Resumen Latinoamericano/ 03 de Septiembre 2015 .-
En una entrevista extensa de ANNCOL con Jesús Santrich, el comandante guerrillero de las FARC subraya que el proceso de paz es político y no judicial y que “busca un acuerdo de paz estable y duradera”. Rechaza contundentemente los intentos por los organismos del Estado como la Fiscalía de desviar el proceso de Paz en términos jurídicos
-Se conoce públicamente que en la mesa de Conversaciones de la Habana ya ha comenzado a discutirse el tema JUSTICIA entre las partes en conflicto, para lo cual se ha creado un grupo de trabajo jurídico. Dentro de tal proceso, ¿qué significa para las FARC-EP abordar tal temática?
-JESÚS SANTRICH: El tema justicia, lo asumimos como superación de la desigualdad, la miseria y la carencia de democracia esencialmente, y no como el escenario de lo punitivo, de lo sancionatorio o penal. Por eso en un proceso de paz hablamos de buscar formulaciones de tránsito hacia la justicia social. En una larga confrontación como la que ha vivido Colombia como consecuencia de problemas de orden social y político, entonces, una solución que pase por el reconocimiento de los derechos de quienes de uno u otro lado han sido afectados o victimizados, implica asumir un sistema de justicia que recoja el anterior planteamiento, y que en tal sentido se fundamente en la verdad, en la posibilidad de la reparación y el compromiso de no repetición, lo cual quiere decir que habría que superar las condiciones de miseria, desigualdad y exclusión política que han generaron el conflicto.
-¿Quiere decir esto que las FARC no asumirán el asunto desde un enfoque exclusivamente judicial?
– Lo que se adelanta en La Habana no es un proceso judicial sino un proceso de diálogo para alcanzar. Las FARC-EP, al lado de la solución de problemas centrales que tienen las mayorías en nuestro país, como el de la necesidad de una reforma rural integral que coadyuve a la superación de la miseria y la desigualdad en el campo y para los sectores más marginados de la ciudad; o al lado de la solución a los problemas de participación política, que en esencia tiene que ver con la necesidad de expandir la democracia y resolver las múltiples y extensas carencias de la población rural y urbana, ha puesto sobre la mesa salidas para alcanzar también una nueva política antinarcóticos integrada a la reforma rural integral, que con acento en los derechos humanos y respeto a la idea de que este es un problema fundamentalmente social, ayude a superar este flagelo de orden trasnacional.
Al mismo tiempo, asumimos la atención a las víctimas del conflicto como un deber que debe comprenderme como parte esencial de la búsqueda de La Paz como derecho síntesis. Al caer en el terreno de la reivindicación de los derechos de las víctimas del conflicto, hemos asumido de manera los conceptos que en esta materia rigen el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el derecho internacional, expresando la necesidad de adecuar su interpretación y aplicación a las particularidades del conflicto colombiano, insistiendo en que tal reivindicación incluye como parte esencial el respeto y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y para alcanzar tal dimensión es que hemos planteado la aplicación de la justicia restaurativa, reparadora, prospectiva, transformadora que beneficie a las víctimas del conflicto y al conjunto de la sociedad.
–¿Qué es eso de la justicia restaurativa?
– La justicia restaurativa es la misma llamada justicia restauradora. No se trata de una invención nuestra y su conceptualización deriva de un amplio movimiento mundial que aboga por una visión en el derecho penal diferente a la concepción medieval punitiva y carcelaria, que de una u otra forma entra en el plano de la venganza, del llamado ojo por ojo, diente por diente mucho más anticuada incluso que lo estrictamente medieval. Para la justicia restaurativa la víctima y la verdad son los epicentros de su razón de ser. En ella quien victimiza o comete un crimen, ha hecho un daño contra una persona o grupo de personas en concreto, contra las relaciones interpersonales, y eso es lo que hay que reparar buscando la reconciliación y no la venganza contra el ofensor.
Esto marca una profunda diferencia con la muy generalizada y convencional justicia llamada retributiva en la que lo que se observa es el daño que se le hace a la norma jurídica y al Estado como víctima principal, Esto, en términos muy generales, explica el sentido de lo que consideramos viable para resolver la cuestión del componente justicia en el sentido sancionatorio, en el camino de la Paz, procurando que las víctimas del conflicto jueguen un protagonismo expresándose libremente sobre los daños que ha sufrido y cómo cree que debe ser reparado.
A la víctima se le debe responder con medidas concretas de reparación y una de esas medidas es la verdad, que valga decir es el único camino que permitiría al ofensor reencontrarse con la víctima en un espacio de reconciliación restituyendo, reparando a la víctima y al entorno social, con lo cual las consecuencias de la falta se resuelven, en gran medida, con el concurso comunitario.
-Este tipo de justicia, ¿se aplica en el marco de la Comisión de Esclarecimiento de la verdad?
– La justicia restaurativa la enmarcamos dentro de lo que hemos llamado el “Sistema Integral de Verdad, justicia, Reparación y No Repetición”, partiendo de la idea de que su formulación no riña con el derecho internacional, ni con el apego a las causas, orígenes y consecuencias de la confrontación. Por ello hemos partido para su diseño, por la conformación de una Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas que fue la encargada de entregar claridades sobre la verdad histórica, sobre el porqué del conflicto, para así saber hacia dónde apuntar al momento de proponer soluciones.
Luego diseñamos, y aún estamos en la definición de algunos de sus elementos, la “Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”, la cual, con la participación central de las víctimas, debe coadyuvar a la construcción de una verdad exhaustiva e irrefutable que sea la base del esclarecimiento de los hechos para la búsqueda de soluciones que permitan el paso a la justicia social y la normalización del país. Entonces, estos son los componentes iniciales sobre los que se ha avanzado más en su elaboración, pero están también componentes como el de reparación y el de no repetición alrededor de los cuales estamos trabajando medidas específicas.
Entonces, el Sistema tiene varios componentes y uno de ellos es la justicia, pero todos están estrictamente interrelacionadas; por ello se denomina sistema integral, y en él la verdad debe brindarse en la Comisión de Esclarecimiento, de manera exhaustiva, pero seguramente habrá que reiterarle en algún mecanismo especial que permita abrir campo a la definición de las sanciones a que haya lugar para quienes hayan cometido los daños o las victimizaciones. Esto no necesariamente debe ser dentro de la Comisión de Esclarecimiento.
-Este sistema, ¿es también para no combatientes?
– Dentro de la visión de las FARC-EP, este sistema debe ser para todos los actores. Esta concepción reafirma la idea de que en La Habana no estamos ante un proceso judicial contra la insurgencia particularmente, ni contra ninguna de las partes que han participado del conflicto en una u otra orilla, sino que estamos en proceso eminentemente político que busca alcanzar, no la rendición o el sometimiento de la guerrilla, sino un acuerdo de paz estable y duradera cuya esencia es la superación de las causas de diverso tipo que generaron el conflicto.
En estos términos, y no como el escenario para juzgar a las FARC-EP, se debe entender la dosis de justicia que requiere el proceso y requiere Colombia para salir de la guerra. De lo anterior se debía que en la propuesta de solución no está para nada la idea de someter a la insurgencia a tribunal alguno de juzgamiento, menos si se trata de tribunales de la jurisdicción colombiana, sobre todo si se toma en cuenta que en la media en que la insurgencia considera al Estado como el supremos responsable de la confrontación y de las victimizaciones, este ha hecho colapsar su propia capacidad para juzgar y sancionar, que es lo que llamamos crisis total del jus puniendi (el derecho a castigar/sentenciar).
En conclusión, el Estado colombiano no puede pretender ser juez y parte en un proceso como el que se adelanta en La Habana. -Algunas voces de la derecha han dicho que las FARC lo que buscan es la impunidad.– Si nos atenemos a consideraciones estrictamente judiciales que conciernen al asunto de responsabilidades penales en el marco de la confrontación, lo cual no es lo propio de un proceso esencialmente político, deberemos decir, no obstante, que en materia de impunidad no son las FARC las beneficiarias. No es alrededor de la insurgencia que abreva la impunidad, pues es más que evidente que el Estado colombiano ha perseguido, y en gran medida con saña, a las guerrillas y a quienes considera su entorno de apoyo, incluso mediante procedimientos de guerra sucia y de persecución judicial extremos e ilegítimos que han afectado a inmensas franjas de la población no combatiente.
Habría que agregar que para las FARC, las responsabilidades en este campo, independientemente de la suprema responsabilidad del Estado y de lo que deriva del injusto orden social vigente, ni siquiera están esencialmente en el universo de los combatientes de la contraparte, los cuales y sobre todo en el nivel de los rangos bajos son tomados como chivos expiatorios de los instigadores de la guerra sucia y los diseñadores del orden de injusticia que impera en Colombia.
La impunidad existe, digamos, para los genitores e instigadores del paramilitarismo y para quienes hacen parte del Bloque de Poder Dominante, incluida su dirigencia política, empresarial, financiera y económica en general. Por ello es que insistimos en que si se tratara de asignar responsabilidades a las Fuerzas Militares y de Policía, esto no podría quedarse en el campo de los combatientes, pues la cadena de mando no termina en los Estados Mayores de estas fuerzas sino en la Casa de Nariño, en la Presidencia y en el Consejo de Ministros, lo cual no es una invención de las FARC sino un hecho tangible e irrefutable que además lo recoja la jurisprudencia internacional cuya observancia nos reclama la contraparte.
-La Fiscalía General de la Nación sigue hablando de imputaciones contra las FARC y de definir sus máximos responsables. ¿Qué piensa de eso?
–En un proceso de paz como el que se adelanta para Colombia no se debe insistir por parte de quienes buscan cierres jurídicos para el mismo, en buscar máximos responsables para los crímenes que se hubiesen cometido durante el conflicto, solamente dentro de quienes empuñaron las armas, y mucho menos se puede ni se debe pretender que esos máximos responsables están en la insurgencia, la cual en últimas en una respuesta legítima a las injusticias impuestas por el régimen. Sobre todo, entonces, habría que preguntarse, dentro de este, o dentro del Estado, quienes son los máximos responsables si es que en esos términos es que se desea que hablemos. En este plano es que hemos dicho que para la justicia internacional no hay exoneración para nadie por el hecho de ser alto funcionario o el más elevado representante de un gobierno o cargo político.
– En esto debe haber ecuanimidad y sensatez porque, generalmente, desde los grandes medios se alienta la idea de que en Colombia lo que ha habido es una guerra de los terroristas de las FARC y del ELN contra la sociedad o contra la población. Y esto es absolutamente falso, en primer lugar porque no somos terroristas y luego porque nuestra guerra de resistencia ha sido contra el régimen de injusticia que ha victimizado a las mayorías. Por eso es que no cabe, que en el nivel de avance que han alcanzado los diálogos, se pretenda que es desde la Fiscalía General de Colombia que se deben calificar los hechos y las responsabilidades a partir de parcializados y sesgados paquetes de imputaciones que evidentemente apuntan sólo hacia los alzados en armas, fundándose en ficciones jurídicas o en las abstracciones algorítmicas de la señora Natalia Springer, mientras contra los organizadores, instigadores y financiadores del paramilitarismo que se esconden en el seno de los gremios económicos nacionales y en las mismas trasnacionales, si acaso hay una no hay dos sentencias. Esto indica la posición amañada de la fiscalía, y del sistema judicial colombiano.
¿Por qué hay una “unidad de contexto” para construirle un prontuario delictuoso a las FARC-EP, y se emplean en ello a centenares de funcionarios y millonarias sumas de dinero contratando a personas que fabriquen los casos, y en cambio no ocurre los mismo respecto a los crímenes de Estado, incluyendo las atrocidades del paramilitarismo? Lo único que ha operado para tratar esto último es un proceso de ”justicia y paz” más ligado a la impunidad que a otra cosa, pues aun habiéndose producido la supuesta “desmovilización” de casi 40 mil paramilitares, hasta el momento no hay más de 35 sentencias, y como ya dijimos, para los instigadores puede haber si acaso una.
–Pero, entonces, aun estando, las víctimas en el centro de este proceso, la reivindicación de sus derechos ¿no implica sancionar a los victimarios, no implicaría que alguien tiene que pagar algo de cárcel? ¿Qué pasos habría que dar en materia estrictamente judicial?
– Bueno, ya he explicado que se está diseñando un sistema integral que incluye el componente justicia ligado a otros de reparación y no repetición, en el que la verdad y el protagonismo de las víctimas son esenciales. Pero también debemos partir de que para resolver el conflicto, algo muy importante que habría que hacer, no sólo en materia política, sino también en materia judicial, es reconocer que somos rebeldes, que lo que ha habido en este último medio siglo es un alzamiento contra un orden social injusto, lo cual nos coloca nuevamente en el campo político y en la idea de que entonces la solución al conflicto en este proceso de diálogo es esencialmente política, por más elementos de orden judicial que se le quieran incluir.
– En tal sentido, tendríamos que restablecer el delito político incluyéndole las más amplias conexidades, habría que pactar una ley de amnistía también muy amplia para resolver el asunto de la ilegalidad de la insurgencia y si llegare a haber casos que no son amnistiables, debe existir un mecanismo extrajudicial para alcanzar la normalización. Estos son elementos que deben tenerse en cuenta en la definición de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que cuente con el protagonismo de las víctimas del conflicto, y tenga como eje, reitero, no una justicia punitiva retributiva, sino la justicia restaurativa, reparadora, prospectiva y la doctrina del Margen Nacional de Apreciación. En lo que respecta al énfasis que se le deberá dar a nuestra historia, nuestras costumbres, nuestra forma se será como colombianos.
-¿Esto daría el cierre jurídico al proceso de paz?
– El mecanismo extrajudicial que opere tomando como base de acción que se garantice la verdad exhaustiva y que se asuman sanciones reparadoras en el seno de las comunidades, brinda todas las posibilidad de que sobre los hechos que ahí se traten haya efecto de cosa juzgada. Nada de esto riñe con las normas internacionales.
Este es el Sistema que debemos diseñar bilateralmente bajo el abrigo del único Marco Jurídico que tiene este proceso, y que es el Acuerdo General de La Habana. Este Sistema, en el que se integra la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición garantiza perfectamente también para el Estado, si es que eso preocupa a alguno, que se cubra la obligación que tiene regularmente en cuanto a investigar y esclarecer los hechos o de perseguir y sancionar a los responsables.
Pero agrego que no hay ninguna norma internacional que obligue a que las sanciones deban ser carcelaria a o de privación de la libertad o deducirse de enjuiciamientos penales; hay otras formas que van desde el hecho mismo de brindar verdad hasta las situaciones en que se procede con efectivos actos de reparación y compromiso de no repetición, que equivalen a cumplimiento de sanciones alternativas que extinguen la responsabilidad penal.
Todo esto está como planteamiento y hay expertos que deben ayudar a convertirlo en acuerdo que se ajuste a lo que significa una salida política que implique también un cierre jurídico que abra caminos hacia La Paz. Y en todo esto hay que recordar que mientras el Estado es el máximo responsable por acción y por omisión de las victimizaciones, las FARC-EP, independientemente de los errores que hubiésemos cometido sin intención de causar daño, y sobre los cuales hemos dicho que estamos dispuestos a responder, hablamos desde la orilla de las víctimas.
-¿Se cree que sea posible un acuerdo en los términos que lo ha planteado?
– Bueno, esto es para discutirlo, marcada una de las partes tiene sus propias visiones, pero soy optimista y creo que si es posible aproximar posiciones si se dejan de lado los ánimos retaliatorios y no se alimentan los odios. -En ese campo de aproximar prisiones ¿usted cree que se podría aceptar por parte de las FARC un mínimo de privación de la libertad? – Me parece que me ha faltado claridad en la explicación.
Voy a ser más directo y concluyente: Mi respuesta a esto es No, en esto no puede haber aproximaciones. Pretender la cárcel, persistir en la idea de llevar a la cárcel a la insurgencia es un maximalismo inaceptable. Repito que este no es un proceso judicial contra las FARC, y que si de buscar responsables para aplicar la justicia retributiva y carcelaria se trata, los nichos de la impunidad están dentro del. Bloque de Poder Dominante.
Como insurgentes no vamos a pagar ni un segundo de cárcel. La rebelión es un derecho universal que hemos ejercido del cual no existe arrepentimiento alguno y por el cual no admitimos sanción de ningún tipo. Por lo demás, nos son las comunidades empobrecidas que han padecido los rigores de la guerra las que claman cárcel sino las voces del establecimiento que es donde se rebosa la impunidad.
En eso no nos llamemos a engaños, pues una visión intransigente y equivocada en la definición de un Sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición que incluya un componente de justicia vengativo no puede atravesarse en el camino que se ha ido abriendo exitosamente hacia la conquista de la paz.
Fuente original: ANNCOL Foto: Jesús Santrich, FARC-EP. Foto: Dick Emanuelsson
¿Por qué la Cumbre Agraria se tomó el ministerio de Agricultura?
Resumen Latinoamericano/ 02 de Septiembre 2015 .-
Ante el incumplimiento de los acuerdos pactados entre Cumbre Agraria y Gobierno Nacional, cientos de campesinos, indígenas, afros y pobladores urbanos iniciaron una toma pacífica esta mañana las instalaciones del Ministerio de Agricultura. Conozca los motivos, las exigencias y el desarrollo de la actividad.
Los manifestantes aseguraron que mantendrán la toma hasta que se destraben las negociaciones. Rechazan las continuas amenazas y persecución a los movimientos sociales y políticos, los llamados falsos positivos judiciales y las continuas dilaciones del gobierno para cumplir lo acordado con la Cumbre después de las movilizaciones de 2013 y 2014.
Al mismo tiempo, los voceros de la Cumbre anunciaron que los cerca de 5.000 manifestantes que han llegado a Bogotá se movilizarán durante todos estos días en tanto “el Gobierno no asuma compromiso serio y genere soluciones reales”. Paralelamente continúan las movilizaciones en otras regiones del país como es el caso del suroccidente colombiano, donde se desarrolla la caravana Genaro García que se espera llegue a Tumaco en el transcurso de la semana. Dentro del ministerio de Agricultura permanecen unas 90 personas, mientras afuera más de 500 manifestantes acompañan las exigencias. Jimmy Moreno y Robert Daza, voceros de la Cumbre Agraria, destacan que las ocupaciones son pacíficas, que no se presentaron daños ni hechos de violencia.
¿Qué quieren los manifestantes?
Según informó la comisión política de la Cumbre Agraria, se espera que el Gobierno presente una rendición de cuentas pública sobre el estado de los acuerdos consignados en el acta del 13 de mayo de 2014, además de dos puntos del pliego presentado que tienen que ver con la economía propia, la minería, la energía y la ruralidad.
Insistieron en la necesidad de retirar los proyectos de ley que contradicen los acuerdos realizados con el Gobierno, entre ellos el de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico -Zidres- que, afirman, “viola la consulta previa, favorece la concentración del uso del suelo y la propiedad de la tierra para los grandes capitales”. También exigen que no se presente el proyecto de Ley de desarrollo rural integral con enfoque territorial anunciado por el gobierno, “hasta tanto no se surta una consulta con consentimiento, previo, libre e informado que incluya al campesinado, con veeduría nacional e internacional”.
La Cumbre Agraria señaló además que en los acuerdos se contempló la instalación de una subcomisión de derechos humanos que hasta la fecha no se ha realizado. Exigen su constitución inmediata pues varios líderes de las organizaciones sociales que integran este escenario, se encuentran privados de la libertad, son perseguidos y criminalizados.
Otras peticiones tienen que ver con destrabar los convenios para el desarrollo de los proyectos de fortalecimiento de economías propias, establecimeinto de un mecanismo para dirigir 240 mil millones a infraestrucura y firma de un convenio para realizar la Cumbre Popular por la Paz.
Finalmente, solicitan que se defina conjuntamente una ruta de negociación del pliego global, que incluya tiempos, metodología, mecanismos de implementación, seguimiento y veeduría. En este momento se desarrolla una reunión entre los voceros de la Cumbre, el ministro Iragorri, jefe de la cartera de agricultura.
De la crónica de Lizeth y su Colombia triste.
POR ILKA OLIVA CORADO, Resumen Latinoamericano/ 01 de Septiembre 2015 .-
Hace unos días llegó a mis manos un texto escrito por Lizeth, una joven guerrillera colombiana de las FARC. Podría resumir este texto que escribo con dos o tres frases adornadas, pero no. No lo merece Lizeth ni los niños marginados de esta nuestra tierra ultrajada, y voy a explicar aquí por qué sus letras tocaron mi médula. Todos los días recibo textos que me envían con el afán de que los lea y los comente lo cual me hace entrar en conflicto y los rechazo automáticamente y no es que viva atada al pasado, que sea amargada como me han dicho muchos, o que tenga ese complejo de inferioridad, que no me crea capaz o que siga viviendo emocionalmente en ese mercado en el que crecí vendiendo helados y no acepte mi realidad de escritora y columnista de opinión, de que mis textos son traducidos a otros idiomas y se publiquen en los cinco continentes en los portales más importantes de la lucha de contra injerencia, de que mi capacidad de análisis ya no es la de una niña “ignorante” que para lo único que servía era para cargar una hielera de helados sobre el hombro y ajenarlos con voz de vendedora de mercado y con el hambre perenne en el estómago y el desvelo en las bolsas de los ojos.
Los rechazo porque me niego rotundamente a formar parte de ese vaivén: de las letras perfumadas, de los títulos didácticos y de alcurnia, de las frases muy bien escritas pero que no dicen nada, que no tienen vida, honestidad, de las letras cobardes, de letras que son escritas para eso; para que vayan campaneándose entre apellidos y contactos, para ganar aplausos y lisonjas. Mi mundo no es ese, y tal vez se confunden porque escribo, dirán que soy colega (mis únicos colegas con los vendedores de mercado) pensarán que yo también le entro con fe al mundo de la labia. Que me siento honrada cuando titulados me envían sus textos, para nada, los textos de los titulados que se presentan como tal, me provocan vómito. No, y no tengo odio en mi corazón como nos acusan a los marginados cuando rechazamos la labia. Lo que sucede es que la esencia no se trafica, no se compra ni se vende, la esencia se vive y se respeta.
Algunos los he leído y los he comentado con la naturalidad de quien es en esencia y no aparenta, con lo agrio de la realidad según mi propia visión de vida. Entonces no les gusta, me aborrecen, pero yo no estoy en el mundo de las letras para ganar adeptos, para codearme con perfumados, yo escribo porque es mi necesidad de vida, el aire que respiro, y mis artículos de opinión son y seguirán siendo hasta el día en que muera: de alguien que conoce en carne propia la marginación total. Y desde ahí escribo, grito, pataleo, me doy cabezazos contra la pared y le cuento al mundo la cruda verdad del marginado que para nada camina en el sendero de los perfumados. No me interesan las decoraciones ni ese mundo de adulación. Como yo hay miles, ¿me pregunto por qué estos perfumados no envían sus textos a un vendedor de mercado, a una niña que vende tortillas, a un niño que lustra zapatos, a un albañil? ¿Por qué son de letra y no de acción? No pretendan que yo me agencia una clase social y mundo de labia que aborrezco por falso y ruin.
Muchas veces han tratado de limitarme con la forma en que escribo, me dicen que escribo como aldeana. ¿Qué significa el concepto aldea para la clase media, para esos pequeño burgueses? Escribo así porque mis letras nacen desde mi sentir, de mi experiencia, de mi vena de arrabal, mis letras son mi piel. Yo de pueblo, soy de aldea, soy de arrabal. No me interesa el pavimento. Fácil sería para mí escribir como Maestra de Educación Física, o como estudiante universitaria o como árbitra de fútbol, eso es lo más fácil del mundo para mí, y ataviar y darle forma y contoneo a mis letras para que quien lee sepa que quién escribe tuvo educación superior, ¿pa’ qué putas me sirve eso a mí? Para nada. Yo soy real. Digo lo que siento y pienso con transparencia.
Quien me envió el texto sabía que tocaría mis venas, que yo tendría esta reacción, que haría hervir mi sangre, que me reflejaría en la vida y en las letras de Lizeth. Que es tan de monte como yo. Por esa razón me niego con todas las fuerzas de mi ser a aceptar escribir en medios perfumados que se avergüenzan del campesino y que quieren que me contornee para encajar en su mundo de clasemedieros estercoleros, tan ruines y fieles a la oligarquía, que malgastan el concepto progresista porque lo usan como escudo y como alfombra porque saben que eso les da un status de pensantes que nadan contra la corriente. Cuando en realidad son arrastrados. Yo sé muy bien cuál es mi clase y de dónde vengo y no me interesan escalafones sociales ni ganar contactos. Yo no tengo contactos, de donde yo vengo no sabemos utilizar a las personas, de donde yo vengo las amamos por esa razón yo lo que tengo son afectos.
Los mismos afectos que tiene Lizeth y los cientos de niños y adolescentes que se unen a la guerrilla colombiana, porque el gobierno los masacra, los tortura, los obliga a emigrar, les roba lo poco que tienen, porque el gobierno oligárquico que sirve a Estados Unidos y que ha permitido llenar de bases militares gringas el país, pretende hacer de los campesinos y los proletarios las innumerables fosas clandestinas que tiene regadas a lo largo y ancho de esa Colombia triste que relata Lizeth desde su postura de guerrillera y pueblo. Vaya ella sí es pueblo. ¿Pero cuando el pueblo clama quién lo escucha? Hablo del pueblo real, no de clase media que se cuelga lo de pueblo para aparentar tener arrestos.
¿Cuándo el pueblo llora quién lo escucha? ¿Cuándo al pueblo lo masacran qué clase media lo defiende? ¿Cuándo al pueblo lo mancillan quién levanta la voz? Solo el pueblo defiende al pueblo. Y eso lo deja muy claro Lizeth que es hermana de Yuribí, una de las jovencitas guerrilleras que murieron junto a 10 compañeros más en el bombardeo que hizo el gobierno de Colombia bajo orden de Estados Unidos en un campamento de las FARC.
Antes de criticar, de tener el descaro de señalar y la cobardía de mancillar hay que saber cómo vive el pueblo, de qué come, qué sueña, cuáles son sus anhelos, en dónde duerme, ¿duerme?, por qué ese pueblo está dentro de una guerilla, ¿qué es la guerilla? Qué es para la gente cabal, no para la oligarquía y la clase media pretenciosa e ignorante. ¿Por qué llora el pueblo? ¿Por qué violan a la niñas que son pueblo? ¿Por qué condenan al pueblo a vivir en la miseria?
Por qué después de tantas décadas de ataque, de calumnias, de emboscadas, de asesinatos por parte del gobierno, las FARC sigue en pie. ¿Por qué el pueblo sigue enfilándose? ¿Por qué tantos niños y adolescentes buscan refugio en las FARC y no en el ejército colombiano? ¿Por qué las FARC siguen siendo el amor al que le hacen la guerra? Como Lizeth hay miles, millones que no están en guerillas y que tienen los mismos cuestionamientos, que sufren lo mismo.
¿Por qué los medios capitalistas del mundo insisten en desprestigiar las FARC? ¿Por qué se les ataca con tanto odio? No, no es necesario leer tomos y tomos de libros de texto, referenciales en universidades. Solo hace falta leer la Crónica de Lizeth que explica claramente con su letra de pueblerina, transparente, la razón de la existencia de las FARC y por qué siguen los niños y adolescentes huyendo de sus pueblos a donde los masacra el ejército y buscan las FARC donde tienen la hermandad, el amor, el conocimiento teórico que no dan en las universidades y donde aprenden a defender la patria de los traidores como Uribe y Santos.
Leyendo a Lizeth que muy bien puede ser citada como referencial en cualquier ponencia sobre política en cualquier lugar del mundo, se comprende a cabalidad el por qué de los desplazados internos, el por qué de las migraciones forzadas, el por qué del ataque de los medios capitalistas mundiales, el por qué de las bases estadounidenses en Colombia. El porqué en estos momentos tienen a Colombia y a Venezuela en el ojo del huracán y culpan a Venezuela de la crisis migratoria y de las deportaciones.
El por qué no dice ni pío acerca de las deportaciones que hace Estados Unidos. Por qué aceptan que tenga bases militares en el país. Leyendo a Lizeth el lector comprenderá a profundidad el amor, la consecuencia política de los guerrilleros colombianos. Leyendo a Lizeth el lector conocerá a esa Colombia entristecida en voz de una aldeana en esencia.
Muy pocas veces esta arisca, que como bien dijo mi gurú, “parezco más una ermitaña que una escritora un poco escandalosa que echa pestes contra el mundo,” es tocada en la vena por un texto, por supuesto tenía haber sido escrito por una niña aldeana, de monte, de la puritita cepa, sin pretensiones y con el sentir honrado de quien es pueblo y ha sido marginado en su totalidad.
Si usted lector supo de los bombardeos de los que alardeó el gobierno colombiano en el 2011 y se tragó la palabrería del presidente, lea la Crónica de Lizeth y verá cómo lo vivió quien es pueblo y siente y honra.
Mi reverencia y admiración a mi niña Lizeth y a todos los niños guerrilleros de las FARC. A los caídos. De arrestos está hecho el pueblo. Son la honra y esencia de Colombia. ¡No pasarán!
Si usted lector siente en su corazón la necesidad humana de leer y compartir el texto de Lizeth puede encontrarlo aquí
Por mi parte sigo escribiendo como aldeana, como alcantarilla, total…, como dicen por ahí para qué tanto brinco y el piso está plano.
Posdata: ahora entiendo por qué quien me mandó el texto aunque me dobla la edad y es colombiana me llama “compañera.” El pueblo es pueblo en cualquier lugar del mundo y es atemporal.
COLOMBIA.
Capitán del Ejército afirma que Uribe dictaba órdenes para cometer asesinatos junto a las AUC
Por El inciso.com-Las dos Orillas / Resumen Latinoamericano/ 30 de Agosto 2015 .-
Capitán del ejército afirma que Uribe dictaba órdenes para asesinar junto a las AUC El capitán del Ejército Adolfo Enrique Guevara Cantillo, alias ‘101’, fue hasta 2004 el jefe de inteligencia del GAULA en el departamento del Magdalena (grupo élite del Ejército Nacional contra la extorsión y el secuestro) y al mismo tiempo, desde 1998, tuvo la doble función de lugarteniente principal del paramilitar “Jorge 40”. Es decir, siendo militar activo era también miembro de los ejércitos paramilitares.Guevara no era un infiltrado, sino que trabajaba abiertamente para los dos grupos armados, el legal y el ilegal, lo cual sabían y protegían altos mandos, como el general Mario Montoya, quien llegó a ser Comandante del Ejército de Colombia. Coordinaba en el norte del país la colaboración criminal que se dio entre el bando armado estatal y el ilícito paramilitar, principalmente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de quien dice recibió órdenes para cometer asesinatos. Afirma que la sugerencia de hacer parte de los paramilitares fue de un superior suyo: “fue mi mayor, que en paz descanse, Salazar Arana, fue comandante del GAULA del Atlántico en ese momento”, dijo ‘101’.En su extenso relato, recogido en el video que acompaña esta nota, Guevara Cantillo sostiene que el régimen de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” fue una despiadada “política de Estado” de la que él hizo parte, y la describe en forma descarnada y pormenorizada, documentos en mano.
Revela que, por intermedio del general Mario Montoya, recibió del entonces presidente de Colombia Alvaro Uribe Vélez órdenes de cometer asesinatos y describe una íntima, impune y eficiente relación criminal entre las fuerzas armadas del Estado y los ejércitos del crimen organizado de extrema derecha.
La entrevista a Guevara Cantillo fue hecha en septiembre pasado en la cárcel Nacional Modelo, de Barranquilla, y solamente es revelada ahora, tras múltiples comprobaciones y consultas con fuentes militares, judiciales, diplomáticas, civiles y criminales, hechas por los autores de esta nota.
Las ejecuciones extrajudiciales que ahora confiesa este paramilitar en un relato franco y espeluznante, todavía hoy hacen parte de las estadísticas de los “triunfos” en la guerra contra las FARC que el expresidente Uribe sigue reclamando en su campaña electoral actual, con la que intenta llegar al Senado al frente de una organización política de extrema derecha, de la que es ideólogo principal el primo hermano del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, José Obdulio Gaviria.
El excapitán Guevara (‘101’) también acusa de complicidad en los falsos positivos al coronel Édgar Iván Quiñones Cárdenas, actual subcomandante de la Novena Brigada del Ejército, que fue mayor y superior directo de alias ‘101’. Según Guevara (“101”), el coronel Quiñones coordinaba los objetivos de ejecuciones extrajudiciales con información de sus cómplices paramilitares, firmaba las legalizaciones falsas de quienes hacía pasar por muertos caídos en combate, y obtenía el armamento que el capitán Guevara (‘101’) ponía junto a sus cadáveres después de asesinarlos.
En pocas palabras, lo que el excapitán Guevara (‘101’) revela en su testimonio es que el general Mario Montoya y a veces el Presidente Uribe Vélez pedían los falsos positivos, el entonces mayor Quiñones (hoy coronel) se encargaba de la logística y su legalización, y el capitán Guevara (‘101’) los asesinaba.
El general Mario Montoya, al que se refiere Guevara Cantillo de manera extensa, tiene innumerables señalamientos por crímenes de guerra y otras atrocidades que le son endilgadas a lo largo de su controvertida carrera militar.
Guevara Cantillo comandó las fuerzas de “Jorge 40” en los departamentos de Cesar, Magdalena y Guajira, en estrecha coordinación con el Ejército y la Policía de Colombia. Se retiró de manera voluntaria, sin la menor tacha en su hoja de vida, a pesar de la multitud de crímenes de lesa humanidad que cometió con el beneplácito y la mayor parte de las veces a petición de quienes fueron sus jefes militares.
El jefe paramilitar de Guevara Cantillo, “Jorge 40”, actualmente se encuentra preso en Estados Unidos, donde purga una pena por narcotráfico y se encuentra próximo a regresar a Colombia. Al llegar será puesto a disposición de la justicia nacional, que lo reclama. Deberá confesar la totalidad de sus crímenes para permanecer dentro de Justicia y Paz y conseguir que en ningún caso se le condene a más de 8 años de cárcel por la totalidad de los cientos de miles de homicidios que ha cometido, así como otros delitos de lesa humidad.
Guevara Cantillo es sobrino del exgeneral de Ejército Antonio José Ladrón de Guevara.
En su testimonio, ‘101’ habla, entre otros temas, sobre:
– El general Mario Montoya. “Esas eran las políticas de Mario Montoya: ´denlos de baja, denlos de baja, a mí no me traigan capturados. Y si no había bajas (sic), miren a ver cómo hacen´. Esas eran las palabras de él”.
– Los falsos positivos. A la pregunta de si hubo órdenes de cometer homicidios del general Montoya cumplidas por él, ‘101’ responde: “Sí, claro, todos los falsos positivos”.
– La complicidad del ejército y los paramilitares. “Mi comando “(Jorge) 40” me mandaba las tropas de él de autodefensas, y yo las pasaba como tropas de Ejército. Iba al combate con la guerrilla dirigiendo unidades de autodefensa. (…) Todo el mundo lo sabía. En ese momento yo era teniente y un teniente no es una rueda suelta”.
– Órdenes de asesinato dadas por Álvaro Uribe Vélez. “(Alias) Tijera mata al alcalde de la Zona Bananera, un señor Avendaño. A partir de ese momento, [el Presidente Álvaro] Uribe da la orden de que hay que matar a Tijera, de que tienen que matar a Tijera. La orden se la da a [general Mario] Montoya, Montoya se la da a [Édgar Iván] Quiñónez: tienen que matar a Tijera. Montoya estaba desesperado con eso”.
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