20 de octubre de 2014

ESPECIAL MÉXICO.

Convocan en Buenos Aires concentración solidaria con los estudiantes de Guerrero



INFORME ESPECIAL 
MEXICO
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, gritan miles durante marcha en Acapulco
por Ezequiel Flores Contreras 
17 de octubre de 2014
Miles exigen en Acapulco la aparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Foto: Germán Canseco 
Fuerte presencia policial durante la marcha 
ACAPULCO, Guerrero.- “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, lanzaron miles de personas desde esta ventana turística para exigir la presentación con vida de 43 normalistas de Ayotzinapa y castigo a los responsables de la masacre en Iguala. Cerca del mediodía inició la marcha anunciada previamente por el denominado Movimiento Popular Nacional. Se desarrolló en un ambiente de fuerte tensión, luego de que autoridades estatales y municipales difundieron el rumor de que los manifestantes causarían destrozos. 
El gobernador Ángel Aguirre ordenó un despliegue policiaco para blindar este puerto con el apoyo de organizaciones de transportistas ligados a la delincuencia y habilitados como grupo de choque, procedentes de distintos puntos de la entidad, quienes permanecieron apostados en la zona Diamante.
“Esta protesta es pacífica, no venimos a perjudicar a nadie, no se crean las mentiras del gobierno que busca inhibir la indignación social ante la masacre y desaparición de normalistas”, dijeron los organizadores cuando el multitudinario contingente partió en marcha sobre la calzada Pie de la Cuesta, en la parte poniente del puerto, con dirección a la costera Miguel Alemán.

Las consignas se enfocaron en el apoyo a los normalistas de Ayotzinapa y la demanda de separación del cargo del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien desde ayer prácticamente fue abandonado por la dirigencia nacional del PRD ante el efecto expansivo de la exigencia de justicia.

La marcha fue encabezada por normalistas de Ayotzinapa y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos durante los ataques armados que encabezaron policías municipales de Iguala, junto con sicarios al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos, con un saldo funesto de seis muertos y 24 heridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasado.

También participaron miembros del magisterio disidente de diferentes regiones, así como organizaciones sociales y ciudadanos, quienes cimbraron la principal vía turística con su grito de “Justicia” y presentación con vida de los desaparecidos. La campaña de desprestigio y criminalización de la protesta desatada por el gobierno de Aguirre provocó que decenas de establecimientos comerciales ubicados sobre la costera cerraran sus puertas y que se cancelarán reservaciones en hoteles, informaron representante del sector productivo en este puerto.

Pero también hubo muestras de solidaridad por parte de ciudadanos, restauranteros y comerciantes, quienes salieron de sus casas para sumarse a la marcha y regalaron líquidos y alimentos, lo que avivó el ánimo de los manifestantes, estigmatizados por las autoridades gubernamentales.
“Y cómo no los vamos a apoyar, si su dolor también es nuestro”, expresó una mujer originaria de este lugar, donde la delincuencia bajo el manto protector de las autoridades mantiene secuestrada a la sociedad y colapsado el sector productivo por la estela de asesinatos, desapariciones, secuestros y extorsiones. El contingente avanzó de Poniente a Oriente sobre los dos carriles de la costera. A la mitad del recorrido, una ligera lluvia no evitó que la marcha se detuviera.
Al principio se informó que el punto final sería la glorieta de La Diana, pero al llegar a este lugar los manifestantes decidieron avanzar hasta el Centro de Convenciones, donde se detuvieron y permanecieron alrededor de dos horas. Sin ofrecer detalles, finalmente los organizadores anunciaron que “había buenas noticias”. Cerca de las cinco de la tarde levantaron el bloqueo sobre la costera y se retiraron a bordo de los autobuses en los que habían llegado.

Mientras tanto, los reporteros se congregaron en una cafetería ubicada en el edificio Oceanic 2000, porque se anunció una conferencia de prensa en la que supuestamente estarían funcionarios de la administración aguirrista, pero ninguna autoridad llegó. A través de un comunicado oficial se informó que el gobernador estaba reunido con autoridades castrenses y civiles que integran el Grupo Coordinación Guerrero, analizando el tema de la protesta y el desarrollo del fenómeno metereológico que se encuentra frente a las costas de la entidad.
En la reunión, realizada en las instalaciones de la Octava Región Naval, se informó que no se habían reportado incidentes durante el desarrollo de la marcha. Y también se dijo que la mayoría de los ayuntamientos no fueron tomados, como lo anunció el magisterio disidente, además de que se reconoció la civilidad política de los manifestantes durante su protesta. 




Policías y narcotaxistas “blindan” Acapulco por marcha de Ayotzinapa 
por Ezequiel Flores Contreras 
16 de octubre de 2014
Maestros mantienen tomado el centro de Chilpancingo. 
Foto: Germán Canseco 
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobierno estatal desplazó a Acapulco a cientos de policías estatales, así como a su grupo de choque conformado por ‘narcotaxistas’ de esta capital, para contener la marcha anunciada por normalistas y miembros del magisterio disidente, quienes demandan la presentación con vida de 43 estudiantes de Ayotzinapa y castigo a los responsables de la masacre en Iguala.

En tanto, diputados locales convocaron a las 23:00 horas a sesión extraordinaria en la sede del Congreso estatal, donde se acordó el desafuero del alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien sigue reportado como prófugo.

Por la tarde, trascendió que el depuesto edil habría sido detenido durante un operativo realizado por la Marina en un rancho ubicado en el municipio de Amacuzac, Morelos. Mientras que integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) tomaron seis alcaldías más, con lo que suman ocho los inmuebles en su poder de los 81 ayuntamientos que conforman la entidad.

Los docentes también se dirigieron a las casetas de la Autopista del Sol, ubicadas en Paso Morelos, Palo Blanco y La Venta, donde flanquearon el paso a automovilistas, previa cooperación, e impidieron el tránsito a vehículos militares y policiacos que circulaban por esa vía.

Esta situación provocó que autoridades municipales ordenaran el desalojo de los ayuntamientos y el gobernador Aguirre hiciera un llamado a los manifestantes a no afectar derechos de terceros en sus protestas.
Desde temprano, burócratas de Iguala, Eduardo Neri y Tixtla comenzaron a sacar documentación, equipo de cómputo y diversos artículos de los inmuebles por temor a que normalistas y miembros del magisterio disidente causen destrozos, como ocurrió el lunes pasado en la sede del gobierno estatal y el ayuntamiento de Chilpancingo.

Hasta el momento, los profesores tienen tomados los ayuntamientos de Chilpancingo, Huamuxtitlán, Apango, Olinalá, San Luis Acatlán, Copalillo, Tlapa y Atenango del Río, informaron dirigentes del magisterio disidente.

Por su parte, cerca de las 12:40, los cetegistas tomaron tres casetas de la Autopista del Sol y, en el punto ubicado en el poblado de Palo Blanco, localizado a 10 kilómetros al sur de la capital de la entidad, los profesores detuvieron a un militar y un agente de Gobernación estatal que realizaban labores de seguimiento al movimiento social.

Uno de los informantes fue identificado como el cabo Antonio Reyes, adscrito a la sección segunda (Inteligencia Militar), de la 35 Zona Militar, y Miguel Guillén, empleado de la Secretaría de Gobierno estatal; ambos se desplazaban en motocicletas que fueron quemadas por los manifestantes sobre la autopista.

Poco después, los maestros trasladaron a las “orejas” al Zócalo de esta capital, donde se mantiene el plantón del magisterio disidente. Tras retenerlos unas horas, fueron entregados a autoridades ministeriales bajo la observación de integrantes de la Comisión de Derechos Humanos en la entidad.

En tanto que el grupo de choque conformado por transportistas ligados a la delincuencia organizada que operan en este capital, que mantienen resguardada la sede del gobierno estatal, fueron desplazados al puerto de Acapulco.

Ello con el propósito de encarar a los manifestantes que anunciaron una marcha en el balneario, informó un transportista. Al respecto, dijo que el gobierno de Aguirre está pagando 500 pesos a cada chofer para resguardar edificios gubernamentales y evitar “actos vandálicos” de manifestantes.

Ayer, Apro dio a conocer que el gobierno estatal utiliza a organizaciones de transportistas vinculadas con el narco como grupos de choque para resguardar edificios oficiales y contener protestas de normalistas de Ayotzinapa.

Los funcionarios estatales y dirigentes transportistas Mario Torres Cerecero y Marco Antonio Oropeza Astudillo convocaron el miércoles pasado a choferes de esta capital para asumir funciones ajenas a su actividad.

“La orden es partirle su madre a los ayotzinapos si regresan a hacer desmadre”, confirmó un chofer a Apro. Torres Cerecero y Oropeza Astudillo han sido señalados públicamente por sus presuntos nexos con la delincuencia y de permitir que circulen taxis operados por el narco en las principales ciudades de la entidad.

Este es el contexto que se vive en la entidad donde la sociedad está polarizada frente al caso Ayotzinapa, que exhibió los vínculos de autoridades con bandas del crimen organizado.




Estudiantes del Politécnico deciden mantener paro indefinido 
Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), anunciaron que su paro sigue siendo indefinido, así lo informó la tarde de este viernes un grupo de representantes de la Asamblea General Politécnica (AGP), la cual está en su tercer día de discusiones sobre el futuro del movimiento. ipn
En un comunicado leído a los medios de comunicación, la AGP expresó que desconoce “la información vertida referente al levantamiento del paro en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Ticomán”. Informaron también que la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Culhuacán sigue formando parte de la AGP. Los representes de esa escuela abandonaron la asamblea ayer pues, dijeron, que en ella no está representada toda la comunidad politécnica.

Por otra parte, los representantes de la asamblea de estudiantes de todas las escuelas de nivel medio superior y superior del IPN señalaron una vez más que toda la información que no sea difundida por la AGP será desconocida por la misma y que los pronunciamientos individuales de alumnos del politécnico sobre el movimiento carecen de validez.

Durante los dos primeros días de la reunión que se lleva a cabo en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Socialesy Administrativas (UPIICSA) la Asamblea General transmitió parte de sus discusiones a través de internet.

Hoy todos los trabajos de la asamblea han transcurrido en privado.
(La Jornada) 



“Los 43 normalistas están muertos, algunos fueron quemados vivos”, dice el cura Solalinde La Redacción
17 de octubre de 2014
Miles exigen en Acapulco la aparición de los normalistas de Ayotzinapa. Foto: Germán Canseco Miles exigen en Acapulco la aparición de los normalistas de Ayotzinapa.
LOS ESTUDIANTES ESTÁN MUERTOS Y LOS QUEMARON VIVOS”, dice el Padre Solalinde 
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala están muertos, no hay ninguna esperanza de que aparezcan vivos y algunos fueron quemados vivos, aseguró hoy el padre Alejandro Solalinde Guerra.

En entrevista para la agencia Novosti y el diario austriaco Der Standard de Viena, declaró: “Desde el domingo a la fecha he tenido varios encuentros con testigos, algunos testigos presenciales, que sufrieron el primero y segundo ataque, estudiantes, pero hay otras fuentes, que no son estudiantes, que nos hablan de otro momento.

Hablan de que algunos estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diesel. Eso se va a saber, dicen que hasta les pusieron madera, algunos de ellos estaban vivos, otros muertos.

“La primera información directa la tuve el domingo pasado. La segunda la tuve ayer, en la Ciudad de México. Lo primero que supe es que hay testigos, pero tienen miedo de hablar, son testigos de los mismos policías.

Siempre hay alguien que tiene conciencia; pero si hablan, temen que los vayan a matar”, dijo el sacerdote. Solalinde aclaró que desconoce si los jóvenes podrían estar en alguna de las fosas que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) han encontrado en Iguala. “No lo sabemos. Si están en las fosas, el equipo argentino de antropología forense no tiene la tecnología para saberlo, ellos pueden trabajar en condiciones normales, pero es imposible con restos calcinados”, pero insistió: “No hay esperanzas de que estén vivos”.

El Premio Nacional de Derechos Humanos 2012, aseguró que el gobierno mexicano le está dando un manejo político y no de justicia al caso y que evalúa qué verdad decir: la de menor costo político.

“¿Qué es menos penoso para el sistema?, ¿decir que están calcinados con todo lo que implicó eso?, o decir que están desaparecidos y que no saben lo que les pasó, porque es menos impactante decir lo segundo, y además menos comprometedor, pero es más doloroso para los familiares tenerlos con la esperanza.

El gobierno sabe muchas cosas, si está reteniendo la verdad es su responsabilidad, hay que decirlo, este manejo ya se contaminó y su manejo no es de justicia, es político”, acusó. Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=385089




HABLA EL JEFE DEL GRUPO CRIMINAL “GUERREROS UNIDOS"
"No ordené la desaparición, pero no me opuse" 
Lo ocurrido con normalistas, situación casual, afirma el líder de Guerreros Unidos 
Arrestan a líder acusado de desaparecer a jóvenes mientras crecen protestas 
18 OCTUBRE 2014 
Sidronio Casarrubias Salgado, El Chino, identificado por el gobierno federal como líder máximo del grupo Guerreros Unidos, fue detenido en la carretera México-Toluca cuando se dirigía a Guerrero. En sus primeras declaraciones a la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que lo ocurrido con los estudiantes de la normal de Ayotzinapa fue una situación casual; que él no la ordenó, pero tampoco se opuso, informó el procurador Jesús Murillo Karam

Durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y de Monte Alejandro Rubido García, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Murillo Karam dio a conocer que el Ministerio Público Federal solicitó la colaboración de la Interpol para ubicar en el extranjero al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a quien se considera indiciado por la desaparición de los 43 normalistas.

Se dio a conocer la consignación de 27 policías municipales, 14 de Iguala y 13 de Cocula, relacionados con lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre pasado, cuando desaparecieron los normalistas; también, que se solicitará al padre Alejandro Solalinde que comparezca para que proporcione información, ya que ha asegurado que conoce a un testigo que afirma que los estudiantes fueron quemados.

Zerón de Lucio dio a conocer la forma en que fue detenido Sidronio Casarrubias Salgado. Informó que en la carretera México-Toluca se colocó un punto de revisión y se le hizo el alto al vehículo para una revisión; se detuvo para identificarlo. Mostró una credencial falsa pero ya lo teníamos, le tomamos huellas y resultó positivo con los registros, ya que hace tiempo –sin precisar la fecha– estuvo detenido en Estados Unidos.

Señaló que iba acompañado de uno de sus más cercanos operadores (sin dar a conocer su identidad), y que ambos fueron trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), donde son interrogados. De acuerdo con registros de la CNS,

El Chino proviene de una familia de cuatro hermanos, entre ellos el fundador de Guerreros Unidos, Mario Casarrubias Salgado, El Sapo Guapo, detenido en Toluca en abril de este año. Respecto del ex alcalde de Iguala, los funcionarios explicaron que aún no se ha solicitado ninguna orden de aprehensión en su contra porque los detenidos han aportado información importante que se sigue agregando al expediente en el que está siendo investigado por sus presuntos vínculos con Guerreros Unidos y su participación en la desaparición de los 43 estudiantes.

Del dinero que el grupo delincuencial entregaba al director de la policía municipal de Iguala a cambio de protección, Tomás Zerón puntualizó que ese dinero era el pago de la nómina de la policía de Iguala para mantener el control, y que el pago de esos sobornos fue corroborado por Sidronio Casarrubias.

Policías municipales de Iguala y Cocula y algunos miembros de Guerreros Unidos fueron enviados al penal de NayaritFoto Yazmín Ortega Cortés En ese contexto, se informó que un total de 27 elementos de las policías municipales de Iguala y Cocula fueron consignados por haber participado de diversas maneras en la detención y desaparición de los normalistas.

Estos se suman a los 22 policías de Iguala que fueron consignados el 30 de septiembre por la Procuraduría General de Justia de Guerrero. Asimismo, en esta investigación federal ya han sido aprehendidos 17 integrantes de Guerreros Unidos, y están sujetos a investigación nueve policías locales más.

Los 27 consignados fueron acusados de los delitos de delincuencia organizada, y de acuerdo con su grado de participación se les imputan acusaciones por secuestro o por el homicidio de seis estudiantes durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre pasados, algunos, dijo Murillo Karam, eran informantes, otros que actuaron (en la detención), y varios que entregaron y eso modifica el tipo penal.

El titular de la PGR reiteró que este caso “es inaceptable, no puede quedarse sin solución, sin castigo. El gobierno de la República se ha solidarizado con las familias de las víctimas y estamos enteramente entregados a la búsqueda. No vamos a parar hasta tener el resultado y el Presidente está al tanto permanentemente de cómo está la investigación. Pienso que la detención que hoy tenemos es el principio de una nueva ruta de investigación, que nos va a acercar mucho más pronto y más fácilmente a la verdad.

Sobre el padre Solalinde, el titular de la PGR señaló: Es una persona muy respetable y sí lo voy a invitar a declarar; va a ser muy importante lo que pueda aportar. Respecto de las investigaciones que la PGR realiza en las foas clandestinas que se han localizado, indicó que en las primeras cinco se encontraron 28 cuerpos y que están a la espera de los resultados que obtengan los peritos argentinos para que se confronten con los que obtuvieron los peritos de la procuraduría federal.

Mencionó que se han revisado las minas en la zona y en las que se les ha informado que pudieran haber sido llevados los estudiantes. Por su parte, Monte Alejandro Rubido dio a conocer que los buzos de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal ya realizaron las primeras inmersiones en la presa El Caracol, como parte de las acciones de búsqueda de los estudiantes.
Fuente: LA JORNADA




MEXICO
"Es la tragedia de mi vida, el holocausto, lo peor” 
El director de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa vive obsesionado por recuperar a sus 43 alumnos desaparecidos
Por Jan Martínez Ahrens Chilpancingo 
17 OCT 2014 
Un alumno frente a un mural del Che Guevara en la escuela de Ayotzinapa 
José Luis Hernández Rivera está cansado. En su minúsculo despacho de director de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa vive desde hace tres semanas sentado sobre un volcán.

Este jueves, por ejemplo, sus alumnos han decidido, junto a una constelación de organizaciones sindicales y sociales, iniciar una escalada de protestas por la desaparición y muerte de sus compañeros en Iguala (Guerrero).

Para Hernández Rivera, 62 años, sociólogo y café sin azúcar en la mano, la semilla de la violencia está germinando en su escuela y sabe que no dejará de crecer hasta que no se recupere a los alumnos perdidos y se capture a los culpables. “La situación está fuera de control. Aquí hemos tenido de siempre soledades, tristeza, pero nunca algo así. Es la tragedia de mi vida, el holocausto, lo peor”, afirma.

El director utiliza un tono suave y pausado para decir estas cosas. Se nota que ha meditado al respecto y es precavido. Cuando se le pregunta por qué los normalistas, por qué tanto encarnizamiento sobre unos estudiantes desarmados, toma aire y comenta: “Póngase en los zapatos de quien lo ordenó, sólo en esa mente cabe algo así”.

Hernández Rivera no lo menciona abiertamente, como nadie en Guerrero, pero se refiere al narco, más conocido aquí como La Maña, la bestia oscura que, en connivencia con la autoridad, el último viernes de septiembre persiguió a tiros a los estudiantes, mató a seis personas y secuestró a 43.

Una escalofriante demostración de poder, un mensaje enviado a toda la población para recordar quién manda e impone la ley en Guerrero. “Los que dieron la orden se mueven en la impunidad; este país está lleno de fosas. Hacen lo que quieren y cuando quieren”, explica.

Hernández Rivera hace días que dejó de preocuparse por el curso lectivo, por las tuberías que constantemente revientan y enlodan su internado de 540 alumnos varones, de luchar con sus superiores para que mejoren las condiciones de las casetas donde se duermen y sueñan sus estudiantes.

Desde la madrugada del sábado 27 de septiembre en que le informaron por teléfono de la tragedia, el director de la Escuela Normal de Ayotzinapa vive obsesionado por recuperarlos, por sacarlos del “odio y la desesperación”.

Por ello les ha dado total libertad, no quiere más desgaste. O cómo él dice: “Lo importante es la vida de estos muchachos, lo otro se puede resolver”.



Amenazan de muerte a hija de Nestora Salgado, no sabe de su madre desde el mensaje de apoyo a normalistas 
Por: Érika Paz  
18 octubre, 2014
Tres veces han llamado a su casa, la amenazan con decapitar a alguien de su familia así como con matar a policías comunitarios si no entrega la cantidad de 5 mil dólares (más de 60 mil pesos). Saira R. Salgado, hija de Nestora Salgado –coordinadora de la Policía Comunitaria en el municipio de Olinalá, en el estado de Guerrero– teme no sólo por su vida y la de los suyos, también teme por la seguridad de su madre en reclusión desde hace casi 14 meses en el penal de alta seguridad en Nayarit.

Saira Salgado exige la liberación inmediata de su madre, desmiente las versiones de políticos del PRI, PAN y PRD que vinculan a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria (CRAC-PC) con la guerrilla.

Asimismo rememora que la CRAC-PC de Olinalá denunció en un comunicado emitido en agosto de 2013, los nexos del presidente municipal, Eusebio González Rodríguez, y del Secretario General del Ayuntamiento, Omar Jiménez, con grupos del crimen organizado.




En Guerrero, 26 cárteles del narcotráfico
por Nancy Flores
Guerrero es la entidad con mayor presencia de cárteles, células y pandillas vinculadas al narcotráfico en todo el país, revela un detallado mapa que elaboró la PGR. Son cinco grandes organizaciones criminales –Los Zetas, el Cártel del Pacífico, los Caballeros Templarios, el cártel de la Barbie y los Beltrán Leyva– que controlan a otras 21 de menor tamaño.

Entre éstas se encuentra la de Guerreros Unidos, supuestamente responsable de las ejecuciones de al menos 17 estudiantes normalistas, ocurridas el pasado 26 de septiembre. Este grupo sirvió a los intereses de La Familia Michoacana, indica el mapa criminal del que Contralínea tiene copia.

Además, los Caballeros Templarios se disputan el control de la entidad con el Cártel de los Beltrán Leyva, apunta un reporte de la estadunidense DEA
La reciente desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y la probable ejecución de al menos 17 de ellos han puesto de relieve la operación criminal de los Guerreros Unidos en la entidad que aún gobierna el perredista Ángel Aguirre Rivero.

El cártel, que según Iñaki Blanco Cabrera –fiscal general de Guerrero– es responsable del asesinato de 17 normalistas que previamente habían sido detenidos por la policía municipal de Iguala el 26 de septiembre pasado, es tan sólo uno de los grupos delictivos menores que asolan a la población.

Una detallada investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), de la que Contralínea tiene copia, da cuenta de que 26 de las 88 organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilegal de narcóticos que operan en México están asentadas en Guerrero.

Dicha cifra ubica a la entidad como la de mayor presencia de organizaciones del narcotráfico. El reporte Células delictivas con presencia en el país revela que cinco de ellas forman parte de la lista de los ocho grandes cárteles. Se trata de los Caballeros Templarios (antes Familia Michoacana), los Beltrán Leyva, Los Zetas, el Cártel del Pacífico y el cártel de la Barbie. Para la PGR, las otras dos organizaciones son los Arellano Félix y el Nuevo Cártel de Juárez, por lo que deja fuera de su mapeo al Cártel del Golfo, como lo documentó Contralínea en su edición 337, del 3 de junio de 2013.

Al referirse a la situación delictiva que enfrenta Guerrero, la Drug Enforcement Administration (DEA) indica que éste es disputado por los Caballeros Templarios y los Beltrán Leyva. En su “Mexican cartels. Map depicting areas of dominant influence”, la DEA señala que en la entidad también hay una presencia sólida de Los Zetas, en la región del puerto de Acapulco.
Los 21 cárteles menores, células y pandillas Los Caballeros Templarios, los Beltrán Leyva, Los Zetas, el Cártel del Pacífico y el cártel de la Barbie tienen a su servicio a 21 grupos, células y pandillas que controlan varios negocios ilegales en la entidad: además del tráfico de narcóticos, están vinculados al secuestro, robo de vehículos, cobro de piso, extorsiones, entre otros.

En su Mexico 2014. Crime and safety report, el estadunidense Overseas Security Advisory Council refiere que los estados de México y Guerrero tuvieron las tasas más altas de homicidios en 2013, mientras que en materia de secuestros, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas y Morelos registran las tasas más altas del país.

El incremento reflejado en dichos índices ha sido producido por las violentas actividades de las 21 organizaciones criminales, entre las que se encuentra Guerreros Unidos, a la que en marzo de 2013 la PGR identificaba como aliada de La Familia Michoacana.

Actualmente, a esta organización se le ha vinculado al cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Este último, golpeado en su estructura por la detención de su líder Héctor Beltrán, alias el H o el Ingeniero, ocurrida el pasado 1 de octubre, tan sólo 6 días después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas.

Según el reporte de inteligencia de la Procuraduría General de la República, a los Guerreros Unidos también se les conoce en el mundo criminal como La Nueva Empresa y operan en otras dos entidades: Morelos y el Estado de México.

Además de esta organización, en Guerrero operan seis células escindidas de los Beltrán Leyva: Los Granados, Nuevo Cártel de la Sierra, Los Zafiros, El Tigre, Los Ardillos y Los Rojos.

Este último grupo delincuencial ha sido identificado en días recientes como rival de los Guerreros Unidos. Las otras células y pandillas que se han posicionado en el estado sureño son La Barredora y el Comando del Diablo y/o Comando Guerrero Diablo, ligadas al Cártel del Pacífico; El Indio, La Oficina, el Cártel Independiente de Acapulco, El Güero Guetamo, Los Pelones, Los Marquina, EI Yey, Santana Ríos Bahena Iguala, El Pelos, El Mudo y grupos al mando de una persona con el apellido Solano, identificados como células aliadas al cártel de la Barbie.

Los cárteles que se disputan Guerrero
La importancia de Guerrero en materia de narcotráfico es que éste es el segundo mayor productor de amapola y mariguana, refiere el International narcotics control strategy report 2014, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El primer lugar lo tiene el llamado triángulo dorado, situado en las fronteras de Sinaloa, Chihuahua y Durango. Por ello, los cárteles de los Beltrán Leyva y Caballeros Templarios se disputan violentamente el control del territorio, como indica la DEA. Aunque en la lucha también participan las otras organizaciones.

En otras entidades, el cártel de los Caballeros Templarios tiene a su servicio la Guardia Morelense, en Morelos, y Los Troyano, en el Estado de México, mientras que del cártel de los Beltrán Leyva se han escindido 19 organizaciones en total: el Chico Malo, con presencia en Nuevo León; el H2, en Nayarit, Jalisco y Sinaloa; Los Mazatlecos, en Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit; Los Tigres, en Sinaloa y Nayarit; el 2 Mil, en Sonora; Los Granados, en Guerrero; Los Rojos, en Guerrero y Morelos; Morelos Unidos, en Morelos; el Nuevo Cártel de la Sierra, en Guerrero; Los Pineda, en Chiapas, Nuevo León, Estado de México y Morelos; Los Zafiros, en Guerrero y Morelos; el Cártel del Pacífico Sur, en Morelos; La Oficina, en Aguascalientes y Baja California Sur; La Mano con Ojos, en el Distrito Federal y Estado de México; el Mosco, en el Distrito Federal y Oaxaca; Los Gilos, en Sonora; el Tigre, en Guerrero; Los Ardillos, en Guerrero, y Los Arturos, en Baja California. Narco-México Tanto las células de los Templarios como las que se escindieron de los Beltrán Leyva forman parte de los 80 cárteles, células y pandillas que surgieron en el sexenio de la “guerra contra el narcotráfico”, y se sumaron a los nueve que entonces existían.

Según el mapa de la criminalidad elaborado por la PGR, la mayoría de esos grupos narcotraficantes se localiza en el Sur-Sureste (Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo) y en el Norte y centro del país (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Estado de México y Morelos). De estas entidades, cuatro concentran la presencia del 85 por ciento de los medianos y pequeños cárteles, células y pandillas: Guerrero, gobernado por el perredista Ángel Aguirre; Morelos, encabezado por el perredista Graco Ramírez; Baja California, que administra el panista Francisco Vega; y el Estado de México, en manos del priísta Eruviel Ávila.

En ese contexto, la violencia en Guerrero, considerado uno de los estados más peligrosos de México, no ha cesado a pesar de los niveles de militarización a los que fue sometido desde inicios del sexenio pasado. Además de los operativos militares como el actual Guerrero Seguro, ahí se ubican de forma permanente la Novena Región Militar, la Trigésima Quinta Zona Militar; y la Octava Región Naval. Ahora, tras la agresión gubernamental en contra de los estudiantes normalistas, el gobierno federal instrumentó el Mando Único.

Pero pese a ello, la entidad sigue bajo el control de 26 de las 88 organizaciones del narcotráfico identificadas en el diagnóstico sobre la delincuencia organizada en poder del gobierno de Enrique Peña.

Éste revela que en el gobierno de Felipe Calderón, lejos de combatir la criminalidad, la “guerra” generó 80 nuevos cárteles. Como lo ha documentado Contralínea, en el sexenio pasado los narcotraficantes se consolidaron como empresas trasnacionales, y actualmente son 15 veces más rentables que el Grupo Carso, de Carlos Slim. Y sus negocios criminales involucran a más de 50 países en los cinco continentes.






MEXICO
EN MICHOACÁN COMO EN GUERRERO, IMPERA EL PODER NARCO 
Caballeros Templarios, entrenados por EEUU, Egipto e Israel
http://www.losangelespress.org/wp-content/uploads/11466/estructuratemplaria.jpg
por José Reyez 
Integrantes de los Caballeros Templarios, el cártel que surgió en el seno de La Familia Michoacana en mayo de 2006, fueron capacitados por los gobiernos de Estados Unidos, Israel y Egipto en el arte de la guerra y de la inteligencia que utilizan como estrategia para el trasiego de drogas, lavado de dinero, infiltración de las estructuras militares y gubernamentales y realizar operativos de asalto.

Se trata de un cuerpo de elite que incluso cuenta con un tipo de armas a las que no tienen acceso los militares mexicanos. Un expediente abierto en la PGR –al que Contralínea tuvo acceso– da cuenta de la historia y estructura de La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios. Martín Rosales Magaña y el testigo protegido Emilio, dos de los fundadores de esas organizaciones delictivas, revelan en sus respectivas declaraciones ministeriales de 2011 la composición de ambos cárteles de la droga Socios | Ciudad de México (México) | 28 de septiembre de 2014
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Integrantes del cártel de los Caballeros Templarios cuentan con el adiestramiento necesario para realizar “despliegues rápidos por tierra, mar y aire; de hacer operaciones de emboscada, de realizar incursiones, de organizar patrullas.

Son francotiradores especializados. Pueden asaltar edificios y realizar operaciones aeromóviles y de búsqueda y de rescate de rehenes; poseen armas del uso exclusivo de las Fuerzas Especiales que ninguna otra unidad militar posee, como las pistolas HKP-7 y los fusiles G-3 a los que se les puede incorporar granadas .203”, revela la documentación del proceso penal 121/2011, en contra de Martín Rosales Magaña o Juan Cervantes Espinoza, alias el Terry o la Borrega, a la que Contralínea tuvo acceso. Según el expediente, algunos miembros de la organización sucesora de La Familia Michoacana recibieron entrenamiento militar y capacitación en operaciones especiales de los gobiernos de Estados Unidos, Israel y Egipto, cuando eran parte de las Fuerzas Armadas.

De ello se desprende que el cártel sea en la actualidad un grupo de elite que ha puesto en jaque a los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, y al del actual presidente, Enrique Peña Nieto.

La formación de los líderes, sicarios y operadores de los Caballeros Templarios fue similar a la que obtuvieron los miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) del Ejército Mexicano, quienes pasaron a formar parte del Cártel del Golfo, de Osiel Cárdenas Guillén, y después se independizaron para constituir el cártel de Los Zetas.

De acuerdo con el análisis de la agente ministerial Rubí Esbeidit Anduaga Goicochea, contenido en el proceso penal 121/2011 instaurado en contra de Martín Rosales Magaña (brazo derecho de Jesús Méndez Vargas, el Chango Méndez, uno de los fundadores de La Familia Michoacana), los miembros de la organización delictiva destacan por su alta capacidad de entrenamiento militar y de técnicas de inteligencia.

Al solicitar el arraigo de Martín Rosales Magaña y coacusados, la agente ministerial Anduaga Goicochea consideró a la entonces Familia Michoacana y a los Caballeros Templarios como grupos delictivos “de alta capacidad de entrenamiento militar en operaciones de logística, [que cuentan con] armamento sofisticado, tecnología, y cuyos líderes recibieron entrenamiento de gobiernos de Estados Unidos, Israel y Egipto”, según se asienta en la foja 560, tomo III del proceso penal 121/2011.

“Los cabecillas, sicarios, operadores financieros, halcones y escoltas del cártel poseen ametralladoras M-16, fusiles MGL, ametralladoras M249, calibre 5.56, las cuales fueron usadas por primera vez por elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) en 1994, en Chiapas, en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. “Cada uno de ellos lleva una miniametralladora SAW 5.5 con capacidad de 700 tiros, un fusil Rémington 700 para franco-tirador y una M72 LAW, bazuca sudafricana que usa el tubo antitanque, entre otras armas, toda vez que se actualizan con armas más potentes cada día.

“Esta organización criminal –prosigue– es un grupo radical que actúa a través de la violencia como su carta de presentación. Este grupo es el encargado de ejecutar los trabajos que le son encomendados, y que notoriamente lo hace de forma muy violenta. Entre sus múltiples operaciones destacan las siguientes:

“De protección y extorsión como principal actividad de lucro; ejecución de enemigos y asesinatos de políticos; custodia y traslado de drogas; operaciones de seguridad para sus miembros; secuestros y ejecuciones, algunas en plena vía pública y otras mediante el plagio y posteriormente, desmembramiento de sus cuerpos en ácidos para desintegrarlos, a lo cual le denominan ‘cocinar’, es decir, los meten a un tambo desmembrados y los desintegran.”

La Familia Michoacana, cuyo poder casi absoluto en el estado heredó a fuerza de guerras intermitentes a los Caballeros Templarios dominó en forma total amplias regiones de Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Morelos, en donde amedrentaron a los funcionarios de las procuradurías de justicia, corrompieron a los cuerpos de seguridad pública, a empresas de seguridad privada, presidentes municipales y lograron un sinfín de renuncias de todos los mandos, tanto bajos, medios, altos e incluso pertenecientes a los tres Poderes de la Unión en dichos estados. De igual manera, los aspirantes a un cargo público han renunciado a dichas nominaciones por temor a ser heridos de muerte por estas células de la organización criminal.

La representante social Rubí Esbeideit dice en la foja 261 de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/435/2011 que miembros de La Familia Michoacana han ejecutado a modo de venganza a diversos elementos policiacos de seguridad pública, presidentes municipales, síndicos procuradores y los señala de haber sido los responsables de lanzar contra civiles las granadas de fragmentación el 15 de septiembre de 2008 frente al Palacio de Gobierno de Michoacán, cuando se llevaba a cabo una verbena popular previa a la ceremonia del Grito de Independencia.

Cita como miembros de la organización delictiva, entre otros, a Saúl Solís Solís, Hilario López Morales, Martín Rosales Magaña, Santiago Geovani Equihua Peñaloza, Jaime Ulises Fernández Alarcón, quienes supuestamente se dedican como su principal actividad al tráfico de drogas como mariguana, cocaína y metanfetaminas, además de secuestrar a empresarios y de contar con gente encargada de vigilar las operaciones, denominados halcones, y con sicarios para asesinar a miembros de organizaciones contrarias.

La representante social argumenta al juez de la causa que, con base en las indagatorias realizadas por los agentes investigadores, “se puede establecer que Martín Rosales Magaña y sus cómplices José Chávez Moreno, Santiago Geovani Equihua Peñaloza y Jaime Ulises Fernández Alarcón, de manera dolosa forman parte de una organización criminal con la finalidad de introducir narcóticos en el estado de Michoacán, a otros estados de la República y a Estados Unidos.

“Los indiciados cuentan con una estructura de células o de grupos para la administración, dirección, supervisión, así como la fuerza de trabajo para transportar, extraer, comercializar y elaborar narcóticos, así como para la introducción o extracción del país de estupefacientes o sicotrópicos que comercializa el grupo delictivo en el extranjero y en México.”

Señala que los principales líderes de La Familia Michoacana, comandada entonces por Nazario Moreno González, el Chayo, eran: Jesús Méndez Vargas, el Chango Méndez; Nicandro Barrera Medrano, el Nica; Servando Gómez Martínez, la Tuta; Dionisio Loya Plancarte, el Tío; Saúl Solís Solís, el Lince; y los jefes de plaza como Hilario López Morales, el Gato; el Arqui; Jorge Luis Valencia Arzate, el Chuky; Pablo Magaña, la Morsa; y el Toni Montana, entre otros.

Los acusa de haber cometido delitos del orden federal, “incluso han logrado infiltrarse en esferas de poder donde les proporcionan información, corrompiendo a servidores públicos de los tres niveles de gobierno, para el control del tráfico de drogas, secuestrar empresarios, vigilar en los estados donde operan, utilizar sicarios para matar a la gente contraria a la organización y acciones de custodia y vigilancia”. Además, dice, cuenta con sujetos que realizan operaciones bursátiles sospechosas.

Por ello, la agente ministerial solicitó (en octubre de 2011) al juez la medida cautelar de arraigo por 40 días, en tanto la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) integraba la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/435/2011 en contra de Rosales Magaña, Equihua Peñaloza y Fernández Alarcón por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Testimonio de Rosales Magaña Rosales Magaña se incorporó a La Familia Michoacana a principios de la década de 1990 a través de Antonio Arcos Martínez, el Toñón, encargado de la plaza de Apatzingán, quien a su vez fue el contacto para que se reuniera con el jefe de la banda, Jesús Méndez Vargas, el Chango Méndez. A petición de Arcos Martínez, Martín Rosales preparó una comilona con barbacoa en su casa de Pizándaro, Michoacán, donde recibió a Jesús Méndez Vargas, a su escolta el Toñón y a ocho lugartenientes más.

“El Chango Méndez me preguntó si podría con la plaza de Buena Vista. Así fue como empecé a trabajar. El Chango me envío a 14 hombres para que me apoyaran a cuidar que no se metieran los contras, y vigilar que no hubiera presencia de ningún tipo de autoridades.
“Duré 2 años como responsable de la plaza de Buena Vista. Durante ese periodo mataron a un hermano de Jesús Méndez. Fue Nemesio Farías Oseguera, el Mencho, quien lo mató. A raíz de su muerte, el Chango Méndez se fue para Apatzingán y luego a Jalisco en busca de apoyo del Cártel del Milenio, comandado en ese tiempo por el Lobo Miranda”, dice Martín Morales. En su declaración ministerial del 15 de octubre de 2011, Rosales dijo que el Chango Méndez les propuso a los líderes del Cártel del Milenio trabajar juntos y les pidió apoyo para tomar la plaza de Apatzingán.

Fue esa acción lo que desató el rompimiento de la Familia Michoacana y dio paso al surgimiento del cártel de los Caballeros Templarios, encabezados por Kike Plancarte. “Otro motivo fue que la gente de Nazario Moreno Hernández se dedicaba a la extorsión, secuestro y cobro de piso en los negocios, tiendas de abarrotes, ferreterías, tortillerías, etcétera, con lo que Jesús Méndez y yo no estábamos de acuerdo”, refiere Martín Rosales. 

Fue en mayo de 2006 cuando definitivamente se formaron los Caballeros Templarios, quienes le declararon la guerra a La Familia Michoacana. Repartieron volantes y pegaron mantas con amenazas de aplicar la pena capital a quienes apoyaran a los miembros de La Familia Michoacana, quienes eran acusados de “traidores a la patria”.

Rosales asegura que fue en este periodo cuando supuestamente se produjo la muerte de Nazario Moreno, el Chayo, en un enfrentamiento con la Policía Federal, y cuando Kike Plancarte convocó a una reunión para exponerle al Chango Méndez que iban a cambiar de nombre a la organización, llevando ya consigo sellos, pancartas y emblemas de los Caballeros Templarios.

“La mayoría de los jefes de plaza –prosigue Martín Rosales– se pasaron al bando de los Caballeros Templarios, y los que quedamos de La Familia Michoacana, al mando del Chango Méndez y yo como segundo de abordo, nos retiramos a nuestras plazas a resguardarnos”. En junio de 2006, Jesús Méndez Vargas fue detenido por policías federales en la ciudad de Aguascalientes. Fue una encarnizada guerra de 2 años entre los dos bandos. Dos de las más cuentas batallas entre ambas organizaciones se produjeron en Vicente Guerrero, y en el Puente del Terreno, Michoacán.

“Fui jefe regional de plaza de los municipios de Buena Vista, Apatzingán, Tancítaro, Los Reyes, Zamora, Paracho, La Piedad, precisamente 3 meses antes de que se diera la división entre ambas organizaciones”, destaca.

La estructura
La organización de los Caballeros Templarios quedó conformada, dice Martín Rosales, por Nazario Moreno Hernández, el Chayo, como jefe de la organización; Enrique Plancarte, Kike o la Chiva, segundo; y, como tercero al mando, Servando Gómez Martínez, la Tuta. Como cuarto al mando quedó la Matraca. La estructura de los Caballeros Templarios quedó integrada, además, por Silvestre Valencia Hernández, el Chivo, como jefe de plaza en Buena Vista; en la Ruana, el Maní; en Apazingán, el Pantera y el Ratón; en Tancítaro, el Nene; en Uruapan, el Troyano, e Ignacio Rentería Andrade, el Cenizo.

En Morelia, Jorge Luis Valencia Arzate; en Los Reyes, el Chiguán; en Zamora, el Pinto; en Zicuirán, Miguel Ángel Gallegos Godoy, el Migueladas, productor de Ice, “mueve cocaína y es uno de los principales operadores financieros de los Caballeros Templarios”. En Lázaro Cárdenas, Julio Omar Tafolla Sánchez, el Tío; en Coacolman, el Flaco; en Tepalcatepec, el Toro; en Antúnez y el Estado de México, el Gallito, primo del Chayo; en La Huacana, Saúl Solís Solís, el Lince, Miguel Ángel Jiménez Tinoco, el Cepillo y el Pony.

En Arteaga, Timbuscatío, La Presa e Infiernillo, Servando Gómez, la Tuta, responsable también de la plaza de Guerrero, que abarca La Unión, Petacalco, Zihuatanejo, Petatlán, donde controlaba la región junto con Gabino Santana, el Inge, y el Gavilán. Otros miembros de los Caballeros Templarios que fungían como operadores financieros y productores de droga Ice son: Samer José Servín; Rafael Sánchez Moreno, el Pollo, y Jesús Torres. Todos ellos, pertenecientes a La Ruana, Michoacán, que tienen sus laboratorios en la línea del Río Grande que divide a Michoacán y Jalisco.

El centro de reunión de los Caballeros Templarios está en San Fernando, La Cofradía y Holanda, municipio de Apatzingán. Testigo protegido Emilio Exmiembro de La Familia Michoacana a la que perteneció desde febrero de 2007 a diciembre de 2008, cuando se acogió al programa de testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR), Emilio testificó ante el Ministerio Público el 15 de noviembre de 2011 en el proceso instaurado en contra de Rosales Magaña y coacusados por delitos de delincuencia organizada y otros. “Pertenecí a la organización criminal conocida como La Familia Michoacana desde febrero de 2007 hasta diciembre de 2008, para la que trabajé en los estados de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Zacatecas, y en Tijuana y Ciudad Juárez.

” En su declaración ministerial (PGR/ SIEDO/UEIDCS/AP/435/2011), de la que Contralínea tiene copia, el testigo protegido con clave de identificación Emilio dijo conocer las entrañas y la estructura de La Familia Michoacana, de acuerdo con lo asentado en la foja 203, Tomo I, del proceso penal 121/2011, a cargo del juez federal Roberto Hoyos Alponte. Emilio declaró que la organización delictiva se dedica a la elaboración y tráfico de drogas como el cristal, la cocaína, las metanfetaminas, la heroína y la marihuana; también se dedica al secuestro de personas, extorsiones, al cobro de plazas y a la venta de droga al menudeo en tienditas, protegidas por distintas autoridades de los tres niveles de gobierno en dichas entidades, las cuales están comprometidas desde sus campañas electorales, ya que los apoyaron con varios millones de dólares. Al mando de la Familia Michoacana, dice, estaban Jesús Méndez Vargas, el Chango Méndez y Nazario Moreno González, el Chayo.

El primero ejercía su poder en los municipios de Buena Vista, Los Reyes, Zamora, Tepalcatepec, El Ahuaje, La Ruana, Felipe Carrillo Puerto, Ejido de Holanda en Michoacán, y en todo el Estado de México; mientras que al Chayo le correspondían Apatzingán, Parácuaro, Nueva Italia, Lázaro Cárdenas, Arteaga, Aquila, Lombardía, Uruapan, Pátzcuaro y Morelia.

El Oriente de Michoacán estaba a cargo de Hilario López Morales, el Gato, responsable de las plazas de Zitácuaro, Benito Juárez, Jungapeo, Angangeo, Tuxpan, Ciudad Hidalgo, Maravatío, Susupuato, Tuzantla, Tiquicheo, Limón de Papatzingán. Los tres grupos contaban cada uno con una estructura piramidal y su respectiva división del trabajo delictivo como la venta de drogas, la producción de cristal; sicarios para levantar a miembros de otros grupos criminales, para llevar a cabo las ejecuciones y los cobros de piso; halcones que hacían trabajo de inteligencia para ubicar a los contras dentro de las distintas plazas y monitorear los movimientos de las autoridades, de la Policía Federal, de los militares y los marinos; y personal de administración, que llevaba el control del dinero de las plazas para reportar a sus respectivos jefes. Emilio formó parte de la escolta de Jesús Méndez Vargas y, según su relato, acudió a dos cumbres nacionales –en mayo y junio de 2007– de jefes de plazas y altos mandos de la organización criminal celebradas en un centro de convenciones ubicado en Arteaga, Michoacán.

Fue en esa época cuando conoció a Martín Rosales Magaña en el rancho las Palmas, propiedad de Nazario Moreno González, el Chayo, uno de los líderes fundadores de La Familia Michoacana. “Lo conocí cuando el Chango Méndez me ordenó que tendría que acompañar y apoyar a Martín Rosales en una reunión en un rancho de la sierra ubicado entre los poblados de Tejupilco y Luvianos, en el Estado de México, para organizarnos y salir rumbo a Metepec y Toluca a levantar a los que vendían droga en las tienditas, a los que se les decomisaba la droga y el dinero para dejarlos con vida y tenían que trabajar para La Familia Michoacana.”

En esa ocasión, Emilio salió en caravana por la ruta de Zitácuaro a Huetamo, y de ahí al rancho del Estado de México, en la zona que se conoce como el “triángulo dorado del Sur”, junto con Michoacán y Guerrero por su similitud por el trasiego y producción de drogas con el triángulo dorado del Norte, ubicado en los límites de Sinaloa, Coahuila y Chihuahua. Emilio y Rosales Magaña iban al mando de cuatro grupos de quince sicarios cada uno encabezados por el Pantera; Saúl Solís Solís, el Lince; el Himan y Héctor. Todos juntos entraron al rancho mexiquense por la Cuesta del Venado, a través de un camino de terracería.

En el rancho fueron recibidos por el Conta y/o el Gazca, quien resguardaba el cargamento de armas que serían utilizadas en las operaciones contra los enemigos de la organización. Los detenidos en las plazas de Metepec y Toluca eran entregados en Zitácuaro al jefe de la plaza Oriente de la organización, Hilario López Morales, el Gato, quien decidía si los ejecutaban o los dejaban en libertad. Emilio dijo reconocer a Rosales Magaña porque éste “le entregaba personalmente a Héctor, jefe de plaza de Chalco, Estado de México, siete kilogramos de cocaína a la semana para su venta al menudeo por órdenes directas de Jesús Méndez Vargas”.
José Reyez 
Fuente Contralínea (México)
Envío:Resumen Latinoamericano

19 de octubre de 2014

ENTREVISTA CON ZAFFARONI, AXAT y CROXATTO.

Diálogo a fondo con Eugenio Zaffaroni, Julián Axat y Guido Croxatto
La Justicia en el banquillo
15.10.2014
Un análisis de los temas más complejos: las demandas y la falta de acceso a la Justicia, la lentitud de las causas, la defensa del garantismo, la utilización de las víctimas, las campañas mediáticas, las excarcelaciones y las reformas del Código Procesal. Una pregunta incómoda: ¿para qué sirven las cárceles?
El debate. El ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, junto a Guido Croxatto (primero a la izquierda) y el fiscal Julián Axat.
Fotos: Pablo Stubrin

El encuentro fue en el despacho de Eugenio Raúl Zaffaroni. Unas oficinas que, ratificó, abandonará a fin de año. Entonces, en uno de los últimos diálogos con el periodismo que el ministro de la Corte Suprema de Justicia mantendrá en el edificio de Tribunales, Veintitrés planteó una charla junto al director del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia (conocido como ATAJO), el fiscal Julián Axat, y Guido Croxatto, joven abogado –ex asesor de la Secretaría de Derechos Humanos–, hoy investigando en Alemania la historia del principio de legalidad penal. El tema convocante: la Justicia, sus fallas, el “garantismo” y las reformas que se vienen.

–Es común escuchar en la calle, en boca del ciudadano común, la frase “no hay justicia”, ¿Qué lectura hacen ustedes de esta queja?
Eugenio Zaffaroni: –En principio, ningún sistema judicial satisface siempre a la gente. No hay un sistema judicial que sea capaz de procesar toda la conflictividad social y resolverla adecuadamente. Eso es imposible, incluso presupuestariamente. En líneas generales eso se siente en todo el mundo, independientemente de los defectos concretos que se puedan corregir.

–Incluso más allá del estrato social que lo diga.

E.Z.: –Las quejas son distintas, pero eso lo oigo en todos los estratos sociales. La polarización que hay en estos momentos en el mundo muestra una polarización distinta, es sobre el modelo de sociedad: tenemos una sociedad redistributiva o no, tenemos una sociedad incluyente o una excluyente. Bueno, cuando uno tira para un lado se quejan de un lado y cuando tira para el otro se quejan los del otro. En toda sociedad hay un segmento que goza de mayor renta y si uno les toca un poco esa mayor renta ese segmento grita y si no se toca el que grita es el otro.

Guido Croxatto: –En la demanda de justicia veo dos componentes. Uno es el de las víctimas de casos concretos donde puntualmente reclaman justicia, y otro es una concepción más abierta de lo que es la transformación de una sociedad que por ejemplo tome como consigna la memoria, la verdad y la justicia, que fue una reivindicación concreta como lo fue la de los derechos humanos. Cuando una persona es víctima de un hecho de violencia pide una condena concreta. Cuando las personas que están sumergidas en la pobreza piden una sociedad más justa están pidiendo justicia pero desde un parámetro distinto. Lo que ocurre es que el derecho no tiene las herramientas para esto último, para hacer una sociedad más igualitaria y con menos pobreza.

E.Z.: –Cuidado con el tema de las víctimas porque es complejo. Una cosa es la víctima como parte del conflicto y tratar de resolver el problema, otra cosa distinta es la víctima que busca vindicación, lo cual es explicable, pero los medios transforman a esta víctima en una “víctima héroe”, ejemplo (Juan Carlos) Blumberg. Hay Blumberg y hay “Blumbergcitos” y esos son manipulados por los medios. Estos eligen a las víctimas que tienen la característica de generar empatía y las manipulan como un elemento para represivisar todo el aparato.

Julián Axat: –A lo que dice Raúl quiero agregar que así como los sociólogos piensan en sensación de inseguridad y la contrarrestan con la seguridad objetiva, pareciera que hay sensación de injusticia. No sé si es medible o no, pero lo cierto es que la respuesta de justicia en términos objetivos no siempre se condice con la sensación de falta de justicia. Y ahí es donde la logia punitiva obviamente se aprovecha y busca la expansión del sistema penal.

E.Z.: –Pero atención, la Justicia no es sólo penal. Está la justicia civil que si se quiere es mucho más selectiva que la penal. Están los problemas de la justicia laboral, de la provisional, de la justicia tributaria, eso de “no hay justicia” depende del sector. La justicia civil tiene una lentitud terrible. La demora de un proceso civil es absolutamente increíble. Comparada con el penal, nosotros tenemos la velocidad del rayo. En lo civil ya me falta que me lleguen expedientes con la firma de Figueroa Alcorta. Por eso, en verdad los grandes no usan la justicia civil, tienen otros mecanismos de resolver conflictividad en líneas generales, y el tipo de la calle, el pobre, el de la villa, no la usa porque no tiene acceso. Es un sector de clase media que se siente desamparado, el tipo al que una rueda de un auto le rompió una pierna tiene un juicio de quince años. La justicia civil es mucho más selectiva que la penal.

–En este punto llegamos a la problemática del acceso a la Justicia. ATAJO es un programa comunitario con oficinas en asentamientos de todo el país para facilitar ese acceso. ¿Cómo está resultando la experiencia?

J.A.: –Los sectores populares están acostumbrados históricamente al sistema penal, ese es el mecanismo de acceso a la Justicia. Por las comisarías de las villas de la ciudad de Buenos Aires ha pasado toda la conflictividad en esos territorios. Yo suelo decir que el acceso a la Justicia al principio lo usó la policía. Nosotros recién ahora estamos creando algunas herramientas desde el Ministerio Público Fiscal para llegar a los barrios y canalizar problemáticas que antes canalizaban las comisarías. Porque allí el sistema penal ha funcionado para resolver todos los conflictos, incluso los servicios públicos. Estamos tratando de generar un pequeño impacto, porque es un trabajo titánico en los cinco barrios más complejos de la ciudad. En este punto las herramientas que el servicio de justicia puede crear para fomentar la cultura de derechos en lugares de exclusión son múltiples, y hay mucho por investigar y experimentar. Lo importante es romper la sensación de impotencia. El primer límite del acceso es el desconocimiento que tienen las personas para ejercer sus derechos. La ampliación de derechos y el acceso a la Justicia son dos caminos equivalentes y progresivos.

E.Z.: –Alguien dijo que el Código Penal es de los pobres y el Código Civil de los ricos. No es cierto, porque el Código Civil ni siquiera es de los ricos, es de una clase media que queda desamparada, que no tiene mecanismos de resolución de conflictos, porque no está prevista la resolución de los pequeños conflictos. Hoy, para el que tiene una humedad en la pared que se la provoca el vecino, no hay forma de resolver el problema.

–¿Por falta de fondos?

E.Z: –No, por falta de institución para resolverlo. Entonces se va a la policía y esta lo resuelve como le parece y como puede. 

J.A.: –En los barrios un problema de humedad puede terminar en una escalada terrible.

E.Z.: –Puede terminar a los balazos.

G.C.: –Lo que dice Raúl y el trabajo de Julián demuestran que el acceso a la Justicia no está pensado para todos los sectores. La Justicia y el derecho utilizaron siempre un lenguaje universalista, que era meramente declarativo, y cuando eso se materializa el discurso liberal entra en problemas. Cuando el derecho a la justicia se amplía a todos los sectores, eso ya es problemático. No están siquiera las instituciones, porque el derecho no se pensó para los problemas de los sectores más vulnerados de la sociedad. 

–¿Cuál es el camino para mejorar ese acceso a la Justicia?

E.Z.: –La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires prevé los tribunales de vecindad, nunca se hicieron. Este es un ejemplo. De alguna manera se trata de reemplazar al viejo juez de paz. Un mecanismo que reemplace al juez de pequeños conflictos y que los resuelva.

J.A.: –También tiene que ver con el trabajo en el empoderamiento legal en los territorios, y eso implica lograr una política pública que expanda las necesidades legales insatisfechas. Que la gente conozca los derechos que tiene y tener los lugares donde ejercerlos.

G.C.: –También hay que decir que en la última década el derecho empezó a entrar a lugares donde antes no entraba. Se empezaron a problematizar conceptos, como el acceso a la Justicia, que antes no se problematizaban. Eso es un avance de la política. 

–Otro tema pasa por las quejas de algunos sectores por el llamado “garantismo”. ¿No tendrían que ser todos garantes de la Constitución y las leyes?

E.Z.: –Todos no, contra el garantismo hay autoritarismo. Un nazi no va a ser garantista, un fascista o un estalinista tampoco. Respeto que haya gente que piense así, que quiera una estructura del Estado así. Yo no la comparto ni es compatible con nuestra Constitución.

G.C.: –Las críticas al garantismo son una reivindicación encubierta del Proceso, cuando también se pedía dejar de lado “las garantías”, dejar de lado “los derechos humanos de los delincuentes”. No nos damos cuenta y a veces volvemos a hablar el mismo lenguaje. Nuestra Constitución es garantista y nuestra misión como jóvenes abogados es defender siempre las garantías contra los que piden un estado de excepción. Las garantías son la base de la democracia. Son un piso mínimo. Lo curioso es que en la prensa se estigmatiza al juez garantista, es decir al que se apega a la Constitución, y no al revés. El antigarantismo es el que debiera estar estigmatizado. Esta es una herencia de la prensa que apoyó a la dictadura y sigue hablando, treinta anos después, el mismo lenguaje.

E.Z.: –Eso es autoritarismo. Y el resultado de eso es la frase: “Las garantías no son para los delincuentes, son para los ciudadanos”. Y bueno, cuando eso pasa ese mismo que grita, cuando lo meten en cana indebidamente se queja. Si quieren que desaparezcan las garantías y que por falsificar un boleto de ferrocarril lo fusilen a uno como en la época de Stalin, habrá tipos que piensan así. Yo no, y la Constitución tampoco.

–¿Cuánto influyen los medios en esta mirada de la Justicia?

E.Z.: –Los medios concentrados –por ejemplo Televisa, Red O Globo, todos ellos– forman parte de una oligarquía financiera internacional que está jugada por una sociedad excluyente y por ende responden a eso. Si tenemos una sociedad con un 30 por ciento incorporado y un 70 excluido, a este 70 por ciento va a haber que controlarlo de alguna manera y ellos creen que lo van a controlar a través del garrote, del sistema penal. Eso termina siempre en una masacre. Ayer se murió Antonio Cafiero, yo lo que reivindico de él y no lo olvidaré nunca es que en los primeros años del gobierno constitucional en la provincia de Buenos Aires hubo una campaña de fusilamientos, de ejecuciones sin proceso, que los diarios y especialmente Canal 9 la mostraban como hechos de guerra contra el crimen, y más o menos hubo mil muertos. Y eso se terminó cuando llegó Antonio a la provincia de Buenos Aires, eso es algo de lo que nunca me voy a olvidar. Fueron unos mil muertos de la de democracia.

G.C.: –La mirada tradicional liberal es que la seguridad para todos significa lo mismo y no es así, hay sectores que por seguridad entienden la seguridad alimentaria, otros que piensan en la seguridad de su propiedad, y con eso se clarifican las tensiones que existen siempre en una sociedad. Nosotros a veces entramos con facilidad en una discusión que es tramposa, por ejemplo la del garantismo. Tenemos la obligación de salir de esta discusión para entrar a otra, que es qué tipo de sociedad queremos.

J.A.: –Coincido. Como defensor público me ha tocado denunciar falsos enfrentamientos de adolescentes con policías, que en realidad eran asesinatos extrajudiciales con cobertura mediática. El límite del periodismo canalla es también la desmonopolización y la democratización real de los discursos amarillistas o policialistas. Si entendemos la política en términos de peligrosidad y seguridad, es porque los medios concentrados construyen esos escenarios para que los príncipes electorales después vengan a salvarnos.

–Hace poco tuvimos una serie de linchamientos, y la cobertura mediática era del tipo “está mal, pero…”.

E.Z.: –Bueno, fue una campaña de (Sergio) Massa, comentada por los medios concentrados. Eso fue directamente político. Eso es una instigación al delito, en una sociedad donde los niveles de violencia son bastantes relativos. Nosotros debemos tener, en el peor de los casos, un 7 por cien mil homicidios –de acuerdo a nuestros relevamientos en gran parte del país–. Brasil tiene 27 por cien mil. En la región, nosotros, Uruguay y Chile tenemos bajos niveles de violencia.

–Tampoco se advierte correctamente de la enorme cantidad de muertos por armas de fuego en conflictos intrafamiliares.

E.Z.: –Domina el homicidio entre conocidos, el homicidio en situación de robo es minoritario. No sólo domina el homicidio entre conocidos sino el homicidio con armas de fuego. Se calcula que tenemos cuatro millones de armas en el país. Hagamos una campaña de desarme, que sólo tengan armas las fuerzas de seguridad. Se arma un despelote entre familiares o vecinos y si no hay armas se pegan trompadas, pero si hay un arma hay un muerto. Entre tener un porro en el bolsillo o tener una 9 milímetros en el bolsillo, es mucho menos peligroso tener un porro. Dediquemos el mismo empeño a sacar las 9 milímetros.

–¿Qué opinan de la anunciada reforma del Código Procesal Penal?

E.Z.: –Un Código Procesal es caro, un Código Penal es gratis. El Código Procesal, si no tiene la estructura que lo haga funcionar, no funciona. Si no están los tribunales, los defensores, los fiscales, si se les juntan los expedientes y no se puede investigar todo, no funciona. Entonces cada vez que hacés un Código Procesal hay que preguntar qué presupuesto va a haber. Si hay guita se hace, si no, mejor dejémoslo como está. Otro problema que puede haber es que no se puedan hacer los juicios orales en la misma cantidad que se demanda. Entonces se sale por un atajo que es el juicio abreviado. Veamos el caso norteamericano: eso del jurado lo ves en las películas. En la realidad, el 95 por ciento de los casos se resuelven en una negociación, que realmente toma un aspecto de extorsión. Agarran al negro, lo acusan de violación, este dice que no lo hizo, y entonces le ofrecen firmar por estupro y le ofrecen una pena menor. Si no acepta, le dicen andá frente al jurado que te va a defender el doctor “Pirosca” y vas a ver lo que te va a pasar. Esta es una de las variables que puede tomar el juicio abreviado. Hay otra: que los fiscales abarrotados ofrezcan penas menores. Acá no se adopta esa forma extorsiva que tienen en los Estados Unidos porque por lo general los fiscales ofrecen menos penas en los juicios abreviados. Hoy tenemos presos sin condenas y en el futuro el riesgo es que tengamos condenados sin juicios. Pero el camino está bien, ensayemos a ver qué pasa.

–¿Y la investigación?

E.Z.: –Se debe tomar la decisión de armar una policía judicial. Se debe tomar a toda la sección laboratorio de la Federal, que es diferente de la policía de seguridad de calle. Ahora tenés las dos cosas juntas y eso trae conflicto. Si el policía no investiga según la línea que le tiraron de arriba, su próximo destino es Ushuaia y eso no lo decide el juez instructor. Yo creo que administrativamente sería bueno que la policía de investigación dependa de la Corte. Cosa que la Corte Suprema no creo que quiera aceptar porque pasaría a ser una responsabilidad muy grande.

J.A.: –La policía judicial es necesaria para fomentar independencia de los fiscales, frente a las fuerzas de seguridad, y regular de ese modo la delegación de las investigaciones, calculando la efectividad.

–Otra crítica que se hace al actual sistema es el de las excarcelaciones. ¿Esto cambiará con un nuevo Código Procesal?

E.Z.: –Las excarcelaciones no son para nada flexibles. Hay una idea que es equivocada. La prisión preventiva tiene que ser excepcional. Mientras el sujeto no esté condenado no es culpable. Naturalmente que hay delitos muy graves que hace que no se pueda prescindir de la prisión preventiva. Casos en los que el sujeto puede interferir en la investigación, puede fugarse, pero fuera de esos supuestos de delitos muy graves, la encarcelación debe ser excepcional.

G.C.: –En la Argentina el 60 por ciento de las personas encerradas no tienen condena. La penosa prisión preventiva. Esto viola de manera flagrante nuestra Constitución, pero a nadie parece importarle demasiado. Al contrario, se lo avala en los medios. Esto da la medida de nuestro real atraso. Tenemos un derecho atrasado. Una prensa que atrasa. Una sociedad que no piensa. El problema son las torturas en las comisarías, no el garantismo.

–¿Y en cuanto a las reincidencias?

E.Z.: –La reincidencia, como está en nuestro Código, tiene una serie de requisitos que son exasperantes: el tiempo, si cumplió pena o no, el tipo de delito. Realmente no tienen mucho sentido todos los requisitos respecto de las consecuencias que tiene. Para la pena no tiene consecuencias, sólo es impedir la libertad condicional. Pero además es absolutamente inconstitucional, porque es irracional. Un tipo que cumplió una pena por un delito, la cumplió y listo. En el segundo delito que comete no le puedo poner más pena porque le estoy penando de nuevo por algo que ya cumplió. En el proyecto que hicimos, no desaparece el fenómeno de la recaída en el delito, sino que la única posibilidad de que este segundo delito sea más grave es que el tipo tenga más conciencia del ilícito. Que lo tiene cuando los dos delitos tienen alguna vinculación. Si un tipo le pegó a la mujer hay que meterlo en cana por eso y no tiene nada que ver si fue procesado por un libramiento de cheques sin fondos dos años antes. Ahora, si le pegó a la mujer por segunda vez o a otra mujer, sí. Se toma en cuenta el grado de conciencia de la ilicitud que comete el sujeto. La reincidencia por cualquier condena anterior es un criterio muy fascista, es pensar que todos vivimos en una especie de colegio donde nos ponen amonestaciones y se van juntando las amonestaciones. Esto no funciona así. 

J.A.: –Lamentablemente el penalismo sigue vinculado a la idea de que a una persona que delinquió hay que castigarla dos veces por “ser peligrosa”. Es decir, la reincidencia como esencialismo y neutralización personal de aquel al que considera enemigo. En el fondo, esta mirada que sigue atada a cierta criminología de derecha no admite la libertad humana: todos podemos modificar nuestro destino, incluyendo a los más vulnerables. La peligrosidad es un estigma externo, no un estado natural. Si el que roba y es condenado vuelve a reincidir en el robo, tal consecuencia debe implicar una valoración nueva del fracaso de la función preventiva general e individual, pero también, como parte de un acto de libertad del que robó frente al sistema penal.

G.C.: –La figura de la reincidencia es anticonstitucional y antidemocrática por todo lo que decía Raúl recién, pero en la discusión por la reincidencia hay algo irracional que también está cuando se discute el garantismo y es que vos no podés endilgarle a una persona que acaba de cumplir una condena la culpa de ese fracaso; si la persona vuelve a reincidir, en términos médicos si tiene una recaída, es porque las cárceles no están funcionando como deberían funcionar. Entonces esa reincidencia debe servir no para recargar las tintas sobre esa persona sino para repensar el sistema carcelario y para qué están sirviendo las cárceles. Si salen peor que como entran, el derecho no los está rehabilitando ni reeducando. Entonces es un círculo vicioso que va a terminar con una sociedad cada vez peor y con mayores índices de violencia, lo cual es funcional a que haya cada vez mayores penas. 

–Ustedes están hablando del tema de las deficiencias de nuestro sistema carcelario. ¿Es posible una reforma en serio de la Justicia sin reformar las cárceles?

E.Z.: –La cárcel hay que mejorarla todo lo que se pueda. Pero la prisión es prisión. Tiene siempre un efecto deteriorante que es difícil de revertir. Es una máquina de fijar roles desviados. El tipo entra por una desviación primaria y entra a un mundo en el que debe incorporarse a un grupo dentro de la cárcel y es el grupo de la pesada, de los escruchantes, y el tiempo que está en la cárcel debe responder a las pautas del grupo. Y si no responde a esas pautas liga un facazo en el baño. Y bueno, es una reafirmación del rol durante todo ese tiempo. Lo milagroso es que salga y no se mande otra joda parecida o peor. Y después, cuando ya la institucionalización es muy prolongada, el que no reincide es el homicida, raro que el homicida reincida. Pero lo que es la población habitual de la cárcel, el chorro, el vendedor minorista de tóxicos, cuando la actividad que lo lleva a la cárcel es su medio de vida, sí, vuelve hasta que se cae el estereotipo, que es cuando se jubila. Por eso casi no hay viejos en las cárceles.

G.C.: –Yo todavía no tengo en claro para qué sirve la cárcel. Nunca encontré una respuesta clara, más bien son los argumentos negativos. Sirve para generar más violencia, para empeorar a las personas que entran, por eso el problema es que no repensamos el sistema penitenciario de manera de apuntar a una sociedad diferente. No es una pregunta cómoda ni nada simple, pero este hecho es el que tenemos que afrontar y nadie lo está afrontando.

–Para cerrar, ustedes, Julián, Guido, pertenecen a una nueva generación dentro de la Justicia. ¿Con qué sueñan?

G.C.: –Nuestra misión, con Julián, siguiendo las enseñanzas de Zaffaroni, es construir un derecho que elija abrir los ojos. Eso queremos. No un derecho callado, no un derecho pensado para callar, sino un derecho que defiende a los excluidos, a los vulnerados.

J.A.: –Ojalá los jóvenes en la política o en el derecho, las nuevas generaciones en general, sepan abrir discusiones argumentales fuertes que eviten la antipolítica. Necesitamos más jóvenes vinculados a la teoría como a la práctica y al compromiso con la palabra. Más poetas que doctrinarios.


Zaffaroni y la vacante en la Corte Suprema

La irresponsabilidad de la oposición

Con la reciente muerte de Enrique Petracchi, la Corte Suprema quedó con los cinco integrantes que marca la ley. El problema se dará a partir de enero de 2015, cuando Eugenio Zaffaroni presente su renuncia al cumplir los 75 años de edad.

–¿Confirma que se va de la Corte en enero?

–Si, el 31 de octubre le llevo la renuncia a la Presidenta pidiéndole que la haga efectiva a partir del 31 de diciembre.

–¿Tendría que sumarse a la Corte un penalista?

–Ese es un problema de los otros poderes del Estado. No es mío.

–¿Qué le parece la reacción de algunos integrantes de la oposición política que quieren esperar otro gobierno para sumar un quinto miembro?

–Me parece una irresponsabilidad institucional. Directamente. Negarse a integrar un poder del Estado. No sé qué es lo que hará el Ejecutivo, pero que alguien desde el Senado diga eso, me parece una irresponsabilidad institucional. La Corte tiene que funcionar con sus cinco miembros. No podemos dejar que una institución quede librada a los avatares de un proceso electoral, nuestros políticos deben saber que tienen que sentarse y resolver los problemas institucionales, no pueden tirarse con todo, con las Malvinas, con la deuda externa, con la Corte, con los muertos, esto desacredita a la política. Los políticos tienen que pelearse, tienen que discutir, tienen que agarrarse a patadas, pero hay algunas cosas que no pueden hacer. Lo primero que deben hacer es respetar la Constitución y asumir la responsabilidad que la Constitución les da. Deben dejarse de joder de tirarse con todo, porque eso no hace más que favorecer la antipolítica. Eso lo único que muestra hacia afuera es que hay un juego de poder que no tiene límites y eso no debe ser así, eso no es la política.
Fuente:Veintitres

ENTREVISTA A ROBERTO BASCHETTI.

Suplemento claves de la historia. entrevista. Roberto Baschetti. escritor e historiador
“Walsh y Urondo fueron el paradigma del intelectual orgánico gramsciano”
“Walsh y Urondo fueron el paradigma del intelectual orgánico gramsciano”

Para comenzar, me gustaría que brevemente contara los primeros años de su vida.
–Soy hijo único. Nací el 16 de junio de 1950 en el seno de una familia trabajadora que aprovechando la ascendente movilización social existente durante el primer peronismo (1946-1955) pudo comprar su primer hogar y consolidarse como clase media. A su vez, su bonanza económica –acotada pero real– les permitió a mis padres darme una educación superior a la media. Pasé ocho años (1960-1967) estudiando en el Colegio del Salvador (instalado en Buenos Aires, existente desde 1868) con laicos y sacerdotes jesuitas y egresando con el título de bachiller.

–Siempre se comentó que ese establecimiento educativo era una cantera de aprender, saber y pensar… 
–Absolutamente. Sólo repasando algunos de los nombres y apellidos sacerdotales que colaboraron en mi temprana formación, tendrá usted una idea más acabada de esto. Anote: el Padre José María Pichi Meisegeier que me interesó en la cuestión social y que con el tiempo fue paradigma y referente del Movimiento Villero Peronista en la Villa 31 de Retiro junto a Carlos Mugica. El Padre Ramón Mocho Ferreyra, hombre recto y dueño de todas esas características nobles que alabamos en el hombre de campo; hablaba y predicaba con su ejemplo. El Padre Guillermo Furlong, profesor de Historia de consulta mundial; habrá oído de él. También el rector del colegio, un sacerdote de labia cultivada y culta, Eduardo Martínez Márquez, que nos contaba que había sido educador en Cuba, en un colegio religioso de la Compañía de Jesús, nada más y nada menos que de Fidel Castro. Y quizás algunos se sorprenderán si les digo que mi profesor de Literatura en 4º año del secundario fue Jorge Mario Bergoglio –actual Sumo Pontífice– un hombre excepcional que nos fue explicando con rigor y paciencia jesuítica a cada uno de nosotros, en charlas personales la mayoría de las veces, de qué se trataba la amistad, la ética, la justicia, la solidaridad y tantas otras cuestiones que atiborraban nuestra mente sin tener respuestas por el momento. La relación con Bergoglio se mantuvo en el tiempo; fui a su ordenación de sacerdote años más tarde y me casó el 10 de diciembre de 1983 por la mañana, en la Iglesia de los Curas Palotinos del barrio de Belgrano R, en el mismo día y hora que Alfonsín asumía la primera magistratura.

–¿Y cuándo comenzó a evidenciarse en usted un interés por lo social?
–Fue algo rápido y natural, si se quiere ver de este modo: recibido de bachiller comencé a estudiar Abogacía y paralelamente como manera de ganar experiencia me conseguí un trabajo de meritorio (cargo honorífico, no se cobraba un peso) en los Tribunales de Trabajo de la zona de Retiro que ya no están, en la bajada de la calle Suipacha. Atender en mostrador, archivar papeles –archivar será una constante en mi vida sin lugar a dudas–, leer los expedientes, ser testigo de audiencias, me mostró crudamente un mundo nuevo, hostil, agresivo, injusto, desigual. Y donde los perjudicados estaban siempre del mismo lado, del lado de los trabajadores, de los humildes, de los despedidos sin causa, de los echados sin previo aviso, de los que de un día para el otro se quedaban sin trabajo por la prepotencia patronal puesta de manifiesto en diversas ocasiones. Eso me indignaba. Y deduje que a mis principios cristianos siempre vigentes debía agregarle un plus, un valor agregado y sobre todo no resignarme a pensar que las cosas “son así, injustas y nadie las puede cambiar”. Me sumé a la Juventud Peronista, por la sencilla razón de que el Peronismo me había mostrado antes en la teoría (mis lecturas),  en la historia (su período de gobierno de 1946 a 1955) y ahora en la práctica (mi trabajo) que era la única fuerza política capaz de revertir la situación de explotación y miseria que padecía nuestro pueblo.

–Evidentemente fue un aluvión generacional que se sumó a la militancia política…
–Ni más ni menos. Por primera vez en la historia argentina se juntaron jóvenes de distintas clases sociales y formaciones políticas preexistentes un pos de un mismo objetivo. Cientos de pibes cristianos metieron las patas en el barro y “tomaron como propia la causa del agredido” (Frantz Fanon dixit), porque –evidentemente– rezando no se iban a solucionar las cosas. Por otro lado, los centenarios partidos de izquierda en Argentina también en sus capas más jóvenes hicieron su autocrítica por como se había caracterizado con una miopía alarmante al peronismo (y al propio Perón) y comenzaron a dar una discusión interna que la inmensa mayoría de las veces terminó con la expulsión de los jóvenes cuestionadores. Por último y para completar la triada generacional, un nuevo peronismo juvenil daba batalla adentro y fuera del Movimiento aportando contenido, forma y número a cientos de agrupaciones partidarias que tenían como objetivo principal el regreso definitivo de Perón a su patria luego del injusto exilio al que había sido obligado a ir, por los sectores oligárquicos y proimperialistas nativos.

–¿Existen testimonios escritos de aquel período insurreccional?
–Sí, muchísimos. Calcule usted que cada grupo, organización o partido nuevo tenía su propia prensa partidaria y siempre al menos en manos privadas o instituciones investigativas del mismo tenor (lamentablemente, en la parte pública o estatal, luego del ’76 se arrasó con todo) se han preservado y guardado al menos un juego de toda la documentación posible. Por eso, ahora aparecen algunas reediciones de facsimilares de la época que ayudan a reconstruir el clima y objetivos de aquel tiempo. Pero si un investigador desea en un solo medio gráfico ver la impronta del período, las discusiones y objetivos que se planteaban, las acciones que se llevaban adelante y la resistencia a las dictaduras cívico-militares de aquella época, debe indefectiblemente sumergirse en la lectura de Cristianismo y Revolución (1966-1971), cuyo director era Juan García Elorrio y luego de un accidente automovilístico que le ocasionó la muerte (un taxi que salió de la nada, embistió a un Fiat 600 que a su vez lo arrolló en la esquina de Bulnes y Las Heras), tomó la posta su compañera Casiana Ahumada hasta que la misma fue hecha prisionera por el régimen. Allí, en esa revista mensual podrán analizarse y estudiarse cada una de las vertientes juveniles enumeradas por mí, con anterioridad. Y antes de pasar a otra pregunta déjeme hacer un comentario sobre la extraña muerte de García Elorrio.

–Lo escucho atentamente… 
–Este hombre pertenecía por clase social a la aristocracia pero se había volcado al cristianismo y al peronismo revolucionario. Como dije, a García Elorrio lo atropelló alguien del que nada se supo. Juan ya había recibido variadas amenazas de muerte; y en abril de 1967 como bien expresa Miguel Bonasso en uno de sus libros (El presidente que no fue), la división de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, junto con la delegación argentina de la CIA, confeccionaron una lista de activistas a eliminar; entre los mismos figuraban Emilio Jáuregui y García Elorrio; ambos murieron repentina y trágicamente poco tiempo después. Para cuando fue el deceso de este último –y siguen las “casualidades”– se presentaba en nuestra ciudad puerto, un show de vértigo y velocidad a cargo de los Los Rompecoches, una troupe norteamericana (cobertura perfecta para espías y trabajos sucios, convengamos) que ciertas fuentes confiables asociaban con la CIA. Ni más ni menos. Para cerrar el círculo, digo que Juan tenía, al momento del “accidente”, documentos sobre denuncia de torturas a miembros de Tupamaros encarcelados en Uruguay. Dichos papeles nunca fueron entregados a su compañera Casiana Ahumada. Desaparecieron. Y debe recordarse como bien se explicita en el excelente film de Constantin Costa-Gavras, Estado de Sitio, que quien asesoraba a los militares uruguayos en el uso de la picana y el submarino seco para los opositores políticos, era un agente secreto de los yanquis en Uruguay, llamado Dan (Daniel Anthony) Mitrione, que revestía en la CIA y el FBI a la vez. Completito el hombre…

–Impresionante, realmente. Cambiando de tema, pero de algún modo inserto en la misma temática. Tengo entendido que usted como historiador se abocó al Peronismo, ¿no es así?
–En efecto. Y para delimitar más aún el objeto de investigación, debo decirle que si bien son muy pocas aquellas cuestiones ligadas al peronismo que son ajenas a mi conocimiento, siempre he hecho hincapié al período que va de 1955 a 1973, primero, y luego desde 1976 a 1983, inclusive, es decir, a recuperar y publicitar las luchas del pueblo peronista.
Así fue como me dediqué de lleno a exhumar, recuperar, juntar, recopilar, ordenar, y dar a conocer un material en forma de documentos políticos que no existía como corpus ni mucho menos. Fueron los famosos “Documentos” seriados y en forma de libros que se ocuparon de los siguientes segmentos anuales: 1955-1970 (Documentos de la Resistencia Peronista); 1970-1973 (De la guerrilla peronista al gobierno popular); 1973-1976. Tomo I. (De Cámpora a la ruptura); 1973-1976. Tomo II (De la ruptura al golpe); 1976-1977. Tomo I. (Golpe militar y resistencia popular); 1976-1977. Tomo II. (Resistir es vencer). Y antes de este fin de año del 2014, saldré conjuntamente con dos nuevos tomos que se ocupan de lo sucedido entre 1978-1980 y que llevan por título: Del mundial de fútbol a la contraofensiva.  
–Tema álgido y discutido si lo hay, ese de la “contraofensiva” montonera…
–Montoneros considera que están dadas las condiciones para forzar la retirada de las fuerzas armadas a través de una nueva ofensiva no sólo militar, pero que sí incluye con fuerza, este ítem. A lo largo de mi libro, una infinidad de documentos internos, inéditos en su mayoría, se preocuparán de este asunto. Pero la verdad incontrastable de los hechos acaecidos, indica que las condiciones no fueron las apropiadas. Pero es fácilmente comprobable que para fines de los ’70, en la República Argentina los tiempos de la dictadura se acortaban; la clase obrera en particular y el pueblo en general ya resistían nuevamente. Este no es un dato caprichoso, aislado o voluntarista. Basta con instalarse en una hemeroteca bien provista y repasar los diarios de la época. Pese a la autocensura de las empresas periodísticas que se veían en figurillas para explicar lo inexplicable, la política recesiva y terminal de Martínez de Hoz llevó a los trabajadores a enfrentar la dictadura, porque estaba en juego su propia existencia como clase. A mediados del mes de agosto de 1979 había agudos y profundos conflictos gremiales entre la clase obrera y la patronal con cese de tareas incluido. Inclusive el conflicto más grande se presentaría cuando unos 5.500 trabajadores de Peugeot aprobaron en asambleas, sección por sección, marchar el 4 de octubre de 1979 a Plaza de Mayo. Otros trabajadores y la flamante Central Única de Trabajadores Argentinos (CUTA) adhirió sumarse a la marcha. La dictadura, viendo que “se le venía la noche” y previendo que aquella marcha de protesta podría convertirse en un nuevo Rodrigazo, obligó a la patronal francesa a atender todos los reclamos de los trabajadores para evitar así su posterior movilización: hubo aumentos de 22% para los trabajadores y todos los cesanteados y despedidos fueron reincorporados a sus tareas. En este contexto de protesta y lucha, Montoneros creyó necesario organizar una contraofensiva política y militar para acelerar la caída del gobierno de facto entronizado en nuestra patria.

–Bien. Esperaremos con expectativa la aparición del trabajo suyo. Ahora bien, esa famosa “resistencia” a la que usted hace alusión en repetidas ocasiones, fue tal o bien una serie de hechos fortuitos y concatenados terminaron con Perón en la Argentina inesperadamente y contra su voluntad, como lo manifiestan algunos historiadores, últimamente.
–Si hay algo que siempre me llamó la atención fue (y es) la permanente desidia y descrédito con que se tratan o investigan –cuando se investigan, muchas veces ni eso– los diversos acontecimientos históricos que jalonan las luchas de nuestro pueblo. Parecería que hay ciertos historiadores y escuelas de pensamiento histórico en Argentina que tienen como único fin desacreditar o directamente ocultar (en connivencia con los gobiernos ilegítimos de turno en que se sucedieron los hechos) las luchas populares que lograron significativos progresos y conquistas –en este caso–  en pos de una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, con su conductor natural en la patria.
En tal sentido, cómo es posible que la mítica Resistencia Peronista, que se sobrepuso a los bombardeos de 1955, a los fusilamientos de 1956, a la proscripción electoral y social del peronismo, al abyecto Plan Conintes del maquiavélico Frondizi que llenó nuevamente las cárceles en los ’60, al impedimento en el gobierno de Illia, de que Perón pudiera volver en diciembre de 1964, hablamos del Cordobazo en 1969, el Trelew del 22 de agosto de 1972, y del “Luche y Vuelve”, todo esto, no merezca ni siquiera una cátedra de estudio, un trabajo de investigación académico serio, o al menos un ciclo de charlas en la Academia Nacional de Historia o en la Universidad de Buenos Aires.

–Pero en los últimos treinta o cuarenta años la situación ha comenzado a cambiar. 
–Así es. Hay algo que en su momento expresó Mario Pacho O’Donnell y a lo cual suscribo categóricamente: “No es cierto que los libros de historia se venden bien, como suele escucharse a menudo en círculos intelectuales afines. La gran mayoría de ellos, los que se escriben solamente para vender por un tema oportunista o por encargo de las editoriales, suelen ser un fracaso rotundo. Del mismo modo –corren igual suerte– aquellos que reflejan la óptica conformista y escolar de la historia oficial, aún disfrazada de cientificismo académico. Lo que la gente favorece en las librerías son aquellos textos que, consistentemente y a partir de autores con trayectoria en ello, contradicen la historiografía liberal y reaccionaria que desde el fin de nuestras guerras civiles, explica, sustenta y justifica el modelo económico y social vigente que necesita, por ejemplo, llevar a la categoría de prócer a un señor como Rivadavia, paradigma de porteño extranjerizante y ejecutor de préstamos venales para nuestra economía”.
Con la creación del Instituto Dorrego –durante la década ganada Kirchnerista–, todo comienza a cambiar y es impresionante la cantidad de pedidos que vienen de todo el país para que vayamos a dar charlas. Ejemplo concreto de ello se manifiesta cuando me explayo sobre uno de mis últimos libros, La violencia oligárquica antiperonista entre 1951 y 1964, que me permite explicitar y fundamentar en forma documental, una serie de hechos de violencia de sectores minoritarios refractarios al peronismo, que deben apelar a la misma –es decir, a la violencia– para ver logrados sus fines elitistas y gobernar en contra de las masas populares.    

–Tengo entendido que hace pocos días atrás puso a consideración del público otro libro nuevo suyo que se ocupa del poeta y periodista Francisco Urondo.
–En efecto. Lo presentamos en el auditorio de la Librería Universitaria Argentina, un nuevo lugar de expendio de libros que inteligentemente abrió en pleno centro de Buenos Aires un conjunto de universidades del interior de nuestro país, para hacer visibles sus producciones editoriales en la gran ciudad. El libro de mi autoría que editó Educo (la editorial de la Universidad del Comahue) se llama Francisco Paco Urondo. De la poesía al combate, y se ocupa, a través de lo que llamo una biografía narrada, de relatar la vida y obra de este gran hombre que fiel a su compromiso político dio la vida por un proyecto de liberación nacional y social para nuestra patria. Fue asesinado en Mendoza en junio de 1976. El libro se enriquece con una minuciosa bibliografía sobre todo lo que escribió Urondo y lo que también se escribió sobre él.

–Antes de concluir esta nota quizá quiera expresar algo más. 
–Algo me viene a la mente. Puede tratarse de un hecho casual, fortuito, anecdótico, o no. Rodolfo Walsh y Francisco Urondo eran muy amigos y ambos terminaron militando en la misma guerrilla peronista revolucionaria, en Montoneros. Y ambos tuvieron el mismo trágico final. Quizá sin proponérselo, ellos fueron paradigma de aquello que Antonio Gramsci definió como “intelectuales orgánicos” del grupo social emergente, aquellos que luchan por conquistar la hegemonía política y aprovechando sus saberes –en este caso narrar, escribir, contar– actúan. Alguna vez, mezclando mi curiosidad con la búsqueda de respuestas filosóficas acordes, pregunté en diversas oportunidades y en distintas situaciones, a un heterogéneo grupo de militantes peronistas que no se conocían entre ellos, y que sí formaron todos, luego, parte de la histórica J.P.; qué hecho puntual los había introducido en el mundo de la militancia política, a entregar todo de sí para cambiar un mundo injusto. Y el común denominador de las respuestas pasaba, en la gran mayoría de los casos, por la indignación ante la alevosía, el asesinato de gente humilde, la eliminación sin más de personas, por intermedio de un Estado autoritario y de facto que arrasaba con todos los derechos humanos y asesinaba impunemente. Y se remitían a dos escritos que los habían conmovido brutalmente, que una vez leídos (por ellos) no podían seguir siendo indiferentes y actuar como si nada hubiera pasado. Uno era Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, y el otro, La patria fusilada, de Francisco Urondo.
Fuente:MiradasalSur