Para el juez, se trata de "un caso de una relación que se convirtió en una extorsión"
El crimen de Fabián Gutiérrez, el uso político de Juntos por el Cambio y la respuesta del Gobierno Aunque el juez descartó en principio una motivación política en el asesinato del ex secretario de CFK, la conducción de Juntos por el Cambio intentó usufructuar el caso. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, salió al cruce y cuestionó a "las autoridades políticas de la oposición que, a partir de la tergiversación y manipulación de los hechos, intentan sacar provecho en el electorado".
Por Raúl Kollmann
En verdad, Gutiérrez no fue un arrepentido relevante, no aportó grandes cosas ante la Justicia y, por el contrario, su intervención más importante significó una defensa, de hecho, de Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que terminó condenado José López por los nueve millones de dólares que tiró en el convento.
En la noche del viernes, las fuerzas policiales santacruceñas ya estaban buscando a Gutiérrez porque su familia había denunciado la desaparición. El final parecía cantado dado que en su vivienda se encontraron manchas de sangre, partes de un precinto y luego apareció la camioneta con un vidrio roto. Además, faltaba un televisor y un equipo de música de la vivienda del ex secretario. Todo indicaba que se había producido un hecho de violencia, con mal pronóstico.
En una ciudad chica como El Calafate, no les resultó difícil a los investigadores dar con los autores. Esa misma noche ya había un detenido que le contó al juez parte de los hechos y le dijo que el cuerpo de Gutiérrez estaba en la vivienda de uno de ellos, en el Barrio Aeropuerto. Lo dicho por el joven resultó cierto y el cadáver apareció enterrado, golpeado y acuchillado en la casa señalada por el detenido. En total, los apresados son cuatro, todos muy jóvenes. Facundo Zaeta, de 19 años, sería quien trabó la relación con Gutiérrez, y lo acompañaron, o en el crimen o en el encubrimiento, un hermano, Agustín, otro joven llamado Facundo "Juanca" Monzón y Pedro Gómez. En la vivienda también se encontraron el televisor robado, el equipo de música y el cuchillo que, en principio, fue el arma del asesinato.
"Trabajé muchísimo en casos como estos --le explicó el criminalista Raúl Torre a PáginaI12--. Son relaciones por dinero y a veces la urgencia por plata, vinculada a adicciones, los termina llevando a planificar la extorsión y el robo. Se aprovechan de cierta vulnerabilidad de la víctima por su condición sexual. Lo presionan y cuando se rebela se produce un episodio de violencia en el que saben que los va a denunciar. Esos casos terminan a veces con el peor final. El hecho que robaran un televisor y un equipo de sonido da cuenta del móvil económico".
En el caso no parece haber mucho misterio.
* No es que alguien contrató a una persona de afuera de El Calafate para lograr impunidad.
* No se usó un arma de fuego, que exhibiría algo más planificado y que asegure el resultado de muerte.
* Robaron un televisor y un equipo de música, lo que muestra el móvil de conseguir plata.
* Existe un vínculo entre ese joven de 19 años y Gutiérrez de 46. Nada tiene que ver con un killer o con un asesino contratado.
* Zaeta viene con historia de consumo de drogas y alcohol, con una detención en Río Gallegos, en octubre pasado, cuando transportaba 48 dosis de LSD.
En la noche del viernes, el joven que aceptó declarar fue el principal implicado, Facundo Zaeta, y ya reveló gran parte de la historia de la extorsión y el robo. El juez entonces se dirigió a la vivienda y con mucha facilidad encontró el cuerpo. Los jóvenes habían subido el cadáver en la camioneta de Gutiérrez y lo transportaron a la casa del Barrio Aeropuerto. Nada hubo de "profesional" en el asesinato: todo improvisado y dejando pruebas y rastros a cada paso.
El juez Navarte se disponía a tomar las tres indagatorias que faltan y que, se supone, confirmarán la extorsión, el robo y el asesinato, porque es evidente que tres de los cuatro jóvenes no van a querer hacerse cargo del homicidio. Es un delito gravísimo porque se trata de un homicidio agravado, que se cometió para ocultar el robo, lo que significará condena casi segura a prisión perpetua. Al mismo tiempo se practica la autopsia y la pericia sobre el arma, la ropa y los celulares de los homicidas, mientras que los imputados ya fueron revisados y se detectaron hinchazón en las manos --producto de los golpes que pegaron-- rasguños y otros rastros que dejó la lucha de Gutiérrez por salvar su vida.
El apuro de Juntos por el Cambio
La conducción de Juntos por el Cambio buscó rápidamente usar en forma política el crimen. Hubo un comunicado institucional firmado por Patricia Bullrich y Federico Angelini (PRO), Alfredo Cornejo y Alejandra Lordén (UCR), y Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic (CC), donde plantearon que se trata de un crimen "de extrema gravedad institucional" y pidieron que se apartara del caso la fiscal Natalia Mercado, la hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y sobrina de la vicepresidenta. Luego varios dirigentes se despacharon en forma individual: "Esto es gravísimo. G-R-A-V-I-S-I-M-O", disparó Laura Alonso, por ejemplo. No faltaron los que quisieron asimilar el caso a la muerte de Alberto Nisman, en el cual, durante los cuatro años de gobierno de Cambiemos, no pudieron encontrar ni una prueba de que el fiscal fuera asesinado o que alguien hubiera entrado en su departamento. También hubo voces opositoras que acusaron al Gobierno por no haber protegido a Gutiérrez. En rigor, como informó el Ministerio de Justicia, Gutiérrez "nunca fue parte del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de la cartera" ya que "ni él, ni ninguna autoridad judicial requirieron su protección". Pero, además, el papel de Gutiérrez como arrepentido no tuvo significación.
En la noche del sábado, el jefe de Gabinete respondió a los planteos opositores. "En política no vale todo porque no hay fin que justifique los medios --advirtió Santiago Cafiero--. Partiendo de esa convicción, el gobierno nacional ha conocido con mucho pesar el comunicado que los presidentes de los partidos que componen Cambiemos han firmado ante la infausta noticia que dió cuenta del homicidio del que fuera víctima Fabián Gutierrez. La sola idea de que el Gobierno tiene responsabilidad en semejante suceso, es definitivamente repulsiva, máxime si se tiene presente que tamaña infamia se pretende instalar en un marco social signado por la angustia de la pandemia". Agregó que "el compromiso del gobierno nacional con el Estado de Derecho es absoluto. La necesidad de que en el país impere un sistema republicano con independencia judicial y sin interferencias de los poderes fácticos es un imperativo insoslayable".
Cafiero le recordó a Cambiemos que "en estos días en que en los tribunales nacionales se ventilan presuntos mecanismos que vincularían a servicios de inteligencia, periodistas y magistrados en la promoción de falsas acusaciones penales, la responsabilidad política debería multiplicarse. Estamos convencidos que el imperio de la Justicia debe reponerse en Argentina de una vez y para siempre. Ello se logra exigiendo a los magistrados y tribunales actuantes la máxima diligencia y el mayor rigor técnico judicial. La unidad nos ha permitido afrontar de mejor modo el tiempo más difícil que debimos vivir. Que la sensatez no se pierda y que los que cavan las grietas que nos dividen revisen sus procederes y se llamen a la reflexión".
El jefe de Gabinete respondió a la declaración de Juntos por el Cambio por el crimen de Fabián Gutiérrez
Santiago Cafiero: "Es inadmisible utilizar el dolor del crimen para sacar ventajas políticas"
"Es inadmisible utilizar la sensibilidad que el dolor del crimen genera para sacar ventajas políticas", aseveró en una serie de mensajes que escribió en la red social Twitter, en los que calificó de "infausta" a la muerte de Gutiérrez, cuyo cuerpo, con golpes principalmente en la cabeza y un corte en el cuello, fue hallado enterrado en una casa de la localidad santacruceña de El Calafate.
En estos mensajes, el jefe de Gabinete rechazó el contenido de un comunicado difundido por Juntos por el Cambio --bajo el título "Un crimen de extrema gravedad institucional"--, donde se planteó "la posible conexión de su muerte con delitos federales" y que "no haya familiares de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el proceso".
"En política no vale todo porque no hay fin que justifique los medios. Tampoco las redes sociales se pensaron para difundir la mentira. Partiendo de esa convicción, el Gobierno Nacional ha conocido con mucho pesar el comunicado que los presidentes de los partidos que componen Cambiemos han firmado ante la infausta noticia que dio cuenta del homicidio del que fuera víctima Fabián Gutiérrez", sostuvo Santiago Cafiero.
En ese sentido, enfatizó que "la sola idea de que el Gobierno tiene responsabilidad en semejante suceso, es definitivamente repulsiva, máxime si se tiene presente que tamaña infamia se pretende instalar en un marco social signado por la angustia de la pandemia" de coronavirus".
"El compromiso del gobierno nacional con el Estado de Derecho es absoluto. La necesidad de que en el país impere un sistema republicano con independencia judicial y sin interferencias de los poderes fácticos es un imperativo insoslayable", subrayó Cafiero. Además, agregó: "Estamos convencidos que el imperio de la Justicia debe reponerse en Argentina de una vez y para siempre. Ello se logra exigiendo a los magistrados y tribunales actuantes la máxima diligencia y el mayor rigor técnico judicial".
El hilo posteado por el jefe de Gabinete fue retuiteado luego por el presidente Alberto Fernández.
En sus mensajes, el jefe de Gabinete consideró "inadmisible utilizar la sensibilidad que el dolor del crimen genera para sacar ventajas políticas".
Al respecto, el jefe de Gabinete señalo que "no parece ser igual el compromiso de las autoridades políticas de la oposición que, a partir de la tergiversación y manipulación de los hechos, intenta sacar provecho en el electorado". "El modo en que pretenden falsearse la realidad para lograr la confusión pública es penoso. En estos días en que en los tribunales nacionales se ventilan presuntos mecanismos que vincularían a servicios de inteligencia, periodistas y magistrados en la promoción de falsas acusaciones penales, la responsabilidad política debería multiplicarse", recalcó.
Y por último, subrayó: "La unidad nos ha permitido afrontar de mejor modo el tiempo más difícil que debimos vivir. Que la sensatez no se pierda y que los que cavan las grietas que nos dividen revisen sus procederes y se llamen a la reflexión".
La respuesta de Alfonsín
También rechazó el comunicado de JxC el embajador en España, Ricardo Alfonsín. "¿Cómo podemos creer que JxC está comprometido en serio con la República y la democracia después del documento sobre el crimen de Fabian Gutiérrez? No hay posibilidad de convivencia democrática cuando la dirigencia sin prueba ni fundamento siembra sospechas semejantes", alertó el dirigente radical. "No todo vale, ni en la vida ni en la política. Actitudes cómo éstas, son más que preocupantes. Espero que la sociedad sepa sancionar. Siento pena por mi país. Deshonra a la UCR la afrenta a la democracia que importa este documento".
05 de julio de 2020
El asesinato del ex secretario
Fabián Gutiérrez no era un arrepentido estrella: qué declaró en la causa de las fotocopias de los cuadernos
Por Raúl Kollmann
Fabián Gutiérrez no era un arrepentido estrella.
Fabián Gutiérrez nunca fue un testigo ni un arrepentido estrella. El exsecretario de Cristina Kirchner encontrado muerto en El Calafate no aportó hechos significativos en ninguna causa pero, en cambio, destruyó la coartada que trató de armar José López --en un pacto con Cambiemos-- para explicar el origen de los nueve millones de dólares que llevó al convento de General Rodríguez.
En una de sus diferentes y contradictorias declaraciones, López dijo que el dinero se lo dio Gutiérrez, que la plata provenía de Cristina Fernández de Kirchner y que la había recibido el 13 de junio de 2016, poco antes de tirarlos en el convento. Gutiérrez probó que en esa época no estuvo en Buenos Aires, sino en Santa Cruz, y negó toda la versión del ex secretario de Obras Públicas.
En la causa de las fotocopias de los cuadernos , Gutiérrez fue aceptado como arrepentido, pero no hizo grandes aportes. En realidad lo detuvieron porque viajó varias veces a Santa Cruz con Néstor y Cristina Kirchner, en el avión presidencial, y el juez Claudio Bonadio sostenía que en esos vuelos iban bolsos con dólares. En su declaración le tiró toda la responsabilidad al otro secretario, Daniel Muñoz: "vi bolsos, pero nunca vi lo que contenían". Para tirarle un centro a Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli, y para conseguir la libertad, Gutiérrez adujo que los bolsos se manejaban de manera misteriosa, que cuando se abrían nadie podía estar delante, que se le pedía a todos que se retiraran y otros condimentos semejantes. Como arrepentido no tuvo la menor relevancia: no fue como el chofer Oscar Centeno que dijo que llevaba y traía dólares, no fue como los empresarios que --bajo prisión extorsiva-- contaron que entregaron dinero ni como el ex funcionario de los peajes, Claudio Uberti, quien afirmó que le dio dinero a Néstor Kirchner, ni como el guionado Leonardo Fariña que fue cambiando sus versiones de acuerdo a lo que le pedían.
En realidad, la participación más importante de Gutiérrez en los juicios contra los funcionarios kirchneristas, la tuvo en la causa de los nueve millones de dólares que se le encontraron a José López. El ex funcionario cambió versiones varias veces pero, al final --tras una negociación con Cambiemos--, se convirtió en arrepentido y dijo que Gutiérrez le entregó los nueve millones de dólares que eran de CFK. En el juicio oral, ante el Tribunal Oral Federal 1, la versión naufragó.
Gutiérrez demostró que no estaba en Buenos Aires en el momento en que, supuestamente, López había recibido el dinero en el Hotel City, cerca de Plaza de Mayo. Además, los billetes estaban húmedos, lo cual demostraba que el dinero llevaba tiempo escondido en una habitación simulada, al lado de un tanque de agua, en Pilar de Pacheco. En los bolsos y la valija que llevó al convento de General Rodríguez se encontró un recibo de cambio a nombre del propio López y la operación se había hecho en Hong Kong, lo que hace pensar que parte del dinero provenía de Odebrecht, que cursaba las coimas a través de esa ciudad de China. Al final, la versión de López se desestimó porque incluía otras mentiras, y el ex funcionario fue condenado a seis años de prisión.
Lo grave es que nunca se avanzó en la investigación que había que hacer: determinar quiénes, qué empresarios, le dieron la plata al ex secretario de Obras Públicas.
Como es obvio, la alianza político--judicial--mediática aliada con Cambiemos, ya lanzó las historias conspirativas sobre la muerte de Gutiérrez, como lo hicieron con el suicidio de Alberto Nisman. Recurrirán a esas especulaciones pese a que el ex secretario no jugó ningún papel relevante en las causas judiciales, salvo hundir a José López. No era un testigo peligroso para nadie y en la tabla de mérito de los arrepentidos no tenía la menor relevancia.
05 de julio de 2020
El desastre que dejó el macrismo, el esfuerzo fiscal enorme pero insuficiente y la audacia para la recuperación
Se abrió la pelea por la pospandemia
Las políticas neoliberales son un fiasco en términos de bienestar general, de expansión económica y de desarrollo nacional. Mientras se atiende a las víctimas económicas de la covid-19, está abierta la disputa por cuál será el sendero económico, social y laboral de la "nueva normalidad".
Por Alfredo Zaiat
La capacidad de intervención del Estado en una crisis de proporciones como la de la pandemia covid-19 está determinada por tres factores principales:
1. Los márgenes de expansión fiscal vía gasto público financiado con emisión monetaria.
2. La posibilidad de emitir deuda en el mercado local para conseguir recursos financieros privados disponibles a tasas de interés aceptables.
3. Disminuir la tasa de interés de referencia para, por un lado, aliviar la carga financiera del endeudamiento privado y, por el otro, inducir la expansión monetaria vía créditos bancarios a un costo tolerable.
El desastre económico que dejó el macrismo es una restricción objetiva para poder desplegar en plenitud esas acciones de reparación y de contención por parte del sector público en un escenario de colapso provocado por el coronavirus.
Márgenes
Los límites demarcados son tremendos en términos de encontrar márgenes de autonomía relativa para encarar una activa e imprescindible participación del Estado para aliviar los costos ineludibles de una pandemia.
Detallar esas restricciones no significa que el gobierno de Alberto Fernández no tenga que hacer más y mejor de lo que ha realizado hasta ahora. Debe intentar ampliar esos estrechos márgenes; en eso consiste la política cuando el objetivo es mejorar la calidad de vida de las mayorías.
Pero resulta esencial remarcar el vaciamiento macrista para comprender el presente y, en especial, para disputar el sendero de la pospandemia.
Existe un inaudito borrón y cuenta nueva respecto a la pésima gestión económica para la mayoría de la población durante el gobierno de Macri y las secuelas que ha dejado en la sociedad.
Ese borrón y cuenta nueva no es inocente; busca instalar que la responsabilidad del actual drama económico es del gobierno de Alberto Fernández. Por eso la prensa de derecha y sus plumas pavo reales desconocen que es la pandemia y no la cuarentena la causa del derrumbe de la actividad.
Esa es la trama política de la militancia anticuarentena del poder económico, a través de la oposición política y de corporaciones mediáticas, que buscan un Alberto Fernández debilitado para imponer condiciones de gobernabilidad –o sea, de negocios-. Tras ese objetivo buscan que el Presidente rompa la alianza con su vice Cristina Fernández de Kirchner. Así les quedaría servido en bandeja.
Como no consiguen ese objetivo, y están saliendo a la luz pública los promiscuos vínculos que había entre el espionaje ilegal durante el macrismo en los sótanos-cloacas de la democracia y algunos periodistas y corporaciones mediáticas, se muestran desesperados y se les nota mucha.
Impunidad
Desde el comienzo de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández ha destinado 5,0 por ciento del Producto Interno Bruto en recursos tributarios, fiscales y financieros para paliar la crisis.
Es un esfuerzo enorme pero es la mitad del paquete aplicado por Brasil, por debajo del 6,7 por ciento de Chile y bastante lejos del 15,0 por ciento de Perú. Esas cifras reflejan las restricciones que dejó la gestión macrista.
La capacidad de financiamiento del gobierno en el mercado de capitales es casi nula. Se cerró ese grifo con el default virtual de la deuda en dólares y la destrucción del mercado de deuda en pesos, con el insólito "reperfilamiento" del entonces ministro de Economía Hernán Lacunza, que con un desparpajo envidiable ahora ofrece consejos sobre cómo negociar la deuda.
Además de incrementar el endeudamiento en dólares de la provincia de Buenos Aires cuando fue el encargado de Hacienda de María Eugenia Vidal, Lacunza logró el mérito de haber defaulteado títulos de deuda en la moneda que el país emite.
Para identificar la impunidad de gestión de funcionarios del establishment y mimados por corporaciones mediáticas, el caso Lacunza es representativo de este tiempo. Pero lo mismo les cabe a Domingo Cavallo, Miguel Kiguel, Ricardo López Murphy, Alfonso Prat-Gay, Federico Sturzenegger y otros. No tienen el decoro del silencio después de las ruinas que dejaron al pasar por el Estado.
Se les suma la complicidad de la inmensa legión de consultores de la city que invaden el espacio público construyendo sentido con concepciones reaccionarias sobre el funcionamiento de la economía. Todos ellos corren el riesgo de terminar en la decadencia analítica del gurú de pronósticos fallidos Miguel Ángel Broda, que en estos días estuvo alucinando con la economía venezolana e iraní en relación a las perspectivas de la argentina con el gobierno de Fernández.
Restricción
Que el gobierno de Macri no pagara en término la deuda en pesos que se emitió durante su administración fue un disparate mayúsculo que hoy el fisco está padeciendo, al ver menguada la capacidad de intervención estatal en esta crisis.
El equipo de finanzas del ministro Martín Guzmán está buscando relajar esa restricción con una lenta pero persistente tarea de reconstrucción del mercado de deuda en pesos.
Los publicistas del macrismo ponderan además la reducción del déficit fiscal operativo. No dicen que fue conseguido desarticulando funciones básicas del Estado, con el desfinanciamiento de las áreas de Salud y Educación, la paralización de las obras públicas y la merma de recursos en casi todas las reparticiones públicas.
El casi único rubro del gasto público que aumentó fue el correspondiente a intereses de la deuda. Por ese motivo el déficit total que incluye el financiero (pagos de deuda) se incrementó sustancialmente por el vertiginoso ciclo de endeudamiento en menos de cuatro años, hasta arrojar la economía a la insolvencia.
Con fragilidad de las cuentas fiscales, default virtual y estructuras estatales desarticuladas (el Ministerio de Salud había sido degradado a Secretaría, el Pami recortado prestaciones y la Anses debilitada), las restricciones en la intervención estatal quedaron muy expuestas en estos meses de pandemia.
En esas condiciones endebles y además con una economía en recesión desde hace dos años, el Estado tuvo que hacer frente a las urgencias derivadas del coronavirus.
Sendero
A muchos les pueden cansar las referencias al pasado ante un presente angustiante y hasta considerar que les resulta irritante porque las necesidades de satisfacer las demandas son inmediatas. Pero si no se entiende o se busca ocultar desde dónde se parte para transitar este compromiso colectivo de la cuarentena no se pueden precisar las debilidades de origen de la actual intervención estatal tanto en materia sanitaria como económica.
El aspecto más relevante de puntualizar de la herencia ruinosa del tercer ciclo neoliberal que padeció la sociedad argentina desde 1976 no apunta a justificar lo que se está haciendo bien, más o menos bien o directamente mal el gobierno de Alberto Fernández, sino, fundamentalmente, para advertir acerca del poderoso dispositivo que busca limitar, precisamente, la intervención del Estado para atender los costos de la pandemia y, después, para comenzar la reconstrucción de la economía como parte de un proyecto de desarrollo nacional.
La impunidad del poder económico está intacta; no importa que sus integrantes sean los responsables del estancamiento y de la extensa inestabilidad económica y social argentina desde mediados de los '70.
Corporaciones mediáticas de derecha y un elenco estable de economistas ortodoxos avanzan sin detenerse en ese pasado que los condena en la construcción de sentido para disminuir las capacidades de intervención del Estado.
En esa tarea constante advierten acerca de la emisión monetaria, del riesgo de desbordes inflacionarios y hasta de una hiperinflación por la emisión, del descontrolado gasto público, y del peligro de que el Estado intervenga en forma directa en el corazón histórico de la generación de rentas de la economía argentina a través de Vicentin.
La disputa por cuál será el sendero de la pospandemia está abierta y no darse cuenta sería un pecado que padecerán desde las clases medias castigadas hasta los sectores vulnerados.
La reacción furiosa del establishment por la decisión de Alberto Fernández de intervenir en el caso Vicentin es la prueba más contundente de esa disputa que ya comenzó.
Nueva normalidad
Para construir una "nueva normalidad" -concepto de moda para la salida de la pandemia- en la economía nacional, en el análisis económico y en la acción política resulta necesario señalar que las políticas neoliberales son un fiasco en términos de bienestar general, de expansión económica y de desarrollo nacional.
Si sectores de la alianza de gobierno, convencidos o por simpatía intelectual o por eludir presiones y críticas del establishment, se autolimitan en los frentes fiscal y monetario estarían debilitando la imprescindible red de protección social y frenando las fuerzas de la recuperación económica.
La crisis económica, social y laboral es inmensa y las secuelas serán también enormes. Existe responsabilidad política de cómo se atiende a las víctimas económicas de la pandemia, y para cumplir con ese mandato no debe haber una posición tímida por la amenaza ortodoxa de eventuales desbordes en la pospandemia.
La necesidad de socorrer pymes, cooperativas, trabajadores, autónomos, monotributistas, informales y excluidos es ahora. Habrá tiempo para acomodar variables fiscales y monetarias cuando se comience a transitar el camino de la recuperación.
05 de julio de 2020
Las medidas del Gobierno para las próximas semanas
Mañana el Canje de deuda, después el nuevo IFE, la ATP y el proyecto de "Plan Marshall"
El nuevo IFE en puerta, debates dentro del Gobierno. Presentación por el canje de deuda en Nueva York. Condicionalidades a empresarios, en el mundo y por acá. La necesidad de recaudar, un desafío urgente. El mini Plan Marshall que imagina el gobierno. Federalismos para todos los gustos
Por Mario Wainfeld
Mañana se presentará la enmienda de la oferta argentina para el canje de deuda ante la Comisión de Valores estadounidense (SEC).
* En los próximos días se definirá un nuevo tramo del Ingreso Familiar de Emergencia (“IFE III”). El Gobierno analiza si cubre a menos beneficiarios o si se mantiene el universo original.
* Se prepara otra ronda de Anticipos para el Trabajo y la Producción (ATP III) con cobertura amplísima aunque menor a las previas.
* En Economía comienzan a preocuparse por la emisión monetaria y el déficit fiscal. No han frenado las transferencias masivas de ingresos hasta acá. No causan hiper ni inflación desbocada pero los funcionarios temen que causen problemas cuando se amortigüe la recesión.
* Además se están pensando medidas de creación de empleo, dinamización de obra pública, un “Plan Marshall” exageran a sabiendas en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada. Habrá que redoblar la inversión pública, reperfilar el gasto estatal. Esa última parte, claro, pospuesta hasta que se aletargue la pandemia. Hasta el momento incierto y deseado en que baje la tremenda curva.
Vamos por partes, decía el economista poco ortodoxo Jack the Ripper.
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EL IFE, más allá del AMBA: El presidente Alberto Fernández convocó al gabinete económico social a Olivos dos veces en la semana que pasó. Readecuar las herramientas de crisis, primera labor. La segunda, planificar la economía política para cuando el panorama aclare.
EL IFE, concebido como herramienta para una sola ocasión, lleva dos renovaciones. La segunda ronda todavía se está pagando, funciona como inyección de dinero bimensual. Definir cuáles serán los beneficiarios está pendiente. Se imaginó focalizarlo en las regiones más castigadas por el coronavirus: AMBA y Chaco. Pronto se añadieron, en la mesa de arena, otros territorios muy castigados: Río Negro y Neuquén.
La difusión del proyecto causó alarma entre los gobernadores. El IFE valió de alivio en todo el país. En Córdoba, por ejemplo, cobraron 740 mil personas. Solo en la capital de la provincia llegan a 350 mil. El intendente Martín Llaryora activó su alarma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) local emitió un comunicado pidiendo la prórroga del IFE. La periodista Beatriz Marengo describió en el diario Alfil la preocupación conjunta de funcionarios y los movimientos sociales ante la hipótesis de cortar de cuajo ese flujo de recursos.
El Gran Rosario es otra zona que precisa el auxilio nacional.
La idea de focalizar el IFE se funda en que la mayoría de las provincias han normalizado la actividad económica. Pero la reapertura no equivale a reactivación. El impacto no llega a los informales o desocupados. Se agrava la desigualdad social precedente.
De modo simultáneo, la covid-19 engendra flamantes asimetrías entre ramas de actividad. El turismo, el esparcimiento, las actividades culturales con público, la hotelería tienen por delante meses de parate en el más optimista de los escenarios. La supervivencia impondrá, más pronto que tarde, medidas selectivas para el sector.
Ante ese cuadro desde Economía se aconseja sopesar el nivel de gasto. Con menos experticia, este cronista opina que dado el nivel ya invertido y la subsistencia de necesidades se atraviesa un mal momento para podar la ayuda social. Confeccionar un nuevo padrón de beneficiarios recargaría la gestión y, seguramente, demoraría los pagos.
Por otro lado, el conjunto de perceptores en el AMBA, Gran Rosario, Gran Córdoba, Chaco, parte de la Patagonia y trabajadores ligados al turismo, etc., comprenden acaso las tres cuartas partes del conjunto y podrían cometerse injusticias con parte del resto.
En plena carencia, nada es perfecto. Parece más equitativo prorrogar la actual cobertura del IFE antes que desproteger a un conjunto todavía desvalido. En breve diálogo telefónico informal con este diario, Alberto Fernández explicó que la decisión no está tomada y que quizá el IFE III se mantenga idéntico al IFE II.
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Ingreso Ciudadano, not yet: El nombre es arquetipo de la cosa, el IFE es un instrumento de emergencia, urdido en semanas. Aún con vicisitudes de ejecución llegó al bolsillo de 9 millones de argentinos. Distante de la prolijidad de las deseables políticas universales, rotundo para mitigar la malaria en toda la geografía nacional.
Recobró fuerza en el Ágora la iniciativa de implantar el Ingreso Ciudadano universal (IC), una medida sofisticada que (en toda su dimensión) no se aplica en casi ningún lugar del mundo.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, planteó un sendero propio, la Renta Básica, combinando la transferencia de dinero con la creación de puestos de trabajo. El propio Fernández, en un par de entrevistas, asumió que sería un cambio interesante.
Tras repasar con detalle y asumir las complicaciones de la coyuntura, AF afirma (textual) que “no es momento para promover semejante cambio”. “Un pago para cada ciudadana o ciudadano sería destinar recursos a gente que no lo necesita esperando que lo devuelva”.
El IC implica abonar un haber básico a toda la población. Las personas más pudientes lo reintegrarían con sus impuestos. Con clases dominantes expertas en evasión, entiende quien esto firma, sería entre altamente factible e inevitable que los más ricos ganaran un plus. Los datos conocidos sobre la cerealera Vicentín, los informes de OCDE sobre la masiva existencia de cuentas off shore (muchas no declaradas) inducen a levantar la guardia.
La necesidad de una reforma impositiva progresista, por ahí, exige recorrer un estadio previo: reforzamiento de capacidad para recaudar los tributos existentes. Con el Congreso empantanado por la polémica sobre sesiones remotas, con una oposición cerril en Diputados, la perfección deviene virtual. El oficialismo parece “condenado” a recaudar valiéndose de los instrumentos reales disponibles. Por ejemplo, el incremento de las alícuotas para el Impuesto a los Bienes Personales, agravado para quien posee activos en el exterior. La norma vigente, pájaro en mano, será más funcional para colectar recursos que el impuesto a las grandes fortunas que sigue en veremos. Por si hace falta: se impone defender ese tributo, transformarlo en ley. Una regla ejemplar, una señal para otras futuras. Pero en el corto plazo, da la impresión, los dineros para la emergencia tendrán que brotar de otras fuentes.
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Inteligencia y condicionalidades: Impresionan las cantidades de profesionales, talento y plata destinados a evadir, fugar divisas, lavar dinero, urdir marañas de empresas fantasmas, crear fideicomisos tramposos. Las revelaciones recientes, la cooperación internacional que combate (bien que mal) esas conductas, habilitan una oportunidad para los organismos estatales de recaudación e investigación. Inteligencia fiscal, desbaratar esas tramas. Con la mira en Tribunales pero más que nada en las arcas públicas.
Funcionarios comprometidos toman nota de cómo reaccionó una fracción minoritaria aunque significativa de las empresas que cobraban ATP cuando se les impusieron condicionalidades. Sorprendidos al principio por falta de costumbre. Enfadados luego. Renunciaron al subsidio clamando al cielo porque se les exigía no tener sede en paraísos fiscales, ni distribuir dividendos ni comprar divisas. Compromisos mínimos, bien mirados, para acceder a un subsidio sin otras contraprestaciones. Los académicos europeos Mariana Mazzucato y Antonio Andreoni cuentan que rigen reglas similares en Francia y Dinamarca. El presidente francés, Emmanuel Macron, pregona que no hay que salvar a las empresas exclusivamente, también transformarlas. Renault recibe un rescate faraónico bajo compromiso de fabricar un millón de autos “limpios” antes de 2025.
En Estados Unidos, paraíso de los despidos sin causa ni indemnización, se otorgaron préstamos y garantías a empresas aeronáuticas contra el compromiso de retener el 90 por ciento de los empleados, no relocalizar ni tercerizar sus servicios.
En Argentina, resoluciones similares son repelidas con furia. No solo por grandes corporaciones, observan en la Agencia Federal de Ingreso Públicos (AFIP), también en medianas empresas.
Mientras despotrica contra el intervencionismo, menor que en el centro del mundo, la Unión Industrial Argentina (UIA) hace llegar al Gobierno un frondoso documento: “Hacia una nueva normalidad. Propuestas para una reactivación productiva”. Reseñarlo trasciende los márgenes de esta columna. Vale chimentar que contiene una pléyade de reclamos de bajas de impuestos y tasas careciendo de cualquier compromiso de repatriar divisas o hacer un esfuerzo fiscal o algo que se le parezca.
Una paradoja signa la etapa del “Estado presente” magnánimo para repartir fondos a toda la pirámide social. La innegable necesidad compele a defender el tramado productivo existente. La injusticia del capitalismo globalizado se preserva como mal menor para evitar una catástrofe.
* Además se están pensando medidas de creación de empleo, dinamización de obra pública, un “Plan Marshall” exageran a sabiendas en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada. Habrá que redoblar la inversión pública, reperfilar el gasto estatal. Esa última parte, claro, pospuesta hasta que se aletargue la pandemia. Hasta el momento incierto y deseado en que baje la tremenda curva.
Vamos por partes, decía el economista poco ortodoxo Jack the Ripper.
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EL IFE, más allá del AMBA: El presidente Alberto Fernández convocó al gabinete económico social a Olivos dos veces en la semana que pasó. Readecuar las herramientas de crisis, primera labor. La segunda, planificar la economía política para cuando el panorama aclare.
EL IFE, concebido como herramienta para una sola ocasión, lleva dos renovaciones. La segunda ronda todavía se está pagando, funciona como inyección de dinero bimensual. Definir cuáles serán los beneficiarios está pendiente. Se imaginó focalizarlo en las regiones más castigadas por el coronavirus: AMBA y Chaco. Pronto se añadieron, en la mesa de arena, otros territorios muy castigados: Río Negro y Neuquén.
La difusión del proyecto causó alarma entre los gobernadores. El IFE valió de alivio en todo el país. En Córdoba, por ejemplo, cobraron 740 mil personas. Solo en la capital de la provincia llegan a 350 mil. El intendente Martín Llaryora activó su alarma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) local emitió un comunicado pidiendo la prórroga del IFE. La periodista Beatriz Marengo describió en el diario Alfil la preocupación conjunta de funcionarios y los movimientos sociales ante la hipótesis de cortar de cuajo ese flujo de recursos.
El Gran Rosario es otra zona que precisa el auxilio nacional.
La idea de focalizar el IFE se funda en que la mayoría de las provincias han normalizado la actividad económica. Pero la reapertura no equivale a reactivación. El impacto no llega a los informales o desocupados. Se agrava la desigualdad social precedente.
De modo simultáneo, la covid-19 engendra flamantes asimetrías entre ramas de actividad. El turismo, el esparcimiento, las actividades culturales con público, la hotelería tienen por delante meses de parate en el más optimista de los escenarios. La supervivencia impondrá, más pronto que tarde, medidas selectivas para el sector.
Ante ese cuadro desde Economía se aconseja sopesar el nivel de gasto. Con menos experticia, este cronista opina que dado el nivel ya invertido y la subsistencia de necesidades se atraviesa un mal momento para podar la ayuda social. Confeccionar un nuevo padrón de beneficiarios recargaría la gestión y, seguramente, demoraría los pagos.
Por otro lado, el conjunto de perceptores en el AMBA, Gran Rosario, Gran Córdoba, Chaco, parte de la Patagonia y trabajadores ligados al turismo, etc., comprenden acaso las tres cuartas partes del conjunto y podrían cometerse injusticias con parte del resto.
En plena carencia, nada es perfecto. Parece más equitativo prorrogar la actual cobertura del IFE antes que desproteger a un conjunto todavía desvalido. En breve diálogo telefónico informal con este diario, Alberto Fernández explicó que la decisión no está tomada y que quizá el IFE III se mantenga idéntico al IFE II.
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Ingreso Ciudadano, not yet: El nombre es arquetipo de la cosa, el IFE es un instrumento de emergencia, urdido en semanas. Aún con vicisitudes de ejecución llegó al bolsillo de 9 millones de argentinos. Distante de la prolijidad de las deseables políticas universales, rotundo para mitigar la malaria en toda la geografía nacional.
Recobró fuerza en el Ágora la iniciativa de implantar el Ingreso Ciudadano universal (IC), una medida sofisticada que (en toda su dimensión) no se aplica en casi ningún lugar del mundo.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, planteó un sendero propio, la Renta Básica, combinando la transferencia de dinero con la creación de puestos de trabajo. El propio Fernández, en un par de entrevistas, asumió que sería un cambio interesante.
Tras repasar con detalle y asumir las complicaciones de la coyuntura, AF afirma (textual) que “no es momento para promover semejante cambio”. “Un pago para cada ciudadana o ciudadano sería destinar recursos a gente que no lo necesita esperando que lo devuelva”.
El IC implica abonar un haber básico a toda la población. Las personas más pudientes lo reintegrarían con sus impuestos. Con clases dominantes expertas en evasión, entiende quien esto firma, sería entre altamente factible e inevitable que los más ricos ganaran un plus. Los datos conocidos sobre la cerealera Vicentín, los informes de OCDE sobre la masiva existencia de cuentas off shore (muchas no declaradas) inducen a levantar la guardia.
La necesidad de una reforma impositiva progresista, por ahí, exige recorrer un estadio previo: reforzamiento de capacidad para recaudar los tributos existentes. Con el Congreso empantanado por la polémica sobre sesiones remotas, con una oposición cerril en Diputados, la perfección deviene virtual. El oficialismo parece “condenado” a recaudar valiéndose de los instrumentos reales disponibles. Por ejemplo, el incremento de las alícuotas para el Impuesto a los Bienes Personales, agravado para quien posee activos en el exterior. La norma vigente, pájaro en mano, será más funcional para colectar recursos que el impuesto a las grandes fortunas que sigue en veremos. Por si hace falta: se impone defender ese tributo, transformarlo en ley. Una regla ejemplar, una señal para otras futuras. Pero en el corto plazo, da la impresión, los dineros para la emergencia tendrán que brotar de otras fuentes.
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Inteligencia y condicionalidades: Impresionan las cantidades de profesionales, talento y plata destinados a evadir, fugar divisas, lavar dinero, urdir marañas de empresas fantasmas, crear fideicomisos tramposos. Las revelaciones recientes, la cooperación internacional que combate (bien que mal) esas conductas, habilitan una oportunidad para los organismos estatales de recaudación e investigación. Inteligencia fiscal, desbaratar esas tramas. Con la mira en Tribunales pero más que nada en las arcas públicas.
Funcionarios comprometidos toman nota de cómo reaccionó una fracción minoritaria aunque significativa de las empresas que cobraban ATP cuando se les impusieron condicionalidades. Sorprendidos al principio por falta de costumbre. Enfadados luego. Renunciaron al subsidio clamando al cielo porque se les exigía no tener sede en paraísos fiscales, ni distribuir dividendos ni comprar divisas. Compromisos mínimos, bien mirados, para acceder a un subsidio sin otras contraprestaciones. Los académicos europeos Mariana Mazzucato y Antonio Andreoni cuentan que rigen reglas similares en Francia y Dinamarca. El presidente francés, Emmanuel Macron, pregona que no hay que salvar a las empresas exclusivamente, también transformarlas. Renault recibe un rescate faraónico bajo compromiso de fabricar un millón de autos “limpios” antes de 2025.
En Estados Unidos, paraíso de los despidos sin causa ni indemnización, se otorgaron préstamos y garantías a empresas aeronáuticas contra el compromiso de retener el 90 por ciento de los empleados, no relocalizar ni tercerizar sus servicios.
En Argentina, resoluciones similares son repelidas con furia. No solo por grandes corporaciones, observan en la Agencia Federal de Ingreso Públicos (AFIP), también en medianas empresas.
Mientras despotrica contra el intervencionismo, menor que en el centro del mundo, la Unión Industrial Argentina (UIA) hace llegar al Gobierno un frondoso documento: “Hacia una nueva normalidad. Propuestas para una reactivación productiva”. Reseñarlo trasciende los márgenes de esta columna. Vale chimentar que contiene una pléyade de reclamos de bajas de impuestos y tasas careciendo de cualquier compromiso de repatriar divisas o hacer un esfuerzo fiscal o algo que se le parezca.
Una paradoja signa la etapa del “Estado presente” magnánimo para repartir fondos a toda la pirámide social. La innegable necesidad compele a defender el tramado productivo existente. La injusticia del capitalismo globalizado se preserva como mal menor para evitar una catástrofe.
05 de julio de 2020
Adrian Giacchino, designado titular del Banco Municipal
En Rosario, hasta el presidente del banco ya es de Vicentin
Ex director del Banco Nación, cercano a González Fraga y elegido el año pasado por Alberto Padoan para liderar su proyecto de banco privado. Ahora presidirá el Banco Municipal.
Por Raúl Dellatorre
González Fraga y Padoan no sólo comparten la buena relación con Giacchino, ya que ambos están denunciados, uno como ex presidente del Banco Nación, el otro como ex titular de Vicentin, en la causa que tramita el juez Ercolini en Comodoro Py por estafa al Banco Nación con créditos irregulares y posterior default de la empresa dejando impaga la deuda con la entidad, presuntamente como consecuencia de una serie de operaciones delictivas.
Adrian Miguel Giacchino fue designado director del Banco Nación el 7 de abril de 2017, por decreto firmado por Mauricio Macri, dos meses después que Javier González Fraga reemplazara, al frente de la entidad, a Carlos Melconian (1 de febrero del mismo año). Dos años después, en julio de 2019, su nombre aparecía en las comentarios financieros de los medios de Rosario como el "ejecutivo cercano a González Fraga" que había sido elegido por Alberto Padoan, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, para dirigir el banco privado que estaba a punto de poner en marcha a partir de su propia inspiración.
Alberto Padoan, que había llegado a la presidencia de la Bolsa de Comercio de Rosario como factotum del crecimiento explosivo de Vicentin, soñaba con un banco privado cuyo órgano máximo estuviera radicado en la región. En febrero de 2018 vio plasmada su idea al lograr la aprobación del proyecto, en una asamblea extraordinaria de la que participaron, además de la Bolsa de Comercio rosarina, otras dos entidades bursátiles (Rofex y MAV) y tres aseguradoras de primera línea (Sancor, San Cristóbal y La Segunda).
A fines de julio de 2019, en acuerdo con González Fraga, Padoan eligió a Giacchino para dirigir la entidad a crearse. Ya para ese entonces, Vicentin se había convertido en el principal deudor del Banco Nación y buena parte de su estrategia expansiva estaba asentada en el aceitado circuito financiero que le facilitaba la entidad crediticia estatal. La relación de González Fraga con Padoan se veía tan estrecha, como la de éste con Macri.
Pero el clima político cambió pocos días después, el 11 de agosto, con la aplastante derrota de Macri en las PASO. El proyecto bancario no llegó a concretarse, y aunque González Fraga le siguió ampliando el crédito a Vicentin, en pocas semanas más Padoan estaba afuera de la Bolsa, su empresa en default y el gobierno de Macri, González Fraga incluido, de salida.
El nombre de Giacchino aparece fuertemente ligado a esa alianza entre Padoan y Fraga. Para el bloque del Frente de Todos en la legislatura rosarina (la única que votó en contra de su designación), además, "un representante del complejo agroexportador". Su postulación fue propuesta por el intendente Pablo Javkin y respaldada por el oficialismo local y las demás fuerzas que conforman una suerte de pacto de gobernabilidad del que, otra vez, Vicentin resultó beneficiario.
Fuente:Pagina12
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