Buscan cerrar el dramático caso de los desaparecidos de la Unsa
Aún no juzgaron el rapto de unos 20 docentes, alumnos y trabajadores de las facultades desde 1975
Jueves 10 de Febrero de 2011
Salta
EL EDIFICIO CENTRAL DEL COMPLEJO UNIVERSITARIO EN CASTAÑARES.
Dos autos, cuatro hombres encapuchados y una frase: “Se te acaba todo, viva de mierda”. Así fue el secuestro de la profesora de historia de la Unsa, Silvia Aramayo, en septiembre de 1976, según se pudo reconstruir más tarde.
De esta manera, el terrorismo de Estado encaraba en Salta la persecución a los acusados de pensar, estudiar o militar por lo que consideraban más justo. En poco tiempo se perdió el rastro de al menos 22 alumnos, docentes y trabajadores de las facultades. Creen que este año podría haber fecha para el juicio por este tema.
Silvia Aramayo enseñaba en la sede de Castañares y en la escuela Güemes. Entre sus captores, se cree que estaba Juan Manuel Ovalle, un “universitario” que había entablado amistad con ella y hoy está sospechado de haber sido un informante de los represores.
El relato del rapto consta en las denuncias que realizó la madre de la docente buscando una respuesta sobre el destino de su hija que nunca llegó.
“Se intuía que podía haber un golpe de Estado pero poca gente veía lo que se venía”, dijo a El Tribuno Nora Leonard, que en la época cursaba la carrera de historia, pertenecía al centro de estudiantes y había sido compañera de Silvia Aramayo.
Leonard también fue detenida en 1976 y es hermana de una de las víctimas de la masacre de Palomitas, en la que fusilaron a 12 presos políticos durante la última dictadura. Pudo recibir su título recién en 1979, después de tres años de privación ilegítima de la libertad, y vivió de cerca la desaparición de compañeros y docentes.
Los relatos de la época dan cuenta del temor, las amenazas y las señales del terror en las facultades. Silvia Aramayo le había contado a algunos de sus conocidos que se sentía “perseguida”. Dos meses antes de que la capturaran, la Policía había allanado su casa y se había llevado libros.
“El clima era de total represión. La opinión estaba vedada. Había gente de los servicios de inteligencia infiltrada y soldados armados. La universidad estaba intervenida. Se había cesanteado masivamente a docentes por sus ideas”, describió Lucio Yazlle, profesor de la Unsa que dictaba clases en Agronomía desde 1975.
Yazlle trató de colaborar en la búsqueda del educador de Ciencias Naturales desaparecido, Miguel Arra, y luego fue detenido e interrogado durante varios días. “Estuve en la Central de Policía, que en ese entonces estaba tapada de libros que se iban secuestrando”, describió.
En diciembre de 1974, unos 100 educadores publicaron una solicitada en medios gráficos pidiendo al interventor de la Unsa, Francisco Villada, que se dejaran sin efecto las cesantías que se venían ordenando. Hasta hoy no se sabe nada de varios de los que firmaron.
Condena al pensamiento
La última vez que Olegaria Rojas le escuchó la voz a su hijo Carlos, alumno de Ciencias Económicas, fue cuando explicaba a sus captores sobre sus textos de contabilidad mientras “abrían y cerraban muebles”.
La mujer contó en su denuncia a la Justicia que luego se lo llevó el grupo armado que había entrado a su casa a las 4 de la madrugada del 25 de septiembre de 1976 y no volvió a saber nada de él. Fue uno más de los castigados por estudiar.
En una causa que agrupa la investigación por varios docentes y alumnos desaparecidos de la Unsa, los principales acusados son el ex director de seguridad de la Policía, Joaquín Guil y Juan Manuel Ovalle.
Los abogados querellantes del caso son Tania Kiriaco y David Leiva, quien estimó que este año podría elevarse el expediente al Tribunal Oral Federal y fijarse una fecha para el juicio.
La represión en la casa de estudios dejó un listado de 22 víctimas fatales según la Asociación de Docentes e Investigadores de la Unsa. Dos de estas personas murieron en el fusilamiento de 12 presos políticos en Palomitas, masacre condenada el año pasado. El resto aún espera de la Justicia la sentencia que ya escribió la historia.
Recuadro
El juez Medina rechazó sobreseimientos de Guil, Ovalle, Gatto y Chaín y procesó a Cornejo Alemán.
Los nombres
Los desaparecidos de la universidad, según la Asociación de Docentes e Investigadores de la Unsa, son:Ana Cavallero, Pedro Tufiño, Gregorio Tufiño, Silvia de Vuistaz, Gemma Fernández Arcieri, Carlos García, Néstor Oliva, Francisco Corvalán, Carlos Figueroa Rojas, Raúl Machaca,Nora de García,Hilda Cardozo, Roberto Oglietti,Miguel Arra, Silvia Aramayo, Luis Calou, Georgina Droz,Nils Coria, Carlos Rivero, Víctor Brizzi, Graciela Muscariello y Silvia Blanc.
"El Terrorismo nos disgregó"
“Tuve que escuchar que la gente decía que mi marido no había desaparecido sino que me había hecho un cuento para irse. El terrorismo nos disgregó ... tuvimos que inventarnos una vida”, dijo a El Tribuno Cristina Cobos, esposa del trabajador de la Unsa y estudiante de Derecho secuestrado, Víctor Brizzi.
Brizzi era empleado no docente en Economía y lo raptaron en marzo de 1976 mientras hacía el servicio militar obligatorio a los 26 años, después de una prórroga que había pedido para cursar abogacía en la Universidad Católica.
No fue el único drama que le trajo el terrorismo de Estado a Cristina Cobos cuando tenía sólo 20 años. Un grupo armado entró en su casa y mató a su hermano Martín, de 18 años, el 25 de septiembre de 1976. Los hombres buscaban a su hermano Enrique, militante político y alumno de Derecho, y terminaron asesinando a su otro hermano cuando trató de escapar.
“Pensamos que por no haber hecho nada malo no corríamos peligro. Nadie dimensionó lo que vendría. Yo también era perseguida todos los días”, describió la mujer.
No le dieron ninguna explicación sobre su marido. “Primero dijeron que se había ido del servicio, que era un desertor. Después aseguraban que se lo había llevado un grupo subversivo”, recordó.
Consultada sobre el caso Tania Kiriaco, abogada de las familias de estudiantes y docentes desaparecidos, destacó que hubo avances en el tratamiento de los crímenes de la época pero pidió más esfuerzos.
La letrada reclamó que los secretarios de Derechos Humanos de la Justicia, que tienen la responsabilidad de agilizar las investigaciones sobre la dictadura militar, “sean elegidos por concurso para que la tarea quede en manos de personas idóneas”.
FuentedeOrigen:ElTribuno
Fuente:Agndh
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