1 de marzo de 2015

ROSARIO: CONVOCATORIA A LA COMUNIDAD DE LA BIBLIOTECA POPULAR CONSTANCIO C.C. VIGIL.

Los convocamos este lunes 2 de marzo a las 10.30 hs. a los Tribunales Federales, Bv. Oroño 940, para acompañar la presentación que la comunidad de Vigil realizará ante la fiscalía que lleva adelante la investigación de los delitos económicos cometidos contra nuestra Institución, a fines de solicitar que se realice una inspección judicial en sus instalaciones citas en calle Gaboto 940, Alem 3078, 3086, 3098, 3080 y 3060.
Como es de público conocimiento, la intervención cívico militar produjo el desguace de los bienes de Vigil y el desmantelamiento de su proyecto cultural, popular y emancipadora que fuera señero en nuestra ciudad y en la región.
El 24 de Febrero de 1977 mediante la resolución 0492/77, se decretó la intervención de la entidad con la excusa de los problemas económicos de la misma. En escasos días, sin siquiera tener un panorama aproximado de la situación económica de Vigil, se decreto la liquidación. Así, con participación tanto de miembros de las FF.AA. (Marina y Ejército), como personal de la Policía y personal civil de inteligencia, y un grupo de civiles (Contadores y abogados), se montó un complejo plan para saquear a Vigil. El proceso de liquidación, contó la complicidad del INAM, del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Poder Judicial, quienes permitieron que este se extendiera durante 30 años, cometiendo una infinidad de delitos, perjudicando a acreedores y socios.
Al día de hoy, luego de la recuperación de parte de sus instalaciones, desde la Comisión Directiva, impulsamos la investigación de los delitos contra la vida cometidos contra sus miembros y los económicos que destruyeron su patrimonio, entendiendo que el conjunto y articulación de estos delitos, constituyen la figura de genocidio.
Acompañaremos las constataciones notariales del estado en que recuperamos los inmuebles de Vigil (Adjuntamos algunas imágenes) y solicitaremos la presencia de los magistrados a fines de inspeccionar el lugar donde se cometieron los delitos investigados y desde donde se pensó la implementación de los mismos.
Convocamos a la comunidad a acompañarnos en este pedido.
Por un futuro basado en la memoria, la verdad y la justicia.

Comisión Directiva  

ENTREVISTA CON OSCAR PARRILLI.

“SE VA A CORTAR LA RELACION PROMISCUA ENTRE SERVICIOS Y PODER JUDICIAL”
Por Ailín Bullentini


En diálogo con Página/12, Oscar Parrilli, nuevo titular de la Secretaría de Inteligencia y encargado de aplicar en 120 días los cambios que impone la flamante ley, asegura que ésta “eleva la calidad de la democracia”, resalta que “no beneficia al Gobierno sino a la política en general” y que tiene respaldo para “avanzar todo lo que tenga que avanzar”.


OSCAR PARRILLI HABLO CON PAGINA/12 DE LAS REFORMAS QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE INTELIGENCIA
“Esto eleva la calidad de la democracia”
El titular de la Secretaría de Inteligencia explicó que se pondrá fin a la “relación promiscua entre los servicios de Inteligencia y el Poder Judicial”. Destacó que la Presidenta le dio “toda la autoridad para avanzar” con la reforma de la central de espías.
Por Ailín Bullentini

Oscar Parrilli integra el Gobierno desde el primer día de mandato de Néstor Kirchner. Fue secretario general de la Presidencia durante once años hasta que a mediados de diciembre pasado Cristina Fernández de Kirchner lo puso al frente de la Secretaría de Inteligencia. De entrada le tocó conducir la central de espías en unos de los períodos de mayor exposición política y mediática y ahora es quien deberá aplicar, en 120 días, las reformas que plantea la ley recientemente aprobada en el Congreso. En diálogo con Página/12, Parrilli habló de los cambios “radicales” que habrá en el sistema de Inteligencia, así como también de los años de gestión kirchnerista y del flanco opositor al que la Presidenta se enfrenta en los últimos meses de su mandato.

–¿Esperaba tamaña convulsión en el área de Inteligencia?
–Cuando asumimos, la Presidenta nos dio una directiva muy precisa que fue la de llevar adelante una profunda transformación de los servicios y el sistema de Inteligencia de la Argentina. Esta es una deuda que tiene toda la democracia. En más de 30 años no hemos resuelto razonablemente este tema. Todavía tenemos servicios de Inteligencia ligados, en algunos casos, a funcionarios y hasta a elementos que vienen de los servicios militares; y por otro lado, un sector de Inteligencia con una autonomía propia que extorsiona a dirigentes, a sindicalistas, a periodistas, a empresarios, con objetivos políticos propios o realiza para beneficio propio acciones delictivas. Para eso, utilizaban y utilizan todo el poder que significa tener el manejo de Inteligencia. Varios gobiernos intentaron, pero siempre se encontraron con el escollo, el temor, el miedo, de llevar adelante una profunda revisión de esto.

–¿Encontró mucho desorden en la SI?
–Hay mucho trabajo por hacer allí. Más que hablar, tenemos que hacer. Los hechos son los que van a ir demostrando nuestra línea de trabajo.

–Mencionó que hubo quienes por temor no llevaron adelante los cambios necesarios. ¿Temor a qué? ¿Cuán peligroso es para un gobierno adentrarse en esta tarea?
–Creo que algunos deben tener algunas cosas que ocultar, y que otros no avanzaron por temor, sí. Nosotros contamos con la garantía de que tenemos una Presidenta con una absoluta voluntad y decisión política, que no se deja extorsionar por absolutamente nadie. En ese sentido, nos dio toda la autoridad para avanzar en todo lo que tengamos que avanzar. El de reestructuración es un proceso que está en marcha, que no está terminado, pero ya avanzamos. Por lo menos, los elementos que nosotros considerábamos condecían con aquella política ya no están más en la Secretaría de Inteligencia. Por otro lado, tenemos una nueva ley que nos dará las pautas y los parámetros y los objetivos claros de cómo debe funcionar la Inteligencia en la Argentina de cara a los nuevos riesgos y amenazas que hay en el mundo, que tienen que ver con el terrorismo internacional, el narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado, amenazas económicas, ciberamenazas. No teníamos una dependencia que analizara y estudiara esos temas. Y por indicación de la Presidenta la vamos a tener. Un ejemplo es lo relativo a las escuchas judiciales, las famosas interceptaciones judiciales, procedimientos en manos de la SI que dieron lugar a un manejo discrecional, a veces delictivo. Ahora pasarán a la Procuraduría como órgano independiente. Esto dará garantía y transparencia a todos los argentinos de que se va a terminar con esta función de las pinchaduras de teléfonos y de mails. Con esta ley tenemos la facultad de llevar adelante una transformación radical. Tenemos 120 días para llevarla adelante, tenemos la decisión de hacerlo y la directiva de la Presidenta de concretarlo.

–¿Por qué se reforma la Inteligencia ahora y no antes?
–Las cosas se van dando cuando se dan. Yo decía hace unos días: “Por qué se declaró la independencia en 1816 y no en 1814 o en 1815?”. Y bueno.... También hoy la Argentina tiene muchos temas para resolver, y cuando nos aboquemos a resolverlos seguro nos dirán “¿por qué no lo hicieron antes?, ¿por qué no se dedicaron a esto otro?”. No hemos estado doce años sin hacer nada, hemos llevado adelante las transformaciones más importantes del país en los últimos 40 o 50 años, de manera que no se nos puede acusar de que llegamos tarde. Llegamos cuando llegamos y no porque no hicimos nada, sino porque los tiempos políticos y de maduración de los procesos se dan cuando se tienen que dar.

–”Por qué ahora y no antes” fue uno de los argumentos que enarboló la oposición para su posicionamiento contra las reformas...
–Y nosotros le respondemos que ellos fueron gobierno también. Durante 30 años fueron gobierno. Esta no es una deuda nuestra solamente; también es de todos los que gobernaron la Argentina antes. Entonces, nos compromete a todos los partidos políticos. La autocrítica es necesaria para avanzar. Teníamos una deuda de 30 años en esto, no doce.

–Durante su exposición en el Congreso a propósito del tratamiento de la reforma de la Ley 25.520, planteó la necesidad de poner “al servicio de la democracia” la Inteligencia del país. ¿Cuán difícil es esa meta, teniendo en cuenta las redes entabladas entre agentes y funcionarios de todos los poderes, de las fuerzas de seguridad en beneficio propio?
–Así como es grande el desafío, lo es la decisión de nosotros de llevarlo adelante. Cuando uno tiene una misión y debe llevar adelante tareas como éstas, no tiene que pensar en los problemas que se presentarán porque si no, no hace nada. Lo que tiene que hacer es agarrar la punta del ovillo y empezar a resolverlo, ir avanzando paso a paso y sin contemplaciones. Si no, uno termina atemorizándose. Creo que es lo que les pasó a muchos dirigentes y cuadros políticos que estuvieron al frente de la presidencia y organismos de Inteligencia durante todos estos años. Creo que hay un sector de la política argentina, sin distinciones partidarias, radicales, peronistas, del PRO, del socialismo, que está de acuerdo con nosotros en llevar adelante estas tareas y, sin dudas, hay otros que están negociando o conspirando con estos servicios, precisamente para sostener la mala política, para continuar con estas relaciones promiscuas. Cuando me reuní con la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia, una muy buena reunión en la que participaron los representantes del radicalismo, del peronismo federal y del PRO, expresé que me iba a volver a reunir con ellos una vez sancionada la ley y que les iba a plantear planes y objetivos para trabajar juntos en el transparentamiento de la SI, en mostrar que no tenemos nada que ocultar. Siempre cuidando las reservas que corresponde por las cuestiones propias del secreto de Estado, los vamos a hacer partícipes de todas las acciones que llevemos adelante, porque esto no es sólo en beneficio de los funcionarios del gobierno nacional, sino de todos los políticos y la política en general. Esto eleva la calidad de la democracia en Argentina.

–Pero varios sectores de la oposición en el Congreso firmaron un compromiso para derogar las reformas en caso de ganar las elecciones...
–Hay sectores de la oposición que son como los vinos cosecha tardía: se dan cuenta de lo bueno después, con el paso del tiempo. Nos criticaron las políticas de las PASO, las de YPF, la Asignación Universal, la de las AFJP y ahora recién se están dando cuenta de la bondad de esas leyes. Con la reforma de Inteligencia va a pasar lo mismo. No la van a poder derogar porque no tendrán la mayoría para hacerlo. Pero, además, hay otra cosa: los avances que se dieron y se están dando demuestran que este proceso es irreversible, como decían los compañeros de La Cámpora en el acto que hicieron. Podrá tener más o menos avances, más o menos retrocesos, pero no vuelve para atrás. El pueblo argentino no lo va a permitir, no es problema de nosotros los dirigentes, sino de la conciencia del pueblo.

–¿Coincide con la definición de la Presidenta sobre que la marcha del 18 de febrero organizada por algunos fiscales y jueces fue el bautismo del partido judicial?
–Obviamente. Estuvo en marcha y todavía lo está una maniobra de desgaste y desestabilización de parte de este sector. Utilizaron a la economía, utilizaron los reclamos de un sector del campo, el delito, y ahora, como no les quedaba otra y, como parece que los políticos no les daban garantías de que pudieran ganarle una elección al gobierno nacional, utilizaron una herramienta que es el partido judicial para tratar de producir un golpe de Estado moderno donde las decisiones políticas más importantes no las tomaría un presidente de la Nación, sino los miembros del Poder Judicial. Muchos de los funcionarios que organizaron y participaron de aquello, fiscales, algunos jueces, primero fueron funcionarios menemistas. Son dirigentes políticos devenidos funcionarios judiciales. Muchos de ellos integraron la servilleta de (el ex ministro de Interior del gobierno de Carlos Menem, Carlos) Corach; son la resaca que queda de esa dirigencia. Hay que recordar quién es (el juez federal Claudio) Bonadio, quién es (el fiscal de Cámara Germán) Moldes, los cargos que tuvieron. Yo lo recuerdo muy bien, tuve discusión y relaciones políticas con ellos cuando formaban parte del gobierno de Menem. Ahora se muestran como funcionarios judiciales independientes, probos, honestos y son políticos que están utilizando los mecanismos de la Justicia para llevar adelante sus objetivos.

–¿A qué se oponen? ¿A qué se resisten?
–A toda intención de profundizar la ampliación de derechos. Y lo seguirán haciendo. Nada fue simple ni sencillo en esto de llevar adelante las transformaciones que este Gobierno tuvo que hacer. Acuérdese nomás de cuando llevamos a cabo las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Decían que teníamos que seguir endeudados, que no pagáramos. Cuando iniciamos los juicios por delitos de lesa humanidad, las cosas que nos decían y las marchas que había. Cuando recuperamos los fondos previsionales, cuando estatizamos el Correo, Aguas Argentinas, YPF, bueno... nada ha sido fácil ni nada lo será en la persecución de objetivos que tengan que ver con distribuir la renta, mejorar la calidad de vida, darle más participación al pueblo en las decisiones, más protagonismo popular y terminar con estos sectores enquistados que quieren manejar la Argentina. Acuérdese que durante muchísimos años en la Argentina no importaba el presidente, sino el ministro de Economía. Entonces, parecía que los argentinos votábamos tontamente, porque votábamos un presidente, pero después a ese ministro lo ponían los grupos económicos.

–¿Las reformas en el área de Inteligencia son también resistidas por miembros del Poder Judicial?
–Hemos logrado modificaciones en la Ley de Inteligencia muy importantes en este sentido. Ha habido siempre una relación promiscua entre los servicios de Inteligencia y el Poder Judicial. Funcionarios, jueces, fiscales, que en definitiva ha dado lugar a que se llevaran a cabo operaciones que las autoridades políticas de los servicios ni estaban enteradas. Esto lo hemos cortado por varias cuestiones: primero, porque hemos prohibido esa relación taxativamente en la ley; en segundo lugar, porque a partir de la reforma los funcionarios judiciales no tienen ninguna posibilidad de realizar ninguna gestión sin autorización expresa de las máximas autoridades; y tercero, porque por sugerencia de los organismos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales y de algunos senadores, hemos prohibido terminantemente las tareas de investigación criminal por parte de la SI. En caso de que se concreten, que deben ser expedientes que específicamente lo necesiten y por petición fundada del juez, los funcionarios que participen de esa tarea estarán sometidos a las reglas procesales penales de toda la legislación. Así se va a terminar precisamente con esta manera oscura y tenebrosa de operar desde la Inteligencia que hacía dudar sobre si los servicios se utilizaban para hacer maniobras u operativos mediáticos y judiciales.

–¿Eso fue para usted la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman?
–Claro. Era un disparate, un papelón total. Con todo el respeto que merece una persona que está fallecida, es un papelón total esa denuncia, no tiene ni pies ni cabeza, y creo que el juez (Daniel) Rafecas la ha desmenuzado punto por punto para dejar en evidencia las incongruencias, las mentiras. Los razonamientos a los que llegaba Nisman son como decir “camino diez pasos para adelante y el doble para atrás”. La verdad es que tenía unas incongruencias muy graves.

–¿Qué expectativas tiene sobre el avance de la denuncia que realizó contra ex agentes de la SI?
–Ya hemos ratificado la denuncia y la argumentamos con documentación ante el juez (Rafael Caputo, a cargo del Juzgado en lo Penal Económico No 3). Tenemos nuevos elementos que vamos a aportar la semana que viene sobre el tema. Sabemos que la fiscal ya ha tomado intervención. Desde ya que estamos dispuestos a colaborar en lo que necesite la Justicia, aunque para nosotros, la documentación existente no deja duda de que está absolutamente probado que han sucedido estas maniobras criminales, de contrabando, llevadas a cabo no sólo por (el ex director de Operaciones de la SI, Antonio) Stiuso, sino por otros funcionarios de la secretaría con complicidades en la Aduana.

–¿Cuáles son los desafíos de acá a octubre?
–Eso lo va a decir la Presidenta hoy en su discurso. No voy a hacer futurología ni previsiones de gobierno. Eso le corresponde a la Presidenta y lo hará en su discurso. Desde ya, hay que seguir llevando adelante los cambios, mejorando la calidad de vida de la gente, los niveles de independencia de la Argentina, de autonomía, de crecimiento del valor agregado. Todavía hay muchas cosas pendientes: la manera, los tiempos y demás, lo va a ir determinando la Presidenta en función de su estrategia y de la realidad del país.
Fuente:Pagina12

EL FALLO DE RAFECAS, LA MUERTE DE NISMAN Y EL ACTO DE HOY DE CFK.

EL FALLO DE RAFECAS, LA MUERTE DE NISMAN Y EL ACTO DE HOY DE CFK
La escena invertida
El pronto y categórico fallo de Rafecas desnudó la debilidad de la acusación de Nisman y obstaculizó una operación para trasladar la causa por su muerte a un juez federal de la escudería Stiuso. Con el acto de hoy el gobierno procura volver a su quicio la escena invertida, en la que sus políticas de verdad y justicia fueron alzadas como consignas en su contra, incluso con movilización callejera. Netanyahu contra Obama por Irán, un nuevo escenario internacional que Nisman no ignoraba.
Por Horacio Verbitsky

Imagen: Arnaldo Pampillón
Al desestimar la denuncia del extinto fiscal Natalio Alberto Nisman contra la presidente CFK, su canciller Héctor Timerman y el diputado nacional Andrés Larroque, el juez Daniel Rafecas desconcertó a tirios y troyanos, que no esperaban un pronunciamiento tan rápido y categórico. El editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum, cuestionó que Rafecas sólo hubiera encuadrado al falso agente de inteligencia Allan Bogado y por “tráfico de influencias”. Le pareció “poco para tanto revuelo”. ¿No será al revés, que se había armado un enorme revuelo en torno de tan poco? Esa inversión de los términos fue el concepto central de una columna publicada aquí el martes, por Verónica Torras, quien llegó al hueso de la operación en desarrollo desde el 14 de enero: inculpar por la muerte del fiscal al gobierno que asumió las consignas del movimiento por los derechos humanos y reclamarle justicia contra la impunidad, incluso con la movilización en las calles. Recomiendo leer ese texto porque es la reflexión más profunda vertida hasta el presente sobre el tema, y para compensar que le tomo prestado el título (http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/266790-71676-2015-02-24.html).

Para el sin duda bien intencionado columnista Alberto Amato, “en la Argentina, cuando un crimen roza al poder, queda impune”. ¿Sí? En pocos países más que en la Argentina los crímenes del poder están siendo castigados: desde Videla a Pedraza, de María Soledad a Cabezas y Marita Verón, de Río Tercero a Once y Cromañón. La única excepción han sido los crímenes del poder permanente, económico, eclesiástico, judicial o de Inteligencia. Hasta eso comenzó a cambiar, con el enjuiciamiento de Martínez de Hoz, Carlos Pedro Blaquier, Jimmy Smart, Oscar Justo Laguna u Otilio Romano, las sanciones al Banco Macro, las investigaciones sobre el HSBC, la disolución y la purga en la SI. Entonces todas las furias se desataron sobre el gobierno que lo consintió o lo impulsó. Además es asediado desde afuera por su posición inédita frente a los acreedores externos y los auditores financieros, su independencia en las relaciones internacionales que va desde el eje en el bloque sudamericano a la alianza estratégica con China y la búsqueda de acuerdos con Rusia.

La resolución del juez Rafecas comienza a poner en orden la escena que en los últimos cuarenta y cinco días se trastocó en forma brutal. El Gobierno no esperaba este desenlace porque maltrató a Rafecas cuando con la misma independencia aceptó la solicitud del fiscal Carlos Rívolo de allanar una propiedad del vicepresidente Amado Boudou. Un sector del radicalismo tampoco le perdona la investigación sobre la ley Banelco. En cambio lo respaldaron los organismos defensores de los derechos humanos, que lo reconocen por su tesis de doctorado sobre la tortura y por sus sistemáticas investigaciones sobre los crímenes cometidos en la Zona de Seguridad del Cuerpo de Ejército I, y las organizaciones de las colectividades armenia y judía, por sus estudios y libros sobre ambos genocidios. Eso frustró su destitución y no el presunto negociado con Eduardo de Pedro que le atribuyó Elisa Carrió, quien sustituye con tales ensueños la carencia cada día más evidente de buena información sobre lo que sucede, hasta llegar a la fantasía de un autogolpe que se daría hoy en el Congreso con apoyo militar. Al mismo tiempo que procuraba expulsar a Rafecas, el Gobierno propuso la designación como juez federal del coleccionista de parafernalia nazi Luis Osvaldo Rodríguez, para lo cual desdeñó la muy fundada impugnación del CELS. Integrante de la escudería Stiuso que administra Javier Fernández, Rodríguez es uno de los jueces que hoy acosan al Gobierno con causas disparatadas, como la imputación contra la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, por cumplir con su deber de abogada del Poder Ejecutivo, que es defender a quien lo ejerce, ante la acusación de Nisman por un acto de gobierno. Peor aún, en torno de Rodríguez gira la maniobra en curso para desplazar a la fiscal Viviana Fein de la investigación por la muerte del fiscal y enfangar el expediente en el fuero federal, a partir de una causa previa por amenazas que está radicada en su juzgado. Rodríguez también tiene un expediente contra el propio Rafecas, por haberse atrevido a investigar el uso de los dineros de la ex SIDE para pagar los votos que hicieron ley la precarización laboral, y que el actual gobierno derogó. Rafecas se enterará hoy de que su resolución postergó una conferencia de prensa de los peritos designados por la exposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, para la que los policías bonaerenses Osvaldo Raffo y Daniel Salcedo ya habían comenzado los contactos con periodistas. Raffo fue el perito forense que en 1977 certificó que ni Jacobo Timerman ni Jorge Rubinstein habían sido torturados y en 1984 declaró ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que quienes torturaban a sus víctimas no eran los policías sino los guerrilleros, de lo cual no recordó ni un ejemplo. El informe que ambos pensaban entregar a la prensa aseguraba que la escena de la muerte fue adulterada para ocultar que a Nisman lo asesinaron. Sobre esa base, el juez federal Rodríguez pediría la inhibición de su colega del fuero ordinario Fabiana Palmaghini. Máximo Rosconi, defensor de Diego Cerebrito Lagomarsino, el acompañante de los tours internacionales de compras electrónicas de Nisman en Chile, con ingreso sin aduana garantizado por Antonio Stiuso, participó en forma inusualmente activa en la declaración testimonial de Sergio Berni. Lo interrogó como si fuera un imputado, con repreguntas impertinentes para un testigo. Estuvieron cerca de pasar a los golpes. En apariencia buscaba la declaración de nulidad del primer tramo del expediente. Pero en su infatigable recorrida de medios, el también defensor de Carlos Menem insiste en que no se trató de un suicidio. Esa hipótesis no necesariamente favorece a su cliente (que se convertiría en sospechoso de un crimen) pero encaja con el operativo de traspaso al fuero federal. “Rafecas no sabe que los partió al medio. Por eso lo único que se veía el viernes en televisión y en los portales de noticias era la fiesta de Boca con el debut del otro Daniel Osvaldo y si el vestidito es crudo y dorado o azul y negro”, ironiza desde su despacho judicial alguien que ni forma parte de Justicia Legítima ni se resfrió el jueves 18. “Ahora están pendientes de cualquier cosa que diga CFK sobre el fallo, para volver a la carga”, agrega.

Nunca es demasiado tarde para que los gobernantes aprendan que un juez serio y decente como Rafecas es algo que no tiene precio.

Sobres lacrados
Alberto Adrian María Gentili, el amigo que Nisman proponía todos los años para cubrir sus licencias, quedó a cargo en forma interina hasta la designación del equipo que lo reemplazaría. Los empleados de la fiscalía le informaron que Nisman había dejado dos versiones de un mismo escrito, listo para su presentación. Después de leerlo, Gentili ordenó guardarlo dentro de un sobre lacrado en la caja fuerte y entregárselo a quien o quienes se hicieran cargo de la fiscalía especial. Se trata de la solicitud al Poder Ejecutivo para que pidiera la intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así esperaba conseguir la cooperación judicial que la República Islámica de Irán se negaba a prestar para que pudieran ser indagados sus nacionales, cuya captura el propio Nisman había pedido en 2006 y que fue el origen de las famosas alertas rojas de Interpol. La secretaria de la Unidad Fiscal, Soledad Castro, certificó en un acta del 20 de febrero que el fiscal había firmado esos documentos en diciembre de 2014 y rubricado sus últimas fojas en enero de 2015 “sin precisar el día”. Rafecas consignó en su resolución el asombro que le produjo constatar que Nisman formula allí una valoración positiva de los pasos que la presidente dio en el tema hasta septiembre del año pasado, es decir un año y nueve meses después de la firma del Memorando de Entendimiento. Si bien Nisman entendía que, a raíz de la negativa iraní a la extradición y al juicio en un tercer país, ese tratado bajaba las exigencias iniciales, no consideraba que su firma constituyera un crimen tipificado en el Código Penal, según sostendría pocos días después, el 14 de enero de este año. “Ante lo expuesto, estimo prudente no formular aquí comentarios” escribió con cierto pudor Rafecas.
Este mecanismo se repite varias veces a lo largo de su resolución: para Rafecas la prueba de que no hay delito en el accionar oficial la suministra el propio Nisman, en “una suerte de refutación a sí mismo”. El juez cita por lo menos tres veces en las que Nisman afirma que el Acuerdo no entró en vigor, por lo cual no tuvo efectos jurídicos, “incluyendo los efectos penales”: en las fojas 16, 121 y 180 de su autocontradictoria acusación.

De frente y de perfil
Del mismo modo, el testimonio de José Ricardo Eliaschev ante Nisman refuta la nota periodística por la que fue citado. En el diario Perfil escribió haber visto un documento interno del gobierno persa en el que se afirmaba que la Argentina había perdido interés en el esclarecimiento de los atentados y prefería mejorar sus relaciones económicas con Irán. Pero como testigo dijo algo “claramente distinto”. En “esta declaración juramentada, de ser cierto lo que el ‘paper’ decía, de haber sido correctamente interpretado por el funcionario iraní de su contraparte argentina y de haber sido correctamente traducido del farsí al inglés, el contenido del mismo no revela nada en sí mismo sustancial: la Argentina querría ‘dar vuelta de página’ en las relaciones bilaterales, y para ello, correspondería –dice el “paper”– avanzar en un acuerdo importante”. Nada más que eso.

Basado en la denuncia de Nisman, el fiscal Gerardo Pollicita presentó el requerimiento de instrucción. Rafecas dejó constancia de que Pollicita se basó pura y exclusivamente en la denuncia de Nisman, lo cual puede ser una manera sutil de señalarle que con una simple instrucción preliminar hubiera podido arribar a la misma desestimación que él. Parte de ese camino lo recorrió el propio Rafecas. En una de las escuchas, el falso influyente Bogado se jacta ante su interlocutor musulmán de haber participado en las negociaciones sobre el Memorando de Entendimiento en Ginebra y de haberse reunido por la misma razón con personas de la colectividad judía en Nueva York. Pero “este personaje no registra una sola salida del país en los últimos diez años”, dice Rafecas. El juez también señaló un aspecto menos conocido del dictamen del fiscal Pollicita: “La claridad expositiva y la precisión en la definición de la hipótesis que ha delimitado en su escrito” fijó “el núcleo de la imputación”, lo que permite “despejar cualquier tipo de especulación y conjetura en este punto, sobre todo atendiendo la resonancia e implicancias que la denuncia ha concitado en la opinión pública nacional e internacional”. Pollicita circunscribió la investigación del presunto plan delictivo al señalar acciones concretas que habrían realizado la presidente y los demás imputados para “liberar de responsabilidad a los iraníes”. Una es la creación de una denominada Comisión de la Verdad, según Nisman “con facultades para asumir funciones de carácter estrictamente judicial en reemplazo del juez natural de la causa y del representante del Ministerio Público Fiscal”. Otra, la notificación a Interpol para que levantara “las circulares rojas”. Como la Comisión nunca se creó, las alertas rojas no se levantaron y la Argentina hizo todo lo que estuvo a su alcance para que siguieran en efecto, no hay delito, ni siquiera en grado de tentativa, concluye el juez.

Gente de palabra
Si Pollicita apela la resolución de Rafecas, la decisión quedará en manos de una de las dos salas de la Cámara Federal: la I, integrada por Eduardo Farah, Jorge Ballesteros (quienes sin mencionar un solo precedente consideraron inconstitucional el Memorando de Entendimiento con Irán) y Eduardo Freiler, o la II, que integran Horacio Cattani, Martín Irurzun y el mismo Farah, a quien la escudería Stiuso colocó sobre el filo de ambas salas para que tenga una visión más completa del panorama. En forma paralela proseguirá la investigación sobre la muerte de Nisman. A 45 días del disparo, no hay evidencias irrefutables de que se haya suicidado, pero menos aún de que lo hayan muerto. Sin embargo, buena parte de la oposición judicial y mediática afirma sin dudar que se trató de un asesinato y atribuye la responsabilidad al gobierno. “Magnicidio institucional”, sentenció Nelson Castro, quien el jueves agregó que si Nisman estuviera vivo, Rafecas no hubiera cerrado tan pronto el caso contra la presidente, lo cual a su juicio prueba a quién le convino la muerte del fiscal. Su colega Eduardo Van der Kooy fue más allá: sin molestarse por las fuentes ni por el encadenamiento lógico, atribuyó el hecho a “un comando venezolano-iraní (con adiestramiento cubano)”. Joaquín Morales Solá esboza dos interpretaciones: o “sicarios iraníes” o “una dramática conclusión de su denuncia contra el gobierno argentino”, en cuyo caso la “eventual lista” de víctimas adicionales “podría ser más extensa aún y no agotarse ni siquiera en funcionarios judiciales”. El ex procurador fiscal ante la Corte Suprema desde el menemismo hasta su reciente jubilación, Luis Santiago González Warcalde, afirmó que fue “un crimen” en razón del trabajo de un hombre al que el gobierno nacional dejó “abandonado y solo”. Para el sociólogo Marcos Novaro la marcha del 18 de febrero “despertó el rechazo compartido a que la política recurra a la muerte de los adversarios”. La indiferencia por los hechos define los alcances de una neurosis colectiva que afecta al sector de la sociedad que ellos representan o del que provienen.
Otra voz muy distinta se escuchará hoy cuando la presidente inaugure el último período de sesiones de su segundo mandato, acompañada por una movilización que se preparó con esmero. La sanción durante el período de sesiones extraordinarias de la nueva ley de Inteligencia que ilumina uno de los sectores más oscuros del Estado, invierte el principio de secreto por el de transparencia y procura obstruir la relación promiscua entre los servicios y la justicia; la reformulación ministerial ya sin el irresponsable triturador de papel impreso; la incorporación de dos militantes de distintas generaciones como Daniel Gollán y Eduardo De Pedro y la revalorización de la eficiencia en la jefatura de gabinete; la apertura de los concursos públicos para 82 frecuencias de televisión digital en la Zona Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Resistencia, Formosa, Comodoro Rivadavia y Santa Fe, postergada desde el alejamiento de Gabriel Mariotto de la autoridad regulatoria, muestran la decisión de gobernar hasta el último día del mandato presidencial. Además de los anuncios de políticas sociales se esperan también definiciones políticas de la presidente, en una escena que vuelve a su normalidad luego de un mes y medio de desquicio. El martes, dirá lo suyo el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, sobre quien arrecian las presiones para que arroje nafta al fuego con un pronunciamiento recondiano sobre la independencia judicial. El mismo día, el primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, hablará en el Congreso de Estados Unidos. En 2012, Netanyahu formuló una dramática declaración ante las Naciones Unidas, ilustrada con el rústico dibujo de una bomba, según la cual Irán estaba a sólo un año de construir su primer explosivo nuclear y reclamó acciones para impedirlo. Pero un documento secreto del Mossad, filtrado a la cadena de televisión Al Jazeera y al diario inglés The Guardian lo desmiente. Pocas semanas después del mensaje de Netanyahu, la propia Inteligencia israelí informó a Sudáfrica (de donde proviene la filtración) que Irán “no está realizando las acciones necesarias para producir armas”. El 17 de marzo Netanyahu arriesgará su cargo en las primeras elecciones en muchos años que pueden poner límite a la derechización total del “Estado Nacional Judío”, según la ley que priva de derechos a la minoría árabe, cuya sanción hace cien días hizo trizas la coalición gobernante y forzó la convocatoria electoral. En su mensaje del martes en el Capitolio Netanhayu cuestionará al presidente Barak Obama y la negociación nuclear del grupo 5+1 con Irán, que debe culminar con un acuerdo final en junio. Nisman no ignoraba estos cambios en el escenario internacional, que ya no es el de sus años de gloria.



Interpol
Por Horacio Verbitsky


El juez contabiliza quince ocasiones en las que el fiscal Nisman afirma que Timerman presionó al secretario general de Interpol para que levantara las alertas rojas. “Es una grave afirmación sin ningún soporte probatorio. Para colmo desmentida puntualmente y en forma categórica por el Secretario General de Interpol, Ronald Noble”, escribe Rafecas. También desmenuza la afirmación de Nisman de que el artículo 7 del Memorando, por el cual se debía comunicar el acuerdo “en cumplimiento a requisitos exigidos por Interpol con relación a este caso”, no era una exigencia de los reglamentos del organismo policial y “tuvo como único propósito el cese de las notificaciones rojas de los prófugos iraníes”. Rafecas explica que ese punto no se refería a una reglamentación general de Interpol sino a una situación particular “con relación a este caso”, en el que Interpol y en especial Noble intentaron durante años distintas iniciativas para destrabar una situación en la que ambas partes eran inflexibles. La Argentina, “con un reclamo permanente e invariable” para que los prófugos presten declaración ante el juez argentino, Irán “cerrado en una firme negativa”. Rafecas menciona tres gestiones de Interpol con ese propósito en 2009 y 2010, y se sorprende de que Nisman no las mencionara, pese a que participó al menos en una de esas reuniones, en la sede de la organización, en Lyon, Francia. Estas iniciativas hicieron de Interpol “un mediador histórico en el conflicto”, “explican y justifican claramente la remisión del Memorando” a ese organismo y permiten comprender la razón de su público apoyo a la firma del Acuerdo, “como un intento legítimo de destrabar el conflicto”. El 15 de febrero de 2013 Timerman informó a Interpol que se había firmado el Memorando de Entendimiento y le advirtió que cualquier cambio en los requerimientos de captura internacional formulados a esa organización “sólo podrá ser realizado por el juez argentino con competencia en dicha causa, Rodolfo Canicoba Corral”. Por si quedaran dudas agregó que el Memorándum de Entendimiento y su futura entrada en vigor “no producen cambio alguno en el procedimiento penal aplicable, ni en el status de los requerimientos de captura internacional arriba referidos”. Lo mismo dice el artículo 81.2 del Reglamento de Interpol. Rafecas se sorprende de que Nisman no mencionara ni una vez esa notificación, que no podía desconocer, ni el artículo 81.2 del Reglamento de Interpol.



La vocera
Por Horacio Verbitsky

En la tarde del jueves, la edición electrónica del diario New York Times incluyó una nota de su periodista Jonathan Gilbert sobre el fallo de Rafecas. El diario informó que “la vocera del Poder Judicial María Burdin” dijo que la decisión del juez de desestimar la denuncia “puede ser apelada por el fiscal Gerardo Pollicita”. La página de la Corte Suprema en Internet publicó poco después un comunicado del Centro de Información Judicial que “desmiente totalmente haber informado o dado indicación alguna sobre la necesidad o no de apelación al fallo del doctor Rafecas, como erróneamente se publicara en un medio online”. No muy impresionado por esta total desmentida, el New York Times mantuvo la información online y el viernes la incluyó sin cambios en su edición impresa.



COMO SE FUERON ACUMULANDO LAS DESMENTIDAS A LA SUPUESTA CONSPIRACION
Lo que derrumbó la denuncia
El ex director de Interpol diciendo que todo era falso, los documentos de Timerman, el silencio de AMIA y DAIA, la negativa de Servini de Cubría de habilitar la feria y la de Canicoba Corral de considerar el tema, Stiuso que no le contestaba el teléfono.
Por Raúl Kollmann e Irina Hauser
El juez Daniel Rafecas hizo en su fallo un prolijo repaso de la forma en la que se fueron refutando las pruebas sostenidas por el fiscal Alberto Nisman en su denuncia. Ocurrió en los días siguientes a su presentación. La aparición en escena del ex secretario de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, calificando de falsa la denuncia, prácticamente derrumbó el escrito del fiscal. Sin embargo, una cronología aún más amplia que la hecha por el juez, en base a las pruebas del expediente, demuestra que los golpes fueron demoledores.

Regreso
Por las evidencias que surgen del expediente que instruyen la fiscal Viviana Fein y la jueza Fabiana Palmaghini, parece estar claro que Nisman decidió a fin de año que regresaría de España el 12 de enero. Lo prueba el informe de Iberia y una declaración de una secretaria de la fiscalía AMIA, que además le avisó a la empleada doméstica que Nisman volvía el 12.
El fiscal mantuvo su plan de regreso en secreto, al punto de que ni se lo comunicó a su ex esposa, la jueza Sandra Arroyo Salgado, ni a personas de su entorno más cercano. Significó un duro cruce familiar e interrumpir el viaje por Europa con su hija mayor.

¿Por qué volvió? Hasta ahora hay dos versiones. La primera –que también aparece en una declaración de alguien de la fiscalía– es que le había llegado el rumor de que lo querían desplazar de su cargo. Eso lo llevaba a presentar la denuncia en forma apresurada especulando con que una denuncia estruendosa haría muy difícil removerlo. ¿Quién se atrevería a sacarlo? La realidad es que, pese a que familiares de las víctimas del atentado reclamaban que fuera apartado, la procuración ya había hecho cambios en diciembre y no había planes para desplazarlo.

La segunda versión es que Nisman pensó en provocar un enorme estruendo político en plena feria, un momento adecuado por la falta de noticias judiciales. Esto explicaría la falta de preparación del escrito, el apresuramiento y que terminara entregando la denuncia sin acompañar la transcripción de las escuchas telefónicas, algo elemental. Está probado –en especial por la transcripción de los cables de Wikileaks–, que Nisman solía actuar en combinación con la embajada de Estados Unidos.

A todo esto se agrega un dato asombroso que surge del fallo de Rafecas: en la caja de seguridad de Nisman había otro escrito firmado por él con fecha de enero de 2015, que sostiene exactamente lo opuesto a su denuncia: el memorándum no es calificado como un delito, sino como un paso entendible y su objetivo no era ayudar a los iraníes a que eludan a la Justicia argentina sino lo contrario, “sentar a los acusados ante el juez, y de este modo, permitir avanzar la causa hacia el juicio oral”. El texto fue entregado a Rafecas por la secretaria letrada de Nisman, la doctora Soledad Castro.

De manera que el fiscal se tomó un avión desde Madrid el 12 de enero, ya con un conflicto familiar de por medio, para presentar una denuncia a medio hacer y sostenida en supuestos hechos sobre los que tenía también la opinión contraria.

Denuncia
Rafecas enumera lo que pasó en los días siguientes a la presentación de la denuncia de Nisman, el 14 de enero. A eso se agregaron otros hechos que no figuran en el texto del juez.

- El jueves 15 de enero, en conferencia de prensa, el canciller Héctor Timerman presentó la carta que le envió dos semanas después de firmado el memorándum al entonces titular de Interpol, Ronald Noble. Timerman le dice dos veces a Interpol que no podía haber cambios en las órdenes de captura con alertas rojos y que cualquier alteración sólo podía ser obra del juez Rodolfo Canicoba Corral. El documento era lapidario para Nisman, ya que él sostenía que el Gobierno había hecho gestiones para levantarlos.

- El mismo jueves el juez a cargo del expediente AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, fue lapidario: “La denuncia del doctor Nisman tiene escaso o nulo valor probatorio”. El magistrado señaló que se trataba de un trabajo de servicios de Inteligencia sin valor judicial. Para colmo, Canicoba sostuvo que era muy grave que el fiscal hubiera desarrollado un trabajo, que según él le llevó dos años, sin haber notificado a ningún juez.

- La jueza María Romilda Servini de Cubría se negó el mismo día a habilitar la feria para tratar la denuncia de Nisman, por no ser urgente y, sobre todo, porque no acompañó pruebas para sostener la denuncia. Nisman había entregado sólo el texto, sin ningún documento ni los originales de las escuchas telefónicas.

- Las dos organizaciones clave de la comunidad judía, la AMIA y la DAIA, no emitieron un comunicado de respaldo a la denuncia. “Vamos a esperar las pruebas”, dijeron.La mayorìa de las organizaciones de parientes de las víctimas, que ya cuestionaban duramente a Nisman, directamente rechazó su escrito.

- Al día siguiente, Nisman trató de enderezar su denuncia, diciendo que el Gobierno no podía cambiar las órdenes de captura, pero hizo gestiones para alterar el carácter urgente de esas órdenes, levantando los alertas rojos.

- Ese mismo viernes la nueva versión de Nisman recibió un golpe decisivo, cuando Timerman hizo público un mail de Noble en el que el secretario general de Interpol de 2000 a 2014 detallaba todas las gestiones que hizo el canciller para que no se alteraran los alertas rojos. Esto incluyó dos visitas a la sede de Interpol en Lyon. Nisman decía que Timerman fue a la ciudad francesa a negociar la baja de los alertas y Noble lo desmintió en forma categórica: afirmó públicamente, por escrito, lo contrario, que Nisman fue a Lyon a decirle que “el gobierno argentino estaba comprometido cien por ciento con los alertas rojos”.

- El mismo día, Nisman recibió otro golpe durísimo, según declaró el ex jefe de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio “Jaime” Stiuso. Una integrante de la fiscalía sostuvo que Nisman esperaba que le aportaran más escuchas que pudieran respaldar su denuncia. Ese viernes, el ex jefe de Análisis de la SI, Alberto Massino, le dijo que no había más escuchas para aportar.

- El sábado 17 quedó en claro que a Nisman le esperaba un dramático lunes. Había pensado en hacer una presentación en el Congreso, sólo con la oposición presente. Era sencillo: haría una exposición en privado y luego una conferencia de prensa en la que estaría rodeado de las figuras de la oposición que lo apoyarían. Pero el Frente para la Victoria anunció que no sólo iba a concurrir sino que quería que se televisara la sesión. El testimonio de Patricia Bullrich ante Fein evidencia la preocupación que tenía Nisman por las preguntas que le harían los legisladores del FpV. Se iba a enfrentar a un situación muy difícil.

- Ese sábado, Nisman llamó tres veces a Stiuso, entre alertas al Nextel del ex jefe de la SI y llamadas. Consta en la causa que instruye Fein. Stiuso alega que tenía los aparatos en vibrador, pero nada explica que no le haya devuelto las llamadas al fiscal con el que hizo tándem durante diez años. Canicoba Corral había contado que “la lógica indica siempre que el fiscal lidera y el espía es su auxiliar. En el caso de ellos, era al revés. Stiuso era que el que aparecía liderando”. Para colmo, en su declaración ante Fein, Stiuso se diferenció ostensiblemente de Nisman: “Nosotros le dimos las escuchas pero no sabemos cómo las iba a vincular con los funcionarios”; “si me hubiera consultado a mí por la denuncia, le hubiera dado un consejo distinto”. Como decía Ringo Bonavena: “Le sacaron el banquito y lo dejaron solo”.

- El domingo 18, Página/12 publicó una entrevista exclusiva a Noble. El funcionario no tuvo ambigüedades: “Lo denunciado por Nisman es falso. Ningún integrante del gobierno argentino trató nunca de que bajáramos los alertas rojos”. Rafecas tomó esa entrevista como prueba que no hubo delito: si no se trató de levantar los alertas rojos no se favoreció a los prófugos y por tanto no existió encubrimiento. El magistrado menciona también que Noble dijo lo mismo a The Wall Street Journal.

Es decir que aquel domingo, Nisman se encontraba en una situación más que difícil. Interpol lo desmintió. El juez Canicoba Corral sostuvo que la denuncia no tenía valor probatorio. La jueza Servini de Cubría no habilitó la feria y afirmó que Nisman no acompañó las pruebas. La DAIA y la AMIA no apoyaron la denuncia y dijeron que esperarían las evidencias. La ex SIDE no le aportó escuchas que aparentemente esperaba. Stiuso, su referente de los últimos años, no le atendió el teléfono. Al día siguiente tenía que ir al Congreso a defender su acusación y ya no lo haría de la mano de la oposición, sino que tendría que confrontar con el oficialismo.

Por lo que se ve, aquel domingo, el panorama era oscuro.




El mito de las escuchas
Por Irina Hauser & Raúl Kollmann


Las escuchas telefónicas que parecían la prueba clave y más alarmante de Alberto Nisman en la teoría del encubrimiento del caso AMIA resultaron un fiasco. Así se deduce del fallo de Daniel Rafecas que desestimó la denuncia del fiscal por inexistencia de delito. Las escuchas habían sido presentadas para justificar la imputación a Cristina Kirchner, Héctor Timerman y un grupo de operadores en una supuesta maniobra para dejar impunes a los iraníes sospechosos de participar en el atentado. Pero lo que muestran esas conversaciones es que ése era sólo un deseo de Irán y sus cultores, que algunos de los que hablan no son lo que dicen ser, y que los funcionarios acusados no sólo no participan de las llamadas sino que son aludidos de las formas más disparatadas pero ninguna que los señale cometiendo un delito.

Quizá el ejemplo más nítido sea la forma en que el operador islámico Yussef Khalil y el falso espía Allan Bogado hablan de Timerman, a quien se refieren como “este ruso de mierda se mandó alguna”, “no cumplió”, “imaginate cómo está tu amigo Timerman ahora con su comunidad (...) no la entiende” (esto, el día después de la firma del Memorándum para sentar a los iraníes ante el juez). O sea, el canciller para ellos era un obstáculo, no una ayuda. Bogado, que se presentaba como hombre de la Secretaría de Inteligencia con capacidad de hacer gestiones, proveer información y viajar al exterior para investigar el caso AMIA, no era agente ni había salido del país en la última década. Tanto Khalil como otro de los interlocutores, Fernando Esteche, hablan sabiendo que tienen el teléfono intervenido, por lo tanto es dudoso que hablen muy en serio.

La denuncia original de Nisman, impulsada por Gerardo Pollicita, planteaba la existencia de una supuesta maniobra para dar impunidad a los iraníes en la causa AMIA motorizada por la Presidenta y el canciller Timerman, con la colaboración del operador pro iraní Khalil, el dirigente de Miles Luis D’Elía, el de Quebracho Fernando Esteche, el diputado Andrés Larroque, el ex juez Héctor Yrimia y el espía trucho Bogado. Nisman presentaba a estos dos últimos como agentes de la S. I., lo que el organismo desmintió. Decía que todo ese grupo urdió gestiones para la creación de un órgano llamado “Comisión de la Verdad” en la aplicación del Memorándum de Entendimiento, que según Nisman buscaba impunidad y no indagar a los iraníes; y que el gobierno argentino intentó que Interpol diera de baja a las circulares rojas que disponían la captura. Para Rafecas no hay delito porque el Memorándum nunca se aplicó, Irán nunca lo firmó ni existió la Comisión de la Verdad. Y que todas las gestiones argentinas ante Interpol fueron, al revés, para aclarar que las circulares rojas estaban vigentes.

¿Qué papel tenían las famosas escuchas? Para Rafecas, por su contenido, ni siquiera se puede decir que sus protagonistas estuvieran urdiendo un acuerdo y menos que respondieran a un plan criminal desde el Gobierno. A lo sumo, plantea, había deseos de operadores pro iraníes de que no avanzara el juicio contra los sospechosos. Y aun suponiendo que estuvieran tramando algo –como deducía Nisman– en “un sistema democrático” esos “eventuales actos de ideación” “no resultan punibles”. Rafecas igual analiza las conversaciones y sus aspectos más disparatados para mostrar la endeblez de la acusación. De los imputados por Nisman algunos ni siquiera aparecen hablando: ni Timerman, menos la Presidenta, y tampoco Larroque. El resto parecen personas que hablan en nombre de otros, en defensa del régimen iraní y/o del gobierno nacional, a veces devanean sobre cuestiones que nada tienen que ver con el caso AMIA, siempre jactándose de cargos o funciones de fantasía.

Los diálogos fueron tomados por Nisman de intervenciones a teléfonos de Khalil en el expediente del atentado a la AMIA. Khalil, un argentino de origen chiíta, tiene –según describe Rafecas– “una dependencia funcional” con Moshen Rabbani, el ex agregado cultural de Teherán en Argentina, con pedido de captura por el ataque. Khalil habla sabiendo que lo están escuchando y dice que su teléfono es “un colador” o “no me hagas hablar tanto por teléfono, boludo”. En noviembre de 2012 ironiza con Esteche: “Servicios de Inteligencia, Mossad, CIA, todos, déjenme hablar tranquilo con mi amigo Fernando Esteche, soy Yussef Khalil por favor les pido, no me corten el teléfono”. Todo esto, explica Rafecas, ya de por sí obliga a relativizar lo que Khalil habla.

Las charlas en las que es aludida Cristina Kirchner son tres, a partir la firma del Memorándum, el 27 de enero de 2013. Según la lectura de Rafecas, son comentarios “inocuos” que tienen algo que Nisman no dice: que los iraníes querían hacer negocios y el gobierno argentino “se mantenía inflexible” y sostenía las alertas rojas. La Presidenta es mencionada por Bogado, que se mueve como un proveedor de datos y gestiones a Khalil.

Cuando hablan del acuerdo con Irán, Bogado dice que Timerman cumplía órdenes, obviamente de la jefa de Estado. “Orden, orden, orden, orden”, enfatiza. En el segundo diálogo con alguna referencia a ella, el 6 de febrero de 2013, Khalil le dice sobre el Memorándum: “Seguilo de cerca eso”. Bogado responde “sí, pero tranquilo, está cerrado muy arriba”. Khalil: “Seguilo igual yo sé por qué te digo... porque yo escucho del otro lado también vos escuchas de un lado”. Hay una llamada con D’Elía –quien hace gala pública de su apoyo a Irán– donde le dice a Khalil que había hablado con el ministro Julio De Vido y que había predisposición para “mandar a la gente de YPF” y que estarían “muy interesados en intercambiar lo de aquello por granos y carne”. Pero le habla de un problema político, en alusión al Memorándum y las órdenes de captura. Rafecas concluye que no existe ni la menor explicación sobre cómo se pide la indagatoria a la Presidenta, un delito tan grave como el de encubrimiento o su instigación.

Lo que se ve en las escuchas donde se habla de Timerman es sorprendente, porque se nota que a los operadores proiraníes les causa problemas, es una traba para ellos. Sobre un encuentro que Nisman le adjudica con su par iraní no surge de ningún lado que haya sido para negociar impunidad. Al revés, Timerman fue el que advirtió varias veces a Interpol que las circulares rojas sólo podía levantarlas su oficina local por orden judicial. Nisman lo ubica en una “diplomacia paralela”, Rafecas en una “diplomacia real”. Tras la firma del Memorándum Bogado le dice a Khalil: “Vos imaginate cómo está tu amigo Timerman ahora con su comunidad (...) no la entiende”. Khalil, en mayo, se refiere al canciller: “Hay un poco de desazón allá. No gustó algunas palabras que se dijeron eh, me parece que el ruso este de mierda se mandó alguna”. Rafecas remata que “no surge una sola mención, una sola referencia, una sola gestión, una sola participación, ni del canciller argentino ni de absolutamente nadie de la cartera que conduce”. En el caso de Larroque, explica que sólo lo mencionan en el contexto del conflicto palestino-israelí en noviembre de 2012. Ahí se reúne con Khalil y D’Elía, y según lo que surge de las escuchas es para pedir que no se sumaran a las marchas contra Israel. Pero Nisman entreveía un plan para exculpar a los iraníes.

Rafecas explica que D’Elía, aunque no era funcionario desde 2006, tenía acceso a despachos oficiales y era nexo con la comunidad islámica frente al conflicto palestino-israelí. En una llamada le dice a Khalil que tenía un mensaje urgente del Gobierno “muy grosso”. Por otra charla el juez deduce que pedía en una reunión de cancilleres que Irán se aveniera al anuncio de la Comisión de la Verdad y a poner fecha para que viaje el juez a Teherán. Pero Khalil ni siquiera lo toma en serio, además los iraníes querían levantar las capturas. Rafecas no le da relevancia. Al que también relaciona con la comunidad islámica es a Esteche. “Recibía un pago mensual desde la comunidad, por sus servicios.” Lo describe como una figura “polémica” que cumplió una condena recientemente y que, igual que Khalil, habla de que tiene intervenido el teléfono. Hay una sola conversación en la que le dice a Khalil: “Quieren construir un nuevo enemigo de la AMIA ... no van a poder decir que fueron los israelíes”. Para Rafecas son “afirmaciones falsas y delirantes”.

Esteche aparece como nexo de Khalil con el ex juez Yrimia, que fue fiscal adjunto del caso AMIA cuando fue el atentado. Khalil le cuenta a otro dirigente iraní que le dijo “quién es amigo de La Casa (en alusión a la ex SIDE) y quién no”. Pero el tema de la reunión parece que era otro: “recomponer la relación con la Iglesia Católica” y alude a Yrimia como el “operador político que tiene Francisco acá”. Nisman lo denunció como espía y la SI le dijo que era ajeno a ella.

Bogado, el otro falso espía, dice el juez que se mostraba como “alguien influyente con contactos en las más altas esferas del gobierno nacional”. Uno de los ejemplos más grotescos de sus llamadas es cuando quiere impresionar a Khalil y le habla de la salud de la Presidenta: “Tiene un coágulo, viste... casi seguro la operan (...) le cuesta reírse, viste, pero lo demás lo tiene controlado”. Era información ya vieja que había salido publicada en medios y portales con partes médicos. Bogado también hablaba de viajes a la Triple Frontera y negociaciones en Ginebra, pero Migraciones no registra su salida del país en la última década.




El contenido de alcohol en sangre
Por Irina Hauser & Raúl Kollmann


El estudio toxicológico oficial determinó que Alberto Nisman tenía 1,73 gramo de alcohol por litro de sangre, lo que refleja un estado de embriaguez fuerte y es compatible –según dice el estudio– con el consumo de una bebida del estilo del vodka. El alcohol se encontró en el estómago, de manera que fue de consumo reciente, poco tiempo antes de la muerte. La semana pasada, en una conferencia ante la Academia Nacional de Ciencias, el profesor en criminalística Raúl Torre sostuvo que “una alcoholemia alta es común en el suicidio. Ayuda a eliminar los frenos inhibitorios. En palabras llanas, ayuda a darse valor”. “Desde ya que ese nivel de alcoholemia es alto –completó Torre–, pero no impide hacer nada. No significa coma alcohólico ni mucho menos.” Según las tablas, 1,73 lleva a confusión, irritabilidad, pero no a una disminución de la conciencia, algo que se produce –según la persona– con el doble de valores de alcohol en sangre de los que tenía Nisman. Al mismo tiempo, se recordará que el fiscal tenía dosis pequeñas de sedantes, Alplax y gotas de Rivotril, un fármaco muy difundido que Nisman tomaba habitualmente y del que se encontró un frasco en el baño. La toxicología fue realizada por el Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema de Justicia, y la coordinó la doctora Ana María Perkins.




OPINION
Rafecas, fuera de caja
Por Martín Granovsky

Más allá de la mayor o menor simpatía por el fallo, ni Daniel Rafecas ni su texto sobre la denuncia de Alberto Nisman fueron descalificados. Un motivo puede ser el prestigio profesional del juez. No hay que descartar otro: Rafecas es uno de los jueces que mantuvo distancia tanto respecto de la servilleta tradicional y sus reencarnaciones como de la rosca de cajas y operaciones motorizada por la Secretaría de Inteligencia.

La servilleta del menemismo dio origen a la formación de una estructura sólida de jueces y fiscales en el fuero federal. El vértice del grupo es hoy el fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, un desconocido a nivel popular que dejó su opacidad de siempre para promover la marcha del 18F.

La rosca funcionó a pleno en estos años, por lo menos hasta el descabezamiento de la Secretaría de Inteligencia y sobre todo hasta el desplazamiento de su número dos, Francisco Larcher, y del director operativo Antonio Stiuso. Larcher y Stiuso integraban una red de lealtades que incluía a Francisco Javier Fernández, quien todavía es miembro de la Auditoría General de la Nación por el oficialismo y lleva 20 años influyendo o tratando de influir en la Justicia. Lo hace, por lo menos, desde cuando fue asesor de uno de los ministros de Justicia de Carlos Menem, Rodolfo Barra, entre 1994 y 1996.

Otra pata era Darío Richarte, que en los últimos años articuló tareas con Fernández y con Stiuso y antes ocupó el puesto de Larcher durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Su placer por la electrónica entrometida era tan intenso que incluso la estación argentina de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos recomendó en su momento mantenerse lejos del número dos del secretario Fernando de Santibañes y luego de Carlos Becerra. “A Richarte le gustan demasiado los aparatitos”, desconfiaba en el 2000 la embajada norteamericana.

Ex dirigente de Franja Morada y hombre de confianza de Antonio de la Rúa, Richarte construyó un espacio de poder basado a la vez en los vínculos conseguidos durante su paso por la SIDE y en los que fue trabando en distintos sectores. Hoy es vicerrector de la Universidad de Buenos Aires como parte de una alianza entre sectores oficialistas y sectores radicales. También influye en Boca a través del presidente Daniel Angelici, un radical macrista a quien le resultan más simpáticos los bingueros que Juan Román Riquelme.

Su articulación con sectores de la Inteligencia y con espacios de la Justicia federal y del fuero contencioso administrativo se sumó a los clientes que fue consiguiendo su estudio, entre ellos el vicepresidente Amado Boudou y el ex encargado de controlar los peajes Claudio Uberti, echado del Gobierno tras el episodio de las valijas de Guido Antonini Wilson. Es conocido que a Boudou no lo representa más Diego Pirota, del estudio Richarte. Aunque la única explicación aludió a “motivos personales”, la noticia se hizo pública justo después de la asunción de Oscar Parrilli y Juan Martín Mena en la Secretaría de Inteligencia.

Los lectores de este diario se informan desde 1987 sobre casos que relacionan grandes cajas de generación de dinero, a menudo negro, con operaciones políticas, de inteligencia y judiciales, muchas veces ligadas a grandes cambios regresivos en la sociedad como las privatizaciones de Menem. Un ejemplo más es Ciccone, que desde el comienzo unió a mafias locales con espías y redes como la organización fascista Propaganda Dos. Otro ejemplo es el sector de desarmaderos y secuestros de la Policía Federal, que en buena medida logró obstaculizar la investigación de la bomba en la AMIA. Un ejemplo más es la circulación de valijas desde Buenos Aires al Vaticano cuando Esteban Caselli era el embajador en la Santa Sede y Angelo Sodano el secretario de Estado.

El martes pasado, Parrilli y Mena anunciaron que habían dejado radicada una denuncia por contrabando debido a mercadería comprada por la conducción anterior de la SI, el ex secretario general de la Presidencia sonrió cuando dijo que habían encontrado lo que definió como “una perlita”. Contó que la Dirección de Inmigraciones informó que, cuando “el ciudadano Stiuso” viajó a Uruguay “hace algunas semanas”, lo acompañó un funcionario de la Aduana llamado Daniel Manuel Sierra. Usaron una camioneta Grand Cherokee negra que, según Parrilli, “pertenece a House to House, una de las empresas que se dedicaba a transportar parte de la mercadería que hemos aquí expresado como contrabando”.

En notas periodísticas publicadas durante el último año, aparece otro Sierra, de nombre Damián y no Daniel, alto funcionario de la Aduana. Si se trata de la misma persona, es quien acompañó a Stiuso al Uruguay y antes fue relacionado con negocios en Brasil y la mafia del oro. En una nota publicada por Página/12 hace poco más de diez años sobre Southern Winds, los lazos con Yabrán y los represores de la ESMA, el 16 de febrero de 2005, un Damián Sierra aparece entre los desplazados de la Aduana por el entonces director, Ricardo Echegaray. Alguna estructura lo habrá reincorporado después. ¿Volvió para garantizar alguna caja que a su vez asegurase poder? Y si eso fue así, ¿se trataba de construir una caja privada, pública, mixta, abierta, secreta o todo a la vez?

En todo caso, remover avisperos y fumigar muchas veces asegura libertad de movimientos. Y si no que lo diga el juez Rafecas, que era uno de los blancos de Richarte.
Fuente:Pagina12

CRISTINA INAUGURARÁ LAS SESIONES ORDINARIAS EN EL CONGRESO.

28-2-2015
Congreso
Habrá una movilización en la Plaza de los dos Congresos
Cristina inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso

Será la octava vez que la presidenta inaugure el período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa. Allí hará un repaso de los principales lineamientos de su gestión, entre ellos la reforma de los Códigos Civil y Comercial y Procesal Penal, y la nueva justicia de los consumidores.


La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inaugurará mañana el 133 período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, con un discurso en el que expondrá los principales ejes de su gestión, donde trazará un balance de los logros obtenidos desde que se instrumentó este plan económico y social con la asunción de Néstor Kirchner en 2003.

El mensaje de la presidenta será acompañado por una multitudinaria concentración que se efectuará en la Plaza de los Dos Congresos, convocada por gobernadores, intendentes, centrales obreras, agrupaciones políticas y organizaciones sociales que llamaron a movilizarse hasta el Congreso Nacional.

Será el octavo discurso y el último de su mandato que pronunciará ante los diputados y senadores reunidos en Asamblea Legislativa, en cuyo transcurso volverá a marcar los principales objetivos que aspira el gobierno alcanzar en el transcurso de este año.

El Poder Ejecutivo convocó para el mediodía de este domingo a la Asamblea Legislativa por medio del decreto 2034/15 firmado por la Presidenta y por el entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

En su mensaje ante los legisladores, la mandataria expondrá los principales lineamientos de su gestión y hará un balance de 12 años de la política instrumentada por los gobiernos kirchneristas, donde reafirmará los puntos centrales de este modelo: desendeudamiento, aumento del empleo, baja de los índíces de pobreza, crecimiento económico y avances educativos y tecnológicos.

Fuentes oficiales señalaron que no estará ausente un balance de las leyes aprobadas con fuerte impacto en la sociedad como los Códigos Civil y Comercial, del Código Procesal Penal, defensa de los consumidores, y habrá una mención como hace todos los años al reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas.

El cronograma del acto
Está previsto que la Asamblea Legislativa de mañana se iniciará cerca de las 11.15 y media hora más tarde se espera el arribo de Cristina al Congreso para que al mediodía brinde su mensaje al pleno de los legisladores.

El protocolo para estos casos prevé que una vez en el Parlamento, la jefa de estado -que ingresará por la explanada de la avenida Entre Ríos- será recibida por dos comisiones de bienvenida: una de exterior y otra de interior, integrada por senadores y diputados, que esperarán a la Presidenta, a su ingreso, en el salón Azul del Congreso.

Para ello, personal del Congreso acondicionó el edificio para que esté preparado para esta jornada democrática, en la que será la trigésima segunda vez en forma consecutiva que se inaugura el período de sesiones ordinarias desde la recuperación de la democracia en 1983.

Durante su discurso, la primera mandataria estará acompañada por el presidente provisional del Senado Gerardo Zamora -debido a que el vicepresidente Amado Boudou representará al gobierno en la asunción del mandatario uruguayo Tabaré Vázquez- y por el titular de la Cámara de Diputados, Julián Dominguez, que se ubicarán a su lado en el estrado principal del recinto de la cámara baja, donde se desarrollará la Asamblea.

Asistirán el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y los ministros del Interior y Transporte, Florencio Randazzo; de Economía, Axel Kicillof; de Planificación, Julio de Vido; de Desarrollo Social, Alicia Kirchner; y los secretarios General de la Presidencia, Eduardo "Wado" de Pedro; Legal y Técnico, Carlos Zannini; y de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro.

También asistirán los ministros de Justicia, Julio Alak; de Educación, Alberto Sileoni; de Defensa, Agustin Rossi; de Seguridad, María Cecilia Rodríguez; de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman; de Ciencia, Liño Barañao; de Trabajo, Carlos Tomada; de Salud, Daniel Gollán; de Turismo, Enrique Meyer; de Agricultura, Carlos Casaquimela; y de Cultura, Teresa Parodi.

La ceremonia contará además con la presencia de miembros de la Corte Suprema, de las Fuerzas Armadas, de embajadores, gobernadores, intendentes, funcionarios y legisladores nacionales de diferentes extracciones así como invitados especiales y representantes de los distintos cultos.
Fuente:Infojus

ROSARIO: HORA DE AVANZAR CON LA COMPLICIDAD JUDICIAL.

Los intocables
Por José Maggi

Tras la declaración de Sergio Schilman, detenido ilegalmente en 1979, se aceleran las denuncias contra funcionarios judiciales de la dictadura que fueron cómplices de la represión ilegal, como el ex juez Tschopp


TRAS EL TESTIMONIO DE SERGIO SCHILMAN EN LA MEGACAUSA FECED HABRA DENUNCIAS CONTRA EX JUECES Y FISCALES
Hora de avanzar con la complicidad judicial
El militante declaró esta semana frente al juez Bailaque y relató cómo, pese a haber denunciado en Tribunales los tormentos que sufrió, ningún médico forense lo revisó y ningún funcionario judicial cumplió con el deber de protegerlo.
Por José Maggi

Schilman fue detenido ilegalmente en 1979 y llevado al Servicio de Informaciones.
Imagen: Alberto Gentilcore
La declaración en la megacausa Feced del militante Sergio Schilman, concretada durante la última semana reeditó un viejo punto ligado al terrorismo de estado que aún no ha sido abordado por la justicia local: la complicidad de los hombres de la justicia con la última dictadura. Su investigación es una deuda pendiente que será saldada a la brevedad. "El próximo paso en materia de verdad y justicia debe ser investigar las responsabilidades civiles. Desde la querella de APDH nos interesa particularmente instrumentar las causas en ese sentido, tanto las responsabilidades empresariales, como las de la burocracia sindical, las eclesiásticas y por supuesto las judiciales. La causa Schilman es señera en esta materia", afirmó la abogada Gabriela Durruty. Para la nueva causa, será medular analizar el testimonio del ex juez federal Guillermo Ernesto Tschopp, quien declarara el último año en la Causa Nast, y reconociera la existencia de "presos comunes" y "presos políticos".

Sergio Schilman prestó declaración en la instrucción de la mega causa Feced, ante el juez federal Marcelo Bailaque. Estuvieron presentes el fiscal Gonzalo Stara, la abogada de la querella Jesica Pellegrini y el abogado de la Secretaría de Derchos Humanos de la Nación Santiago Bereciartúa. Luego de relatar los delitos de los que fuera víctima en el SI a partir de su detención ilegal, el 22 de agosto de 1979, la testimonial continuó con una serie de preguntas formuladas por la fiscalía.

Sergio dio detalles de cómo se sucedieron los hechos a partir de la acusación que sufriera por la infracción a la ley que prohibía por entonces el desarrollo de actividades políticas por el juzgado federal de Rosario, a cargo del juez Carrillo Avila.

Schilman relató: "cuando entramos a la oficina del juez expresé que desconocía cualquier declaración que le hubierne acercado por los tormentos recibidos, me levanté el torso y se podían observar lo que luego en el sanatorio contáramos como 242 marcas de picana eléctrica, además de las del rostro. El juez me dijo que esa denuncia la tomaría en otra oportunidad, tenían que completar el trámite para el cual me habían llevado, que era acusarme de algo".

Y de igual modo negó haber sido atendido por un médico. "Me enviaron nuevamente incomunicado al mismo lugar de cautiverio", relató. "En la tarde del sábado en que denuncié en Tribunales vino un médico forense (al SI), motivo por el cual Nast se enfureció. El profesional no me revisó. Al día siguiente vino un médico de la policía, tampoco me revisó, y como le dije que me dolía el estómago, me recetó buscapina. En ningún momento he recibido atención médica, tenía la boca llagada por la picana en los labios y encías, no podía ir de cuerpo, no podía comer, no recibí atención médica de ningún tipo, no tuve nunca visita del juez", remarcó. Y recordo que volvió a ser torturado a su regreso al servicio de informaciones luego de denunciar judicialmente los tormentos: "Tras ese ofuscamiento de Nast es cuando lo identifico físicamente y me cagó a trompadas. Más allá de la tortura psicológica y las amenazas a mi familia".

Hay antecedentes importantes en fallos anteriores de la propia justicia. En los fundamentos del fallo de la causa Nast se puede leer: "No admite controversia que ese Poder Judicial --por acción u omisión y en su mayoría- fue partícipe o encubridor de la masacre". Esta aseveración se vio corroborada por el testimonio prestado el 26 de junio de 2014 durante el debate de la causa Feced II por el ex Juez Federal Nº 2 de Rosario Guillermo Ernesto Tschopp quien, entre otras cosas, admitió la existencia de "presos comunes" y "presos políticos". El exmagistrado reconoció además que "sobre éstos no tenía injerencia porque dependían de las autoridades militares y que no visitó nunca el SI como lugar de detención".

Tschopp ocupó el cargo entre 1976 y 1984 y fue cuestionado en duros términos y en repetidas oportunidades por sobrevivientes del Servicio de Informaciones, los cuales dieron cuenta de que el magistrado hizo caso omiso a las denuncias por torturas que le presentaron en aquellos años. El ex juez reconoció que "en algunos casos, (los presos) manifestaban que habían sido sometidos a algún tipo de apremios", reconoció en un momento, al ser preguntado por la presidenta del tribunal. "En esos casos se daba intervención al fiscal y a la Defensoría", añadió. Cabe recordar que uno de los fiscales era Víctor Saccone (padre de la actual fiscal Adriana Saccone) denunciado por rechazar habeas corpus, y el otro era Pedro Tiscornia.

"Sin la complicidad del Poder Judicial no hubieran podido ocurrir estos hechos en ningún lugar de la República Argentina", dijo en noviembre de 2009 la entonces fiscal federal Mabel Colalongo para darle marco a la primera investigación que se abriera contra el ex juez y ex fiscal Pedro Tiscornia, señalado por varias víctimas como quien se negara a tomar las denuncias por torturas que le relataban.

Para Colalongo, todo comenzó a gestarse "durante esta audiencia, sobre todo a partir de las declaraciones de la testigo Adriana Quaranta que era una abogada que trabajaba en el Poder Judicial federal rosarino, en la fiscalía de Tiscornia, que después fue jueza, quien relató que antes de ser privada de su libertad, le advirtieron que debía renunciar el Poder Judicial, porque no le garantizaban la vida". Por si caben dudas, en la Defensoría estaba Laura Inés Cosidoy.
Fuente:Rosario12

SANTA FE-CRIMEN DE SILVIA SUPPO: PIDEN LA NULIDAD DEL JUICIO.

28-2-2015
Juicio
Santa Fe

Según un testigo, la madre de uno de los acusados denunció que a su hijo lo quieren matar
Crimen de Silvia Suppo: piden la nulidad del juicio

El abogado de la familia de la víctima dijo que la recontrucción del crimen que se hizo esta semana, reveló que es "inverosímil el relato de los confesos" . Denuncian encubrimiento policial y piden que se haga una investigación "seria" para saber quienes asesinaron a la testigo de lesa humanidad. Qué puede aportar un video.
Por: Maximiliano Luján, desde Rafaela


Los jueces del  Tribunal Oral Federal de Santa Fe, María Ivon Vella y Luciano Lauría, los hijos de Silvia Suppo, Marina y Andrés Destéfanis, junto con los abogados de ambas partes, y la testigo Mercedes Fasano, el martes pasado estuvieron en el local “DD Cueros”, en Sargento Cabral 256 de la ciudad de Rafaela, para hacer una inspección ocular. Fue allí donde asesinaron  a la militante santafesina, cuyo testimonio fue crucial para incriminar a los grupos de tareas santafesinos, entre los cuales operaba el ex juez federal Víctor Brusa, condenado a 21 años de cárcel por su complicidad con la represión ilegal.

La medida judicial, que fue solicitada por la parte querellante  en el marco del juicio por el crimen de Suppo, duró poco más de 45 minutos. El tercer integrante del Tribunal, el juez José María Escobar Cello,  estuvo ausente con previo aviso.
Silvia Susana Suppo fue asesinada la mañana del 29 de marzo de 2010 de nueve puñaladas, mientras atendía su talabartería. El homicidio más violento de la historia criminal de la ciudad fue contra una mujer desarmada, que nunca ofreció resistencia, y por un botín magro: los asesinos se alzaron con 400 pesos, alhajas y su celular. La víctima había sido secuestrada en 1977 durante la dictadura. La habían torturado y violado en la comisaría 4ta. Y había sido obligada a abortar en otro centro clandestino de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), conocido como La Casita, cerca de Santo Tomé.

Los primeros meses, a pesar de la voz de alerta de familiares y sus compañeros de militancia, la justicia provincial direccionó el caso hacia un homicidio común. En menos de 24 horas la policía tenía dos sospechosos. Eran Rodrigo Ismael Sosa -Sosita para media ciudad de Rafaela-, un pibe de 18 años, analfabeto, que lavaba autos a la vuelta del negocio y tenía algunos robos menores, y su primo Rodolfo Cóceres, de 22 años, sin antecedentes penales. En la comisaría confesaron la autoría del crimen. Ante el juez de Instrucción Nº 2, Alejandro Mognaschi, ambos dijeron que fueron a robarle, y que la mataron para que no los reconociera.

Pero a lo largo de la investigación, hubo elementos que se empeñaban en contradecir al juez. A mediados de 2010, un testigo de identidad reservada denunció vínculos entre los presuntos asesinos y el juez Brusa, y mencionó a dos personas: Miguel Ángel Mendoza y Emiliano Rodríguez. Según averiguaciones de la querella, Mendoza estaba preso en la cárcel de Las Flores, donde está el ex juez, y podría ser el nexo entre los cerebros del crimen y los sicarios.

Después de que el juez provincial Mognaschi intentara retener y luego elevarlo a juicio con esos dos imputados, la Corte Suprema de Justicia lo radicó definitivamente en el juzgado federal Nº1, a cargo de Reinaldo Rodríguez, pero luego fue recusado y lo asumió Francisco Miño.

Los hijos de Silvia Suppo, Silvia, Marina y Andrés Déstefani, nunca creyeron que la muerte de su madre sucedió mientras Cóceres y Sosa robaban su negocio al voleo.
Andrés, el hijo de la víctima fue el encargado de dar a las autoridades judiciales detalles del negocio de su madre.  Cuando terminó la recorrida, el abogado Munné dijo a los medios que se habían concentrado en la vereda que se había podido constatar que las características reales físicas del lugar pusieron en crisis y desmienten el relato de los imputados.

“Cualquiera que analice esto, puede observar  que el ataque a Silvia fue directamente en el fondo del local, donde se encontró el cuerpo, y es falsa la mecánica de los hechos que plantean los imputados”. El abogado lamentó la negativa por parte de los magistrados de hacer una reconstrucción del hecho.

Al dar sus argumentos para refutar la versión de los imputados, el abogado dijo que se puede constatar del juicio que el relato de hacerlos exclusivamente responsables de una situación improvisada, está contradicho por distintos testimonios que se han verificado. Y citó a una perito, Dolores Perazzolo, que afirmó que no es imposible dos armas blancas utilizadas para asesinar de varias puñaladas no tengan registros de la tvíctima ni siquiera de sangre humana de nadie; “eso no se puede limpiar con medios simples, se requieren de recursos químicos y una complejidad para ello”, contó. Y agregó: “hay más gente involucrada y este hecho tuvo una preparación de gente con una capacidad de acción muy compleja”.

“Resultados objetivos” de la reconstrucción
Por su parte, Marina Destéfanis, otra hija de Silvia que estuvo presente en la inspección llevada a cabo en el negocio donde ocurrió el asesinato de su madre. Remarcó que en la reconstrucción se obtuvieron datos positivos. “Se pudieron obtener datos objetivos para la causa que concuerdan con lo que venimos planteando y con lo que plantearon algunos testigos como por ejemplo la ubicación del cuerpo de mi mamá, que se encontraba en la parte posterior del negocio, muy lejos de donde afirman haberla atacado los implicados”, indicó.

La presencia de la testigo María Mercedes Fasano también fue un punto a destacar por parte de Marina. “Su descripción es muy contraria a la de los imputados. Ellos dicen que la atacan en el frente del local y todos los signos de ataque que se obtuvieron con las pericias se encontraron en el fondo del negocio”, resaltó.

“A mi hijo lo quieren matar”
El policía jubilado Dante Gutiérrez, que participó en la detención de los imputados, declaró el miércoles 23 de febrero y reveló una situación que hasta el momento se desconocía y no constaba en ninguna de las actuaciones judiciales previas. Contó que, la madre de Cóceres y tía de Sosa le dijo “a mi hijo lo quieren matar”. Fue cuando la mujer acompañaba a los jóvenes a entregarse a la Comisaría 7º de Santa Fe para entregarse.

Al ser consultado sobre el accionar policial, Munné fue categórico: “desde un inicio la querella denunció que la policía de la provincia de Santa Fe, en ese momento a cargo del entonces Jefe Hugo Tognoli –detenido desde 2013 por una causa de narcotráfico-, no investigó nada. Ahora en el juicio queda claro que fue desastroso todo el accionar policial en las horas claves, por lo cual cabe plantearse la necesidad de investigar si hay un obrar de encubrimiento por parte de la policía provincial”.

Un video revelador
También durante el juicio se reveló la existencia de un video que registra los movimientos de los micros del día del crimen de Suppo, ya que según la  investigación, tras cometerlo el crimen los imputados viajaron a Santa Fe. Sin embargo, ese material aportado inmediatamente en su momento por la empresa concesionaria de la Nueva Terminal de Ómnibus de Rafaela, nunca fue puesto a disposición de la Justicia. “Sólo por una investigación de la querella se pudo saber de ese video y afortunadamente, contra lo que indica la rutina, la empresa había conservado una copia porque si no se hubiese perdido para siempre”, señaló el abogado.

Por último, Munné reiteró la necesidad de anular el juicio y para ello puntualizó que ya se presentaron los recursos correspondientes. “Esperamos que los tribunales superiores admitan que en estas condiciones no es válido el juicio. Es absolutamente inverosímil el relato de los confesos porque en este hecho hay más personas involucradas y resulta imprescindible que se lleve a cabo una investigación seria con medidas de fondos sustanciales para saber quiénes son los responsables del asesinato”.
Fuente:Infojus




OTRO TESTIMONIO PUSO EN DEBATE EL MOVIL DEL ASESINATO DE SILVIA SUPPO
Amenazas y temor por los acusados
El comisario Gutiérrez, que detuvo a los dos imputados, Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa, contó que la madre de Cóceres lo entregó para ponerlos a salvo. "A mi hijo lo quieren matar", dijo la mujer antes de ponerlos a disposición de la ley.
Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe
El juicio suma dudas sobre la versión oficial del crimen.Imagen: Gentileza Juan Manuel Romero
El juicio por el asesinato de Silvia Suppo descubrió otro hecho desconocido que vuelve a poner en debate el móvil del crimen. El comisario y ex jefe de la V Zona de Inspección, Dante Gutiérrez, quien se encargó de detener a los dos acusados por el homicidio, Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa, dijo que en el procedimiento la madre del primero, María Rosa Sánchez, entregó a su hijo y a su sobrino a la Policía para ponerlos a salvo. "Ellos cometieron un hecho grave. Y a mi hijo lo quieren matar", dijo Gutiérrez que le escuchó a decir a Sánchez apenas ella le entregó a Cóceres y Sosa, a cien metros de la comisaría del barrio San Agustín, en Santa Fe, donde vive. Horas antes, efectivos de la policía le habían allanado la casa en un operativo que se prolongó "casi toda la noche" y donde "le rompieron todo", según declaró la mujer, hace dos semanas. Gutiérrez dijo que Sánchez no relató quién o quiénes "amenazaron de muerte" a los imputados, ella no quiso hacer la denuncia, pero él tampoco dejó constancia en la causa ni se ocupó por iniciar una investigación.

Gutiérrez declaró en la última audiencia del juicio y explicó cómo habían detenido a Cóceres y Sosa, cerca de la seccional 7ª del barrio San Agustín, cuando su madre los acompañaba para entregarlos.

Suppo fue asesinada el 29 de marzo de 2010. El 30, a la una de la madrugada, le allanaron la casa a Sánchez, donde se quedaron "casi toda la noche", según declaró ante el Tribunal Oral de Santa Fe que juzga la causa. Y el 31, alrededor de las 13.30, ella entregó a su hijo y a su sobrino a Gutiérrez, a cien metros de la seccional 7ª de San Agustín.

En el acta, Gutiérrez relató la primera confesión de Cóceres, quien dijo que "el lunes a la mañana, en Rafaela, con su primo Sosa, fueron a un negocio que vendía cosas de cuero, ingresamos para robar. En ese momento, había una mujer rubia con camisa blanca y pantalón jean azul, que nos atendió, le dijimos que nos diera la plata y esta mujer le hizo caer el cuchillo a mi primo. Yo la agarré de atrás y le pegué una puñalada, se levantó mi primo y la apuñaló por todos lados". Luego sacamos plata de la caja, un teléfono celular y monedas, nos fuimos a la casa" de Sosa y "a la tarde nos vinimos a Santa Fe".

Ante una pregunta de la fiscal Natalia Palacín, Gutiérrez dijo que "los chicos relataban lo que había pasado", por lo que "dimos cuenta a los superiores y al juez de la causa".

- ¿Dónde fueron interceptados?
- A cien metros de la comisaría de San Agustín - contestó el policía. Y relató que la madre de Cóceres estaba asustada. Y le dijo: "Ellos cometieron un hecho grave. A mi hijo lo quieren matar". Entonces, él le preguntó si iba a hacer la denuncia, pero ella le contestó que no.

Según Gutiérrez, la declaración de Cóceres y Sosa fue "espontánea", "se autoincriminaron ellos". "La señora (Sánchez) tenía miedo por lo que le podía pasar a los chicos", agregó el testigo.

- ¿Cuál fue la actitud de los detenidos? le preguntaron.
- Estaban tranquilos. Me encargué de que no los tocaran -respondió Gutiérrez.

El abogado querellante Guillermo Munné le pidió precisiones sobre las "amenazas de muerte" que había revelado la madre de Cóceres. "Fue precisa en las manifestaciones. Me dijo: 'se que los están buscando a mis hijos. Están amenazados, que los van a matar. Tengo miedo'".

- ¿Ellos tenían miedo? ¿Manifestaron algo?
- Estaban asustados - contestó Gutiérrez.

- ¿Y la madre dijo quién o quiénes podían matarlos? - volvió a plantearle Munné.
- No señaló Gutiérrez. Y le preguntó a Sánchez si haría la denuncia. "Yo ordeno que se la tomen", le propuso. Pero ella rechazó la posibilidad y el policía tampoco dejó constancia del hecho en la causa ni se ocupó de abrir una investigación.

- ¿A qué atribuye el miedo de Sánchez? - preguntó la otra abogada querellante, Lucila Puyol.
- Tenía miedo de que mataran a su hijo, que lo estaban siguiendo, pero no de la Policía - aclaró el comisario.

Después, declararon en el juicio un hermano de Cóceres, Ramón, y su esposa que viven en Junín y a quienes los querellantes le volvieron a preguntar, entre otras cosas, por las amenazas que Sánchez le había relatado a Gutiérrez. Cóceres y Sosa estuvieron algunas horas en Junín, hasta que regresaron a Santa Fe. "¿Les dijeron si los habían amenazado?, quiso saber Munné. El hermano de Cóceres contestó: "No, en ningún momento" y su esposa dijo que "tampoco los escuchó hablar de amenazas".
Fuente:Rosario12