La niñez en riesgo: el 62,9% es pobre y uno de cada diez trabaja
“La radiografía está opacada, oscura. Hay niños que ni siquiera entran dentro de la foto”, sostiene Nora Shulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en la Argentina (CASACIDN). El diagnóstico de la pobreza infantil en Argentina indica que el porcentaje de niños y niñas pobres llega al 62,9 por ciento.
Esta cruenta realidad volvió al centro del debate público a partir del impacto que produjo del caso de M, la niña de 7 años que vivía en la calle con su madre y fue sustraída durante tres días por Carlos Savanz.
Según estimaciones de UNICEF, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 se pasó de 7 a 8,3 millones. Las zonas más afectadas son el conurbano bonaerense y los de grandes ciudades como Rosario y Córdoba, además de la región noreste: Formosa, Chaco, Misiones y Santiago del Estero.
La coordinadora del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), la organización dirigida por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Ana Almada, explica el impacto presente y futuro. “El efecto mayor se vincula con los derechos vulnerados: a la salud, a la nutrición, al agua potable, al acceso a una educación de calidad, una vivienda digna y a los cuidados adecuados. Además de los niveles básicos de supervivencia, se restringen otras posibilidades para poder acceder a futuras oportunidades. Afecta en lo físico, lo espiritual y lo moral”, indica.
La pandemia agravó un problema que lleva décadas. En los últimos 30 años, la tasa de pobreza medida por ingresos nunca fue menor al 25 por ciento. “Dentro de ese porcentaje, hay un fenómeno que se llama infantilización de la pobreza y muestra la incidencia desproporcionada en el grupo que va de 0 a 14 años”, explica José Florito, coordinador del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
“La irrupción de la pandemia generó una situación crítica. Las medidas de aislamiento por la estrategia sanitaria impactaron sobretodo en familias con trabajos precarios o informales que no obtuvieron ingresos. Creemos que en el último año dos millones y medio de personas cayeron en la pobreza como consecuencia de la situación económica vinculada con la COVID. Las medidas fueron buenas, pero no lo suficientes como para evitar eso. Según nuestros cálculos, un millón y medio de personas evitó caer en la pobreza gracias a esa asistencia del Estado”, explica el investigador.
Una encuesta de UNICEF, hecha en diciembre del 2020, revela que cuatro de cada diez hogares donde residen niños, niñas y adolescentes (alrededor de 2,1 millones de familias) afrontó una reducción en los ingresos. Y una de cada cinco enfrenta al menos una deuda, que en general es para comprar alimentos. Esta situación también profundizó el trabajo de adolescentes: 16% realizó actividades laborales destinadas al mercado y el 46% de ellas y ellos no lo hacían antes de la pandemia.
El trabajo infantil es otro de los síntomas de la pobreza. Niños, niñas y adolescentes que dejan la escuela para llevar dinero a sus casas, algo que en la adultez refuerza la exclusión. “Tiene una relación doble. Por un lado, la situación lleva al trabajo infantil porque cuando la familia no tiene ingreso suficiente, los niños tienen una inserción temprana en el mercado ilegal y de mucha explotación. La segunda es como causa. El trabajo infantil requiere salir de la escuela, dejar de acumular capital humano, y eso tiene problemas en el futuro. Cuando la changa se cae, no puede volver a la escuela ni tampoco insertarse en otro lugar de trabajo porque nadie lo contrata porque no está capacitado”, explica Florito.
Según la última Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes, realizada en el 2017, esta problemática afecta al 10% de la población infantil de todo el país. Los niños y niñas de entre 5 y 15 años que realizan algún tipo de trabajo ascienden a 760.000 y en las zonas rurales alcanza a 2 de cada 10. El acceso al agua es un factor que también incide en esta realidad. Una investigación de la OIT y el INTA demuestra que la mejora en el acceso al agua redujo significativamente el promedio de horas semanales dedicadas al acarreo y provisión, que pasaron de 4,88 a 2,33. Las niñas y adolescentes tienen un perjuicio mayor, en muchos casos son las que realizan las tareas del cuidado sin tener una remuneración a cambio.
“El trabajo doméstico afecta sobretodo a las que se quedan al cuidado de sus hermanitos pequeños y esto hace que abandonen la escuela. Los adultos se tienen que ir a trabajar y alguien se tiene que hacer cargo de la situación y dejan a niñas entre los 9 y los 12 años que terminan perdiendo la escolaridad”, explica Almada.
Los últimos datos de UNICEF indican que realizan trabajos como limpiar y cocinar (79%), hacer las compras (63%) o cuidar a personas con las que conviven (36%).
El acceso a la salud es otro de los puntos problemáticos. “El hambre y la pobreza naturalizan o tapan otros tipos de problemas, algunas enfermedades o cuestiones de salud como embarazos precoces. Hay mucho desconocimiento de los recursos. Por ahí la gente que vive en una situación muy marginal no sabe que puede ir a una salita o a una consulta médica. El desconocimiento lleva a que no concurran y a que no vacunen. El sistema de salud es bueno pero no se conoce”, explica Nora Schulman.
Muchas veces la población infantil no va a los hospitales porque no tienen documentos y directamente no pueden acceder a las consultas. Una situación que es más común en aquellos que están en situación de calle. El déficit habitacional pega fuerte: alrededor del 38% de los habitantes de villas y asentamientos son menores de 15 años y un 48% de la población que vive en los barrios populares tiene de 0 a 19 años. Así lo muestra el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). No existen datos nacionales sobre las personas que viven sin techo, la recopilación de datos queda en manos de cada jurisdicción y muchas veces es inexistente.
“Es gente que está en estado tan marginal que tampoco puede acceder a los políticas públicas. Son totalmente excluidos. Han proliferado los comedores y merenderos pero los chicos tienen que comer en su casa porque el lugar de la comida y la socialización es su propia casa. La pobreza rompe los vínculos, impacta profundamente. Es errado pensar que uno puede sustituir una familia por un hogar o por una familia de acogimiento”, sostiene Schulman.
En una década casi dos millones de niños y niñas cayeron en la pobreza
El presupuesto para los programas del Ministerio de Desarrollo Social orientados a la niñez y la adolescencia sufrieron un recorte en términos reales del 27% entre 2011 y 2021.
Según el Observatorio del Derecho Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), en apenas una década, 1,8 millones de niños y niñas se sumaron a los 5 millones que se encontraban en la pobreza en el año 2011. Con la sola excepción de 2017, todos los años, el índice de pobreza subió con especial ensañamiento entre los chicos hasta 17 años.
En 2011 los niños que vivían en hogares que no reunían los ingresos para superar la Canasta Básica Total, que mide el nivel pobreza, representaban el 40% del total mientras que, a diciembre de 2020, la cifra escaló hasta un 64,1%. Un incremento del 60% en la cantidad de chicos en situación de pobreza.
En el mismo período, aunque con un marcado incremento en los últimos dos años, la indigencia en ese segmento escaló un 139% y alcanza a 2 millones de niños, equivalentes al 16% que vive en hogares que no reúnen ingresos para hacerse de los alimentos necesarios para vivir. En 2011 representaban el 6,7%. En diez años, se sumó 1,1 millón.
El mismo informe da cuenta de que las políticas públicas consistentes en transferencias no contributivas como la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares pasaron de alcanzar a un 37,7% del total de niños de 0 a 17 años hasta un 45,8%. Pero no alcanzaron.
Según la socióloga Ianina Tuñón, investigadora responsable del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, la AUH "logró amortiguar el crecimiento de la indigencia, que estuvo muy estable y recién se dispara en los últimos dos años. Lo mismo con la Tarjeta Alimentaria, que tiene un efecto compensatorio en los sectores más marginales. Si no hubiesen existido esas transferencias, junto con el IFE, la indigencia ya habría llegado al 40 por ciento".
Sin embargo, continuó, "ninguna de esas transferencias te saca de la pobreza. No están pensadas para resolver la situación de los adultos que garantizan los ingresos en los hogares".
Para Tuñón, el impacto más severo de la pobreza en los más pequeños, en definitiva, "se explica por una cuestión demográfica. La media de niños en los sectores más pobres es mayor que en el resto de la sociedad". Para la especialista, "tiene mucho que ver lo que pasa en la macroeconomía y, en especial, con la inflación porque en los sectores más pobres la mayor parte del consumo se explica por alimentos".
Cambiar el rumbo
Un estudio reciente del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) destaca que el esquema de transferencias para la niñez se compone de tres pilares: las asignaciones familiares, las deducciones por Ganancias que llegan a poco más de 6,2 millones de niños y la AUH que, lanzada en 2009, hoy beneficia a 4,3 millones más.
Los investigadores identifican cuatro problemas en el esquema vigente: en los hechos, deja afuera a 1,2 millones de beneficiarios; los requisitos de cada uno de los tres pilares resultan inequitativos; es insuficiente para resolver la pobreza y la indigencia y, por último, arrastra una diferenciación de montos según región o modalidad contractual de los padres. Por eso, proponen una asignación universal para la niñez que sea idéntica para todos y, a la vez, garantice en forma progresiva un ingreso por encima de la indigencia y luego de la pobreza actualizada en forma automática según la evolución de las canastas de valorización. Para eso, impulsan una política de transferencias que lleve el gasto en la materia hasta un 5,2% del PBI en 2030. Inspirados en la experiencia boliviana, proponen avanzar en un gravamen sobre las empresas públicas hidrocarburíferas.
Políticas públicas
Más allá de las transferencias con fondos de la Anses, lo cierto es que el Estado durante el período redujo sus esfuerzos orientados específicamente a atender las problemáticas de los niños, niñas y adolescentes. Durante la década que va desde 2011 a 2021, el presupuesto de los programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social orientados hacia la niñez sufrieron un recorte en términos reales de más de un cuarto del total.
Agrupando los ítems relativos a las "Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes", dependiente de la Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, como así también los de "Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes", de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional e Integración Federal, pasaron de poco menos de $ 240 millones en 2011 hasta los $ 3214 millones en el presupuesto de este año. Más allá de su efectiva ejecución, en términos reales, se trata de una reducción del 27,33 por ciento.
Desde el punto de vista de Tuñón, "no hay nuevas políticas públicas que haya que desarrollar. Hay que desarrollar bien las que existen. La primera es la del empleo de los adultos, que debe ser superador a la idea de la transferencia de ingresos. Por otro lado, políticas públicas especialmente orientadas a los chicos que no están siendo fortalecidas por ningún gobierno: la educación entre los más pobres es de muy baja calidad. El quinto año es el séptimo grado de sus abuelos".
Para Tamara Seiffer, doctora en Ciencias Sociales e investigadora adjunta especializada en Políticas Sociales de la Universidad de Quilmes y el Conicet, en realidad, "las políticas que implementa el Estado, entre ellas las dirigidas a la niñez, no son exteriores a la acumulación de capital, sino una de sus formas concretas de desarrollo. El capital determina a una parte creciente de la población obrera argentina a la condición de sobrante, sometiéndola a reproducir su vida en condiciones degradadas". Por eso, continuó, "las condiciones de vida de M expuestas en los medios estos días, así como del 64% de les niñes, muestran que el capital puede prescindir de la producción de futuros trabajadores con aptitudes productivas universales y desarrolladas. Y muestra la impotencia de una 'política estrella' como la AUH para resolver la pobreza de les niñes en un contexto de abrupta caída salarial y aumento del desempleo". Y, concluyó, "tanto el Gobierno de la Ciudad como el nacional expresan esa necesidad. No hay solución si no se pone en cuestión la causa del problema".
Para Tuñón, "tenemos una mirada muy contemplativa. No veo vocación de ningún gobierno por transformar la vida de los sectores más pobres ni ministerios a la altura de encarar cambios a la escala que se necesita. Estamos hablando de 8 millones de pibes. No hay un acuerdo de políticas de Estado de largo plazo que ponga la mirada en el futuro del país, que no es otra cosa que invertir en los chicos". Para Tuñón, "tenemos una mirada muy contemplativa. No veo vocación de ningún gobierno por transformar la vida de los sectores más pobres ni ministerios a la altura de encarar cambios a la escala que se necesita. Estamos hablando de 8 millones de pibes. No hay un acuerdo de políticas de Estado de largo plazo que ponga la mirada en el futuro del país, que no es otra cosa que invertir en los chicos".Cómo impacta el déficit habitacional porteño en los derechos de las infancias
Hace siete años, un informe advertía que el déficit habitacional representaba la vulneración de derechos infantiles “más grave” en la Ciudad de Buenos Aires por “impedir el ejercicio de cualquier otro derecho”. Elaborado por la Asesoría General Tutelar porteña y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), relevaba que uno de cada cinco menores de 4 años vivía en condiciones sumamente precarias. Hace siete años nacía M y comenzaba su infancia en situación de calle.
Extitular de la Asesoría, Laura Musa fue una de las autoras de aquel informe, luego discontinuado. Hoy desde la Fundación Sur Argentina, dedicada a la defensa de los derechos infantiles, remarca que “vivir en la calle arrasa todos los derechos, no solo el habitacional”. Y señala la escasez de respuestas para familias con menores en situación de calle en el distrito más rico del país: “Los paradores son para hombres o mujeres, hay pocos para familias. Además de lo que implica tener que salir todos los días de esos sitios (que son solo para pasar la noche) con sus cosas”. Desde la fundación batalla contra la que muchas veces es la única respuesta del Estado ante su propio déficit con estas niñeces: la institucionalización. “Con toda la tragedia de la calle, el plus de desgracia es que el Estado se acerque a ellos violando sus derechos, separándolos de la familia para mandarlos a hogares”.
Igual que hace siete años, el déficit habitacional es especialmente cruel con las infancias, en un contexto en el que la pandemia agravó todos los cuadros. Según el último censo elaborado por organizaciones sociales, en 2019 había 871 niños, niñas y adolescentes en situación de calle en la Ciudad. La cifra –muy por encima de los números oficiales– “sin duda va a crecer este año porque el desplazamiento que fuimos observando es de población que tenía algún hogar. Hoy hay muchas más familias en situación de calle”, afirma Pablo Vitale, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Vitale aclara que el fenómeno no es solo local, pero que en la Ciudad se da un combo explosivo: “una política casi nula de regulación del mercado inmobiliario” y “una respuesta estatal compensatoria de muy baja escala y con muchos déficits”. El monto asignado a vivienda en el presupuesto porteño viene en caída constante en los últimos cuatro años: el dispuesto para 2021 disminuye un 17% en relación con el año anterior. Y el presupuesto destinado a personas en situación de calle no contempla ningún aumento para este año.
En las Consejerías de Vivienda desde el inicio de la pandemia trabajan en más de 150 casos con riesgo de desalojo, algunos en casas colectivas que reúnen a decenas de familias, con dos a tres hijes cada una en promedio. Es decir, casos que implican riesgo de quedar en la calle para más de 300 niños y niñas. “Lo que demuestra el caso de M es que no debe haber ni un pibe más en la calle por las vulnerabilidades que atraviesan”, resalta la consejera Gigi Krein. Y alerta sobre las dificultades extra que enfrentan quienes quedan sin techo junto con menores: “Todo el mundo mira para otro lado cuando no aceptan niñes en hoteles, o incluso en alquileres formales. Está aumentando este rechazo”. El vencimiento sin nueva prórroga del decreto que había congelado –aunque relativamente– los desalojos durante la pandemia desatará, advierte, una oleada de más familias en la calle a partir de abril. Desde ACIJ, también Vitale enciende esta alarma.
La olla destapada a partir del caso de M muestra, además, una postal distinta de la gente sin techo en el distrito capitalino. “La situación de calle en barrios vulnerables es totalmente diferente a una ranchada en Congreso. Pero la respuesta del Gobierno de la Ciudad –el subsidio– apunta a un sujeto como ese: el estereotipo de la persona en la calle. No contempla lo que sucede en un caso como el de M”, contrasta Viviana Reynoso, abogada de la Red Lugano. Señala, por caso, que el decreto 690 –de subsidios habitacionales– no incluye la posibilidad de buscar un alquiler dentro de la propia villa, donde esas personas pueden tener su red de contención. “Y las respuestas que suelen dar son los hoteles, pero no hay en Lugano. La invisibilidad del sujeto del sur de CABA también está en el diseño de políticas públicas para la situación de calle”, concluye. Y comenta, igual que Krein, que durante la pandemia el otorgamiento del subsidio se ajustó a quienes ya cayeron en situación de calle, cuando antes se daba también a quienes estaban en riesgo.
Reynoso advierte, además, que la vulneración del derecho a la vivienda genera una catarata de otras vulneraciones. “El tema habitacional es el que después permite acceder a los demás derechos: si no asegurás techo, no garantizás escuela, alimentos. Esto aglutina todo lo demás”. «
Un fenómeno metropolitano
En medio de un show televisivo que vulneró aun más los derechos de M, las cámaras mostraron una y otra vez la carpa que habita con su mamá en el barrio Cildáñez, de Villa Lugano. Pero el universo de la nena y su madre no se agota allí: incluye una vivienda familiar en González Catán, demasiado lejos para el cartoneo diario.
“El fenómeno de la infancia callejera en CABA es indisociable del Área Metropolitana y es una de las dificultades que suele tener para su atención”, señala Florencia Gentile, explenarista del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y parte del equipo de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación. “La familia viviendo en la calle está relacionada con el déficit habitacional de CABA, pero también con un fenómeno de circulación intrametropolitana que requiere una mesa de coordinación que no se hizo nunca. En general se pelotean los organismos”, cuestiona. Y advierte que, “si no hay una política de vivienda, de ruptura de la segregación espacial que genera el efecto de mercado, por supuesto que el tema de las familias e infancias callejeras se agudiza”.
Fuente:TiempoArgentino
21.03.2021 / Coronavirus y política
Alberto destrozó a Bullrich por su propuesta de privatizar la vacunación acompañada por un farmacéutico antivacunas
Después de que la titular del PRO se mostrara asesorada por Marcelo Peretta, un sindicalista mediático que desalienta la inmunización contra el coronavirus, y pidiera que cualquier privado pueda adquirir los fármacos, el Presidente recordó que en el FDT quieren "la vacuna para todos y todas" mientras que en JXC buscan que "compren la vacuna los que tienen plata".
Ante ese escenario insólito, el presidente Alberto Fernández no se quedó callado y cruzó fuerte a la mayor exponente de esa postura en la oposición, es decir Patricia Bullrich.
"Los que estamos aquí queremos la vacuna para todos y todas. Queremos que todos puedan vacunarse. En la fila de ellos, que compren la vacuna los que tienen plata. Y si tienen plata, que la compren cuando quieran y se la den cuando quieran", disparó el mandatario al encabezar un homenaje a trabajadores desaparecidos durante el golpe de Estado de 1976, a días de cumplirse un nuevo aniversario del 24 de marzo.
En la misma línea, y en respuesta directa a la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri, agregó: "El resto, que espere. En verdad, la enfermedad no espera a nadie. Nos puede atacar a todos y por lo tanto, la vacuna tiene que llegar cuanto antes a todos".
"En esa frase, esa idea, está la cultura del descarte. El que pueda pagársela que se la pague, eso es lo que dicen", criticó Alberto echando mano a un concepto del papa Francisco.
Las palabras de Fernández tienen que ver con los recientes mensajes en redes sociales de Bullrich. "Hay que avanzar con la democratización de su compra. Que las provincias, obras sociales y todos los sectores de la salud puedan suministrarla por su cuenta", tuiteó la ex funcionaria de la Alianza luego de mostrarse con Marcelo Peretta, un sindicalista y mediático farmacéutico que firmó notas en una página a su nombre en las que dice que la "vacuna anticovid no sirve", que es "insegura, inefectiva e innecesaria", que "son un negocio vestido de ciencia" y que lo que hay que hacer es "apostar a la inmunidad natural: salir, ejercitarse, asolearse, adelgazar".
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