Equipo especial para investigar el triple crimen de Ibarlucea
Visiones para un delito brutal y complejo
Es para que los distintos fiscales aporten su experiencia en torno de los asesinatos de la boda, las pistas del lavado de dinero y la complejidad de la trama narco.
Cuatro fiscales integrarán un equipo especial para investigar el triple homicidio de Ibarlucea, en el que fue asesinada una familia a la salida del casamiento de una pareja que está procesada como parte de una banda que irá a juicio por narcotráfico, en pocos días. La resolución N° 1/2022 dispuesta por la fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren para la creación del grupo de trabajo indica que "a partir de la investigación se evidencia la vinculación de los hechos y sus protagonistas con posibles maniobras de lavado de activos y financiamiento de organizaciones que conformarían un contexto de criminalidad compleja". Frente a ese entramado, la decisión de conformar el nuevo equipo que estará integrado por los fiscales Luis Schiappa Pietra, Gastón Ávila, Matías Edery y José Luis Caterina fue presentada ayer como una "necesidad". Además, apunta al intercambio de información con la Justicia Federal, donde también la pareja baleada era investigada.
El Ministerio Público de la Acusación dio a conocer ayer la resolución de la jefa de los fiscales de Rosario. La misma plantea que ante "las derivaciones que hasta el momento ha producido (la investigación, que lleva una semana) se hace necesario dotarla de mayor cantidad de recursos, sumando fiscales que aporten distintas visiones de las diferentes unidades que integran", en relación a su desempeño en las unidades de Homicidios y la Agencia de Criminalidad Organizada.
En tal sentido, para la Fiscalía Regional "resulta necesario abordar todos los hechos que se deriven por parte de un equipo de trabajo transitorio de fiscales que actuará de manera coordinada, fortaleciendo las acciones investigativas y propendiendo al intercambio de información con la Justicia Federal".
La decisión de crear el equipo se dio a conocer a poco de iniciada la causa por el crimen que generó fuerte impacto el fin de semana pasado, incluso con repercusiones nacionales. La investigación recayó, al principio, sobre el fiscal Ávila, quien el lunes dio algunos datos en conferencia de prensa y planteó que la principal hipótesis apunta al tráfico de drogas. En ese contexto, señaló que tanto Iván Giménez como Érica Romero -atacados con una veintena de disparos, junto a su beba de un año y medio- estaban en una investigación federal por "distribución a mediana escala" de estupefacientes. Además, los contrayentes de la boda -Brisa Leguizamón y Esteban “Pinky” Rocha- están a punto de llegar a juicio con la banda de Olga "Tata" Medina.
Al respecto, Iribarren indicó que en la causa por el triple homicidio "hay cuestiones que son evidentes como manejos (económicos) por parte de personas que no tiene en principio actividad económica registrada", dijo sobre el posible delito de lavado de activos. También mencionó que "personas que fueron a esa fiesta (de casamiento) tenían antecedentes penales; la propia situación de los novios y las características del hecho también apuntan a una situación por demás de compleja", aseguró. "Además del homicidio podrían existir otros delitos y estar vinculados a lo que surja de este caso, que excede a la posibilidad material de un solo fiscal. La idea es abarcar la investigación en su totalidad", señaló.
El fiscal Schiappa Pietra, que estará a cargo de la dirección del equipo creado, sumó en LT8 que es "un caso que desnudó distintas aristas criminales, que están todas vinculadas, y en función de ello requiere un abordaje de los hechos conexos vinculados a este triple crimen". También dijo que "se hicieron una serie de tareas y que se siguen llevando adelante", pero prefirió no hacer consideraciones al respecto, en este momento de la investigación. "Hay personas que están siendo identificadas; los vínculos y relaciones de unas con otras. Este es un hecho de concatenación con otros, vinculados al funcionamiento de estas organizaciones", sostuvo.
Días atrás, Ávila se abstuvo de revelar cuestiones sobre vínculos y enemistadas entre bandas, y la eventual relación con el hecho. Sí dijo que "es posible que alguien de adentro de la fiesta haya tenido participación, ya que el vehículo en el que se manejaba la familia esa noche no era el habitual, por lo cual alguien tiene que haber advertido a los homicidas que ellos iban en ese Audi TT".
El 29 de enero, la familia ejecutada se retiró a las 4 de la madrugada del salón de fiestas Campos de Ibarlucea. Los tiradores los emboscaron desde una camioneta y efectuaron más de 20 disparos. Luego se dieron a la fuga. Algunos invitados intentaron auxiliarlos. Pudieron sacar al hombre y a la beba para llevarlos al hospital, pero no a la mujer. Uno de los asistentes a la fiesta se involucró en llevarla en el mismo Audi. "Dijo que quería ayudar, que estaba ebrio, que se equivocó cuando salió, se asustó. Que iba en un auto baleado, al lado de un cadáver y en el camino le pareció ver un móvil policial. Que por eso decidió prenderlo fuego. Vino acongojado", dijo Ávila el lunes.
En tanto, el nuevo equipo de fiscales se estableció con una duración "indeterminada", que "se extenderá en principio a determinar la identificación de los autores de los hechos que se investiguen y a la presentación, en su caso, del requerimiento acusatorio, sin perjuicio de que pueda prolongarse si las circunstancias y el desarrollo de la investigación así lo ameritan".
Licencia
Pase de facturas entre concejales del peronismo y el oficialismo
Cruces por la suba de la tarifa
Para el PJ, el aumento de 19,9% es resultado de que la oposición rechazó el Presupuesto Nacional. Respondió la presidenta del Concejo.
Concejales peronistas y del oficialismo se cruzaron por el último aumento en el precio del pasaje del transporte urbano de pasajeros, que esta semana pasó a 59,35 pesos. La polémica la abrió un comunicado de los concejales del interbloque Frente de Todos-PJ que en el título lo decía todo: "La única verdad es la realidad: sin Presupuesto Nacional los rosarinos y rosarinas pagarán más caro el boleto", en referencia al rechazo del cálculo de gastos de este año por parte de la oposición, de la que son parte los partidos del Frente Progresista.
El interbloque que integran Norma López, Julia Irigoitía, Silvana Teisa, Marina Magnani, Fernanda Gigliani y Lisandro Cavatorta afirma que "en diciembre del 2021 concejales del Frente Amplio Progresista y Cambiemos le dieron la potestad al intendente Javkin para que aumentara el boleto de colectivo a discreción, evitando que el debate pase por el Concejo Municipal. Son las mismas fuerzas políticas que votaron en contra el Presupuesto Nacional que incluía un aumento del 70% en la asignación de subsidios al transporte para las provincias".
Los concejales peronistas admiten que se necesitan más subsidios, pero afirman que "la tarifa no es el único problema: hay que discutir la calidad del servicio, las frecuencias y los recorridos". Asimismo, "es fundamental que Rosario implemente la tarjeta SUBE". Acusaron a los gobiernos del Frente Progresista de "negarse a implementarla".
La que recogió el guante fue la presidenta del Concejo, la radical María Eugenia Schmuck: “El gobierno nacional le aumentó los subsidios al AMBA aún sin haberse votado el presupuesto. Hace dos décadas que el gobierno nacional, sin importar el color político que sea, discrimina al interior en materia de subsidios”, respondió en diálogo con LT8. Detalló que a Rosario se le destinan $40 por pasajero mientras que el AMBA recibe $110.
“Hay que decirle al interbloque del peronismo, que son la expresión local del gobierno nacional, que Rosario no se puede sostener más con un nivel de subsidios de esta naturaleza”, retrucó para justificar el incremento del precio del pasaje.
“Cada uno tiene que hacer su parte, nosotros hacemos la nuestra. También hay que hacerse cargo de las decisiones que toman los gobiernos del mismo color político, no salir en los medios de comunicación echándole la culpa a los demás que no es de otros que del gobierno nacional”, remató.
Desde el miércoles pasado, la tarifa en Rosario subió a 59,35 pesos, lo que implicó un aumento del 19,9% para absorber el impacto de la inflación en los principales insumos del sistema, según la explicación oficial. El incremento se decidió en sintonía con Córdoba capital y la ciudad de Santa Fe. Las tres intendencias unificaron la tarifa.
Inician operativo
Cosecha segura 2022
En nombre de "los Cantero"
Lo imputan por amenazar con "tumbar 7" policías
El Concejo de Santa Fe quiere una explicación concreta
Qué hacía Piedrabuena en esa boda
Desde Santa Fe
El lunes, el Concejo Municipal de Santa Fe le pedirá explicaciones al concejal y cantante de cumbias José José Piedrabuena que animó su show en el casamiento que terminó con el triple crimen de Ibarlucea, en medio de una trama asociada al narcotráfico. Piedrabuena ya ensayó algunas excusas al estilo de “me contratan, canto, termino y me voy”, que no convencieron a sus colegas que tienen la potestad no sólo de interpelarlo, sino también de separarlo del cuerpo. Con el correr de los días, por el revuelo político que generó su participación en la boda, Piedrabuena se dio cuenta que es funcionario público las 24 horas del día y que ese rol no se puede disociar de su actividad profesional.
Ayer, el representante artístico de Piedrabuena, Marcos Khoury victimizó a su representado. "A mi me llamó el miércoles pasado, un empresario que tiene bailes y nos compra grupos habitualmente, es cliente nuestro y lleva artistas a sus bailes y que sabía que teníamos un show en Rosario y nos dijo que había la posibilidad de (actuar) en un casamiento. Si es un casamiento hay un juez antes que nosotros, un cura, alguien que alquila el lugar, el servicio de catering". "Nosotros acá somos víctimas de lo que pasó. Juanjo también es artista y nosotros vivimos de los shows". "Esto le puede pasar a cualquier artista. Obviamente ahora, después de lo sucedido, vamos a tomar recaudos", prometió.
El presidente del Concejo, Leandro González, insistió que Piedrabuena es un funcionario público que debe actuar como tal. “Juan José se puso a disposición para dar explicaciones” el lunes ante “los diferentes bloques. Esperamos que “explique públicamente las circunstancias en las que participó en ese evento” y hacerle saber que “debe adecuarse a las reglas de un funcionario público”.
Amsafe espera ser llamada a paritarias la semana próxima
Suba de salarios y bastante más
Segunda dosis de vacunas en niños, situación en escuelas especiales y condiciones laborales, entre los temas apuntados por Alesso.
Desde Santa Fe
El gobierno de Omar Perotti convocará a la paritaria docente en la provincia la semana que viene, según adelantó ayer la secretaria general de Ctera Sonia Alesso. “Es la información extraoficial que tenemos”. “Es bueno que el Ministerio de Educación de la Nación haya convocado a la paritaria nacional en la primera semana de febrero y ojalá que Santa Fe haga lo mismo”. Al margen de la cuestión salarial, Alesso dijo que “hay otros temas que discutir”, entre los que mencionó la vuelta a clases en “escuelas seguras”, la vacunación de los niños y niñas de 3 a 11 años que “no es un tema menor”, la situación epidemiológica en las escuelas especiales, los “barbijos seguros” y la realidad de los edificios escolares.
El jueves, Alesso participó en la apertura de la paritaria nacional. Y ayer, cuando le preguntaron si le habían pedido al gobierno de Perotti la convocatoria de la paritaria provincial, sorprendió: “Nos dijeron que nos iban a convocar, espero que la semana próxima. Esa es la información que tengo y espero que sea así”, dijo. “No lo tengo confirmado. No tengo la citación, pero extraoficialmente tengo esa versión”.
“Todos los años pedimos que las paritarias funcionen. Que no se espere el cierre de la paritaria nacional porque se puede demorar, sino que se convoque a la paritaria provincial porque además del salario hay otros temas que discutir, como las escuelas seguras.
-¿Ese será el primer tema de la agenda en Santa Fe? –le preguntó un colega de LT9.
-Nosotros evaluamos la situación de los edificios escolares en todo el país, no sólo en Santa Fe, las escuelas seguras y la vacunación –respondió Alesso–. Santa Fe es una de las provincias que más docentes vacunó. Nos falta todavía un porcentaje de docentes con tercera dosis, pero tenemos una vacunación alta. Creemos que de acá al comienzo del ciclo lectivo esos números aumentarán. Convocamos a los docentes que se vacunen. Es importante para garantizar la salud.
Esta semana, la ministra de Salud Sonia Martorano anunció la vuelta a clases con “aulas seguras” a partir del gran resultado de la campaña. “El 96% de los docentes ya completó su esquema de vacunas y el 72% recibió el refuerzo”. En el grupo de los chicos de 3 a 11, el 68% completó el esquema y de 12 a 17, que sería el nivel secundario, el 82%”. “Entonces, con estos números ya podemos decir que en Santa Fe las clases comenzarán en aulas seguras”, informó la ministra.
Ayer, Alesso coincidió en una necesidad. "Tenemos que insistir en la vacunación con la segunda dosis de los niños y niñas de 3 a 11 años. Santa Fe está entre las provincia que más vacunados tiene en este grupo, pero hay una franja cercana al 30% que todavía” no completó el esquema. “Hay que insistir en la vacunación de los chicos. Porque a la escuela van niños y niñas que tienen distintas comorbilidades. Entonces, por ahí un niño no vacunado que tiene covid puede contagiar a un niño con comorbilidades, aunque esté vacunado. Este no es un tema menor”.
“Otro de los temas que nos preocupa es la situación de las escuelas especiales. Lo planteamos en la paritaria nacional. Las escuelas con modalidad especial, donde hay chicos con comorbilidades específicas, que hay que cuidar”, apuntó.
A la agenda, Alesso propuso sumar los “barbijos seguros”. “Ayer, el gobierno nacional anunció una fuerte inversión en barbijos de calidad para las escuelas. Bueno, son temas que hay que abordar también, junto con el salario, en la provincia de Santa Fe”.
"La gente cree que en las paritarias se habla solo de los salarios, pero en realidad se abordan muchas temáticas de nuestro sector, entre ellos concursos, condiciones de trabajo, temas que se tratan a principio de año y aunque se sigan trabajando después son cosas que llevan mucho tiempo. Es importante tener tiempo. Es bueno que el Ministerio de Educación de la Nación haya convocado a la paritaria nacional en la primera semana de febrero para empezar a discutir. Ojalá que la provincia haga lo mismo", cerró la líder de Ctera y Amsafé.
Fuente:Rosario12
Hacia la presencialidad plena
A partir del lunes 7 de febrero, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) pedirá a su
personal y estudiantes el esquema de vacunación completo, un alta Covid que certifique
haber cursado la enfermedad en los últimos 90 días o un test con resultado negativo.
El rector de la UNR, Franco Bartolacci, aseguró que se trata de una medida “con un
sentido educativo, que no es restrictiva sino habilitante”. Se da en el marco de un
Programa de Promoción y Cuidado de la Salud que también arranca este lunes.
En los últimos días de enero y la primera semana de febrero circuló por diversos
medios que la UNR pediría “pase sanitario” a sus docentes, personal y estudiantes. Sin
embargo, este viernes el rector Bartolacci aclaró que se trata de una medida de control
y registro, enmarcada en una campaña de salud y cuidado. Lo hizo en una larga
entrevista, en el programa Radioactividad, de Radio 103.3 Universidad.
Bartolacci recordó que el lunes 7 comienza el calendario académico 2022, y que febrero
es básicamente un mes de consultas, cursillos de preparación para el ingreso y de
exámenes.Recién en marzo se empiezan a retomar las clases en las distintas facultades.
También destacó la importancia de “recuperar la presencialidad plena” para la
comunidad universitaria en 2022. “Esto no quiere decir que vayamos a borrar lo rico
que hicimos y construimos en virtualidad, eso tiene que servir para tumbar fronteras,
para mejorar el acceso a la educación superior. Pero necesitamos volver a la
presencialidad. Muchas de las cosas que tengo como profesional de buenas, las aprendí
no solo del plan de estudio, sino también conversando, discutiendo con los compañeros,
profesores en el aula, en el pasillo. Esa es la universidad pública”, compartió en la
entrevista radial.
Para recuperar esa presencialidad completa, el rector planteó la necesidad generar
condiciones de cuidado. “Desde el primer día de la pandemia hemos sido muy celosos
de acompañar y cuidar a nuestra comunidad, para que todo lo que hagamos sea
cuidando a la comunidad de la universidad”, afirmó.
Enmarcada en esa idea de retorno a la presencialidad segura, Bartolacci anunció que
desde este lunes se pondrá en marcha un Programa de Promoción y Cuidado de la Salud
La iniciativa será revisada al mes de su puesta en marcha y allí se evaluará la continuidad de la medida, según la situación sanitaria.
De acuerdo con este programa -detalló el rector- “habrá puestos sanitarios de la UNR en
cada área geográfica donde hay dependencias de la universidad”. Será con “agentes
sanitarios que van a promover políticas de cuidado, van a conversar con nuestra
comunidad acerca de las pautas establecidas en los protocolos”. También estará la
posibilidad, en cada uno de esos puestos, de hacerse de manera gratuita el test de
detección rápida, a cargo de estudiantes y profesionales de ciencias bioquímicas.
El programa de salud prevé además la instalación de un puesto de vacunación para que
la comunidad universitaria pueda sacar un turno y acceder a la vacunación contra la
Covid. “La universidad tiene una posición muy contundente acerca de la eficacia de la
vacuna y la importancia de la vacunación, que ante una nueva ola nos permite estar
prácticamente viviendo una vida normal; y, a nosotros, recuperar la presencialidad”,
apreció Bartolacci.
Certificados y test
El rector detalló que en el contexto del plan sanitario que pondrá en marcha la UNR
este lunes, se le pedirá al personal de la UNR (por vía administrativa) y a los estudiantes
(mediante el sistema Guaraní) “que acrediten el esquema de vacunación completo con la
certificación oficial vigente, o un alta covid que certifique haber cursado la enfermedad
en los últimos 90 días, o un test con resultado negativo”.
Bartolacci aseguró que la decisión de la UNR “es para registro y control, y para poder
trabajar en función de ese registro y control sobre una población específica, respecto de
la promoción de la campaña de vacunación”. Pero también de las políticas de cuidado
que tendrán que tener en cuenta, para realizar actividades en la universidad, quienes
deciden no vacunarse.
“La medida tiene un sentido educativo, de promoción del cuidado de la salud, no es
restrictiva sino habilitante Por lo tanto, esto no va a lesionar ningún derecho ni se verá
impedida la posibilidad de realizar actividad académica. Sí, queremos que aquello que se
haga, se haga en el marco de ciertas normas de cuidado”, remarcó el rector de la UNR al
reafirmar la idea del programa sanitario.
Fuente:RedaccionRosario
La pelea contra el coronavirus
“Tenemos 12 localidades que comenzaron este jueves a vacunar a grupos de 12 a 17
año y este viernes comenzó en Rosario. Pero lo importante es que desde el lunes, toda
la provincia de Santa Fe estará vacunando con dosis de refuerzos a menores de 12 a 17
años con la vacuna Pfizer”, explicó este viernes en conferencia de prensa la ministra de
Salud de Santa Fe, Sonia Martorano.
La funcionaria también indicó que la inoculación “se realizará por turnos y fecha de
vacunación, es decir que a partir de los 4 meses de colocada la segunda dosis”. En ese
sentido, Martorano argumentó, además, que “el 34% de toda la población tiene
colocada su tercera dosis. Vamos a tener un febrero de muchas vacunas de refuerzo con
la idea de poder concluir en marzo o abril”.
COFESA: la importancia de la inoculación
De acuerdo a los datos brindados por el secretario de Salud, Jorge Prieto, en el Consejo
Federal de Salud (COFESA) “se analizó una publicación donde personas no vacunadas
tiene una tasa de mortalidad que impacta en un 7,8 cada 100 mil habitantes y la cifra
baja a 1,24 con esquemas completos de vacunación y a 0,74 cada 100 mil habitantes
con terceras dosis. Eso remarca que tenemos que seguir con esta premisa de vacunar
para que la inmunidad le gane a la transmisibilidad y que si se cursa la enfermedad con
esquemas completos pueda ser con una forma más leve de la enfermedad, como sucede
con Ómicron”.
Por otra parte, anticiparon que “quienes cursaron la enfermedad, a partir del momento
del alta, se recomienda esperar 90 días para colocarse el refuerzo. El motivo es que el
Covid nos deja inmunidad, anticuerpos, los mismo están por 3 meses. De cualquier
manera, aquel que se coloque antes la vacuna no le va a ser mal pero tiene que saber
que el cuerpo no va a estar preparado para generar los anticuerpos que pretendemos”.
En cuanto a la descentralización de la vacuna, la ministra confirmó que “comenzamos
con empresas que tengan mínimamente 1000 empleados de Rosario, Santa Fe y Rafaela,
donde vamos a ir a vacunar con las dosis de refuerzo en cercanía de su lugar de trabajo”.
Ciclo lectivo
A nivel nacional se busca llevar adelante un aula segura con la vacunación y sobre ese
punto Sonia Martorano indicó: “Recordemos que el 96% de los docentes tienen el
esquema completo pero, además, ya superamos el 72% de los que tienen el refuerzo.
En cuanto a los menores, en la franja de 3 a 11 hay un 68% con dos dosis, mientras
que de 12 a 17 un 82%”. Y añadió: “Esos números son el pase que tenemos para el aula
segura. A eso se sumará lo que tiene que ver con infraestructura, que son aulas que
aseguren la ventilación cruzada, bachas para el lavado de manos, alcohol y barbijo”.
Cabe señalar que la semana que viene habrá una reunión conjunta entre representantes
del Consejo federal de Salud y el de Educación para determinar detalles ante el inicio de
clases.
Por el momento no se está pensando la solicitud del “pase sanitario en las escuelas, si
pensamos en incentivar la vacunación en docentes, auxiliares y alumnos. En caso de un
positivo en algún aula, se están ultimando detalles”, concluyó Martorano.
Fuente: Prensa de Gobernación de Santa Fe
Fuente:RedaccionRosario
Justicia radicalizada
Las pruebas del presunto “espionaje ilegal” seguirán en reserva por decisión
judicial. Con excepción de los medios de comunicación. La causa nació y se
crió en la pata radical del OI, que también realiza pericias del caso.
Las causas con once sospechosos por presunta defraudación al Estado a través de una
licitación que no se realizó y por supuestas maniobras ilegales en la recopilación de
información por parte de funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia,
originada la segunda en la denuncia del militante radical a cargo del Organismo de
Investigaciones (OI), Víctor Moloeznik, y condimentada con las declaraciones testimoniales
de empleados de esa dependencia allegados al diputado de la UCR-Juntos, Maximiliano
Pullaro, mantendrán las pruebas bajo la estricta reserva de los fiscales intervinientes,
Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, mientras sus pormenores continúan ventilándose
en la prensa en pos de la construcción de culpabilidad pública.
Si bien la resolución de la jueza penal Rosana Carrara de esta semana no contiene esas
dos especificaciones, eso es lo que los involucrados creen que sucederá a partir de la
aceptación por parte de la magistrada del pedido fiscal de duplicación de los plazos
procesales, que en los hechos les permitirá a los fiscales conservar en secreto la
evidencia contra los sospechosos, mientras son expuestos por goteo y bajo la modalidad
de “trascendidos” a través de la prensa comercial.
Tanto parece ser así, que en su resolución la jueza Carrara señaló que “el órgano
acusador deberá utilizar con máxima prudencia y extrema rigurosidad las facultades que
le brinda la ley en cuanto al tiempo razonable para la investigación”.
Por ese motivo, lo instó “al máximo esfuerzo en su accionar para respetar dichos extremos,
a los fines de no estigmatizar a las personas que se encuentran sospechadas, vulnerando
su buen nombre, dignidad y honor, que detentan la garantía constitucional de presunción de inocencia”. Bello, pero tardío.
Durante la audiencia de esta semana, el fiscal Hernández argumentó que entre las
medidas probatorias que aún no fueron realizadas en la investigación, se encuentran las
pericias de elementos informáticos sobre las búsquedas acerca de personas físicas y
jurídicas aparentemente realizadas por funcionarios de Seguridad, que integraban el
equipo del ex ministro Marcelo Sain.
Hernández aseguró que son “miles” las búsquedas registradas en las bases de datos
Sudamericadata y Nosis –de acceso libre mediante el pago de abono mensual– y que las
pericias las llevará a cabo personal del Organismo de Investigaciones (OI).
Es decir que, en la causa iniciada por una denuncia del titular del OI, y cuyas primeras
evidencias son los testimonios de casi una decena de empleados de ese organismo, para
garantizar la imparcialidad las pericias informáticas las realiza personal del mismo OI.
Por dos
El 1° de febrero se realizó la audiencia en el MPA de Santa Fe para analizar el pedido de
los fiscales Hernández y Jiménez de duplicación de los plazos que establece la ley para
una investigación. De no haberlo obtenido, deberían haber imputado a los sospechosos y
permitir a sus defensas acceder a la causa para que conozcan la evidencia en contra de
sus clientes y garantizar, de ese modo, el derecho de defensa.
Los fiscales fundaron su planteo en el artículo 346 del Código Procesal Penal santafesino,
que establece que “cuando la tramitación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos
del elevado número de imputados o víctimas o por tratarse de casos de delincuencia
organizada o trasnacional, a solicitud del Fiscal, el Tribunal podrá ordenar la duplicación
de todos los términos previstos en este Código, sin perjuicio de los acuerdos relativos a
la arbitración de trámite que las partes puedan acordar”.
Las defensas, en manos de los abogados Juan Lewis, Hernán Martínez, Oscar Silva y
Nicolás Mosconi, plantearon que no existe “complejidad” en la investigación que amerite
mantener el secreto que les impide acceder a las pruebas contra sus clientes.
Lewis, que representa a cinco sospechosos, argumentó que no se cumplen en el caso los
extremos establecidos por la norma. “No existe pluralidad de imputados atento que son
once, repartidos en dos causas que no tienen relación entre sí; no existe pluralidad de
hechos, pues sindican solamente delitos y artículos del código, y ello no basta para
referenciar un hecho; que no está determinada la magnitud del daño, que si bien existen
medidas en ejecución e información sensible, la causa no es compleja y la defensa puede
tener acceso a la información”.
Martínez, abogado de Sain en ese legajo, adhirió al planteo de su colega y manifestó que
“no consiente la competencia de estos Tribunales por la mera mención de la Ley 25.520
(de Inteligencia nacional), correspondiendo a la Justicia Federal” la investigación de
posibles ilícitos.
Si bien a la hora de establecer el encuadre penal el fiscal Hernández sostuvo que los
delitos perseguidos son “asociación ilícita en concurso real con negociaciones
incompatibles con el cargo, en concurso ideal con administración fraudulenta calificada,
malversación dolosa y abuso de autoridad”, en una nota periodística tras los allanamientos
a la sede Rosario del Ministerio de Seguridad, el 26 de noviembre del año pasado, dijo
que se trataba de “espionaje ilegal”.
La persecución penal de ese delito, establecido en la ley de Inteligencia nacional, es
claramente de jurisdicción federal. Pero en la realidad, lo que ocurrió es que acusaron
por los medios de “espionaje ilegal”, aunque indicaron en los escritos que investigan
delitos cuya sanción corresponde a la Justicia ordinaria.
Militantes de la verdad
La jueza tuvo por válido el planteo de los fiscales, a quienes les concedió el plazo
especial, y enumeró los argumentos vertidos por esa parte, entre los que recordó la
trazabilidad política del caso, al indicar que “se inició la investigación a raíz de una
denuncia formulada por el Sr. Víctor Moloeznik”, titular del OI, aunque no especificó –no
era su obligación, por cierto– que fue funcionario de los gobiernos del Frente Progresista,
ni su origen radical.
La resolución también menciona a “les pibes de Maxi”, los militantes radicales que
ingresaron al Organismo de Investigaciones a instancias del entonces ministro de
Seguridad de Miguel Lifschitz, el radical (ahora en Juntos por el Cambio) Pullaro, que
brindaron su aporte al caso.
“Se recepcionaron diferentes testimonios de personas que brindan funciones en dichas
instituciones, quienes dieron información de relevancia, confirmaron la realización de
perfiles que contenían información de personas, entregaron algunos de los perfiles
elaborados –los que se realizaban a partir de la consulta de distintas fuentes como
Google, BCRA, Renaper, DNRPA, Nosis, Veraz, etcétera–, especificaron la base de datos
que se utilizaba, y los usuarios de cada una de ellas”, señaló la jueza Carrara.
Se trata de los empleados del OI Laureano Brufal, Natacha Abello, Guillermo Nicolás Gallo
, Mariano Rodríguez Grancelli, Betiana Odesti, Denise Philipp y Facundo Bomboni,
subordinados de Moloeznik y seguidores del diputado Pullaro. También declaró, según
pudo saber El Eslabón, la empleada policial con rango de suboficial Paula Di Doménico.
Como contó este semanario la semana pasada, en 2016 se empezó a conformar la
estructura del OI y, en sus inicios, los ingresos se realizaban mediante contratos del
Ministerio de Seguridad.
Esos contratos se hicieron desde la cartera que conducía Pullaro y se pagaban por la
oficina privada del ministerio, a cargo del ahora diputado provincial de la UCR, Juan Cruz
Cándido, una de las voces que denuncia el “espionaje ilegal”.
Al ser contratos gestados enteramente desde el Ministerio de Seguridad, sin control
alguno de ninguna instancia del Poder Judicial, estos ingresos fueron mayoritariamente
elegidos entre personas del grupo político de Pullaro.
El peine
En su planteo para solicitar la duplicación de los plazos procesales, el fiscal Hernández
sostuvo que existía un gran cantidad de víctimas de la presunta recopilación ilegal de
datos por partes del Estado, particularmente de los empleados de Seguridad investigados
en la causa.
Señaló que eran “miles” las búsquedas realizadas en bases de datos abiertas y pagas y
puntualizó que pidieron a las fiscalías del MPA y a las federales que les confirmaran –o no–
si existían investigaciones sobre las personas físicas y jurídicas buscadas en esas bases.
La mayoría de los fiscales del MPA respondió al oficio, mientras que los federales cerraron
filas y se negaron, para no poner en riesgo investigaciones en curso.
Es curioso que a cinco meses de iniciada la investigación –la denuncia de Moloeznik fue
radicada a fines de agosto–, y a pesar de los testimonios y los allanamientos realizados
hace 70 días, Hernández y Jiménez no puedan imputar a los sospechosos y tengan que
aguardar a ver qué encuentran en las búsquedas de la web.
La lista de 661 nombres de personas e instituciones presuntamente “perfiladas” por la
gestión Sain se hizo pública. Allí hay organizaciones civiles como el club Newell’s Old
Boys, instituciones públicas como el Concejo Municipal y emprendimientos privados
como la heladería Yomo. También, por supuesto, nombres de personalidades del mundo
político y empresario.
En su resolución, Carrara señaló que “preliminarmente existe una lista de 661 probables
víctimas y/o damnificados de la inteligencia ilegal, se solicitó a jueces y fiscales federales
y provinciales que informen si existen investigaciones en trámite y si habían requerido
algún tipo de medida investigativa en relación a dichas personas, no habiendo sido
respondidos aún la totalidad de ellos”.
Para el abogado defensor Lewis, en su argumentación los fiscales “sólo se remitieron a
parte de sus escritos en los que sostienen que se habían peinado algunas bases de datos,
y que habría habido consultas sobre algunas personas. Eso, así planteado, no es
espionaje ni nada por el estilo”.
En su versión mediática, la investigación comenzó con el presunto secuestro de miles de
carpetas, Juntos por el Cambio repudió en un comunicado “escuchas ilegales”, se habló
de la utilización de información con fines “extorsivos” mediante “carpetazos”, como señaló
Pullaro.
A setenta días de los allanamientos al Ministerio de Seguridad –producidos ochos meses
después de que Sain renunciara a la cartera– la espuma bajó y se discute sobre búsquedas
más o menos masivas de nombres de personas y organizaciones en bases de datos,
algunas tan triviales como el motor de búsqueda Google.
Los fiscales buscan probar que esas acciones constituyen un delito, violatorio del inciso 2
del artículo 4to de la ley de Inteligencia nacional, que establece que ningún organismo
de inteligencia podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos
sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión
política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales,
comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la
actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
Aún en el caso de que así fuere, ¿qué explicación tiene que se aferren a la investigación
de un delito federal?
Fuente:ElEslabon
Cuáles fueron los principales
reclamos de los rosarinos
en 2021
El comercio electrónico, las tarjetas de crédito, a la cabeza
de las demandas, según la Oficina Municipal del Consumidor.
La Oficina Municipal del Consumidor brindó un informe sobre los principales rubros
en los que la entidad tuvo que realizar intervenciones, ante demandas de usuarios y
consumidores, en 2021.
Según explicó el titular de la Oficina Municipal del Consumidor, Antonio Salinas,
“durante el año 2021 se sostuvo el crecimiento exponencial que se había dado en el
2020 de pandemia en cuanto a consultas y reclamos realizados ante la oficina. Las
modalidades virtuales de compras y acceso a servicios se consolidaron y profundizaron;
en igual ritmo se consolidaron las vías remotas de contacto con la oficina".
El año pasado, el total de contactos con la dependencia fue de 11.760. Los llamados al
0800-666-8845 fueron 3.120; los mensajes a través de Facebook e Instagram, 3.360; la
atención de tipo presencial, 2.880; y mediante el uso del correo electrónico, 2.400.
Alrededor del 50 por ciento de las consultas que se reciben adquieren el carácter de
asesoramiento u orientación a los usuarios para hacer valer sus derechos en la
resolución de conflictos vinculados a las relaciones de consumo.
El 50 por ciento restante constituyen expedientes formales con reclamos o denuncias
que son debidamente cursadas a las empresas o entidades denunciadas comenzando la
vía administrativa para la resolución del conflicto y el efectivo ejercicio de los derechos de
los y las consumidoras.
Dentro de la Oficina Municipal del Consumidor, los reclamos y denuncias se ordenan en
diferentes áreas o secciones.
En el Área Financiera se recepcionaron durante el año pasado cuestiones vinculadas a
intereses de tarjetas de crédito, desconocimientos de compras, deudas, seguros, créditos,
Veraz, estafas y principalmente consultas y reclamos de reintegros o duplicidad de pagos
del programa Billetera Santa Fe. A través de esa área se concentra un 29% del total de
consultas y reclamos.
"En 2021 notamos un crecimiento preocupante de las denuncias referentes a robos de
datos (phishing), compras no realizadas, tarjetas de créditos no solicitadas y un gran
caudal de solicitudes de reintegros del sistema Billetera Santa Fe", indicó Salinas.
A través del Área Comercial, que alcanza el 26% del total de intervenciones de la
dependencia, se observó falta de entrega de productos, productos con fallas, compras
sin stock, planes de ahorro, obras sociales y prepagas, agencias de viajes, salones de
fiesta, viajes de egresados, recitales, entre otras problemáticas planteadas por usuarios y
consumidores.
Según el informe, el rubro electrodomésticos fue el que obtuvo mayor concentración de
reclamos durante 2021, siendo las empresas Garbarino y Frávega las que sumaron más
intervenciones. Le siguen Mercado Libre, Musimundo y otras.
El Área de Telecomunicaciones vinculada a servicios de telefonía, cable e internet
alcanza a un 23% del total de reclamos y consultas e incluye aumentos de tarifa, falta de
servicio, problemas técnicos, solicitudes de conexión, cuestionamiento de facturas,
portabilidad, entre otros. Los reclamos por falta de servicio son los que más
intervenciones sumaron.
“En cuanto a los reclamos de telecomunicaciones, durante 2021 destacaron como
novedad una importante cantidad de denuncias de robo de cables en distintos barrios de
la ciudad, dejando sin comunicación a barrios enteros, que hasta el día de la fecha no
cuentan con el servicio correspondiente y no notamos por parte de la empresa serias
intenciones de reposición de los servicios”, destacó el titular de la Oficina Municipal del
Consumidor.
A través del área Vivienda e Inquilinos, que constituye el 16% de consultas y reclamos se
recepcionaron problemáticas sobre vencimientos de contratos, denuncias a
administradores de consorcio, inscripción de administradores de consorcios, aumentos
de contratos, ley de alquileres, expensas, entre otros. Los aumentos y renovaciones de
alquileres son los rubros más consultados.
Con respecto a las consultas y reclamos que se viabilizaron a través del Área Servicios
Públicos, un 5% del total de todas las áreas, la Empresa Provincial de la Energía es la
que alcanzó más intervenciones y le siguen Aguas Santafesinas S.A. y Litoral Gas.
Sobre la sección Servicios Municipales, el informe advierte que “no se recepcionan
muchos reclamos en esta materia en relación a las otras áreas. Se puede inferir que la
mayor cantidad de reclamos a las distintas áreas municipales se cursan a través de los
Distritos Municipales o las líneas de contacto de las diferentes Secretarías.
Otra de las áreas de la Oficina Municipal del Consumidor por donde se canalizan
consultas y reclamos es el Área Legal, a través de la cual se establecen los contactos
correspondientes con empresas y entidades denunciadas a los fines de hacer efectivos los derechos de los consumidores y usuarios que presentan sus reclamos.
Reclamos por todas las vías de comunicación
Durante el período 2021, la dependencia mantuvo la atención al público con las
modalidades de teletrabajo y presencial mediante burbujas, según los protocolos
establecidos y sin turno previo.
"A través de la línea telefónica gratuita se recibieron entre 11 y 20 llamados diarios, con
una totalidad de 3.120 llamados anuales. Si bien se observó un leve retroceso de los
contactos telefónicos con respecto a 2020 –cuando se habían alcanzado los 3.600
contactos–, se puede interpretar que obedeció a la incorporación de nuevas formas de
comunicación que se establecieron, entre otras razones", señalaron desde el organismo.
La atención presencial en la oficina promedió las 12 consultas diarias, elevando el
número de reclamos y consultas realizadas el año pasado a 2.880. Sin embargo, las
redes sociales continuaron con un caudal sostenido de reclamos. Las consultas por
mensajes directos da través de Facebook e Instagram fueron entre 15 y 20 diarias,
finalizando con 3.360 mensajes durante 2021.
A través del correo electrónico general de la dependencia, así como en cada una de las
áreas, se recepcionó un total de 2.400 consultas, con un promedio de 10 consultas diarias
por esa vía.
Fuente:RosarioPlus
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