27 de junio de 2017

ROSARIO: CHOQUE EN RUTA 33, LA DIPUTADA JOSEFINA GONZÁLEZ SE ENCUENTRA EN ESTADO RESERVADO.

CHOQUE EN RUTA 33
La diputada Josefina González se encuentra en estado reservado

La diputada nacional del Frente Para la Victoria Josefina González se encuentra internada en estado reservado, en el Hospital Español, debido a las fracturas sufridas, como en el fémur de ambas piernas, luego de sufrir un accidente vial el lunes por la noche en la ruta 33
El accidente se produjo este lunes por la noche, a la altura de la localidad de Chovet, entre Firmat y Venado Tuerto. Además de la diputada, resultaron heridas otras tres personas, mientras que un acompañante de la legisladora, Ignacio Amaya, falleció.
Luego del siniestro, González fue trasladada al centro de salud Samco de Firmat donde fue operada de urgencia y horas después fue derivada al hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). El director del Heca, Néstor Marchetti, explicó que la paciente ingresó cerca de la medianoche con un politraumatismo de tórax, abdomen y de miembros inferiores.
“Fue operada en el hospital de Firmat por un estallido uterino y un desgarro hepático con hemorragia interna y hematoma retroperitonial, fractura costal y tiene además fractura en el fémur de ambas piernas”, explicó Marchetti.
Además, el médico comentó que tiene asistencia mecánica respiratoria se encuentra “estable”. “El pronóstico es reservado todavía porque es un trauma grave. Hay que darle tiempo a las primeras 24 o 48 horas para ver cómo evoluciona describió el médico”, afirmó. A media mañana fue trasladada al Hospital Español.
Fuente:RosarioPlus

TROPEL.

Los trabajadores tomaron la planta de Pepsico: Quieren impedir que la empresa se lleve los equipos de producción

Los trabajadores entraron a la planta de Vicente López hoy a la mañana, al advertir que estaban trasladando los equipos de producción. “Vamos a realizar una permanencia pacífica hasta que la empresa ponga en marcha la planta. Están invirtiendo millones en Mar del Plata. Es mentira que están en crisis”, dijeron los delegados.
La planta Pepsico de Vicente López, donde trabajan 600 operarios, anunció su cierre el miércoles pasado.

Imagen: Télam
Los trabajadores despedidos de la planta de Pepsico de Vicente López decidieron ingresar a la fábrica para impedir que la firma multinacional traslade los equipos de producción. “Vamos a realizar una permanencia pacífica hasta que la empresa ponga en marcha la planta. Están invirtiendo millones en Mar del Plata, es mentira que está en crisis”, advirtió el delegado Camilo Mones. Hasta el momento, el Ministerio de Trabajo impulsó el proceso preventivo de crisis solicitado por la empresa para avanzar con las indemnizaciones de los 600 despidos.
La toma de la fábrica ocurrió a primera hora de la mañana, cuando los trabajadores realizaban una asamblea para acordar la movilización y corte de la autopista Panamericana, a la altura de la avenida San Martín, en la localidad del norte del conurbano bonaerense. “Los compañeros nos avisaron que la Policía comenzó a levantar un operativo en los portones de la empresa y que venía gente de la empresa a llevarse los equipos, con los que podemos garantizar la producción y el sustento de nuestras familias”, explicó otro de los voceros de la asamblea de trabajadores y sentenció: “¡Que no se lleven nada!”.
A cinco días del cierre de la planta, de la que los empleados se enteraron a través de un cartel pegado en el portón de ingreso, los voceros recordaron que en el lugar “hay compañeras pasándola mal en las noches, llorando con sus hijos. Compañeras que saben que no van a conseguir trabajo en otro lugar por la situación socio-económica que estamos viviendo”.
El viernes pasado, cuando se decretó un cuarto intermedio en la negociación con la multinacional, el delegado Héctor Gerez fue muy crítico del rol que ocupa la cartera laboral, encabezada por Jorge Triaca, al sostener: “Dicen que se sienten traicionados por la empresa y son ellos los que le están haciendo el favor”. Gerez se refirió al proceso preventivo de crisis habilitado por Triaca y la propuesta llevada a la mesa de negociaciones, en la que los trabajadores sólo recibieron la promesa de tener sus indemnizaciones en los próximos diez días.
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Otra fábrica que cierra: Gráfica Fangraf,en Floresta

Los dueños de la planta cambiaron la cerradura y esta mañana los trabajadores no pudieron entrar a trabajar. Nadie les había avisado nada. Los 25 trabajadores de la fábrica se mantienen en la puerta, a la espera de que algún directivo les dé una respuesta.
Imagen: Twitter
Los trabajadores de la gráfica Fangraf, ubicada en el barrio porteño de Floresta, se encontraron esta mañana con la puerta de la planta cerrada y no pudieron ingresar a sus puestos de trabajo. Denuncian que los dueños cerraron la empresa sin previo aviso y dejaron a los 25 trabajadores en la calle. La semana pasada, y con un modo similar, PepsiCo cerró su planta de Vicente López y despidió a 600 trabajadores.
“Llegamos y nos encontramos con las puertas cerradas. El encargado quiso abrir como todos los días, pero no pudo. Cambiaron la cerradura”, contó Laura, una de las trabajadoras de Fangraf, en declaraciones a la radio AM 750. Según el relato de la trabajadora, el viernes la gráfica funcionó normalmente.
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Sin respuestas de Vidal, los maestros bonaerenses definen su plan de lucha

Sin respuestas de Vidal, los maestros bonaerenses definen su plan de lucha


El Frente de Unidad Docente (FUD) definirá esta semana un nuevo plan de lucha, que incluirá paros y movilizaciones, ante la falta de una propuesta salarial “satisfactoria” por parte del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal.
En un comunicado, los seis gremios docentes que integran el FUDB informaron que “ante la falta de respuestas del gobierno provincial” se resolvió que la semana próxima se debatirá con todos los docentes la “continuidad del plan de lucha”, que incluirá “paros, movilizaciones, jornadas de protesta y campañas de denuncia”.
Los gremios denunciaron la “incapacidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires de resolver no sólo la situación salarial sino de condiciones de trabajo de los docentes” y sostuvieron que la gobernadora Vidal y el Director General de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro, “demostraron su desprecio y maltrato a los docentes bonaerenses sometiéndolos a un congelamiento del salario durante 11 meses”.
“Desde el FUDB no vamos a permitir que avancen contra nuestros derechos como trabajadores de la educación. Que el gobierno provincial y sus funcionarios se hagan cargo de sus responsabilidades y den respuestas concretas a la educación bonaerense”, sostuvieron en el comunicado.
El último encuentro entre los gremios y el gobierno bonaerense fue el lunes 12 de junio, cuando el Ejecutivo ofreció un 21% de aumento salarial con cláusula gatillo, una suma por presentismo y 2.000 pesos por cargo por la pérdida de poder adquisitivo en 2016, que inmediatamente los sindicatos rechazaron por considerar a la propuesta “insuficiente”.
Dos días después, el 14 de junio, los sindicatos Suteba, FEB, Sadop, UDA, AMET y Udocba realizaron un paro de 24 horas, en lo que fue la decimosexta medida de fuerza del año en el distrito bonaerense, con una población de 4,5 millones de alumnos.
El secretario general de Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba), Miguel Díaz, dijo hoy que “esta semana no hubo ningún tipo de reunión con el gobierno porque están muy ocupados cerrando listas”.
“Desde el 6 de febrero, cuando comenzaron las negociaciones, ya pasaron 138 días sin una propuesta salarial seria”, afirmó y agregó que “ya están diciendo que Finocchiaro se va como ministro nacional y así es muy difícil negociar”, ante las versiones del eventual remplazo de ese funcionario por Esteban Bullrich, quien será candidato a senador por Cambiemos en el distrito.
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TRABAJADORES DE PRENSA RADIO NACIONAL

Una ofensa contra los trabajadores, espectadores y el pluralismo de la TV Pública


Los trabajadores y trabajadoras de prensa de la TV Pública, la Agencia de Noticias Telam y Radio Nacional, expresamos nuestro repudio a la participación en la pantalla de la TV Pública de Nicolás Wiñazki, quien afirmó que la Agencia Telam “es un reducto de empleados kirchneristas”, en una clara operación de prensa, que fue debidamente repudiada por diversos sectores del periodismo
Los trabajadores y trabajadoras de prensa de la TV Pública, la Agencia de Noticias Telam y Radio Nacional, expresamos nuestro repudio a la participación en la pantalla de la TV Pública de Nicolás Wiñazki, en el programa “Cada Noche” en su emisión del viernes 23 de junio de 2017.
Los periodistas y trabajadores de los medios públicos tenemos memoria y recordamos que Wiñazki fue quien, en un mensaje netamente persecutorio, afirmó que la Agencia Telam “es un reducto de empleados kirchneristas”. Esta definición, con la sola intención de descalificar a quienes desempeñan tareas en ese medio, pone en duda su desempeño como periodista y exhibe una intención desaprensiva para con la información y el manejo de datos certeros. Una clara operación de prensa, que fue debidamente repudiada por diversos sectores del periodismo.
Nos resulta incomprensible la presencia de Wiñazki en la pantalla de la TV Pública, precisamente tratándose de un individuo que no dudó en marcar de manera macartista a colegas.
Es evidente que el nivel periodístico exhibido por el programa “Cada Noche”, a partir de las presencias de entrevistados como César Luis Menotti o Martín Balza, cae en picada con la asistencia de Wiñazki. Es notoria la paradoja, ya que quien bastardea a los medios públicos y sus trabajadores, ahora es entrevistado como un referente del periodismo de actualidad.
A su vez, su presencia es profundamente contradictoria con el discurso con el que asumió la actual gestión de los medios públicos y de la TV Pública en particular. Así lo demuestra el hecho de que se utilice media hora de nuestra pantalla para un entrevistado que sostiene que “quisieron santacrucificar a la Argentina” -en palabras del propio Wiñazki-, sin que a la vez se consulten otras voces, ante tamaño brulote. Es claro, por lo tanto, el avasallamiento de la pluralidad y democracia informativa en un programa periodístico en el que los trabajadores y las trabajadoras de prensa de la TV Pública no tenemos ningún tipo de participación.
Por último, llamamos la atención a los funcionarios de los medios públicos y en particular a los responsables de los contenidos periodísticos, ya que situaciones como ésta no sólo son una ofensa para los trabajadores y trabajadoras sino que son una falta de respeto para los espectadores de la TV Pública y significan, por lo menos, un descuido de nuestra pantalla que no podemos admitir.
COMISIONES INTERNAS DE TELAM- RADIO NACIONAL- TV PÚBLICA
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Grave: amenazan a la periodista que reveló el robo de documentos al Ministerio de Seguridad

Lunes 26 de Junio
Desde ayer, Irina Sternik sufre intentos de hackeo, ataques, insultos y expresiones discriminatorias. Fue quien explicó la verdadera gravedad del hecho ocurrido en enero.
Insultos, expresiones discriminatorias y amenazas es el precio que está pagando la periodista Irina Sternik por haber escrito una nota hace menos de un mes en el diario La Nación, donde reveló el alcance real del ataque informático que recibió el Ministerio de Seguridad en el último verano.
En ese momento, oficialmente se dijo que solo se había tratado del hackeo de la cuenta de Twitter de la ministra Bullrich. Sin embargo, lo cierto es que los intrusos también accedieron a una cuenta de mail del ministerio y, a partir de allí, a información clasificada y confidencial de casos que supuestamente lleva adelante el Departamento de Inteligenciacontra el Crimen Organizado de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía Federal.
Ayer la periodista comenzó a recibir agresiones e intentos de hackeo en su cuenta de Twitter, lo cual denunció a través de la propia red social. “Intento de hackeo, ya van 10”, dice en una de las publicaciones, donde muestra la correspondiente captura de pantalla.
Además, el ataque va acompañado de expresiones violentas, amenazas e incluso referencias a una enfermedad que sufrió años atrás.
Consultada por Infonews, la periodista señaló: “Es extraño que Twitter permita este tipo de contenidos. Algunas cuentas violentas tienen miles de seguidores. También es raro que los políticos no hagan nada ni den declaraciones sobre la cantidad de hackeos y amenazas a la integridad de las personas que hubo en los últimos meses”.
“Si por publicar noticias equipos de trolls salen a atacar así, el periodismo independiente estara cada vez más complicado”, concluyó.

Ver imagen en Twitter

Ademas de estar queriendome hackear mi cuenta, me dicen cosas lindas como estas.

Fracaso de gestión: los manteros vuelven a la calle por la caída en las ventas

Fracaso de gestión: los manteros vuelven a la calle por la caída en las ventas
Fracaso de gestión: los manteros vuelven a la calle por la caída en las ventas
En enero de 2017 los manteros de la zona de Once, Plaza Miserere, fueron reprimidos salvajemente por las fuerzas policiales. Luego del conflicto, el gobierno conducido por Horacio Rodríguez Larreta los sacó de las veredas para hacinarlos en galpones. Apenas cinco meses después, pocos clientes participan en esos predios, y esa es la razón por la cual los manteros volverán a las calles, para tratar de recuperar algo del volumen de ventas.
Esa suerte de galpones-feria, fueron abiertos en torno a Plaza Miserere. La poca concurrencia y la baja en las ventas obliga a los puesteros a retornar a la venta ambulante, pese a los controles de la policía.
Una de las ferias está ubicada en la intersección de Boulogne Sur Mer y Perón; otra de ellas se encuentra en La Rioja e Hipólito Yrigoyen. Los manteros tuvieron que tomar la decisión de volver a salir a las calles ante la abrumadora caída en sus ventas. Mientras tanto, efectivos de la Comisaría 7ma, interviniente en la zona, libró actas  por venta pública y decomiso de mercaderías durante los últimos días.
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Trabajadoras de Trolebuses cordobeses movilizan contra los despidos y la discriminación

Trabajadoras de Trolebuses cordobeses movilizan contra los despidos y la discriminación


Las conductoras de trolebuses movilizan hoy para reclamar la reincorporación de las despedidas. Denuncian que a pesar de que las mujeres son sólo el 6% de los empleados del sector representan el 40% de los despedidos.
Este lunes las trabajadoras de trolebuses cordobeses se movilizan hacia la municipalidad para denunciar la discriminación laboral y sindical que sufren “por ser mujeres y luchadoras”. La marcha, bajo la consigna #TodasSomosUTA, será junto al movimiento de mujeres, al resto de los despedidos hombres y a los trabajadores y trabajadoras en general.
Las trabajadoras denuncian que el Ministerio de Trabajo de la Provincia continúa sin hacer cumplir el acta del día 9 de junio y la conciliación obligatoria. Luego de la nueva audiencia, el Ministerio prorrogó la Conciliación y le comunicó a las empresas que “aclaren la situación laboral de todos los trabajadores del sistema”, pero esto no obliga de ninguna manera a que cumplan las actas acordadas, y por lo tanto, lo que continúa es la dilatación del conflicto y los despidos.
“Se busca que atravesemos un laberinto de audiencias sin fin cuando lo simple y concreto es hacer cumplir lo que ya se firmó para que los despidos no procedan, es decir, para que se reincorporen a los compañeros y compañeras y se paguen las horas caídas”, sostuvieron a través de un comunicado de prensa.
“El mayor agravio por parte de la patronal y Mestre se produjo entre las compañeras de Trolebuses. Esto constituye un golpe discriminatorio y misógino sin precedentes, porque de los 160 despidos, 60 son a compañeras mujeres”, expresaron.
“De la totalidad de trabajadores del transporte, las mujeres constituimos el 6%, sin embargo, integramos el 40% de los despedidos. Este dato muestra bien clarito que se está consagrando un hecho de violencia de género sobre nosotras, las compañeras de Trolebuses, que en la mayoría de los casos, somos sostén de familia”, añadieron.
“Quieren aleccionarnos por haber defendido nuestro derecho al salario y a que se respete la democracia sindical: dos pilares fundamentales de cualquier trabajador”, agregaron.
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Denuncian razzias policiales en colectivos de madrugada en la provincia de Buenos Aires

La Comisión Provincial Por la Memoria advirtió que anoche agentes de la policía bonaerense detuvieron colectivos interurbanos en Quilmes y obligaron a todos sus pasajeros a descender. La misma práctica viene sucediendo en La Plata, Berisso, Ensenada y Esteban Echeverría.
Foto Facebook CPM
Foto Facebook CPM
En el marco de un operativo policial realizado anoche en la estación de Quilmes agentes de la policía bonaerense detuvieron de manera sistemática colectivos interurbanosobligaron a sus pasajeros a descender, los cachearon y requisaron de manera violenta.
La misma práctica ilegal y arbitraria también había sido denunciada antes en las localidades de La Plata, Berisso, Ensenada y Esteban Echeverría. La Comisión Provincial Por la Memoria denunció que estos hechos “que pretenden ampararse en la excusa del combate del delito, constituyen una vulneración de derechos y están fuera de cualquier marco democrático”.
El operativo policial desplegado anoche en la estación de Quilmes se concentró en las paradas de la línea 263 y 281. Allí, los efectivos policiales detenían los colectivos, obligaban a bajar a todos los pasajeros, les ponían las manos contra el vehículo y los cacheaban. Además revisaban todas las pertenencias personales y exigían documentos. Si alguno no lo presentaba se le impedía volver a subir.
El hecho registrado y documentado por integrantes de la APDH, se inscribe en una serie de denuncias similares en otras localidades de la provincia de Buenos Aires que dan cuenta de un dato preocupante: la extensión de prácticas policiales arbitrarias que irrumpen en la vía pública vulnerando derechos y garantías constitucionales a circular libremente, a la presunción de inocencia y a la intimidad de las personas.
Operativos similares se registraron en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada, en al menos once puntos rotativos y en distintos horarios. Pasajeros de micros de la empresa Plaza o de la línea 275 padecieron el mismo procedimiento: hacer descender a los hombres, ponerlos en fila de espaldas al micro, con las manos arriba, para ser luego revisados ellos y sus pertenencias. En ningún momento informaron los motivos del operativo más allá de que varios pasajeros lo solicitaron, ni mostraron orden judicial alguna.
“Resulta evidente que frente a la creciente demanda social por mayor seguridad y bajo la excusa de querer dar la pelea contra el delito, la política criminal del gobierno y del Ministro de Seguridad Cristian Ritondo refuerza una orientación que ya ha probado su ineficacia: la mano dura. Lo único que ha logrado la saturación territorial de efectivos, móviles cámaras, retenes y razzias es ampliar los márgenes de arbitrariedad para la acción policial en el territorio, lo que la consolida como una fuerza ingobernable que violenta los derechos de los ciudadanos”, denuncian desde el organismo de Derechos Humanos provincial.
“Mientras tanto, los delitos complejos, que son los que realmente deberían ser perseguidos, no se reducen, porque esta política, que una vez más vuelve a promoverse, sólo persigue a los eslabones más débiles de la cadena. Por esto, en la semana próxima la CPM avanzará en una serie de presentaciones ante el Ministerio de Seguridad bonaerense y la Legislatura provincial para que se detengan estas prácticas”, concluyen.
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Campaña de los científicos contra el ajuste en el área

“Buscan vaciar el Conicet”

Las organizaciones de investigadores lanzaron una campaña en las redes, con una versión del tema “Despacito”, para acompañar mañana la presentación en Diputados de tres proyectos que apuntan a recuperar el financiamiento del sistema científico.
Las agrupaciones de científicos llevarán sus reclamos al Congreso.
Las agrupaciones de científicos llevarán sus reclamos al Congreso. 

Imagen: Leandro Teysseire
Las organizaciones de científicos lanzaron una campaña para denunciar y detener el ajuste y el achicamiento del sistema de ciencia y tecnología, como paso previo a llevar mañana el reclamo a la Cámara de Diputados. La campaña se viralizó en las redes sociales a través una versión de la canción “Despacito”, que compusieron e interpretaron integrantes desde la organización Científicos y Universitarios Autoconvocados (CyUA).
Una delegación de la comunidad científica participará este martes de una sesión de la Comisión de Ciencia de la Cámara baja, donde apoyarán la presentación de tres proyectos de ley que bregan por un mayor financiamiento para la ciencia. Desde las 16, una hora y media antes de la sesión de la comisión, las organizaciones se reunirán en el Congreso para apoyar sus reclamos.
“Queremos volver a poner sobre la mesa el ajuste que vive hoy el sistema científico. El Gobierno, mediante presupuestos cada vez más bajos, prepara un desmantelamiento, un desguace del área de ciencia y técnica”, dijo a PáginaI12 Nuria Giniger, integrante de CyUA Buenos Aires y una de las investigadoras que mañana estará presente en la comisión.
Más de 1900 científicos firmaron un petitorio en apoyo a las iniciativas legislativas que se presentarán, la cuales tiene la finalidad de “salvaguardar el desarrollo del sistema científico-tecnológico nacional, que vivió un período de expansión y consolidación y se encuentra ahora en una situación crítica de conformidad con las políticas de recorte y ajuste que se vienen llevando adelante de manera sostenida desde hace un año y medio”.
Ante los fuertes rumores que circulan sobre el achicamiento del Estado y el posible cierre del Ministerio de Ciencia, Giniger dijo que entre los científicos y trabajadores de esa cartera hay un temor de que el área vuelva a depender del Ministerio de Educación y Deportes. Para Giniger, eso afectaría al sistema científico en tres niveles: el presupuestario, porque debería dividirse el presupuesto con Educación y Deportes, y quedaría “muy relegado”; en infraestructura, donde habría más despidos de trabajadores; y por último en cuanto a las políticas concretas del ministerio, que perderían autonomía y pasarían a “estar supeditadas a otra institución”.
Los tres proyectos que se presentarán en Diputados remarcan que el presupuesto 2017 destinado al Ministerio de Ciencia sufrió una reducción del 32,5 por ciento respecto de 2016. Para los investigadores, los 500 científicos que el año pasado no pudieron ingresar al Conicet por el recorte presupuestario son un ejemplo de lo que busca Cambiemos: “Vaciar el Conicet, priorizar el mercado por sobre las necesidades del pueblo”.
En campaña electoral, Macri prometió elevar al 1,5 por ciento el porcentaje del PBI destinado a Ciencia. “Pero el presupuesto combinado de MinCyT-Conicet-Conae representa sólo un 0,59 por ciento del PBI, siendo este porcentaje el menor desde la creación del ministerio”, explica uno de los proyectos, que apuntan a recuperar el incremento progresivo que se venía sosteniendo durante la década previa.
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Mañana se define el nuevo salario mínimo


El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que reúne a funcionarios, gremios y empresarios, se reunirá mañana a partir de las 16 para fijar un nuevo piso salarial, que en la actualidad es de 8.060 pesos.
El encuentro tendrá lugar en la sede del Ministerio de Trabajo, en la Avenida Leandro N. Alem 650 de la ciudad de Buenos Aires, y buscará establecer el nuevo valor del sueldo mínimo que cobrarán los trabajadores.
El salario mínimo, vital y móvil se actualizó el año pasado en tres veces: 6.810 en junio, 7.560 en septiembre y 8.060 en enero último.
Si el salario mínimo, vital y móvil se actualizara en un 20 por ciento, como ocurrió para el sector estatal, pasaría a 9.672 pesos, pero los gremios piden un piso de 15.000 pesos.
Además del salario mínimo, en la reunión de mañana se pondrán también en consideración otros temas relacionados con la temática laboral, sobre los que estuvieron trabajando en los dos últimos meses distintas comisiones tripartitas (funcionarios, gremios y empresas).
Las comisiones que trabajaron fueron las del Salario Mínimo, Vital y Móvil; de Prestaciones por Desempleo; de Empleo; de Formación Profesional; de Productividad y de Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Social.

Las CTA reclaman un salario mínimo de entre 14.500 y 15.000 pesos

Las CTA reclaman un salario mínimo de entre 14.500 y 15.000 pesos


Hugo Yasky y Pablo Micheli confirmaron que exigirán en el Consejo del Salario un mínimo de entre 14.500 y 15 mil pesos. Afirmaron la necesidad de que se reduzcan las cuotas y que debe convenirse “un aumento para el subsidio por desempleo”.
Pablo Micheli, candidato a diputado nacional bonaerense por el Frente Creo que integra junto con el senador Fernando Solanas y otros partidos políticos y organizaciones sociales, aseguró a Télam que la CTA Autónoma rechazará cualquier iniciativa que procure determinar un haber mínimo por debajo de los 14.500 pesos, y enfatizó que el Consejo debe funcionar “con seriedad y regularidad”.
“No es posible convocar al Consejo una vez al año para determinar un nuevo valor del mínimo y, luego, durante todo el año opacar su funcionamiento. La realidad obliga a su regularidad”, dijo.
Micheli agregó que el martes planteará “un profundo debate en su seno respecto de la actual precariedad laboral, porque es un tema que no admite dilaciones” y sostuvo que “es preciso elevar el monto del subsidio por desempleo en al menos un 60 por ciento del valor del nuevo mínimo”, aunque reconoció que el gobierno nacional determinó que ese beneficio pasara de 400 hasta 1.875 y 3.000 pesos de máximo.
Por su parte, el sector de la CTA Autónoma opuesto a la conducción de Micheli y que representan, entre otros, el estatal Hugo Godoy y el visitador médico Ricardo Peidro, convocó a una movilización hacia las puertas de Trabajo para reclamar un mínimo de 15 mil pesos ante “el modelo de ajuste neoliberal”.
Hugo Yasky explicó que “se impone reducir los habituales tres tramos de implementación del nuevo valor del mínimo, vital y móvil ante la realidad imperante”, e indicó que su corriente exigirá un ajuste que eleve el ingreso a 15 mil pesos, que es lo que se corresponde con “los índices actualizados de la canasta básica alimentaria”. lo que implicaría otorgar “un incremento de emergencia para ubicarlo por encima de cualquier negociación convencional paritaria”.
En una entrevista con Télam, el dirigente docente fundamentó el reclamo apelando a la historia y, en ese sentido, aseguró que la demanda de la CTA que lidera se remonta a 2003, cuando “el valor del mínimo pegó un salto de casi el 60 por ciento”.
Yasky fue más lejos y expresó que “la actual emergencia social requiere medidas drásticas de esa naturaleza, por ejemplo”, y dijo que la CTA exigirá activar por ley “el valor de la canasta”.
Yasky sostuvo además que el nuevo monto del haber básico que se acuerde en la plenaria entre sindicalistas, empresarios y gobierno deberá trasladarse de forma automática a “los beneficiarios de planes sociales”, y añadió que ese monto mínimo que finalmente se convenga el martes tendrá que “desprenderse” de “las paritarias”.
Por último, Yasky aseveró que sería “importante” que en la plenaria del Consejo participara por primera vez desde su creación “una representación del conjunto de los movimientos sociales”, un tema que aún está siendo debatido en vísperas del encuentro.
Ello se relaciona de forma directa con el traslado automático que implicaría el monto mínimo que se acuerde al nuevo valor de los planes sociales que perciben miles de desocupados, según contempló hacia fines de 2016 la Ley de Emergencia Ocupacional.
Envío:ResumenLatinoamericano


27 de junio de 2017 
El recorte de pensiones por invalidez afecta la cobertura de remedios y tratamientos
Sin pensión, medicamentos y asistencia social
Las bajas de pensiones no contributivas por parte de Desarrollo Social, que aún siguen sin restablecerse en su gran mayoría, genera complicaciones incluso más graves para los afectados por el corte de la cobertura médica. 
Por Cristian Carrillo 

Personas con insuficiencia renal deben pagar hasta 33 mil pesos por mes en tratamientos de diálisis cuando se les cae la pensión. Imagen: Leandro Teysseire 
El recorte en las pensiones por invalidez no se circunscribe a dejar de percibir 4000 pesos mensuales de la asignación por este derecho, sino que incrementa las barreras para el acceso a la salud. Mientras que el Ministerio de De-sarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, continúa con la purga del padrón y no restablece las más de 175 mil pensiones no contributivas caídas, algunos beneficiarios de esta cobertura por invalidez, que representan el 72 por ciento de los casos, deben afrontar gastos de salud y sanitarios de hasta 40.000 pesos mensuales. Esto sucede porque al darse de baja o suspenderse ese ingreso, también se interrumpen los planes de cobertura que brinda el Ministerio de Salud, tales como tratamientos de diálisis para las personas con insuficiencia renal crónica y farmacológicos inmunosupresores para pacientes trasplantados. “De no haber sido dadas de baja las pensiones no contributivas, el tratamiento a personas con diagnóstico de esquizofrenia, insuficiencia renal crónica y niños o jóvenes con discapacidad serían cubiertos por el Programa Federal Incluir Salud (PFIS)”, señala un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. 

A partir de distintos programas de inclusión para los más vulnerables, el gobierno anterior había elevado de 350 mil pensiones no contributivas (en su mayoría graciables) que había en 2003 a 1,6 millones a fines de 2015, principalmente mediante la incorporación de personas con invalidez, aunque también de adultos mayores y madres de siete o más hijos. Sin embargo, con el cambio de administración y la decisión de recortar presupuesto en todas las áreas de gobierno, la cartera de Desarrollo Social suspendió y eliminó más de 175 mil pensiones. El primer guadañazo fue el año pasado, con 90 mil pensiones, de las cuales la mayoría pasó a ser baja definitiva.

Se suman 83.133 entre bajas y suspensiones realizadas durante el primer semestre. Desde Desarrollo Social confirmaron que se repondrán las de este año mientras se haga la auditoria, aunque hasta el momento sólo se volvieron a dar de alta 24.600 sobre un total de 175 mil recortes. Las del año pasado no fueron incluidas en la revisión. Según pudo saber este diario, se analizarán casos sólo de este año de hipoacusia, retraso madurativo, VIH, síndrome de down y enfermedades terminales, temas delicados para la opinión pública en un año electoral. Consultadas por PáginaI12, fuentes de la cartera de Stanley no dieron precisiones de si restablecerán todas las pensiones caídas ni de cómo lo instrumentarán. 

A partir de los cambios hasta 2015, las pensiones no contributivas asisten en su mayor parte (72 por ciento) a personas con discapacidad. Les siguen las otorgadas a madres de siete o más hijos (22 por ciento), especiales y las graciables (5 por ciento) y por vejez (1 por ciento). Estas últimas se fueron remplazando por otras políticas de inclusión jubilatoria, explicó el presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, Nicolás Kreplak, médico sanitarista y ex viceministro de Salud. En lo que va de este año se registraron suspensiones en enero de 4700 pensiones por invalidez; en febrero hubo suspensiones y bajas a 10.900 y 6700 beneficiarios respectivamente; en marzo, a 7000 y 2000; en abril, a 2900 y 2240; en mayo 13.509 y 5300; y en junio de 13.482 y 2975. En total, son 52.491 pensiones por invalidez suspendidas y 19.215 dadas de baja. Pese a que el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), Guillermo Badino, justificó el recorte diciendo que existen distintos tipos de discapacidad y que una persona con síndrome de down puede trabajar, el Indec revela otra cosa. El Censo Nacional de Hogares y Viviendas de 2010 asegura que el analfabetismo es tres veces mayor al de la población total, un alto porcentaje de desocupación, y una tasa de fecundidad por encima de la que se presenta para el resto de las mujeres del país, entre otros indicadores. El gobierno también se escuda en un decreto de 1997 para justificar el recorte preventivo mientras exige que se pruebe la situación de indigencia de la familia. No obstante, la población con discapacidad está amparada por un marco superior, de rango constitucional: la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (13 de diciembre de 2006), según señala el informe de la Fundación.

Trasvasando todo marco legal, el gobierno de Mauricio Macri dejó no sólo sin el ingreso de la pensión sino también de cobertura a pensionados por invalidez, sobre los que paradójicamente recayó el mayor recorte, mientras los trámites de alta están casi paralizados. La titularidad de una pensión por invalidez implica la cobertura médico asistencial por Ley 24.734, que el Estado garantiza a través de la implementación del PFIS del Ministerio de Salud y del PAMI (una proporción menor). El PFIS brinda cobertura con ciento por ciento de gratuidad para todas las prestaciones del Programa Médico Obligatorio, y garantiza el acceso a otras asistencias que son necesarias para el desarrollo de la vida del beneficiario, pero que por su alto costo les resultarían prohibitivas. Por ejemplo, una persona con diagnóstico de esquizofrenia tiene un gasto de bolsillo mensual de entre 16.333 y 39.091 pesos por medicación antipsicótica, psicoterapia individual y asistencia ambulatoria. Una persona con insuficiencia renal debe pagar por mes entre 28.210 y 33.341 pesos por tratamiento de diálisis y transporte, mientras que alguien con discapacidad motriz, sensorial o mental tiene un gasto de bolsillo todos los meses de 22.830 y 38.894 pesos. 

De esta manera, las personas con discapacidad no sólo perdieron un ingreso de auxilio sino el acceso a prestaciones de básicas (Ley 24.901) como estimulación temprana, educación especial, servicio de integración en escuela común, rehabilitación profesional y formación laboral, centro de día, centro educativo terapéutico, centro de rehabilitación, residencias, pequeños hogares y hogares, entre otras. Estas prestaciones son requeridas en más de un 70 por ciento por personas de entre 0 y 24 años de edad, y en muchos casos las familias renuncian al ingreso de la pensión pero solicitan que se mantengan estos tratamientos. Según confirmó este diario, el hachazo en las pensiones incluyó en todos los casos la suspensión de estas prestaciones sanitarias asociadas.
Fuente:Pagina12

A 15 AÑOS DE LA MASACRE DE AVELLANEDA.

Los 5 videos de la conmemoración por los 15 años de la masacre de Puente Pueyrredón
Videos de Resumen Latinoamericano
En la vigilia del sábado 25, actuación del grupo Colectivo cultural Fin de un Mundo, interpretando la singular y mítica batalla entre el “gallo negro” y el “gallo rojo”.
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En la vigilia del domingo 25, habla el padre de Darío Santillán, Alberto Santillán.
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Gran fiesta del Sikus, en homenaje a Maxi y Darío, en la vigilia del 25
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Cabecera de la marcha de las antorchas, sábado media noche
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Lunes 26, en el palco sobre el puente Puerredón ocupado por los herederos de Darío y Maxi, se escuchan las consignas de una lucha que continúa…
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Una multitud homenajeó a Darío y Maxi, a 15 años de su asesinato en el Puente Pueyrredón
Resumen Latinoamericano, 26 junio 2017

Dos días de tremenda emoción y ratificación de la memoria activa es el resultado de la conmemoración de los 15 años en que una jauría policial a cargo del ex-comisario Franciotti y el ex cabo Acosta asesinaron a sangre fría a Maximiliano Kosteki y a su compañero Darío Santillán en el puente Pueyrredón.
Miles y miles de luchadores populares se dieron cita el domingo y el lunes para realizar, primero una vigilia en los alrededores de la estación Darío y Maxi y luego ocupar el Puente Pueyrredón, y celebrar un acto multitudinario de homenaje. Estas son las imágenes de tan importante acontecimiento popular.
fotos Resumen Latinoamericano. María Torrellas, Gladys Quiroga, Sebastian Polischuk




































































“A Darío lo mantiene vivo la militancia y toda esa gente que no lo olvida”
Por Mariano Pacheco, Revista Zoom, Resumen Latinoamericano/ 26 de junio 2017 .-
A 15 años de la Masacre de Avellaneda, entrevista a Alberto, el papá de Darío Santillán: la lucha de los familiares, las responsabilidades políticas y el legado más allá de las idealizaciones.
Desde que con sus muletas se puso al frente de aquella inmensa movilización que el 3 de julio de 2002 partió desde Puente Pueyrredón, bajó la lluvia, hacia Plaza de Mayo para repudiar la represión, a hoy, Alberto Santillán no ha cambiado ni de trabajo, ni la forma en que se peina o se recorta la barba, ni siquiera su manera de vestirse, pero sí su modo de hablar, que suele ser sereno, pausado y reflexivo en el “mano a mano”, y enérgico. cuando no encendido. Al momento de hablar frente a muchas personas. En este caso, a días de conmemorarse el decimoquinto aniversario del asesinato de su hijo Darío, Alberto se reúne con este cronista en un bar del barrio porteño de Monserrat, cerca de su casa y no tan lejos de donde trabaja desde hace décadas: el hospital Argerich.

Enfermero de oficio, como la madre de Darío (Mercedes, fallecida en el año 2000), Alberto recuerda que de chico Darío les había pedido permiso para hacer un curso de primeros auxilios. Y que nunca pudo dejar de pensar en eso una vez que vio la foto de su hijo, en el hall de la estación de trenes de Avellaneda, tomándole el pulso a Maximiliano Kosteki, el otro joven de barba ya entonces herido de muerte aquel 26 de junio de 2002. Ese día, un operativo conjunto de la Policía Bonaerense, la Prefectura, la Policía Federal y la Gendarmería avanzó sobre una columna de integrantes de movimientos de trabajadores desocupados que intentaron cortar el Puente Pueyrredón, en coordinación con otros puntos de protesta, en una jornada en la que se reunían prácticamente todos los movimientos sociales que entonces reclamaban un cambio en las políticas de ajuste y represión llevadas adelante por el presidente interino Eduardo Duhalde. La represión se cobró la vida de los dos jóvenes militantes, pero también dejó el saldo de 33 personas heridas con balas de plomo, disparadas por las fuerzas de seguridad en un operativo policial que incluyó también un operativo político de declaraciones de altos funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires hablando de una “interna piquetera” a partir de la cual se había desatado la violencia, e incluso un papel activo de medios hegemónicos de comunicación, que intentaron desdibujar las evidencias de las responsabilidades estatales, como fue el caso del diario Clarín, que tituló su edición del 27 de junio con el lema de “La crisis causó dos nuevas muertes”.

Desde entonces, un juicio que culminó en la condena a cadena perpetua de un comisario general de la Policía Bonaerense y su chofer; el cambio oficial del nombre de la estación de trenes donde ocurrieron los hechos y una pelea incansable de los familiares, amigos y compañeras de militancia de Kosteki y Santillán por denunciar la impunidad y obtener justicia por aquellos trágicos sucesos recordados bajo el nombre de “Masacre de Avellaneda”.

La lucha por justicia y contra la impunidad
Foto: Georgina García | Zoom
Desde el mismo día en que tuvo que reconocer el cadáver de su hijo, Alberto Santillán se puso al frente de la lucha por llevar a la cárcel a los asesinos de Darío y Maximiliano. Junto con Leo (uno de los tres hermanos de Darío) y en su momento con Mabel (mamá de Maxi, fallecida en septiembre de 2003, quien de hecho había iniciado la causa judicial ese mismo año), encabezaron una pelea que no sólo los vinculó de otro modo con la historia (breve pero intensa) de sus familiares asesinados, sino que los transformó a ellos mismos.

¿Cuáles son las luces y sombras de toda esta lucha por justicia y contra la impunidad que han emprendido como familiares?
Siempre sostengo que las condenas a Franchiotti y Acosta se han conseguido no tanto por la acción del juez o de la fiscalía, sino por la tremenda presión que hemos realizado los familiares, la militancia y una parte importante de la sociedad que se manifestó entonces frente a los tribunales de Lomas de Zamora. Porque más allá del inmenso trabajo realizado por los abogados, fue esa presión en los cortes de calles y otras acciones de protesta la que conquistó estas condenas a cadena perpetua, por primera vez, a un comisario general que reprimió una manifestación provocando dos muertes. Y creo que todo este trabajo que hemos realizado entre los abogados, los familiares, los amigos, la militancia de los movimientos valió la pena, porque sienta un precedente. Aunque claro, del lado político tanto como del judicial se ha pretendido que esto quede como un mero hecho policial, cuando ha quedado más que demostrado que fue también y sobre todo un hecho político. Hace poco Aníbal Fernández, fiel a su estilo de que se le va la lengua, dijo, cuando reprimieron a los maestros, que sin una orden clara del Estado la policía no reprime. Y bueno, él fue el que salió a dar la cara en nombre del gobierno de Duhalde cuando mataron a Darío y a Maxi, así que el pez por la boca muere. Haciendo un poquito de memoria, recordemos que no solo mataron aquel día a mi hijo y a Maxi, sino que también hirieron con bala de plomo a otros 33 manifestantes, con todo el daño no solo físico sino psíquico que eso implica. Y Fanchiotti, si bien pertenecía a la “maldita policía”, era un comisario de carrera. Por eso siempre hemos denunciado que hubo una complicidad entre la policía, el poder político y el judicial. Apenas mataron a los chicos, todo el entorno de Duhalde y de Felipe Solá salió a decir que las muertes habían sido producto de una interna entre piqueteros, que se mataron entre ellos, que había armas entre los manifestantes. Así que yo siempre insisto en que hubo una clara responsabilidad del Estado. Y hemos insistido en plantear los crímenes de la Masacre de Avellaneda como “delitos de lesa humanidad”, pero este reclamo no tuvo eco, porque los jueces y fiscales nos han dicho que los crímenes de lesa humanidad pertenecen al momento del terrorismo de Estado. Otra cuestión respecto de la lucha por justicia es la del paso del tiempo, porque las causas prescriben. Yo hace unos días fui al juzgado y el juez Ariel Lijo, que lleva la causa, no estaba, pero al otro día me mandó a decir por su secretaria que mientras él fuera el juez no iba a permitir que la causa prescribiera.
“Las condenas a Franchiotti y Acosta se han conseguido no tanto por la acción del juez o de la fiscalía, sino por la tremenda presión que hemos realizado los familiares, la militancia y una parte importante de la sociedad”
¿Y qué pasó respecto del planteo que han hecho durante años sobre la necesidad de avanzar en un juicio contra las responsabilidades políticas de la Masacre de Avellaneda?
Bueno, ahí la justicia ha dejado mucho que desear. Recordemos que en 2010 archivaron la causa. En ese momento el fiscal Miguel Osorio y el juez Lijo consideraron que no había elementos suficientes para apuntar o demostrar la responsabilidad de los funcionarios del Estado Nacional y Provincial que nosotros señalábamos como involucrados en los crímenes, empezando por el entonces presidente Duhalde. Así que después de cuatro largos años de lucha logramos desarchivar la causa. En el medio yo cambié de abogado. Y el hecho de haber estado desde entonces con la APDH de La Matanza y con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, considero, nos ha ayudado a abrir muchas puertas. Pero nada fue fácil. Una vez que logramos desarchivar la causa, después nos cambiaron tres veces de fiscal en unos pocos meses. Y nos decían que no podían avanzar porque no iban a ser ellos los que siguieran con la causa. Así que, como te decía hace un rato, si no hubiese sido por el trabajo de los abogados, de los familiares y la colaboración de la militancia, todo hubiese quedado estancado. Y hemos avanzado en presentar siete testimoniales. Pero la actual fiscal, Paloma Ochoa, dijo que ninguno servía, porque eran más de lo mismo de lo que ya se había dicho y que ella necesitaba que le dieran nombres y apellidos. Así que fuimos y hablamos con el entonces intendente de Avellaneda, Oscar Laborde, que después fue y declaró. Y dijo claramente las apretadas que había recibido de parte de Juan José Álvarez y del jefe de Gendarmería, pero no pasó nada. También había otro comisario, del cual ahora no recuerdo el nombre, que decía que no se acordaba de nada, pero al final después de varias preguntas punzantes de los abogados de la Procuvín sí se acordaba. Así que tengo que reconocer que, si bien yo tengo mis diferencias con Alejandra Gils Carbó, el hecho de que ella haya puesto a estos abogados de la Procuvín a trabajar con la fiscalía, por orden directa de ella como Procuradora General de la Nación, fue un gran aporte.

Respecto de las conquistas de este proceso de lucha emprendido, también cabe destacar el hecho de que se haya cambiado el nombre de la estación Avellaneda, tal como hemos narrado alguna vez en revista Zoom. ¿Qué sentís al pasar por ahí en tren y escuchar por los autoparlantes que anuncian el arribo a la estación Maximiliano Kosteki y Darío Santillán?
En esta búsqueda de justicia de la que hablábamos uno siempre suele mirar hacia lo que falta: meter presos a los autores intelectuales de la masacre. Pero en ese camino a veces uno se olvida de los logros que hemos conseguido: que se haya desarchivado la causa; que haya quedado firme la condena a Franccioti y Acosta, cuestiones no menores, como esta otra del cambio de nombre de la estación, que es un logro muy grande de toda la militancia, un logro que ya es historia. Porque este fenómeno va a ser un tema de estudio: cómo cambió el nombre de una estación que llevaba el nombre de un genocida al de dos luchadores sociales. Y ahí se va a saber quiénes fueron Darío Maxi, cuáles eran sus sueños, sus peleas, y quienes fueron sus asesinos. De ahí la importancia de la condena social, que con el paso de los años logró instalarse respecto de Duhalde, pero también hay que enfocarse en Solá, que parece que ahora no tuvo nada que ver, y él sin embargo era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero todo se compensa de algún modo al escuchar el anuncio de la llegada a la estación, incluso a más de uno se les planta un lagrimón. Porque nos recuerda dónde y cómo murieron Darío y Maxi, pero sobre todo, como vivieron.
“Como papá yo a mi hijo lo recuerdo todos los días, lo sueño muchas noches”
Multiplicar su ejemplo, continuar su lucha
Si bien entiendo que Darío debe estar presente cada día en tu vida, supongo que con las actividades previas al 26 de junio, todos los homenajes y conmemoraciones que se realizan, Darío está de alguna manera aún más presente. ¿Qué rescatás de él en días como estos?
Creo que no soy yo principalmente quien mantiene vivo el recuerdo de Darío, sino la militancia y toda esa gente que no los deja caer en el olvido. Como papá yo a mi hijo lo recuerdo todos los días, lo sueño muchas noches. Y si bien uno sabe que está muerto, es como si estuviera ahí, vivo. Y creo que vivo sigue en sus hermanos, en sus compañeros, en quienes como vos fueron sus amigos, lo conocieron en la intimidad. Y para mí vive también en cada banderita que veo con su rostro, y no solo en el Gran Buenos Aires sino también en otros lugares del país, en los sitios más humildes, en donde yo veo la cara de satisfacción de la gente cuando me ven llegar, ver que ahí está el papá de Darío con ellos, eso a mí me da también mucho orgullo. Y ahí veo que Darío no estaba equivocado y que se encontraba en un camino en el que todos deberíamos estar. Porque él estuvo codo a codo con los que menos tienen. Con ellos se cagó de hambre, se cagó de frío en invierno y se cagó de calor en verano. Y claro, Darío aparece idealizado, pero como todos era un ser humano y tenía sus cosas también, sus errores, sus berrinches. Pero evidentemente, en su corta pero intensa vida marcó un camino. Él se consideraba parte de la sangre de los caídos en otras luchas, y hoy 15 años después de su asesinato veo cómo otros jóvenes recogen su ejemplo, sus sueños, sus ideales. Su impronta la veo en su último acto, llevando a cabo eso que él tomaba del Che y que siempre decía: tomar como propia la injusticia ajena. Y por eso volvió a la estación. Y de no haber vuelto se hubiese sentido seguramente traicionado por él mismo. Porque todos sabemos que en las situaciones límites, por instinto natural, uno quiere preservar su vida, pero Darío aprendió a vencer el miedo, algo que aprendió en las jornadas de diciembre de 2001. Una vez me contó que ese día un compañero se le acercó y le comentó que tenía miedo. Y él le respondió que todos tenían miedo, pero juntos lo tenían que vencer. Y por eso él, como tantos otros, se quedó: venció su miedo y tiró piedras y enfrentó la represión. Y esto me recuerda qué parecidos son tantos otros luchadores sociales: Mariano Ferreyra o el Pocho Leprati, o tantos otros caídos. Los ves y tienen todos la misma pinta: flacos, barbudos, de una madera muy especial. Una madera que no es para cualquiera. Como el Pocho, levantando la mano y diciendo: “Hijos de puta, no disparen, acá hay pibes comiendo”. Y Darío, levantando la mano y también diciendo: “no disparen, que acá hay un pibe que se está muriendo”. Tanto amor por el prójimo, al punto de entregar su vida para ser fieles a lo que siempre dijeron. Y sí, siempre está el deseo de que vuelva, de que aparezca y venga a darme esos abrazos que me daba, desde el alma. Pero no es la primera vez que lo digo: mientras él se estaba desangrando en la estación, estaba pariendo miles y miles de hijos, con una semilla de conciencia distinta, que hoy se ve en el compromiso totalmente jugado de los jóvenes, los solidarios, los que se embarran las patas y generan conciencia de por qué nos pasa lo que nos pasa. Yo lo extraño. Se cumplen 15 años y yo qué más quisiera que hacer el duelo y que los responsables políticos de los asesinatos estén en donde tienen que estar: en la cárcel; y no como están ahora, amparados por el gobierno de turno, y los jueces y todo este aparato de los medios que le dan lugar para que se presenten nuevamente como candidatos. Pero bueno, también a 15 años están todos esos jóvenes que leen su biografía, que ven sus videos y retoman sus palabras, como las del video ese en donde sale hablando en el corte de la autopista, y ya nombra a Macri como parte de esas mafias de empresarios, y ahora lo tenemos como presidente. Así que nada, qué te puedo decir: tengo el enorme honor de ser su papá. Y no tengo su abrazo, pero tengo las palabras de esa gente que viene y me dice: “Gracias. Gracias por el hijo que tuvo”. O que vienen y me abrazan. Y en esos abrazos encuentro mucho más que si viniesen y me dijeran mil palabras.
Envío:ResumenLatinoamericano