1 de febrero de 2015

MARÍA ELENA WALSH.

Serenata Para La Tierra de Uno
María Elena Walsh
Porque me duele si me quedo
pero me muero si me voy,
por todo y a pesar de todo, mi amor,
yo quiero vivir en vos.
Por tu decencia de vidala
y por tu escándalo de sol,
por tu verano con jazmines, mi amor,
yo quiero vivir en vos.
Porque el idioma de infancia
es un secreto entre los dos,
porque le diste reparo
al desarraigo de mi corazón.
Por tus antiguas rebeldías
y por la edad de tu dolor,
por tu esperanza interminable, mi amor,
yo quiero vivir en vos.
Para sembrarte de guitarra,
para cuidarte en cada flor
y odiar a los que te castigan, mi amor,
yo quiero vivir en vos.


ROSARIO: LAS CAUSAS MÁS PESADAS QUE DEBEN RESOLVERSE ESTE AÑO.

01.02.2015
LAS CAUSAS MÁS PESADAS QUE DEBEN RESOLVERSE ESTE AÑO
Termina la feria judicial y empieza una maratón en los tribunales de Rosario
La mega causa Los Monos, el ataque a la casa de Bonfatti, la explosión de calle Salta, el linchamiento de David Moreira, la tragedia del International Park y los asesinatos de Franco Casco y Jonatan Herrera; son algunas de las causas más importantes que empezarán a ventilarse desde mañana.
Juicio
La actividad judicial reinicia mañana en Tribunales y son variadas las causas penales que esperan ser retomadas tras el receso de verano. Enero dejó como saldo casi un muerto por día en Rosario y el trabajo no mermó de hecho se vio más movimiento por las audiencias orales que demandó la primera feria estival del nuevo sistema penal , pero desde este lunes volverá a verse luz en los juzgados y oficinas de la Fiscalía Regional. Entre las investigaciones más resonantes está la causa de Los Monos y sus derivaciones, el atentado a la casa del gobernador Antonio Bonfatti, los homicidios de David Moreira, Franco Casco y Jonatan Herrera, como los más impactantes; el expediente contra once imputados por la explosión del edificio de calle Salta 2141, que dejó 22 víctimas; la muerte de dos nenas en del International Park, causas de enriquecimiento ilícito contra policías, y homicidios relacionados con la narcocriminalidad.
Las investigaciones se dividen entre el sistema de conclusión de causas y el nuevo sistema penal, que trabaja los hechos posteriores al 10 de febrero de 2014. Tanto en el Palacio de Justicia como en la Fiscalía Regional, 2015 depara trabajo constante.

* Monos. Hace un año, el juez Juan Carlos Vienna procesó a 36 personas entre ellos, una docena de policías por asociación ilícita relacionada con la narcocriminalidad de la banda liderada por la familia Cantero. En el expediente hay varios prófugos, pero los más buscados son Ariel Cantero, padre del apodado Guille (único preso) y el asesinado Claudio, alias Pájaro; y su hijo de crianza Ramón "Monchi" Machuca. Tras el fallo de Vienna, la defensa de los imputados lo acusó en varias oportunidades: en abril lo recusaron porque se advirtieron planillas de Migraciones con viajes coincidentes entre el juez y Luis Paz, padre del apodado Fantasma, por cuyo homicidio se inició la investigación contra Los Monos, en 2013; pero el juez negó haber visto al hombre en su viaje a Las Vegas, para ver un evento de box. En septiembre, se conoció una fotografía en la que se ve a Vienna sentado a dos asientos de Paz, en el estadio, y los abogados de los imputados volvieron a recusarlo. El juez se excusó de continuar con la investigación, pero la Cámara Penal consideró que debía terminar su instrucción, ya que este año el expediente entra en etapa de juicio. La Procuración analiza los planteos de los abogados sobre el viaje. Además, Vienna está denunciado por el policía Sergio Blanche, uno de los procesados, quien asegura que el juez le aconsejó que cambiara de abogados para mejorar su situación procesal. * Gobernador. El 11 de octubre de 2013 fue baleado el frente de la casa de Bonfatti, en la zona norte de la ciudad. Por el hecho hay dos personas procesadas: Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval, y el policía Pablo Espíndola, acusado de encubrimiento. Ambos están en prisión domiciliaria desde diciembre pasado, pero el fiscal Enrique Paz apeló esa decisión de la jueza Alejandra Rodenas, y pidió que vuelvan a prisión. La audiencia se realizará este mes. Si la Cámara Penal decide que vuelvan a la cárcel, los abogados José Nanni y Marcos Cella ya adelantaron que pedirán juicio oral.

* Linchamiento. David Moreira fue atacado en barrio Azcuénaga en marzo de 2014, tras un hecho de robo del que el joven según la causa participó. Seis meses después del violento hecho, el fiscal Florentino Malaponte mandó detener a Nahuel P. y Gerardo G., de 23 y 28 años, quienes considera que forman parte de la turba que aparece en la filmación de un celular, dándole al joven la paliza fatal. "Si mi hijo robo, lo tendrían que haber llevado a la policía", reclamó la madre del pibe de 18 años, Lorena Torres. Desde noviembre pasado, los dos únicos acusados están en prisión domiciliaria sin plazo hasta que el fiscal los lleve a juicio, este año.

* Desaparición forzada. Franco Casco tenía 20 años cuando vino de visita a Rosario, proveniente de la localidad bonaerense de Florencio Varela, en octubre pasado. El joven estuvo preso unas horas en la comisaría 7º por una presunta resistencia a la autoridad, y luego desapareció. Veinte días después, su cuerpo fue hallado sin vida en el río Paraná. Por el hecho no hay detenidos, y tras un insistente reclamo del defensor Público Provincial, Gabriel Ganón, la causa pasó a ser investigada como "desaparición forzada de persona", en la Justicia Federal. Ganón denunció públicamente "incumplimientos" de la Fiscalía Regional en el caso. Organizaciones sociales y de derechos humanos repudiaron el hecho y acompañan a la familia en el reclamo de justicia.

* Jonatan. El 4 de enero pasado, el joven de 23 años lavaba su auto en barrio Tablada cuando el Comando Radioeléctrico comenzó una persecución y tiroteo con un joven que había robado una juguetería. De un colectivo de la línea 133 bajaron cuatro efectivos de la flamante Policía de Acción Táctica (PAT) que se sumaron al operativo, a los tiros. Cuando los agentes del Comando lograron reducir al ladrón, los de la PAT siguieron disparando e hirieron de muerte a Jonatan Herrera, mientras éste intentaba ocultarse entre dos tachos de agua y un árbol. Ocho días después, el fiscal Adrián Spelta mandó detener a los acusados. Los cuatro están presos, acusados por el homicidio "doloso" y sus abogados buscan coartada en la "escasa formación" que tuvieron los agentes de entre 20 y 25 años. La familia de la víctima pidió constituirse en querellante.

* Estrago. Los procesamientos dictados por la jueza Irma Bilotta, tras la explosión del edificio de Salta 2141, en agosto de 2013, están siendo revisados por la Corte Suprema santafesina, tras la apelación de los abogados de los imputados. La causa de estrago culposo, por la muerte de 22 personas, en lo que fue la tragedia más grande de la ciudad, tiene como acusados a la gerenta técnica de la empresa Litoral Gas, Viviana Leegstra; al jefe técnico, Claudio Tonucci y a tres inspectores; también a tres responsables de la administración Calvillo Propiedades, y a tres gasistas que trabajaron en el lugar. Este año podría realizarse el juicio.

* Parque. El 10 de agosto de 2013, apenas cuatro días después de la tragedia de calle Salta, las hermanas Melanie y Florencia Aranda, de 12 y 14 años, murieron al precipitarse la góndola de la Vuelta al Mundo del International Park en la que festejaban el Día del Niño. Habían venido desde Rafaela a pasar el fin de semana con sus primas y tíos. La causa judicial llevará a juicio este año al responsable del parque, Adrián Osella, acusado del homicidio culposo; el ex director de Inspecciones de la Municipalidad, Gregorio Ramírez y a una inspectora del área.

* Enriquecimientos. Diseminadas en varios despachos del sistema de conclusión de causas, la Justicia investiga una veintena de denuncias contra personal policial. Al menos 26 policías, en su mayoría comisarios, están bajo la lupa por el crecimiento exponencial de sus bienes. En los expedientes figuran los ex jefes de la Policía provincial, Hugo Tognoli (preso por la Justicia Federal), Cristian Sola, Daniel Toledo y Ricardo Cáceres; y Néstor Arismendi, quien pasó por la URII. Las citaciones comenzarían este 2015.

* Muertes. Son varios los hechos de sangre ligados a la narcocriminalidad que se investigan en Tribunales. Entre los más resonantes aparecen los homicidios de Ariel "Pájaro" Cantero, cabecilla de la banda de Los Monos, que lleva a juicio este año a tres personas, con Luis "Pollo" Bassi acusado y detenido como autor intelectual. Además, a éste le mataron entre 2013 y 2014 a su padre y dos hermanos. Solo por el homicidio del progenitor hay un acusado. La seguidilla de muertes posterior a la del Pájaro alcanzó a Diego Demarre, dueño del boliche donde fue ultimado Cantero; y al día siguiente a dos muchachos más, entre ellos, Nahuel, el hermano de Milton César, un conocido de las crónicas policiales y acusado como autor del crimen del Pájaro. Las muertes se relacionan y los nombres se repiten. La venganza es la hipótesis más firme en todos ellos. La investigación por el crimen del narco Luis Medina, de diciembre de 2013, también traería novedades este año. Y se esperan avances en causas con imputados no individualizados, como la del policía Guillermo Morgans, entre otros.
Fuente:AgenciaFe

ROSARIO: DENUNCIAN A PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE NIñEZ Y ADOLESCENCIA.

Abuso sexual 
Apuntan a la Secretaría de Niñez por alojar a niños con un pastor denunciado
30/01/2015
       
El Movimiento Evita denunció a la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia de la provincia por alojar a niños en un sitio dirigido por un pastor evangélico que tiene una denuncia penal por “abuso sexual”.

Alejandra Fedelle, referente de la organización social, hizo la presentación este viernes. La dirigente destacó que la gravedad del asunto radica en que “la misma Secretaría de Niñez” ya había intervenido en el tema cuando el pastor evangelista fue denunciado en 2012.
Fuente: Canal 3.
Fuente:RedaccionRosario



Con los pibes no
Por Lorena Panzerini

Personal de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia fue denunciado ante la justicia por el Movimiento Evita porque desoyeron "una denuncia por abuso sexual, sobre un pastor evangelista que aún aloja niños, niñas y adolescentes, enviados desde la Secretaría", acusaron.


DENUNCIAN A PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE NIñEZ Y ADOLESCENCIA.
"Estamos ante un hecho gravísimo"
La acusación que fue llevada a la justicia recae en dos funcionarios del área que "desoyeron una denuncia por abuso sexual sobre un pastor evangelista que aún aloja niñas y adolescentes, enviados desde la Secretaría", acusaron desde el Movimiento Evita.
Por Lorena Panzerini

Alejandra Fedele acusó también a la ministra Bifarello: "No puede desconocer el hecho"
Imagen: Alberto Gentilcore
El Movimiento Evita denunció ayer en la Justicia a personal de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia provincial porque "desoyen una denuncia por abuso sexual, de 2012, sobre un pastor evangelista que aún aloja niños, niñas y adolescentes, enviados desde la Secretaría", acusaron. La referente del movimiento, Alejandra Fedele, agregó que "no hay un convenio" con el lugar; y ayer pidió a la Fiscalía Regional que intervenga para sacar a unos seis menores de allí. "Me parece gravísimo que la Dirección, aún sabiendo y teniendo conocimiento de la denuncia sobre esta persona, siga alojando chicos allí. Es una violación a los derechos de los niños, porque es la Dirección la que tiene que administrarlos y controlarlos, pero si trabaja de esta forma es muy preocupante", lamentó Fedele, quien se manifestó "convencida de que la ministra (de Desarrollo Social, Mónica) Bifarello está al tanto de la situación. Son de público conocimiento las irregularidades de la Dirección", dijo.

El miércoles pasado, la referente del Evita -que hace más de cuatro años denunció que dos hermanitas de barrio Gráfico eran prostituídas por su padre y sometidas por al menos tres hombres, que fueron condenados-, recibió "un sobre cerrado" en su oficina donde le entregaron papeles para dar cuenta de la situación, que ayer llevó personalmente a la Fiscalía Regional, donde además le pidió al fiscal David Carizza que intervenga para sacar a los chicos del lugar, ya que ella misma constató que había menores alojados en el lugar denunciado.

El pastor evangelista Aldo A. --según detalló Fedele-- fue denunciado por abuso sexual a mediados de 2012 por el hermano mayor de cinco chicos que estaban alojados en la casa que tenía entonces en Presidente Roca al 5200; al parecer, también la pareja de éste está acusada de malos tratos. El denunciante se llevó, en su momento, a sus hermanitos de entre 5 y 14 años de allí, pero advirtió sobre la situación que podrían estar pasando otros chicos, ya que a él le constaba que eran dos, en principio, los niños abusados: una nena y un varón. "Habla de dos abusos, y este chico retiró a sus hermanos de ahí. En la denuncia plantea su preocupación por otros chicos. Incluso, en aquel momento, el ex director de Niñez, Lautaro D'Anna, dejó por escrito que este pastor no puede alojar niños, y en ese momento le sacaron a todos los chicos que estaban allí", señaló Fedele.

La causa, según pudo saber la denunciante, está en el Juzgado de Instrucción Nº 11, pero no tiene datos sobre el avance de la misma. "No sabemos cómo está la causa, ni si se pudo constatar el abuso sexual que figura en esa denuncia, pero me parece ilógico que sigan mandando chicos ahí. Es una locura y una falta de cumplimiento de mandar a los niños donde hay una denuncia penal, y sin convenio firmado de la Dirección de Niñez con este lugar. No existe y así me lo dijo este pastor acusado", afirmó.

Fedele lo constató en persona: "Ayer fui personalmente a hacer una visita, donde este pastor tiene unos sies chicos alojados, pese a que no hay un convenio firmado con la Dirección de Niñez, por lo que al principio pensé que era una cuestión de esta persona. Sin embargo, durante la charla, me dijo que él conocía a la directora de Niñez, Fabiola Piemonte, que le llevaban chicos de ahí, a partir de las medidas excepcionales que se toman, y que recibía un subsidio. Tal es así, que a los 20 minutos de que estábamos ahí, vino un equipo de Niñez de Villa Gobernador Gálvez a ver a una nena de tres años que estaba alojada con este pastor, a partir de una medida excepcional", relató.

Según reflexionó la referentes, las autoridades "tenían pleno conocimiento de la denuncia ya que intervinieron en la misma pero no actuaron en consecuencia". Además, dijo que empleados de la secretaría "elevaron una nota alarmando por las irregularidades del caso".
Fedele se quejó: "La secretaría debe garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de las leyes nacional 26.061 y provincial 12.967, además de la Convención de los Derechos del Niño con sus respectivos decretos reglamentarios; sin embargo, no hace más que revictimizar a los niños víctimas de mal trato, abuso y en muchas situaciones criminalizando la pobreza".

Además, en un comunicado, que este diario publicó en su edición de ayer, denunciaron la "falta de intervención y seguimiento de situaciones que reciben en la Dirección. Accionan de manera imprudente y negligente, tomando medidas excepcionales en donde no correspondía, criminalizando casos de familias pobres; acentuando el maltrato constante y la desvalorización al personal que trabaja en la secretaría tomando decisiones y cambios arbitrarios", plantearon.

Por ello, advirtieron el "encubrimiento por parte del poder político afín, como la Ministra Bifarello, ya que el subdirector Cristian Allende tiene conocimiento de todas las denuncias", reclamaron.
Fuente:Rosario12

ROSARIO: PROHIBIDO FIJAR CARTELES.

Debate sobre "vandalismo" político en la última edición de El Eslabón
Prohibido fijar carteles
31/01/2015
Por Juane Basso
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Las campañas que apuestan a cubrir la falta de dinero con movilización social, pegatinas, serigrafía, aerosol, ferrite, brocha gorda, cal, afiche, rodillo y engrudo están prohibidas. Así lo hizo saber la Municipalidad de Rosario al sancionar a varios partidos por colocar carteles en lugares “no autorizados”, es decir, por hacerlo fuera de la onerosa cartelería comercial.

Al parecer, en tiempos de coaches ontológicos, la política –al menos como se la conoció hasta fines del siglo XX y tal cual soñó el politólogo neoliberal norteamericano, Francis Fukuyama– ha muerto. “La pegatina se está llevando mucha energía de los rosarinos”, dice el secretario de Control y Convivencia, Pablo Seghezzo, como para no dejar lugar a dudas, en una entrevista publicada este sábado en el semanario El Eslabón. Con la privatización de los espacios públicos y la normativa vigente, las actos de la militancia son considerados vandálicos.

Multas para algunos
Las multas aplicadas por la Municipalidad de Rosario contra espacios políticos opositores, por violar presuntamente la ordenanza 8324 en la que se dispone en qué lugares se puede pegar –y pagar– afiches de campaña y en cuáles no, sublevó los ánimos de buena parte de las fuerzas que competirán en los próximos comicios. Las numerosas agrupaciones que fueron conminadas a abonar facturas de hasta 24 mil pesos, se quejaron porque la Intendencia no aplicó el mismo criterio con el ex intendente y candidato a gobernador Miguel Lifschitz y porque no se cumple por tercera vez con la disposición que obliga a ceder el 25 por ciento de la cartelería gratuitamente a los partidos en cada elección.

El coach ontológico Alejandro Marchesán, debe andar a full por estos días en la oficina de Seghezzo para asesorar al funcionario encargado de apaciguar las aguas con las organizaciones sancionadas. Enyoguizado y en un traje de amianto, el secretario de Control y Convivencia recibió el lunes pasado, con cuarenta grados, a un grupo variopinto de dirigentes más calientes que usuario de la Epe sin luz. “No sancionan a Lifschitz y a nosotros sí, no cumplen con el otorgamiento de la cartelera gratuita y nos prohíben hacer la única campaña que nos queda”, bramaron en coro los opositores (tal cual se puede leer en este numero del semanario El Eslabón).

El asesor de marketing espiritual no se puede quejar si le tocó trabajar este tórrido enero, esta semana se conoció que su sueldo asciende a más de 22 mil pesos y no a 8 como se creía en un principio. No se objeta el laburo del ontólogo, pero no está mal que se gane el mango con el sudor de su frente, como cualquier cristiano.

Prohibiciones
Desde la Intendencia dicen que no hacen otra cosa que cumplir con la ordenanza vigente. La normativa regula, a favor del mercado, todo tipo de publicidad en la vía pública. No deja espacio gratuito para pegar afiches sino que lo entrega a la explotación comercial. Esto ha generado ruidosas polémicas en la ciudad, que sin ir más lejos fueron tratadas algunos meses atrás en este medio, con numerosos grupos culturales que denunciaron que se cercenaba su derecho a la libertad de expresión cuando la Municipalidad lanzó una campaña –que por estos días se repite en el plano de la política electoral– en la que colocó fajas de “publicidad no autorizada” en los afiches que difundían recitales, obras de teatro y distintos eventos artísticos.

La ordenanza 8324 es taxativa y cruel en el tema del cartel: “Está prohibida la colocación de Elementos Publicitarios (EP) sobre árboles o plantas, sobre cualquier tipo de columnas incluidas las de servicios públicos, sobre brazos de extensión y parantes de toldos; sobre veredas, calzadas, cordones, cercos, barandas, pasarelas, puentes, viaductos, túneles y demás construcciones del dominio público. Está prohibida la colocación de EP portátiles o fácilmente removibles, la publicidad realizada por medio de animales, el empleo de sonidos, humo o arrojo de volantes en la vía pública y la fijación de afiches o adhesivos en todo lugar fuera de los permitidos. Se prohíbe la colocación de los denominados pasacalles, cualquiera fuere su inscripción y la forma o lugar en que estén colocados”.

Reclamos
Entre los argumentos en contra de la ordenanza, y el modo de aplicación que ha instrumentado el municipio, la amplia mayoría de la dirigencia consultada por en la producción de esta edición del semanario (que desde este sábado está en los kioscos de diarios y revistas) –inclusive varios socios del socialismo en el Frente Progresista–, coincide en señalar que desde que fue sancionada “no se está cumpliendo” el otorgamiento del espacio gratuito que estipula, que se hace un “uso discriminatorio”, que “privatiza el espacio público” y que favorece a los partidos de “altos recursos”. Algunos hicieron mención a que en el fondo de la discusión está el financiamiento de los partidos.

Con respecto al incumplimiento por parte del municipio de la norma que denuncian los diferentes espacios, la Ordenanza Nº 8324/2008 señala en su apartado 9c, –referido a publicidad de campañas políticas–: “Las agencias y/o empresas publicitarias deberán declarar con 45 días de antelación a la fecha fijada para las elecciones municipales primarias y generales, la existencia de elementos publicitarios disponibles y consignar cuales conforman el 25% de estos que ceden en cumplimiento de tal obligación”.
Varios referentes apuntan además que debería reformarse la normativa, para democratizarla, tomando como modelo las modificaciones introducidas a nivel nacional en 2009, que prohibieron la contratación directa de los partidos con los medios audiovisuales para hacer publicidad electoral y, en cambio, la deja en manos del Estado, que paga los espacios y los reparte en base a una fórmula de ecuanimidad.

Esas reformas del kirchnerismo, que fueron muy discutidas en su momento por la oposición nacional, en la práctica demostraron habilitar más posibilidades a los denominados “partidos pequeños”. Tras su primera aplicación en las internas abiertas simultáneas y obligatorias de 2009, el consenso sobre sus beneficios –aunque es muy perfectible todavía–, permitió que en la provincia se sancione una ley similar –la llamada ley Rubeo–, que generó también su polémica cuando en las primarias el gobierno santafesino se negó a adjudicar los fondos necesarios para que se paguen las campañas a intendentes y concejales de todos los partidos en radios y canales de televisión locales.

La polémica está abierta y, como otras que seguramente se seguirán dando a lo largo de este 2015 de elecciones, es parcialmente abordada –quedan afuera algunas voces y abordajes, como en todo recorte– en la edición de este sábado del semanario producido por la cooperativa La Masa, con la convicción de que, a pesar de que haya quienes quieran firmar su certificado de defunción, la política nunca muere.

Campañas en la era de la boleta única
En la actual sociedad de consumo, de la preponderancia de lo visual por sobre otros sentidos, la imagen parece serlo todo. Ni hablar para los referentes de cualquier proyecto político que pretende instalarse con posibilidades de ser electo. Ese fenómeno de época, en la provincia de Santa Fe, se vio aún más potenciado por la implementación de la Boleta Única, que profunidza la cuestión y hace más importante el conocimiento del rostro de un candidato que la propia identidad partidaria y los objetivos que ese colectivo político proyecta. De ahí la desesperación de muchos grupos que no poseen recursos para contratar las caras carteleras.

En ese sentido, sin dejar de reconocer que el nuevo sistema tuvo rápida aceptación entre el electorado santafesino, la metodología le hace un flaco favor a la demonizada “política”.

Y es ahí donde, quizás hasta a veces sin querer queriendo, las últimas gestiones del socialismo han apuntado sus cañones. Desde los repetidos llamados a no llevar banderas los actos del 20 de junio en el Monumento, hasta las “molestias” de las cuales se quejan que supuestamente generan la campañas electorales, buena parte de la dirigencia socialista parece haber olvidado la historia –polémica pero política historia al fin– del nombre con el que bautizó a su partido. Desde el paradigma neoliberal que propone tecnocratizar los gobiernos, en lo que se vislumbra como un intento de mostrar más gestión que ideología o militancia; en su afán por despolitizar la política, el socialismo santafesino se ha ido vaciando cada vez más de contenido hasta mimetizarse con otras fuerzas como la conducida por Mauricio Macri, a quien nadie sorprendería que tenga un coach ontológico.
Artículo publicado en la edición de este sábado del semanario El Eslabón.
Fuente:RedaccionRosario

DISOLUCIÓN DE LA SIDE - CREACIÓN DE LA AFI.

EL SENADOR FUENTES DEFENDIO LA REFORMA DE LA LEY DE INTELIGENCIA
“Es una deuda de la totalidad de los partidos políticos”
En una entrevista con Página/12, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado criticó el rechazo anticipado de la oposición y consideró que el proyecto “apunta a jerarquizar la actividad de Inteligencia en el marco de los derechos humanos”.
Por Nicolás Lantos

Imagen: Télam
”La reforma apunta fundamentalmente a jerarquizar la actividad de Inteligencia en el marco de la democracia y de los derechos humanos”, asegura el senador por la provincia de Neuquén, Marcelo Fuentes (Frente para la Victoria), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, respecto del proyecto de modificación de la ley de Inteligencia presentado esta semana por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En diálogo con Página/12, el legislador defendió la letra de la iniciativa y criticó duramente a los opositores que anticiparon su rechazo del texto aun antes de haberlo leído. También defendió la postulación de Roberto Carlés para completar la Corte Suprema de Justicia y se mostró confiado en que, a pesar de la resistencia inicial, su pliego sea aprobado en el recinto.

–¿En qué consisten los principales cambios que establecería la nueva ley de Inteligencia? ¿Es un cambio de raíz o, como denuncia la oposición, sólo una modificación cosmética?
–Primero y fundamental, sobre el sistema vigente, la reforma establece lo más importante, que es un nuevo marco jurídico sobre el que se deben desarrollar las actividades de Inteligencia, siempre subordinadas a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. Con este objetivo, se establecen figuras penales autónomas para determinar castigos a quienes se aparten de las líneas previstas por la ley, lo que va a permitir un control mucho más estricto de legalidad de los actos llevados a cabo por los agentes del nuevo organismo de inteligencia.
–¿Se puede lograr eso si se mantiene, como establece el proyecto, el mismo personal que hasta hoy trabaja en la ex SIDE?
–Bueno, es cierto que el texto establece que se trasladarán todos los recursos, incluidos los humanos, al nuevo organismo. Pero recordemos que no sólo tiene que venir la reglamentación de la ley sino también los actos que irá dictando la autoridad que sea designada al frente de la AFI. Aunque en un principio se transfiere la totalidad del personal, habrá decisiones al respecto, reasignación de tareas y nuevos criterios de jerarquización en manos de quien deba conducir el organismo. Eso, sumado a un control más estricto de los ingresos lleva a pensar en una Agencia más profesional y con mayor control político en el futuro.

–Fue muy criticada la decisión de pasar las escuchas judiciales al Ministerio Público...
–Esto se decide en función de la reforma constitucional del ’94, que determina que el Ministerio Público es un órgano extrapoder, lo cual asegura su autonomía respecto de los tres poderes del Estado. Además, ese traspaso es concordante con la reforma de las normas de procedimiento aprobadas el año pasado, estableciendo un proceso acusatorio en lugar del inquisitorio. Forma parte de la campaña electoral hacer centro en la figura de la procuradora general, descalificando cualquier medida que tenga que ver con el órgano que ella encabeza a partir de un ataque a su figura. Dicen que debería hacerse cargo la Corte Suprema. ¿Qué tiene que ver la Corte con esto? No es un rol que le corresponda. La Procuraduría es independiente a los tres poderes. Luego, el Poder Judicial ejercerá su control, ya que son los mismos jueces los que deben autorizar y solicitar escuchas, así como el Poder Ejecutivo lo hace a través de las autoridades de la AFI y el Poder Legislativo mediante la Comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia...

–¿Funciona bien la comisión bicameral como órgano de control?
–Las funciones de la bicameral están claras y su trabajo también, aunque no siempre sea público por las características que tiene. Sus miembros quedan encuadrados bajo los requisitos de confidencialidad y reserva que la ley establece para todos los que trabajan en el ámbito de Inteligencia. Y respecto de su funcionamiento, no hubo ninguna denuncia que llegara a la comisión y que no fuera objeto de tratamiento.

–¿Se estudian modificaciones al proyecto durante su tratamiento o se buscará aprobar tal como lo envió el Ejecutivo?
–Depende de varios factores. Hay que ver si la oposición se presenta a debatir o no. Además hay que coordinar con el gobierno nacional, que es el propulsor del proyecto. Todavía no tuvimos ninguna conversación, mañana nos juntaremos con el jefe de bloque para avanzar en la dinámica de tratamiento.

–¿Es posible “democratizar” un espacio tan poco público y controlado como un sistema de Inteligencia?
–Creo que hay que separar dos aspectos: uno es la necesidad de un sistema de Inteligencia en defensa de los intereses de la Nación ante el conglomerado de amenazas existentes. Otro son los episodios concretos propios de la resistencia de sectores reacios a la democratización. Esto no sólo tiene que ver con Inteligencia, es una respuesta a una tarea que el Gobierno ha emprendido y puede verse en muchos ámbitos: tuvo su punto culminante durante el tratamiento de reforma de la Justicia, que algunos sectores lograron frenar parcialmente. En el caso particular de inteligencia, hay que estar atento al entrecruzamiento de intereses de otros organismos de Inteligencia internacionales, en torno de sus propias agendas geopolíticas. Es necesario contar con la capacidad de tener una Inteligencia autónoma, propia, en salvaguarda de los propios intereses nacionales y no dependiente de centros de poder extranjeros. La reforma apunta fundamentalmente a jerarquizar la actividad de Inteligencia en el marco de la democracia y de los derechos humanos.

–¿Tiene fuerza política el Gobierno, en el tramo final de su mandato, para afrontar esta tarea?
–No hay en nuestro sistema constitucional una categorización de la segunda mitad de un mandato, que ordene al Gobierno abstenerse de gobernar. Como dice la Presidenta, ésta es una deuda de la totalidad de la democracia y de los partidos políticos. La oposición debe tener el criterio patriótico y la idoneidad de saber que es una cuestión de Estado y no un tema de campaña política. La construcción de la democracia requiere calidad tanto de parte del oficialismo como de la oposición. Hay que distinguir cuestiones de Estado de cuestiones electorales, y discutir las primeras en el marco de las segundas, carece de seriedad.

–¿Qué sucederá con las tareas de Inteligencia a cargo de otros organismos, como las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad?
–La creación de una agencia federal implica un criterio distinto, ya no con un sistema de arrastre unitario sino, siguiendo a la Constitución, de criterio federativo. Esto implica mayor nivel de coordinación con las jurisdicciones distritales, dando un salto de calidad en la cooperación con las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen. La ley además marca un principio rector sobre el que luego las provincias deberán interpretar y dictar sus normativas, para tener una gestión eficaz en el nuevo marco.

–¿Qué lectura política hace de los últimos acontecimientos vinculados con la causa AMIA y la muerte del fiscal Alberto Nisman?
–Yo creo que hay un episodio trágico que es utilizado por sectores de la oposición, atentos a una necesidad electoral. Si recordamos los augurios de colapso económico y caos social, y de golpe nos encontramos con una Presidenta que mantiene altísimos niveles de consideración en la población, y por otra parte vemos una incapacidad por parte de la oposición de armar una propuesta competitiva, creo que se agarraron de esto para sacar ventaja.

–¿Puede perjudicar esto las chances electorales del Frente para la Victoria?
–De ninguna manera, porque queda claro, objetivamente, la utilización de determinados elementos para perjudicar al Gobierno. Es evidente que las primeras acusaciones que se hicieron para tirar un manto de sospecha sobre la Presidenta quedaron rápidamente descartadas.




Sobre la designación de Carlés
Por Nicolás Lantos


¿Cómo van a tratar el pliego de Roberto Carlés en reemplazo de Raúl Zaffaroni ante la postura de la oposición de no dar debate?
–Forma parte de atribuciones plenas de la señora Presidenta proponer a los miembros de la Corte ante una vacante. Oponerse a esto no por la calidad o la solvencia del candidato, sino por un capricho es la expresión más clara de la mediocridad opositora. Con cosas así se nota que están acostumbrados a no gobernar. El Gobierno tiene sus atribuciones y las ejerce. Discutamos si el candidato tiene o no las cualidades necesarias, no otra cosa.

–¿Cree que hay chances de que se apruebe la propuesta?
–Creo que hay condiciones, dada la solvencia y la calidad del candidato. Una cosa es decir que no y otra tener que argumentarlo y sostenerlo en un debate público.
Fuente:Pagina12





31-1-2015
Inteligencia
La AFI “es una oportunidad que tenemos para sentar bases nuevas”

Alberto Binder, director del Instituto Latinoamericano sobre Seguridad y democracia (Ilsed) y especialista en sistemas judiciales y mecanismos de control democrático, conversó con Infojus Noticias sobre sus primeras impresiones del proyecto de reforma del Sistema Nacional de Inteligencia enviado al Senado.
Leo Vaca

El proyecto de reforma al sistema nacional de inteligencia, mediante la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE), fue enviado ayer al Senado. El jurista Alberto Binder, director del Instituto Latinoamericano sobre Seguridad y democracia, se mostró optimista sobre el sistema de protección de datos y con el nombramiento de las autoridades – director y subdirector- mediante un acuerdo con el Senado porque  le va a dar “transparencia a un modelo que era siempre extraño”. Binder cree que es necesario estudiar en detalle el texto y detectó falencias en el traspaso integral del sistema de escuchas al Ministerio Público Fiscal, pero le parece importante modificar el actual “sistema concentrado”, que funciona con la Dirección de Observaciones Judiciales  (Ojota). Para el jurista es fundamental que la AFI trabaje sobre lo preventivo y que se dinamiten las relaciones carnales de inteligencia con el Poder Judicial. “Los vínculos con jueces y fiscales se están rompiendo, ese es uno de los grandes avances de este proyecto”, opinó.

- ¿Qué le pareció en líneas generales el proyecto de Ley para la creación de la Agencia Federal?
- Creo que el proyecto de ley se corresponde con muchos de los anuncios que se hicieron y es, como ya habíamos dicho antes, un paso para adelante y una oportunidad que tenemos para sentar algunas bases nuevas.

- ¿Qué reformas le parecen más destacadas?
- Vamos a tener que estudiarlo más en detalle, pero todo el sistema de protección de la base de datos y de generar un subsistema de base de datos controlados me parece que algo muy importante.  Además, el tipo de nombramiento de las autoridades del organismo con acuerdo del Senado le da transparencia a un modelo que era siempre extraño y no quedaba claro por qué se nombraba a una persona o a otra.

- ¿Tiene alguna observación para hacer al proyecto de ley?
- Quiero aclarar primero que se trata de temas muy complejos y mis reflexiones surgen de una primera lectura del texto. Pero tengo algunas observaciones que me parece que habría que discutir en el Senado. Por ejemplo, no queda claro cuándo es inteligencia nacional y cuándo es inteligencia criminal pero me parece que la limitación de los casos de inteligencia interior está mucho más precisa; en ese sentido todo el sistema de protección de datos amplía derechos; la ley da nuevas posibilidades, regula niveles de clasificación que estaban siempre en una incertidumbre.

- ¿Y respecto al sistema de escuchas?
- El sistema de escuchas actual es un sistema concentrado, altamente deficiente y muy criticado. Estoy de acuerdo con que parte de él sea trasladado a la Procuración General, pero no de forma integral. Eso se va a tener que discutir en el Senado. Porque existen tres tipos de escuchas: las escuchas vinculadas a causas federales, ya sea de investigaciones propias del ministerio Público o investigaciones que ya están judicializadas, y esas sí son investigaciones federales. Esas podrían pasar a la Procuración. Luego están las escuchas que se hacen a pedido de  investigaciones de los Ministerios Públicos de las provincias, y esas también podrían pasar a la Procuración, pero con un sistema integrado, en conjunto con procuradores de las provincias y con el Consejo Federal de Política Criminal.

- ¿Cuál es el tercer tipo?
- El tercer tipo de escuchas son las que son propiamente de inteligencia, por el seguimiento de alguna de las amenazas que dice la ley o por alguna razón de contrainteligencia, que tienen un control judicial pero que no están vinculadas a una causa criminal. Ahí la Procuración no tiene por qué meterse ni es conveniente que ingrese en lo que son acciones puramente de inteligencia. Deberían seguir en el marco de la Agencia Federal de Inteligencia.

- ¿Qué diferencias habrá con la actual Dirección de Observaciones Judiciales  (Ojota)?
- Hasta que cambie con esta ley, todas las escuchas telefónicas y todas las interceptaciones de comunicaciones que se hacen en el país entero –un fiscal de La Rioja, Salta o Chubut- tienen que pasar por la división de observaciones de la SIDE y eso genera una enorme dificultad. Los procuradores, los jefes de ministerios públicos del país lo conocen perfectamente. El sistema concentrado es sumamente ineficiente y estaba descontrolado. Hay que reorganizarlo para establecer un sistema no solamente más transparente, sino también más eficiente.

- ¿Qué sucederá con el traspaso del personal de la Secretaría de Inteligencia a la AFI?
- El traspaso del personal es parte de lo central y es un traspaso que debería ser hecho mediante sistemas de reclasificación, de análisis de las personas, un sistema mucho más institucional de contrataciones, por más que sean confidenciales, reservadas. Y diría que es importante que la Comisión Bicameral participe de este sistema de traspaso.

- Cómo debe ser la relación entre la Agencia Federal de Inteligencia y el Poder Judicial?
- Estamos en un contexto (a partir de la puesta en funcionamiento del nuevo Sistema Procesal Penal de la Nación) en el cual van a ser los fiscales los que van a investigar y en el cual los jueces no tienen motivos para tener contacto con la Agencia de Inteligencia. Y los fiscales tampoco. Tienen que tener contacto con la policía, que es la que investiga. Cada tanto, en casos particulares puede haber información que sirva para la planificación estratégica, pero se deberían hacer a través de organismos específicos que tiene la Procuración. La Agencia Federal de Inteligencia tiene que trabajar sobre lo preventivo y evitar que se produzcan casos vinculados a crímenes complejos. Los vínculos con jueces y fiscales se están rompiendo, ese es uno de los grandes avances de este proyecto.
Fuente:Infojus




Domingo 01 de Febrero de 2015
Los intentos fallidos de la democracia por reformar la estructura de inteligencia
Por claudio mardones 
Desde 1983, los gobiernos encabezaron al menos cuatro intentos para limitar y controlar la autonomía de la estructura del secreto estatal. El debate del proyecto de creación de la AFI será el cambio más importante desde la sanción de la ley promulgada en 2001 por De la Rúa. Los puntos de inflexión para promover reformas siempre fueron situaciones complejas.
Esta semana, cuando las dos cámaras del Congreso Nacional arranquen febrero con un intempestivo ciclo de sesiones extraordinarias, debatirán por primera vez en una década sobre el papel del aparato de inteligencia, integrado por una decena de organismos. Lo harán en torno al viejo y remozado proyecto de creación de una Agencia Federal de Inteligencia que suplante a la disuelta ex SIDE.

Según consignó Tiempo Argentino, si el debate alumbra un nuevo organismo de espionaje, será el cambio más importante en esa estructura desde la sanción de la Ley de Inteligencia promulgada por Fernando De la Rúa en 2001 y la purga previa que dispuso el banquero Fernando De Santibañes antes de ser acusado de usar al organismo para el pago de sobornos con el fin de sancionar la Ley de Reforma Laboral.

La arqueología de ese proceso, investigada por decenas de especialistas y recopilada por Marcelo Saín en el año 2001, confirma el escarpado camino que tuvo que recorrer la democracia para intentar el fallido control de los organismos de inteligencia o, al menos, su subordinación al poder civil. 

Ahora, los dos mayores recintos de la democracia volverán a transformarse en el escenario de un nuevo examen para todas las fuerzas políticas, que pondrán en juego sus posicionamientos respecto de uno de los temas más espinosos y controversiales desde la recuperación democrática: la subordinación de las estructuras de espionaje estatal a los mandos civiles y la aplicación de métodos que permitan controlar desde el Parlamento la histórica discrecionalidad y autonomía de la ex SIDE que la presidenta Cristina Fernández propuso disolver y remplazar por la AFI, un diseño que originalmente había impulsado Gustavo Béliz desde 2003, cuando se transformó en el primer ministro de Interior de la gestión del presidente Néstor Kirchner y dejó el cargo un año después, entre otras razones, por el fracaso en el intento de reformar "la casa" de los espías ante las presiones del, por entonces, director de contrainteligencia del organismo Antonio Horacio Stiuso, que fue desplazado en diciembre. El funcionario secreto, que ingresó al organismo en 1972, ganó la partida frente al ministro más famoso que tuvo el Opus Dei en el gobierno. Sin embargo, el malherido Béliz, apenas dejó el cargo, reveló en televisión el rostro y la identidad del espía que mayores relaciones ha mantenido con los aparatos de inteligencia exterior en un enorme abanico de temas, pero especialmente en la investigación de los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.

Por entonces, la primera Ley de Inteligencia de la democracia, que lleva el número 25.520 y rige en la actualidad, no había cumplido sus primeros tres años de vigencia desde que el presidente Fernando de la Rúa la promulgara poco antes de presentar su renuncia al cargo y abandonar la Casa Rosada en helicóptero. Lo hizo luego de haber declarado el estado de sitio y activar el consejo de seguridad interior, un mecanismo dentro de la arquitectura legal vigente que reafirmó la debilidad del poder civil ante la autonomía de los organismos de inteligencia civiles y militares en situaciones de crisis institucional, con el acompañamiento en las calles de las fuerzas de seguridad federales y provinciales. Esa estructura dejó su huella con balas de plomo entre el 19 y 20 de diciembre de 2001, tras el asesinato de 40 personas en todo el país.

La misma letalidad, bajo la coordinación institucional de la ex SIDE, volvió a funcionar con eficiencia técnica el 26 de junio de 2002, durante el operativo conjunto de fuerzas federales que dispuso el presidente interino Eduardo Duhalde para reprimir los cortes de los principales accesos del Gran Buenos Aires a la Capital Federal y que tuvieron su epicentro en el Puente Pueyrredón, donde la movilización fue brutalmente reprimida con balas de plomo. El plan represivo fue comandado por la Policía Bonaerense, coordinado por la ex SIDE, filmado desde el aire por la Policía Federal y visto como un partido de fútbol en las oficinas de la seguridad interior, cuyo ministro del área, Juan José Álvarez, sostuvo hasta la medianoche de esa jornada que se trataba de una pelea entre piqueteros. El operativo, debatido dos semanas antes en el seno de ese consejo de seguridad estuvo acompañado por Gendarmería Nacional, además de Prefectura, y terminó con 500 detenidos, 30 heridos por balas de plomo y el asesinato institucional de los jóvenes militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. El derrotero del ministro de Seguridad de Duhalde sería aciago años después con la publicación de un expediente de la ex SIDE donde aparecía su ingreso al organismo antes del fin de la dictadura.

En menos de dos años, la flamante Ley 25.520 legitimó en las sombras de una institucionalidad crujiente las peores prácticas que sus creadores legislativos buscaron suprimir, luego de varios años de intentos, revisiones y debates. Trece años después, al calor de un nuevo cimbronazo, ese complejo entramado legislativo volverá a ser revisado en el Congreso que la creó, aunque una de sus principales herramientas, como la comisión de seguimiento y control de organismos de inteligencia, está a un paso de cumplir una década y media sin haber ejercido ningún control efectivo sobre los organismos que llevan 32 años de autonomía ininiterrumpida.

La arqueología de ese proceso, investigada por decenas de especialistas y recopilada por Marcelo Saín en el año 2001, confirma el escarpado camino que tuvo que recorrer la democracia para intentar el fallido control de los organismos de inteligencia o, al menos, su subordinación al poder civil. El primer paso, puertas adentro de la Casa Rosada, estuvo en manos del entonces presidente Raúl Alfonsín que, recién llegado, y luego de una dura disputa, logró quitarles a las Fuerzas Armadas el comando de la ex SIDE. El organismo, hasta entonces, debía estar en manos de un general de División. Fue el prólogo de una serie de intentos que buscaron desarticular "la tutela militar sobre todo el aparato de inteligencia" a través de la derogación de la Ley 16.970 de Defensa Nacional, un cambio que al mismo Congreso le llevó cuatro años lograr. El 13 de abril de 1988 Alfonsín pudo promulgar la nueva Ley 23.554 de Defensa Nacional, que  reemplazó a la anterior y ordenó la separación entre defensa nacional y seguridad interior. El capítulo siguiente tardó cuatro años más, durante la presidencia de Carlos Menem, con la sanción de la Ley de Seguridad Interior, (Nº 23.554). La norma creó una primera comisión bicameral de control de organismos de inteligencia que, al igual que su sucesora de 2001, nunca tuvo garantía alguna de funcionamiento ni eficacia, al calor de los años que vendrían, atravesados por los atentados terroristas contra la Embajada de Israel el 12 de marzo de 1992 y contra la AMIA el 18 de julio de 1994.

Entre la sanción de ambas leyes, hubo intentos para recortar algunas atribuciones de la autonomía del espionaje nacional, pero el trabajo de Saín, titulado "Las Fuerzas Armadas, la seguridad interior y las 'nuevas amenazas': el caso argentino (1983-2000)", recuerda que "Alfonsín, tras promover la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final, firmó dos instrumentos muy controversiales. Los decretos 83/89 y 327/89 que autorizaban y disponían la intervención militar en inteligencia interior. Las medidas cercenaron "el impulso desmilitarizante de la seguridad interior que se había conseguido con la promulgación de aquella ley. De este modo, la respuesta institucional dada por la administración alfonsinista al copamiento del cuartel de La Tablada significó una renovada concesión gubernamental al interés manifiesto de la conducción del Ejército en favor de reconquistar espacios y funciones institucionales que habían perdido desde la derrota militar en la guerra de Malvinas."

Primer paso
Alfonsín logró quitar la tutela militar sobre el aparato de inteligencia. Luego hizo concesiones.

Los proyectos de cada gestión
De las reformas posteriores al fin de la dictadura, la primera fue la sanción de la Ley de Defensa, que sucedió a los alzamientos carapintadas, la segunda fue la norma de Seguridad Interior de 1992, y la tercera la Ley de Inteligencia Nacional de 2001, sancionada luego  del escándalo de las coimas del Senado y la purga que ordenó Fernando De la Rúa el año anterior mediante el banquero Fernando De Santibañes.

La comision bicameral que existía por entonces estuvo presidida por la senadora cordobesa Beatriz Raijer y tuvo en sus manos ocho proyectos. Recordarlos aporta un pantallazo de las pujas internas, las visiones en marcha, y las relaciones políticas de cada bloque con la autonomía de los organismos afectados.

Por el radicalismo en el gobierno, el secretario general de la Presidencia, y ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena había presentado uno, pero el por entonces jefe de la SIDE Carlos Becerra, había ingresado otro, que no había sido solicitado por la comisión y que fue presentado espontáneamente.

Ante el intento del organismo de presentar su propia regulación para el futuro, también hubo inciativas provenientes de Diputados, como los proyectos impulsados por Darío Alessandro, del Frepaso y por Ricardo Quintela, del PJ riojano.

El Senado aportó cuatro iniciativas, una bajo la firma del ex ministro de Carlos Menem, el senador Carlos Corach, otra impulsada por su compañero de bancada, el formoseño Ricardo Branda, un tercer borrador redactado por el radical de La Pampa Néstor Rostán y el cuarto era de la titular de la comisión, la cordobesa Raijer.

Los temas mas espinosos giraban en torno al control de los fondos reservados, que fueron incluidos en el articulo 37 de la nueva ley, y el control parlamentario, que fue resuelto con la creación de otra comisión bicameral.

Hace dos años el Institituo Latinoamericano de Seguridad y Democracia, creado por el experto Alberto Binder, junto a la Asociación por los Derechos Civiles, presentaron un pedido de informes sobre el cumplimiento de la ley y el funcionamiento del organismo.

Tras la muerte del fiscal Nisman, dos años despues del pedido y de una investigación al respecto, los organismos publicaron un informe urgente, donde denunciaron que "el espionaje político interno es una de las principales actividades de inteligencia en la Argentina a pesar de que se encuentra expresamente prohibido por una ley del Congreso y es consecuecia de la falta de controles parlamentarios y judiciales eficientes."

También concluyó que "desde 1983 los gobiernos democrátiicos no han sabido o querido establecer controles efectivos. Respecto a la ley sancionada en 2001 agregó que su "mecanismo de control parlamentario no funciona" y recomendó que sea "objeto de una revisión profunda y una reforma integral".

En términos históricos de balance desde 1983, al calor de los vaivenes politicos de la democracia, el documento tambien advierte que "ninguno de los escánalos producidos en los últimos años generó cambios significativos en el control de las actividades de inteligencia."

LEY VIGENTE
La primera Ley de Inteligencia de la democracia lleva el número 25.520 y rige en la actualidad, fue sancionada durante la presidencia de Fernando de la Rúa, quien la promulgó poco antes de presentar su renuncia y abandonar el cargo.



El martes el Senado tratará el texto en el plenario de comisiones
El FPV tiene los votos para la creación de la AFI pero pide un debate a la oposición
Con el rechazo anticipado de los bloques del PRO, la UCR, el massismo y el Frente Amplio UNEN, el oficialismo buscará aprobar antes de fin de mes el proyecto de ley que dispone modificar el servicio de Inteligencia del país.
Agustín Alvarez Rey
Discusión - El oficialismo propondrá el debate desde este martes, aunque desde algunos sectores opositores ya anunciaron que no participarán de las comisiones - Foto: télam

La reforma integral de la Ley de Inteligencia impulsada por el Poder Ejecutivo, que dispone la disolución de la Secretaria de Inteligencia (SI) y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), comenzará a ser debatida el próximo martes a partir de las 14 en el Senado de la Nación y volverá a convertir al Congreso en el epicentro de la discusión política que atraviesa la coyuntura.

El tratamiento de la norma que ingresó el viernes al Parlamento, en el marco del período de sesiones extraordinarias decretado por el Ejecutivo, no escapará de la lógica electoral de 2015 y, en principio, el Frente para la Victoria se apresta a enfrentar en soledad la discusión legislativa. El PRO, la UCR, el massismo y el Frente Amplio UNEN se apresuraron a rechazar el debate inmediatamente después de que la presidenta Cristina Fernández anunciara en Cadena Nacional el envío del proyecto. El interbloque del peronismo disidente –de funcionamiento inorgánico– se reunirá recién el martes por la mañana para intentar unificar una posición.

En ese escenario, según confirmaron a Tiempo desde el bloque oficialista, el objetivo es emitir dictamen durante la primera semana de febrero –probablemente el miércoles– para dejar al proyecto en condiciones de ser tratado en el recinto el 11, una semana después.

Luego será el turno de la Cámara de Diputados donde el Frente para la Victoria espera obtener dictamen el 18 de febrero y darle sanción definitiva el 25.

Ruperto Godoy, senador sanjuanino del FPV, fue uno de los representantes del oficialismo que cuestionaron la reacción opositora: "Esperamos que la oposición esté a la altura y demuestre la responsabilidad institucional que requiere una tarea de esta envergadura, tan importante para nuestra democracia."

Sin escuchar el reclamo del oficialismo la mayoría de la oposición no esperó a conocer el texto definitivo y rechazó de plano el debate. Cuestionaron la posibilidad de que un gobierno que transita su último año pueda avanzar en una reforma tan profunda, aseguraron que se trata de una "cortina de humo" para tapar lo sucedido en torno a la causa AMIA y la muerte del fiscal Nisman, y luego apuntaron sus cañones contra la decisión de que a partir de la sanción de la norma sea el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Alejandra Gils Carbó, el que conduzca la Dirección de Observaciones Judiciales –conocida como "Ojota"–que se ocupa de las "escuchas".

El propio titular de la UCR y senador mendocino, Ernesto Sanz, apuntaló la teoría de la "cortina de humo" y bajo ese argumento justificará la ausencia de su bloque el próximo martes a las 14 cuando el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales se reúnan en el Senado para debatir el proyecto. "Todos los partidos de la oposición estamos aunando esfuerzos para que nada, de todo este terrible caso, sea tapado por las cortinas de humo que levanta el gobierno", sentenció el referente radical.

Por su parte, el senador del interbloque Frente Amplio Progesista (FAP), Fernando "Pino" Solanos, se diferenció de la cerrazón radical y planteó interrogantes para el debate. Solanas es el único senador con un proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia presentado. "Tenemos muchos interrogantes graves sobre el proyecto oficialista: ¿qué pasará con el autogobierno de la inteligencia del Ejército y su monstruoso presupuesto en manos de Milani?; ¿cuáles serán los límites, hoy violados, entre la Inteligencia militar, la Inteligencia criminal y la seguridad interior?; ¿qué podemos esperar de que las operaciones de escuchas queden bajo control directo de una funcionaria adicta al gobierno como Gils Carbó?", se preguntó el cineasta.

Además la oposición cuestionó que sea "un gobierno de salida" el que designe las autoridades del nuevo organismo por los próximos cuatro años. En este caso, el cuestionamiento devino en abstracto antes del debate ya que la norma que disuelve la Secretaría de Inteligencia y crea la Agencia Federal de Inteligencia establece que las autoridades serán designadas con Acuerdo del Senado y que podrán ser removidos por un decreto del PEN. Tampoco establece plazos de duración en los cargos. La introducción de este criterio, diferente al esperado, no alcanzará para modificar la rígida postura opositora.

Las voces parlamentarias del oficialismo comenzaron a poner en discusión la necesidad de la reforma de la Ley de Inteligencia 48 horas después de que falleciera Alberto Nisman, el fiscal a cargo de la UFI AMIA. Posición que, como es lógico, se fortaleció una vez conocida públicamente la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar en ese sentido.

Si bien desde su comienzo hasta su fin el debate estará teñido por la lógica mediática-electoral, el punto más alto lo alcanzará durante los 15 días que dure la discusión en la Cámara Baja. En el Frente para la Victoria esperan los discursos encendidos de las legisladoras del PRO, Patricia Bullrich y Laura Alonso, en torno a la causa AMIA, la denuncia contra la presidenta y la muerte del fiscal Alberto Nisman, para cuestionarles su relación con el fiscal y, en el caso puntual de Alonso, "su falta de colaboración con la justicia".

La representación de los espacios de izquierda garantiza en diputados la recriminación a la posición pública del PRO luego de que su jefe político fuera procesado por escuchas ilegales, el recordatorio de que Juanjo Álvarez, actual jefe de campaña de Sergio Massa, fue agente de la SIDE durante la dictadura cívico militar, y el recordatorio a la bancada de la UCR de las tropelías de la SIDE al mando de Fernando de Santibañez durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

Más allá de la intensidad y beligerancia que pueda alcanzar el debate en cada una de las
cámaras, lo cierto es que, como es habitual, el FPV cuenta con los votos necesarios para aprobar la ley en ambos recintos y, por lo tanto, para llegar al comienzo del período de sesiones ordinarias con la reforma sancionada.

El comienzo de 2015, en términos parlamentarios, marcará claramente la continuidad de una convivencia que no se permitirá consensos y donde al parecer cada propuesta que llegue desde el Poder Ejecutivo será cuestionada, en primer término y antes de ser leída, por tratarse de un gobierno encabezado por una presidenta que no tiene la posibilidad constitucional de ser reelegida en su cargo. Por lo menos eso es lo que señalaron taxativamente los distintos jefes de bloque de las bancadas opositoras en cada una de las conferencias de prensa que brindaron en los últimos 15 días.

Negri: "no nos vamos a prestar al juego"
"No nos vamos a prestar al juego del gobierno. Sería dar por terminada la búsqueda de la verdad con el entierro de Nisman", opinó el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, sobre el proyecto de creación de la AFI. "Lejos de una iniciativa para modificar los servicios de inteligencia, de los cuales hizo uso y abuso el gobierno durante 12 años, lo que envía al Congreso era lo previsible", dijo el legislador, que sostuvo que el oficialismo intenta "cambiar la atención de la sociedad del hecho más grave y doloroso que ha vivido la democracia argentina, como lo es la muerte del fiscal Nisman".

"Una ley de esa magnitud requiere tiempo y amplio consenso de las fuerzas políticas que van a gobernar –dijo Negri–, cosa que no ocurre con este gobierno al que le faltan nueve meses de mandato. Los servicios de inteligencia dependieron y dependen directamente de la presidenta. Ella es responsable y no comentarista de lo sucedido."

Godoy: "se busca mayor transparencia"
"Es una deuda de la democracia", expresó el senador Ruperto Godoy, quien integra la comisión de Justicia, al referirse al proyecto de ley enviado al Congreso para reformar el servicio de inteligencia argentino. "La Agencia Federal de Inteligencia requerirá de nuevo recurso humano capacitado al servicio de los intereses nacionales y no de grupos que operaban en contra del gobierno", agregó el legislador, que explicó que "se busca mayor transparencia a través del control de las escuchas telefónicas, que estará a cargo de la Procuración General, para que no sirvan para extorsionar, para presionar".

Sobre la oposición mayoritaria de la mayor parte del antikirchnerismo, Godoy dijo que esos bloques tendrán "la oportunidad de debatir el proyecto e invitar a especialistas".



EL RADICAL MIGUEL BAZZE, SOBRE EL PROYECTO PARA DISOLVER LA EX SIDE
"Tenemos que dar el debate en el Congreso"
El diputado sostiene la necesidad de discutir la ley, pero pide que se escuche a la oposición y no aprobar "a libro cerrado".

Campaña - "No creo que esto pueda ser capitalizado electoralmente", analiza el legislador.
Miguel Bazze es diputado radical y miembro de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Inteligencia. También es uno de los pocos opositores, incluyendo a muchos de sus propios correligionarios, que mostró una posición abierta para debatir el proyecto de ley que la presidenta envió al Congreso para disolver la ex SIDE, la respuesta política del gobierno nacional al problema estructural que destapó todo lo que rodea a la muerte del fiscal Alberto Nisman.

En el bar Casa Blanca, ubicado en la esquina del edificio anexo del Congreso, Bazze se sienta en una mesa junto a la ventana. "Esta es mi segunda oficina", dice. Por el vidrio se ve la avenida Rivadavia. Es una tarde de enero. Hace pocos días la Ciudad fue un horno, pero ahora corre un viento fresco y los transeúntes andan con abrigo liviano.  

"El proyecto todavía no lo estudiamos en detalle", señala el diputado radical, al referirse a la iniciativa del oficialismo. "Pero creo que en Argentina hay que abordar el tema de los servicios de inteligencia. Hay que centralizar las tareas y avanzar en una reforma profunda. Se sabe que es difícil establecer un protocolo, pero tampoco puede ser un sistema tan cerrado y oculto."

–Entonces, quiere dar el debate…
–Tenemos que darlo y que exigirle al oficialismo una discusión amplia.

–Algunos correligionarios suyos se han mostrado reacios incluso a debatir. ¿Está acordada una postura en el bloque? 
–Hay una postura unificada respecto de las circunstancias políticas que rodean a la decisión del oficialismo de enviar este proyecto. Creemos que es prioritario poner todas las condiciones para que se esclarezca la muerte de Nisman y seguir con la investigación del fiscal. El Congreso debe poder convocar a varios funcionarios para interpelarlos por este tema. En eso coincidimos con otros partidos. Lo que no podemos hacer es opinar sobre el proyecto porque todavía no lo analizamos en profundidad. Si el oficialismo está dispuesto a tomar en cuenta nuestras propuestas, nosotros estamos dispuestos a debatir. Lo que no vamos a aceptar es acompañarlo a libro cerrado. Lo decimos porque esto pasa con muchas iniciativas del Ejecutivo.

–El PRO adelantó su rechazo, lo mismo hicieron el massismo, Margarita Stolbizer y algunos dirigentes radicales, como el senador Mario Cimadevilla. 
–Me parece que el rechazo es porque todos parten de la base de que el gobierno intentará imponer el proyecto tal cual lo mandó. Pero no creo que ningún bloque de la oposición se niegue a discutir esto si el oficialismo muestra una postura abierta. Nosotros todavía no tuvimos una reunión del bloque para unificar la postura.

–En un año electoral, ¿puede terminar pesando la lectura de que respaldar esta norma termine siendo una victoria política del FPV? 
–En Argentina hay problemas muy importantes. La gente está preocupada por el descontrol de los servicios de inteligencia. Si avanzáramos en una posición común, la sociedad lo tomaría bien. No creo que esto pueda ser capitalizado electoralmente por ningún sector. Al país le conviene que ni el oficialismo ni la oposición asuman una postura cerrada sobre este asunto. La sociedad percibe estas cosas y le va a pedir cuentas a toda la dirigencia para ver si actuó con responsabilidad frente a un problema que innegablemente existe.

–¿Buscarán unificar posturas con toda la oposición o sólo con las fuerzas del Frente Amplio UNEN (FAU)?
–Lo primero será armar una posición común de la UCR y el FAU. Los partidos del Frente son fuerzas con las que habitualmente coincidimos en estos temas. Después conversaremos con otras fuerzas de la oposición y ojalá pudiéramos discutir igual con el oficialismo. Al próximo gobierno, sea del color que sea, le vendrá bien empezar con una nueva ley de inteligencia.

–Una de las críticas que más ha circulado es sobre el "momento" en que el gobierno tomó esta decisión. ¿Se puede elegir siempre el "momento"? 
–Alguien puede pensar que el oficialismo manda el proyecto para buscar una salida política al problema generado por la denuncia y la muerte de Nisman. Lo que sí es cierto es que nosotros hace mucho denunciamos la forma en que funcionan los servicios. No puede ser que administren tanto presupuesto. Eso debe ser más transparente. Se hace inteligencia sobre partidos políticos, organizaciones sociales, periodistas. Lo que tenemos que hacer es exigirle al oficialismo debatir en profundidad. Es cierto que esta es una deuda de la democracia y también es cierto que el kirchnerismo lleva más de una década gobernando y no hizo nada.  

–Una propuesta del proyecto es traspasar la potestad de las escuchas telefónicas legales a la Procuración General. ¿Qué opina al respecto?
–El problema que tenemos con eso es que no genera confianza la forma en que funciona la Procuración. La desconfianza está instalada en la gestión de (Alejandra) Gils Carbó.
Fuente:TiempoArgentino





¿Cambió algo el espionaje?
Cuando se inicie el debate parlamentario sobre el proyecto de ley para la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, ¿se ventilarán cuáles serán las doctrinas que guiarán el trabajo de los espías en el futuro?
¿Cambió algo el espionaje?
En 1930, el arquitecto Alejandro Bustillo terminó el sobrio edificio Martínez de Hoz ubicado en 25 de Mayo y avenida Rivadavia. Unos años después, Bustillo encaró el edificio de la Casa Central del Banco Nación, ubicado frente al edificio Martínez de Hoz. Cuentan que desde la oficina del Presidente de la Nación podía verse la oficina del Presidente del Banco y que solían comunicarse por señas, el hombre que manejaba los destinos del país con el hombre que manejaba los dineros. Lo interesante es que el Estado compró, en 1940, el edificio Martínez de Hoz para ocuparlo con los espías. Es decir, desde la Casa Rosada, a través de algunos pasadizos subterráneos, podían ir y venir los agentes que se ocupaban también de cosas subterráneas. En estos días, agitados, en que la Presidenta decidió enviar un proyecto de ley para modificar la actividad de los espías, cabe preguntarse si cambiará no sólo la sede, con olor a la rancia oligarquía, sino también los objetivos y métodos de las tareas que hacen los espías.

Antes de entrar en la vertiginosa coyuntura, vale la pena detenerse en alguno de los documentos secretos que cada tanto llegan a manos de algún periodista y que revelan qué hicieron los espías argentinos en la época en que José Alfredo Martínez de Hoz era ministro de Economía. El facsímil que acompaña este artículo es una de las páginas de los protocolos que manejaban los agentes de inteligencia del destacamento de inteligencia 101 que operaba en La Plata en los tiempos de la última dictadura y que actuaba con otras bandas provenientes de la ultraderecha de esa ciudad y con otras fuerzas armadas y de seguridad. Cabe consignar que hay una diferencia muy grande entre los servicios de inteligencia estatales y los grupos de choque que circunstancialmente resultan funcionales al Estado. Así como la Concentración Nacional Universitaria sirvió para el matonaje y los crímenes en los setenta, la Liga Patriótica hizo lo propio en las huelgas de la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde, también en alianza con fuerzas militares.

Nótese, en primer lugar, que las actividades de contrainteligencia de aquellos años tenían por objeto dos países limítrofes (Brasil y Chile) con los cuales las grandes potencias alimentaron conflictos froterizos, el Reino Unido –por Malvinas– y tres países del arco llamado socialista, la URSS, Cuba y Nicaragua. No es ningún secreto que este organigrama –salvo el Reino Unido– estaba en sintonía con los mandamientos de la Escuela de las Américas y con las actividades de la CIA en América latina. La pregunta parece obligada: ¿cambió en algo el esquema de alineamiento de la inteligencia vernácula que, entre otras cosas, espía gremialistas que trabajan en empresas norteamericanas o que borró las pistas de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA a la medida de las visiones de la CIA y la Mossad?

Cuando se inicie el debate parlamentario sobre el proyecto que enviará la Casa Rosada al Senado en estos días, uno de los puntos salientes será el traspaso de las escuchas telefónicas de las tareas de los espías a la Procuración General de la Nación. Pero, ¿se ventilarán cuáles son las doctrinas que guiarán el trabajo de la inteligencia? Hay en la Argentina una Escuela Nacional de Inteligencia donde, se supone, quienes la cursan deben aprender geografía, relaciones internacionales, falsificación de documentos y fabricación de explosivos, entre otras materias. Pero, en un tiempo donde las tensiones mundiales se expresan entre quienes se alinean con el Pentágono y la Casa Blanca y quienes no, la sociedad debería saber en qué doctrinas y teorías abrevan quienes cumplen tareas de inteligencia. Hasta ahora, cada vez que aparecen escenarios complejos como el de la lucha contra la narcocriminalidad y la investigación de la AMIA, la autonomía de la inteligencia vernácula parece escasa. Quienes se dedican a esos temas suelen argumentar la dependencia en tecnologías sofisticadas. Eso es cierto pero no es el fondo del asunto. En América latina –por ser el patio trasero de la diplomacia y la inteligencia de Estados Unidos– los cuadros de las fuerzas de seguridad y las agencias de espionaje siguen bajo la tutela de infinidad de programas de intercambio y capacitación de distintas agencias norteamericanas. Otro elemento sobre el que debería debatirse es sobre lo que este documento titula como “AS” y que significa Antisubversión. El protocolo no tiene eufemismos: puede verse un rubro que es “Ejecución de AS”. En los juicios por delitos de lesa humanidad abundan los testimonios sobre las ejecuciones sumarias y desaparición de personas. No hay, sin embargo, una explicación sobre cuáles eran los protocolos –como éste– usados en esos años por los espías y en qué se han modificado. Lo que es más inquietante: no se sabe en realidad cuántos de los agentes de inteligencia de aquellos años lograron perduran hasta estos días. Se habla mucho de Antonio Stiuso y se da por cierto que su ingreso a la SIDE fue en 1972.

El análisis de este tipo de documentos –que por cierto deberían ser desclasificados o rescatados de los expedientes donde se juzgan criminales de lesa humanidad– debería aportar al debate sobre los cambios en los organismos de inteligencia. Una advertencia para quienes no conocen nada sobre esto y, lo mismo, pretenden descubrir primicias informativas: los cursos de formación de espías se empeñan en capacitar a sus agentes en la desinformación y la contrainformación. Ambas maniobras tienden a ocultar la verdad y a producir cambios en la agenda de la información pública. La desinformación apunta a crear confusión mientras que la contrainformación consiste en replicar a un emisor o a una corriente de pensamiento. Una de las historias apasionantes de esta última fue creada por el periodista y escritor Rodolfo Walsh quien, además, ocupó un alto cargo en la organización Montoneros en temas de Inteligencia. Walsh creó la Agencia de Noticias Clandestinas (Ancla), que difundía de modo muy rudimentario datos destinados a desnudar los crímenes de la dictadura. Lo interesante es que Walsh quiso confundir a los mandos del Ejército, sembrando algunas pistas para que creyeran que Ancla era un boletín originado en espías del Servicio de Información Naval. Las noticias de Ancla llegaban al escritorio de muchos periodistas de los grandes medios quienes tiraban puntualmente al cesto de basura esos boletines. Por esos años, el fervor de muchos editores y el miedo reinante eran casi suficientes como para relevar de la tarea de espiar uno a uno a los periodistas. Aquel intento de Walsh se explica como un método excepcional en tiempos dictatoriales. Él mismo lo explicó en el primer párrafo de su carta abierta a la junta militar, dada a conocer en marzo de 1977: “La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta años”.

¿Dónde aprender Inteligencia? No todos los cursos para espías son en las sombras. Concretamente, la Secretaría de Inteligencia cuenta con una Escuela Nacional de Inteligencia, creada por el dictador Juan Carlos Onganía en 1967, cuya sede desde 1982 está en uno de los barrios más coquetos de Buenos Aires, en Libertad 1235, en un petit hotel que alguna vez fue del presidente Victorino de la Plaza, uno de los prohombres de la Argentina conservadora. En varios documentos todavía se cita a Silvia Cucovaz de Arroche, licenciada en Geografía y profesora en varias universidades, como su directora.

La Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata ofrece un curso de post-grado en Ayacucho 132, también en la Ciudad de Buenos Aires. El director es Miguel Ángel Tello y una de las catedráticas es la mencionada Cucovaz. La currícula del curso –anual– es ilustrativa de cuántas cosas es preciso saber para ser un espía consumado: Inteligencia, Inteligencia Estratégica, Metodología de la Investigación, Inteligencia Digital, Seguridad Humana, Seguridad Societaria y Defensa Nacional, Visión Estratégica Mundial y Tendencia del Sistema Internacional, Contexto Político Nacional: Argentina, Derechos Humanos, Planeamiento Estratégico, Terrorismo, Narcotráfico, Lavado de dinero, Crimen Organizado, Proliferación de Armas Pequeñas y de Destrucción Masiva, Migraciones Ilegales, Delitos Informáticos, Inteligencia Competitiva y Económica, Inteligencia Científico-Tecnológica e Inglés.

Es difícil saber cuánto pesa la formación académica en la vida diaria de espías que hacen cosas tan diversas como analizar conflictos bélicos en Medio Oriente o escuchar conversaciones telefónicas de ministros, sindicalistas o periodistas. Sin embargo, es interesante reparar en el artículo “El nuevo imperio”, del profesor Tello, que se nutre de una bibliografía que nada tiene en común con la visión complaciente con el país más poderoso de la Tierra. Tello cita entre otros a Atilio Borón, Michael Hardt y Antonio Negri.

Por último, una frase pronunciada por un psicoanalista puede resultar una síntesis poco esperanzadora pero dura, como suelen ser las que dicen estos profesionales en el consultorio. “Debemos concluir –le dijo el analista a un paciente– que el mundo está manejado por espías. Putin en Rusia y, hace unos años, Bush en Estados Unidos”.

Efectivamente, Vladimir Putin llegó a ser el hombre más importante de la Rusia post-soviética tras haber hecho carrera en la KGB y luego al frente del Servicio Federal de Seguridad; es decir, la continuidad de la KGB. En cuanto a George Bush padre, antes de llegar a la presidencia, estuvo un tiempo al frente de la CIA. Habría que preguntarle al psicoanalista qué relación hay entre el inconsciente colectivo y los métodos engañosos y perversos que utilizan los espías. Porque pocos personajes de la ficción resultaron más fascinantes que James Bond en la historia del cine.




A favor y en contra del proyecto de ley
A favor y en contra del proyecto de ley
Jorge Altamira. 
Partido Obrero
“El planteo de la disolución de la ex SIDE, para ser sustituido por otro organismo de Inteligencia con funciones similares, constituye una medida distraccionista que lleva a deslindar las responsabilidades políticas que le caben a este gobierno. Los responsables de esta crisis política, como resultado del encubrimiento de los atentados a la Embajada de Israel y de la AMIA, no pueden asumir la dirección de ninguna reforma.”

Nicolás Del Caño.

PTS-FIT
“Es absurdo pensar que un nuevo organismo creado por un gobierno que ha montado el Proyecto X para perseguir a los trabajadores combativos como denunciamos desde el PTS y que ha designado a un imputado por genocida a cargo Ejército y su inteligencia –que ha crecido exponencialmente en el presupuesto nacional– será cualitativamente más democrático que lo que hemos conocido hasta ahora.

Carlos Raimundi

Solidaridad e Igualdad
“Este proyecto de creación de la Agencia Federal de Inteligencia debe ser apoyado incondicionalmente por todo el arco político y por el pueblo en general; reafirma la convicción de que no se está tan sólo en una época de cambios, sino en un cambio de época. Hay sectores que quieren que la causa AMIA y la muerte de Nisman sigan impunes.”

Leonardo Grosso

FpV
“La Presidenta muestra una vez más que de los laberintos se sale por arriba, con más institucionalidad, con más verdad y con más justicia. Cristina piensa en el pueblo, si ella no lo hacía, la iban a criticar y si lo hace también, no hay nada que les venga bien y siempre responden 
con más politiquería.”



A favor y en contra del proyecto de ley
A favor y en contra del proyecto de ley
Ricardo Forster
Filósofo

“La disolución de la ex SIDE era una deuda de la democracia; fue una decisión fundamental, histórica y muy valiente. Tocar las estructuras de la SIDE no es algo sencillo y requiere de una gran convicción y una gran decisión. Ojalá que todos los actores de la oposición estén a la altura del desafío, y que haya actores que comprendan la importancia de esto y puedan correrse de las mezquindades políticas.”

Pino Solanas
Senador UNEN

“No se puede tapar la realidad: el descontrol, la anarquía y el autogobierno dentro del sistema de inteligencia, que en 12 años de kirchnerismo no pudieron, por incapacidad, o no quisieron corregir. El Gobierno es cómplice de este caos –y también fue beneficiario–, que construye al escenario donde se inserta la tremenda muerte del fiscal (Alberto) Nisman que hoy enluta al país.”

León Arslanian
Jurista

“Cuando vemos el modo en el que se han venido desempeñando los agentes que han venido operando con escuchas, es un motivo de preocupación. La depuración debe hacerse de un modo arreglado, mediante una ley, con una jubilación para que (esos agentes) no queden expuestos. Yo creo que estamos en un buen camino para terminar con ese caos. Era una gran deuda con la democracia.”

Leopoldo Moreau
UCR

“Había que disolver la ex SIDE, era absolutamente imprescindible. Es evidente que se fue incubando una estructura mafiosa entre el Poder Judicial y la Secretaría de Inteligencia, que venía saqueando a la sociedad y a la democracia. Es muy común leer que los agentes de inteligencia manejan fiscales y jueces, esto habla de una grave distorsión. Hoy se da la disyuntiva entre democracia y mafia. La bala que mató al fiscal Alberto Nisman salió de la mafia de la ex SIDE.”
Fuente:MiradasalSur 

CAUSA AMIA - MUERTE DEL FISCAL NISMAN.

LAS JOYAS OCULTAS EN EL ESCRITO DEL EX FISCAL DE LA CAUSA AMIA
Nismanismos
El eje de la denuncia es que el Memorando afectó la cooperación con los servicios de Inteligencia de Estados Unidos e Israel. Nisman escribe en defensa propia, por lo cual no es objetivo ni contrasta sus hipótesis con la realidad. Su razonamiento circular ofrece las conclusiones como premisas. Ni siquiera intenta probar que CFK conspiró para favorecer a Irán. El Cuervo sólo pidió que no manifestaran contra Israel. Rosconi se ofreció gratis a la viuda de Nisman. Brindis de jueces con procesados.
Por Horacio Verbitsky

Imagen: EFE
El escrito acusatorio contra la presidente CFK y su ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman fue presentado el miércoles 14 de enero y difundido por la Corte Suprema de Justicia el lunes 19, al día siguiente del hallazgo del cuerpo sin vida del fiscal Nisman en el baño de su departamento en Puerto Madero. Muchos detalles de su contenido requieren una paciente lectura, incompatible con la respuesta rápida del periodismo, sobre todo cuando los hechos se suceden en forma vertiginosa y múltiples fuentes se superponen con versiones tan contradictorias como interesadas. Pero en cada relectura, alguna de sus 289 fojas puede arrojar alguna sorpresa que si bien no conduce a la solución del enigma de su trágica muerte, ayuda a comprender la situación general de la que el fiscal fue voluntario o involuntario protagonista.

La lealtad de los espías
Una de las cosas que saltan a la vista de inmediato es la escasez de fundamentación jurídica del dictamen: apenas va de la foja 280 a la 282. Se titula “Breves consideraciones normativas”, no contiene citas de doctrina ni jurisprudencia y apenas enumera los artículos del Código Penal que habrían violado la presidente y su canciller: 241, 248 y 277, por encubrimiento agravado, impedimento o estorbo de un acto funcional e incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. Pero en lecturas sucesivas es posible descubrir que lo que Nisman intenta preservar es la confidencialidad de las informaciones recibidas de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos e Israel. La transcripción es contundente: “Desde el momento en que se suscribió el acuerdo con Irán, a esta altura ya se sabe, un instrumento cardinal en la maniobra de encubrimiento, se consumaron serias afectaciones al normal desenvolvimiento de los intercambios de información, elementos y demás piezas probatorias relevantes para la pesquisa del caso AMIA, implementados a través de los mecanismos de cooperación judicial internacional. El acuerdo firmado con Irán se traduce en restricciones y serias afectaciones a la recepción de información y documentación probatoria aportada por terceros estados para ser agregada al expediente judicial. Como bien se sabe el acuerdo con la República Islámica incluye, entre sus disposiciones, la obligación de entregar la totalidad de las actuaciones en trámite ante la justicia argentina –no a los imputados, lo que corresponde por derecho– para su revisión por parte de la Comisión de la Verdad prevista en el convenio para su posterior comunicación al gobierno de la República Islámica de Irán. Justamente la eventual puesta en conocimiento de las autoridades iraníes de informaciones, investigaciones, revelaciones y/o conclusiones elaboradas por organismos y/o agencias extranjeras, constituye una severa perturbación a dichos canales internacionales que nutren a la causa de elementos probatorios de interés, lo que claramente se erige en una traba que opera en detrimento de la investigación” (ff. 281-282). Esto confirma el cordón umbilical que unía a Nisman con la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, como lo revela la sucesión de despachos enviados a su cancillería, sistematizados en sus libros Argenleaks y Politileaks por Santiago O’Donnell, en los que se muestra cómo, en palabras del propio O’Donnell “Nisman recibía órdenes directas de la embajada estadounidense de no investigar la pista siria y la conexión local y de dar por cierta la culpabilidad de los iraníes, aunque ningún juicio se había realizado. Que Nisman le anticipaba sus dictámenes y los fallos del juez Canicoba Corral a la embajada con varios días de anticipación. Que una vez Nisman llevó a la embajada un dictamen de dos carillas y que la embajada lo mandó a corregirlo, entonces Nisman volvió unos días después con un dictamen de nueve carillas que sí fue aprobado por la embajada y recién entonces presentado en la causa. Y que otra vez Nisman pidió perdón tantas veces por no avisar que pediría la captura de Menem, que los diplomáticos tuvieron que escribir tres cables distintos para dar cuenta de sus sucesivas ampliaciones de sus pedidos de perdón y de sus promesas de que no volvería a suceder. Todo eso reflejaba una falta de independencia del fiscal nada menos que ante una potencia extranjera, por muy amiga que fuera”.

En defensa propia
Otra comprobación llamativa es que Nisman habla de sí mismo en diferentes tramos del dictamen, cosa que no es en absoluto usual. Ya en la foja 5, dice que “se lanzó una feroz campaña de descrédito hacia la investigación del caso”; en la 150 agrega que los partícipes del encubrimiento intentaban “remover al suscripto de su cargo”; elogia “los significativos avances” que él mismo obtuvo (f. 154) y las cosa que “logró demostrar de manera sólida y contundente” (f. 156); en la 182 denuncia una “campaña de descrédito” en su contra, en la siguiente alega que el “objetivo clave” de apartarlo de la causa debía lograrse “mediante el descrédito personal y/o la deslegitimación de la pesquisa”, y en la 184 insiste en que su alejamiento de la causa AMIA, “beneficiaría sin duda el plan encubridor que aquí se detalla y se denuncia”. Como no acepta ningún cuestionamiento a su tarea, basada como le recordó el juez Rodolfo Canicoba Corral, en los aportes de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos e Israel, Nisman opina que “lo único que necesita ser destrabado en esa causa es la firme negativa de Irán a extraditar a sus nacionales, para ponerlos a disposición de la Justicia argentina. El memorando de entendimiento está lejos de solucionar este problema” (f. 160).

Es posible comprender semejante grado de involucramiento personal en una causa tan inflamable. Pero esto conspira contra la necesaria imparcialidad y la pobre presentación de las pruebas. También contribuye a entender las razones del fiscal para presentar un trabajo ostensiblemente inconcluso desde el punto de vista de la investigación de los hechos, ya que Nisman no llegó a cotejar lo que sostenían quienes hablan en las 5.000 horas de grabaciones de los números telefónicos de una sola persona, Jorge Khalil (esto quiere decir un año completo durante 16 horas de vigilia por día), con los datos objetivos. Por ejemplo, la fuente que menciona una presunta emergencia energética
(f. 7) y el supuesto interés argentino en “intercambiar lo de aquellos por granos y carne” (f. 206) es el experto granbonaerense del barrio El Tambo Luis D’Elía. Quien dice que la Argentina tiene necesidad del petróleo iraní es el líder de la comunidad islámica argentina Jorge Khalil, a quien uno de los acusados por la voladura de la AMIA, Mohsen Rabbani le responde que hay interesados iraníes en vendérselo (ff. 97-98, 147). Esto es obvio, dadas las restricciones que Irán enfrentaba para vender petróleo, dadas las sanciones que Estados Unidos logró imponerle. Esto no equivale a decir que la Argentina realmente estuviera interesada en comprarlo. En el escrito no consta un solo intento de Nisman por verificar si el 1,3 por ciento de azufre que contiene el petróleo iraní permite su procesamiento en las refinerías argentinas, que trabajan con petróleos con 0,2 por ciento de azufre, seis veces menos. Tampoco se advierte que haya procurado confirmar con Interpol si el gobierno argentino había tratado de alguna manera de conseguir el levantamiento de las alertas rojas contra los imputados iraníes. De haberlo hecho, hubiera caído con estrépito la columna vertebral de su acusación y Nisman se hubiera ahorrado el escarnio de la contundente desmentida posterior del secretario general de Interpol, Ronald Kenneth Noble.

¿Quién es Noble?
En otro despacho al Departamento de Estado, firmado en 2006 y que lleva el número 2745 en la colección Wikileaks, el embajador en Buenos Aires Earl Anthony Wayne cuenta que el 22 de enero de ese año, Nisman viajó con funcionarios de la cancillería argentina a Lyon, sede de Interpol, para presentarle a Noble “nuevas evidencias” a favor de las alertas rojas, pese a lo cual el Secretario General postergó la decisión hasta la reunión del Comité Ejecutivo programada para dos meses después. Agrega que el vicecanciller Roberto García Moritán le pidió los “silenciosos esfuerzos diplomáticos” de Estados Unidos con vistas a esa reunión, y Wayne pidió a su gobierno que hiciera todo lo que estuviera a su alcance ya que si Interpol no emitiera las alertas rojas, “esto sería visto como una victoria de Irán”. García Moritán le contó al embajador Wayne que la reunión de la delegación argentina con Noble y otros funcionarios “comenzó muy mal cuando los funcionarios de Interpol preguntaron si Nisman había traído a Lyon algo más que la ‘basura’ que presentó el ex juez Galeano en 2005”. El 30 de enero Nisman se reunió con el embajador, su segundo y el representante del FBI en la embajada, y les dijo que había hecho progresos para convencer a los principales funcionarios de Interpol, pero que era crucial asegurar que Interpol recomendara al Comité Ejecutivo apoyar la solicitud argentina de las alertas rojas, ante la que Irán había replicado amenazando con emitir una orden de captura contra Nisman y todos quienes repitieran sus “difamatorias afirmaciones” sobre la República Islámica. El canciller Jorge Taiana, en consulta con el presidente Kirchner, decidieron presentar una protesta formal por esa intimidación. En su comentario final, el embajador Wayne escribió que “seguimos preocupados por la aparente predisposición del Secretario General Noble de alinearse con el Gobierno de Irán”, por lo cual recomendó que continuaran las expresiones de apoyo del gobierno y del Congreso de los Estados Unidos, como la carta que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Tom Lantos, envió a Noble. Como se puede apreciar, fue necesaria la presión política de los gobiernos de Washington y Buenos Aires para que Interpol dictara las alertas rojas, porque las pruebas de Nisman no eran demasiado convincentes. Este cable muestra que Noble no hubiera sido un obstáculo para el levantamiento de las alertas rojas si Timerman se lo hubiera pedido, cosa que de acuerdo a su experiencia previa Nisman sabía muy bien, y potencia más aún su certificación de que por el contrario el gobierno argentino hizo todo lo posible para que las mantuviera en efecto aún después de la firma del Memorando de Entendimiento. Es comprensible que los iraníes grabados por Nisman lo llamaran ruso de mierda. Más difícil es entender por qué el rabino Sergio Bergman pidió su expulsión de la AMIA, repitiendo la historia de hostilidad que padeció su padre cuando fue secuestrado por la dictadura militar y la DAIA protestó ante las organizaciones judías de otros países que reclamaban su libertad. Como el propio Jacobo Timerman narró en su libro Prisionero sin nombre, celda sin número, esa dirigencia defendió a la dictadura, alegando que no había antisemitismo en la Argentina y que denunciar todos los casos que se registraban ponía en peligro la vida comunitaria, como le llaman al normal funcionamiento de la DAIA y la AMIA.

Un tema no judiciable
En varios tramos, el fiscal aclara que la celebración de un acuerdo con una nación extranjera es un acto de gobierno que la Constitución faculta a realizar al Poder Ejecutivo, con acuerdo del Congreso, como ocurrió en este caso. “Debe quedar claro que no se está cuestionando un cambio de política exterior - resorte exclusivo del Poder Ejecutivo Nacional y por lo tanto tema no judiciable”, sostiene en la foja 59; en la 61 explicita que la presidente “cuenta con la potestad constitucional de concluir y firmar tratados y celebrar negociaciones para el mantenimiento de las buenas relaciones con las naciones extranjeras (art. 99 inc. 1 y 11 de la Constitución nacional). Nada de ello está en discusión”. Agrega que “si bien la materia, oportunidad y conveniencia de lo actuado resulta ajena al conocimiento de los jueces, el Poder Judicial se encuentra obligado a intervenir cuando la ejecución de ciertos actos, aún dentro de las competencias asignadas constitucionalmente, conlleve la comisión de delitos”. Pero luego discute sobre la interpretación del Memorando y señala como parte del alegado plan criminal que CFK haya presentado la firma como “un logro histórico” y “una victoria”. La libre interpretación de Nisman fue que su propósito era “mantener oculto el verdadero sentido del Memorando de entendimiento”, que a su juicio era “brindar un marco jurídico creíble para instrumentar solapadamente la impunidad de los acusados iraníes y así viabilizar políticamente el acercamiento geopolítico y comercial con Teherán” (f. 205).

Un rosario de mentiras
“El plan tenía sello presidencial. Esto es de una gravedad institucional inusitada. La orden para ejecutar el delito provino directa y personalmente de la presidente”, que es “la autora intelectual” (f. 135). La señora presidente “ha emitido una expresa directiva para que se diseñara y ejecutara un plan de encubrimiento”, que califica como “vil maquinación” (f. 200), cuyo objetivo era “desvincular a los acusados de nacionalidad iraní de la causa por el atentado a la sede de la AMIA, a efectos de brindarles impunidad definitiva” (f. 265). La única prueba de semejante acusación consiste en grabaciones de Allan Bogado, a quien Khalil menciona como “jefe de la SIDE” (f. 246) y de quien Nisman dice que “poseía información privilegiada y verídica de la salud de la primera mandataria” y por lo tanto “pertenece al entorno más cercano a la presidente. De lo contrario, nunca se le hubiera encargado una tarea en extremo sensible: ejecutar una acción delictiva por directa orden de la Sra. Presidente” (f. 248). Una vez establecidas ambas conclusiones como si fueran dos premisas, hay espacio para cualquier manipulación. En sus diálogos con Khalil, Allan dijo que el trato “está cerrado muy arriba” (f. 250), lo cual para Nisman quiere decir Cristina. Además, a pedido de Khalil, Allan prometió conseguirle cargos en la Aduana para gente de la comunidad chiita. La conclusión de Nisman es que Allan fue un actor central para abrir puertas a los contactos locales de los imputados iraníes, lo cual indica que “existió una orden, desde lo más alto del poder, que había autorizado determinados accesos, contactos y facilidades a los referentes de Irán en la Argentina, dentro del contexto mucho más amplio que significó el plan de impunidad” (f. 251). También considera llamativo que Allan “no haya considerado actuar en forma encubierta. Ello sólo puede deberse a la circunstancia, como ya se demostró, de que estaba actuando por órdenes superiores” (f. 253). Al fiscal no se le ocurría otra posibilidad, entre otras cosas porque ignoraba que el gobierno nacional había denunciado a Bogado ante la Justicia como falso influyente ante la Aduana. Esta intriga da más para una denuncia contra Bogado por estafa, como otras que ya enfrenta por no pagar el alquiler y cargarlo sobre los garantes cuya identidad había usurpado. Es decir, la única prueba de que Cristina ordenó cometer un delito es que Allan Bogado conocía antes de que fuera pública información sobre la salud presidencial y que Luis D’Elía dijo que se reunió con Julio De Vido para tratar sobre las relaciones comerciales con Irán “por orden de la Jefa” (f. 230). Establecido mediante esta petición de principios que Cristina es culpable, Nisman utiliza los dichos de Allan acerca de los cambios geopolíticos (“ya estamos en otro país, es otra situación mundial y hay que trabajar en otro contexto”, afirma en la foja 102) con el discurso oficial que construía la señora presidente, “muy distinto a la realidad que manejaban los partícipes de su plan” (f. 141). Nisman se refiere así a la afirmación presidencial al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso de 2013 de que “no voy a permitir que esta tragedia terrible que nos ocurrió a los argentinos sea utilizada como pieza de ajedrez en el tablero internacional” y la califica como un “rosario de mentiras” (f. 141).




Filtraciones
Por Horacio Verbitsky


Si los Wikileaks muestran la forma en que Nisman sometía su trabajo al control de la embajada de los Estados Unidos, después de su muerte quedó claro que también compartía con periodistas, dirigentes de las instituciones judías, abogados y políticos datos del expediente que investigaba. A Santiago O’Donnell el mismo día en que lo conoció le confesó su relación con la Secretaría de Inteligencia: “‘¿Cómo? ¿No lo conocés a Jaime?’ me preguntó Nisman entre extrañado y sorprendido. Acababa de decirme que en una causa tan compleja, en la que uno básicamente depende de lo que puedan averiguar los servicios de inteligencia extranjeros, su información provenía de Stiuso, ya que Stiuso era el que manejaba la relación con los servicios israelíes y estadounidenses”. Las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso, del PRO, también revelaron conversaciones con Nisman sobre la causa. Según Bullrich, Nisman le dijo que un “agente secreto le había pasado información sobre él y su familia a uno de los imputados”. Alonso agregó que Nisman había adelantado la denuncia y sus vacaciones “porque tenía información de que se lo iba a sacar de la causa Amia”. Y la ex abogada de la DAIA Marta Nercellas dijo que Nisman le anticipó hace ocho meses que tenía pruebas muy grandes que conducirían a la detención de Cristina, pero que “lo voy a hacer después de que deje el poder, porque si no van a creer que es un golpe institucional”. Por eso dice que le extrañó el momento de la denuncia, aunque no su contenido. No son los únicos promiscuos. Según el diario Ambito Financiero, en la fiesta de cumpleaños de Nercellas, hablaron de lo sucedido con Nisman la jueza del caso, Fabiana Palmaghini, los jueces Luis María Bunge Campos, Mario Filozof, y Claudio Bonadío, la ministra de la Suprema Corte de Buenos Aires, Hilda Kogan, el ex presidente de la DAIA Jorge Kirszenbaum, el abogado de la DAIA Miguel Bronfman, y el procesado por encubrimiento del atentado Jorge Fino Palacios.



Piedras al Cuervo
Por Horacio Verbitsky

En la síntesis que Nisman distribuyó el 14 de enero y que tuvo amplia difusión nacional e internacional, el fiscal Nisman acusó como enlace entre la presidente argentina y los criminales iraníes al Secretario General de La Cámpora, Andrés Larroque. Como prueba principal citó recortes periodísticos según los cuales en una ocasión le había transmitido a Luis D’Elía la recomendación presidencial de que no hiciera declaraciones sobre ningún tema antes de las elecciones. La otra mención de Nisman a Larroque, es una grabación en la que Jorge Khalil dice que El Cuervo le pidió que transmitiera a todos los iraníes asentados en la Argentina la solicitud de que no participaran en una marcha convocada en noviembre de 2012 por partidos de izquierda de Buenos Aires para denunciar al gobierno de Israel por su trato a los palestinos (ff. 194-197). Con lo cual sería más razonable acusarlo de conspirar con los israelíes que con los chiitas de Irán.



Etica
Por Horacio Verbitsky

La aparición del abogado Máximo Rosconi como defensor del hombre que entregó la pistola a Nisman, causó perplejidad. Cerebrito Lagomarsino había recurrido inicialmente a la defensoría oficial pero se presentó en la causa y ante la opinión pública en compañía de un abogado que, como él mismo lo proclama, es caro y aspira a ser cada vez más caro. Rosconi fue defensor del ex presidente Carlos Menem en la causa por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, y de los mayores traficantes detenidos en el país, en la causa por lavado de dinero más importante habida aquí. Eso no lo identifica con sus clientes, por cierto, pero muestra la alta cotización de su ética profesional y Lagomarsino no es un cliente a su altura. Antes, Rosconi había llamado al juzgado federal de San Isidro y había dejado a la secretaria de la jueza Sandra Arroyo Salgado sus dos teléfonos de línea y un celular, con un mensaje: “Me pongo a tu total y entera disposición para asumir la querella de la familia, en forma gratuita”.



HASTA AHORA, LAS PERICIAS APUNTAN A QUE EL FISCAL SE DISPARO A SI MISMO
El tiro del final
El centro de la investigación de la fiscal está en los resultados de la autopsia: no había terceros en la escena. La hipótesis se fortaleció con las pruebas de ADN. Cómo sigue la búsqueda de otras pruebas que lo confirmen y los avances sobre presiones o inducción.
Por Raúl Kollmann
Imagen: DyN
El expediente judicial por la muerte de Alberto Nisman avanza en varias líneas, pero con una afirmación que sobrevuela todo: en el deceso del fiscal no actuó ninguna otra persona. El se disparó a sí mismo. La cercanía del tiro a menos de un centímetro, el hecho de que no haya rastros de pelea en el baño, que Nisman no tuviera heridas defensivas y, desde el viernes, la verificación de que las muestras de ADN encontradas en el baño son exclusivamente del propio Nisman, configuran un cuadro probatorio que indica que el fiscal se sentó en el baño y se disparó. Aun así, hay que confirmarlo con pruebas que faltan. La fiscal Viviana Fein, supervisada por la jueza Fabiana Palmaghini, tiene la obligación de investigar si hubo presiones o inducción al suicidio. En ese terreno, avanzan sobre todo lo que rodeaba a Nisman: su trabajo, el sorpresivo viaje de regreso, el extraño informático Diego Lagomarsino –que viajó con él varias veces al extranjero–, los cuatro celulares del fiscal, sus computadoras y el movimiento en el edificio Le Parc.

Disparo
Por ahora, el punto nodal del expediente es la autopsia. Lo que concluyeron los doctores Héctor Di Salvo y Fernando Trezza, supervisados por el decano Luis María Godoy, es que “no hubo presencia de terceras personas en la muerte del doctor Nisman”.

Los forenses se basaron en tres cosas:
- La distancia del disparo, menos de un centímetro.
- El cuerpo exhibía espasmo cadavérico, lo que significa que en vez de un relajamiento, por la cercanía del disparo, el cuerpo adquirió rigidez inmediata. Es por eso que el dedo quedó doblado, en la posición en que efectuó el disparo.
- Nisman no tiene lesiones defensivas, es decir que no participó de una pelea antes de su muerte.

A esto se agregan dos datos que tienen que ver con la escena de la muerte.
- No hay rastros de lucha en el baño. Ni arrastramiento del cuerpo ni sangre esparcida en distintos lugares.
- Todo indica que el fiscal se pegó el tiro sentado sobre el inodoro y cayó hacia la puerta, bloqueándola. Eso hacía imposible abrir la puerta desde afuera del baño sin producir un arrastramiento. Así lo encontraron los custodios, pero estaba su madre como testigo.

El viernes, la fiscal Fein comunicó que todas las muestras de ADN recogidas en el baño pertenecen al propio Nisman. Se tomaron muestras del short, la remera, la pistola, el cargador, cartuchos y vainas. No se especificó si las muestras surgieron de la sangre que quedó en una mancha de unos 70 centímetros o si también se hizo lo que se llama ADN de contacto, es decir de las células que quedan de la piel en el arma. Cuando se le preguntó a la fiscal por qué no hay ADN del informático Diego Lagomarsino en la pistola, la fiscal contestó que “una huella (la de Nisman) tapó la otra (la de Lagomarsino)”.

Secuencia
La fiscal está esperando que la ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, que representa a las hijas como querellante, presente peritos de parte para revisar, por ejemplo, las cámaras de seguridad. Fein quiere ver si la secuencia relatada por el informático Diego Lagomarsino es verídica. Hay un dato que vertió el subordinado de Nisman y que encaja con que el fiscal se haya disparado a sí mismo.

Lo primero es que lo citó el sábado a las tres, cuatro o cinco de la tarde (está en duda) y la realidad es que lo hizo exclusivamente para pedirle la pistola. Lo notorio es que no se la pidió para el día siguiente o el lunes, sino que lo mandó de inmediato a su casa a buscarla.

Es decir que lo obligó a hacer un viaje de Puerto Madero a Martínez a buscar el arma.
Cuando Lagomarsino llegó a su casa, estaba su esposa con unas amigas y no quería sacar el arma delante de ellas. Eso implicó una demora. Llama la atención que en ese momento vuelve a comunicarse Nisman para preguntarle si encontró la pistola y por qué se estaba demorando.

Por último, está claro que el fiscal quería la pistola de inmediato, por lo que obligó a Lagomarsino a volver desde Martínez a Puerto Madero, ya a las ocho de la noche. No le dijo al informático: “dejá, me la traes mañana o el lunes”.

Como publicó este diario, una jueza amiga de Lagomarsino se comunicó con Página/12 el miércoles 21 de enero. El informático había estado en casa de la magistrada y le contó todo lo ocurrido aquel sábado en que le llevó el arma. Lagomarsino dijo en casa de la jueza:

“Ahora, atando cabos, me doy cuenta de que cuando me pidió el arma, Alberto (por Nisman) ya sabía lo que iba a hacer”. Se trató de una clara referencia a que Nisman ya tenía tomada la decisión de dispararse a sí mismo.

Cuando le tome declaración otra vez, la fiscal Fein va profundizar sobre todo esto. Antes querrá ver si la secuencia relatada por Lagomarsino se verifica en las imágenes de las cámaras de seguridad.

Este diario también ratifica que Lagomarsino le dijo a su jueza amiga que Nisman recibió un llamado de Jaime (Stiuso) advirtiéndole que no confiara en su custodia y que les pusiera seguridad a sus hijas. Si el informático no lo declara, la jueza se presentará ante la fiscal.

Escuchas
De acuerdo con lo declarado por colaboradores de Nisman, éste esperaba que le entregaran una serie de escuchas para fortalecer la denuncia que presentó contra la Presidenta, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, los dirigentes Luis D’Elía, Fernando Esteche y el referente chiíta argentino Yussuf Khalil. Por lo que dijeron los empleados, esas escuchas nunca le llegaron a Nisman.

La fiscal, sobre la base de esas declaraciones, está mirando qué trascendencia tuvo esto en la muerte del fiscal.

Laboratorios
Se esperaba para este fin de semana el estudio toxicológico, complementario de la autopsia. Es el que puede indicar si Nisman consumió o lo hicieron consumir un fármaco.

La hipótesis que Fein necesita descartar es que al fiscal lo hayan dormido y que, estando inconsciente, armaron una escena de suicidio. Se trata de una alternativa muy remota que ni siquiera encaja con la forma en la que se encontró el cuerpo, trabando la puerta de entrada al baño.

El otro estudio pendiente es la anatomopatología, también complementaria de la autopsia.

Es un estudio de varios órganos y del orificio del disparo. La piel que rodea el orificio se analiza microscópicamente y ahí se ratifica la distancia del disparo. De todas maneras, hay muy pocas chances de que forenses de tanta experiencia como Di Salvo y Trezza se hayan equivocado.

Informática
Los peritos de parte que presente Arroyo Salgado seguramente también intervendrán en las pericias sobre los cuatro teléfonos de Nisman y sus computadoras. Las comunicaciones encierran parte de la vida privada del fiscal, por lo cual Fein quiere que su familia asista a los trabajos que se hagan.

Hay que ver si en esos celulares y en las computadoras se puede encontrar algo que oriente sobre el desenlace del domingo 18 de enero. Y no sólo lo que ocurrió ese día o el anterior, sino también en las jornadas previas a la vuelta de Nisman a la Argentina cinco días antes, en plena feria judicial.

Contraprueba
Durante la semana que empieza mañana, se intentará hacer una especie de contraprueba respecto del barrido electrónico de la mano de Nisman. Como ya se sabe, no aparecieron rastros de plomo, bario y antimonio en gases emitidos por el fulminante.

La contraprueba es poco confiable, porque una clave es cuánta pólvora tenía el proyectil que, en principio, se disparó el propio Nisman. Sucede que se trata de una bala vieja, de un lote que Lagomarsino tenía guardado junto con el arma. El problema es que esos proyectiles pueden tener determinada cantidad de pólvora en una bala y poca en otra.
De todas maneras, la pericia se hará y va a ser otro dato a incorporar en el expediente.

Inteligencia
Durante los próximos días seguirá declarando el personal de la Unidad Especial AMIA. Seguramente le permitirá a la fiscal y a la jueza tener una idea del estado de ánimo del fiscal, las escuchas que le prometieron y las presiones que podría estar sufriendo. Por lo que sabe –según declaraciones de quienes hablaron con él ese sábado a la tarde–, Nisman estaba muy preocupado por la audiencia en el Congreso: si los legisladores del Frente para la Victoria le iban a hacer preguntas o no; si se iba a permitir la presencia de cámaras. En todo este tema Fein también está trabajando.

Era pública la relación de Nisman con Stiuso y con los integrantes de la Secretaría de Inteligencia. Sin embargo, hasta ahora no se determinó quién en concreto trabajaba con él y la lógica indica que deberán ser llamados a declarar.

Parece nítido que el regreso intempestivo de sus vacaciones jugó un papel de importancia en el desenlace final. Quienes deberían responder preguntas sobre eso no sólo están entre los que eran los empleados en la Fiscalía sino también en quienes estaban o están en la Secretaría de Inteligencia. Es público y notorio que una hipótesis de lo que pasó –sobre todo la denuncia contra la Presidenta– es que se trató de una operación de respuesta al descabezamiento de la SI. Por ahora no se dio ningún paso para investigar en esa dirección.



INVESTIGAN SU TRABAJO Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD AMIA
El rol del técnico Lagomarsino
Por Raúl Kollmann

El técnico informático Diego Lagomarsino deja abierta una serie de interrogantes. La fiscal Viviana Fein tiene un informe sobre viajes que Lagomarsino realizó con Alberto Nisman. Uno a Chile, pero parece que hay otros. Al menos por ahora, no hay explicación de esas excursiones. Al mismo tiempo, la Fiscalía AMIA era una de las pocas que tenía técnicos informáticos propios. Lo asombroso es que además de ellos y por fuera de ese equipo, allí estaba contratado Lagomarsino, con un sueldo llamativo, el más alto existente en cualquier fiscalía del país. Es otro enigma al que se le busca explicación.

Mientras la fiscal espera nuevas pruebas que le confirmen que Nisman se disparó a sí mismo, empezó a transitar una investigación obligatoria: si alguien lo presionó para que se quitara la vida. Esa pesquisa debe esclarecer qué hacía Lagomarsino en la Fiscalía: al fin y al cabo fue la última persona que vio al fiscal con vida y quien le dio el arma.

Una clave es el celular. Cuando Lagomarsino se presentó a declarar, pocas horas después de la muerte de Nisman, la fiscal le incautó el celular. Ahora Fein está esperando que la ex esposa del fiscal, la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien representa como querellante a las hijas del matrimonio, designe peritos de parte para que intervengan en los análisis de los celulares.

Hay un dato llamativo: Lagomarsino viajó con Nisman varias veces. Está claro que en una oportunidad a Chile pero, según trascendió, hay otros viajes. La Fiscalía mantiene confidencialidad sobre los destinos de esas travesías. No queda claro para qué y por qué hicieron esos viajes.

Por supuesto que hay un enorme interrogante sobre el trabajo que hacía Lagomarsino. La Procuración tiene un equipo informático al que recurren todas las fiscalías. Algunas pocas tienen su propio equipo, como la Unidad AMIA. O sea que la Fiscalía a cargo de Nisman tenía empleados dedicados a todo el tema informático y, además, por afuera de ese equipo, estaba Lagomarsino. Fein va a investigar esta situación. Y la fiscal está mirando otros contratos que le parecen extraños en la unidad AMIA.

Nada parece indicar que Lagomarsino haya tenido que ver con la muerte de Nisman. La idea de que le entregó el arma y le dijo “ya sabés lo que tenés que hacer” quedó desvirtuada por el hecho de que Nisman le pidió una pistola a otra persona, el custodio Rubén Benítez. O sea que era Nisman el que buscaba un arma; no era Lagomarsino el que se la dio para presionarlo. Aun así, parece evidente que el técnico informático tiene muchas explicaciones para dar, sobre los viajes, sobre su trabajo, incluso sobre los vínculos de Nisman con Jaime Stiuso y lo ocurrido en los últimos días.




EL CANCILLER TIMERMAN DIO UN REPORTAJE A LA RADIO PUBLICA DE EE.UU.
“Hicimos todo lo posible para llevar justicia”
El ministro detalló los esfuerzos del Gobierno por apoyar la investigación y repitió que las acusaciones de Nisman contra la Presidenta y él mismo eran “falsas o por lo menos erróneas”.
Imagen: Guadalupe Lombardo
El canciller Héctor Timerman afirmó ayer que tanto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como él hicieron “todo lo posible para ayudar al juez a que lleve justicia a las víctimas del ataque” a la AMIA. En una entrevista radial con NPR, la radio pública y uno de los medios más reconocidos en los Estados Unidos, Timerman aseguró que trató de ayudar a encontrar a los involucrados en el ataque terrorista de 1994, descartó haber intentado cancelar las notificaciones rojas de Interpol contra los iraníes imputados, recordó que apoyó la investigación del fallecido ex fiscal Alberto Nisman y consideró que la acusación por encubrimiento “era falsa o por lo menos errónea”.

“Puedo decirle que hemos hecho todo todo lo posible, la Presidenta y yo, para ayudar al juez a que lleve justicia a las víctimas del ataque” a la AMIA, afirmó el canciller, quien dijo tener “suficiente evidencia para mostrar que la acusación era falsa o por lo menos errónea”, en referencia a la denuncia presentada por Nisman días antes de morir.

Timerman descartó a su vez haber tratado de cancelar las notificaciones rojas de Interpol emitidas a nombre de cinco sospechosos iraníes buscados para prestar declaración indagatoria, como había planteado Nisman, y aclaró que eso es “imposible”, ya que sólo los jueces pueden hacerlo. Nisman “me estaba acusando de algo que por ley yo no podía hacer: retirar las órdenes de arresto de los sospechosos iraníes de poner la bomba en el centro judío. Eso es imposible porque, por ley, sólo el juez puede hacerlo”, explicó.

El ministro de Relaciones Exteriores negó también que la Argentina hubiera iniciado una negociación para obtener petróleo de Irán a cambio de trigo argentino y que, como parte del trato, el país persa no sería implicado en el atentado. “Cualquiera que sabe algo acerca del negocio del petróleo sabe que Argentina no puede usar petróleo iraní porque es un petróleo muy pesado y no podemos procesar un petróleo tan pesado”, afirmó.

Consultado por los motivos que lo llevaron a dialogar con los iraníes, Timerman explicó que estaba tratando de que cooperaran con la investigación. “Hay una ley en Irán que prohíbe (la extradición de) ciudadanos iraníes”, mientras que en Argentina hay una ley que prohíbe juzgar a alguien en ausencia. Por ello, la única manera de avanzar era firmar un acuerdo con Irán para permitirle al juez de Argentina ir a Teherán a interrogar a los sospechosos”, detalló.

El titular del Palacio San Martín sostuvo además en la entrevista con NPR que apoyó la investigación del fiscal Nisman por el atentado a la AMIA y que el caso debe ser resuelto en el juzgado. “Hice lo que hice porque confié en la investigación del señor Nisman. Fue por eso que estaba ayudando al juez a ir a Teherán a utilizar la evidencia del señor Nisman contra los iraníes”, dijo el ministro. Y agregó que para determinar quién es culpable o inocente, aguardará “hasta que el juez declare quién está detrás del atentado”.

Por último, Timerman sostuvo que hubo argentinos involucrados en el caso pero que esa posibilidad no fue investigada correctamente. “Hay una conexión local que debe ser investigada y el juez le dijo a Nisman que se focalice en la conexión local, algo que nunca hizo”, afirmó el canciller. “Creo que hay una conexión local, hay una conexión internacional”, concluyó.




LA RELACION DE NISMAN CON STIUSO, LA DAIA Y LA EMBAJADA DE EE.UU. EL AVANCE DE LA CAUSA
Los mitos y las verdades del caso
En estas dos semanas circularon todo tipo de versiones sobre el trabajo del fiscal en la causa del atentado a la AMIA, sus contactos y sus peleas y amistades. Mucho de lo dicho no se sostiene al investigar.
Por Raúl Kollmann

Durante las dos semanas que transcurrieron desde la muerte del Alberto Nisman, surgieron algunos mitos y verdades en torno de lo hecho por el fiscal. Algunas cuestiones son asombrosas:
Mito 1. El fiscal Nisman tenía el respaldo de todos en la investigación del caso AMIA.
Falso. “Pedimos la remoción inmediata del fiscal Alberto Nisman. Ha demostrado su total incapacidad para investigar en la causa AMIA”, señaló el 18 de julio pasado la referente de los familiares agrupados en Memoria Activa, Diana Malamud. Ya antes, en 2013, esa agrupación se preguntaba: “¿Dónde está Nisman? ¿Qué hace? Muestra una enorme falta de compromiso y una inacción absoluta”. Memoria Activa ha sido en estos años la agrupación más independiente y la que denunció al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuestionó al gobierno actual por no cumplir los compromisos, por ejemplo, con la reformulación total de los servicios de Inteligencia.

También respaldó el memorándum diciendo que “es imperfecto, pero es algo” y luego, cuando pasó más de un año, pidió –ante la falta de respuestas de Irán– que se lo derogara.
Esta agrupación consideró que Nisman estaba dedicado a viajar por el exterior, “a intervenir en los foros internacionales”, pero que no trabajaba lo suficiente en la causa.

Además, varias agrupaciones consideraban que había sido parte del equipo original de investigación, por lo cual también incurrió en las irregularidades que se cometieron sembrando pistas falsas. En este terreno, Memoria Activa, representada por el CELS, pidió la remoción de Nisman de la parte del expediente ya elevada a juicio, justamente sobre las irregularidades en la investigación. Desde ya que a Nisman no se le podía echar la culpa del fracaso de la causa AMIA: quedó a cargo cuando ya habían pasado más de diez años del atentado. Pero su labor estaba más que cuestionada.

Mito 2. Las pruebas contra los sospechosos iraníes eran contundentes.
Falso. Ya el juez Rodolfo Canicoba Corral le había advertido a Nisman que las evidencias que aportó para pedir la captura de los funcionarios iraníes eran no sólo insuficientes, sino demasiado basadas en informes de servicios de Inteligencia de Estados Unidos, Israel y la propia SIDE. “Es necesario conseguir pruebas jurídicamente válidas para sostener estas órdenes de captura”, le dijo el magistrado cuando convalidó aquel pedido de detención de los funcionarios iraníes. En el mismo acto, Canicoba Corral le ordenó a Nisman que investigara la pista siria y la conexión local, “y no hizo nada de eso”, dijo recientemente el juez.

La debilidad de las evidencias se vio con la detención en Londres del ex embajador de Irán en la Argentina; Hadi Soleimanpour. El juez británico consideró que no había pruebas suficientes en las 400 páginas que le envió el magistrado argentino, Juan José Galeano. Justice Royce no sólo liberó a Soleimanpour sino que ordenó el pago de 20.000 libras de indemnización.

Nisman siempre afirmó que ahora tenía más evidencias, pero Canicoba Corral en los últimos días seguía insistiendo en que se basaba en informes de Inteligencia.

Mito 3. Había avanzado en los detalles concretos del atentado.
Falso. Es un aspecto que muestra la forma en la que Nisman se movía. El miércoles 9 de noviembre de 2005, el fiscal convocó a una conferencia de prensa para anunciar el nombre del suicida que condujo la camioneta-bomba Trafic y la estrelló contra la AMIA. “Esta fiscalía da por probado que Ibrahim Berro es el nombre del suicida del atentado. Sus hermanos, que viven en Detroit, así lo confirmaron.”

Los hermanos de Ibrahim, Hassan y Abbas, fueron ubicados por la CIA norteamericana y declararon ante Nisman y un juez de la zona. Leído el texto con detenimiento, los hermanos no confirmaron sino que desmintieron la versión: “Que no puede ver a Ibrahim así, porque él pensaba en otra cosa, como establecer una familia, casarse, ahorrar dinero. Que ni sus hermanos ni su madre piensan en que pudo estar en algo así. Que todos están convencidos de que murió en el Líbano”.

Desde ya que Hassan y Abbas pudieron haber mentido. El problema es que se trataba de pruebas conseguidas por servicios de Inteligencia, pero que había que corroborar jurídicamente.

El problema –como señaló el juez– es más allá de los informes de Inteligencia, no hay pruebas ni evidencias sobre los aspectos claves del atentado: de dónde salieron los explosivos, quién armó la camioneta, quién la condujo hasta la AMIA. O sea todo lo referido a la conexión local. A partir de esa situación es que no era para nada fácil tener pruebas sólidas para indagar a cualquier sospechoso –entre ellos los iraníes– en la causa del atentado.

Mito 4. Tenía un vínculo confidencial con la Embajada de Estados Unidos.
Cierto. Aunque la relación no era demasiado confidencial. Como publicó este diario en su momento, tanto por parte de este periodista como de Santiago O’Donnell, los cables que ventiló la organización Wikileaks mostraban palmariamente la dependencia del fiscal respecto de la delegación diplomática de Estados Unidos. Iba allí en forma reiterada, le anticipaba los textos que iba a presentar y hasta les permitía corregirlos, les adelantaba medidas que tomaría en el expediente y trataba con ellos el perfil de la investigación. Los funcionarios de EE.UU. querían que se concentrara en acusar a los iraníes y que no se desviara hacia la pista siria o la conexión local. Y tampoco les gustaba que ahondara en el encubrimiento, o sea la causa en la que se investigaban las pistas falsas: “Todo esto le da argumentos a los iraníes”, le decían.

El dato es curioso. Cuando el presidente Bill Clinton realizó una visita oficial a la Argentina en 1997, los familiares de las víctimas se reunieron en el Hotel Sheraton con su esposa Hillary. De aquel diálogo surgió la promesa de que Clinton enviaría una misión del FBI a revisar la investigación. El documento final de ese grupo, que estuvo aproximadamente un mes en el país, era que había que profundizar la pista de Alberto Kanoore Edul, al que dentro del expediente se vinculaba con la llamada pista siria. O sea que años más tarde, por intereses geopolíticos, la embajada de Estados Unidos insistía con Irán, cuando el único contacto serio con la causa, la misión del FBI, había apuntado hacia la pista siria. En línea con la CIA y el Mossad, Nisman puso siempre la mira prioritaria en Teherán. Curioso es que hoy Estados Unidos negocia y busca acuerdos con Irán, pero cuando lo hizo Argentina fue mala palabra.

Mito 5. Tenía un vínculo estrecho con Jaime Stiuso, el poderoso jefe de Operaciones de la SIDE.
Cierto. La relación entre Nisman y Stiuso era pública. Hay jueces que relatan que ambos hicieron gestiones juntos, en forma personal, para que se declare inconstitucional el Memorándum de Entendimiento firmado con Irán. Es decir que a dúo visitaban magistrados. Antes de la muerte de Nisman, Aníbal Fernández recordó que el fiscal le pidió viajar con Stiuso a Interpol, aunque en principio no irían a la asamblea de la asociación internacional de policías, sino que se quedarían en el hotel. Esto fue admitido por Nisman también por televisión.

Lo cierto es que el vínculo no era confidencial y venía de la época del gobierno de Néstor Kirchner: el propio Nisman dijo en televisión que se reunía con Stiuso casi diariamente y en numerosos programas lo elogiaba de forma reiterada. El trasfondo era el alineamiento de ambos con las agencias de Inteligencia de Estados Unidos e Israel. “Stiuso tenía un dominio sobre Nisman”, dijo públicamente Canicoba Corral cuando el fiscal presentó la denuncia sobre el caso AMIA contra la Presidenta, el canciller y otras personas.

En este terreno, Nisman jugó algunas de las batallas políticas e internas de Stiuso. Por ejemplo, en la causa por las pistas falsas –la que disgustaba a la embajada norteamericana–, el espía saldó cuentas con sus adversarios internos en la SIDE.

Terminaron imputados varios jefes de salas (así se las denomina) de la SIDE que se oponían a Stiuso. Fueron arrasados además el ex juez Galeano, los fiscales de entonces, el ex titular de la SIDE, el ex jefe de la Unidad Antiterrorista, el Fino Palacios y el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja. Todos ellos habían sostenido una orientación del gobierno de Carlos Menem: apuntar a los policías bonaerenses, la policía de Eduardo
Duhalde. Eso naufragó en el juicio oral.

También Nisman fue un fuerte promotor de la denuncia por escuchas ilegales contra Mauricio Macri. El jefe de Gobierno, que ahora se deshace en elogios, siempre dijo que esa investigación fue un armado de Stiuso-Nisman. La realidad es que el espionaje ilegal existió: se armaron causas falsas por homicidio en Misiones, dos jueces de allá ordenaban escuchas telefónicas a la SIDE y el espía Ciro James –vinculado con el policía de confianza de Macri, Jorge “el Fino” Palacios– retiraba las escuchas de la SIDE. Así se espió, entre otros, a Sergio Burstein –esposo de una víctima de la AMIA–; a Carlos Avila, que negociaba un contrato de televisación del fútbol con Julio Grondona; al cuñado de Macri, Daniel Leonardo, en pareja con Sandra, hermana de Macri. Es decir que también en este expediente, Stiuso jugó su partido contra otros espías, dentro y fuera de la SIDE, aunque basado en un delito real y comprobado.

Mito 6. La DAIA y la AMIA siempre estuvieron en contra del memorándum y en equipo con Nisman.
Falso. No bien se firmó el memorándum, en enero de 2013, las entidades judías se reunieron con el canciller Héctor Timerman en la sede de Pasteur 633. “Nos aclararon todas las dudas”, dijeron por entonces Guillermo Borger y Julio Schlosser, presidentes de las instituciones judías. El visto bueno duró 24 horas. En ese lapso, Israel, de forma pública pidió explicaciones a la Argentina por la firma del acuerdo con Irán. Es más, convocó al embajador argentino en Jerusalén. El gobierno de Estados Unidos lo hizo de manera menos pública, pero también manifestó su desacuerdo. Nisman, por su parte, no hizo declaraciones, pero off the record inició una furibunda campaña en contra del memorándum: no quería de ninguna manera que prosperara.

Un día más tarde, AMIA y DAIA dieron una vuelta de campana y se pusieron en contra de lo firmado.

Durante la investigación inicial del atentado, las instituciones judías fueron el principal respaldo del ex juez Galeano y de lo realizado por el gobierno de Carlos Menem, quien claramente estaba alineado con Washington y Jerusalén. Esa actitud provocó un verdadero escándalo en el tercer aniversario, el 18 de julio de 1997, cuando fueron abucheados los ministros del Poder Ejecutivo y el propio presidente de la DAIA, Rubén Beraja. Lamentablemente, esa tarde una delegación de los dirigentes de la comunidad concurrieron a la Casa Rosada a pedirle disculpas a Carlos Menem.

El cimbronazo más duro vino cuando los jueces del Tribunal Oral del caso AMIA sobreseyó a todos los acusados –policías bonaerenses y Carlos Telleldín– argumentando que la investigación “fue un armado al servicio de políticos inescrupulosos”. De aquel naufragio, zafó Nisman –que integraba el equipo de fiscales– y quedó a cargo de la causa. AMIA y DAIA lo apoyaron casi siempre, pese a que una parte de los familiares sostenía que se avanzaba poco, que el fiscal viajaba exageradamente y no se concentraba en conseguir pruebas judiciales en lugar de informes de inteligencia.

Mito 7. ¿Se desató un enfrentamiento Stiuso-Nisman vs. el Gobierno?
Cierto. Todo indica que hubo un punto de inflexión en el momento en que CFK puso el acento en el concepto de que “no permitiremos que la causa AMIA sea utilizada como instrumento en la geopolítica mundial”. En otras palabras, CFK decía que se buscó alguna forma de acuerdo con Irán para que los sospechosos fueran indagados, única manera de destrabar la causa. Hoy en día, hasta Estados Unidos negocia con Irán, pero la movida que llevó al memorándum fue en ese momento un choque con los sectores más duros de Washington y Jerusalén.

Ya en época de Rafael Bielsa y Jorge Taiana se buscó un acuerdo con Irán para que se hiciera un juicio en un tercer país. Incluso se habló de Marruecos. Pero Teherán siempre argumentó que la causa era un fraude y que la ley, de los años ’80, les impedía extraditar –llevar por obligación– a ciudadanos iraníes a otros países. Esta norma rige en Brasil, en Alemania y en muchísimos países más. Se buscó entonces la forma de que la indagatoria se hiciera en Teherán, aunque con juez y fiscal argentino, Canicoba y Nisman. Como se demostró, el memorándum no era fácil de implementar, en primer lugar por la resistencia iraní. Buena parte de los opositores decían que el acuerdo era una garantía de impunidad para los sospechosos, pero lo cierto es que Irán nunca terminó de aceptarlo y menos con las alertas rojas en vigencia.

En cualquier caso significaba una ruptura de la política impulsada por los halcones de Washington y Jerusalén que sólo querían mantener firme la acusación contra los iraníes. Los dirigentes de la comunidad judía se sumaron a la oposición al memorándum y la Presidenta percibió –así lo hizo público– que se desataron numerosas operaciones contra el Gobierno a partir de ese momento. El descabezamiento de la SIDE fue otro episodio de ese enfrentamiento. Y luego, en la misma línea, se produjo el sorpresivo regreso de Nisman de sus vacaciones y la presentación de una denuncia que el juez Canicoba Corral consideró de “nulo o escaso valor probatorio”. El ex titular de Interpol, Ronald Noble, también derrumbó puntos neurálgicos del escrito de Nisman y la DAIA-AMIA señalaron que querían esperar a ver las pruebas. Ese fin de semana, con una tormentosa sesión que le esperaba el lunes en el Congreso, Nisman afrontaba una situación difícil con muchos mitos, falsos y ciertos, en sus espaldas.
Fuente:Pagina12





ESCENARIO
Catorce días que conmovieron al país
A dos semanas de la trágica muerte del fiscal Alberto Nisman, hasta lo más obvio merece ser explicado. Un análisis del hecho y sus repercusiones en tres planos: el policial, el político y el mediático.
Catorce días que conmovieron al país
Foto: mariano espinosa
Hoy se cumplen dos semanas de la sorpresiva muerte de Alberto Nisman. Desde entonces, tanto la dilucidación del caso como el aprovechamiento de sus aristas se desarrolla en tres planos: el criminal, el político y el mediático.

Del primero, se sabe cada vez más: hay una autopsia garantizada por el titular del Cuerpo Médico Forense a instancias del presidente de la Corte Suprema, una pistola y un proyectil peritados con la más avanzada tecnología disponible en el país, el testimonio titubeante del facilitador del arma y su munición mortífera, y la recolección de un único ADN en el departamento de Le Parc, el de la víctima.

Son indicios que van camino a ser prueba criminal, aunque es cierto que las hipótesis sobre qué cosa, quién o quiénes propiciaron el violento desenlace aún se mantienen dentro de un abanico de posibilidades desconcertante.

Para el expediente, todavía se trata de una "muerte dudosa", tan dudosa como la "testimonial televisada" que Diego Lagormarsino –dueño del arma que arrebató la vida al fiscal–, dio junto al abogado de Carlos Menem. La referencia es sobre el Lagomarsino que tuiteó insultos contra la presidenta cuando lanzó el proyecto de democratización del Poder Judicial, no el que aparece como asistente informático del bufete Saénz Valiente, propietario del Grupo Clarín.

Decíamos, tan relativas son las hipótesis barajadas tanto en público como en privado, que cualquier duda es pertinente. ¿Fue un suicidio voluntario, fue un suicidio accidental, fue un suicidio inducido (todas variables reconocibles en la primera impresión de la fiscal investigadora Mónica Fein, cuando aseveró que no habían intervenido "terceras personas" en la escena) o fue un asesinato, como piensan la presidenta, el entorno más íntimo del fiscal y buena parte de la sociedad argentina?

Todo puede ser, y si todo puede ser, hay que pensar, entonces, por angustiante que sea, que a dos semanas de la noticia que conmovió al país entero, no hay certeza de ninguna cosa que pueda ser corroborada con prueba irreprochable. Las especulaciones que hacen los investigadores policiales y judiciales forman parte de su labor, porque aún la conjetura más alocada puede conducir a una pieza que termine por componer el rompecabezas.

No ocurre lo mismo en el segundo plano analizado, el político. Cuando la sangre de Nisman aún estaba fresca, el núcleo más histérico que lleva la voz cantante de la oposición pretendió instalar que el fiscal había sido ultimado por el gobierno para acallar su denuncia sobre un eventual nuevo encubrimiento en la causa AMIA, en la que involucró a la presidenta, al canciller Héctor Timerman, al secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque; a Luis D’Elía y a Fernando Esteche.

La sola idea de que un gobierno que sentó en el banquillo y condenó a los militares genocidas de los '70 pudiera estar asociado a algo tan horrendo como el asesinato de un fiscal, reinstalando la mecánica del crimen mafioso cometido desde el Estado en la escena política argentina, ya sonaba descabellada antes de ser enunciada. Si a alguien perjudicó esta muerte, además de a Nisman y su familia, por supuesto, ese alguien, como sujeto político, es el gobierno.

Sin embargo, igual lo intentaron. Algunos, como Laura Alonso, de este modo: "Ella fue denunciada y solo se ha dedicado personalmente a ensuciar al fiscal que la denunció y apareció muerto cinco días después." Julio Cobos habló en sintonía: "Si es un homicidio, entonces esto es un mensaje mafioso a los jueces y fiscales que investigan al poder político." Patricia Bullrich, aunque con un artilugio retórico, llegó más lejos: "Me cuesta creer que la presidenta haya ordenado que lo maten." Todos compitiendo con Elisa Carrió, la nueva socia macrista para las PASO.

Otros suavizaron un poco las declaraciones. Fueron desde el "no lo cuidaron lo suficiente", del radical Ernesto Sanz (es decir, responsabilizando al gobierno indirectamente), hasta el "no puede haber sucedido lo que sucedió, no puede ser que la Argentina hoy sea noticia mundial bajo el título 'apareció muerto el fiscal que denunció a la presidenta'. Nos hace un enorme daño a todo el país y hay que investigar hasta las últimas consecuencias", de Mauricio Macri, protagonista de la primera conferencia de prensa después del suceso, en la que buscó aparecer como un estadista, o un candidato en campaña, que para la lógica de los medios dominantes, es casi lo mismo.

El "Je suis Nisman" callejero y antikirchnerista del 19 de enero, operado en simultáneo por activistas de redes sociales relacionables a simple vista de pantalla con la militancia orgánica e inorgánica del PRO, el Frente Renovador, el radicalismo y sectores comunitarios que responden a sus estrategias de acumulación, y que contó además con la profusa militancia de los medios opositores para difundirla y amplificarla, no logró contagiar al conjunto de la sociedad, más escrupulosa y menos hormonal a la hora de adjudicar responsabilidades penales y política por un hecho terriblemente macabro como este.

Fue una expresión socialmente delimitada, que debería hacer revisar su estrategia a los asesores de campaña cuya obsesión es asociar al kirchnerismo, como se viene advirtiendo desde esta columna, a lo maldito e imperdonable para producir una masa de indignados que, en los hechos, funcione como aval moral ciudadano a su prédica irresponsable, cuando no destituyente.

No les funcionó esta vez, como tampoco les resultó en situaciones anteriores. Una crítica habitual al oficialismo, que proviene, en esencia, de los politólogos de manual, es que le habla casi exclusivamente a su núcleo duro de seguidores. Esto puede ser más o menos cierto, lo que es innegable es que la oposición que aspira a sucederlo en la Casa Rosada no hace nada distinto, a pesar de los afiches del diputado de Tigre: repiten el error, cosechan lo mismo, porque están pescando siempre en la misma pecera.

El propósito de transformar a Nisman en ícono antikirchnerista tuvo dos cosas repudiables. El uso de un muerto al que sus familiares todavía estaban llorando y no habían podido sepultar y, desde la misma postura cínica que asumieron los instigadores políticos de la oposición, la ausencia de reconocimiento de su figura en amplias capas de la población para las que Nisman y la AMIA son símbolos vividos con extrema ajenidad.

Esto último es tan grave como lo primero: Nisman se habrá equivocado con su denuncia inconsistente y floja de papeles contra la presidenta, pero era un fiscal de la Nación, a cargo de la investigación del atentado terrorista más grande de la historia argentina, con 85 muertos, que sigue impune después de 20 años.

Habrá que admitir que el desconocimiento sobre su trabajo en todos estos años, que sin duda adolecía de respuestas definitivas a las familias de las víctimas de la voladura (lo que motivó el cuestionado memorándum aprobado por el Congreso para intentar hacer avanzar la causa aunque sea un metro más) es una muestra de la indolencia general aplicada a un suceso que avergüenza. Se diga lo que se diga, si la sociedad conoce hoy y recuerda aunque sea algo de lo que ocurrió en Once la fatídica mañana de 1994, es gracias a los familiares (Memoria Activa, 18 J, Apemia) y no al trabajo del Poder Judicial.

Volviendo al análisis original, faltaba el plano mediático. Salvando el previsible impulso al morbo que genera todo cadáver, las disputas por primicias que no son tales, el espacio cedido a los aventureros de la opinión, siempre con riesgo de "samantizar" el caso por algunos puntos de rating más, el tratamiento editorial de los medios hegemónicos, embarcados en su lucha prolongada de demolición de la imagen pública del gobierno democrático, viene hundiéndose en el barro de lo irreversiblemente indecoroso.

El columnista de La Nación, Carlos Pagni, procesado por espionaje junto al "Tata" Yofre en un expediente federal que instruyó la ahora viuda de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, aprovechó cada una de las instancias producidas desde el domingo del hallazgo en Puerto Madero para abonar la sensación de que el gobierno terminó su mandato con el balazo que recibió el fiscal.

En su nota titulada "El desmoronamiento del poder, al desnudo", pueden leerse los siguientes párrafos abismales:
l "Cristina Kirchner invitó ayer a los argentinos a descender un círculo más en la escalera del infierno."
l "La señora de Kirchner no ofreció más indicios que algunas ocurrencias deshilvanadas, interrogantes e insinuaciones."
l "Envuelta en un enredo que no controla, Cristina Kirchner está desnudando el desmoronamiento de su propio sistema de poder."
l "Es la desarticulación de una maquinaria que utilizó y que ahora la devora. La señora Kirchner habla desde dentro del derrumbe."
l "De nuevo el peronismo atrapa al país en sus convulsiones (…) El Estado, cuyo dominio sobre los argentinos se ha extendido tanto, ofrece ahora lo peor de sí."
l "La presidenta convocó ayer a dar otra vuelta en su inquietante tren fantasma."
l "Son minucias en las que la presidenta parece entretenerse para no pensar la dimensión de la tragedia."
l "Ella también entra en la Historia cargando con un muerto inexplicable."

Todo eso en una sola nota. No son los títulos de toda una semana de La Nación, el diario militante del antikirchnerismo y oficialista del genocidio. Es apenas la columna de Pagni, el procesado consultor de políticos y empresarios, del viernes 23 de enero.

Retoma parecidos argumentos Eduardo Van Der Kooy, premiado como "joven brillante del periodismo" por el ex dictador Jorge Rafael Videla en 1977, en su columna "Síntomas graves de descomposición", publicada el 30 de enero pasado e ilustrada por Sábat con una imagen de la presidenta con nariz de Pinocho:

l "Mirada a la distancia, geográfica y temporal, la Argentina política parece sumida en una descomposición a la cual van sometiéndose su persistente inoperancia y desvergüenza."
l "Aquel impacto (la muerte de Nisman) atornillado en la memoria permite diseñar un cuadro más acabado de la pestilente realidad."
l "Sucede que el espectáculo de la anormalidad política se ha convertido en algo habitual. No sería patrimonio del kirchnerismo aunque esta década ha sido pródiga con ese propósito."
l "¿Podría un mandatario ser tan frío e indiferente con una tragedia como la del fiscal? (…) Quizá esa forma de reaccionar desnude la calidad y la talla de su verdadero liderazgo."
l "Su aparición del lunes por TV fue un hilván perfecto entre falacias y perversidades."
l "Difícil rescatar la verdad entre una avalancha de mentiras, sentenció el domingo en Clarín el escritor italiano Roberto Saviano, especialista en desnudar tramas mafiosas."
El último párrafo mete miedo, en la oposición sobre todo, su objetivo es condicionarla, cuando no dirigirla:
l "La excepcionalidad del momento tampoco estaría siendo advertida por aquellos dirigentes que están llamado a gobernar este país desde diciembre. Dejan la impresión de que esperan que el gobierno se pudra en su propia crisis para sacar luego provecho electoral (…) Cualquiera de ellos, solo, no podrá lidiar a futuro con la miseria política e institucional que dejará el kirchnerismo."

¿Es un llamado a la unidad de todos con todos para salvar a "la República amenazada"?

¿O acaso la aceptación, dos semanas después de la muerte del fiscal y del abuso político de su cadáver para esmerilar a Cristina Kirchner, de que por más fichas que ponga el Grupo Clarín en candidaturas individuales estas siguen sin repuntar en las encuestas, que es lo que realmente les importa de cara a diciembre?

La corresponsal de Clarín en los Estados Unidos, Ana Barón, en su nota de ayer: "En la CIA creen que Nisman murió por una pelea en la SIDE", sostiene que en Langley, sede de la central de espionaje estadounidense, suponen que "Cristina expresó su deseo de deshacerse de Nisman por la denuncia que había presentado acusándola de encubrir a los autores iraníes del atentado contra la AMIA. Y, consecuentemente, un grupo de los servicios decidió cumplir con su deseo ya sea con acuerdo o sin acuerdo de ella". Esto está resaltado en negrita, la segunda hipótesis de su fuente no: "Otros miembros de los servicios realizaron el operativo para debilitar a Cristina debido a la reestructuración que había comenzado a hacer en la SIDE."

Van Der Kooy y Barón escriben. Eso les permite pensar un poco más que aquel colega que habla sin pensar en la urgencia. Las palabras escritas ordenan el mensaje. En su caso, enmascaran la intencionalidad con insumos narrativos, pero en el fondo es la misma que la del editor del diario, su jefe, Ricardo Roa, quien en diálogo con Fabián Doman, en su programa de Canal 13, sin andar con tanto rodeo, se despachó con dos afirmaciones:

1) "La muerte de Alberto Nisman beneficia a la oposición", y

2) "Hay que ver si la oposición logra convertir esto en votos".

No es análisis: fue una orden. "Aprovechen que es ahora o nunca", sería. ¿Al muerto?

Claro que la cadena nacional antikirchnerista seguirá sosteniendo que la que no tiene corazón ni sentimientos, ni escrúpulos es la presidenta.

A dos semanas del trágico final de Alberto Nisman, hasta lo más obvio merece ser explicado.
Fuente:TiempoArgentino






Pocos casos han tenido la gravedad institucional de la muerte del fiscal Nisman
Lagomarsino y la “pistola humeante”
El experto informático entró en la historia como un personaje secundario, pero cada día aparecen más detalles de un pasado dudoso que lo acercan a los manejos de los servicios y lo colocan en el punto de mira de la investigación.
Lagomarsino y la “pistola humeante”
Dudas. Las declaraciones de Diego Lagomarsino dejan presumir que sabe más de lo que cuenta.

Diego Lagomarsino, el misterioso personaje que le entregó una pistola calibre 22 al fiscal Alberto Nisman y fue la última persona que lo vio con vida, no sólo percibía 40.000 pesos por prestar servicios informáticos a la fiscalía de manera remota –es decir, sin concurrir a su lugar de trabajo–, sino que es el único miembro de esa unidad fiscal que no posee currículum presentado ante la Procuración. Desde que su nombre saltó a los medios de comunicación como la persona que le proveyó el arma con la que Nisman encontró la muerte, dos personas intachables como Marcelo Saín, fundador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y el abogado José Iglesias, padre de una de las víctimas de Cromañón, lo han identificado como agente de inteligencia, especialista en pinchaduras ilegales.

Si el fiscal Alberto Nisman estaba obsesionado por la seguridad informática de la dependencia a su cargo es impensable que se la haya confiado a una persona que conoció porque le hacía el mantenimiento de sus computadoras hogareñas, como sostienen Diego Lagomarsino y su abogado Maximiliano Rusconi. También es impensable que se le abonara un sueldo más elevado que a los adjuntos de Nisman, y que ni siquiera hubiese presentado un CV. Lagomarsino –que tiene más gastos de tarjeta que su abultado sueldo en la fiscalía– es representante en Argentina de la empresa Corporate IT Outsourcing Services, con sucursales en Chile y Miami. Sería bueno saber a quién pertenece esa compañía y qué clase de servicios presta, más allá de los que figuran en la web.

Lo que los custodios de Nisman afirman, que Diego Lagomarsino era un asiduo visitante del fiscal. ¿Siempre iba a chequear las computadoras de Nisman? En ese caso, ¿por qué no hacía lo mismo con las terminales más sensibles de la Fiscalía? Los custodios sugieren que llevaba otras cosas.

Alguno de los custodios del fiscal sabía que Lagomarsino realizaba actividades no legales, amparado por su jefe verdadero, Antonio Stiusso, el ex director de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia, la ex SIDE, que acompañó como un “fantasma” la labor de Alberto Nisman en la causa AMIA.

Esa compañía le permitió al fiscal presentar extensos escritos, pero también constituyó su principal talón de Aquiles, porque no todo material de Inteligencia tiene validez probatoria en un proceso judicial.

El juez Rodolfo Canicoba Corral admitió ante el autor de esta nota que la SIDE, que debería haber funcionado como auxiliar de la Justicia para investigar el peor atentado de la historia argentina, se convirtió, en los hechos, en el conductor de la pesquisa de la Unidad Fiscal AMIA, a cuyo frente Néstor Kirchner había nombrado a Nisman en 2004.

Al igual que a Nisman, la causa AMIA catapultó a Stiusso a la fama, y al igual que a Nisman, luego ocasionó o contribuyó a su caída. La causa le proporcionó al espía más y mejores contactos con el FBI, la CIA, el Mossad israelí y los servicios alemanes.

Los WikiLeaks prueban que la línea de investigación promovida por Washington por medio de su embajada en Buenos Aires consistía en culpar a Irán. Era la línea que llevó adelante Stiusso y, por lo tanto, Nisman.

Tanto Lagomarsino como Nisman sabían que una vieja pistola 22 del año 1962 no es un arma defensiva y ni siquiera disuasoria para llevar en la gaveta, y menos “para proteger a sus hijas hasta el lunes” –como sostiene Lagomarsino–, porque las hijas de Nisman estaban en el exterior y el fiscal tenía comprado un pasaje de vuelta a Europa para la noche del lunes.

Si Nisman, verdaderamente, llamó el sábado a Lagomarsino para pedirle la pistola –y no otra cosa–, es más que evidente que el fiscal quiso dejarlo “pegado” a esa decisión que –según su ex esposa, la jueza Sandra Arroyo Salgado–, “otros le obligaron a tomar. Si Nisman realmente hubiese tomado libremente la decisión de quitarse la vida –por las razones que fuesen–, no sólo hubiese dejado cartas a sus hijas, sino al menos una posdata deslindando a Lagomarsino de toda responsabilidad por haberle facilitado la pistola. Nada de eso ocurrió. O mejor dicho, todo lo contrario: Nisman, u otra persona, dejaron a Lagomarsino con una pistola humeante en la mano. Todo un mensaje.

Si alguien quería conmocionar a la Argentina y al mundo entero con la muerte del fiscal Nisman, es indudable que lo logró sin mancharse con sangre.
Fuente:MiradasalSur








la muerte del fiscal
A dos semanas de su muerte, sólo hay indicios de suicidio y la investigación pasa a los vínculos de Nisman
31.01.2015 Por:Rubén Furman

La sospecha generalizada de que la muerte violenta del fiscal Alberto Nisman pudo haber sido planeada y hasta ejecutada para que “parezca un suicidio”, no encuentra hasta ahora sustento en los peritajes técnicos realizados.
A dos semanas de la muerte del fiscal, la investigación no ha podido apartarse, en lo esencial, de las primeras conclusiones de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense, que indicaron que "no hubo intervención de terceras personas” en el hecho, según la acabada expresión de la fiscal Viviana Fein.

El tiro en la cabeza que acabó con la vida del fiscal de la causa Amia habría sido disparado -según esas conclusiones- por su propia mano, con la pistola que le proveyó una persona de su confianza y en el baño de su departamento, donde no se percibía ningún signo de violencia o resistencia.

Las últimas pruebas de laboratorio recibidas por la fiscal Fein, confirmando que en el arma y ropa de Nisman sólo se encontró su propio ADN, ratifican esa línea de investigación y se suman a las certezas de las primeras horas.

Un dato contradictorio en esta saga es la falta de rastros de la deflagración en la mano de Nisman, según los resultados negativos del barrido electrónico de metales y, aunque los peritos lo adjudicaron al pequeño calibre del arma, ya está curso una contraprueba.

En los próximo días, cuando la fiscal reciba los exámenes histopatológicos y toxicológicos para verificar si Nisman había ingerido o estaba bajo efecto de sustancias que hayan operado sobre su voluntad, la investigación se colocará más decididamente en el terreno complejo de los vínculos de la víctima.

La propia aparición del informático Diego Lagomarsino declarando voluntariamente horas después del hallazgo que, a pedido de Nisman, le había prestado la vieja pistola Bersa calibre 22 encontrada bajo el cuerpo del fiscal, puso en el centro de la escena a ese mundo de relaciones donde podría encontrarse el secreto de su muerte.

El informático de 39 años fue la última persona en verlo con vida dentro del departamento que Nisman alquilaba en el piso 13 del complejo Le Parc, a donde solía visitarlo, según declaró, para entregar o recibir pedidos de trabajo. Por ahora es el único imputado por haberle provisto el arma hallada en el lugar de su muerte.

La fiscal Fein tomó testimonio en los últimos días a los empleados de la UFI-AMIA para tratar de establecer claramente la función del técnico, el tipo de contrato y su monto inusualmente alto dentro de la fiscalía.

Allí habría verificado que sólo reportaba al titular de la fiscalía de la causa AMIA y escuchó información sobre un viaje que ambos habrían realizado a un país vecino en el marco de la investigación.

Fuentes ajenas al expediente señalan a Lagomarsino como un personaje próximo, por elementales razones de seguridad, al ex hombre fuerte de la ex Side Antonio “Jaime” Striuso, principal proveedor de información de Nisman sobre el mayor atentado criminal de la historia argentina.

En su aparición televisa patrocinado por un conocido defensor de causas penales “pesadas”, Maximiliano Rusconi, Lagomarsino negó el vinculo y echó sombras sobre los policías que debían proteger al fiscal afirmando que este “no confiaba ni en su custodia”.

Parte de ese personal ya ha sido removido por el sumario interno, pero en la causa penal no aparecen por ahora sospechas de peso contra los policías más que por haber relajado su tarea de vigilancia y no haber informado oportunamente a sus jefes lo que estaba ocurriendo.

Apenas el grupo de apoyo técnico policial concluya la previsualización de las cámaras de seguridad del edificio, la fiscal comenzará a observarlas, un test clave no solo para saber quiénes circularon por el complejo en las horas previas a la muerte de Nisman.

Servirá también para chequear la propia versión del informático sobre el horario de su última salida del edificio, ya que los saltos en las planillas de registro de ingresos y egresos que lleva la custodia privada y la rotura de algunas cámara impidió hasta ahora verificarla.

En los próximos días, cuando la querella designe a peritos de parte, comenzará también el vaciado de la información contenida en los tres teléfonos celulares de Nisman, de modo de ir reconstruyendo con quien se comunicó, en sus últimos días y horas de vida, la víctima.
Fuente:Telam