Envio:RL
Pueblo Maya Ch’orti se solidariza
con habitantes de Azacualpa, La
Unión, Copán
Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2021.
Los consejos indígenas Maya Ch’orti de Olopa y Quezaltepeque en Chiquimula, Guatemala, se solidarizaron con la población indígena de Azacualpa, ante la militarización que viven a manos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a solicitud de las autoridades civiles del municipio, ubicado en el occidente de Honduras.
El pronunciamiento denunció la militarización del cementerio Maya-Ch’orti, con más de doscientos años de existencia, «con el objetivo de asegurar exhumaciones pese a la resistencia de la comunidad» indígena, y de esta forma «legalizar» a la fuerza «los abusos de empresas privadas, transnacionales, mineras e hidroeléctricas».
Los líderes de los consejos indígenas Maya Ch’ortí en Guatemala pidieron se respete la resolución de la Sala de lo Constitucional de noviembre de 2020, que ordenó parar las exhumaciones en el cementerio de San Andrés en Azacualpa, a manos de la empresa Minerales de Occidente S.A de C.V. (Minosa).
De igual forma, exigieron respeto a los derechos individuales y colectivos del pueblo Maya Ch’orti en Honduras, resaltando que su separación es producto de la «frontera que nos impusieron», provocando el fraccionamiento de la población indígena.
A finales de octubre, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán -haciendo caso omiso a la orden de la Sala de lo Constitucional de noviembre de 2020- otorgó una orden judicial para que con «carácter de urgencia» se ordenara la exhumación, traslado e inhumación de los restos esqueléticos del cementerio ubicado en San Andrés, La Unión, Copán.
La acción de militarización fue calificada como alarmante por parte del Bufete Estudios Para la Dignidad, pues según el profesional del derecho, Pedro Mejía, la misma tiene el propósito de «garantizar la vulneración de derechos fundamentales ya reconocidos por una sentencia de amparo emanada de la Corte Suprema de Justicia». Así como anular la resistencia de la comunidad que no desea la exhumación de los cuerpos de sus familiares.
A mediados de noviembre, el Bufete Estudios Para la Dignidad denunció la militarización del cementerio de la comunidad de Azacualpa en La Unión, Copán, por parte de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con el objetivo de asegurar exhumaciones pese a la resistencia de la comunidad.
De acuerdo con el bufete, tanto la alcaldía de La Unión, Copán y la empresa Minerales de Occidente S.A de C.V. (Minosa), son los responsables de nuevamente impulsar el proceso de exhumación en el cementerio, alegando una emergencia geológica declarada por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
El documento elaborado por COPECO exime de culpa a Minosa, aclarando que el posible deslizamiento geológico no está ligado a las actividades mineras generadas por la empresa minera, sino a la naturaleza del suelo.
El abogado Mejía explicó que en caso de existir un riesgo en el cementerio este fue creado por Minosa, y que en cualquier caso el peligro debería significar el cierre del cementerio; pero «no implica o no debería de implicar el traslado de los restos esqueléticos, como dice la resolución». Para él es claro que el objetivo del traslado es «derrumbar el cementerio para explotar el oro».
Fuente: Criterio
Detrás del caso de Nanci Sinto podría
haber una estrategia del MP para
callar a voces opositoras
Por Regina Pérez, Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2021.
La activista Kaqchikel Nanci Sinto se suma a la larga lista de personas, entre políticos y defensores de derechos humanos criminalizados por Consuelo Porras, que podría tener como objetivo callar liderazgos y voces disidentes.
Un día antes de que las mujeres salieran a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a exigir el cese de la violencia en su contra, el Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, coordinó la detención de la activista maya Kaqchikel Nanci Paola Chiriz Sinto, señalándola de haber participado en las pintas al Congreso el 21 de noviembre de 2020, durante las manifestaciones en contra de la aprobación del Presupuesto 2021.
La captura de Sinto generó varias reacciones en las redes sociales, principalmente de solidaridad en las que varias personas criticaron el hecho de que se le detuviera cuando ella fue víctima del abuso policial que se vivió ese día y que hasta la fecha no se observan avances ni indicios de que el MP presente un caso contra los responsables de las violaciones a los derechos humanos en contra de los manifestantes.
El delito bajo el cual la Fiscalía de Delitos contra la Vida coordinó la detención de Sinto y del pintor Juan Francisco Monroy fue el de depredación contra los bienes culturales. La jueza Lluvia Velásquez Soto los ligó a proceso y les otorgó arresto domiciliario, con la condición de pagar una fianza de Q5 mil.
La audiencia que empezó a las 2:30 de la tarde culminó casi tres horas después. Fue una larga jornada en la que Sinto recibió varias muestras de solidaridad, tanto en la Torre de Tribunales como en las redes sociales. Al final del día y tras recibir la resolución de la jueza, una guardia del Sistema Penitenciario le quitó las esposas y fue puesta en libertad.
Visiblemente emocionada, Sinto abrazó a su hermano, quien la acompañó desde que llegó a la Torre de Tribunales. Afuera la esperaban varias personas para mostrarle su apoyo.
No obstante, aunque salió libre tendrá que enfrentar un proceso penal, que sigue su curso con la audiencia de etapa intermedia fijada para el 9 de febrero, donde el MP presentará los medios de investigación en contra de ella y de Monroy.
De acuerdo con declaraciones de Sinto, el allanamiento en su casa empezó alrededor de las 6 de la mañana. Ni la Policía Nacional Civil (PNC) ni el MP quisieron confirmar si ella estaba entre las personas detenidas por los hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2020, pues la única información que circulaba era la de un medio afín al gobierno.
Alrededor de las 11 de la mañana, la activista fue llevada a la Torre de Tribunales. En la carceleta dijo a los medios de comunicación que no era ninguna delincuente y que los que deberían ser detenidos son quienes violentaron los derechos de los manifestantes durante el 21 de noviembre de 2020. Ese día las fuerzas policiales arrojaron gases lacrimógenos contra las personas que protestaban en la Plaza de la Constitución, reprimieron y golpearon a periodistas, activistas y manifestantes frente al Congreso.
“Quiero decir que no soy ninguna delincuente, no le hice nada al Estado ni a nadie, más bien el que daña la vida digna de esta población es el mismo Estado y hoy quienes tendrían que estar presos están libres, y ojalá así como nos han ido a buscar a quienes manifestamos de forma legítima, así busquen a aquellos veteranos que defendieron el privilegio de las élites, que quemaron el Congreso, vehículos, a ellos también”, afirmó la defensora de derechos humanos de manera contundente.
Ella se refería a los disturbios provocados por militares retirados que el pasado 19 de octubre causaron destrozos dentro del Congreso y quemaron varios vehículos.
La detención de Sinto y Monroy se suma a otros casos similares ocurridos en 2021, como la captura del exsuperintendente de la SAT, Francisco Solórzano Foppa, el exanalista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Aníbal Argüello, el integrante de Centinelas, Misael Méndez, el manifestante Rudy López, acusado de depredación de bienes culturales, así como el acoso judicial contra periodistas comunitarios en El Estor y otros.
Estrategia de silencio y mensaje de represión
El exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, quien fue detenido en mayo pasado bajo varios cargos que no pudieron ser probados por la Fiscalía de Delitos Electorales, opinó que el caso de Sinto muestra que hay un mensaje continuo de represión por parte del Ministerio Público.
También podría ser parte de una estrategia de persecución y uso del derecho penal desde el MP para perseguir voces críticas al gobierno. “Ya se había publicado anteriormente que la Fiscalía que llevaba el caso de Nanci no estaba investigando a los policías, a la cadena de mando dentro de dicha institución o dentro del Ministerio de Gobernación, sino que únicamente se estaba dedicando a investigar a los manifestantes”, señaló Foppa al preguntar si este se trataba de un caso donde se usa el derecho penal para callar a opositores.
Esta situación, a su criterio, es preocupante, porque hay dos personas que durante las manifestaciones de noviembre de 2020 perdieron un ojo y que se supone que la Fiscalía debería de estar investigando esos hechos. “Sin embargo, lo que estamos viendo es que se están usando todas esas pruebas para perseguir y montar casos como el de Nanci, sinceramente veo que son casos muy mal armados…solo de ver las imágenes no creo que haya delito, no se daña el patrimonio con pintarlo”, manifestó.
Sinto dijo a Prensa Comunitaria que vincula su captura a la estrategia de silencio que el Estado quiere implementar contra la ciudadanía y la población en general, “en el sentido de que no nos sigamos organizando y que no sigamos manifestando en relación a los actos de corrupción y de violencia contra los derechos humanos en El Estor y en otros territorios Q’eqchi’, la aprobación del Presupuesto y la persecución contra jueces y periodistas…”.
La activista señaló que la estrategia del Estado para reprimir es estructural e histórica, “lo que están generando es perseguir a todas y todos, no necesariamente tienen que ser activistas, creo que hay una forma de reprimir a quienes no coincidan con la forma del Estado de vulnerar nuestros derechos, también se criminaliza de distinta forma a los ciudadanos o líderes, no quiero minimizar lo que me está sucediendo, pero sí hay otras estrategias muy violentas como lo que vemos en El Estor con los desalojos, es otra forma de criminalizar”, dijo.
Por su parte Foppa destacó que ve una intención y un mensaje continuo, permanente y sistemático de parte del MP de represión hacia las distintas personas que deciden manifestarse contra el Estado “y esto viene orquestado desde el gobierno, en contubernio con las altas autoridades del Organismo Judicial”.
La activista maya Kaqchikel también cree que hay una estrategia más sutil “que no deja de ser criminalización y violenta, es el uso del derecho penal”, refirió.
Norma Sactic, directora la Asociación Política de Mujeres Mayas (MOLOJ), considera que detrás de la detención de la activista está que el gobierno actual ha iniciado una persecución en contra de liderazgos. “Sabemos que hay medidas de control a todos los que estamos denunciando o haciendo acciones en este caso a favor de las comunidades, de poder fortalecer sus procesos organizativos, es una de esas acciones de monitoreo”, indicó.
Sactic también resaltó la militancia política de Sinto, quien fue secretaria nacional de Juventud del partido político de oposición Winaq, aunque actualmente ya no forma parte de dicha agrupación.
Objetivo es callar a la ciudadanía
Solórzano Foppa concordó con que este caso puede ser utilizado para infundir miedo en la población que manifiesta por sus derechos. “Ese es el objetivo fundamental y creo que lo que tenemos que tener claro y que no puede haber es retroceder, sabemos que no les queda más que tratar de utilizar el derecho penal para infundir miedo y temor en la población que ejerce su derecho legítimo de manifestación pero no podemos quedarnos callados”, indicó.
Sinto recibió muchas muestras de solidaridad tras su detención, gesto que agradeció. “Eso evidencia mi recorrido político, laboral, académico, también como sujeta política y defensora de derechos humanos, no soy una persona indiferente y ajena”, dijo.
Por otro lado, expresó su preocupación porque a otra persona que esté detenida por el mismo caso en que se le vincula a ella no tenga la misma presión social y con mayor facilidad se le puede dejar en soledad. “Hay que considerar que la represión va parejo, por supuesto quieren desarticularnos por ser líderes o defensores de derechos humanos, pero también hay personas individuales que se han organizado desde su indignación, entonces quieren callarlos”, afirmó.
Para Sactic, el mensaje de la Fiscalía a personas y colectivos es “aténganse a las consecuencias que esto puede pasar ante las diferentes manifestaciones, acciones públicas que se han hecho contra este gobierno, se ve claro que van a ir contra todos para poder callar las diferentes protestas que se vienen haciendo en las calles”.
Durante la audiencia de primera declaración, el fiscal Jorge de León indicó que otras personas están siendo investigadas por los hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2020. Además, dijo que están solicitando autorización judicial para acceder a perfiles en redes sociales de estas personas. “Existe una resolución judicial a través de la cual se faculta al MP a requerir información privada de las cuentas de redes sociales de dichas personas y de otras que están siendo objeto de investigación y que el MP vaya individualizando dentro de la presente investigación”, señaló.
Lo afirmado por el fiscal coincide con la línea que Consuelo Porras, jefa del MP, expresó de manera pública en septiembre pasado al indicar que pedir la renuncia de funcionarios o empleados públicos puede constituir un ilícito penal, esto en medio de masivas manifestaciones ciudadanas en su contra y del presidente Alejandro Giammattei, para solicitarle su renuncia.
En un comunicado de prensa, el procurador de Derechos Humanos (PDH) expresó su preocupación por estas detenciones. En el caso de Chiriz Sinto fue una de las personas agredidas en la manifestación del 21 de noviembre como quedó documentado en videos, redes y fotos. La Procuraduría señaló que ella fue vigilada e intimidada en su trabajo y vivienda por un año.
A la fecha, las investigaciones de esta y otras denuncias por violaciones a los derechos humanos de manifestantes y periodista no presentan ningún avance en el MP, puntualizó Rodas en el comunicado.
Fuente: Prensa Comuntaria
Comunidades promueven creación
de la iniciativa de Ley de Biodiversidad
y Conocimientos Ancestrales
Por Luis Ovalle, Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2021.
Representantes de la Alianza de Autoridades en Defensa de la Biodiversidad y Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG), informaron la mañana de este miércoles sobre los avances de la iniciativa de Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales.
En conferencia de prensa, dijeron que la iniciativa busca que se protejan las semillas nativas que dan como resultado la producción agrícola en cada uno de los territorios. “Nos juntamos como pueblos e iniciamos un trabajo para que las comunidades y nuestra producción, no sean tan vulnerables”, indicaron.
Los representantes de los pueblos expresaron su preocupación por el riesgo de que las semillas nativas sean privatizadas. Recordaron que la ley de Organismos Vivos Modificados fue derogada, sin embargo se aprobó el reglamento.
“Desde aquí, desde las diferentes organizaciones campesinas e indígenas, hacemos el llamado a toda la población, a nivel nacional, porque el beneficio no es solo para las agrupaciones mayas sino para todo el pueblo de Guatemala; en los mercados de los pueblos y de las grandes ciudades está el cultivo de las comunidades, por eso hacemos el llamado a toda la población, para que valore y reconozca esta iniciativa.
La iniciativa de ley forma parte de diferentes apuestas políticas y luchas de los territorios Mam, Q’eqchi’, Poqomchi’, Kiche’, Tzutujil, Ixil, Kaqchiquel y de otros pueblos que se han sumado a las luchas, a través de mesas de diálogo y consenso, que permitan construir esta iniciativa del pueblo encaminada a proteger y resguardar la biodiversidad.
Añadieron que, en el marco de un Estado fallido, lleno de impunidad, injusticia y corrupción, se hace necesario un posicionamiento sobre la continuidad de la lucha y resistencia de los pueblos indígenas, de las mujeres y las comunidades, porque predomina un modelo extractivista, neoliberal y mercantilista, que continúa perpetuando el despojo y el saqueo en los territorios.
Asimismo, destacaron que la iniciativa de ley es resultado de la articulación de una alianza estratégica con los partidos políticos Movimiento Semilla, Winaq, Movimiento de Liberación de los Pueblos, URNG-MAIZ, así como del diputado Aldo Dávila, que respaldan el proceso.
El diputado Román Castellanos, del Movimiento Semilla, dijo que en ese partido político comparten la preocupación por los recursos naturales, la biodiversidad, los conocimientos y saberes de los pueblos indígenas, particularmente en un momento difícil para las comunidades, como en El Estor, Izabal, donde la explotación y extracción de los recursos naturales se da a costa del bienestar de las comunidades y a veces en contra de su voluntad, sin cumplir con los procedimientos legales de consulta previa.
“Entendemos la preocupación que nace de las comunidades para proteger esta biodiversidad, para proteger las semillas y la biodiversidad, a partir de las semillas transgénicas que implicarían la desaparición de los conocimientos que han desarrollado a lo largo de los siglos, de los conocimientos ancestrales”, indicó.
Fuente: Prensa Comunitaria
Organizaciones denuncian legitimación
y normalización de la violencia con
el estado de sitio en El Estor
Por Simón Antonio Ramón, Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2021.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre, el Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’ presentó ayer un informe de observación sobre la situación de las mujeres q’eqchi’ durante el estado de sitio vigente en el municipio de El Estor, Izabal, una de las principales conclusiones fue normalización de la represión, la criminalización, el miedo y el terror en las comunidades visitadas.
Esta serie de observaciones surgen a partir de una misión de verificación que realizaron varias organizaciones junto a la Asamblea Social y Popular, la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, la Alcaldía Indígena de Palín y varias delegaciones de las autoridades indígenas a nivel nacional entre el 28 a 30 de octubre pasados.
Las violaciones que conlleva el estado de sitio
Después de un mes de vigencia del estado de sitio, el Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’ concluye que en las comunidades de El Estor visitadas, observaron una normalización de la represión, la criminalización, el miedo y el terror. “Se ha violentado los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, se ha visto vulnerados: el derecho a la vida de las mujeres, de la niñez y de los pueblos, se incumplió la obligación del Estado, de garantizar el fin suprema del bien común”, se informó.
En el mismo sentido, el Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’ denunció la violación de convenios internacionales en materia de derechos humanos. Señalaron que se violentó la Convención Americana de Derechos Humanos, así como normativas internacionales de protección de los derechos humanos, en especial el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDWAW) y la Convención de los Derechos del Niño.
“No se ha respetado la dignidad y la vida de las mujeres y la niñez, la violencia psicológica impuesta por las fuerzas de seguridad en la vida de las mujeres y la niñez, son parte de las estrategias del Estado para silenciar la protesta social”, se indicó.
En la presentación del informe también se denunció que el estado ha priorizado los intereses corporativos de carácter empresarial, violentando varios derechos entre ellos, los derechos colectivos, la consulta libre, previa e informada a pueblos indígenas. También se denunció delitos de lesa humanidad como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, maltrato contra personas menores de edad y violencia contra la mujer.
El estado de sitio que manifiesta una multiplicidad de violencias
“En este país hay una violencia estructural institucional y legal, no vamos a ir muy lejos como lo que viven las mujeres q´eqchi´ con los últimos desalojos. Que es una violencia que se realiza a nivel institucional”, dijo Juana Sales Morales, integrante del movimiento de Mujeres Indígenas Tz´ununija’.
Durante la presentación se tuvo la intervención de la abogada Wendy López, del Bufete para los Pueblos Indígenas, Alida Vicente de la Alcaldía Indígena de Palín y Dorotea Gómez, Defensora de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
“Vemos la parcialidad del Estado a favor de las empresas, las garantías constitucionales ahora casi ni se puede acudir a ellas, porque desde hace un mes se han presentado exhibiciones personales y no han sido activas por el juez”, denunció la abogada del Bufete para los Pueblos indígenas.
Por su parte Alida Vicente dijo que junto a las autoridades indígenas recorrieron el territorio de El Estor. “Durante un mes se ha usado el estado de sitio para reprimir a la población, es como si hubiéramos retrocedido en el tiempo, pudimos ver el odio a los pueblos indígenas por su oposición al modelo extractivo”, subrayó.
Por su parte Dorotea Gómez manifestó la preocupación de la PDH por el uso exagerado y excesivo de los estados de sitio y las violaciones que conlleva. “Se violan los derechos de las mujeres como la privación a la salud, al agua y a la locomoción. Y a los niños se le niega su derecho a la libertad y decidir sobre su territorio”, denunció.
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