27 de noviembre de 2014

ROSARIO-TRIPLE CRIMEN: REALIZARON INSPECCIÓN EN LA CANCHITA.

miércoles, 26 de noviembre de 2014
Juicio triple crimen: realizaron la inspección en la canchita
El tribunal que juzga los crímenes ocurridos el 1º de enero de 2012 realizó un recorrido por la zona del hecho, en Dorrego y Presidente Quintana. Fue el cierre de la etapa probatoria. Las imágenes
Los fiscales Marull y Schiappa Pietra en el lugar de la masacre de 2012. Los fiscales Marull y Schiappa Pietra en el lugar de la masacre de 2012. (Triplecrimen.org/Juan Ignacio Porta)
La custodia policial para la inspeccion
En el marco del juicio por el triple crimen de Villa Moreno, el tribunal que presidente el proceso más las partes que intervienen realizaron el martes a la noche una inspección ocular en la zona donde se produjo la masacre, el 1º de enero de 2012, en la canchita del club Oroño, de Dorrego y Presidente Quintana.

La recorrida se realizó a la noche para que la inspección se acerque a cómo estaba el lugar en el momento del asesinato de los militantes sociales Jeremías "Jere" Trasante, Claudio "Mono" Suárez y Adrián "Patóm" Rodríguez (cerca de las 4). Pedro Pitu Salinas, integrante del Movimiento 26 de Junio del Frente Popular Darío Santillán y compañero de las víctimas, afirmó a El Tres (ver video en esta nota) que la acción de la Justicia “no es reconstrucción de los hechos” y se realizó a pedido de la Fiscalía.

“El tribunal se pone en tiempo y espacio para poder entender la totalidad de la escena (del crimen), sobre todo porque la infraestructura del club Oroño tiene una entrada por Presidente Quintana y también una muy angosta por calle Dorrego, donde se efectuaron disparos y hubo gente herida”, añadió el dirigente.

La recorrida de los jueces Gustavo Salvador (presidente del Tribunal), Ismael Manfrín y José Luis Mascali, junto a fiscales Nora Marull y Luis Schiappa Pietra, abogados de las querellas y de los imputados (Sergio “Quemado” Rodríguez, Daniel “Teletubi” Delgado y Brian “Pescadito” Sprio y Mauricio Palavecino) cerró la etapa probatoria.

El proceso se inició el miércoles 12 de noviembre con las acusaciones de fiscales y querellas.

Entre las audiencias con cerca de 80 testigos se destacó la identificación del Quemado Rodríguez entre quienes dispararon que realizó un sobreviviente de la masacre. Además, se conocieron escuchas que demostrarían el funcionamiento de una banda.

El juicio continúa y el próximo viernes iniciarán los alegatos de clausura de la Fiscalía y las querellas (que representan a las familias de las víctimas) y el lunes sería el turno de la defensa de los acusados.
Fuente:Rosario3




Triple crimen de Villa Moreno
“La inspección era necesaria”
26/11/2014
Los imputados Sergio Gustavo “Quemado” Rodríguez, Daniel “Teletubi” Delgado y Brian “Pescadito” Sprío. |Foto: Télam
Los imputados Brian Sprío, Daniel Delgado y Mauricio Palavecino. |Foto: Télam
Catriel Álvarez, referente del Movimiento 26 de Junio donde militaban las víctimas de la masacre, consideró que la inspección realizada por los jueces al lugar de los hechos “era necesaria para que los funcionarios judiciales pudieran situarse en tiempo y espacio y ver con sus propios ojos cómo ocurrió todo”.

En diálogo con Redacción Rosario, Álvarez contó que desde temprano y enterados por los medios, vecinos del barrio concurrieron masivamente a presenciar la inspección, que se realizó en la noche del martes en medio de una fuerte custodia policial.

Los funcionarios judiciales, miembros de la querella y defensores comenzaron su recorrida alrededor de las 20.30 por la cancha del club Oroño, donde fueron acribillados Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez la madrugada del primero de enero de 2012.

Se contaban en la comitiva el presidente del tribunal, Gustavo Salvador, los vocales Ismael Manfrín y José Luis Mascali, los fiscales Nora Marull y Luis Schiappa Pietra, los defensores Carlos Varela, Fausto Yrure e Ignacio Carbone, además de los querellantes, Jessica Venturi y Néstor Olivares.

Según detalló el dirigente barrial, el contingente judicial recorrió primero el predio del club ingresando por calle Quintana, con especial atención a las condiciones de iluminación y pasaron junto al banco de cemento donde Jere, Mono y Patom fueron acribillados.

Luego desandaron el camino tal como habría sido el recorrido de uno de los testigos, Roque Suárez (hermano de Claudio), quien ve a los agresores escapar en la camioneta, una Kangoo blanca, en la que habían arribado.

En resumen, los funcionarios tocaron en su recorrida los puntos de interés para la causa como los lugares desde donde los testigos observaron lo que luego describieron en sus declaraciones, incluyendo el escenario del segundo ataque, del que resultaron heridos cuatro vecinos que festejaban el Año Nuevo en la vereda.

El militante y compañero de las víctimas, destacó que toda la acción judicial se desarrolló en un marco de respeto tanto por parte de los funcionarios como de los numerosos vecinos presentes.

Si bien consideró que fue de gran impacto para ellos, dado el gran despliegue policial y las susceptibilidades que abarca el hecho en sí, Álvarez evaluó la medida como “necesaria”.

“En principio, nosotros creemos que fue positivo, ya que nos da la señal de que vienen teniendo en cuenta seriamente las pruebas que les fueron aportadas y que a partir de las recorridas pudieron hilar un poco todo. Pero es muy difícil decir certeramente que la medida fue positiva, porque esto tiene más que ver con la valoración que hagan ellos mismos”, explicó.

“Sí consideramos que era necesaria para que pudieran situarse en tiempo y espacio y ver con sus propios ojos el lugar del hecho”, sostuvo por último.

La causa prevé comenzar con los alegatos de la querella en la audiencia del próximo viernes, en tanto que la defensa de los imputados, haría lo propio al lunes siguiente y se espera que el viernes 5 de diciembre el tribunal de el veredicto.
Fuente:RedaccionRosario

SANTIAGO DEL ESTERO-CRIMEN CRISTIAN FERREYRA: "NO SÉ DE QUE SE ME ACUSA SOY UN SIMPLE PRODUCTOR AGROPECUARIO".

26-11-2014
Juicio Santiago del EsteroEn Monte Quemado
"No sé de qué se me acusa, soy un simple productor agropecuario"

Lo declaró Jorge Ciccioli, el empresario acusado, junto con otros cinco hombres, del crimen del militante del MOCASE Cristian Ferreyra, asesinado en 2011, en medio de un conflicto por la tierra. También lo hizo el acusado de ser el autor material del crimen. La semana que viene serán los alegatos y se conocerá la sentencia.
Por: Gustavo Ahumada
Jorge Ciccioli declaró en el juicio que se realiza en Monte Quemado, Santiago del Estero, contra él y a otros cinco acusados por el asesinato del campesino Cristian Ferreyra en 2011. El empresario, que  contrató a la patota, intentó aclarar ante el tribunal que no es “un poderoso productor sojero” y que compró 1860 hectáreas de forma legal. Además del empresario también habló el acusado de dispararle a Cristian, Francisco Javier Juárez. Por primera vez el empresario se sentó en el centro de la sala de audiencias, ubicada a unos 50 metros de la ruta provincial N° 16. En las primeras audiencias del juicio, cuando los jueces  le leyeron las acusaciones en su contra, atinó a decir: “realmente no sé de qué se me acusa”. Ayer volvió a expresarse en esa línea y dijo que no era “un poderoso productor sojero”. “Soy simplemente un pequeño productor agropecuario”, agregó ante el resto de los acusados, Carlos Abregú, Mario Abregú, Víctor Juárez y Walter Juárez, que lo escuchaban con atención. Y calificó de “injusta” su detención y aclaró que desde hace tres años que no ve a su hija discapacitada, algo que remarcó reiteradamente.

Con sólo 23 años Cristian era un referente de la comunidad. El 16 de noviembre de 2011, después del mediodía, se reunió con sus compañeros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), en la casa de Darío Godoy, que vive en Campo de Mayo, otro paraje cercano a San Antonio. El tema de la asamblea era la defensa de las 2000 hectáreas comunitarias donde vive la comunidad indígena Lule Vilela, a la que pertenecía. Ya habían frenado a tomadoras que habían desmontado unas 200 hectáreas pero en los últimos días habían aparecido “hacheros” que empezaron a cortar el bosque de nuevo.

Cerca de las tres de la tarde una moto llegó a la casa, a bordo iban Javier y Anton Juárez. Darío fue el primero en salir a la puerta, pero Javier Juárez preguntaba insistentemente por Cristian. Tanto Javier como Anton eran empleados del empresario santafesino Jorge Ciccioli, quien decía que los terrenos eran de su propiedad porque los había “comprado” en febrero de ese año en Metán, Salta. Finalmente Cristian salió.

“Ustedes siguen queriendo joder con este campo”, les recriminó Juárez. En su mano tenía una Itaka recortada. Casi no la levantó y disparó. Un tiro dio en la pierna de Cristian que empezó a desangrarse; la bala le había atravesado la arteria femoral. A Darío también lo hirieron en una pierna. Sergio Ferreyra, primo de Cristian, vio lo que pasaba y se acercó.

Se abalanzó sobre Juárez y logró sacarle el arma. “Hijo de puta, que has hecho”, dijo. Cincuenta kilómetros separan el lugar donde se desangraba Ferreyra, de Monte Quemado, la ciudad más importante de la zona. No llegó a ser atendido y murió en el camino.

Sobre la presunta legalidad de la compra de las 1860 hectáreas explicó que todos los papeles de titularidad habían sido chequeados por un escribano y que para poder comprar ese campo vendió otro que tenía en la provincia de Santa Fe, de donde es oriundo.  Ciccioli le compró en febrero de 2011 esa cantidad de hectáreas al empresario tucumano Enrique Luque en una transacción que se hizo en Metán, provincia de Salta. Este territorio forma parte de los 6 millones de hectareas que aún están en conflicto en la provincia de Santiago del Estero.

El empresario no aceptó preguntas de la querella, sólo de los jueces, el fiscal y su propia defensa, y aclaró que no sabía que esas hectáreas estaban en conflicto con el MOCASE, y aclaró que él  compró un campo que ya estaba alambrado. Además contó asesinaron a Cristian cuando detuvo todos los trabajos en la zona  y dijo que grupos armados del Mocase atacaron violentamente a los trabajadores. Después, se declaró inocente.
“Nunca quise matar, solo me defendí”

Por la tarde fue el turno de Francisco Javier Juárez, el acusado de haberle disparado a Cristian, que contó su versión de aquel día. Dijo que Cristian y Darío Godoy (el otro herido de bala en aquella siesta) estaban amenazando con quemar postes del campo de Ciccioli y que ese el 16 de noviembre él andaba en su moto y cuando pasó por la casa de Godoy este lo llamó.

Ahí discutieron y apareció Cristian que, según Juárez, lo había amenazado. Después contó que le vio  algo en la cintura y que después lo empezaron  a patotear hasta el punto en que lo iban a golpear. Dijo que fue en ese momento en que sacó el arma y disparó. “Nunca quise matar, solo me defendí”, le dijo a los jueces Élida Suárez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre y Federico López Alzogaray.

“En el campo es así, porque uno no consigue carne todo el tiempo y tenés que arreglarte con los animalitos que encuentra”, contestó después de que le preguntaran la razón por la que andaba armado. Cabe recordar que el arma que mató a Cristian nunca fue encontrada, y precisamente esto se le preguntó ayer a Juárez que contestó que no se acordaba.

Los alegatos empezarán la semana que viene
Ayer también declararon los peritos que sólo confirmaron los informes que se presentaron en la causa. La audiencia continuó esta mañana y, tal y como adelantó Infojus Noticias, por el careo que se hizo entre testigos, los alegatos y la sentencia se prorrogaron para la semana que viene.

Ricardo Galván, un campesino de la zona, estuvo cara a cara con Sergio Ferreyra, primo de Cristian. Galván declaró que el día del crimen de Cristian había estado en el lugar, hecho que no está comprobado y que durante el careo el propio Galván desmintió. Dijo que estaba descompuesto y con graves problemas de presión, y presentó un certificado médico que la jueza rechazó. El próximo 3 de diciembre serán los alegatos en este juicio que termina.
Fuente:Infojus

SENTENCIA EN EL CASO DE UNA MILITANTE QUE SECUESTRARON EMBARAZADA.

27-11-2014
Lesa Humanidad
En el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín
Sentencia por el caso de una militante a la que secuestraron embarazada

Carlos José Ramón Shaller, Oscar Rubén Montagano y Carlos Quetglas escucharán hoy el veredicto por los delitos de lesa humanidad cometidos en diciembre de 1974 en Campana sobre Marta Querejeta. La Fiscalía pidió 14, 10 y 2 años, respectivamente. La querella, 20 para los dos primeros y 14 para el último.
Mariano Armagno
El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín dictará sentencia hoy por la tarde a dos miembros de la Prefectura y a un médico de la policía acusados de secuestrar y torturar en diciembre de 1974 a Marta Querejeta, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de 16 años, que tenía un embarazo de dos meses. Durante la mañana la defensa de los imputados realizará su alegato. El martes, el fiscal Marcelo García Berro pidió penas de entre 14 y 2 años para los acusados, mientras que la querella, representada por Pablo Llonto, pidió entre 20 y 14 años.

Según se reconstruyó en el debate, el 5 de diciembre de 1974, un grupo de tareas a cargo de un hombre de apellido Benítez llevó a Marta a la Prefectura Naval de Campana. Ahí fue interrogada por ese hombre y por el jefe de la dependencia, Carlos José Ramón Shaller, sobre su militancia en el PRT. Como no dijo nada, Benítez la llevó a una casa en Tigre o San Fernando para someterla a largas sesiones de tortura. En medio de los tormentos gritó que estaba embarazada. Sus captores le creyeron y la devolvieron al edificio de Prefectura.

Marta fue vista en ese edificio custodiada por el ex oficial Oscar Rubén Montagano. Un conscripto, durante el debate, confirmó que la chica estaba como perdida y que el prefecto la mantenía cautiva. De ese lugar salió en libertad con su cuerpo malherido por golpes y picana. El médico de policía Carlos Quetglas libró un certificado de salud sin revisarla y con la intención de cubrir lo que Marta tuvo que vivir durante su cautiverio.

Con la prueba que se produjo durante el juicio, García Berro, en su alegato, pidió que Shaller sea condenado a 14 años de prisión, por considerarlo autor de los delitos de dos allanamientos ilegales, privación ilegal de la libertad agravado y torturas agravadas por tratarse la víctima de una perseguida política. El representante del Ministerio Público entendió que Montagano le cabían los mismos delitos que a Shaller, sin los allanamientos.

Por eso pidió para él la pena de 10 años de prisión.

Para el caso de Quetglas, García Berro pidió 2 años de prisión por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El fiscal le explicó a Infojus Noticias que según la prueba que se dio a conocer en el debate, la imputación por torturar a Quetglas –así llegó a juicio– no era correcta. “Desde el inicio de la causa, por lo que puede apreciarse, el hecho debe imputarse no es torturas, sino encubrimiento en concurso ideal con el incumplimiento deberes funcionario público”, dijo.

El fiscal considera probado que Quetglas extendió un certificado de salud sin siquiera revisar a Marta y que no denunció, como correspondía, los tormentos a los que fue sometida la chica. Vale aclarar que los testigos confirmaron que al recuperar la libertad, Marta tenía las secuelas de la tortura visibles.

Desde la querella, Llonto entendió que tanto Shaller como Montagano deberían ser condenados a la pena de 20 años, mientras que para el médico Quetglas pidió 14. Los jueces Héctor Sagretti, Marta Milloc y Diego Barroetaveña serán los encargados de dictar sentencia.
Fuente:Infojus

OPINIÓN.

EL AGRAVIO COMO METODO DE CONSTRUCCION POLITICA
                                                                        Por: Eduardo Di Cola*
La respuesta destemplada y el insulto como actitud frente a determinadas circunstancias forman parte de las conductas propias de la naturaleza humana. Dentro de ciertos límites de razonabilidad es válido en todos los órdenes de la vida, siéndolo con mayor razón en los espacios de actuación en los cuales la pasión es un ingrediente vital, como es el caso de la política.

La razonabilidad está marcada por los límites de la excepcionalidad y proporcionalidad. La actitud irritada y hasta enfurecida  encuentra su fundamento en un principio de acción-reacción. Frente a un estímulo en determinada dirección encuentra en otro un efecto rebote que con  las características de contragolpe puede contener una carga de agresividad justificada por la dimensión de la acción a la que se responde. 

Incluso como respuesta la agresión física hasta el extremo de mayor gravedad,  encuentra en la ley su justificación en el derecho a la legítima defensa.

Inmerso en un clima de apasionada disputa puede entenderse el alto voltaje en las acusaciones que en un determinado momento pueden cruzarse oficialistas y opositores, esto es así en lo doméstico como en cualquier sociedad del mundo.

Remarco, excepcionalmente y dentro de ciertos límites. 

Lo que no se entiende y debe rechazarse enfáticamente es que la descalificación personal sin límites pase a formar parte de la lógica intrínseca de cualquier actividad. Que la ofensa se convierta en la principal herramienta de construcción.
Lamentablemente desde hace mucho tiempo la oposición política cayó en esa actitud reemplazando el debate de las ideas por la calumnia.

Al clausurar la disputa por las propuestas se quedaron solo con la difamación como único instrumento al que acuden incluso en el proceso de selección dentro del propio espacio opositor. En el mismo andarivel se diferencian a partir del agravio descalificador. Si esa es la actitud que tienen para con los propios pocas esperanzas nos queda de que puedan asumir una conducta diferente para con el oficialismo y el resto de la sociedad.
Negando la política clausuraron el espacio de desarrollo a la tolerancia que ellos mismos pregonan.  
                                                             *Ex Diputado Nacional

VILLA 31, EL SUEÑO QUE NO FUE.

Villa 31, el sueño que no fue

Por Demian Kofino. El problema habitacional en la Villa de Retiro no es nuevo. Entre los intentos por armar un barrio con viviendas dignas y populares se encuentra la de Ernesto Pastrana, sociólogo y militante chileno exiliado a Argentina en 1973. Una experiencia de planificación y autogestión parida desde el barro.

El avión se apoyaba en el suelo de Ezeiza, dejando atrás la inmensidad de sus días más felices. El 25 de septiembre de 1973 el sociólogo Ernesto Pastrana regresaba al país, tras intensos años en los que vivió la efervescencia política que derivó en el triunfo de la Unidad Popular y la vía chilena al Socialismo; en los que fue protagonista de los procesos organizados de tomas de tierras; en los que acompañó, desde sus primeros pasos científicos –sino militantes– al gobierno de Salvador Allende; en los que sufrió su letanía, hasta la destitución, de un camino real al mañana de todos.
Hacía dos semanas se acababa de salvar, apenas por una ráfaga de fortuna, de no caer en las garras de los cancerberos de Pinochet, el mismo día que Salvador Allende y Víctor Jara. Vapuleado, volvía de un territorio arrasado por el cinismo hacia otro, de futuro incierto e inevitablemente triste.
Llegaba al país del coleccionista de corbatas, del yerno de Lopecito, de Raúl Lastiri. En su mochila, además del desconsuelo, traía la vivencia de los “campamentos”, de aquellas tomas colectivas de tierras que aportaron organización y lucha por la vivienda digna al prólogo de la Unidad Popular, llegando a representar el 10 % de la población de Santiago en el año ´70.
Regresaba con una acumulación sociológica encomiable para desarrollarla en el ámbito académico. Pero él que había descubierto en Chile aquella máxima leninista de preferir mil veces participar de la experiencia de la Revolución a escribir sobre ella, sufría el hecho de percibir la inexorabilidad de una praxis inconclusa, cuando aún no se acertaba a tomar el cielo por asalto.
Sin embargo, a los pocos días de su arribo, un compañero le acercó una bocanada de aire limpio: un contacto para aportar su conocimiento a un proyecto urbanístico para la villa de Retiro. Cuando se reunieron, el arquitecto Carlos Levinton le confirmó que estaba terminando las bases de una propuesta de desarrollo de viviendas populares para toda la población villera en los propios terrenos de la villa de Retiro, pero que necesitaba incorporar un censo demográfico para saber quiénes serían los beneficiarios, calcular la cantidad aproximada de soluciones habitacionales nuevas a construir y robustecer el estudio y su factibilidad. Pastrana sintió que le volvía el alma militante al cuerpo político. Podría aplicar su pericia para mejorar la vida de miles de personas.
A casi 41 años del contexto descripto, Ernesto Pastrana me cuenta que el objetivo era “presentarle el proyecto a Perón”. El viejo General ya era presidente desde el 12 de octubre del ´73, y en él estaban depositadas las esperanzas de los villeros.
Pastrana preparó las planillas, adiestró a los pobladores para formular las preguntas y anotar las respuestas, llenando de información la esperanza irredenta. El censo se llevó a cabo de modo autogestión, durante los fines de semana de los últimos meses de ese año bisagra de la historia nacional, con la participación masiva de los vecinos como censistas y censados, captando los datos, numerando las casas, alimentando un sueño: la vivienda digna en el lugar.
Procesada parcialmente la información, con la tinta aún fresca cerrando los últimos trazos del proyecto urbanístico, el 23 de enero del ´74 los dirigentes de Villa 31 le llevaron la propuesta a Perón. Antes, por la mañana, Pastrana y Levinton habían repasado las ventajas del proyecto, sus puntos fuertes, sus ejes persuasivos, junto a los villeros, para demostrarle al presidente la conveniencia de la urbanización.
“Yo me acuerdo cuando volvieron”, susurra Pastrana, quien se había quedado a esperarlos junto con Levinton. Deja picando unos puntos suspensivos repletos de angustia. “No. Perón nos dijo que no”. No obstante el esfuerzo, el General había afirmado con rodeos, la necesidad de relocalizar la villa de Retiro, ante la incredulidad de los villeros, quienes habían sido partícipes necesarios del retorno del viejo líder.
Respira el sociólogo y deja hablar a su remembranza: “Me acuerdo del dirigente villero José Valenzuela, la cara de José Valenzuela. `Perón nos dijo que no´, que había que pensar en las áreas verdes, que había que hacer una zona de deportes, que era necesario un pulmón para la ciudad”. Luego, describe los planos y los estudios técnicos sin rumbo tras la verba engalanada de Perón, cómo fueron a parar a la guarida de López Rega y al deceso del anhelo.
“Volvieron muy tirados. Era una decepción muy grande y también una aceptación, por lo menos para José Valenzuela fue `Perón nos dijo que no´, no dijo ni `Hijo de Puta´, ni `Se dejó convencer por López Rega´, no le dio ningún epíteto a la decisión de Perón”. A partir de allí, sin la venia de Juan Perón y con el viento golpeando contra las fauces populares, la división del Movimiento Villero apareció a la vuelta del pasillo, junto con su debilitamiento. Los menos siguieron sosteniendo la bandera histórica de la vivienda en el lugar. El resto solo pudo aspirar a participar en la construcción de las nuevas viviendas en Ciudadela y Soldati, donde se relocalizarían los vecinos erradicados.
Pastrana, a los pocos meses, se desvinculó de aquella reivindicación urbanizadora, a la que aportó sueños, pasión, estudio y entrañables horas de sudor y expectativa. A partir de allí, fraccionó su tiempo entre la sociología aplicada al campo sindical y la sistematización de su experiencia villera.
Aquel pionero proyecto urbanizador fue invisibilizado. Aunque, de ese tiempo de ilusiones sulfatadas data su investigación sobre la villa de Retiro titulada “Historia de una villa miseria de la ciudad de Buenos Aires (1948-1973)”, que fuera publicada en plena dictadura militar en un única edición de la Revista Interamericana de Planificación en México, mientras él seguía viviendo entre las tinieblas de Buenos Aires.
Dicha obra fue parida en el barro. En el lodo del intelectual sartreano. Quizás por ello sea de lectura obligada para todos aquellos cronistas o investigadores que estudiamos la Historia de las villas. Tal vez, porque –ahora lo sabemos– la ciencia social tiene mil flores más sentido si se la intenta con el cuerpo, antes, durante o después de teorizarla.*
Envío:Demian Konfino

BAHÍA BLANCA: FAMILIARES DE MILITANTE DE LA JP DESAPARECIDO REVIVIERON TIEMPOS DE MIEDO y SILENCIO.

A Jorge del Río lo secuestraron y amenazaron a todos los que pedían por él 
Bahía: Familiares de militante de la JP desaparecido revivieron tiempos de miedo y silencio

Acceso a "Baterías", dentro de la Base Naval de Puerto Belgrano. Allí desapareció Jorge del Río 
Los familiares de un militante de la Juventud Peronista desaparecido desde 1976 declararon hoy en el marco del juicio oral y público a 25 represores de la dictadura imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada. Se trata de una hija y un hermano de Jorge del Río, quien militaba en la Juventud Peronista y fue detenido el 8 de septiembre de 1976 en momentos en que llegaba a la puerta de su casa de Bahía Blanca. Los testimonios se llevaron a cabo ante el Tribunal en lo Oral Federal, a cargo de los jueces José Mario Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava, en la audiencia que se llevó a cabo en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS).
Se trata de la causa 1.103 caratulada "Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros". En la jerga tribunalicia bahiense es conocida como la causa "Armada", ya que investiga delitos cometidos en el área represiva y jurisdicción de la Armada argentina.

El primer testimonio escuchado fue el de Nieves Lorena del Río, hija de Jorge, quien a través del sistema de videoconferencia desde Tierra del Fuego dijo que "a él se lo llevaron desde la puerta de mi casa, venía de trabajar y se lo llevan, no alcanza a entrar a mi casa, fue la última vez que lo vi, después no se supo nada más".

La mujer relató que tras la detención de su padre "lo que me dijo mi mamá es que fueron a distintos lugares, al V Cuerpo del Ejército y que la amenazaron a que no siga buscando". "Mi mamá tenía miedo, yo lo que recuerdo es ir a La Pampa, a la casa de mis abuelos maternos, por el miedo que teníamos”, afirmó.

Al ser consultada cómo le había afectado la desaparición de su padre, la mujer dijo que "mi mamá siempre tuvo mucho miedo, perdí contacto no sólo con mi papá sino con la familia; de hecho mi mamá no quiso declarar y siempre tuvo mucho miedo, no fueron épocas fáciles".

Luego y ante el Tribunal prestó declaración Rubén Oscar del Río, de 62 años, hermano de la víctima, quien dijo que "él vivía conmigo y con mis padres en una esquina que es pasaje Corrientes y Esnaola, hay un garaje y está todo conectado. Según mis padres, entraron por el lado de pasaje Corrientes, le pusieron un revólver en la cabeza a cada uno y a mi hermano una bolsa en la cabeza". "Yo me enteré a las once de la noche más o menos, cuando me fui a buscar un tío de mi mamá, fuimos a las comisarias a preguntar, ninguno sabía nada y caí por último en la Policía Federal", comentó.

El testigo dijo que el 9 de septiembre y junto con el tío se dirigieron al Comando (del V Cuerpo), donde "nos hicieron pasar, nos metieron a la derecha, debía ser la guardia porque estaban los conscriptos durmiendo y nos tuvieron 12 horas en calidad de no sé qué", al indicar que luego de eso les dijeron que se retiraran. Por último y al ser consultado sobre los motivos por los cuáles secuestraron a su hermano, el hombre afirmó: "pienso, por la militancia".

Según obra en los archivos de la Ex DIPBA (hoy Comisión Provincial de la Memoria, en La Plata), el pedido de "captura" (clandestina) de Jorge del Río fue originado en el Servicio de Inteligencia Naval (SIN). "De las constancias obrantes en autos -se lee en una foja del informe respectivo- se tiene por acreditado que Jorge Del Rió fue secuestrado de su domicilio el 08/09/76 en horas de la tarde, siendo posteriormente trasladado al centro clandestino de detención "Baterias" que funciono en la Base Naval de Puerto Belgrano, donde fue interrogado y sometido a tormentos; siendo luego ejecutado, desconociendose de que modo o con que medios lo hicieron, por permanecer aun desaparecido su cuerpo".
Fuente:Telam





El requerimiento fiscal fue contra Santiago Martínez
Piden apartar al juez que rehusa investigar delitos sexuales de la dictadura
Se trata del mismo magistrado recusado por demorar la causa contra el dueño de La Nueva Provincia. Rechazó indagar a 71 imputados por esos crímenes.
Piden apartar al juez que rehusa investigar delitos sexuales de la dictadura
Violaciones y tormentos - En La Escuelita, mazmorra bahiense, ocurrieron los delitos que Martínez (foto) no investiga.
La investigación de los delitos sexuales cometidos en la última dictadura continúa demorada en Bahía Blanca. Tras el rechazo del juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez a indagar a 71 imputados, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos reclamó ayer su apartamiento del expediente por falta de objetividad e imparcialidad.

La recusación al juez fue firmada por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, quienes en diciembre del año pasado le hicieron el pedido para que indague a 71 ex militares por delitos sexuales cometidos contra 52 mujeres que estuvieron cautivas en centros clandestinos de detención del V Cuerpo del Ejército.

El miércoles pasado, a pesar de un fallo de la Cámara Federal bahiense que le ordenó continuar con la investigación, el juez subrogante rechazó una vez más el pedido y, en una decisión inédita, condicionó el llamado a indagatoria a que la Fiscalía sume nuevas víctimas por otros hechos.

"Supeditó la indagatoria a que requiramos nuevos casos pero lo que hace es volver a entorpecer la investigación. Antes ya nos había dicho que los delitos sexuales no eran parte del plan sistemático, es decir que eran excesos", detalló Nebbia a este diario.

El juez ya fue recusado por demoras en la investigación contra el director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, por el asesinato de dos delegados de su empresa, y en la causa que se investigó el rol del fallecido ex capellán del Ejército, Aldo Vara.

"Evidentemente no quiere avanzar con esta causa como no avanzó con Vara y con La Nueva Provincia", agregó Nebbia.

A partir de este polémico fallo de Martínez, la Unidad Fiscal apeló la decisión del juez  y lo recusó. "Carece no sólo de la necesaria objetividad e imparcialidad para estar a cargo de la instrucción de los mismos sino de la imprescindible perspectiva para abordar el complejo fenómeno criminal que se le lleva a resolver", aseguraron los fiscales en el fallo difundido ayer por Fiscales.gob.ar.

Consideraron que el juez "omitió cumplir con lo resuelto por la alzada local, paralizando y obstaculizando nuevamente el avance del proceso (pese a lo ordenado por el tribunal superior) y condicionándolo al resultado de la investigación de otros hechos diferentes", sostuvieron.

También recordaron que su fallo anterior, revertido por la Cámara, ya era suficiente argumento para el apartamiento. En ese momento, Martínez sostuvo la "imposibilidad de atribuirle a los imputados los hechos descriptos", y consideró no acreditado "que las conductas reprochadas fueron parte o finalidad esencial del grupo organizado de poder".
Nebbia y Palazzani concluyeron: "Un magistrado que, a esta altura del desarrollo de los procesos de lesa humanidad, considera que los diversos delitos contra la integridad sexual que se cometieron en el marco del plan criminal de exterminio no eran parte del mismo, carece no sólo de la necesaria objetividad e imparcialidad para estar a cargo de la instrucción de los mismos sino de la imprescindible perspectiva para abordar el complejo fenómeno criminal que se le lleva a resolver".
Fuente:TiempoArgentino

UTURUNCOS. LA PRIMERA GUERRILLA.

Uturuncos, la primera guerrilla‏
La toma del centro policial de Frías, Santiago del Estero, fue la primera acción guerrillera del siglo XX en la Argentina. Con ella se lanzaba un ambicioso plan insurreccional. Este incluía levantamientos en el Ejército, puebladas y huelgas generales. Desde esta ciudad estratégica, por su ubicación fronteriza con Catamarca y su cercanía con Tucumán, se inició el intento de consolidar una poderosa fuerza revolucionaria en los selváticos cerros de la región. Audición Todavía Cantamos. Radio Nacional, Santiago del Estero, los sábados de 9 a 10. Clic aquí para escuchar.

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Asociación de Ex Presos Políticos 
y Sobrevivientes al Terrorismo de Estado
Santiago del Estero
Envío:AexPPCdba

LA RIOJA: DIARIO DEL JUICIO.

Envío:AexPPCdba

SALTA: MURIÓ MALHALL, EL JEFE DEL AREA MILITAR QUE CONTABA CON CUATRO CONDENAS A PERPETUA.


A los 84 años, falleció en el Hospital Militar Central de Buenos Aires
Salta: murió Mulhall, el jefe de área militar que contaba con cuatro condenas a perpetua

25.11.2014
Había sido condenado por la Masacre de Las Palomitas, por el asesinato del gobernador Ragone, por múltiples hechos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios y, recientemente, en la causa Metán, que incluyó también delitos sexuales. Fue la máxima autoridad de la represión ilegal en la zona desde la jefatura del Área 322.


Foto: Télam
Foto: Télam
El ex coronel del Ejécito y máxima autoridad durante la época de la represión ilegal en Salta, Carlos Alberto Mulhall, falleció este viernes a los 84 años de edad en el Hospital Militar Central de Buenos Aires, donde se encontraba internado por una fractura de cadera, informó la Unidad Fiscal de Salta que interviene en las causas por crímenes de lesa humanidad.

Mulhall, quien fue jefe del Área 322 del Ejército entre diciembre de 1975 y el mismo mes de 1977, había sido condenado a prisión perpetua en cuatro oportunidades, la última el pasado 29 de septiembre. Los delitos por los que resultó condenado son homicidios reiterados, privaciones ilegales de la libertad, tormentos y abusos sexuales.

El ex militar fue sentenciado en el primer juicio por la Masacre de Las Palomitas (21/12/2010), el primer debate por el homicidio del gobernador provincial Miguel Ragone (11/10/2011), la denominada Megacausa UNSa (20/12/2013) -en la que se juzgaron casos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios en perjuicio de 34 víctimas como resultado de la unificación de 19 causas que tramitaron la instrucción por separado- y, recientemente, en el juicio por los crímenes en Metán (29/09/2014).

Mulhall -que cumplía detención domiciliaria- sólo tenía sentencia firme en la causa de la Masacre de Las Palomitas, donde se juzgaron los homicidios de once presos políticos durante un procedimiento fraguado el 6 de julio de 1976.

El fiscal de Salta Juan Manuel Sivila informó a Fiscales que el militar "estaba imputado en numerosas causas todavía en etapa de instrucción" y especificó que "se encontraba acusado en ocho causas a la espera de juicio en el Tribunal Oral Federal de Salta", mientras aguardaba el comienzo del próximo debate donde se dilucidaría su responsabilidad, el 2 de diciembre próximo.
Fuente:Fiscales.gob.ar

LA MEMORIA OBSTINADA.

La memoria obstinada
La memoria obstinada
noviembre 24
Por Marco Teruggi*. “A los que están en la casa de 30 número 1136, que salgan con las manos en alto. Están rodeados por efectivos de las fuerzas conjuntas”. La frase suena como un disparo lento. La escuchan los vecinos que están almorzando con sus hijos, los centenares de efectivos que tienen rodeada la casa con autos y tanques, el comandante del primer cuerpo del ejército, Suárez Mason, el titular de la policía provincial, Ramón Camps, su jefe de investigación, Miguel Osvaldo Etchecolatz, los helicópteros que ya se acercan, los pájaros que huyen de los helicópteros, los árboles que se mueven sacudidos de toda su primavera de tilos ese miércoles 24 de noviembre de 1976, a la una y 20 de la tarde.

Y la escuchan Diana –que se llama Didi desde que entró a Montoneros-, los cuatro compañeros que están junto a ella en el comedor terminando de almorzar, y tal vez Clara Anahí, su hija de tres meses, que abre los ojos desde el cochecito. Inmediatamente comienzan a improvisar las barricadas con muebles, se alejan de las ventanas, buscan dónde ubicarse, recuerdan los entrenamientos y se preparan para resistir.

La frase no se repite. Hace calor en esa tarde que debía ser tranquila: Diana iba a llevar a Clara Anahí a ver a su abuela Chicha, y de allí se iría a la facultad donde es ayudante de cátedra. Daniel –a quien conocen como Cacho desde que lleva nombre de guerra- había salido a Buenos Aires media hora antes, luego de despedirse de su hija, de Diana, y de los integrantes de la casa operativa: Roberto, Daniel, Alberto, Juan Carlos.

Es un miércoles, un húmedo miércoles de la ciudad de La Plata, de la vida clandestina y pública de un grupo de militantes en un país dividido geográficamente en cinco zonas por las Fuerzas Armadas, por la dictadura cívico-militar que lleva exactamente ocho meses al mando directo del Estado. Ellos están en la zona uno, dirigida por quienes están en persona afuera de su casa.
***
En el fondo del patio se encuentra la imprenta, una pequeña rotativa offset. Está dentro de un embute que mide 1.20 de ancho por 10 metros de largo, un escondite al cual se entra por una pequeña puerta hecha del mismo material de la pared, colocada sobre una estructura mecánica que se desliza hacia dentro permitiendo el ingreso. Al cerrarse la puerta el muro solo parece un muro, el final de una casa, no se ve ni se escuche que adentro se imprimen los cinco mil ejemplares mensuales de la revista Evita Montonera.

Diana y Daniel han sido asignados a esa casa para darle cobertura desde la construcción de la falsa pared, para parecer una pareja común, corriente, que conversa con los vecinos, compra en los almacenes del barrio, produce conejos en escabeche y sale a venderlos.

Cuando se oye la voz desde la calle no hay nadie en el embute -aproximadamente tres horas más tarde allí caerá una granada incendiaria. La casa es atacada por el frente, desde la calle y los techos de los vecinos, y también por la terraza y pared medianera de la vivienda aledaña. Saben cómo hacer: ya han atacado dos casas operativas de Montoneros el 22 de noviembre: una en 63 entre 14 y 15, hacia las seis de la mañana, la otra en 139 entre 47 y 49, alrededor de las siete de la tarde. En la primera la organización escondía documentos falsificados. Allí asesinaron a un matrimonio y se llevaron secuestrado al hijo –que luego sería devuelto a su abuela. En la segunda estaban las armas. Varios militantes resultaron muertos al retirarse el operativo militar.
Casa de los Conejos
La defensa en la calle 30 no cesa hasta las cuatro y 25 de la tarde. Es una resistencia cada vez más encerrada, las Browning 9 milímetros y los Fusiles Automáticos Livianos de los cinco militantes no pueden contra las ráfagas de balas que golpean las paredes y estallan los vidrios. Los militares y la policía ocupan más y más techos y cielo: cargan artillería liviana, armas largas, cortas, blindados, helicópteros, son casi quinientos.

No existe la posibilidad de rendirse: es una decisión que ha sido debatida, en la organización, entre ellos. Saben además de los campos de detención, de la Escuela de Mecánica de la Armada, las torturas, los vuelos de la muerte, lo han denunciado en el último número que imprimieron y repartieron con el citroën que ahora está siendo acribillado en el garaje.

Entonces Diana intenta salir por el fondo, llegar hasta la medianera perpendicular al muro de la imprenta. Lleva a Clara Anahí en brazos, envuelta en una frazada, tal vez ya no quedan municiones a esa hora, cuando ya varios compañeros han muerto, y ella sabe que queda poco, nada, y debe intentar lo que parece inalcanzable, ese escape, su hija.

¿Escucha en ese momento la orden de Etchecolatz a sus espaldas, “tirale negro que no se nos escape, dale rajala al medio”, la escucha y corre más rápido, y abraza más fuerte la frazada, la vida dentro de la frazada?

El último estruendo que se escucha es el impacto del disparo de basuka contra el frente de la casa. El proyectil atraviesa tres paredes, convierte el aire en polvo y piedras, hace más fuego el fuego. Luego se escuchan las órdenes, el ruido de las botas sobre los escombros, el entrar y salir de la casa de los jefes del operativo, los colimbas apostados en la entrada, algunos autos arrancando. ¿Cuántos ven en esos movimientos a un hombre sacar viva a Clara Anahí de la casa, mientras cerca del limonero del patio ha quedado Diana que será enterrada junto a los demás compañeros como NN?
***
Ella fue Diana Teruggi. Parte de ella, mi tía, de quien nunca conocí los ojos verdes. Así llegó a lo que el poeta Rainer María Rilke nombró como la gran muerte que cada uno lleva en sí. Esa fue la suya y la miró de frente, de lleno y le disparó. Así también sucedió con los compañeros de la casa, con Daniel Mariani, asesinado nueve meses después en una calle de La Plata, con una generación que no pudo con el enemigo y cuya verdad quedó tendida boca arriba durante largos años, como un viento aplastado por la lluvia.

Pero la derrota que existió no triunfó. Por eso cuando una tarde apareció un joven llamado Guido la lluvia se alejó. Como ocurrió con Ana Libertad. Con los 115 nietos a quienes fue restituida la identidad. Como sucederá cuando Clara Anahí abra la puerta que siempre estuvo abierta, llamándola. ¿O es que alguien piensa que tanta búsqueda, tanta calle, tanto tribunal será en vano? Su aparición será arrancar la luz de la sombra, como una voz del pasado que volverá a mirarnos de frente –así nos veremos a nosotros mismos-, devolviéndole vida a la ausencia.

Pero también nos mira de frente esa verdad boca arriba. ¿Qué hemos hecho con ella? Ya ha sido condenada, olvidada, luego paseada hueca por salones, enjaulada como un recuerdo inofensivo hasta afirmar que hoy sería lo que se buscó ayer. ¿Acaso puede decirse que aquella etapa, ese proyecto que logró acorralar a las clases dominantes, es el que continúan quiénes hoy gobiernan? ¿Qué es lo que está por venir? No se llega donde uno nunca se ha propuesto ir -me cuesta imaginar a Diana aplaudir a la presidenta escuchándola afirmar en cadena nacional: “Terminen con esas locura del socialismo y todas esas cosas”.

¿Entonces la verdad? Debemos reconstruirla para acompañar la nueva que se está inventando, puesta sobre la escena el 19 y 20 de diciembre del 2001, haciéndose en Venezuela, la de esta época, enraizada en el pueblo, en su idioma. Por eso volvemos una y otra vez sobre el intento de esa generación. Para preguntarle, increparla, encontrar nuevas respuestas, construyendo memoria. Y para no olvidar, porque necesitamos acercarnos a nuestros muertos, conversar con ellos, decirles que seguimos con la palabra obstinada y el viento levantado.

* Sobrino de Diana Teruggi / Licenciado en Sociología
comoelvientoenlanoche.wordpress.com
Fuente:NotasPeriodismoPopular

PIDIERON INDAGAR A DOS EX GERENTES DE MERCEDES BENZ.

Lunes 24 de Noviembre de 2014
Pidieron indagar a dos ex gerentes de Mercedes Benz
Es por el secuestro de obreros de la automotriz durante la dictadura. "La represión perseguía un objetivo económico", indicó la fiscalía. Además, hizo mención a la "indispensable intervención de sectores empresarios".
Por franco mizrahi 
El avance judicial sobre la complicidad empresaria con el terrorismo de Estado es una cuenta pendiente de los juicios de lesa humanidad. Según consignó Tiempo Argentino, el viernes pasado, la oficina que investiga las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en Campo de Mayo, a cargo de los fiscales Miguel Blanco García Ordás y Hugo Bogetti, solicitó a la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, que cite a indagatoria a dos ex gerentes de la automotriz Mercedes Benz por su presunta colaboración con la represión. 

Para lograr que los civiles sean juzgados con premura, los procuradores solicitaron que se suspenda la elevación a juicio del caso hasta que los acusados sean citados. Los únicos imputados en la causa que se inició hace 12 años por el secuestro de 13 trabajadores y activistas de la planta de González Catán son militares que ya fueron juzgados en otros expedientes.

El caso testigo es el de Ford, donde fueron procesados tres civiles que esperan detenidos el inicio el juicio. Se estima que comenzará el año próximo. Blanco García Ordás y Bogetti imputaron a Rubén Cuevas, ex gerente de Asuntos Jurídicos, y Juan Tasselkraut, que tuvo a su cargo el área de Producción, el "haber arbitrado los medios necesarios" para señalar a los trabajadores de la compañía con la intención de que fueran secuestrados por la dictadura.

Los vincularon con la privación ilegal de la libertad, los tormentos y el homicidio agravado en los siete casos que son investigados. Ocurre que de los 13 obreros secuestrados en la planta, seis no fueron trasladados a Campo de Mayo por lo que la pesquisa se dividió. Ese fragmento recayó en otra jurisdicción.

Para el abogado querellante Pablo Llonto, "es necesario que en el caso Mercedes Benz la elevación a juicio incluya responsables civiles. Hay una cantidad importante de prueba que indica que hubo una participación criminal de directivos y gerentes en los secuestros de los obreros, sobre todo los que fueron llevados a Campo de Mayo", señaló. Los fiscales coinciden con el letrado.

En su resolución destacaron "la estrecha relación entre el personal directivo (de la automotriz) y la cúpula militar". Por caso, citaron que en 1977 se montó una casilla castrense en la empresa.

A eso se suma, entre diversos elementos, que Rubén Lavallén, comisario de San Justo y condenado por la apropiación de una menor, fue reconocido por el obrero secuestrado Alfredo Martín como su captor. En 1978, Lavallén fue designado jefe de vigilancia de la planta de González Catán.

Para Blanco García Ordás y Bogetti "abundan los documentos y testimonios que sostienen que la brutal represión de la dictadura perseguía un innegable objetivo económico, para cuyo logro resultaba indispensable la intervención de sectores empresarios y sindicales que reclamaran la intervención de las esferas represivas o cuanto menos lo alentaran o encubrieran".

El caso Mercedes Benz podría transformarse en el segundo de la megacausa Campo de Mayo en el que, si la magistrada Vence lo avala, serían indagados cómplices empresarios. El caso testigo es el de Ford, donde fueron procesados tres civiles que esperan detenidos el inicio el juicio. Se estima que comenzará el año próximo.

En cambio, la complicidad de los directores fue soslayada hasta el momento en otras causas donde se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo.

Es el caso de Astilleros Navales Astarsa y Mestrina; las ceramistas Lozadur y Cattaneo; y la empresa Dálmine, en Campana, que hoy pertenece al Grupo Techint. Para los procuradores este vacío se debe a "una resistencia por parte de los operadores de la justicia de ahondar las investigaciones hacia los sectores civiles –empresariales en este caso– que apoyaron, colaboraron y facilitaron" la "cruenta represión" durante la última dictadura.
Fuente:Infonews

ESTELA DE CARLOTTO AFIRMA QUE EL AMOR AYUDA A CURAR TODAS LAS HERIDAS DE LOS NIÑOS.

jueves, 27/11/14 
Estela de Carlotto afirma que el amor ayuda a curar todas las heridas de los niños


Dedicada desde hace casi 40 años a defender los derechos humanos y a buscar a los hijos de los desaparecidos de la dictadura argentina, Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, ha aprendido que el amor es lo más importante para un niño y ayuda a curar todas las heridas.
Estela de Carlotto afirma que el amor ayuda a curar todas las heridas de los niños



Dedicada desde hace casi 40 años a defender los derechos humanos y a buscar a los hijos de los desaparecidos de la dictadura argentina, Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, ha aprendido que el amor es lo más importante para un niño y ayuda a curar todas las heridas.

Desde la desaparición de su hija Laura, que fue secuestrada cuando estaba embarazada, a fines de 1977, Estela Barnes de Carlotto no ha dejado de buscar a los niños robados por la dictadura militar (1976-1983).

Después de 37 años de lucha al frente de Abuelas de Plaza de Mayo tiene muchos motivos para celebrar, no solo porque han logrado identificar a 115 jóvenes sino porque uno de ellos, Guido, es su propio nieto.

La recuperación de Guido ha sido una auténtica sorpresa para esta abuela de 84 años, que agradece hasta el día de hoy que permitieran a la organización que preside participar en la elaboración de la Convención sobre los Derechos del Niño para incluir varios capítulos referidos a la identidad.

Estela de Carlotto ha sido escogida para la campaña de Unicef, e alianza con la Agencia Efe, "25 líderes, 25 voces por la infancia", dirigida a resaltar la importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño, que acaba de cumplir 25 años.

Todavía 1,3 millones de nacimientos no se registran cada año y 6,5 millones de niños no cuentan con un certificado de nacimiento en América Latina, según un informe divulgado con motivo del aniversario de la convención.



Pregunta: ¿Cuál es la aportación de Abuelas de Plaza de Mayo a la Convención?
Respuesta: Cuando se estaba ajustando la letra de la Convención comienza el primer gobierno constitucional tras la dictadura, en 1984, y se nos convocó desde el gobierno a ser parte de la letra incluyendo lo que entendíamos que había que poner sobre el derecho a la identidad. Hasta el día de hoy agradecemos esta convocatoria.

Por supuesto con toda disposición dimos nuestro parecer referido a estos artículos que integran la Convención Internacional, que son los artículos 7, 8 y 11.

En ellos la letra habla del derecho del niño a tener su nombre, vivir en su país, en otro titulo habla de los niños sacados ilícitamente de su país de origen, tiene que haber convenios bilaterales entre los distintos países, el de origen y donde fue llevado por diferentes motivos para la restitución al lugar donde le corresponde estar y el derecho a la identidad, todos nacemos en un lugar con padres y madres, tenemos una patria y un lugar.


P: ¿Cómo se puede cumplir en el día a día la Convención?
R: En mi condición particular, como docente me encanta poner en práctica la Convención, pero también como madre, tuve cuatro hijos. El respeto por el niño, el respeto a sus necesidades, a sus demandas. Sobre todo hay una palabra máxima que encierra la función de protección integral del niño: amor. La palabra amor. Para que el niño reciba amor, sea de una familia pobre rica o mediana. Si hay amor todo lo demás se pierde en el olvido.


P. En estos 25 años, ¿La Convención ha contribuido a mejorar la situación de la infancia?
R: Ha mejorado porque el mundo en este siglo XXI sobre todo ha entendido que se debe manifestar a viva voz lo que niño necesita y los que han firmado tienen la obligación de cumplirlo. Con esa obligación se los demanda y el espacio de Naciones Unidas es un espacio propicio para esto.

La modernidad nos permite encontrar lugares donde se violan los derechos de los niños, denunciarlo y corregirlo.


P: ¿Cuáles son, a su juicio, las asignaturas pendientes?
R: Mejoraría mucho el tratamiento a los niños si hubiera justicia social. Si en todos los países comieran todos los días sus habitantes, tuvieran un techo, su salud atendida, la educación y el ocio o el disfrute de la vida. Si un niño se muere por no tener comida se está violando esta Convención porque la vida de ese niño es sagrada. La perfección, ojalá algún día llegue. Hay países que viven de los otros países y en esos países viven con pobreza y esa desigualdad es la que tiene que tender a desaparecer para que todos vivan con la dignidad que cada ser humano merece vivir desde que nace, en un hogar con cariño, en el hogar como lo quieran conformar, ahora hay diversidad, con el amor, la crianza la alimentación, la educación y sobre todo el respeto, es un ser humano al que no se le debe castigar ni física ni psíquicamente, sino criarlo sanamente.

Es un sueño, pero si una abuela soñó durante 36 años con encontrar a su nieto y lo encontró, por que no se puede soñar que a corto plazo la Convención se cumpla a ultranza en todos los países del mundo.


P: ¿Cómo recuerda su infancia? ¿Algún momento que rescate especialmente?
R: El cariño de una mamá y la moral de un padre, eso es lo que yo recuerdo, con signos de formación, lo que se debía hacer y lo que no. Por ejemplo, me decía mi mamá cuando yo iba a los cumpleaños de mis compañeritas: nunca agarres el pedazo de torta más grande, si queda el último pedazo tampoco lo agarres, pensá en el otro, si el otro no tiene, dale.

Esas cosas de no pensar en uno sin o en el otro.

También como recuerdo no grato pero que me marcó y después la historia es la que viví: el dolor que sentía yo por los huérfanos de la guerra. En Argentina no hubo guerra, entramos en guerra casi al final, sin ningún tipo de conflicto, pero ver en las revistas las caravanas de niños huérfanos, para mí era terrible. Tal es así que como me gustaba escribir hice algunos poemas sobre los niños de la guerra y sobre la paz, y son palabras que hoy, con la edad que tengo, todavía manejo.


P: ¿Quizá esta experiencia contribuyó a formar la personalidad de Estela de Carlotto como presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo?
R: Exactamente, pero esa personalidad que uno la trae implícita, que uno la tiene al nacer, también la forjan los padres en la crianza, por eso, cuando se quiere ser padre y madre se debe saber que hay que dar mucho amor; cuando se quiere ser maestro se debe saber que hay que dar mucho amor; y cuando se quiere ser abuela, amor y consentimiento, o sea, la abuela es la que malcría.
Fuente:LaInformacion.com

JUNÍN: IMPLICAN A EX COMISARIO MASTANDREA y RELATAN CALVARIO DE MILITANTE PERONISTA PÍO SOBERANO.

COMENZÓ EL JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS EN NUESTRA CIUDAD
Familiares y víctimas de la represión revivieron el horror sufrido en Junín
En la primera jornada, la esposa e hijos de Pío Soberano recordaron el momento en que el entonces dirigente gremial fue secuestrado. También testificaron Carlos Lablunda –cuyo hermano sigue desaparecido– y Patricio Griffin, detenido en 1976. Los siete acusados se negaron a declarar.

jueves, 27 de noviembre de 2014
Por Sebastián Martino
Familiares y víctimas de la represión revivieron el horror sufrido en Junín
El ex comisario Edgardo Mastrandrea está acusado por catorce casos de privación ilegítima de la libertad.
Ayer comenzó el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Junín durante la última dictadura cívico militar y en ese marco, familiares y víctimas de la represión debieron revivir el horror de esa época al testificar ante al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata.

En esta primera jornada, la esposa e hijos del ex dirigente gremial Rubén Pío Soberano, fueron los primeros en prestar declaración ante los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Álvarez.

Con profunda emoción, los familiares de Soberano relataron los pormenores del calvario sufrido por el ex empleado del Correo, mientras eran escuchados con atención por el público que colmó las instalaciones del Salón de la Democracia Argentina de la UNNOBA, lugar en el que se llevó a cabo el proceso.

Lusardi contó que su marido fue llevado de su puesto de trabajo en el Correo el 24 de marzo de 1976 , y alojado en la Comisaría Primera. Allí, según su testimonio, fue recibido por el comisario Edgardo Mastrandrea (uno de los acusados), quien “le pegó una trompada por la que se le cayó una pieza dental”.

En su testimonio, Lusardi explicó que estuvo buscando a su esposo en la Comisaría Primera, en el Cuartel, hasta que le informaron que había sido trasladado a San Nicolás.
Además, señaló que Soberano estuvo detenido ilegalmente cuatro meses, hasta que “lo soltaron”. Según dijo, luego de su detención “estaba muy deteriorado físicamente”.

“Crecimos en un contexto de miedo”
Luego, Pablo Soberano fue el que relató cómo vivió él, con sólo siete años, el secuestro de su padre: “Me acuerdo patente el lugar de detención, es algo que me quedó marcado. 

Cuando íbamos a visitarlo nos hacían desnudar para revisarnos y después podíamos pasar. Él estaba muy delgado, muy deteriorado en su aspecto”.
En tanto, Pablo explicó que su propia vida tampoco era sencilla ya que “había militares en la puerta de casa, en la esquina”, para luego confirmar que se sentía “perseguido”.
“Crecimos en un contexto de miedo”, afirmó.

Por su parte, su hermana Carolina aseveró que lo vivido en esa época le dejó a ella “secuelas en la salud”, y amplió: “Depresión, llanto, angustia, no poder llevar a mis hijos a la plaza, vivo con miedo y eso es la consecuencia de esos años”.

Para Carolina, su padre “era una persona muy grande, súper honesta, carismática, buen padre y buen marido”, y reconoció que los años posteriores también “fueron muy duros”.
Luego de cada testimonio, la concurrencia de la sala le brindó un caluroso aplauso a los declarantes.

“Dónde están”
El siguiente testigo citado fue Carlos Lablunda, quien fuera detenido antes del golpe de estado: el 18 de marzo de 1976.

Lablunda fue llevado a la Comisaría Primera junto con su padre y el mismo día ingresó a su celda su hermano Pedro, quien aún se encuentra desaparecido. En su declaración, recordó que le fue colocada una capucha, le tomaron huellas digitales y le “hicieron chistes sobre el gallito ciego”.

Posteriormente contó que fue trasladado a la cárcel de San Nicolás, donde vio a Pío Soberano. “Sufrió mucho porque hubo una gran persecución sobre los sindicalistas”, relató.

Al finalizar su testimonio, pidió la palabra al Tribunal y sentenció con voz entrecortada por la emoción, pero contundente en su reclamo: “Quiero que Gómez Pola me diga dónde están Pedro Lablunda y Mabel Fontana”. Ante este reclamo, hubo un cerrado aplauso por parte del auditorio.

El último testigo de la primera jornada fue el actual titular del Inaes, Patricio Griffin, quien recordó que también fue detenido el 18 de marzo de 1976.
Griffin relató que lo ataron con un cinturón, le vendaron los ojos y lo llevaron a la Comisaría Primera: “En un momento me sacaron al patio e hicieron un simulacro de fusilamiento, en donde yo escuchaba que decían ‘sáquenle la capucha así le tiramos’, y cuando efectivamente me la sacaron yo, mientras pensaba en no hacer ninguna concesión, sonreí. 

Lo cierto es que no me tiraron sino que me sacaron una foto que después le fue mostrada a mi esposa diciéndole ‘usted se queja y mire cómo se ríe él’”.
Más adelante, Griffin contó que a él también lo enviaron a San Nicolás y luego fue trasladado a Sierra Chica.

La causa
En este proceso, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata juzga a los ex policías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio Chiacchietta, y al ex militar Ángel José Gómez Pola, quien no estuvo presente en la sala ya que por cuestiones de salud debió quedarse en el penal de Ezeiza, aunque participó de la primera parte del proceso a través de videoconferencia.

Los siete acusados se negaron a declarar en este juicio en el que se investigan los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos, cometidos en perjuicio de 24 víctimas.
El doctor Martín Adrogué, abogado defensor de Gómez Pola, solicitó para su patrocinado el beneficio de la detención domiciliaria alegando que “siempre se ha apegado al proceso” y señalando que los informes médicos advierten sobre “riesgos de descompensación”, por lo que consideró que si el acusado estuviera en su casa “podría concurrir a centros de alta complejidad en caso de que ocurriera una descompensación”. No obstante, el pedido fue rechazado por unanimidad por parte del Tribunal.

Asimismo, los abogados defensores de los restantes acusados, Ariel Hernández y Paula Colombo, pidieron que sus defendidos no tengan la obligación de asistir a las próximas audiencias para “evitar los traslados”, solicitud que será analizada por el Tribunal.

En este proceso se investiga la participación de los acusados en el circuito represivo conocido como Subzona 13, dependiente del área 131, en la que funcionaron tres centros clandestinos de detención: la Comisaría Primera de Junín, la Unidad Penitenciaria 13 (UP13) y el destacamento rural de Morse.

Para la fiscalía, representada por los doctores Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, los hechos de Junín “respondieron a un plan criminal”. En los autos de elevación a juicio, adujeron que en la Comisaría Primera “había una parte legal y otra ilegal: en un sector había celdas compartidas pero se habilitó un lugar específico para torturas en el primer piso”.

En tanto, los fiscales advirtieron que el edificio de la UP13 aún no había sido inaugurado en aquellos años, por lo que “fue afectado para el citado plan y funcionó como centro clandestino de detención”.  
Fuente:DiarioDemocracia.com



Juicio por delitos de lesa humanidad en Junín
Implican a ex comisario Mastrandrea y relatan calvario de militante peronista Pío Soberano
Los primeros testigos en declarar en el juicio de lesa humanidad de Junín que comenzó hoy contra siete represores, implicaron al ex comisario Edgardo Mastandrea en el secuentro de Rubén Pío Soberano, miltante de las 62 Organizaciones peronistas que fue detenido el 24 de marzo de 1976.

miércoles, 26 de noviembre de 2014

Implican a ex comisario Mastrandrea y relatan calvario de militante peronista Pío Soberano
Comenzó el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Junín durante la última dictadura cívico-militar.
Los primeros testigos en declarar en el juicio de lesa humanidad de Junín que comenzó hoy contra siete represores, implicaron al ex comisario Edgardo Mastrandrea en el secuentro de Rubén Pío Soberano, miltante de las 62 Organizaciones peronistas que fue detenido el 24 de marzo de 1976.

Los testimonios correspondieron a la esposa y los hijos de Soberano, un trabajador del correo que fue capturado por efectivos militares cuando ingresaba a su trabajo.
Silvia Luzardi, la esposa de Pío Soberano, y sus hijos, Pablo y Carolina, que al momento del hecho tenían siete y tres años, relataron el calvario que padecieron tras el apresamiento de este trabajador postal.

"Recorrí las comisarías de Junín, estuve en la Primera, y en el cuartel militar de la ciudad, y nunca pude encontrarlo. Hasta que me instalé con mis hijos en la puerta de la unidad del Ejército hasta que un mayor de apellido Assef me recibió y me dijo que estaba en el penal de San Nicolás", revivió Luzardi.

Y agregó: "Lo encontramos allí, muy mal de ánimo. Ahí me contó que Mastandrea lo interrogó y le pegó una piña ´con la que le voló una pieza dental".
La compañera de Pío Soberano contó además que conocía al oficial por su actividad laboral, "de cuando iba a despachar cartas para la Policía".

"Sin embargo le dijo no sabía quien era y le pegó. Después lo mandó al calabozo y lo trasladaron a San Nicolás. Lo soltaron a los cuatro meses y sufrió mucho", narró la testigo.

En tanto que Pablo repasó "el sufrimiento" que padeció junto a su madre y su hermana en la búsqueda de su padre, y "las secuelas que la familia debió sorpotar a lo largo de los años".

"De pibe viví con miedo de que a mi viejo se lo llevaran de vuelta. Era un tipo muy entero, un luchador, y la cárcel lo cambió, lo volvió apocado, tímido", señaló.
Por su parte, Carolina aseguró que el dolor de aquellos años marcó toda su infancia y le dejó "secuelas en la salud".

"Nunca puede hacer una vida normal después de los tres años. Viví con miedo de que se llevaran a mi viejo y eso se los trasmití luego a mis seres queridos. Es un trauma que nunca me abandonó", remarcó.

Otro de los testigos en brindar testimonio fue Carlos Lablunda, militante de la Juventud Peronista, detenido el 18 de marzo de 1976, antes del golpe de Estado, y que permaneció cautivo en la Comisaría Primera, el penal de San Nicolás y luego en la cárcel de Sierra Chica, desde donde salió en libertad en 1977.

"Me llevaron a la comisaría Primera y luego a San Nicolás. Ahí lo conocí a Pío Soberano, en los recreos. La verdad es que lo vi muy mal. Se ensañaron con él por su actividad gremial", testimonió.

Antes de retirarse, Lablunda pidió la palabra y de frente al Tribunal preguntó con la voz quebrada: "Quiero que Angel Gómez Pola me diga dónde están Pedro Lablunda y Mabel Fontana".

Aunque el ex militar imputado en este jucio presenció esta audiencia desde la unidad sanitaria del penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido, ello no impidió que la audiencia despidiera al testigo con un cerrado aplauso.

El hoy titular del INEAS, Patricio Griffin, y entonces vinculado a organizaciones gremiales de la izquierda peronista como abogado, repasó las alternativas de su detención y confirmó haber visto a Pío Soberno en la Comisaría Primera y en el penal de San Nicolás.
"Me llevaron a mí, igual que a otros compañeros, por mi actividad política. Creo que era una forma de preparar lo que se venía. Eramos parte de algo que se entendía como la guerrilla industrial que apoyaba las protestas y huelgas que se habían dado en la costa del Paraná", apuntó.

Tras este testimonio, el Tribunal decidió que las audiencias proseguirán el lunes 1 de diciembre con la declaración de más testigos.

Pío Soberano murió en 2010, y fue una de los primeros en declarar en esta causa y "militó durante años para que se llegará a este juicio", contaron integrantes de los organismos de drerechos humanos de Junín.

Los acusados son el ex militar Ángel Gómez Pola -que presenció la audiencia por videoconferencia desde el penal de Ezeiza-, y los ex policías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio Chiacchietta.

Los hechos que se investigan tuvieron lugar entre marzo de 1976 y fines de 1977, en la denominada subzona 13, dependiente del área 131, según el organigrama represivo que el Ejército desarrolló en la provincia durante el terrorismo de Estado.

Los represores estuvieron bajo las órdenes del Primer Cuerpo del Ejército que entonces comandaba el general genocida Guillermo Suárez Mason, y el caso que comenzó a juzgarse hoy forma parte de la megacausa del Primer Cuerpo que fue instruida por el juez federal Daniel Rafecas.

Los imputados son investigados por privación ilegal de la libertad de las personas que pasaron por los tres centros clandestinos que funcionaron en Junín a disposición de la Policía bonaerense y el Ejército: la Comisaría Primera, el destacamento Morse y la Unidad Penal 13, que en esos años se encontraba en construcción.

Según la acusación que leyó el Tribunal, "el Estado se desdobló en esos lugares, ya que dispuso que esas instalaciones se utilizaran para mantener cautivas a personas que estaban secuestradas".

Se aguarda que pasado el mediodía declaren los primeros testigos ante el Tribunal. 
Fuente:DiarioDemocracia.com





Lesa Humanidad: Comienza en Junín el juicio contra siete represores entre los que se encuentra el mediático ex-comisario Edgardo Mastandrea

  Miércoles, 26 de Noviembre de 2014
--El comisario retirado Edgardo Mastandrea, quien durante años se presentó ante la sociedad como un experto en seguridad que denunciaba las irregularidades cometidas por las cúpulas de la Bonaerense, comenzará a ser juzgado, junto con otros seis represores, en el marco de un proceso por delitos de lesa humanidad que investiga la desaparición de 24 personas en Junín durante la última dictadura cívico militar.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral 1 de La Plata, integrado por Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Alvarez. Junto con Mastandrea están imputados el militar Ángel Paola; los policías Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio Chiacchietta.

Todos están acusados de haber participado en el circuito represivo conocido como subzona 13, dependiente del área 131, en la que funcionaron tres centros clandestinos de detención: la Comisaría Primera de Junín, la Unidad Penitenciaria 13 y el destacamento rural de Morse.

Mastandrea también es juzgado actualmente en San Nicolás en la causa Saint Amant II, que investiga los delitos de lesa humanidad perpetrados en el área de Pergamino.

El ex oficial de la bonaerense fue denunciado en 2007 por José María Budassi, ex alumno del colegio Don Bosco de San Nicolás, quien fuera secuestrado junto a un grupo de estudiantes de esa institución educativa.

Budassi hizo públicos los antecedentes de Mastandrea cuando este se desempeñaba "como asesor en seguridad" en la campaña presidencial de la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió, quien rápidamente se despegó del sospechoso. "Lo que hacía Mastandrea era participar de los interrogatorios, en los cuales había tormentos.

Después armaba los sumarios en la comisaría de Junín, donde entonces era oficial inspector. En base a esos documentos, a los detenidos nos blanqueaban y nos pasaban a los Consejos de Guerra", explicó el sobreviviente en diálogo con Télam.

El juez de federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo citó al denunciado a indagatoria; lo procesó y más tarde le concedió la excarcelación, sin embargo, organismos de derechos humanos de Junín aportaron nuevas evidencias en contra del policía.

Tres años después, y en base a esas denuncias, el juez Daniel Rafecas ordenó la detención de Mastandrea por su participación en el centro clandestino de la Comisaría de Junín, como parte de la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército.

Mientras ascendía en el escalafón de la fuerza, el hoy acusado de crímenes de lesa humanidad cursó la carrera de derecho y se recibió a finales de los '70 como abogado. 

Trabajó como jefe de una división de combate al narcotráfico con sede en Berazategui, pero con la llegada de Pedro Klodczyk a la jefatura bonaerense, durante la gestión de Eduardo Duhalde como gobernador, Mastandrea resultó desplazado de la fuerza, acusado de cobrarle protección a una red de casinos clandestinos que funcionaba en La Plata.

Comenzó entonces a desfilar por los medios y a presentarse en programas en los que se tocaba el tema de la inseguridad y la corrupción policial. En esos espacios se mostraba como experto en la materia, al definirse partidario de "una policía profesional, garantista y democrática". En paralelo, actuaba como abogado e impulsaba la conformación de los "sin gorra", un grupo de efectivos exonerados que pretendían conformar un sindicato policial.

El periodista Ricardo Ragendorfer, autor junto a Carlos Dutil del libro "La Bonaerense", cuenta que a fines de los '90 trató a Mastandrea en varias oportunidades, y entonces, el antiguo oficial "se mostraba como una suerte de capitán Dreyfus de la fuerza policial más grande del país".

"Traté a Mastandrea en varias ocasiones y parecía un crítico convencido de la gestión de Klodczyk y de la plana mayor de la bonaerense. Daba el perfil de un policía bueno", evoca Ragendorfer en dialogo con esta agencia.

Y al respecto, aportó una anécdota: "Recuerdo que una vez estuve con Mastadrea y el comisario Mario Naldi en un programa de TV, en el que se tocó el tema de la participación de la Bonaerense en el terrorismo de Estado. 'Nunca tuve ninguna causa', repetía Naldi mientras miraba de reojo a su antiguo camarada".

Budassi contó que hoy, el otrora asesor de la Coalición Cívica ARI se encuentra bajo arresto domiciliario en La Plata; está vinculado a una mutual policial y "se desplaza en silla de ruedas, ya que debieron amputarle una pierna como consecuencia de la diabetes que padece".

"Cuando lo veía en la TV hablando de cómo debería actuar la policía y de qué forma se tenía que arreglar el tema de la inseguridad me daba una bronca bárbara", apuntó Budassi. Y en ese sentido, enfatizó: "Mastandrea es un tipo que sabe mucho y podría aportar datos concretos sobre la suerte de muchos compañeros. Ojalá se decida a hablar".
Fuente:ReportePlatense





JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN JUNIN
Mastandrea, complicado
En el proceso a ex policías y militares por crímenes cometidos en 1976 y 1977, los primeros testigos vincularon al ex comisario Edgardo Mastandrea con un secuestro.
El juicio empezó ayer y abarca crímenes de la Subzona 13.
Los primeros testimonios del juicio por delitos de lesa humanidad que comenzó ayer en Junín implicaron al ex comisario Edgardo Mastandrea en el secuestro de Rubén Pío Soberano, militante de las 62 Organizaciones detenido el 24 de marzo de 1976. Mastrandrea es un ex policía que durante años se paseó por los medios como “experto en seguridad” y llegó a presentarse como “asesor” de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que en su momento tomó distancia.

El proceso a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata investiga delitos cometidos en 1976 y 1977 en la denominada Subzona 13, jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, incluida la desaparición de 24 personas. Los hechos tuvieron lugar en tres centros clandestinos: la comisaría 1ª, el destacamento Morse y la Unidad Penal 13, por entonces en construcción. Los acusados son el militar Angel Gómez Pola (presenció la audiencia por videoconferencia desde el penal de Ezeiza) y los ex policías Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Angel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Angel Almirón y Aldo Antonio Chiacchietta.

Pío Soberano fue secuestrado cuando entraba a su trabajo en el correo. Fue uno de los primeros testigos en declarar en la instrucción, a cargo del juez Daniel Rafecas, y murió en 2010. “Recorrí las comisarías de Junín, estuve en la Primera y en el cuartel militar, y nunca pude encontrarlo. Me instalé con mis hijos en la puerta de la unidad del Ejército hasta que un mayor de apellido Assef me recibió y me dijo que estaba en el penal de San Nicolás”, declaró Silvia Luzardi, esposa de la víctima. “Lo encontramos muy mal de ánimo. Ahí me contó que Mastandrea lo interrogó y le pegó una piña con la que le voló una pieza dental”, agregó. Precisó que su marido conocía al oficial “de cuando iba a despachar cartas para la policía”. “Sin embargo, le dijo que no sabía quién era y le pegó. Después lo mandó al calabozo y lo trasladaron a San Nicolás. Lo soltaron a los cuatro meses y sufrió mucho”, narró.

Sus hijos Pablo y Carolina tenían entonces siete y tres años. El varón repasó “el sufrimiento” y “las secuelas que la familia debió sorpotar”. “De pibe vivía con miedo de que a mi viejo se lo llevaran de vuelta. Era un tipo muy entero, un luchador, y la cárcel lo cambió, lo volvió apocado, tímido”, señaló. Carolina dijo que el dolor marcó su infancia y le dejó “secuelas en la salud”. “Nunca puede hacer una vida normal después de los tres años. Viví con miedo de que se llevaran a mi viejo y eso se lo trasmití luego a mis seres queridos. 

Es un trauma que nunca me abandonó.”

El cuarto testigo fue Carlos Lablunda, militante de la Juventud Peronista, detenido el 18 de marzo de 1976, quien declaró que conoció a Pío Soberano “en los recreos” durante su cautiverio en el penal de San Nicolás. “Lo vi muy mal. Se ensañaron con él por su actividad gremial”, testimonió. Antes de retirarse, con la voz quebrada, pidió la palabra: “Quiero que Angel Gómez Pola me diga dónde están Pedro Lablunda y Mabel Fontana”, reclamó. Los presentes lo despidieron con un aplauso.

El actual titular del Ineas, Patricio Griffin, entonces vinculado con organizaciones gremiales de la izquierda peronista como abogado, repasó las alternativas de la detención y confirmó haber visto a Pío Soberano en la comisaría 1ª y en el penal de San Nicolás. “Me llevaron a mí, igual que a otros compañeros, por mi actividad política. Creo que era una forma de preparar lo que se venía. Eramos parte de algo que se entendía como la guerrilla industrial que apoyaba las protestas y huelgas que se habían dado en la costa del Paraná”, apuntó.
Fuente:Pagina12






23.11.2014
Junín
Juzgan a Edgardo Mastandrea, el policía que quiso ocultar su pasado vinculado al terrorismo de Estado
Por:Leonardo Castillo

El ex comisario Edgardo Mastandrea, quien durante años se presentó ante la sociedad como un experto en seguridad que denunciaba las irregularidades cometidas por las cúpulas de la Policía bonaerense, comenzará a ser juzgado el martes en el marco de un proceso de lesa humanidad que investiga la desaparición de 24 personas en Junín durante la última dictadura cívico militar.

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral 1 de La Plata, integrado por Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Alvarez y, junto con Mastandrea, también están imputados el ex militar Ángel Paola; los ex policías Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio Chiacchietta.

Todos están acusados de haber participado en el circuito represivo conocido como subzona 13, dependiente del área 131, en la que funcionaron tres centros clandestinos de detención: la Comisaría Primera de Junín, la Unidad Penitenciaria 13 y el destacamento rural de Morse.

Mastandrea también es juzgado actualmente en San Nicolás en la causa Saint Amant II, que investiga los delitos de lesa humanidad perpetrados en el área de Pergamino.

El ex oficial de la bonaerense fue denunciado en 2007 por José María Budassi, ex alumno del colegio Don Bosco de San Nicolás, quien fuera secuestrado junto a un grupo de estudiantes de esa institución educativa.

Budassi hizo públicos los antecedentes de Mastandrea cuando este se desempeñaba “como asesor en seguridad” en la campaña presidencial de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien rápidamente se despegó del sospechoso.

“Lo que hacía Mastandrea era participar de los interrogatorios, en los cuales había tormentos. Después armaba los sumarios en la comisaría de Junín, donde entonces era oficial inspector. En base a esos documentos, a los detenidos nos blanqueaban y nos pasaban a los Consejos de Guerra”, explicó el sobreviviente en diálogo con Télam.

El juez de federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo citó al denunciado a indagatoria; lo procesó y más tarde le concedió la excarcelación, sin embargo, organismos de derechos humanos de Junín aportaron nuevas evidencias en contra del ex policía.

Tres años después, y en base a esas denuncias, el juez Daniel Rafecas ordenó la detención de Mastandrea por su participación en el centro clandestino de la Comisaría de Junín, como parte de la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército.

Mientras ascendía en el escalafón de la fuerza, el hoy acusado de crímenes de lesa humanidad cursó la carrera de derecho y se recibió a finales de los '70 como abogado.

Trabajó como jefe de una división de combate al narcotráfico con sede en Berazategui, pero con la llegada de Pedro Klodczyk a la jefatura bonaerense, durante la gestión de Eduardo Duhalde como gobernador, Mastandera resultó desplazado de la fuerza, acusado de cobrarle protección a una red de casinos clandestinos que funcionaba en La Plata.

Comenzó entonces a desfilar por los medios y a presentarse en programas en los que se tocaba el tema de la inseguridad y la corrupción policial.

En esos espacios se mostraba como experto en la materia, al definirse partidario de “una policía profesional, garantista y democrática”.

En paralelo, actuaba como abogado e impulsaba la conformación de los “sin gorra”, un grupo de efectivos exonerados que pretendían conformar un sindicato policial.

El periodista Ricardo Ragendorfer, autor junto a Carlos Dutil del libro “La Bonaerense”, cuenta que a fines de los ’90 trató a Mastandrea en varias oportunidades, y entonces, el antiguo oficial “se mostraba como una suerte de capitán Dreyfus de la fuerza policial más grande del país”.

“Traté a Mastandrea en varias ocasiones y parecía un crítico convencido de la gestión de Klodczyk y de la plana mayor de la bonaerense. Daba el perfil de un policía bueno”, evoca Ragendorfer en dialogo con esta agencia.

Y al respecto, aportó una anécdota: “Recuerdo que una vez estuve con Mastadrea y el comisario Mario Naldi en un programa de TV, en el que se tocó el tema de la participación de la Bonaerense en el terrorismo de estado. ‘Nunca tuve ninguna causa’, repetía Naldi mientras miraba de reojo a su antiguo camarada”.

Budassi contó que hoy, el otrora asesor de la Coalición Cívica ARI se encuentra bajo arresto domiciliario en La Plata; está vinculado a una mutual policial y “se desplaza en silla de ruedas, ya que debieron amputarle una pierna como consecuencia de la diabetes que padece”.

“Cuando lo veía en la TV hablando de cómo debería actuar la policía y de qué forma se tenía que arreglar el tema de la inseguridad me daba una bronca bárbara”, apuntó Budassi.

Y en ese sentido, enfatizó: “Mastandrea es un tipo que sabe mucho y podría aportar datos concretos sobre la suerte de muchos compañeros. Ojalá se decida a hablar”.
Fuente:Telam 

Edgardo Mastandrea
FuenteFoto:Web





26-11-2014
Lesa Humanidad
En el Salón Democracia de la Universidad del Noroeste
"Para poder dormir nos turnábamos en un rectángulo de 2 por 6"
Lo había declarado el delegado gremial de Correos, Rubén Pío Soberano, en la etapa de instrucción del juicio que empezó esta mañana en Junín, donde serán juzgados siete represores acusados del secuestro de 24 personas -cuatro de ellas están desaparecidas.

Por: Laureano Barrera

Con más de 200 personas colmando el salón de la Democracia de la Universidad del Noroeste (UNNOBA), los siete represores que participaron directamente en el secuestro y las torturas de 24 personas -cuatro de las cuales nunca volvieron a aparecer- y comenzaron a ser juzgados hoy, eligieron el silencio. “Ninguno declaró, todos dijeron que van a hablar cuando sea el momento”, dijo a Infojus Noticias durante el cuarto intermedio Gabriel Forte, un periodista local. Con la reanudación de la audiencia, se prevé el comienzo de los testimonios sobre el cautiverio de Rubén Pío Soberano, docente, gremialista y dirigente peronista, que fue secuestrado el mismo 24 de marzo.

La audiencia empezó  pasadas las diez de la mañana, cuando los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Álvarez del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata leyeron las acusaciones fiscales contra los siete represores, que había hecho la fiscalía federal N° 6 a cargo de Federico Delgado. El coronel (RE) Ángel José Gómez Pola, que estuvo a cargo del Área 131 –geográficamente, el partido de Junín- siguió el debate desde la cárcel de Ezeiza por su estado de salud. Después de negarse a declarar, los jueces le permitieron volver a su celda.

Los seis ex policías que están acusados -Abel Oscar Bracken, Julio Angel Esterlich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón, Edgardo Mastandrea y el ex médico policial Aldo Antonio Chiacchietta- emularon su discreción, pero permanecieron en la sala. 

“Es una ciudad conservadora. En estos días entrevisté al hijo de Rubén Pio Soberano, y me contaba que en su grupo de amigos de toda la vida, recién hace tres o cuatro años se enteraron lo que le había pasado cuando era chico, y quién era su padre”, contó el periodista Forte. El caso de Rubén Pío Soberano será el primer en tratarse en el juicio, esta misma tarde.

Secuestrar al Soberano
La esposa y los hijos de Rubén Pio Soberano se sentarán ante los jueces para rememorar el dolor familiar que significó el secuestro de Rubén, que murió hace unos años. El mismo 24 de marzo, en la puerta de la oficina de correos de Junín, un grupo de soldados lo vendaron y lo esposaron. El Capitán del Ejército Olicharriaga –a quien Rubén ya conocía- encabezaba el operativo.
- Te tengo que detener. Los motivos te los vamos a explicar después.
El capitán hizo una pausa y preguntó:
- ¿Vos sos el delegado del correo y de las “62 Organizaciones”?
- Sí.
- Fue.

Ciego, y esposado, lo llevaron caminando hasta la comisaría 1°  de Junín. Al mismo tiempo, la patota entró a la fuerza a su casa, revolvió  todo y robó  libros de arte. En la seccional lo desataron y lo tuvieron unos días. Él mismo contó en la instrucción de la causa: “(a)hí no me dieron de comer, la comida la traía mi familia (...) En estos días no me pude bañar. Para ir al baño llamábamos a la guardia y nos llevaban al baño (…) Para poder dormir nos turnábamos, eran 12 baldosas por 32 baldosas, que serían de 20 por 20”.

En uno de los interrogatorios, Edgardo Mastandrea, que durante la democracia asesoraba partidos de centro izquierda como “especialista en Seguridad”, le hizo perder un diente: “...como el trato era despectivo, lo escupí y el me pegó una trompada en la boca y con el tiempo perdí un diente...”, testificó Soberano.

Cuando salió, las cosas no fueron fáciles para él ni para su familia en una ciudad donde el silencio variaba entre la indiferencia y una secreta justificación. Su hijo, Pablo Hernán Soberano, lo contó en la etapa de instrucción del juicio que hoy empezó. “Después de que volvió, mi papá no tenía laburo, los compañeros de trabajo hicieron una colecta para que podamos comer. A él lo habían dejado cesante del correo”, recordó.
Fuente:Infojus