Denuncian asesinato de tres líderes
indígenas
Resumen Latinoamericano, 25 de marzo de 2022
El asesinato de los líderes indígenas ocurrió en la provincia de Puerto Inca, en el central departamento de Huánuco. | Foto: Página 3
Responsabilizan del crimen a mafias vinculadas a actividades ilegales y exigen medidas para proteger a los indígenas.
La Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y la Asociación Regional de Pueblos Indígenas (ARPI-SC), de Perú, denunció el asesinato el martes último de tres líderes indígenas en el departamento Huánuco (centro) y la continua vulneración de los derechos de las comunidades originarias.
Los líderes indígenas pertenecían al pueblo Asheninka. Se nombraban Jesús Antaihua, Nusat Benavides (su esposa) y Gemerson Pizango, Fueron asesinados el pasado 22 de marzo en la provincia de Puerto Inca.
En un comunicado, las organizaciones señalan que el matrimonio formaba parte de la comunidad de Cleyton, en tanto que Pizango integraba la comunidad de Santa Teresa.
ORAU y ARPI-SC denunciaron que el “valor de la vida humana, pero aún de la vida indígena, se ha perdido completamente”, y señalaron que las autoridades no implementan sistemas de protección efectivos.
Rechazaron “la ola de violencia que se cierne sobre nuestros pueblos” y precisaron que ya suman “14 líderes indígenas asesinados solo entre Ucayali y Huánuco, territorios donde trabaja ORAU”.
Apuntaron que tras estos hechos se ocultan mafias vinculadas a actividades ilegales como el narcotráfico, el tráfico de tierras y la minería ilegal.
Señalaron que, entre otros elementos, la violencia se potencia por la falta de medidas de protección y por la corrupción de autoridades encargadas de administrar justicia, lo cual asegura su impunidad.
Ante ese panorama, manifestaron que la única opción que les queda es la autodefensa, por lo cual anunciaron que comenzarán a «tomar medidas de seguridad basados en nuestros usos y costumbres para asegurar la protección de los defensores y líderes indígenas».
En un comunicado posterior, ORAU y ARPI-SC dieron a conocer que, de conjunto con la federación Feconapia (a la que pertenecían los indígenas asesinados), se reunirán con sus bases el 28 y 29 de abril para analizar y emprender medidas concretas de autodefensa de los territorios.
Agregaron que las comunidades tomarán el control total de los territorios si las autoridades no toman acciones inmediatas. «Lo que el Estado no quiere hacer, lo hará el pueblo», concluyó el comunicado.
De acuerdo con medios de prensa, ORAU y ARPI-SC engloban a más de 400 comunidades nativas de las centrales regiones de Junín, Ucayali, Huánuco y Loreto (norte).
FUENTE: Telesur
Congresistas presentan denuncia
constitucional contra magistrados
por indulto a Fujimori
Resumen Latinoamericano, 24 de mazo de 2022
La congresista de Perú Libre Margot Palacios presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso una denuncia contra los magistrados Ernesto Blume, Augusto Ferrero, José Luis Sardón y Manuel Miranda, a raíz de los últimos fallos que emitió el Tribunal Constitucional.
Palacios acusa a los referidos magistrados de haber infringido los artículos 1 y 2 de la Constitución y haber incurrido en el presunto delito de prevaricato, al haber declarado improcedente una acción de amparo presentada por las comunidades de Chila Chambilla y Chila Pucará, en la provincia puneña de Juli, en la que solicitan que se anule una concesión minera por encontrarse sobre sus territorios.
Las comunidades denunciaron que el Instituto Minero Metalúrgico (Ingemmet) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) —entidades responsables de la concesión— no aplicaron el mecanismo de consulta previa.
Los magistrados Blume, Ferrero y Sardón optaron por declarar improcedente el pedido de los pueblos, ya que “el derecho a la consulta previa no se encuentra reconocido por la Constitución ya sea en forma expresa o tácita”. En tanto, Miranda prefirió determinar infundada la demanda ya que considera que la concesión por sí sola no implica un riesgo directo para las comunidades.
Ante ello, la parlamentaria oficialista advierte que los tribunos desconocieron el Convenio 169 de la OIT, que, por ser un tratado internacional suscrito por el Estado Peruano, cuenta con rango constitucional, de acuerdo con diversos fallos del TC.
Indulto ilegal de Fujimori
En su denuncia, la congresista Margot Palacios también plantea acusar a los magistrados Ernesto Blume, Augusto Ferrero y José Luis Sardón por prevaricato debido a que con sus votos se restituyó el irregular indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al exdictador Alberto Fujimori en 2017.
La perulibrista asevera que dicha sentencia contradice lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta: “El Tribunal ordenó al Estado, en ambos casos, la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables de los hechos”.
Palacios también recuerda que el indulto a Fujimori Fujimori fue revocado tras una revisión de la Corte Suprema de Justicia, a pedido de la Corte IDH. La instancia de justicia local encontró irregularidades en el otorgamiento de la gracia presidencial, como que la Junta Médica Penitenciaria vulneró principios de imparcialidad y debido procedimiento, y los informes contradictorios sobre el estado de salud del recluso.
FUENTE: Nodal
Acudirán a instancias internacionales
para pedir libertad de dirigentes del
Valle de Tambo
Zintia Fernández / Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2022
El miércoles 23 de marzo se cumplieron 8 años desde que inició el conflicto Tía María en Arequipa. Ciudadanos criminalizados por protestar y dos dirigentes sentenciados es el saldo que deja el proyecto minero aún paralizado. ¿Qué pasó con los recursos de casación presentados para absolver a los dirigentes condenados?
Los trámites de casación de los dirigentes del Valle de Tambo, Jesús Cornejo Reynoso y Jaime de la Cruz Gallegos, fueron declarados improcedentes por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Arequipa. Con este recurso buscaban que el juicio sea visto en última instancia en la Corte Suprema. Sus condenas son de 7 y 12 años, respectivamente.
La resolución N°64, del 08 de marzo del 2022, señala que el pedido de casación «no supera la sanción mínima prevista para el tipo penal materia de condena exigida por dicha norma». Es decir, la sanción mínima que tiene cada uno de ellos es de 6 años y debería ser mayor.
Resolución N° 64 de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
En tanto para la familia de Jesús Cornejo, la negación al pedido les genera dudas . “Teníamos entendido que este trámite tiene un largo proceso, pero salió rápido. Esperábamos que sea vista por otra sala, en Lima. En estos momentos presenta problemas de salud”, indicó Alejandra Cornejo, hija del ex presidente de la Junta de Usuarios de Riego del Valle del Tambo, a Wayka.
La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), quienes llevaron la defensa de 5 de los once procesados del Valle de Tambo, manifestó que esta sentencia criminaliza las protestas porque el sustento permite sancionar a una persona solo por ser dirigente.
Cornejo y De la Cruz fueron sentenciados cómo “coautores no ejecutivos” por los delitos de disturbios, entorpecimiento de los servicios públicos y motín ocurridos en el 2015. En ese año, las protestas se agudizaron por el rechazo al proyecto minero de la empresa Southern Perú y frente al temor de daños ambientales. El conflicto tuvo como resultado siete personas fallecidas entre pobladores y policías.
Fueron 15 dirigentes llevados a juicio acusados por presunta asociación ilícita para delinquir, disturbios y extorsión en agravio del Estado y de la minera Southern. La fiscalía sustentó que ellos integraban una supuesta organización criminal que usaba la protesta para obtener beneficios económicos. Esta hipótesis se sustentó en base a un audio difundido, donde el exdirigente Pepe Julio Gutiérrez pedía 1.5 millones de soles al entonces asesor externo de Southern Perú, Jesús Gómez Urquizo. El acusado ha sostenido reiteradas veces su inocencia.
Después de varios años, el 2 de febrero de 2022, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confirmó la sentencia para los tres dirigentes, mientras que los demás quedaron absueltos, incluido el abogado.
En tanto, voceros del valle indicaron que recurrirán hasta instancias internacionales para conseguir la libertad de Jaime de La Cruz y Jesús Cornejo. Adelantaron que harán un pedido al presidente Pedro Castillo para solicitar la gracia presidencial de indulto para los dos dirigentes, así como la formulación de leyes para evitar prisión a los dirigentes o manifestantes.
Además, la hermana de Jesús, Julia Cornejo, reclamó mayor atención a la sentencia. «No podemos ser indiferentes», destacó al explicar que quien asuma un cargo en la Junta de Usuarios también puede ser denunciado por defender el valle. «Me duele mucho que en este momento se haya dado la espalda a mi hermano», contó a Wayka durante la evento de conmemoración por los ocho años del conflicto realizado en Cocachacra.
Por otro lado, el pedido de Pepe Julio Gutiérrez sí procedió. El exdirigente fue condenado a 16 años por el delito de tentativa de extorsión en agravio del Estado, disturbios y entorpecimiento de los servicios públicos.
FUENTE: Wayka.pe
Envio:RL
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