Resultados de la Implementación de las recomendaciones del FMI
Por Maria Fernanda de la Quintana *, Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre de 2021.
El día de la fundación del Fondo Monetario Internacional, en plena Segunda Guerra Mundial (1944) marcó el triunfo del economista estadounidense Harry White sobre el ilustre británico John Maynard Keynes. La idea de una moneda internacional (Keynes) quedó enterrada y el dólar se impuso desde entonces y hasta ahora como divisa indiscutida (White).
Cuarenta y tres países invitados por Franklin D. Roosevelt, en esa época presidente de los EEUU, celebraron una conferencia financiera y suscribieron los acuerdos que crearon el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial).
La Argentina no formaba parte de estos encuentros. Sin embargo, el gobierno militar del general Edelmiro J. Farrel tras la declaración de guerra a Alemania y Japón, acogió una decisión favorable a los resultados de dicha reunión, a través del decreto ley Nº 3.185, firmado el 31 de enero de 1946.
Pero la ideología desarrollista triunfante durante el “Estado de Bienestar” (Welfare State) de Franklin Delano Rooselvet, fue reemplazada por una versión dogmática del neoliberalismo cristalizada en la Escuela Económica de Chicago, de Milton Friedman, John Williamson y Cía. Y el sector dominante del capitalismo se concentró en las manos de los usureros: la banca internacional.
El Presidente Perón el 22 de julio de 1948, puso a consideración del Congreso un proyecto de ley por el cual se dejó sin efecto la adhesión a las conclusiones de la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods y la incorporación al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, no efectivizadas por entonces todavía por el Congreso.
Esa situación se mantuvo hasta el año 1955, en que se produjo el golpe de Estado que derrocó al gobierno del General Perón. Durante ese lapso, la Argentina permaneció fuera del Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros internacionales. Era el único país de América Latina que hasta ese momento no integraba ninguna institución financiera.
Durante el periodo de la última dictadura militar Argentina (1976 a 1983) la deuda externa creció 5,5 veces. De 8 mil millones de dólares llegó a 45.000 millones de dólares. Por ello, la democracia emergió en 1983 con un gran condicionamiento. La progresión del endeudamiento externo fue explosiva. Ya entonces, la imposibilidad de refinanciar la deuda en el mercado internacional de capitales marcó una fuerte restricción externa que afectó el desarrollo y la estabilidad económica del país. La crisis hiperinflacionaria de 1989, con los precios trepando un 1000% anual, imposibilitó pagar los intereses de la inmensa deuda heredada.
El Gobierno de Menen puso en marcha el régimen de convertibilidad: rápidamente dio curso a la “liberalización” de la economía, abrió el país al comercio extranjero y al flujo de capitales, flexibilizó los mercados laborales, privatizó las compañías estatales y la seguridad social. El desempleo aumentó, descendieron los salarios, al tiempo que las elites utilizaban la privatización de las empresas públicas para amasar grandes fortunas.
Los límites de la paridad cambiaria empezaron a notarse hacia 1998, en la fase recesiva más grave de la historia económica del país. Desde la convertibilidad, el FMI instrumentó distintos tipos de acuerdos con nuestros sucesivos gobiernos y envió cincuenta misiones técnicas; la última sólo tres meses antes de la ruptura del régimen de convertibilidad y el default.
En septiembre de 2001, el FMI desembolsó un crédito de 6.000 millones de dólares, que fue por entonces el segundo más grande en la historia de dicho organismo. Se restringió la retirada de dinero de los bancos a 250 dólares a la semana. Los levantamientos que se sucedieron dejaron un balance de cuarenta personas muertas y la fuga en helicóptero del presidente de la Rúa. También fue eyectado Domingo Cavallo, el artífice de la absurda política económica neoliberal por él implantada.
La colosal deuda de US$ 44.300 millones contraída con el FMI por el gobierno de Macri entre junio del 2018 y julio del 2019, se asemeja a la del 2001, por ser el préstamo más grande de la historia del FMI.
Las ganancias en pesos argentinos obtenidas por los grandes grupos económicos fueron así sacadas del país, aunque la fuga de capitales se halla claramente prohibida por las normas que rigen los procedimientos del FMI con sus miembros.
Ese ardid perpetrado por los grandes grupos económicos descapitalizó la economía argentina. La práctica de priorizar las necesidades de los bancos y de las instituciones financieras mientras se mutila el nivel de vida del país ha dejado empobrecida a la población, pues supone extraer excedentes del pueblo de América Latina, con el fin de saldar las deudas con la banca internacional.
En especial, los términos del plazo para el pago de la deuda siempre constituyen un detonante explosivo. Así lo entendió Néstor Kirchner en el año 2006, cuando adelantó los pagos y canceló la deuda de 9.810 millones de dólares empleando las reservas disponibles.
La tarea acometida por el FMI, apuntó a imponer políticas económicas coloniales a los países de América Latina, África y Asia, y a drenar riquezas dirigidas al Norte, utilizando a la “deuda externa” como instrumento para impedir el desarrollo soberano de los pueblos. Las crisis económicas fueron contagiosas. La crisis que flageló a México en 1995, se amplificó en forma rápida, con efectos ruinosos en Argentina y Brasil. Actualmente, con un 50% de pobreza, resultan preocupantes las dificultades que pudieran presentarse entre los sectores más humildes y vulnerables, los cuales requieren políticas activas para la restitución de sus derechos.
El FMI es un instrumento que condiciona las economías de los países deudores y apunta a imponer políticas colonialistas. La debilidad de los países endeudados es aprovechada, las economías se fragilizan y las soberanías nacionales se transforman en territorios con bienes hipotecables.
Debemos pagar un deuda ilegitima…?
Lo que se acuerde condicionará la vida de los argentinos en los futuros años.
El ajuste pretendido es con las masas movilizadas. Lo que sucedió en Chubut puede generalizarse. Miles de personas en las calles resistieron la ley que permitía la minería a cielo abierto. Estas luchas podrían ser el espejo de lo que se avecina en argentina si peligrara la soberanía del pueblo frente a las exigencias del FMI.
Como países latinoamericanos deberíamos reafirmar el compromiso de exigir la puesta en práctica de políticas soberanas, y como pueblos, garantizar estados que sean capaces de asumir esas políticas y hacerlas realidad.
*Periodista. Licenciada en Ciencias y Humanidades. Especializada en “Bioética y Derechos Humanos en América Latina”.
Un año verde: lo que logró la
legalización del aborto
Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre de 2021.
El 30 de diciembre se cumple un año de la histórica aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Crecieron las consultas y las demandas en el sistema de salud público, se amplió la despenalización social, pero todavía persisten desigualdades territoriales y el reclamo por una implementación integral.
Gio tiene 30 años y tres hijes de 3, 5 y 9 años. Vive en Anai Mapu, uno de los barrios populares más grandes de Cipoletti, Río Negro. Trabaja precarizada y sin recibo de sueldo en un comercio. Se separó de su pareja por los “malos tratos”. Está embarazada de 7 semanas y no puede, no quiere, ser madre otra vez en este contexto.
Va al Centro de Salud del barrio y averigua cómo acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Unos días después de haberse hecho la práctica segura con misoprostol, acompañada por un equipo del hospital, vuelve al Centro de Salud. Hace la cola. Y cuando llega a recepción dice, sin vueltas ni tapujos: “Me hice un aborto esta semana, vengo al control”.
A un año de la histórica aprobación de la Ley 27.610, que legalizó la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14 de gestación, no sólo creció la demanda en el sistema público de salud, sino que se amplió la despenalización social del aborto.
“Esto hasta hace un año era impensado, sobre todo porque todavía persiste el miedo y la vergüenza, antes de la Ley era mucho peor”, dice María “Moro” Verdugo, trabajadora social miembro del Comité de Salud Sexual y Salud Reproductiva del Hospital de Cipoletti, Río Negro, e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir Región Patagonia.
“La ley aporta mucho a la despenalización social del aborto y eso se ve en lo concreto y cotidiano: acceder al sistema de salud sin tantos miramientos, aunque todavía haya profesionales que no acompañan o dilatan la práctica. Es una tranquilidad que antes no existía”, agrega.
Qué dicen las cifras
Los datos muestran que las consultas y los abortos dejaron de ser accesos y datos clandestinos. Según el Ministerio de Salud de la Nación, hubo 32.758 interrupciones de embarazo realizadas de manera segura en 2021, dentro del sistema público de salud.
Además, unas 19.000 mujeres y personas con capacidad de gestar consultaron a la línea 0800-222-3444 sobre IVE e ILE (Interrupción Legal del Embarazo), más que las consultas que se recibieron en a los 10 años anteriores: entre 2010 y 2020 lo hicieron 17.302.
También aumentaron un 30% los centros de salud y hospitales públicos que garantizan la interrupción del embarazo en todo el país: este año hay 1.243, frente a los 903 que había en 2020.
Desde Socorristas en Red, en tanto, acompañaron en sus procesos de abortos a unas 10.900 personas desde el 20 enero hasta el 30 de octubre. 308 de ellas tenían hasta 17 años, mientras que 9.592 eran mayores de 18 años. Muchas de ellas acudieron al sistema de salud, muchas otras lo hicieron de manera autogestionada.
“En la Provincia de Buenos Aires la demanda de ILE viene aumentando escalonadamente desde 2018, a la par de las luchas feministas y de la marea verde que fueron despenalizando socialmente el aborto. Pero de la ley hacia acá, el aumento fue exponencial en el sistema de salud público: en enero de este año se duplicó la demanda respecto a diciembre de 2020, un dato que detectamos por la compra y distribución de misoprostol”, señala Julieta Bazán, médica generalista, trabajadora del Hospital Narciso López de Lanús e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.
Sin ir más lejos, en todo 2020 se habían realizado 18.560 tratamientos con misoprostol, el medicamento que se utiliza para abortos seguros. Este año fueron 46.283, mucho más que el doble.
Lo pendiente
“Fui a preguntar al centro de salud y me dijeron que no hacían ‘eso’ y que no sabían a dónde podía ir” (Mendoza) / “¿Nunca te hiciste un control ginecológico antes? Ves, no saben ni lo que hacen y después terminan acá” (Mendoza) / “Yo hago ecografías para embarazadas, no para mujeres que hacen estas cosas” (Moreno, Provincia de Buenos Aires) / “Es fácil venir ahora a pedir un aborto, por qué no lo pensó antes” (Luján, Provincia de Buenos Aires).
Son solo algunas de las frases recopiladas por la Red de Profesionales como parte de la Campaña #AbortosSinViolencias que lanzaron el 25 de noviembre pasado. El maltrato, y las dilaciones persisten, aún en las instituciones públicas.
“A un año de la Ley, si bien se consolidaron fuertemente equipos que venían garantizando ILE, no se ampliaron. Dentro de una misma ciudad, hay lugares donde se garantiza el acceso al aborto, y otros donde no se garantiza nada, ni siquiera la derivación. Por ejemplo, pasa en Neuquén: de los tres Hospitales que hay, uno no garantiza nada de nada”, dice Ruth de Zurbriggen, de La Revuelta y Socorristas en red.
Y asegura que todavía “falta una difusión intensa” por parte del Ministerio de Salud para garantizar este derecho. “Las paredes del sistema de salud mantienen un profundo silencio del aborto”, agrega Ruth. Y señala que, si bien hubo un avance enorme tanto social, como política y culturalmente sobre el tema, todavía persisten “prácticas que rayan con la crueldad”, sobre todo en las ILE y con las adolescentes. “Hubo mujeres internadas 16 horas sin ningún calmante”, explica.
Que llegue a todes por igual
Un monitoreo realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis, indica que la tasa que mide la cantidad de interrupciones de embarazos por 1.000 mujeres y otras personas en edad fértil, muestra la brecha entre jurisdicciones: en CABA es de 5.6 y en Tierra del Fuego es de 4.3, mientras que en Chaco es 0.9 y en Formosa 0.6.
Esto demuestra que las desigualdades en las provincias y los distintos territorios es otra de los pendientes que destacan las profesionales consultadas. “Notamos que sigue habiendo bastantes obstáculos a nivel regional; hay provincias donde está costando muchísimo y donde los gobiernos no están cumpliendo con la ley nacional”, señala Julieta Bazán. Y agrega que en las provincias del Norte y las grandes distancias en el Sur complican el acceso, no sólo por la falta de efectores, sino también por la persistencia de profesionales antiderechos.
Desde Santiago del Estero, Analía Santilli, psicóloga social y miembro de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir también pone el acento en las dificultades que se registran en provincias conservadoras, sobre todo territorio adentro. “No hay campañas de difusión ni acceso y acompañamiento en las Unidades Primarias de Atención. Muchos hospitales son objetores. Cuando se presenta la problemática, tienen que viajar a la ciudad de Santiago y cuando llegan los equipos son pequeños, con trámites muy burocráticos que terminan dilatando todo. Si tienen suerte acceden al misoprostol a tiempo”, cuenta.
Y destaca que todavía falta que las atenciones y acompañamientos tengan una mirada integral, teniendo en cuenta el entorno y el contexto de la persona que solicita la práctica. Es decir, desterrar la mirada solo médica biologicista.
“La falta de información en algunos territorios hace que todavía existas prácticas del aborto clandestino. Cuando indagás, muchas te cuentan que ya intentaron antes con té de ruda, por ejemplo, o que fueron al curandero o curandera del barrio pero que no funcionó”, agrega Analía.
La ley comenzó su recorrido hace un año. Falta mucho por hacer pero su aprobación fue una de las conquistas más grandes de la lucha feminista: el aborto legal, en el hospital.
La Justicia y sus intentos por disciplinar
Luego de la legalización, hubo al menos 35 acciones judiciales contra la ley IVE. Sólo prosperaron dos que esperan la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Una de las causas más preocupantes es contra la médica Miranda Ruiz, en Tartagal, Salta, por realizar una ILE en el hospital local.
#SobreseimientoAMirandaYA es el grito de la marea verde por estos días. El mes pasado un fiscal amplió la acusación contra ella. Pese a todas las pruebas contrarias, asegura que fue una ILE sin consentimiento.
“Una joven mayor de edad con un embarazo de más de 14 semanas viaja a Tartagal, la segunda ciudad más grande de Salta a practicarse un aborto. Les dice a sus tíos que va a buscar trabajo pero va al hospital donde la única médica no objetora es Miranda. Fue un aborto voluntario por causales. La joven toma las pastillas y se queda en el hospital cumpliendo el tiempo establecido. Se autoadministra la pastilla varias veces”, relata Mónica Menini, abogada feminista de Salta y miembro de Católicas por el Derecho a Decidir, una de las organizaciones que acompañan a las abogadas patrocinantes de Miranda.
“Lo primero que ocurre es la violación de confidencialidad por parte del hospital: alguien le avisa a sus tíos y ellos hacen una denuncia. Se difunde en los medios y ahí sale la primera imputación: un aborto sin causales”, continúa.
“La joven entra en una vorágine de conflicto con su propia autonomía» explica Mónica. «Ella lo hace por voluntad propia. Pero después de tanto escándalo, dice que la obligaron. Y el fiscal amplía la imputación al considerar que la persona no autorizó el aborto, pese a que fue una práctica autoadministrada y que firmó el consentimiento de puño y letra”, detalla. Y agrega: “Esto es una persecución del Ministerio Público de Salta. Para hacer esta imputación toma unos testimonios, otros no, toma algunas pruebas y otras no, aunque están en el expediente”.
Para garantizar accesos
A partir de la legalización del aborto se generaron herramientas para el acceso a ese derecho.
Cuerpos y libertades. Organizaciones feministas e indigenistas junto al Ministerio de Salud editaron una adaptación sociolingüística a lenguas originarias de materiales gráficos y sonoros que abordan derechos sexuales y reproductivos.
Allí están los protocolos de interrupción legal del embarazo y de atención a víctimas de abuso sexual, junto a los consentimientos informados que cualquier persona debe firmar para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo o una ligadura de trompas.
Manual de servicios de aborto trans Se trata de una guía para acompañar a personas trans que requieran abortar. Es una traducción adaptada que se presentó en septiembre.
Comunicado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
30D: un año de conquista, un año de ley de aborto voluntario Hace un año en Argentina tenemos derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, a un año de la sanción de la Ley 27.610, reivindicamos haber sacado el aborto de la clandestinidad: lo instalamos en la agenda pública como un problema de derechos humanos, justicia social y de salud pública. Por nuestra militancia en favor de los derechos humanos hicimos que el Estado Argentino salde de una vez por todas la deuda que esta democracia tenía con las personas con posibilidad de gestar y con la decisión de abortar. La 27.610 es nuestra lucha convertida en ley.Durante años estuvimos en las calles, en las escuelas y en los hospitales, acompañando a personas a abortar de forma segura, realizando tareas de incidencia política, redactando colectivamente proyecto tras proyecto de ley, organizándonos de forma horizontal y plural en todo el país. Constituimos una experiencia política sin precedentes. Nuestra marea verde, el feminismo organizado, nuestra acción colectiva y popular logró la despenalización social del aborto y llevar la discusión al Congreso de la Nación.La ley 27.610 es un paso histórico que amplió el marco de acceso a los derechos que estaban vigentes hasta entonces en nuestro país. Es una ley que cambia el día a día de las mujeres, lesbianas, varones trans, personas no binaries y niñas que se encuentran ante la situación de un embarazo no deseado. Es una ley que permite elegir y no pagar esa elección con la salud, con la vida o con la libertad. Es una ley contra el disciplinamiento y la violencia sobre nuestros cuerpos.Esta es una conquista y un mensaje de esperanza para los feminismos que en todo el mundo luchan por un mundo justo. El aborto legal es vida, es autonomía y es salud integral.Hoy Argentina cuenta con una ley que permite interrumpir voluntariamente una gestación hasta la semana 14 inclusive y luego de la semana 15 hacerlo en situaciones de perjuicio para la salud o la vida de la mujer o persona gestante o en caso de que el embarazo sea producto de violencia sexual.A un año de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo se abre una nueva etapa de lucha. Nuestra Campaña es federal, vive en cada rincón del país con los pañuelos verdes en alto. Por eso, en toda Argentina exigimos la efectiva implementación de la ley. Según relevamientos realizados por las más de 40 regionales que integran esta Campaña, el acceso al derecho al aborto es desigual en todo el territorio nacional. En muchas ocasiones se realizan derivaciones que demoran el acceso a la práctica, contradiciendo el plazo de 10 días que establece la ley. Resaltamos la falta del acceso a la mifepristona, un medicamento que garantizaría mejor atención a quienes deciden interrumpir un embarazo. ¡Abortar sin dolor también es político!Exigimos la efectiva implementación de la educación sexual integral en todo el territorio y que las niñas no sean obligadas a gestar y a parir. ¡Separación ya de la iglesia y el Estado!Exigimos la libertad de las más de 1500 presas por abortos o eventos obstétricos.Exigimos el sobreseimiento de la médica Miranda Ruiz, criminalizada en Salta por garantizar un aborto legal. También el cese de la persecución judicial a las compañeras de Salta que luchan por los derechos de las mujeres y disidencias sexuales. Basta de judicializar a quienes garantizan derechos. ¡Garantizar derechos no es delito, es obligación del Estado!Exigimos al Estado una campaña nacional de difusión de la ley en los hospitales y centros de salud, para que todas las personas que requieran interrumpir un embarazo puedan acceder a la información necesaria para decidir.Reclamamos también capacitación y sensibilización en perspectiva de género a los equipos de salud en su totalidad: personal médico, de enfermería, de salud mental, de servicios sociales y de admisión.Seguimos atentas y movilizadas. Si nuestra lucha conquistó una ley, allí donde haya una injusticia en relación a nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, seguiremos en alerta. Abrazamos nuestra lucha y una vez más volvemos a gritar: Educación sexual para decidir Anticonceptivos para no abortar Aborto legal para no morirCampaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
Fuente: Tiempo Argentino
Incendios forestales en once provincias:
un país en llamas y un ministro en
Narnia
Por Juana Galarraga, Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre de 2021.
Juan Cabandié habla de políticas ambientales y de producción sustentable mientras el extractivismo produce crisis hídricas e incendios en todo el país. Consecuencias de entregarse al FMI.
Este miércoles por la noche, fuentes comunales informaban que un incendio era combatido por bomberos voluntarios del municipio y por Defensa Civil en San Fernando, provincia de Buenos Aires. El fuego afectó unas 800 hectáreas de un sector delimitado por el río Paraná Miní, y los arroyos Fredes, Romero y Felicaria, en la segunda sección del Delta del Paraná. El lugar es un humedal considerado «Reserva de Biósfera» y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Según denunció este miércoles la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, se registran incendios forestales en 11 provincias. “Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Misiones, Corrientes todas prendidas fuego. Fuego extractivista. Hace 2 años que venimos quemas tras quemas, desmontes tras desmontes”, denunció en sus redes sociales.
Este martes por la tarde, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dirigido por Juan Cabandié, declararon en todo el país la “Emergencia Ígnea” durante 12 meses. El fuego ya alcanzaba a 7 provincias y hay algunas que reportan incendios desde hace semanas.
Río Negro
Este miércoles autoridades nacionales y de Río Negro alistaban un plan de contingencia en caso de que se decida evacuar a familias que viven en las proximidades del Lago Steffen, ante el avance del incendio forestal sobre ese lago y el Martin, desde el 7 de diciembre.
Mientras, los brigadistas repliegan las fuerzas en el valle El Manso por «cuestiones de seguridad», debido a fuertes ráfagas de viento, según informó a Télam el director del Servicio Nacional de Manejo de Fuego, Patricio Seufferheld.
Hasta allí había volado más temprano el ministro Cabandié para reunirse con autoridades rionegrinas. También tuvo reuniones «para supervisar acciones, reforzar los recursos y elaborar nuevas estrategias para el combate de los incendios forestales en las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén, en una jornada que presentó condiciones climáticas adversas», informó la cartera en un comunicado.
Cabandié se refirió a la disposición de los medios aéreos y explicó: “Los aviones hidrantes son un complemento muy importante, pero si no hay brigadistas en el terreno dando combate al fuego, un avión haciendo disparos solo no apaga el fuego”.
Habitantes de la provincia denunciaron hace días a corresponsales de La Izquierda Diario la falta de medios aéreos para frenar el fuego que amenaza las viviendas en el paraje Villegas. Fabio contó cómo enfrentaban el fuego después de esperar durante días la asistencia de las autoridades: «Nos autoconvocamos los vecinos. El SPLIF (Servico de Prevención y Lucha de Incendios Forestales de Río Negro) nos ha ayudado un poco con el cortafuegos, los bomberos, gente que tiene familiares y ha venido a ayudar. Las autoridades de arriba parece que no ven ni la tele, cobran fortunas y no hacen nada».
Neuquén
Un helicóptero hidrante cayó este miércoles a eso de las 11 de la mañana, cerca de la localidad de Aluminé, Neuquén, lo que causó la muerte del piloto y el mecánico del helicóptero. La unidad había sido contratada por el Gobierno provincial para sumarse al combate de los incendios.
El hecho se inscribe en un marco nacional en que brigadistas y el personal de las áreas comprometidas en el combate a los incendios denuncian falta de recursos, equipamientos y capacitación insuficiente, así como condiciones laborales totalmente precarizadas. Desde todos lados se escucha el reclamo sobre la falta de recursos y de personal.
La Junta de Seguridad en el Transporte informó en Twitter que el hecho ocurrió a 40 millas al norte del Aeródromo Chapelco (Neuquén).
El ministro Cabandié expresó en Twitter: «Con mucha tristeza, lamentamos el fallecimiento de los tripulantes del helicóptero que cayó esta mañana en Quillén. La aeronave, contratada por la provincia de Neuquén, se encontraba combatiendo los incendios en la zona de Aluminé».
Tras el hecho se resolvió replegar a los brigadistas hasta que mejoren las condiciones debido al elevado calor y las fuertes ráfagas de viento registradas en horas de la tarde.
Según denuncian corresponsales de este medio en la provincia, “el Gobierno provincial dispuso de medios aéreos, tanto aviones como helicópteros, para el combate de los focos de incendios al cuarto día de haberse originado. Algo totalmente inaceptable en zonas donde el desplazamiento terrestre resulta muy complejo. Por esto mismo, el intendente de la localidad de Aluminé Gabriel Álamo, expresó que de haberse combatido de forma aérea desde el primer día, el panorama sería otro”.
Rosario
Pasadas las 18 de este miércoles, en Rosario se reportaban temperaturas promedio de 40 grados. Una ola de calor afecta desde hace varios días a la localidad, a lo que se suma el humo de los incendios en las islas del Paraná y cortes de energía eléctrica en diversos barrios.
Jorge Bártoli, integrante de la organización ecologista El Paraná No se Toca aseguró que el sabor del agua que se consume está alterada «por la extrema bajante del río Paraná, lo cual era previsible”. Y agregó: “el río viene en bajante desde hace varios días y hoy, se encuentra apenas 6 centímetros por encima del 0”.
El director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Matías de Bueno, dijo que “el aire está viciado, pero si nos desplazamos más hacia el sur la situación es más compleja”.
De Bueno, señaló que el aire está contaminado porque “es mucho el humo que se está generando” y que prácticamente “de un día para otro pasamos de 570 a 1.700 hectáreas incendiadas frente a la ciudad de Rosario”, detalló.
“Hay incendios enormes en todo el sur del humedal, ayer, teníamos 350 focos de incendios en la zona del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas), finalizó.
Por las dudas voceros de Protección Civil de Rosario indicaron que las causas de los focos no se limitan a quemas intencionales por parte de dueños de tierras para criar ganado o navegantes que generan fuego sin respetar las normas. «La sequía y las altas temperaturas jugarán un rol protagónico», advirtieron.
Misiones
Según trascendió en medios de Misiones, la noche del martes se reportaban 30 focos de incendio en 15 localidades. Para este miércoles por la tarde, la cantidad de focos activos importantes se había reducido a 7.
El 10 de noviembre el Ordenamiento Territorial, en base al Plan Provincial Manejo del Fuego, ya había advertido que el índice de peligrosidad de incendios en Misiones se encontraba en estado “extremo” en toda la provincia.
El 27 de diciembre, Martín Recamán, subsecretario del área, dijo a medios locales que “el uso del fuego en área rural se vuelve sumamente peligroso. (…) En Misiones está prohibido el uso del fuego y esto viene vigente desde el año pasado. Se hacen todos los estudios y análisis del clima para ver la situación”.
Se ve que hay quienes están acostumbrados a otras tradiciones en la provincia. El sitio de Manejo del Fuego provincial informa que para hacer denuncias sobre incendios hay que comunicarse con la policía o los bomberos. En tanto, para la “quema controlada, los colonos o empresas forestales deben primero, saber cuál es el índice de incendios del día y segundo, solicitar a las autoridades del Plan de Manejo del Fuego la autorización correspondiente. Los teléfonos para cualquier solicitud son 03758-427164 y LINEA GRATUITA 105 – LAS 24 hs.”
En agosto de 2021, según el sitio Argentina Forestal, Javier Báez, delegado gremial de los Guardaparques, describía la situación ante el reporte de tres focos simultáneos que se registraron en zonas urbanas y rurales lindantes al área natural protegida en San Pedro: “Nuevamente los alcanza la temporada crítica sin estar adecuadamente preparados. (…) El año pasado, incluso antes de los incendios graves que se enfrentaron en la Reserva Yabotí, solicitamos la capacitación contra incendios para los guardaparques. Nuevamente, más allá de todo lo que desde Ecología señalan como avances para la lucha contra incendios y que en estos momentos se lleve adelante el curso, recién ya estamos otra vez con la emergencia. Falta formación, entrenamiento y también faltan recursos”, indicó.
Corrientes
Más de 400 hectáreas fueron afectadas por incendios en zonas rurales de varias localidades de Corrientes este martes 28.
«La situación es crítica», afirmó a Télam el director de Recursos Forestales, Roberto Rojas. Los focos afectaron la zona de La Cruz, a unos 430 kilómetros de la Capital. Se registraron dos focos de incendio en cercanías a la localidad de Guabiraví y uno en Yapeyú, en plantaciones forestales.
«Estamos trabajando con aviones hidrantes de empresas privadas, se sumará un avión del Plan Nacional de Manejo del Fuego y también por tierra», remarcó Rojas. Finalmente, mencionó que «las zonas con mayor riesgo es la costa del río Uruguay, desde Monte Caseros hasta Santo Tomé», aunque remarcó que «en toda la provincia el déficit hídrico es importante».
Narnia
El 11 de diciembre, cuando ya había focos de incendios registrados en la Patagonia, el ministro Cabandié estuvo en Aluminé, Neuquén, la localidad donde dos personas murieron este miércoles combatiendo el fuego. Allí firmó un convenio marco con la Corporación Interestadual de Pulmarí (CIP) y participó de la tercera Fiesta Provincial Intercultural Pulmarí, celebrada en la localidad.
Cabandié se refirió a aquel encuentro como “muy simbólico” y señaló: “Este lugar es el lugar de lo productivo, de los criollos, de las comunidades, el lugar donde el Estado está presente”, aseguró.
“Necesitamos apuntalar mucho la producción en el marco de lo sostenible”. También indicó que se requiere “la mirada ambiental y del Estado”.
“La ley de humedales es una meta a cumplir en el 2022, esperamos que pueda aprobarse en el Congreso de la Nación ya que es una demanda creciente que tenemos”, dijo Cabandié en la última asamblea del año del COFEMA, el 6 de diciembre. “Pudimos avanzar en muchos temas de gestión, pero ante todo, jerarquizamos la agenda ambiental” y agregó: “Sé que todas y todos nosotros tenemos un compromiso en común; ser parte de la dirigencia que comenzó a cuidar el planeta”.
Además del millón de hectáreas quemadas por incendios en 2020, hay que recordarle que el proyecto de ley de humedales fue bloqueado por el propio oficialismo del que forma parte en el Congreso. La contradicción entre el discurso del ministro y la realidad del país en llamas, crisis hídrica y alta contaminación ambiental se explica a través de una confesión del mismo Cabandié: según el Frente de Todos el extractivismo es necesario para conseguir dólares para pagar la deuda.
La única vía para enfrentar este plan de saqueo y entrega de los recursos naturales, es el camino que mostró la comunidad en Chubut, movilizada en las calles, junto a trabajadores pesqueros y de los puertos que pararon y lograron derrotar la ley de Zonificación Minera impulsada por el gobernador peronista Arcioni. O como hizo la comunidad mendocina hace dos años, ni bien asumió Alberto Fernández, en defensa de la ley 7722 al grito de “el agua no se negocia”.
Fuente: Izquierda diario – Foto de portada: Incendios registrados en Santa Cruz el 27 de diciembre – Diaz Walter | Télam
Una visita al preso político Facundo
Molares que lucha para evitar la
extradición
Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre de 2021.
Periodista. Ex miembro de las FARC en Colombia, de donde huyó por los asesinatos continuos de los paramilitares a pesar de las negociaciones de paz. Herido en Bolivia durante el golpe de estado a Evo Morales y en donde casi muere. Ya en Argentina, fue detenido en Trevelin. El Estado colombiano demanda su extradición. El 21 de diciembre, cuando se festejaba el revés del pueblo chubutense al gobierno de Mariano Arcioni, luego de derogar la ley de zonificación minera, ANRed, junto al Servicio Paz y Justicia de Argentina (SERPAJ), ingresó al Penal Nº 6 de Máxima Seguridad de Rawson a entrevistar a Facundo Molares.
Entrar a las cárceles nunca fue tarea sencilla y ésta no iba a ser la excepción. Luego de los trámites requeridos por el Servicio Penitenciario, pudimos entrar a ver a Facundo, pero con “vidrio de seguridad” de por medio. Pasadas las 15hs pudimos acceder a esa asfixiante habitación. A pocos minutos de permanecer ahí, detrás del cristal, vemos ingresar con un andar lento y cansado a Facundo. Nos saludamos, presentamos y estrechamos las manos todos por un pequeño rectángulo donde apenas cabía un apretón ajustado.
Los primeros diálogos cordiales van directo al “Chubutazo” que acaba de suceder. Facundo quiere compartir su análisis y dar cuenta de lo sucedido ese mismo día en la Legislatura provincial, donde luego de siete días de haberse sancionado la ley de Zonificación Minera, en una sesión virtual, las mismas personas que habían votado a favor se pronunciaron en contra, votando su derogación. Facundo manifiesta su alegría, pero también su estado de alerta continuo: “Esto no termina acá, recién comienza. Esta lucha que lleva casi dos décadas aún continúa. El poder político y económico no cede tan fácilmente”.
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Facundo Molares Schoenfeld es un fotoperiodista argentino, tiene 46 años y vivía en la provincia de Chubut hasta su detención. En su largo andar, Facundo fue miembro de las FARC en Colombia, de donde escapó del llamado proceso de paz que lleva asesinados a más de 250 ex guerrilleros que depusieron sus armas desde dicho acuerdo iniciado en 2016. Fue detenido y herido de bala en Bolivia en noviembre de 2019, durante el golpe de estado al gobierno de Evo Morales. Extraditado a la Argentina en diciembre de 2020, fue detenido el 7 de noviembre de este año por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol en su casa chubutense a raíz de una circular roja que emitió el gobierno colombiano solicitando su extradición al país caribeño. Facundo se encuentra detenido en el Instituto de Seguridad y Resocialización, conocido como el Penal de Rawson. Actualmente se aloja en el Pabellón 2, destinado a las personas que realizan conducta.
Facundo comienza a hablarnos de su paso por Bolivia cuando fue a cubrir para la revista Centenario, y donde fue herido por tres balas de plomo. Le consultamos acerca de cuál fue su último recuerdo antes de desvanecerse y despertar en el hospital esposado de brazos y pies. “Lo último que recuerdo es sentir una sed terrible, de esas cuando te estás deshidratando producto de perder mucha sangre, pero no me veía heridas. Recuerdo entrar a una casa abandonada a descansar y resguardarme un rato. Estaba afiebrado, entonces me recosté en el piso frío. Cuando me desperté, me dije a mí mismo que no había sido mi hora y salí a la calle, donde me desvanecí”.
Molares fue detenido de manera irregular por el gobierno de facto de Jeanine Añez en el Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre de 2019 y desde entonces estuvo en prisión preventiva, mientras era tratado en un hospital por heridas de bala y problemas renales. El Estado boliviano lo involucra en las muertes de Mario Terrazas y Marcelo Salvatierra, quienes defendían el “paro cívico” que rechazaba la elección de Evo Morales como presidente. Sin embargo, no pudieron determinar el grado de responsabilidad de Facundo en tales decesos por la irregularidad de las pruebas.
Facundo nos cuenta que estuvo 23 días en coma, 25 días en terapia intensiva producto de los tres disparos de bala de plomo que había recibido y actualmente tiene una bala alojada en el cráneo. A los tres días de recuperar el conocimiento en el hospital, es trasladado al Centro Penitenciario Palmasola en Santa Cruz, Bolivia, donde al encontrarse sin fuerzas y muy debilitado para valerse por sus propios medios, es ayudado por una persona que se encontraba detenida junto a él, quien lo ayudaba a comer, vestirse e incluso ir al baño. “Si no fuera por esa persona, yo hubiese muerto ahí tirado”, relata Facundo, haciendo hincapié además en la identidad trans de la única persona que lo ayudó.
Luego de largas e intensas gestiones del Gobierno argentino, Facundo regresa a nuestro país en diciembre de 2020 para recibir atención médica, tal como lo autorizaron las resoluciones judiciales del Estado Boliviano, ya con Luis Arce como presidente. La causa judicial en Bolivia, no está cerrada aún, pero ante la inconsistencia de pruebas es cuestión de tiempo para que la misma se caiga.
A medida que nos adentramos en la charla, Facundo se va soltando cada vez más, nos permitimos las pausas e incomodidades de revivir situaciones poco agradables, recordar momentos alegres y cotidianos, así como también ir haciendo análisis políticos y conjeturas sobre su devenir judicial.
En libertad y junto a los suyos en Trevelín, Chubut, solo permanece unos pocos meses. Una tarde es detenido por la División Interpol de la Policía Federal, ya que Colombia había puesto una circular roja para que sea apresado. Tras estar tres días en la Comisaría de Esquel, fue trasladado al Penal de Rawson. El delito por el que se lo acusa está relacionado con su vínculo a las FARC y al secuestro del concejal Armando Acuña, cometido el 25 de marzo de 2009 en el Municipio de Garzón, Colombia. El Estado colombiano acusa a Molares de secuestro extorsivo agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de fuerzas armadas y uso ilegal de uniformes e insignias. Molares no figuró en el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la vieja guerrilla, por lo tanto su nombre no fue incluido en negociaciones.
Facundo nos cuenta que él estuvo involucrado en la entrega del concejal, junto a varias personas más, las cuales no fueron acusadas. Al rememorar esos días en la selva colombiana, nos dice que el concejal luego de un año de estar en la selva había mejorado notablemente su condición física y sus afecciones de salud, que al principio no creía que iba a poder realizar esas duras caminatas y subidas, pero que a base de la comida saludable y el ejercicio lo logró. Rememora que días previos a la entrega del concejal al Estado colombiano, fue a comprarle ropa, un traje y zapatos de charol; esboza una sonrisa al contarlo. Agrega que todos volvían a la ciudad en jogging y remera, pero el concejal volvió en traje y zapatos de charol. “Incluso le hicimos pintar (teñir) el pelo. ¡¡El viejo se veía mucho más joven de como se había ido!!”, relata. Comenta además que desentonaba su bigote canoso y que al querer convencerlo se negó, pero luego fueron las chicas que lo teñían quienes lograron pintarle el bigote también. Entonces, al momento de la entrega, nadie podía creer que había estado secuestrado por las FARC. “Las personas miraban el cartel de las fotos donde lo buscaban y lo miraban ahí con traje, ¡y era otro… estaba mucho mejor!”.
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Molares no quiere ser extraditado a Colombia ya que su vida allí estaría en riesgo. El Estado colombiano no garantiza un juicio justo ni su integridad personal. En nuestro país, la causa se encuentra en manos del juez federal Guido Otranto. Cabe recordar que Otranto fue el primer juez en la causa que se abrió a partir de la desaparición de Santiago Maldonado. Fue cuestionado tanto por la familia de Maldonado como por organismos de DDHH y finalmente desplazado, tras avances nulos en la investigación y por “temor de parcialidad”.
Facundo manifiesta su deseo de estar pronto en libertad, pero mientras tanto exige no ser extraditado al Estado colombiano, y agrega que detenido en el penal de Rawson no puede ser atendido ni tratado por sus afecciones físicas, las secuelas de salud que padece como consecuencia de su estadía en Bolivia. Junto a su abogado y organismos de DDHH, han solicitado que sea trasladado al penal de Ezeiza o de Devoto para así poder continuar con su tratamiento médico, ya que el Hospital Posadas tiene su historial clínico. También podría ser atendido en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce en Florencio Varela, ya que como se mencionó tiene alojada una bala de plomo en su cráneo, pero también padece de una cardiopatía constrictiva y tiene alojada una esquirla en el ojo izquierdo que lo enceguece paulatinamente, ocasionándole dolores de cabeza constantes e impedimento para leer, su principal distracción en el encierro. Una semana previa a nuestra visita, el médico personal de Facundo se acercó al penal y sólo lo dejaron verlo (al igual que a nosotros) mediante un vidrio, sin poder revisarlo de forma eficiente por sus dolencias. Desde que se encuentra privado de su libertad, no ha accedido a ningún control médico ni tratamiento por sus afecciones.
Son casi las 18hs y una puerta se abre indicándonos que es momento de dar por terminada la visita. Nos saludamos como podemos a través del vidrio y esa pequeña ventanita que permite que nos estrechemos las manos y le agradezcamos por su tiempo. Antes de irnos, nos dice que si pasamos por Trevelin no dejemos de ir a visitar a su padre. Nos despedimos. Avanzamos mientras el ruido seco del pasador se cierra tras nosotros.
Fuente: ANRed
Envio:RL
Los sindicatos serán querellantes ante la justicia y llevarán la denuncia a la OIT
"Vamos a presentar y hacer todas las denuncias en la justicia nacional y en la OIT", dijo Pablo Moyano, uno de los secretarios generales de la CGT.
Durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la CTA de los Trabajadores, en Piedras al 1000, los dirigentes sindicales indicaron que se trató de un plan de "inusitada gravedad" que equipararon con prácticas de la última dictadura militar.
De esta forma, los principales sindicatos del país buscan sumarse e impulsar la denuncia presentada esta semana por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, ante la justicia federal de La Plata luego de que encontrara en ese organismo un disco que contenía una grabación realizada el 15 de junio de 2017, en la que funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal y agentes de inteligencia orquestaban una persecución y armado de causas a organizaciones sindicales.
En el video aparecían, entre otros, el por entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas; el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia bonaerense; Juan Pablo Allan, senador provincial; y el intendente de La Plata, Julio Garro, además de empresarios y los agentes de inteligencia Sebastián De Stefano, director de jurídicos de la AFI y Darío Biorci, por entonces cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI.
Pablo Moyano indicó que este plan de persecución sindical "no fue hacia dos o tres dirigentes, sino que el objetivo era destruir el movimiento obrero".
"¿Qué diferencia hay entre Villegas y el exministro de Trabajo de la dictadura militar Horacio Liendo, si en el 76 desaparecían las comisiones internas y en 2017 este animal de Villegas dice que hay que desaparecer a los sindicatos?, se preguntó Moyano.
El líder cegetista también exigió que "la justicia actúe de manera inmediata".
Recordó asimismo que "cuando en 2017 salimos a confrontar el modelo económico del espía Mauricio Macri logramos que la única ley que no pudo aprobar el Congreso fue la reforma laboral".
Por su parte, el Secretario General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, dijo que las declaraciones del exministro Villegas implican "la orquestación de un operativo para perseguir al sindicalismo e iniciar causas".
"¿Qué diferencia hay entre (Marcelo) Villegas y el exministro de Trabajo de la dictadura militar Horacio Liendo, si en el '76 desaparecían las comisiones internas?"Pablo Moyano
"Se habló de la necesidad de una Gestapo para confrontar con el movimiento sindical y eso le da inusitada gravedad al hecho. Esto no puede quedar impune ni pasar como un hecho menor", argumentó Yasky.
El referente gremial remarcó que "resulta atronador el silencio de (la exgobernadora bonaerense) Vidal, es complicidad pero también reconocimiento".
En tanto, Vanesa Siley, diputada nacional y representante de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, indicó que el Gobierno de Cambiemos montó "este aparato de persecución como lo hizo la dictadura" y calificó lo ocurrido como "una barbaridad".
"Si no llenaban las tapas de diarios con presos y presas no hubieran podido tomar la deuda externa que tomaron ni endeudarnos, ni bajar el poder adquisitivo como lo hicieron en un 20% y la desocupación por arriba del 10%", manifestó.
A su turno, Mario Manrique, Secretario adjunto Smata y secretario gremial de CGT, afirmó que "estas son las formas y herramientas que utiliza el PRO y la derecha más rancia de la Argentina para lograr su objetivo".
Manrique agregó que si el sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina "se equivocó y pagó con la cárcel, a Macri le corresponde lo mismo".
Desde el Suteba, su secretario general, Roberto Baradel, señaló que hubo "un plan sistemático (para perseguir trabajadores) y responsabilizó a "Vidal y a Macri".
"A los que no nos podían procesar nos perseguían y amenazaban. Hacían un linchamiento mediático", concluyó.
El dirigente sindical docente confirmó que los sindicatos se presentarán como querellantes hoy en la causa judicial impulsada por la AFI ante los tribunales federales de La Plata.
"Vamos a pedir que renuncien absolutamente todos los involucrados que tengan cargos institucionales y vamos a exigir el juicio político a (Julio) Conte Grand", agregó, Baradel en alusión al Procurador General de la Suprema Corte Bonaerense.
En la presentación también estuvieron presentes otros dirigentes gremiales como Roberto Pianelli (subtes); Luis Clemente (marítimos); Claudio Marín (telefónicos); José Pasotti (trabajadores del caucho); Graciela Aleñá (trabajadores viales) y Adriana Monje (docentes bonaerenses), entre otros.
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