Varios de los testigos que declararon ayer ante el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta aseguraron que en la década del 70 la ciudad de Tartagal fue utilizada como “un campo de entrenamiento” por las fuerzas represivas. Afirmaron también que el Ejército “era el cerebro” de estas actividades y de las actividades de represión que realizaban junto a Gendarmería Nacional y la Policía. Los testigos afirmaron también que en el Regimiento de Monte 28, con asiento en Tartagal, existía un grupo de tareas conocido como Rodillas Negras (porque tenían rodilleras de ese color), que operaba en todo el norte y se trasladaba en vehículos del Ejército.
Siete personas declararon en el juicio que se lleva cabo en la sala de grandes juicios de la Ciudad Judicial salteña por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 34 personas, hechos por los que están acusados 20 hombres, militares, policías y un civil.
Reina Isabel Parada de Russo, esposa del empleado municipal René Russo (detenido por gendarmes y Rodillas Negras el 24 de marzo de 1976 y desaparecido en diciembre de ese año desde la Central de Policía de Salta), entregó al Tribunal una carta, fechada el 18 de agosto de 1976, en la que el entonces jefe del Ejército en Salta le informaba a la madre de Russo, Ana María Platero, que su hijo estaba detenido en la cárcel de Villa Las Rosas.
Anery Osores y Francisco Osores, hermanos de Raúl Benjamín Osores, detenido por Gendarmería en abril de 1976 y que fue visto en la cárcel de Villa Las Rosas y en la Central de Policía de Salta, describieron una Tartagal muy distinta de la que relató el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Héctor Ríos Ereñú, quien está siendo juzgado por el secuestro y homicidio del médico Pedro Urueña, cometido en diciembre de 1975.
Ríos Ereñú fue jefe del Regimiento de Monte 28 desde el 9 de diciembre de 1975 y viene afirmando que durante los dos años de su gestión no hubo violaciones a los derechos humanos en Tartagal, que no supo de detenciones cuando se produjo el golpe de Estado (el 24 de marzo de 1976), que la ciudad era “tranquila” y fue una época “feliz”. Anery, que como militante de la JP alfabetizaba adultos en el humilde Tomás Ryan, recordó que con el golpe “ese barrio fue arrasado prácticamente”. “(Tartagal) no era una ciudad tranquila, el Ejército actuó con dureza en ese pueblo. Hubo muchos detenidos y hay muchas desapariciones”, afirmó la testigo. Añadió que los jefes militares “eran los cerebros. De ahí salían las órdenes para todos los órganos represivos de Tartagal” y que al Ejército le respondían Gendarmería y la Policía. El mismo 24 de marzo “se produjeron muchas detenciones en Tartagal, (fueron detenidos) la mayoría de los compañeros de la Juventud, los compañeros de Montoneros”.
“Prácticamente el Ejército la tomaba a Tartagal como campo de entrenamiento para la lucha, como decían ellos, contra la subversión. Hacían simulacros, desplazamientos por las veredas, por los garajes, cubriéndose en los postes, y avanzan, y avanzan”, agregó su hermano, Francisco, quien también recordó a algunos jefes que pasaron por el Regimiento 28: Pucheta, Edgardo Parada, Ríos Ereñú, Cabello.
Francisco Osores consideró que las desapariciones se concretaron de acuerdo a un propósito definido: “Han tratado de desarticular a la gente capaz de movilizar las voluntades de una sociedad para impulsar un proyecto que sirva a la mayoría. Por eso atacan a changos muy preparados”.
Anery y Francisco, igual que los testigos que hablaron de Orán, aseguraron que la represión empezó antes del golpe. Por los dichos de otros testigos, Parada de Russo, Amado Barrios (militante comunista en Orán) y Eduardo Fernández Muiño (militante de la Juventud Peronista en Orán) quedó claro que ya en 1975 eran vigilados y “controlados”.
Barrios sostuvo que el gendarme Juan Carlos Fonseca era un informante. Fonseca fue reconocido por Parada de Russo entre los que detuvieron a su marido. Barrios dijo que también eran vigilados constantemente por los Rodillas Negras, “un grupo de tareas del Ejército”, y recordó que a otro militante comunista, Mario Bernardino Luna, “lo seguían a todos lados” hasta que finalmente lo secuestraron y desaparecieron.
Escapar para entregarse
Después de escapar de la represión el 24 de marzo de 1976 y de sobrevivir escondiéndose en los cerros con la ayuda de su compañero Efraín Villarroel, en cuya casa se higienizaba y alimentaba por las noches, Raúl Osores se entregó a Gendarmería en abril de 1976; creía que de esa manera aseguraba la libertad de su compañera, Pía Asunción Viltes, detenida el mismo 24 de marzo de 1976.
Dolores Mauricia Torres, residente en Tartagal, la primera madre que declaró en un juicio en Salta, contó que su hijo Raúl se entregó un sábado en Embarcación; el domingo lo llevaron al Escuadrón 20 de Orán, adonde ella lo siguió y consiguió verlo. Regresó al domingo siguiente pero le dijeron que ya lo habían llevado a la ciudad de Salta. Ella llamó a su hija, Anery, que vivía en la Capital provincial: “Seguilo vos ahora”, le recomendó. Anery, que tenía 17 años, fue a buscarlo a la cárcel de Las Rosas, allí se enteró que estuvo en ese lugar y que fue torturado cada semana. Y por el relato de Lucrecia Barquet, también detenida y una de las más destacadas luchadoras por el esclarecimiento de estos hechos, supieron que fue trasladado a la Central de Policía con un grupo que iba a ser liberado; Lucrecia le entregó dinero para que el viaje al norte. Pero lo sacaron de la fila de los que iban a salir con la excusa de que tenía otra causa. Esa es la última noticia que se tiene de él.
Tres años después Dolores escuchó, de boca de Pía Asunción, recién liberada de Villa Devoto, que su hijo había sido fusilado. Una versión similar, de un fusilamiento en el Tiro Federal (no se sabe si en Salta o en Tartagal) recibió años después Francisco Osores. Los hermanos Osores eran militantes de la JP. Raúl estaba en la rama gremial, era secretario general de la Federación de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE), Anery alfabetizaba adultos. Francisco era hachero y estudiaba matemáticas.
Por Elena Corvalan, Directora de Radio Nacional en Salta
Envío:Agndh
hicieron desaparecer junto a un amigo que estaba bajo bandera
Un chico de 17 años, una de las víctimas del terrorismo
El juicio por la megacausa de la UNSa avanzó ayer con más casos relacionados con delitos de lesa humanidad en Salta.
Sandra Esther Pizarro Gallardo tenía 10 años cuando perdió a su hermano adolescente y creció con el dolor de no saber lo que ocurrió con él. Eran las 2 de la madrugada del 31 de mayo de 1976 cuando un grupo de hombres vestidos con sobretodo de color azul irrumpió en su vivienda, en la ciudad de General Güemes, y sin dar ninguna explicación a sus padres se llevaron a Felipe Rodolfo Pizarro Gallardo, de 17 años. El día anterior, tres desconocidos habían hecho lo mismo con su amigo Norberto Guerrero, quien cumplía con el servicio militar.
Ambos están desaparecidos y sus casos forman parte de la megacausa de la UNSa, en el marco del juicio que se está desarrollando en la Sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial a cargo del Tribunal Oral Federal de Salta. “Mis padres, mi hermano y yo, dormíamos en una sola pieza y me desperté con el ingreso de estas personas y dijeron que se llevarían a Rodolfo”, recordó Sandra Pizarro. Dijo que ante el clamor de su madre, los intrusos permitieron que el chico se pusiera una campera. “Esta gente se movilizaba en cuatro autos y cuando se fueron mi madre salió corriendo hasta la calle pidiendo a los gritos auxilio a los vecinos”, relató con dolor la testigo. Ella acompañó a todos lados a su desesperada madre, pero en ningún lugar le dieron respuestas sobre el paradero del adolescente. Cree que lo hicieron desaparecer por el solo hecho de ser amigo de Gallardo, al tiempo que señaló que nunca supo que su hermano haya realizado alguna actividad política.
Los casos de estos jóvenes güemenses se sumaron a los de las hermanas Torres, también secuestradas y desaparecidas entre marzo y abril de 1996. Los imputados son el exjefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Alberto Mulhall, y el exjefe de la comisaría de Güemes, Julio Oscar Correa.
En relación con esos cuatro sucesos, calificados como delitos de lesa humanidad, declararon dos suboficiales de la Policía de General Güemes. Alejandro Chiriguay quedó a punto de ser procesado por “falso testimonio” a pedido del fiscal Ricardo Toranzos. “El testigo dejó en evidencia que tiene memoria selectiva”, sentenció el acusador público ante las marcadas contracciones del hombre. El presidente del Tribunal Carlos Jiménez Montilla le advirtió que al estar bajo juramento, el testigo estaba obligado de decir la verdad. Fue tan patético lo de Chiriguay que, incluso, acabó con la paciencia del juez suplente. “Trate de hacer memoria, porque no es posible que no recuerde una parte medular de su actuación como policía”, le dijo el camarista Gabriel Casas.
El Tribunal informó que oportunamente resolverá sobre el planteo del fiscal respecto a la situación de este testigo. Raúl Sarzur, otro policía, tampoco convenció a las querellas y a la fiscalía. Manifestó que recordaba el secuestro de Francisca Torres, pero no el de su hermana Berta, pese a que esos hechos ocurrieron en el lapso de un mes. Tampoco se acordó lo declarado en 2010 en la Justicia Federal cuando afirmó que tras el rapto de Francisca “hubo un gran lío en la comisaría de Güemes”. “Tras la muerte de mi madre sufro problemas mentales (sic)”, se cubrió.
FuentedeOrigen:ElTribuno
Fuente:Agndh
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