Audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
"Quien investiga termina perseguido y hostigado"
La Asociación de Fiscales de Santa Fe, encabezada por su presidenta Gisela Paolicelli y con aval nacional, expuso el caso Traferri y las presiones políticas sobre el MPA.
“¿Hasta cuándo tanta impunidad?”, preguntó la presidenta de la Asociación de Fiscales de Santa Fe Gisela Paolicelli. El silencio que siguió después parecía subrayar su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los “ataques sistemáticos” a sus colegas que investigan los delitos de cuello blanco en la provincia. “Quien investiga a corruptos termina perseguido y hostigado”, sintetizó el presidente de la Asociación Argentina de Fiscales, Marcelo Varona. Paolicelli denunció ayer ante la CIDH dos casos “paradigmáticos” en Santa Fe, como los llamó: la persecución del senador Armando Traferri a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que investigan una causa por corrupción. Y la represalia a los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack tras investigar a los senadores (por el “manejo arbitrario de subsidios, el desvío de fondos públicos y enriquecimiento ilícito”) y otra megacausa (“un conjunto de estafas inmobiliarias y lavado de activos que involucró a empresarios y grupos de poder con conexiones con el poder político”)”. A comienzos de 2017, un pacto entre la Legislatura y la Casa Gris designó fiscal regional de Rosario a Patricio Serjal, quien desplazó a Narvaja y Mac Cormack de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos y desmanteló el área, y seis meses después, en noviembre de 2017, el Senado y la Cámara de Diputados sancionaron -en horas- una "ley antifiscales" –impulsada por Traferri- que los dejó “absolutamente subordinados al poder político”. “Algo nunca visto. Ningún país tiene un sistema así. En Santa Fe, suspender a un fiscal es tan fácil como levantar la mano”, enfatizó Paolicelli. “Y a los fiscales de la provincia nos quedó muy claro el mensaje: a quién se puede investigar y a quién no”. La causa de los senadores terminó en el archivo.
Paolicelli expuso ante la CIDH en una audiencia pública que dirigió su presidenta, Julissa Mantilla. Un relato cronológico de la represalia a Narvaja y Mac Cormack en 2017 y la persecución de Traferri a Schiappa Pietra y Edery, después que éstos pidieran su desafuero para imputarlo como supuesto “organizador de una organización criminal”, que el Senado rechazó, en diciembre de 2020. Los fiscales acompañaron a Paolicelli en su intervención –por zoom desde Rosario- y Narvaja incluso participó en el debate.
“Edery y Schiappa Pietra, hoy presentes en esta audiencia, denunciaron a un senador” y a un “fiscal regional”, dijo Paolicelli. A Traferri lo mencionó cinco veces, no por el apellido, sino por su cargo. Y a Serjal, por el puesto de poder al que renunció. La “evidencia” en la causa –dijo la presidenta de la Asociación de Fiscales de Santa Fe- “es contundente” y “demuestra que ellos junto con otros funcionarios integraban una organización y recibían dinero a cambio de permitir el juego ilegal en la provincia”.
“El fiscal regional (Serjal) quedó preso, fue imputado y acusado. Pero el senador (Traferri) no. Sus fueros lo impiden, no sólo tiene inmunidad de arresto sino que tampoco puede ser siquiera sometido a proceso. El desafuero se pidió ante el Senado y el Senado lo rechazó”. El 22 de febrero pasado, “la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sostuvo la ‘constitucionalidad’” de los fueros absolutos de Traferri. Y a partir de ese fallo, “la causa contra el senador” se frenó. “Mientras tanto, el Ministerio Público continúa la investigación hasta donde puede. Algunos coimputados ya resultaron condenados”.
“Y por supuesto, los fiscales ya fueron denunciados cuatro veces por el senador (Traferri). La Auditoría del MPA desestimó esas denuncias. Pero hay dos que aún están en manos de los legisladores”, alertó Paolicelli. Traferri denunció a Schiappa Pietra en noviembre de 2021, pero amplió esa denuncia ante la comisión de Acuerdos el miércoles pasado y lo anunció el jueves, en el pleno del Senado, 24 horas antes de que lo denunciaran a él en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “La fiscal que desestimó la denuncia (a los fiscales) en el MPA” y “una jueza (Isabel Mas Varela) que participó en una de las audiencias, donde se acusó al senador también fueron denunciadas”, agregó Paolicelli.
“La Legislatura puede intervenir en cualquier denuncia que se haga contra un fiscal, aún cuando fuese una denuncia sin fundamento o para desestimar y usarla como excusa para disciplinarnos. Una verdadera espada de Damocles”.
“En la provincia de Santa Fe, donde la violencia, el uso de armas de fuego, los homicidios se cuentan de a cientos, donde escasean recursos de todo tipo para hacer frente a la prevención y a la investigación de la criminalidad, las irregularidades en la utilización de los fondos públicos sigue siendo imposible de investigar. ¿Hasta cuándo tanta impunidad?”, se preguntó Paolicelli.
Su colega de la Asociación Argentina de Fiscales, Marcelo Varona, dijo que los casos que se expusieron ante la CIDH, entre ellos los de Santa Fe, “demuestran que la corrupción ha llegado a tal punto de tener capacidad y medios para impedir investigaciones, trabar procedimientos y manejar la opinión pública a través de los medios de comunicación y las redes sociales, con falsedades, inexactitudes y la intención de descalificar a quienes la investigan”.
“Cuando las imputaciones se dirigen al poder político, al crimen organizado, cuando un fiscal se compromete en la lucha contra la corrupción al más alto nivel, la respuesta del poder político es por afuera del sistema procesal: se ataca al fiscal”. “Ya se dijo en los casos presentados”, insistió Varona. “Si es necesario cambiar un procedimiento para sancionar o destituir un fiscal, así se hace. Si es necesario ampararse en fueros, así se hace. Si es necesario manipular la opinión de la ciudadanía, así se hace”. Quedó claro que hablaba de Santa Fe”.
Las causas por subsidios del Senado y la megaestafa inmobiliaria
Lo que se puede investigar y lo que no
La fiscal Gisela Paolicelli dijo que “los delitos económicos tienen una vinculación de causa y efecto con los hechos de sangre, que están flagelando a la provincia de Santa Fe”. Lo señaló al denunciar el caso de los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack que dirigían dos pesquisas “importantísimas”. “Una fue la llamada mecacausa, un conjunto de estafas inmobiliarias y lavados de activos que involucró a empresarios y grupos de poder con conexiones con el poder político”. Y la otra “la causa de los senadores” por el “manejo arbitrario de subsidios, desvío de fondos públicos y enriquecimiento ilícito”
“Estas causas avanzaron y comenzaron a develarse verdaderas redes criminales”, relató. “A comienzos del año 2017 fue elegido para cubrir la vacante del fiscal regional de Rosario el fiscal Patricio Serjal, que contaba con un gran apoyo de un sector político y fue puesto en ese cargo para frenar de cualquier manera el avance de estas investigaciones. Y así lo hizo: desarmó la Unidad de Delitos Económicos, apartó a los fiscales (Narvaja y Mac Cormack). En la megacausa se aplicaron criterios de oportunidad a favor de los principales acusados y en la causa contra los senadores, un archivo”.
“Mientras estuvieron a cargo de estas investigaciones, Narvaja y Mac Cormack sufrieron todo tipo de hostigamientos. El Senado provincial hizo una denuncia ante la comisión de Acuerdos de la Legislatura y los acusó de haber cometido irregularidades en otras investigaciones, donde tres instancias judiciales confirmaron que los fiscales habían actuado correctamente”, precisó Paolicelli.
Pero al margen de tratarse de denuncias grotescamente falsas, en ese momento la denuncia en la Legislatura no pudo prosperar porque la Legislatura no tenía facultades disciplinarias sobre los fiscales. La ley orgánica del MPA establecía un sistema de juzgamiento disciplinario con verdaderas garantías e imparcialidad de los juzgadores”, “protegía la independencia de los fiscales y no permitía que se ejerciera indebida presión sobre ellos”.
Entonces, ¿qué hizo la Legislatura? Modificó la ley. A finales del año 2017, en forma totalmente imprevista, sin debate previo, sin reflexionar sobre lo que estaban haciendo, por unanimidad se derogó el sistema disciplinario previsto originalmente por la ley orgánica, un sistema que cumplía con los estándares previstos en las directrices de Naciones Unidas sobre la función de los fiscales. Un sistema mixto donde una Auditoría investigaba y un tribunal mixto juzgaba. La Legislatura arrasó con estas directrices y se atribuyó en forma exclusiva la facultad de suspender, destituir y amonestar a los fiscales por una única causal: el ‘mal desempeño’. Desplazó al juez natural, unificó a quien investiga y juzga, eximió a los votantes de tener que dar fundamentos escritos de sus decisiones y permitió que se debatiera sin quórum. En Santa Fe, suspender a un fiscal es tan fácil como levantar la mano. El sistema de justicia quedó absolutamente subordinado al poder político. Algo nunca visto. Ningún país tiene un sistema así. Y a los fiscales de Santa Fe nos quedó muy claro el mensaje: a quién se puede investigar y a quién no”, cerró Paolicelli.
Policelli y también Narvaja respondieron preguntas de los comisionados de la CIDH. Ella recordó que la Legislatura sancionó la ley antifiscales en noviembre de 2017, en una “forma totalmente intempestiva” y se adjudicó la “facultad exclusiva de sancionar o remover a un fiscal” con una norma que “no prevé un debido proceso, ni tiene garantías mínimas”. El hecho ocurrió “justamente cuando los senadores eran investigados” por delitos económicos. Desde entonces, “cada fiscal de la provincia” sabe que si investiga al poder tiene “una espada de Damocles en la cabeza”.
Narvaja dijo que Serjal operó como fiscal regional de Rosario para “desarmar” la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, que él integraba con Mac Cormack. “Se había consolidado un equipo técnico y una oficina con capacidad para perseguir este tipo de casos", pero "la desarmaron sin que esto prenda ninguna alarma” en Santa Fe.
La situación del transporte urbano de pasajeros y la empresa El Cacique
Choque político por los colectivos
La concejala Norma López (FDT-PJ) dijo que el intendente "se lava las manos" ante los problemas. Le respondió la radical Schmuck.
Tras las críticas que ediles del riñón del intendente Pablo Javkin lanzaron contra la anterior gestión socialista por la concesión a la empresa El Cacique, que lidera el ranking de quejas por parte de los usuarios del transporte urbano de pasajeros, la concejala Norma López (Frente de Todos-PJ) le apuntó al jefe del Palacio de los Leones por la crisis del sistema. "Javkin se lava las manos y el transporte está cada vez peor, que haga su parte", cuestionó la edila justicialista, para luego señalar: "En el 2020, el intendente favoreció a los empresarios del transporte suprimiendo recorridos y reduciendo unidades, dejando barrios enteros sin colectivos ni frecuencias. Si el intendente piensa que las rosarinas y rosarinos vamos a seguir mirando cómo se lava las manos, mientras la ciudad sigue igual desde hace veinte años, se equivoca". La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck (Bloque Radical), aliada de Javkin, cruzó a López: "En lugar de declarar, peleen en Buenos Aires con sus funcionarios por los recursos que le niegan a Rosario y todo el interior para garantizarle a la gente sus derechos".
En la previa del encuentro que el pasado jueves mantuvieron en La Toma integrantes de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo con vecinales para abordar la crisis del transporte urbano de pasajeros en la ciudad, y en el marco de las críticas a la empresa El Cacique, el concejal Ciro Seisas (Creo) le dijo al diario La Capital: "Hay que preguntarle a la gestión anterior qué hizo la concesión del actual pliego, por qué se le adjudicó una parte del transporte a El Cacique. Tiene problemas financieros muy grandes, los tuvo siempre; desde el primer momento. Habría que haber observado mejor si estaba en condiciones de tomar el servicio con estas características".
Según López, "la crisis de El Cacique que hoy recorre los diarios, era algo que habíamos anticipado en 2015 cuando se debatió este pliego. Oportunamente, con el entonces concejal Roberto Sukerman nos opusimos por varias razones. En primer lugar porque favorecía más a los empresarios que a los usuarios, y en segundo lugar porque era virtualmente imposible de aplicar por las características de la ciudad".
"Pero lo que ya no nos sorprende, son las declaraciones del oficialismo sobre el tema", continuó la presidenta de bloque del Frente de Todos-PJ. "Seisas, la voz del intendente Javkin en el Concejo Municipal, le echa la culpa a (Mónica) Fein, como si ellos no hubieran tenido nada que ver con esta crisis que arrastramos desde hace décadas. Le recordamos a Seisas que Javkin durante todo el proceso de licitación que le otorgó la concesión a la empresa, fue secretario General de la Intendencia y concejal del oficialismo", agregó.
La vicepresidenta del PJ santafesino se refirió también al discurso del intendente en la apertura de sesiones del Concejo: "Una escucha al Intendente y pareciera que está escuchando a alguien que nació de un repollo en el 2019. Vive desligándose de las responsabilidades, nos pide que ‘cada uno haga su parte’. Nosotros le pedimos a él que haga la suya, algo que no ha sucedido desde su asunción".
“Mientras tanto ‒sostuvo la concejala‒ los que pasan más de una hora en la parada de los colectivos son los usuarios que llegan tarde a sus trabajos, a las escuelas y a sus hogares. Ya no hay excusas y la paciencia se va acabando, es hora que se pongan a gestionar y a solucionar los problemas de las rosarinas y rosarinos, y que dejen de tener para todo una excusa o una oportunidad para culpar a los demás".
Schmuck salió al cruce de las críticas, elevando la temperatura del debate político por la crisis del sistema del transporte. Después de pedirle a la oposición que "asuman el rol que les corresponde", la edila radical afirmó: “Parece que el peronismo gobernara otro país, hablan como si no fueran responsables de nada. Fracasan en frenar la inflación, fracasan en solucionar la crisis de inseguridad, tienen niveles históricos de corrupción y sin embargo señalan con el dedo a otros por responsabilidades que son de ellos”.
Además, Schmuck le pidió a López "más seriedad, porque los problemas que tenemos en todo el país son demasiado serios como para estar sacándose cada quien la responsabilidad que le compete. Hay que declarar menos, sobreactuar menos y trabajar más y juntos por lo que necesita la ciudad. Me hubiese gustado que en lugar de buscar culpables, se hubiesen puesto a disposición de la ciudad para reclamar juntos por lo que le corresponde a los rosarinos. Ni una gestión hicieron en éstos dos años para eso”.
Fuente:Rosario12
Pasajeros en trance
La crisis del transporte en Rosario se sigue profundizando desde el 2020 cuando el municipio decidió una “adecuación” por la pandemia que fusionó líneas, y barrios enteros se quedaron sin el servicio público en una decisión política que buscó garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.
“La crisis de la empresa de transportes “El Cacique”, concesionaria del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), que hoy recorre los diarios, era algo que habíamos anticipado en el 2015 cuando se debatió este pliego”, remarcó la concejala del Frente de Todos, Norma López. Y en ese sentido añadió: “Oportunamente con el entonces concejal Roberto Sukerman nos opusimos por varias razones, en primer lugar porque favorecía más a los empresarios que a los usuarios, y en segundo lugar porque era virtualmente imposible de aplicar por las características de la ciudad. Pero lo que ya no nos sorprende, son las declaraciones del oficialismo sobre el tema”.
En ese sentido la presidenta de bloque del Frente de Todos-PJ agregó que “Seisas, la voz del intendente Javkin en el Concejo Municipal, le echa la culpa a Fein, como si ellos no hubieran tenido nada que ver con esta crisis que arrastramos desde hace décadas. Le recordamos a Seisas que Javkin durante todo el proceso de licitación que le otorgó la concesión a la empresa, fue Secretario General de la Intendencia y Concejal del oficialismo.”
“En el 2020 el intendente favoreció a los empresarios del transporte suprimiendo recorridos y reduciendo unidades, dejando barrios enteros sin colectivos ni frecuencias. Si el intendente piensa que las rosarinas y rosarinos vamos a seguir mirando cómo se lava las manos, mientras la ciudad sigue igual desde hace veinte años, se equivoca», enfatizó la edila.
La vicepresidenta del peronismo santafesino se refirió también al discurso del intendente en la apertura de sesiones del Concejo Municipal: “Una escucha al Intendente y pareciera que está escuchando a alguien que nació de un repollo en el 2019. Vive desligándose de las responsabilidades, nos pide que ‘cada uno haga su parte’, nosotros le pedimos a él que haga la suya, algo que no ha sucedido desde su asunción.”
“Mientras tanto ‒agregó la concejala‒, los que pasan más de una hora en la parada de los colectivos es la gente que llega tarde a su trabajo, a la escuela y a sus hogares. Ya no hay excusas y la paciencia se va acabando, es hora que se pongan a gestionar y a solucionar los problemas de las rosarinas y rosarinos, y que dejen de tener para todo una excusa o una oportunidad para culpar a los demás», culminó López.
Abierta a la comunidad
Sadop Rosario invita a la conferencia Malvinas, a 40 años, que ofrecerá el historiador y
escritor Federico Lorenz, especialista en historia reciente argentina y en la Guerra de
las Malvinas.
La actividad será el próximo lunes 21 de marzo, a las 18.30. La charla es abierta a la
comunidad y con inscripción previa a través del siguiente formulario:
https://forms.gle/3Wnmk4efa5QnTaN1A
Se podrá participar de manera presencial en la sede del Instituto Sadop Rosario N°4087,
de Montevideo 1567 o bien de forma virtual (la dirección de enlace llega con la confirmación
de la inscripción).
La propuesta -señalan desde Sadop Rosario- se inscribe en el marco del curso de
formación de tres charlas gratuitas para afiliadas y afiliados, y otorga puntaje para
quienes cumplimenten todas las instancias.
Más información al 341 2549717 o bien escribir a los correos: instituto4087@sadoprosario.org ó instittutosadoprosario@gmail.com
Mes de Memoria, Verdad y Justicia
El próximo martes 22 de marzo, a las 19, en el salón de la Cooperativa Eléctrica
de Ibarlucea (Santa Fe 190), el periodista, escritor y diputado provincial
participará de una charla debate en el marco de un nuevo aniversario de la
última dictadura cívico-militar.
Se conoce a La Masacre de Ibarlucea como el fusilamiento de seis jóvenes militantes el
18 de diciembre de 1976, en la localidad de Ibarlucea, a unos 15 kilómetros al noroeste
de la ciudad de Rosario. El hecho fue presentado por las autoridades policíacas y
militares como un enfrentamiento.
La masacre perpetrada transcurrida a pocos meses del golpe de estado de ese año,
fue planeada y ejecutada por el entonces Jefe de la Policía de Rosario, Agustín Feced y
su patota, con detenidos ilegales que se encontraban en el centro clandestino de
detención de Rosario conocido como El Pozo, en el Servicio de Informaciones.
El periodista, escritor y actual diputado provincial Carlos Del Frade, expondrá en una
charla debate los pormenores del hecho ocurrido en esa localidad. La charla además
tendrá la presencia del realizador audiovisual Rubén Plataneo, autor de la serie Muertes
El encuentro está coordinado por el Grupo Social y Cultural Ibarlucea que el pasado 24
de marzo organizó la primera marcha para recordar el Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia, instaurado por ley en 2002.
“Carlos (Del Frade) supo escribir un libro y tiene data de lo que fue esta masacre,
porque la verdad se encuentra poco y nada sobre el tema”, expresó a Redacción Rosario
Juan Manuel Reggiardo, del Grupo Social y Cultural Ibarlucea.
“La verdad, es la primera vez que se va a hablar sobre este tema”, agregó Marianela
Suárez, otra integrante del grupo que reside en la localidad desde muy pequeña.
“Sinceramente, desde mi punto de vista y por experiencia, no se ha hablado de este
tema, ni tampoco nosotros teníamos la información de estos hechos”.
Con respecto a la conmemoración del 24 de marzo, Marianela asegura que no es una
fecha que se recuerde mucho en el pueblo, no hay actos oficiales ni menciones, a raíz de
esto es que desde el grupo comenzaron a pensar actividades para encender la memoria y
el compromiso histórico.
“El año pasado hicimos la primera marcha del 24 de marzo -retoma Juan Manuel- eso
creo que dice mucho. Como experiencia fue bárbara, nos reunimos en el grupo, y
decidimos armar la marcha para que se despierte conciencia en la gente. La marcha
estuvo buena. Aunque ese día llovía, terminamos en la plaza San Martín en donde se
hicieron actividades e intervenciones artísticas en conmemoración. Este año queremos
dejar instaurada la fecha en el calendario anual del pueblo”.
Juan Manual Reggiardo y Marianela Suárez, miembros del Grupo Social y Cultural Ibarlucea
Reggiardo contó también que esa movilización fue un puente para “visibilizar el crimen
de Franco Hueso, un chico de nuestra localidad asesinado y que todavía la familia no
puede saber qué pasó”.
Además de la charla debate sobre la Masacre de Ibarlucea, y en marco del mes de la
Memoria, el grupo está convocando a la marcha del 24 de marzo, que comenzará el
jueves a las 10 de la mañana, en la plaza San Martín con la presencia del escultor
Fabián Rucco, quien dejará una obra alusiva a la fecha y, a partir de las 17, la invitación
a la movilización, convocada en el Arco de la entrada del pueblo, en ruta 34 y 25 de
mayo. Según los organizadores, la marcha se trasladará por la denominada ruta vieja
y culminará en la plaza San Martín, lugar en donde se desarrollarán diversas actividades
FuenteRedaccionRosario
Caruana: extremos, solidaridad, y pandemia "no como cicatriz sino como oportunidad"
El secretario municipal de Salud rescató lecciones que dejó la
emergencia sanitaria en el inconsciente colectivo, también
los antagonismos, y las pérdidas, pero además la resiliencia
social y la aparición del Estado por sobre todo, como único
garante posible del derecho a la salud.
El 2º aniversario de la declaración de la pandemia en el mundo, este sábado, inspiró
al secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, a publicar una serie de
reflexiones con las que marca la cancha en torno al rol del Estado como garante del
acceso a la salud, y la oportunidad que este flagelo representa para "dejar de ser
cicatriz y permita construir identidad social".
Lo que sigue en forma de carta es el hilo de Twitter que el médico responsable del
sistema de salud pública de Rosario escribió y posteó en esa red social esta semana:
"A 2 años de la declaración de la pandemia a nivel mundial, me gustaría realizar un
balance, repasar y repensar muchas de las cosas que sucedieron y que vivimos
durante este tiempo.
Considero que por primera vez desde el estallido de la pandemia, el futuro deja de
ser aquello que planificábamos antes del 2020 -un futuro que había quedado atrás,
congelado en el tiempo- y vuelve a ser una perspectiva sobre la que podemos
depositar sueños, anhelos y esperanzas.
Si esos sueños se nutren de las lecciones que nos llevan a mirar como colectivo y no
como singularidades ese futuro, la cicatriz de la pandemia dejará de ser una cicatriz,
para ser, en cambio, una oportunidad que nos permitirá construir nuestra identidad
social.
Repasando los análisis sobre la pandemia encontraremos dos elementos en común:
todos hablan de lo profundo y global de su impacto y también destacan que este
evento ha agudizado las desigualdades: educativas, laborales, de ingresos, en salud,
económicas.
También la pandemia agudizó otras brechas: las grietas, los antagonismos. Las formas
de pensar en dicotomías no son nuevas, pero hemos vivido en el último tiempo una
exacerbación de estas lógicas en el posicionamiento ante la realidad social.
Si bien al inicio de la pandemia se dieron consensos y acuerdos sobre las estrategias
a seguir, poco a poco surgieron fuertes disidencias sobre diversos aspectos del virus
y los cuidados sanitarios, que articularon con otras oposiciones ideológicas y políticas
pre-existentes.
Así, fuimos encontrando confianza y desconfianza ante las explicaciones científicas;
confianza y desconfianza ante los criterios esbozados por sanitaristas, epidemiólogos
e infectólogos; aceptación y rechazo a las campañas de vacunación.
Y también encontramos temor a la socialización y el encuentro y hastío del encierro y
la soledad; reivindicación del control del Estado y reivindicación del liberalismo más
singular e individualista. Y así muchos antagonismos más…
Si nos quedamos con esta lectura de lo acontecido estaríamos también pensando en
blanco y negro, sin lugar para los grises. Sabemos que el confinamiento y las
restricciones evidenciaron las desigualdades y la desesperanza de los sectores más
desfavorecidos.
Pero también permitieron mostrar la capacidad de adaptación y resistencia ante las
situaciones más difíciles. Aparecieron los ejemplos de solidaridad, de compromiso
con lo colectivo y de reivindicación de la justicia social.
Y apareció lo público, lo Estatal, dando respuesta, ejerciendo el rol de rectoría para el
desarrollo de las políticas. Aún en los países más liberales hubo demanda de más
Estado.
Creo que este es el punto de partida para pensar en el futuro, ese nuevo futuro
nutrido de lo colectivo, que construya consensos para superar los antagonismos y
acorte la brecha de las desigualdades".
Fuente:RosarioPlus
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