proyectos de ley que darían respuesta a la grave crisis social del país. Se preparan más movilizaciones para finales de agosto
En la presente semana, el Comité Nacional de Paro, CNP, presenta ante el Congreso de la República 10 proyectos de ley que interpretan cada uno de los puntos del pliego de emergencia presentado por la misma organización en junio de 2020, y que darían soluciones a la crisis económica y social agravada por la pandemia mundial.
Para conocer los alcances de los proyectos radicados, VOZ habló con Francisco Maltés, uno de los voceros del CNP.
En primer lugar, está la renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual por un año para 7,5 millones de hogares, propuesta de gran importancia en la actual coyuntura de crisis agravada por el mal manejo de la pandemia. “El Dane hace 15 días informó que dos millones 600 mil familias habían dejado de consumir una tercera comida al día. Además, hay 11 millones de desplazados por la violencia, cuatro millones de desempleados. Por eso la urgencia de la renta básica”, justifica Francisco Maltés.
Para el CNP los recursos pueden salir de dos fuentes como son la monetización de una parte de las reservas internacionales que están en más de 60 mil millones de dólares, o de una emisión de dinero del Banco de la República, en calidad de préstamo al Gobierno nacional.
La medida se debe aplicar por 13 meses porque según cálculos de científicos la pandemia puede durar un año más y quienes están en el rebusque deben ser protegidos.
Universidades y salud
En segunda medida, está el proyecto para la gratuidad universal para todas y todos los estudiantes en la educación superior pública para hacer efectiva la matrícula cero. Los beneficiados serán 800 mil estudiantes que cursan programas en las universidades públicas. Es importante anotar que algunos entes educativos han desarrollado la propuesta, aunque contando con sus recursos, lo que ha profundizado su crisis financiera. Por este motivo, la propuesta es que los 700 mil millones de pesos que se requieren por semestre deben ser girados por el Gobierno nacional y que la gratuidad en la educación se convierta en una política estatal. Los dineros saldrían del presupuesto nacional, o del préstamo del Banco de la República.
En el tema del fortalecimiento de la red pública de salud y dignificación y formalización laboral para enfrentar la pandemia, se tuvieron en cuenta tres aspectos que integran el proyecto de ley: la desaparición de la intermediación de las EPS para que no se queden con gran parte de los dineros para la salud: “Deben ser giros directos del Gobierno a las Empresas Sociales del Estado, en segundo lugar creemos que se debe fortalecer la república hospitalaria, que ha demostrado serias dificultades para atender las necesidades de los ciudadanos, y tercero, los trabajadores de la salud deben tener un trabajo decente, es decir, un nombramiento reglamentario y no prestación de servicios”, explica Maltés.
Las Mipymes y el campo
El cuarto proyecto presentado tiene como objetivo apoyos para la reactivación económica de las MiPymes y la generación de empleo. En este tópico, la propuesta está sustentada en el quiebre de 500 mil pequeñas y medianas empresas en el último año. “El Gobierno prefirió darle los auxilios a las megaempresas que hacen parte de conglomerados económicos en los que generalmente hay bancos. Ese error de Duque conllevó al quiebre de las otras. Por eso, las ayudas deben ser para las MiPymes”, argumenta el líder sindical.
En relación con el proyecto que busca apoyos para la reactivación del sector agropecuario, Maltés explica que la importación de productos similares a los que produce Colombia debe tener un arancel muy fuerte para proteger y promover la industria nacional y a los consumidores. “Creemos que nos podemos proteger vía aranceles, que es una vía legal en el plano del comercio internacional”.
La idea de la derogatoria del decreto 1174 de 2020 sobre piso de protección social, es tumbar la reforma laboral y pensional que esta significa, y que fue expedida vía de facultades extraordinarias del Ejecutivo, sin control del Congreso.
Por otra parte, está el proyecto de ley para crear acciones de promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género. Se basa en que el confinamiento por la pandemia se ha prestado para que la violencia de género se haya exacerbado, por lo que se busca la reglamentación que castigue con más fuerza a infractores. De lo que se trata es de protección a las mujeres y a la población LGBTI.
Protesta y juventud
Acerca de las garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, el proyecto se basa en la normatividad vigente y en un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que garantiza la protesta como un derecho fundamental: “Nos basamos en la sentencia de la Corte, en el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las Farc, en lo referido a la participación de las organizaciones sociales, y en los estándares internacionales”, anota Francisco Maltés y agrega que cada vez que el Gobierno nacional va a presentar un proyecto para restringirla se hace necesario tener una alternativa para hacer un debate político.
Sobre la reforma al estatuto de juventud (ley 1622 de 2013), para hacer más efectiva e incentivar la participación política de la juventud, se presenta por la necesidad de tener una política para los jóvenes que se base en tres ejes: Ingresos, educación y trabajo decente.
En cuanto a la reforma a la Policía, el CNP también se basa en las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que esta institución no dependa del Ministerio de Defensa y no vulnere los derechos humanos.
Mayorías de derecha
Los proyectos se presentan por un alto número de congresistas de los partidos del Pacto Histórico, de la Coalición de la Esperanza y algunos del Partido Liberal y la U. “Aspiramos a que los congresistas no solo firmen la presentación de los proyectos sino también el trámite y su aprobación”, dice Maltés.
Aunque para muchos, dada la naturaleza política de la mayoría de parlamentarios, los proyectos no tendrán futuro, desde el CNP se cree que estos deben responderles a sus electores: “Los electores son personas de diferentes fuerzas políticas que han perdido el empleo, empresas que se han quebrado, jóvenes que han dejado de estudiar, entonces, deben ser responsables con ellos”, argumenta el vocero del CNP y presidentes de la CUT.
Acerca de la reforma tributaria presentada por el Gobierno, el sindicalista dice que se entendió que en esta no se debe gravar la canasta básica ni los salarios ni las pensiones.
Sin embargo, el CNP cree que debe haber una modificación del estatuto tributario, para que cumpla la Constitución en el sentido de que los impuestos deben ser progresivos, “es decir, el que más tiene más paga y no como sucede hoy que quienes menos tenemos somos los que más pagamos”, expresa el dirigente sindical.
Mientras tanto, se siguen preparando movilizaciones, y el 5 de agosto, vía plataformas de internet de organizaciones sociales, con el apoyo de algunas universidades y reuniones presenciales, se hará una jornada pedagógica nacional en la que se explicarán los contenidos y alcances de los proyectos de ley. Asimismo, el CNP anuncia grandes movilizaciones en todo el país, para finales del mes de agosto, y ha tenido acercamientos y reuniones con jóvenes de la Primera Línea.
44.647 personas fueron desplazadas
forzadamente en primer semestre
de 2021
Resumen Latinoamericano, 30 de julio de 2021.
Según el último reporte de la oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, el desplazamiento forzado en el primer semestre de 2021 en Colombia aumentó un 193% comparado con el mismo período del año anterior.
En los hallazgos del organismo humanitario, que también contienen informes de organizaciones de Derechos Humanos, se da cuenta de que solamente en el mes de junio se presentaron 9 desplazamientos masivos que dejaron a 3.500 víctimas en los departamentos de Antioquia, Nariño y Cauca.
El número de víctimas en las diversas regiones del país podría ascender a 44.647, lo que indica un recrudecimiento de la guerra y un retroceso en materia de seguridad para las zonas con mayor población en riesgo.
Se completaron 97 desplazamientos forzados durante el primer semestre del 2021 en Colombia
Otra de las situaciones sobre las que hace evidencia la ONU tienen que ver con el confinamiento de comunidades indígenas y negras debido a el incremento de las acciones actores armados en diversos territorios.
En este sentido la ONU resaltó que solamente durante el mes de mayo se presentaron tres emergencias en Chocó, Risaralda y Putumayo a las que se sumarían nuevas denuncias de confinamientos de personas en el departamento del chocó en la región del Bajo Baudó.
La oficina de las Naciones Unidas también se pronunció sobre el desplazamiento masivo, sin precedentes en los últimos años, que se está presentando en la región de Ituango en Antioquia y en el que la cifra de víctimas ascendería a más de 4.200.
Fuente: www.contagioradio.com
Madres de Tuluá exigen la libertad
de sus hijos
Por Luis Alfonso Mena S. Resumen Latinoamericano, 30 de julio de 2021.
Seis falsos positivos judiciales en el municipio del Valle del Cauca.
En todas ellas se refleja el sufrimiento que representa la cárcel a la que son sometidos sus seres queridos: Daniel Navarrete, Jorge Andrés Noguera Flórez, Santiago Ramírez Duke, José Mauricio García Nieto, Jorge Mario Ramírez y Dan Brayan Andrade.
Tres madres, dos hermanas, una esposa. Todas ellas son como un solo rostro: el del dolor, la angustia, la desazón. Son familiares de los jóvenes detenidos por orden de la Fiscalía y enviados a prisión, luego de procedimientos exprés, para sindicarlos, sin pruebas, del incendio del Palacio de Justicia de Tuluá, ocurrido el 25 de mayo de 2021.
En todas ellas se refleja el sufrimiento que representa la cárcel a la que son sometidos sus seres queridos: Daniel Navarrete, Jorge Andrés Noguera Flórez, Santiago Ramírez Duke, José Mauricio García Nieto, Jorge Mario Ramírez y Dan Brayan Andrade.
Por estos días, el Estado colombiano despliega su aparataje jurídico para castigar a los participantes en el Paro Nacional y para endilgar presuntas responsabilidades penales, en la mayoría de los casos sin fundamentos sustanciales, a jóvenes ciudadanos con cuyas capturas buscan mostrar resultados y eficacia, así esas acciones no pasen de ser, como se ha denunciado en el caso de Tuluá, falsos positivos judiciales.
En la Plaza Céspedes, frente al Palacio de Justicia, encontramos a las familiares de los muchachos procesados por los hechos que sacudieron a la llamada ciudad corazón del Valle cuando estaba a punto de cumplirse el primer mes del Paro.
Mirando a los ojos y con la tristeza marcada en sus rostros, las entrevistadas denunciaron que las detenciones son absurdas, pues incluso tres de los muchachos fueron aprehendidos a las 5:30 de la tarde, dos horas y media antes del incendio, uno de ellos fue capturado en momentos en que se encontraba en jornada laboral en su mototaxi, y otro, cuando salía de su trabajo de mecánico. Uno de los muchachos se hallaba en un punto bastante retirado del Palacio de Justicia. Otro estaba laborando en la repartición de pedidos de refrescos Postobón.
A ellas las acompañaban cuatro familiares más, con su solidaridad incondicional, lo mismo que Isaac Bermúdez González, del Observatorio de Derechos Humanos de Tuluá, y el abogado Juan Carlos Herrera, defensor de dos de los sindicados.
Los detenidos fueron remitidos a Popayán, donde se encuentran sometidos a prisión mientras se desarrolla el proceso judicial. Son presos sociales y políticos del régimen de Iván Duque. He aquí los testimonios de las familiares, que hablaron con Periodismo Libre:
HABLA YEDI BETANCOURT, ESPOSA DE DANIEL NAVARRETE
Daniel Navarrete fue detenido el 25 de mayo, a las 5:30 p.m., en Tuluá.
–Yedi: coméntenos en primer lugar, por favor, quién es Daniel Navarrete, su esposo.
–Es un joven muy responsable. Más o menos desde los 15, 16 años empezó a trabajar porque él es de una vereda del corregimiento de Trujillo. Desde los 18 años se fue para la ciudad de Tuluá a desempeñarse como mecánico, y yo vivo con él desde hace dos años. Nos apoyamos mutuamente, ya que yo también estaba sola. Daniel se desempeña como mecánico acá en la carrera 30 de Tuluá. El día de su captura estaba trabajando y a los pocos minutos que salió del trabajo fue capturado.
–¿Cómo ocurrió esa detención, por qué lo sindican de unos hechos que ocurrieron después de su captura?
–Él nos dice que salió del trabajo con dos compañeros más y se dirigió acá hasta la esquina y la policía lo empezó a seguir y el corrió un poco hacia Sinergia. Cuando llegó a Sinergia, lo capturan y lo llevan al CAI. En ese momento yo me dirijo al taller y es cuando me entero de que fue capturado. Voy a la estación y me dicen que él no está allí. Me llaman a las nueve de la noche a decirme que él estaba ahí y que lo estaban acusando de esos delitos. Entonces cuando yo puedo hablar al otro día con él me dice que una persona de la Sijín los escogió, decía: “Éste se queda, éste no se queda”, así fue. En eso quedaron los muchachos que están sindicados.
–¿Quién hacía ese perfilamiento?
–No, él no sabía. Lo único que sabe es que es una persona de la Policía.
–¿Por qué corrió él cuando lo detuvieron?
–Porque la Policía lo estaba siguiendo.
–¿Él se hizo presente para participar en la protesta o iba de paso?
–Nunca había participado en una protesta, ni siquiera en una marcha, en nada.
–Y así hubiera participado estaba en su derecho. ¿Qué gestiones han hecho ustedes en relación con esta detención?
–Hasta el momento hemos aportado todos los videos que demuestran que él estaba trabajando en el momento de su captura. No ha sido mucho lo que hemos podido hacer porque no hemos podido tener contacto directo con él, solamente por llamadas.
–¿Qué acusaciones tiene la Fiscalía contra él? Es un derecho que tienen ustedes de conocer la acusación.
–No, la Fiscalía nunca se ha comunicado con nosotros.
–¿Qué mensaje tienen ustedes para las autoridades en relación con el caso de su esposo?
–Ellos necesitan mostrar responsables, pero que busquen a las personas que son, porque están metiendo muchos jóvenes inocentes que no tienen nada que ver y que deberían ser más humanos, porque ellos también tienen familias.
–¿Qué esperan ustedes al final de este proceso?
–Que nos entreguen a nuestros jóvenes sanos y salvos.
HABLA BERNARDA FLÓREZ, MADRE DE JORGE ANDRÉS NOGUERA
Jorge Andrés Noguera Flórez fue detenido el 25 de mayo, a las 5:30 p.m., en Tuluá.
–Inicialmente, señora Bernarda, háblenos, por favor, acerca de su hijo.
–Mi hijo es trabajador, muy juicioso. Trabaja con un jardinero, es ayudante del parque y también trabaja mototaxi en los tiempos libres. Tiene 23 años de edad, está soltero.
–¿Qué estaba haciendo en el momento en que fue detenido?
–Estaba trabajando en la moto, que es la herramienta para su sustento.
–¿Por qué lo detuvieron?
–Estaba en el sitio equivocado. Él no estaba haciendo nada malo. La moto la llevaron a la Alcaldía y nos la regresaron. A él le dijeron que le iban a hacer un comparendo, y cuando lo llevaron al Comando le dijeron que quedaba detenido.
–¿En qué momento les comunican a ustedes que está capturado y sindicado del incendio del Palacio de Justicia?
–Cuando ocurrió la quema, él ya estaba capturado.
–¿Por qué lo sindican de un incendio que ocurrió después de que a él lo capturaran?, ¿qué ha averiguado usted?
–De eso no nos han dicho nada, sino que a él lo sindicaban dizque de terrorismo.
–¿Qué ha dicho el abogado?
–El abogado nos dice que mi hijo no tiene nada qué ver, porque en la captura no está implicado en algo, que lo del Palacio de Justicia fue a las 7:45 p.m. y ya mi hijo estaba capturado.
–Señora Bernarda: ¿qué reclama usted?
–Exijo la libertad de mi hijo, porque él es inocente, y que no se cometan más injusticias.
HABLA ROCÍO NOGUERA, HERMANA DE JORGE ANDRÉS NOGUERA
–Indíquenos, Rocío, ¿qué supo acerca de la detención de su hermano?
–A él lo capturaron a las 5:30 p.m. Como mi mamá dijo, él trabaja en el transporte informal. Ese día estaba laborando, estaba haciendo una carrera, dejando una persona allá. En ese instante que lo capturaron estaba subiéndose a la moto, porque como buen curioso tulueño, como somos la mayoría, él se asomó, dejó la moto cuadrada.
A él lo capturaron cerca de la Alcaldía de Tuluá, entre la 25 y la 26. Le informan a mi madre como a las 7:30 de la noche que él estaba capturado. Le dieron un permiso para llamar. En el momento en que lo capturaron él no tenía nada que lo comprometiera, nada con disturbios o algún elemento para la quema del Palacio.
–¿Por qué creen ustedes que esto ha ocurrido?
–El Gobierno necesita culpables y acá en Tuluá están haciendo falsos positivos.
–¿Qué exigen ustedes?
–La libertad de los jóvenes, la libertad de mi hermano, que le quiten los cargos, porque él no es un delincuente, no es un bandido como están diciendo, que dizque está detenido por terrorismo, por la quema del Palacio. A él no le encontraron ningún elemento que lo pueda incriminar en ese sentido.
HABLA DANIELA RAMÍREZ, HERMANA DE SANTIAGO RAMÍREZ
Santiago Ramírez Duke fue detenido el 25 de mayo a las 8:00 p.m., en Tuluá.
–Daniela: háblenos, por favor, sobre su hermano.
–Mi hermano es un muchacho de 27 años, trabajador, echado para adelante. Es papá de un niño de cinco meses, trabajaba en un grupo ambiental, porque es tecnólogo ambiental egresado del Sena, pero por la pandemia se le canceló el contrato. Nosotros tenemos una empresa familiar pequeña y nos estaba colaborando con las ventas.
–¿Qué estaba haciendo él cuando fue detenido a las ocho de la noche del 25 de mayo?
–Él estaba en el Parque de la Teta, muy lejos y retirado del sitio de los hechos. Él estaba ahí departiendo con unos amigos cuando pasó la tanqueta, y la versión que nos dan es que ellos empezaron a decir: “El mono, el mono, cojan al mono”. Se le fueron encima y lo capturaron.
–¿Por qué?
–No sabemos por qué, esa es la misma pregunta que nosotros nos hacemos, por qué a él.
–¿Estando él sentado en el Parque?
–Es muy retirado de acá.
–Ni siquiera estaba en el área del incendio del Palacio de Justicia.
–No, eso es muy retirado del sitio, no tenía nada que ver.
–¿Han averiguado con quienes lo detuvieron por qué lo hicieron?
–Hemos hecho preguntas y es lo mismo, por qué a él se lo tenían que llevar.
–¿Qué les ha dicho la Fiscalía?
–La Fiscalía con nosotros no ha tenido ninguna comunicación.
–¿Entidades de Derechos Humanos los están asesorando?
–Sí, nos han hecho acompañamiento, nos han informado cuando los trasladaron a la ciudad de Popayán, han estado en las actividades.
–¿Han podido hablar con sus familiares en Popayán?
–Durante 15 días estuvieron aislados, sin poder comunicarse con nosotros, y pues hemos tenido comunicación, pero a través de llamadas de un minuto, dos minutos.
–¿Cuál es el estado de ánimo de él?
–Pues él dice que está bien porque tiene la comida y la dormida allá, pero le da muy duro por su hijo de cinco meses que está desamparado sin él.
–¿Qué dice la esposa?
–No, pues imagínate, está sola prácticamente.
–¿La madre?
–Mi mamá está muy afectada.
–¿Qué piensan ustedes de toda esta situación?
–Yo pienso que uno no sabe o acepta las cosas hasta cuando le toca vivirlas. Nunca nos imaginamos que nos iba tocar pasar por algo así a nosotros y es algo que a diario vive Colombia. Nunca sabemos lo que tenemos hasta que nos toca. Han sido días muy difíciles por la injusticia, porque ellos no hicieron nada por lo que los están judicializando.
–¿Qué reclaman ustedes?
–Reclamamos la libertad y el nombre en limpio de nuestros jóvenes.
HABLA MÓNICA NIETO, MADRE DE JOSÉ MAURICIO GARCÍA
José Mauricio García Nieto fue detenido el 25 de mayo a las 5:30 p.m., en Tuluá.
–Señora Mónica: háblenos, por favor, sobre su hijo.
–Es un joven de 24 años de edad muy trabajador. Labora en Postobón hace 4 años, vela por mí y sus hermanitas. Tiene una hermana de 23 años y otra de 20. Lo capturaron el 25 de mayo. Hizo hasta noveno grado de bachillerato.
–¿Qué hace en Postobón?
–Trabaja en cargas y descargas de productos.
–¿Qué se encontraba haciendo él en el momento de la detención?
–Estaba trabajando en la carrera 22. Se encontraba llevando un pedido.
–¿Por qué lo detienen si estaba trabajando?
–Porque en eso se formó todo eso de la quema del Palacio.
–¿Pero él no argumentó ante la Policía que estaba trabajando?
–A él lo cogieron y lo capturaron ahí, la Policía.
–¿Han pedido explicación del porqué de ese procedimiento?
–Sí, cuando lo capturaron.
–¿Y qué dijo la Policía?
–Nada, no dan respuesta de nada.
–¿Qué reclama usted?
–Que lo liberen, pronta liberación.
–¿Qué gestiones han hecho?
–Pues cuando nos han llamado a entrevistas.
–¿El padre qué dice?
–El papá de él está muy enfermo.
HABLA MARIELA ALZATE, MADRE DE JORGE MARIO RAMÍREZ
–Señora Mariela: coméntenos, por favor, sobre su hijo.
–Él es la cabeza de hogar, es el que vela por nosotros en la casa. Es muy echado para adelante, muy trabajador. Trabaja en un taller. Responde por mí y por la hermanita. Tiene 22 años de edad.
–¿Qué hace en el taller?
–Trabaja en una vulcanizadora de carros.
–¿Qué se encontraba haciendo él en el momento de la detención?
–Él estaba trabajando y pasó por ahí cuando lo detuvieron.
–¿Qué le informaron a usted acerca de la detención?
–No me dijeron nada.
–¿Qué reclama usted?
–Justicia y la libertad, eso es lo único.
Familiares de Dan Brayan Andrade no pudieron estar presentes en la Plaza Céspedes, donde se hicieron las entrevistas.
Fuente: prensarural.org
Lanzan el Pacto Juvenil para la
resistencia
Resumen Latinoamericano, 30 de julio de 2021.
Organizaciones juveniles participantes en el paro nacional han decidido construir una convergencia popular, amplia y diversa para la ciudad ¿Cuál es la proclama juvenil que propone el Pacto Histórico en la capital del Valle del Cauca?
Daniel Rueda – Juan José Guerrero
Punto de Resistencia Sameco-Cali
El nuevo escenario de rebelión social liderado por la juventud marcó un precedente en la historia colombiana, miles de jóvenes artistas, estudiantes, campesinos, barristas y trabajadores de los barrios populares salieron con enorme fervor y rebeldía al paro nacional convocado el 28 de abril de 2021.
Fuera de todo pronóstico la lucha se alargó más de lo esperado, especialmente en Cali, hoy día conocida como la Capital de la Resistencia, donde fuimos los y las jóvenes quienes logramos poner en jaque la movilidad y la economía de uno de los departamentos que más aporta al PIB nacional.
Este proceso de movilización y despertar de consciencia, se llevó a cabo entre las balas y los gases de la fuerza pública, el ejército, y el accionar paramilitar. Esta generación quedará marcada para siempre por la brutalidad policial y el uso excesivo y mortal de la fuerza. El saldo de asesinatos, heridos y desaparecidos aún es incierto, pues a pesar de las mesas de diálogo instaladas entre el gobierno local y la Unión de Resistencias Cali para determinar vías pacíficas y dialogadas a las necesidades sociales, cada jornada de paro se convierte en luto para las familias de la gente capturada o herida.
A la tarea incansable de politizar y organizar la juventud por cuenta de quienes somos parte de la resistencia y venimos trabajando en la barriada, el colegio, la universidad o el sindicato, se suma la imposición del Consejo Nacional Electoral para realizar las elecciones a los Consejos de Juventud el próximo 28 de noviembre. Entendiendo que hace parte de las “soluciones” que el gobierno nacional ofrece y que, por ende, sabemos que las necesidades y apuestas políticas de la juventud desbordan esta apuesta institucional, sabemos la importancia de copar este tipo de escenarios.
Convergencia juvenil por la vida
Precisamente ante este panorama de los Consejos de Juventud, los sectores organizados de esta hermosa primavera de rebeldía y lucha callejera en la que se ha convertido Cali en los últimos meses, nos hemos juntado alrededor de la idea de construir una convergencia popular, amplia y diversa para construir el Pacto Histórico Juvenil en Cali.
Su composición ampliamente diversa permite vislumbrar el abanico de sujetos juveniles que habitan la ciudad, como lo dice su proclama: “…Es un espacio de convergencia de sectores juveniles alternativos, populares y de izquierda que agrupa a jóvenes de las barriadas populares, mujeres feministas, estudiantes de Univalle y de universidades privadas, estudiantes del SENA, estudiantes de colegios públicos y privados, jóvenes de Siloé, de Puerto Resistencia, del Distrito y de Paso del Aguante, jóvenes campesinos de los corregimientos, distintos jóvenes de las barras futboleras del Cali y el América, músicos/as del cacerolazo sinfónico, defensores de derechos humanos, comunicadoras populares y jóvenes militantes de partidos alternativos de oposición…”.
La variada composición del Pacto se debe a la realidad social de nosotros los y las jóvenes, que buscamos representar los intereses de la clase popular y visibilizar las complejas dinámicas de nuestros sectores sociales, como la exclusión social, el desempleo juvenil, la falta de oportunidades para el desarrollo de los proyectos de vida, deserción escolar, el microtráfico y el sicariato y en general todas las situaciones que nos han privado del goce y reconocimiento efectivo de nuestros derechos.
Es así como esperamos iniciar una amplia discusión y poner sobre la agenda pública de la ciudad, temas como la implementación de la política pública de juventudes, garantías para la construcción de las alternativas populares que mejoren y dignifiquen nuestras vidas, luchando con un pie en las instituciones y cientos en las calles.
Objetivos desde la construcción popular
El llamado a la juventud caleña por medio de la proclama establece objetivos de manera muy concreta, como la construcción de un escenario de convergencia que, más allá de lo electoral, busque la conformación de un bloque juvenil amplio, plural y alternativo. Es la lucha por renovar todos los escenarios que hacen parte del subsistema de participación juvenil, como lo son las Plataformas de Juventud, las Asambleas Juveniles, la Comisión de Concertación y Decisión. En general, espacios que permiten participar en la definición de la agenda pública.
Buscamos ser esa alternativa de unidad que permita arrebatarle el poder de decidir por la juventud caleña, a los sectores que tienen intenciones y acciones antidemocráticas y retardatarias. Buscamos, también, que el Pacto Histórico Juvenil y todas sus apuestas puedan ser tarea de las juventudes del Valle del Cauca y de Colombia.
Lo ocurrido en el marco del Paro Nacional nos demuestra que el papel protagónico de la juventud debe ser la conquista de nuestras reivindicaciones históricas. Proponer dichas reivindicaciones de cara a las elecciones del 2022 es un imperativo para quienes nos consideramos parte del gran pacto histórico por Colombia.
Unidad del movimiento juvenil
Por último, este espacio de convergencia juvenil se propone como coordinación para las acciones de disputa social y políticas que nos tocan como juventud de Cali. Aportar este ejemplo de unidad sin recelo o sectarismo alguno servirá de ejemplo vivo para las demás regiones donde los y las jóvenes debemos apostarle a la unidad programática y de acción para avanzar en las luchas por el derecho a ser jóvenes en un país que les ha segado la vida a muchos, silenciado a unos cuantos e invisibilizado a miles de nosotros y nosotras.
Este llamado a la unidad espera ser reproducido en todo el territorio nacional, más allá de lo electoral, donde se fortalezca la construcción de poder popular, de ejercicio asambleario y de discusión política. Es en este momento donde los y las jóvenes debemos apostarle a construir desde la barricada, el colegio, la universidad, el barrio o el trabajo espacios de discusión sobre la política como acción humana y forma de relacionamiento que históricamente ha sido definida por los intereses de la burguesía, condenando al pueblo colombiano a la perfidia y al apoliticismo.
Ese es el llamado que se hace desde el Pacto Histórico Juvenil en Cali: unidad del movimiento juvenil por un nuevo poder, juntos y juntas venceremos.
fuente:Semanario Voz
Envio:RL
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