3 de septiembre de 2015

DIFUSIÓN.


DIFUSIÓN.


AMIA: MENEM PODRÁ DECLARAR HOY EN EL JUICIO POR EL ENCUBRIMIENTO DEL ATENTADO.

3-9-2015
Causa AMIA
Nueva audiencia desde las 9.30 en la sala AMIA de los tribunales de Retiro
AMIA: Menem podrá declarar hoy en el juicio por el encubrimiento del atentado

El ex presidente puede prestar declaración indagatoria, aunque aún no se sabe si hará uso de esta opción. También el ex juez Juan José Galeano y los ex policías Carlos Castañeda y Jorge “Fino” Palacios expresaron su voluntad de declarar. Memoria Activa espera que los acusados hablen y “tengan la dignidad de decir, de una vez por todas, la verdad".

El ex presidente Carlos Saúl Menem tendrá la opción hoy de prestar declaración indagatoria en el juicio donde está acusado por instigar el fracaso de la investigación del atentado en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).  Aunque, según adelantaron a Infojus Noticias partícipes de este debate, aún no está confirmado si el ex mandatario estará en la sala de audiencias o si, como lo hizo en otras oportunidades, seguirá el debate por videoconferencia.

Según informaron fuentes del debate, además de Menem, el ex juez Juan José Galeano y los ex policías de la Federal Carlos Castañeda y Jorge “Fino” Palacios expresaron, en principio, su voluntad de declarar en esta etapa del juicio que el Tribunal Oral Federal 2 lleva adelante en los tribunales penales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.
Galeano llega a juicio por haber “propuesto, gestionado y logrado” que Carlos Telleldín  –el último tenedor de la Trafic que se habría utilizado para el atentado- recibiera cuatrocientos mil dólares de fondos reservados de la SIDE para involucrar en el atentado falsamente a un grupo de policías de la Bonaerese, que estuvieron casi 8 años ilegalmente detenidos.

Palacios y Castañeda están acusados porque su colaboración fue necesaria para que el entonces juez Galeano cumpliera la indicación que habría recibido desde la Casa Rosada para dejar de investigar a la familia Kanoore Edul, cercana en historia y por lazos de familia a la de Carlos Menem.

Esperan la verdad
Los familiares de las víctimas del atentado nucleados en Memoria Activa, que actúan como querellantes en este juicio, esperan que todos los acusados declaren y “tengan la dignidad de decir, de una vez por todas, la verdad que nos ha sido negada estos 21 años”. De acuerdo a lo previsto, los 13 imputados cuentan con la opción de declarar, también de negarse a hacerlo, de mentir o decir lo que saben, y de aceptar o no preguntas del tribunal, los fiscales y querellas.

Hace dos semanas  Omar Daer, el defensor del ex presidente, sumó otro motivo de repudio entre los familiares de las víctimas. A la ausencia de su defendido en las tres primeras audiencias del juicio, Daer agregó la versión de que el actual senador nacional “tiene información sobre el atentado”; pero lo excusó diciendo que dado que “podría afectar intereses de la Nación” necesitaba el aval del Senado para declarar.

“Si es así, lo ocultó durante 21 años y la justicia tendrá que actuar; aunque no hay pena que pueda mitigar lo que hizo esta bestia”, aseguró a Infojus Noticias Jorge Lew, el papá de Agustín, un joven de 21 años que perdió la vida entre los escombros. Como integrante de Memoria Activa, Jorge lleva 21 años esperando saber quiénes son los responsables de la muerte de su hijo.

Tanto las querellas de los familiares nucleados en Memoria Activa, 18J y Apemia, como la del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Unidad Fiscal AMIA, cuestionaron que el acusado necesitara de ese aval para prestar declaración. Este es uno de los puntos sobre los que deberá resolver el tribunal, al retomar el debate, hoy a las 9:30 en la sala AMIA.
Fuente:Infojus

ROSARIO: LA CAUSA POR EL HOMICIDIO DE ESCOBAR SIGUE EN LA JUSTICIA PROVINCIAL.

POR LA NEGATIVA
Por Lorena Panzerini y José Maggi

La causa por el homicidio de Gerardo Escobar seguirá en la Justicia provincial al declararse competente el juez Caterina. El defensor Ganón y familiares del joven apelarán el fallo ante la Cámara porque entienden que debe caratularse como "desaparición forzada" y pasar al fuero federal.


LA CAUSA POR EL HOMICIDIO DE ESCOBAR SIGUE EN LA JUSTICIA PROVINCIAL
El expediente no sale de Tribunales
Tras oír a las partes plantear que la causa sea caratulada como desaparición forzada, el magistrado consideró que los policías que hacían adicionales en el bar La Tienda, "no actuaron dentro del mandato genérico del Estado".
Por Lorena Panzerini y José Maggi

El juez Luis María Caterina no hizo lugar al pedido de incompetencia.Imagen: Andrés Macera
La causa por el crimen de Gerardo Escobar quedó ayer en el fuero provincial, aunque los cinco imputados -dos policías y tres patovicas- seguirán detenidos. El juez Luis María Caterina no hizo lugar al pedido de incompetencia en el marco del homicidio de Pichón. Tras oír a las partes plantear que la causa sea caratulada como desaparición forzada, el magistrado consideró que los policías (que hacían adicionales en el bar La Tienda) "no actuaron dentro del mandato genérico del Estado". Sin embargo en la audiencia se indicó que uno de ellos intentó ocultar en su testimonial que era policía, antes de que apareciera el cuerpo de la víctima. Si bien el juez resolvió por la negativa, hizo la salvedad de que ello depende de cómo continúe la investigación. Por su parte el defensor general Gabriel Ganón lamentó que la Fiscalía se haya puesto del lado de la defensa, cuyos clientes "se benefician" si la causa queda como homicidio ya que el pase al fuero federal endurecería las penas y adelantó que apelará el fallo en la Cámara Penal.

En su pedido de que la causa sea caratulada como desaparición forzada, Ganón expresó:

"Está claro que participó gente de la policía de Santa Fe en el hecho". Y recordó que "la familia recibió denuncias anónimas de que Gerardo estuvo en una comisaría; y esto no se investigó en profundidad".

También adjuntó el decreto de 2014 -que publicara ayer Rosario/12 - del jefe de fiscales Julio De Olazábal hizo hincapié en que cuando haya apenas "sospechas" de que se trate de una causa de desaparición forzada, el Ministerio Público de la Acusación deberá reconocer la competencia federal.

El defensor hizo hincapié en "las circunstancias del hecho, la participación policial y una deficiente investigación" y remarcó como "sugestivo que suela haber móviles policiales al frente del boliche", mientras que la investigación está en manos de la Policía de Santa Fe.
También destacó que el médico de la autopsia -Raúl Félix Rodríguez- fue durante más de 20 años médico de la policía, y recordó las "discordancias" que arrojó el estudio frente a las observaciones de su par Víctor Moglia enviado por la propia Defensoría.

Por su parte el fiscal Rafael Coria planteó que a 19 días de la investigación quedan cosas por establecer, como la fecha exacta de la muerte, ya que se esperan los informes complementarios de autopsia. "La investigación está en avance diario. Podrían surgir elementos más adelante para hablar de desaparición forzada, pero ahora es prematuro" destacó. Otro de los fiscales, Miguel Moreno, indicó que "no se puede afirmar que Gerardo haya estado detenido".

Cuando le tocó hablar, la fiscal Marisol Fabbro destacó que "todo el tiempo nos manejamos con evidencias objetivas en los elementos. Sería irresponsable y prematuro; pero no lo descartamos, solo que hoy no se dan los extremos".

Finalmente hablaron los abogados defensores: Marcelo Piercecchi -por la defensa del policía Maximiliano Amiseli- aclaró que su defendido está con carpeta médica por una operación en la rodilla, por un incidente con dos personas en La Tienda. En tanto Juan Ubiedo se presentó como defensor de César Ampuero y José Carlino, José Luis Giacometti lo hizo por el policía Luis Noya, mientras a Cristian Vivas lo defiende Leopoldo Montiel.

El juez Caterina, ante planteos de los defensores, resolvió que la representación legal de la familia Escobar ejercida por Ganón correspondía legítimamente dentro del marco constitucional y procesal.

A la salida de la audiencia, Ganón remarcó que "las penas son mayores cuando la causa es desaparición forzada", y le llamó "la atención que la fiscalía estuviera de acuerdo con los defensores en que la causa quede en la justicia provincial".

En otra audiencia, Caterina dictó la prisión preventiva sin plazo para el patovica acusado de homicidio y para los otros cuatro imputados.

Declararon los dos policías: en primer lugar Luis Noya: "Estaba de adicional, tenía dolor de cabeza, pero no conseguí reemplazo". Es el policía que se ve sentado en el video del bar, del lado de adentro, cuando Escobar sale. El efectivo declaró que en un momento la encargada del local le dijo "¿viste que me quisieron abrir el auto?". "Nunca salí del local.

Estuve en el umbral de la puerta. Mi auto estaba estacionado del otro lado y puede seguir con las cámaras por donde me fui: Sarmiento hasta Uriburu. Vean las cámaras".

El policía Amiseli reconoció que hacía adicionales en el boliche hasta que tuvo un accidente y una operación de rodilla: "Estuve mucho tiempo sin hacer nada. Tenía buena relación con los dueños y me ayudaron económicamente. Iba al boliche por la relación, era de ir a tomar algo con los pibes. Esa noche estaba a un costado de la puerta con el Tarta (Carlino)". El relato de Amiselli lo ubica a Pichón tambaleándose, y el resto es conocido.

Un dato revelador es que el martes se sumó un testimonio espontáneo de un joven que dijo que el 18 de julio a la madrugada pasó por La Tienda con amigos, al salir de McNamara y tres patovicas lo agarraron del cuello a él y sus amigos. Uno de los patovicas tenía una escopeta colgada y una campera camuflada. Le dio la cabeza contra la ventanilla de un auto y le dijo "mirá lo que hiciste con el espejo, te voy a matar". Logró zafar y corrió hasta Sarmiento y se escondió debajo de un auto. No hizo la denuncia porque pensó "zafé"; pero ahora entiende que Gerardo pudo estar en esa situación.
Fuente:Rosario12

ROSARIO: NUEVA JORNADA DEL JUICIO ORAL POR LOS ASESINATOS DE CAMBIASO Y PEREIRA ROSSI.

NUEVA JORNADA DEL JUICIO ORAL POR LOS ASESINATOS DE CAMBIASO Y PEREIRA ROSSI
Lo que se sabía desde el primer día
El ex juez rosarino que estuvo a cargo de la primera investigación, el abogado de la familia Cambiaso y dos peritos declararon ayer en una intensa audiencia en el tribunal federal, donde se juzga a doce represores, entre ellos Bignone y Patti.
Por Sonia Tessa

Gladys Cambiaso, hermana del militante secuestrado, al ingresar al Tribunal.Imagen: Andrés Macera
Jorge Eldo Juárez era juez de instrucción en 1983, cuando Adolfo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi fueron secuestrados en el bar Magnum, en la mañana del sábado 14 de mayo. "De allí los llevan con gran aparatosidad, dos o tres vehículos, varias personas", recordó el ex magistrado ayer frente al Tribunal Oral Federal número 2. Varias horas después, los cadáveres aparecieron en un camino de tierra cerca de Lima, en provincia de Buenos Aires, y la versión oficial fue que había habido un enfrentamiento. Juárez supo desde el principio que eso era mentira. "Intentamos buscar las evidencias, porque era propio de la lógica, la psicología y la experiencia que no era posible que alguien fuera capturado con gran aparato y después apareciera tiroteándose, era ilógico. Algunos datos me indujeron a pensar que era la propia fuerza de seguridad", recordó ayer en la audiencia más intensa desde que comenzó el juicio oral y público con doce imputados, entre ellos el ex presidente de facto, Reynaldo Bignone, y el ex comisario Luis Patti. Aunque sólo los ex militares Pascual Guerrieri y Rodolfo Rodríguez están presentes en la sala. Sentadas en el público, Ethel y Gladys Cambiaso, las hermanas del militante secuestrado, siguieron atentamente los testimonios en el juicio por el que pelearon durante 32 años.

Juárez hizo las primeras investigaciones. "Vinculé las dos causas, y declaré la incompetencia territorial", relató. Si bien la decisión fue apelada, la Cámara de Apelaciones confirmó el envío a otra jurisdicción. La causa quedó en manos del juez de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti. Juárez recordó con nitidez que al menos en uno de los cuerpos, la autopsia había constatado el paso de corriente eléctrica antes de la muerte. "Costaba conseguir testigos", rememoró Juárez en una declaración que reconstruyó los pasos dados en la justicia provincial. "No era un robo común, no hubo pedido de rescate", subrayó.
También recordó el Fiat 1500 robado a Jorge Alberto López y devuelto en Rosario días después, con varios kilómetros recorridos. "Leí en el diario que López dijo que tenía 150 kilómetros, pero tenía 370 kilómetros y además, habían llevado el Fiat de uno de los fallecidos hasta el escenario del hecho", dijo el ex magistrado en su enumeración de las razones que lo llevaron a vincular el secuestro con las fuerzas de seguridad. "Era una privación de la libertad, no había dudas, por el movimiento, el uso de los vehículos, las armas y los testimonios, que hablaban de movimientos entrenados. Todo sonaba a una organización". Juárez inspeccionó el galpón de Ovidio Lagos y Biedma, donde otros testigos dijeron que habían pasado los secuestradores con sus víctimas antes de ir a Buenos Aires. El mismo Juárez recibió amenazas "fuertes" que lo obligaron a estar con custodia policial durante ocho meses.

Teoría falsa
Otro de los testigos de ayer fue Víctor Corvalán, que fue el primer abogado de la familia Cambiaso. Corvalán contó que en 1983 lo había contactado Augusto Conte, del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) para pedirle que tomara el caso. "Se sabía desde el primer momento que este hecho había sido cometido por parapoliciales o grupos clandestinos que estaban en relación con las fuerzas de seguridad", dijo el abogado penalista, quien recordó la "teoría falsa de un enfrentamiento armado en cercanías de Lima". "Esto no respondía a ninguna lógica. El ingeniero Cambiaso era militante del peronismo, creo que se llamaba Intransigencia (en verdad, era Intransigencia y Movilización). Había estado haciendo trámites electorales pocos días antes, de manera que estaba a disposición de las autoridades. Era inconcebible pensar en un enfrentamiento armado", dijo el profesional, quien recordó la ardua tarea para conseguir testigos, y cómo algunos eran renuentes a salir del anonimato.

Pocos meses antes de las elecciones nacionales de octubre de 1983, el miedo estaba presente. "Hubo un testigo muy valioso, que fue muy renuente a dar su nombre. El nos relató con mucho detalle la presencia en el lugar de un furgón color azul aeronáutico, un Mercedes Benz modelo 608, de los frontales", hizo memoria ayer Corvalán. Una noche, cuando salió de su estudio, en Montevideo y Balcarce, vio un vehículo idéntico estacionado sobre Montevideo, enfrente de una oficina del "Servicio de Inteligencia". "Lo asocié inmediatamente", contó Corvalán.

Del testigo anónimo, alguna vez llegaron a conocer el nombre. Al salir de los Tribunales de San Nicolás, Comte develó la identidad de su testigo a los periodistas que los esperaban en la puerta. Al día siguiente, Corvalán recibió el llamado de un colega, propietario de la tienda La Favorita. "Me contó que tenía un empleado muy asustado, porque habían caído a su casa con un Falcón verde buscándolo, y habían amenazado a su familia. Cuando me dice el nombre, era un homónimo de nuestro testigo. La descripción física no coincidía, pero lo fueron a buscar", contó el abogado ante los jueces Omar Digerónimo, Beatriz Baravani y Jorge Benegas Echagüe.

Amenazados
El propio Corvalán sufrió intimidaciones. "Nosotros veníamos siendo amenazados en forma telefónica, pero nunca se lo conté a mi familia, incluso, un periodista me dejó entrever que yo estaba colaborando con Montoneros", contó el abogado durante la audiencia y continuó:
"Un día, fuimos a una reunión de APDH, salimos con el doctor Piñero, que por ahí me dice: 'nos viene siguiendo un auto'. Evidentemente, esa noche estuvieron operando porque a la mañana cuando voy a llevar a mis hijas al jardín, me encuentro con que las cuatro gomas del auto estaban reventadas a cuchillazos. Y en mi estudio, en la chapita que tenía mi nombre, alguien la había sacado y le había inscripto "QEPD" (Que en Paz Descanse)".

En 1983, los policías acusados fueron Patti, José Spataro (también imputado en esta causa) y Rodolfo Diéguez. El juez Marchetti decidió su prisión preventiva y descreyó de la versión oficial, pero antes de la asunción de Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, decidió el sobreseimiento provisorio. "Algo había pasado con Marchetti que no era el mismo de antes", estimó Corvalán en la audiencia. Para el abogado, tanto las torturas constatadas como la distancia de los disparos demostraban que Cambiaso y Pereira Rossi "fueron fusilados".

Los peritos
En una audiencia intensa, también declararon el anátomo patólogo Pedro Laguens, que se refirió a las marcas de picana eléctrica en los cuerpos, de manera genérica, y reconoció una pericia realizada en 1983, en la que constataba que Pereira Rossi había sufrido tortura.
Uno de los momentos más álgidos de la audiencia fue cuando el perito balístico Roberto Weichber respondió a las preguntas del fiscal Adolfo Villate. "Me molesta cuando mis contestaciones pueden resultar evasivas, créame que no lo son", dijo el oficial policial que realizó la pericia balística en la causa de 1983.

En una audiencia que tuvo de todo, ayer se presentó un testigo que no había sido citado. Miguel Angel Capobianchi fue ayer a los Tribunales Federales en lugar de su hermano Carlos. "El no sabe nada de lo sucedido en este hecho. El único que sabe soy yo", dijo el testigo espontáneo. Y aseguró que conocía a uno de los imputados, Walter Pagano, quien le había dado trabajo. Después del pataleo de las defensas, se decidió que el testimonio se escuchará más adelante, cuando se diluciden cuestiones procesales. Por las dudas, Pagano --que sigue el juicio en una habitación contigua-- se sentó en la sala de audiencias.
También los PCI Carlos Sfulcini, Juan Cabrera y Ariel Porra siguen el juicio en el mismo edificio, mientras Patti y Bignone lo hacen desde Buenos Aires y Carlos Lucena y Luis Muñoz desde sus lugares de detención. Spataro y Ariel López están eximidos de participar de las audiencias por el Tribunal.

La última testigo fue la médica forense Virginia Creimer, quien leyó las autopsias y otras pericias y las analizó, con una sólida exposición, sobre la forma en que impactaron los proyectiles de Itaka que mataron a las víctimas. En los dos casos, consideró que no les dispararon estando adentro del auto, por la falta de sangre en el interior del vehículo y los impactos de los perdigones sobre el cuerpo. Sobre los rastros de tortura en el cuerpo de Pereira Rossi, dio una clase sobre las marcas que deja la picana en la piel, y aseguró que, por algunos signos descriptos por el anátomo patólogo que hizo la pericia original, las torturas fueron poco antes del asesinato.
Fuente:Rosario12

EL ALEGATO DE LA FISCALIA POR LOS VUELOS DE LA MUERTE DESARMO LOS ARGUMENTOS DEL AVIADOR ACUSADO.

EL ALEGATO DE LA FISCALIA POR LOS VUELOS DE LA MUERTE DESARMO LOS ARGUMENTOS DEL AVIADOR ACUSADO
“Está probada la participación de Poch”
La fiscal explicó qué lugar ocupaba Julio Poch en la estructura represiva y que estaba capacitado para tripular aviones de pasajeros.
Por Alejandra Dandan

El ex piloto Poch, que tiene ciudadanía holandesa, está acusado como coautor de secuestros, torturas y homicidios.Imagen: Helen Zout
Varios esperaban ver al piloto Julio Poch, con su cartel de “soy inocente” escrito a mano, para las pantallas, en español y holandés. Pero no. El hombre que fue oficial piloto de una de las escuadrillas dependientes del todopoderoso Comando de Aviación Naval de la Armada no estuvo en la sala. Estuvo su abogado defensor, Gerardo Ibáñez, que iba moviéndose inquieto en la silla mientras avanzaba el alegato, histórico y demoledor, contra su defendido. “Se encuentra probada no sólo la materialidad de los vuelos de la muerte como mecánica represiva utilizada por las Fuerzas Armadas, en especial por la Escuela de Mecánica de la Armada, sino también la participación de Julio Poch en estos aberrantes crímenes”, explicó la fiscal Mercedes Soiza Reilly, dedicada hace una semana al tramo vuelos de los alegatos por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA.

“Como parte de las estructuras represivas de la empresa criminal conjunta, Julio Poch tripuló, en su calidad de oficial piloto y como miembro de la Aviación Naval de la Armada Argentina, aviones que eran utilizados en el sistema de eliminación física de personas, denominados ‘vuelos de muerte’, metodología utilizada en la última dictadura militar para deshacerse de las víctimas que habían sido privadas ilegalmente de la libertad por el Grupo 3.3 de la ESMA, que fueron trasladadas desde esa dependencia naval a distintos aeropuertos o bases militares con pistas de decolaje, donde las ingresaban en las aeronaves de las cuales posteriormente eran arrojadas al agua con vida en pleno vuelo.”

Esta imputación, que a la vez intentó dejar sentada la mecánica de los vuelos de la muerte, es el centro de lo que la fiscalía intenta dejar asentado en este tramo del debate. Los fiscales –además de Soiza Reilly ejerce Guillermo Friele– están haciendo la reconstrucción de los vuelos en dos direcciones. Una histórica, compuesta por los primeros indicios que se fueron conociendo sobre esta mecánica y otra, que apunta a mostrar a los seis imputados de este juicio como eslabones de la estructura secreta de la Armada que proveyó de aeronaves y tripulantes al grupo de tareas. Es decir, reconstruir la estructura criminal de la que dependieron los pilotos. Y ahí está el funcionamiento del Comando de Operaciones Navales (COOP), órgano central en la estructura operativa, con sede justo debajo del comandante en jefe de la Armada. El COOP distribuyó hombres y recursos. De él dependieron las Fuerzas de Tareas de la Armada, entre ellas las de la ESMA y las dos áreas claves para los vuelos: el Comando de Aviación Naval (COAN) y la División de Aviación de Prefectura (DIVA). Poch integró una de las escuadrillas que dependieron del COAN.

El piloto argentino con ciudadanía holandesa llegó a ser investigado en esta causa por una confesión brindada a sus compañeros de trabajo, durante una cena de despedida en la ciudad de Bali, en Indonesia, en 2003. Según los testigos, Poch dijo haber participado de los vuelos de la muerte. Y cuando, impactados, le preguntaban sobre eso, él aseguró que se trataba de “terroristas”, que había habido una “guerra” y que deberían estar todos muertos. Quienes hicieron las denuncias recibieron todo tipo de presiones estos años. Hasta que los hostigadores, amigos y conocidos de Poch, fueron frenados por una causa en Holanda. Poch y el coro de quienes lo acompañan hablaron de “caza de brujas” y procesos sin justicia.

Poch mismo dice que es inocente. Que lo que dijo no lo dijo. Invocó a errores de interpretación por parte de quienes lo escucharon en aquella cena, y los atribuyó a la cruza de inglés y holandés. Pero más acá, ya comenzada la causa, también negó cuestiones más técnicas. Dijo que mientras estuvo en la Armada no participó de la “lucha contra la subversión”. Que no estaba capacitado para hacer vuelos con aviones de pasajeros, sino solo naves de “caza y ataque”. Y que estaba preparado para acciones de guerra convencional y no interna.

La fiscalía tomó uno a uno esos argumentos y, literalmente, los demolió: no usó sus confesiones sino documentos desclasificados –que fueron proyectados en la sala– provistos por los ministerios de Defensa y de Seguridad, uno encargado de los archivos de las Fuerzas Armadas y el otro, de los de Prefectura.

Uno de los primeros datos sobre Poch fue que sí intervino en la estructura represiva: un ejemplo presentado es el Operativo Sirena. El dato está en el legajo de Poch. “Esto descarta la ajenidad aludida por Poch antes y durante el debate”, dijo la fiscal. “Poch dijo que estaba preparado para la guerra convencional, nosotros hemos acreditado que esto no es cierto: que también participó en lo que ellos llamaron ‘guerra interna’”. Poch negó el carácter antisubversivo del Operativo Sirena. “Pero los documentos desclasificados y la prensa de la época no dicen lo mismo”, retrucó Soiza Reilly. Poch y los testigos convocados por la defensa restaron valor a ese operativo “evidentemente” –siguió la fiscal– porque el Sirena era “un operativo represivo por excelencia, gestado por la Armada Argentina en la lucha contra la subversión”. Para eso citó dos elementos. El testimonio en calidad de perito de la especialista Laura Guembe, que trabajó en ambos ministerios,, dejó en claro que el Sirena fue un operativo conjunto de fuerzas áreas navales argentinas y paraguayas y que entre otras actividades hizo “control poblacional”. Poch presentó como inocuos esos controles. Guembe dijo que el “control poblacional” estaba explicado “en los reglamentos de manera bien clara, no solamente se trataba de saber quiénes poblaban un lugar sino también identificar personas, detenerlas y llevarlas a determinados lugares”. Eso era el control poblacional del Operativo Sirena –remarcó la fiscal ya en la primera audiencia– “¡la detención de personas!”, muchas veces en lugares de difícil acceso a otras unidades de la Armada.

Poch estuvo ligado al Sirena II, entre 1975 y 1976. Según su legajo, revistó como secretario de los Estados Mayores de Planeamiento “de este operativo antisubversivo de tanta envergadura”, remarcó la fiscalía. Su estatus y el peso de ese operativo también quedaron resaltados por las Memorias Anuales en este caso de la Prefectura. En 1976, Poch pasó a la escuadrilla de trasporte de búsqueda y rescate. Y en 1977 estuvo en la de caza y ataque.

En 1979 ingresó en Aerolíneas Argentinas.

El ingreso en Aerolíneas confirmó otro dato. Poch dice que sólo estaba capacitado para manejar aviones de caza y ataque, es decir no aviones multimotores que son los que tienen capacidad de transportar pasajeros. Nuevamente, precisó la fiscalía, los documentos dicen otra cosa. Poch ingresó en Aerolíneas Argentinas en 1979. Su legajo allí dice que tenía experiencia en transporte de pasajeros. Pero, además, un documento que está en la causa y valoró la fiscalía es su licencia civil de 1979. Esa licencia dice que Poch estaba capacitado para manejar aeronaves de hasta 5700 kilogramos de porte, aviones de vuelo nocturno y multimotores. La fiscal recordó un dato aportado por un perito en el juicio: ¿ustedes saben –preguntó– cuánto pesa un Skyban, señores jueces? Es decir, uno de los aviones de Prefectura usados en los vuelos de la muerte: 5580 kilos.

Para entonces, dos jueces no paraban de escribir. Ibáñez cada vez más inquieto comenzó a mandar mensajes con su celular. El juez Leopoldo Bruglia anotaba. Y Oscar Hergott, cuarto juez de la causa, levantaba y bajaba la cabeza para volver a sus notas.
Otro dato que sostiene Poch sobre la escuadrilla de Caza y Ataque es que no participó de la lucha contra la subversión. “Los documentos dicen otra cosa”, volvió a decir la fiscal.

Antonio Urbano es otro oficial como Poch que perteneció a su misma escuadrilla. Para pedir un ascenso explicó en una misiva interna –incorporada a la causa– que “participó de la guerra contra la subversión desde y con los medios aéreos”. Para la fiscalía, con esto se acreditó que las escuadrillas de Caza y Ataque no fueron ajenas a “la lucha contra la subversión”.

Otro punto en análisis fue su libreta de vuelo. Poch dijo que no tenía adulteraciones, y hasta intentó exhibirlo con un perito de parte. La fiscalía mostró con peritos todo lo contrario: “Nada tiene ese informe de objetivo y de serio. Es un informe terriblemente deficiente. Faltan firmas, sellos, foto del piloto, hay hojas con tachaduras no salvadas”, enumeró, entre otros defectos. Pero, además, esa libreta dice que sí voló aviones de trasporte de pasajeros.
Una de las estrategias de los acusados es decir que no estuvieron en la ESMA o en el Grupo de Tareas 3.3. La fiscal explicó por qué obviamente no estuvieron. “Hay que tener claro que estos vuelos se organizaban más allá de los campos de concentración. Que la ESMA fue el centro de exterminio por excelencia utilizado por la Armada. Que en él convergieron multiplicidad de fuerzas. Pero cuando la ESMA necesitaba de una aeronave con capacidad de transporte y lanzamiento de carga en vuelo, al igual que de pilotos especializados, hacía el pedido a la autoridades del Comando de Operaciones Navales y este al Comando de Aviación Naval. Pues –dijo– fueron las escuadrillas aeronavales quienes facilitaron las aeronaves para ese tramo final. Aeronaves y pilotos. La ESMA no contaba con una flota propia de aviones y de pilotos. Los traslados de los secuestrados del Grupo de Tareas los efectuaban miembros de la Aviación Naval y de la Prefectura, de la Armada. Por lo tanto, no reviste ninguna relevancia que el acusado diga que no estaba destinado a la ESMA, no es esta la imputación que se le atribuye, sino es haber participado en los vuelos de la muerte desde la estructura a la que pertenecía que era la que facilitaba la logística aeronaval al Grupo de Tareas 3.3.”

Finalmente, añadió la fiscal, los vínculos que los vuelos de la muerte tuvieron con las víctimas no están puestos en discusión. “Este juicio ha permitido casi, cuatro décadas después, probarlo.”

Por su rol de tripulante en los vuelos de la muerte, Poch deberá responder en calidad de coautor de privaciones ilegales de libertad, tormentos y homicidios. Las historias de las víctimas comenzarán a leerse en el alegato de la semana entrante.
Fuente:Pagina12

LA CORTE SUPREMA VOLVIÓ A NEGARLE LA PRISIÓN DOMICILIARIA A MENÉNDEZ.

La Corte Suprema volvió a negarle la prisión domiciliaria a Menéndez 
02 de Septiembre de 2015 

El multicondenado genocida deberá continuar en cárcel común luego que los jueces declararan "inadmisible" el recurso de queja contra el fallo de la Sala IV de la Cámara federal de Casación Penal.

Menéndez registra más de seis condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de 1976.

El genocida Luciano Benjamín Menéndez deberá continuar en una cárcel común luego que la Corte Suprema de Justicia rechazara un recuso presentado por la defensa del ex jefe militar, indicaron esta mañana fuentes judiciales.

Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda declararon "inadmisible" el recurso de queja contra el fallo de la Sala IV de la Cámara federal de Casación Penal que anuló una resolución del Tribunal Federal de Tucumán que había autorizado que cumpliera la condena a prisión perpetua en su domicilio.

Los jueces tucumanos condenaron al represor de 87 años y le impusieron la máxima pena prevista en el ordenamiento legal "por su responsabilidad como coautor en las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar en la que ocupó el rol de comandante del III Cuerpo del Ejército".

No obstante autorizaron a que cumpliera la pena en su domicilio, decisión que fue apelada por el fiscal que recurrió ante Casación, donde fue anulado el beneficio "por considerar que se había dispuesto dicha modalidad de cumplimiento de la pena atendiendo exclusivamente a la avanzada edad de Menéndez".

Para anular la domiciliaria, el máximo tribunal en lo penal afirmó que los magistrados locales no habían valorado "el aumento del riesgo de fuga que importaba el dictado de la pena de prisión perpetua", algo que ahora ratificó tácitamente la Corte Suprema al no admitir el tratamiento de la cuestión.

El procurador fiscal había dictaminado que "la decisión impugnada se ajustaba al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia y que de los informes médicos agregados a la causa surgía que las afecciones crónicas que aquejan al nombrado se encontraban compensadas".

Menéndez registra más de media docena de condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en el área del Comando a su cargo durante la dictadura cívico militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976, la última de ellas del mes de junio último por la muerte de tres estudiantes y militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), en 1976.

La última sentencia tiene que ver con los militantes Ana Villanueva, Carlos Oliva y Jorge Diez, que se encontraban en la intersección de Caraffa y Octavio Pinto, en Córdoba, en la mañana del 2 de junio de 1976, y al advertir la presencia policial escaparon pero a pocas cuadras fueron interceptados y trasladados a una zona descampada, donde fueron fusilados.
Fuente:ElDiario24.com

OFRECEN RECOMPENSA POR DATOS SOBRE UN REPRESOR PRÓFUGO.

Ofrecen recompensa por datos sobre un represor prófugo 
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispuso una recompensa de 500.000 pesos para quien aporte datos que permitan la captura del ex policía provincial Carlos Luis Carvallo.

Carvallo lleva nueve meses y medio prófugo de la justicia y desde hace unos días integra la nómina de represores por quienes el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ofrece recompensa para quien aporte datos que lleven a su captura.

El ex policía está imputado en el expediente que se tramita por los secuestros, vejaciones y torturas contra detenidos políticos en la Comisaría de El Brete, cometidos entre 1976 y 1977, cuando Carlos Luis Carvallo tenía 22 años.

La causa es un desprendimiento del expediente principal por delitos de la dictadura en la denominada Área Paraná.

Sobre Carvallo pesa un pedido captura dictado por el juez federal Leandro Ríos en noviembre del año pasado y se ha irradiado la orden de detención a todas las fuerzas nacionales.

Interpol emitió un alerta roja en 190 países para su localización y captura y ahora también se estableció una recompensa para aquellas personas que brinden datos útiles que lleven a ponerlo en manos de la Justicia.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia (BUSCAR), ofreció una recompensa de 500.000 pesos, por doce meses, para aquellas personas que pudieran brindar datos útiles “mediante informes, testimonios, documentación y todo otro elemento o referencia fidedigna y/o fehaciente” que sirvan para la detención.

Los datos sobre su paradero se pueden aportar al teléfono (011) 5300-4020.

La información tendrá carácter secreto y se mantendrán en reserva los datos de quien la brinde, publicó Página Digital.
Fuente:DiarioElArgentino

Represor Carlos Luis Carballo "reciclado" como periodista.
FuenteFoto:Web

LEGITIMIDAD DE LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD.

OPINION
Legitimidad de los juicios de lesa humanidad 
Por Julián Axat * 
Desde hace un tiempo vengo siguiendo los juicios por violación a los derechos humanos durante la última dictadura que se están llevando a cabo en todo el país. El año pasado fui parte querellante en el conocido Juicio a la Cacha celebrado en La Plata y en el que se encontró culpables y condenó a quince personas, entre civiles, militares y policías. Durante las audiencias siempre me llama la atención la dinámica de los abogados y sus estrategias. De hecho, me despierta mucha curiosidad el tipo de estrategias que utilizan los defensores frente a delitos de semejante gravedad. Quizás aquello que más me atrae, seguramente por mi función durante años como defensor público, sea la forma en la que mis viejos colegas asumen su rol, pero también la variada gama y los costosos abogados particulares que asumen esas defensas. Algunas de estas observaciones, me gustaría compartirlas acá.

En principio he notado que algunos defensores oficiales federales no están allí simplemente porque el caso les ha sido asignado en desgracia, sino por el contrario, pareciera que les hubiera tocado en suerte. No se me malinterprete, toda persona tiene derecho a una defensa, y sobre todo la existencia de un defensor público en caso de no tener abogado de confianza; pero de allí a compartir el imaginario del propio asistido acusado de genocidio quien suele creer que se trata de un preso político, hay una gran distancia. Una cosa es garantizar el derecho de defensa y otra la afinidad que excede lo jurídico y que se torna indisimulable. La vehemencia o la forma (muchas veces hostil) de preguntar que tienen los defensores hacia los testigos y víctimas por momentos expone empatías. También cuando los defensores adhieren –sin más– a los evidentes planteos dilatorios y chicanas de los abogados particulares. No sería nada extraño que esos esfuerzos defensivos en causas de lesa humanidad –por parte de esos mismos defensores– no se vea traducido en el mismo esfuerzo frente a gente pobre vinculada con delitos federales comunes a los que también les toca asistir. Es más, en algunos casos, ese estándar –me consta– se aprecia desigual. 

Luego aparece el tema de la proyección de conciencia. Y esto habla del lugar de la ética y el compromiso con los derechos humanos ocupa en algunos miembros de la Justicia. Aun cuando debe presumirse la absoluta inocencia de los imputados por crímenes de gentes, y aun cuando siempre deba existir un defensor que haga dignamente su tarea, la defensa oficial tiene la posibilidad de estudiar el panorama y rechazar el caso cuando tiene un dilema de objeción de conciencia. Tengo entendido que en temas de lesa humanidad son pocos los defensores oficiales que hacen uso de esta objeción, y varios que la asumen porque están en carrera o porque les resulta una defensa más, o como dije, están convencidos de su labor, lo cual es más que loable; pues si todos los defensores adoptaran una tesitura de objeción, no habría defensores oficiales y eso entorpecería la realización y la legitimdad de los juicios.

Después están los abogados particulares. Los hay de todos los colores (famosos, ignotos, desaforados, pintados). He asistido a jornadas con planteos dilatorios para desgastar a jueces, fiscales, querellas y testigos, vía reiteradas incidencias y protestos (en presencia de plena declaración de testigos). Pero también de adelantos de alegaciones (inconducentes para una etapa que nos es de alegatos), por la que se pierden horas y horas, entorpeciendo el normal desarrollo de las audiencias; haciéndolas extensas y crípticas para el público en la sala. Si bien la Cámara de Casación ha adoptado reglas específicas para este tipo de juicios, estos problemas continúan. Aunque ya pocos apelen a las viejas formulas sobre cosa juzgada, prescripción y obediencia debida, rechazadas en forma unánime por la jurisprudencia; todavía están los abogados (recuerdo al letrado de Etchecolatz) que insisten en introducirlas como pretendido “juicio de ruptura” y tratan a los tribunales de fachada de la venganza.

He notado que la mayoría de los abogados prefieren hacer hincapié en la no participación de sus asistidos en los hechos que se imputan, buscando generar contradicciones o dudas entre los testigos, y en descalificar la prueba documental introducida por lectura para dejar la duda, antes que meterse en una discusión ideológica jurídica sobre un escenario de guerra y demás argumentos basados en la perimida teoría de los dos demonios. La utilización de las modernas tesis de autoría mediata o de infracción del deber, para fundar las autorías de los responsables del secuestro, tortura y desaparición de personas, son parte de la gran cantidad de las sentencias recaídas en estos últimos años. Por lo que los abogados de personas imputadas de delitos de lesa humanidad suelen estar versados en esas parafernalias teóricas y discutan su aplicación. De allí que en función de esas teorías, muchos busquen la forma de demostrar que si sus asistidos tenían funciones operativas en aquel entonces (si es que existen legajos que den cuenta de ello), los mismos no estaban asignados a las áreas que se juzgan, por lo que no tenían que cumplir ningún deber, etc. O bien porque su posición en la estructura de mandos y subalternidad no tenía dominio alguno sobre los hechos juzgados.

Claro que no hay recetas y dado que el principio de la duda es un vector hermenéutico constitucional, en el fondo, los juicios se desarrollan con normalidad pero con tensiones que generan incertidumbres de todo tipo. Aun cuando las defensas de las personas acusadas sean rupturistas, burocráticas, activistas, moderadas, chicaneras o sutiles, no dejan de ser algo muy importante para la legitimidad de los juicios en marcha. Sin defensa en juicio en delitos de lesa humanidad no habría juicios ejemplares, ni condenas ejemplares. No habría memoria, verdad y justicia. El cumplimiento estricto del debido proceso durante estos procesos es la clave para entender el tipo de respuesta que el Estado de Derecho les brinda a aquellos que, en otro contexto, no dieron el mismo trato y violaron todos los derechos y garantías de las personas. Por eso los juicios son ejemplares. Por eso el respeto irrestricto del derecho de defensa de los acusados resulta fundamental como marco de legitimidad de los juicios. Las absoluciones recaídas en varios casos, muestra que la defensa en juicio tiene también sus resultados satisfactorios según las estrategias de los letrados.

Alguna vez se le preguntó a Jacques Vergés, el llamado “abogado del diablo”, por qué había defendido a Claus Barbie. Para Vergés, la defensa era sólo un medio para demostrar el doble estándar francés: al mismo tiempo que aniquilaba militantes argelinos se encargaba de detener a nazis como Barbie, acusándolos de los mismos métodos criminales que el gobierno francés practicaba en Argelia (entre ellos la desaparición de personas). Más allá de lo forzado de la idea, Vergés, a la larga, tenía su objetivo: liberar a los débiles mostrando las contradicciones del sistema. No tengo que explicar demasiado para demostrar que los abogados del diablo de nuestro país están lejos de Vergés; ¿o acaso no son su farsa? Aun siendo así y más allá de las formas de defender, nuestros padres no tuvieron la posibilidad de defensa. Por eso, muchas veces pienso que quizá quise ser abogado por esa ausencia, por ese vacío del terror, por ese intento imaginario de viajar al pasado a defender lo que entonces estaba obturado y ahora no. Por eso creemos en la democracia y en las garantías de los acusados, por la imposibilidad de esa defensa que nos habría permitido (al menos en la posibilidad de un sueño) de rescatar a nuestros padres. Con todas las variantes en la que se presentan esos defensores, en el respeto irrestricto al derecho de defensa nos diferenciamos con aquello que se juzga.
* Ex defensor oficial. Coordinador Programa Acceso Justicia de la PGN.
Fuente:Pagina12

NEUQUÉN: EL JUICIO ESCUELITA IV COMENZARÁ EL 9 DE SEPTIEMBRE.

03-09-2015
Neuquén 
Escuelita IV: el juicio es el 9 de diciembre 
El cuarto juicio contra represores de la región ventilará los casos de 28 víctimas, de las cuales 14 están desaparecidas.

El 9 de diciembre se iniciará el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura militar.

Así lo confirmó el Tribunal Oral Federal de Neuquén que quedó integrado por Guido Otranto (juez federal de Esquel), Marcos Aguerridos (juez federal de Santa Rosa) y Alejandro Silva (juez de Cámara de General Roca).

En tanto, el fiscal para el juicio será Walter Romero, designado en junio pasado. La causa, que se elevó a juicio en 2012, tendrá 24 imputados entre los que se encuentran ex integrantes de las fuerzas del Ejército, Policía Federal, Policía de Neuquén y Río Negro y de Gendarmería, contra 28 víctimas, de las cuales la mitad permanecen desaparecidas. 

Entre los acusados se encuentran Emilio Rozar, Néstor Castelli, Miguel Cancrini, José Luera, Hilarión Pas Sosa, Enrique Olea, Gustavo Vitón, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín, Jorge Di Pasquale, Raúl Guglielminetti, Antonio Camarelli, Miguel Quiñones, Gerónimo Huircain, Julio Villalobo, Saturnino Martínez y Osvaldo Laurella Crippa.

Será el primer proceso judicial en el que se acusará a Luis Farías Barrera, ex jefe de Personal del Comando de la Sexta Brigada, y a Oscar Lorenzo Reinhold, ex jefe de Inteligencia del Comando, por el asesinato de detenidos-desaparecidos.

La semana pasada organismos de derechos humanos habían presentado un pedido al tribunal de fijación de fecha de las audiencias.

Desaparecidos
En las audiencias de este cuarto juicio que se iniciará el 9 de diciembre se ventilará la desaparición de Felipe Lara, Horacio Girardello, Rodolfo Marinoni, Jorge Domínguez, Manuel Jesús González, Orlando Cancio, Celestino Aigo, José Francisco Pichulman, Javier Seminario, Miguel Ángel Pincheira, José Delineo Méndez, Juan Mateo Nieto, Carlos Magariños y Leticia Veraldi.
Fuente:LmNeuquen

ESTOS SON LOS PADRES DE LOS NIETOS QUE FALTAN ENCONTRAR.

DDHH 
Estos son los padres de los nietos que faltan encontrar 
Con la aparición de la nieta 117 se abrió la esperanza al hallazgo de otros hijos de desaparecidos.
Conoce las historias.
Por: Emilia Agüero

“El país está de fiesta, hemos encontrado a la nieta 117, pero aún faltan muchos más”, fueron la palabras de María Domínguez, presidenta de Madres de Plaza de Mayo de Mendoza y abuela de la mujer hallada el lunes. La noticia que emocionó a los mendocinos y al país dejó la puerta abierta para recordar a los hijos nacidos en cautiverio en la provincia y la historia de sus padres.

Estas son algunas de las parejas mendocinas que, se presume, fueron padres mientras permanecieron privadas de su libertad, bajo el mandato de la última dictadura militar, transitada en Argentina en 1976.

​Mendoza no fue una provincia ajena a los hechos aberrantes que sucedieron en el último régimen militar que se apoderó de un país entero, a través de secuestros y violaciones de los derechos humanos. Esos secuestrados cuyo paradero se desconoce tienen nombre y apellido:

-Adriana Irene Bonoldi y Marcelo Guillermo Carrera son una de las parejas que fueron víctimas del abuso de poder. Ella fue desparecida cuando tenía 23 años, abocada a la docencia, era maestra de Música en la escuela Mayorga, de Luján de Cuyo. Militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) cuando fue secuestrada por los integrantes del Proceso de Reorganización Nacional el 1 de diciembre de 1976. La militante estaba embarazada de dos meses, según los testigos protegidos, se supo que dio a luz en la Maternidad Federico Moreno, de Mendoza, en junio de 1977.

Mientras que su pareja, Marcelo Guillermo Carrera, también formaba parte del PRT-ERP, por lo que fue privado de su libertad en 1976, con 22 años. El joven trabajaba en YPF cuando un grupo comando ingresó a su domicilio, ubicado en Godoy Cruz, el 24 de noviembre. Nunca se supo nada de la pareja, que luchaba por un régimen menos represivo y más democrático. Aún no se conoce el paradero del bebé que engendró con Adriana, el que actualmente, en caso de permanecer con vida, tiene 37 años.

-María Inés Correa Llano fue una trabajadora del Hospital Central, de Ciudad, maestra e instrumentista, también realizaba trabajo social en el barrio San Martín. Tenía 26 años cuando fue tomada en cautiverio. Su esposo, Carlos Ángel Jakowczyk, fue secuestrado con 32 años. El hombre era electricista y hacía trabajo social en el mismo lugar que Inés. Ambos fueron tomados por los militares el 16 de setiembre de 1976, en su domicilio de La Puntilla, Luján de Cuyo. En ese momento, Inés tenía entre cinco y siete meses de embarazo, por lo que, según los cálculos, el niño en camino nació entre diciembre de 1976 y febrero de 1977. Aún no se tienen pistas del lugar en el que podría encontrarse.

-María del Carmen Moyano fue una trabajadora social en la ex Colonia de 20 de Junio y en el barrio San Martín. Fue desaparecida cuando tenía 23 años. La mujer militaba en Montoneros. Carlos Poblete (33), su pareja y con quien esperaba un hijo, militaba en la misma agrupación que María, fue ingeniero y docente.

La pareja fue secuestrada entre abril y mayo de 1977 en la ciudad de Córdoba. La joven estaba embarazada de ocho meses cuando, según testimonios de sobrevivientes, se supo que ambos estuvieron en el Centro Clandestino de Detención La Perla, de Córdoba, y que más tarde fueron trasladados a la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). Fue en ese lugar, cuando en junio de 1977, María del Carmen fue mamá de una niña. El parto fue atendido por el médico militar del Hospital Naval Jorge Magnacco.

-Lucía Ángela Nadin (29) fue una militante en Montoneros. Se desempeñaba como traductora de latín y de francés al momento de su desaparición. Su compañero y pareja, Aldo Hugo Quevedo, tenía 35 cuando no se supo más de él. Su trabajo estaba abocado a una imprenta en San José, Guaymallén. Al igual que su esposa, militaba en Montoneros.

La joven pareja tuvo que escapar, cuando el lugar de trabajo de Aldo fue allanado. Pero, la suerte no los acompañó, ambos fueron secuestrados en ese departamento por efectivos de la Armada en octubre de 1977. Ella estaba embarazada de entre dos y tres meses. Por testimonios de sobrevivientes, se sabe que los jóvenes estuvieron en los Centros Clandestinos de Detención (CCD) El Atlético y El Banco. Según afirmaron los testigos, Lucía fue retirada de esa zona para dar a luz entre marzo y abril de 1978.

-Por último, Olga Inés Roncelli, quien era profesora de Matemáticas, Física y Cosmografía. Trabajaba como docente y colaboradora con el padre Llorens en la construcción de viviendas en el barrio San Martín. La mujer militaba en la Organización Comunista Poder Obrero en el cuando fue privada de su libertad.

Con 28 años, Olga fue tomada por su captores el 13 de setiembre de 1977, mientras se encontraba dando clases en la Escuela de Magisterio. Al momento de su desaparición estaba embarazada, se estima que de dos meses. Del bebé sólo se sabe que debe haber nacido a mediados de 1978.
Fuente:ElSolQuilmes

PÉREZ CELEBRÓ CON MARÍA DOMÍNGUEZ LA RECUPERACIÓN DE SU NIETA.

Miércoles, 02 de septiembre de 2015
Pérez celebró con María Domínguez la recuperación de su nieta

En la tarde del martes, el gobernador Francisco Pérez recibió en su despacho a la titular de Madres de Plaza de Mayo en Mendoza, María Domínguez, tras la recuperación de su nieta, hija de Walter Hernán Domínguez y Gladys Cristina Castro, matrimonio mendocino secuestrado y desaparecido a fines de 1977.

En el encuentro, de gran emotividad, la abuela de la nieta recuperada 117 contó al mandatario los largos años de búsqueda así como compartió la alegría de su familia al conocer la noticia.

“Estamos muy felices por María, su familia y por la esperanza que encarna la recuperación de su nieta.

Esperanza para todo un país y, en especial, para esta Provincia, luego de la larga lucha que han llevado adelante Madres de Plaza de Mayo y el ejemplo que ello significa en nuestras vidas”, dijo Francisco Pérez.

Pérez recibió a María Domínguez acompañado por los ministros Rodolfo Lafalla, de Gobierno; Cristian Bassin, de Desarrollo Social; y Guillermo Elizalde, de Tierras y Ambiente.

También participaron del encuentro Daniel Tagarelli, subscretario de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia y el juez de la Suprema Corte de Justicia, Omar Palermo.

En el despacho del mandatario, repasaron los momentos más importantes de la historia, además del trabajo que las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo llevan adelante en todo el país.
Fuente:DiarioUnoMdza.

HACE DOCE AÑOS SE ANULABAN LAS LEYES DEL PERDÓN.

Miércoles 02 de Septiembre 2015 
Hace doce años se anulaban las “leyes del perdón” 
El 2 de septiembre de 2003 el Poder Ejecutivo, a cargo del entonces presidente Néstor Kirchner, promulgó la ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que hasta ese momento impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados.

A doce años de ese hecho, se desarrollan en el país 13 juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar y están previstos que comiencen otros dos procesos antes de fin de año en Catamarca y Salta.

Los juicios se realizan en Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Rioja y Salta, en las ciudades de Bahía Blanca, Mar del Plata y La Plata, y la localidad bonaerense de San Martín.

La decisión de anular las llamadas «leyes del perdón» o «leyes de la impunidad» fue una de las primeras políticas sobre la necesidad de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por el entonces presidente Néstor Kirchner.

La Ley de Punto Final (23.492) fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el entonces presidente Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura.

A doce años de ese hecho, se desarrollan en el país 13 juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar.

La Ley de Obediencia Debida (23.521) también fue dictada por Alfonsín el 4 de junio de 1987, y estableció una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba en contrario) respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada «obediencia debida», un concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes de sus superiores.

En 2003, la entonces diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para anular estas leyes. El 12 de agosto de 2003, la Cámara de Diputados, luego de un largo debate, aprobaba la ley por la que se declaran «insanablemente nulas» estas leyes.

El proyecto se convirtió en ley en el Senado el 20 de agosto de 2003 y de esta forma se anularon las «leyes del perdón y de la impunidad», norma que fue promulgada por Kirchner el 2 de septiembre de 2003.

Dos años después, el 14 de junio de 2005, en una decisión histórica, la Corte Suprema declaró inconstitucionales estas leyes, lo que permitió que cientos de represores, civiles y militares, cuyos enjuiciamientos se interrumpieron en 1986, sean juzgados.
Fuente:LaMañanaCdba.

CORRIENTES - DIFUSIÓN.

CELINA ENRIQUE DE VARELA
Q.E.P.D.
  La Asociación MEDEHS (Memoria Derechos Humanos y Solidaridad) de Goya comunica por este medio el fallecimiento, a los 99 años, de la madre de nuestra compañera Griselda Varela.
 Acompañamos en su dolor a todos sus familiares y rendimos homenaje a esta luchadora incansable que formó parte de la primera Comisión de Familiares de detenidos y desaparecidos de Goya, cuando su hija y su yerno estaban encarcelados durante la Dictadura asumiendo la crianza de su nieto. Su presencia menuda e inquieta nos animaba a todos.
 Por eso decimos bien fuerte:
¡COMPAÑERA CELINA, PRESENTE. AHORA Y SIEMPRE!
Goya, Corrientes, 03 de setiembre de 2015

El velatorio se realiza en Previsora del Paraná y el sepelio a las 15 hs en el cementerio de Colonia Carolina 

Envío:MEDEHsGoya

ROSARIO - CULTURA.

Tenemos el agrado de invitarlos a las siguientes funciones en nuestro Teatro Vigil. 
Recuerden retirar las entradas en la semana en Gaboto 450, de lunes a viernes de 14 a 20 h.

Sábado 5/9 - 20.30 h San Martín Vuelve. La obra de los Hermanos Arana desembarca en Vigil. En Teatro Vigil: Alem 3086 / Gratis. 

Sábado 12/9 - 20.30 h 
 La actriz y comediante local Gachy Roldán nos trae todo su humor en su show Siempre Gachy. En Teatro Vigil: Alem 3086 / Gratis. 

Sábado 19/9 - 20.30 h
 Teatro del Bardo presenta Irene la Marca del Amor, melodrama radial en un acto. Actúa : Daniela Osella | Dirige : Folini Valeria | Dramaturgia:   Folini / Osella. En Teatro Vigil: Alem 3086 / Gratis. 

Sábado 26/9 - 20.30 h 
 Cia. de Vecinos Actores La Sudestada, presentan la comedia La Enferma Imaginaria. En Teatro Vigil: Alem 3086 / Gratis. 

Domingo 27/9 - 19.30 h 
 Gol de Oro (todo o nada), obra de la Comedia Municipal Norberto Campos. Autor Miguel Franchi. En Teatro Vigil: Alem 3086 / Gratis. 

Sábado 3/10 - 20.30 h 
 La terrible Opresión de los Gestos Magnánimos. Comedia dramática que aborda las formas encubiertas del machismo y las violencias de género en nuestra sociedad. En Teatro Vigil: Alem 3086 / Gratis.

Los saludamos afectuosamente y esperamos verlos por nuestro teatro.


ROSARIO - DIFUSIÓN.

Estimados lamentamos informarles que se suspendieron las actividades. Osvaldo no puede venir. Falleció su esposa en Alemania tiene que viajar.-

Saludos.-.

 
DR.ANIBAL I. FACCENDINI
DIRECTOR
CATEDRA DEL AGUA (F.C.P. RR.II.) UNR
catedradelagua@yahoo.com.ar

2 de septiembre de 2015

RÍO NEGRO: MUESTRA FOTOGRÁFICA.

Exponen obra fotográfica sobre juicios a genocidas llevados a cabo en Bahía Blanca 
Martes 01/09/2015

Se expondrá durante un mes en la Legislatura de Río Negro la muestra “Del Juicio y Castigo a la Sentencia. (De la primera y segunda causa de los juicios a los genocidas llevados a cabo en Bahía Blanca durante el 2011 al 2013)”.

La muestra del fotógrafo Luis Ángel Salomón incluye 50 obras y se presentará el jueves 3 de septiembre, a las 19, en la biblioteca de la Legislatura de Río Negro.

Durante la presentación Salomón contará el proceso de las imágenes y los momentos en que fue tomada cada foto. A continuación se proyectará el documental de Rodrigo Caprotti “La Escuelita. Historia del terrorismo de estado en Bahía Blanca”, coordinado por la Asociación Ex Presos Políticos

R.N. Durante los días siguientes integrantes de la Asociación estarán en la biblioteca coordinando la visita de grupos de estudiantes de 4º y 5º año que recorrerán la muestra.
Fuente:LegDelPueblodelaPcia.deRN

RECUPERACIÓN DE LA NIETA 117.

Miércoles, 02 de septiembre de 2015
La abuela materna de la nieta restituida dice que la espera con los brazos abiertos
Con 81 años, Angelina Catterino de Castro no pudo conocer a su nieta desaparecida y recuperada cuando viajó a Buenos Aires el lunes al anuncio.

Angelina, con una foto de Gladys en sus manos.Angelina, con una foto de Gladys en sus manos. 
Por Alejandro Gamero 
gamero.alejandro@diariouno.net.ar
“Nos hemos perdido media vida las dos. Yo tengo 81 años y vos 37. Tengo muchos deseos de conocerte, de saber si estás casada, si tenés hijos. Acá te estamos esperando con los brazos abiertos”.

Entera y fuerte como un roble, Angelina Catterino de Castro le habló así a su nieta, en diálogo con Diario UNO. No la conoce ni sabe cómo se llama, luego de que el lunes, Abuelas de Plaza de Mayo anunciara la recuperación del nieto Nº117, una mendocina desaparecida en la última dictadura cuando aún se gestaba en el vientre materno.

A pesar de que Angelita –como todos le dicen– viajó a Buenos Aires con gran expectativa junto con su consuegra, María de Domínguez, abuela paterna de la nieta restituida y titular de Madres de Plaza de Mayo Mendoza, finalmente no pudo verla.

“El jueves pasado me llamó María y de la nada me enteré. Para mí era algo que estaba casi cerrado, me había hecho a la idea de que nunca la encontraríamos. Lloré como loca. Mi nieto Luciano creyó que se había muerto alguien hasta que pude decirle: ‘Apareció la hija de la Gladys’”.

Angelita no cae aún con la noticia: “No puedo creerlo y hasta que no la vea personalmente no lo voy creer”.

En el centro de un mueble del living, en su casa de Dorrego, Guaymallén, está la vieja foto de la joven Gladys Castro, su hija desaparecida.

Con 24 años fue secuestrada junto con su marido, Walter Domínguez, en la casa que alquilaban en Godoy Cruz.

“Ella fue una excelente estudiante en el Colegio Universitario Central, abanderada y con 10 en casi todas las notas. Tan inteligentes los dos y cómo se los sacaron de encima, les arruinaron la vida estos militares”.

Gladys era la mayor de seis hermanos de la familia Castro y esa gran familia fue uno de los motivos que dejó a Angelina sin opción de elegir entre la lucha y seguir adelante.

No duda en admitir y reconocer con justicia que el mayor esfuerzo lo hizo su consuegra: “Se hizo tanto para llegar a esto, pero la María, ella ha luchado mucho más que yo. No paró nunca. Yo en esa época tenía 6 hijos y los dos más chicos gemelos y me tenía que ocupar de los niños”.

Gladys y Walter se casaron jóvenes, pero se conocían desde los 15 años porque, por esas cosas del destino, la vida de los Castro y los Domínguez estuvieron cruzadas desde siempre.

“Nos conocíamos del barrio. Una tía de los Domínguez era vecina nuestra en Dorrego. Don Osiris (padre de Walter) y la María venían con los hijos a visitarla y nos encontrábamos, los hijos de ellos y los nuestros se juntaban”, recuerda Angelita.

Además, don Osiris Domínguez, fabricante de cuchillos y don José Fermín Castro (papá de Gladys), maestro mayor de obras, terminaron sin quererlo, estudiando juntos en el nocturno, ya casados, porque en el día trabajaban.

De la militancia política de su hija y su yerno en el Partido Comunista Marxista Leninista, doña Angelina afirma que no sabía nada.

“Mi hija no me comentó nunca nada de eso y acá en mi familia no teníamos costumbre de estar en política. Yo creo que ella lo adquirió por Walter y por cómo pensaba don Osiris, mi consuegro. Ella era una persona apasionada y también muy reservada”.

Angelita atraviesa los recuerdos, lo que fue, lo que pudo ser y no fue. Muestra fotos de su hija cumpliendo 15, cuenta que tiene 17 nietos y 5 bisnietos, repasa con tranquilidad los momentos más duros: no hay rencor en ella, hay espera, la espera firme de quien no ha perdido la esperanza.

►Dictadura. El 7 de diciembre de 1977, Walter Domínguez (22) y su esposa, Gladys Castro(24)y embarazada de seis mese fueron secuestrados por los militares.

►37 años. El lunes pasado, Abuelas de Plaza de Mayo logró a través de un examen de ADN identificar a una mujer como la hija que Gladys Castro gestaba cuando fue secuestrada.
Fuente:DiarioUnoMdza.


Martes, 1 de septiembre de 2015 
María Domínguez: "Espero abrazar pronto a mi nieta, pero sé que debo tener paciencia"

La titular de Madres en Mendoza estuvo esta mañana en Tribunales Federales.
La recuperación de su nieta se anunció ayer. imagen María con otras abuelas en Tribunales Federales de Mendoza 
La titular de Madres de Plaza de Mayo de Mendoza, María Assof de Domínguez, quien recientemente recuperó a su nieta apropiada por la dictadura cívico militar, reconoció hoy que deberá "tener paciencia para abrazarla" porque "no se puede apurar el proceso" que la acerque a su familia biológica tras conocer su verdadera identidad.

“Espero que se cumpla mi sueño de conocerla pronto, ya que la vida nos va a cambiar a todos. Queremos que nos conozca, si le caemos bien, ella sabrá. Ella es una partecita de nuestros hijos. Pero hasta ahora no sabemos nada: ni dónde vive ni cómo es físicamente ”, dijo Domínguez, quien esta mañana estuvo en Tribunales Federales de Mendoza junto a otras madres, abuelas y hermanos de nietos apropiados.

María y Angelina de Castro, la mamá de su nuera Gladys, llegaron esta mañana a Mendoza luego de haber estado en Buenos Aires junto a Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, durante el anuncio de la recuperación de la nieta 117.

Hoy estuvieron en la explanada de Tribunales Federales para celebrar la noticia junto a referentes de organismos de Derechos Humanos.

Domínguez es madre de Walter Hernán, militante del Partido Comunista Marxista Leninista, quien junto a su esposa Gladys Cristina Castro, embarazada de seis meses, fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1977.

"Estamos muy emocionados y sorprendidos porque todo se dio de golpe", dijo al relatar que después de 37 años de búsqueda, el pasado jueves recibió el llamado de Estela de Carlotto para darle la noticia de la restitución de identidad de su nieta.

“Atiendo y era Estela. Me dio la noticia y me pregunta: ¿María estás bien? Le dije que sí, y me volvió a decir: Te hablo porque hemos encontrado a tu nieta. Es una nena, nosotros siempre pensamos que era un varón”, contó Domínguez.

En diálogo con radio América explicó que el conocimiento de la verdadera identidad "es una situación muy complicada" y que por ello deberá tener "paciencia" y esperar el momento del encuentro familiar.

Antes, por FM Vorterix, relató que desde "el primer día" del secuestro comenzó la búsqueda de su hijo y su nuera, primero en la ciudad de Godoy Cruz y luego en Buenos Aires, pero los resultados siempre fueron negativos.

"Desde ese día que presentamos hábeas corpus empezó la lucha, pero nunca supimos dónde estuvieron, aunque en Mendoza hubo varios centros clandestinos de detención durante la dictadura", afirmó Domínguez.

Ayer, las Abuelas de Plaza de Mayo dieron a conocer la noticia del hallazgo de la nieta 117 y precisaron que en julio pasado la joven de 37 años se realizó el estudio de ADN en forma voluntaria, a instancias de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), y que el jueves los análisis genéticos confirmaron su identidad.

Domínguez indicó que seguirá marchando los jueves “hasta el día que se muera”.

Por su parte, Angelina de Castro, la mamá de la nuera de María Domínguez, sostuvo: “He tomado esto con mucha alegría, emocionada, he llorado como loca. Esto que ha pasado, a esta altura, es un milagro. Tengo una ansiedad por saber a quién se parece, mirarle todos los rasgos a ver si se parece a las abuelas por parte del padre o de la madre”. En este sentido, María agregó: “La mamá (por su nuera) era hermosa, muy sociable y alegre”.

Fuente:LosAndes

SALTA: COBOS RELATÓ LOS TORMENTOS A LOS QUE FUE SOMETIDO EN 1977.

SALTA 
Lesa humanidad: Cobos relató los tormentos a los que fue sometido en 1977
El ex detenido político contó que 'en una de las sesiones (de tortura) yo les pedí que me mataran porque no aguantaba más”
martes, 01 de septiembre de 2015

Lesa humanidad: Cobos relató los tormentos a los que fue sometido en 1977 Lesa humanidad

SALTA.- El ex detenido político Víctor Manuel Cobos relató los tormentos a los que fue sometido entre enero y abril de 1977 por parte de efectivos de la Comisaría Cuarta en los años de la última dictadura.

Su declaración fue en el marco del inicio formal del juicio oral y público, el octavo por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en la provincia, al empresario del transporte Marcos Levín y la rama hotelera.

Cobos comentó que en una ocasión en que verificaba el acatamiento a una medida de fuerza fue seguido por ocupantes de un automóvil que "acribillaron a tiros” su auto. En otro paro, "el señor Levín ordenó a la Policía que nos llevaran detenidos” y llevó gente del Ejército para que condujeran los colectivos.

Relató que otra vez fue detenido por el policía Víctor Hugo Bocos, que es juzgado en este proceso, y lo llevaron al galpón de la transportista, donde lo golpearon en presencia del empresario; entonces Bocos lo amenazó: le dijo que la próxima "iba a ir más allá”.

Agregó que finalmente el 22 de enero de 1977 fue detenido por Bocos, otro policía de apellido Figueroa y Enrique Cardozo, otro juzgado en este juicio. En un automóvil Ford Falcon celeste, que pertenecía a la empresa, fue llevado a la Comisaría 4°, donde lo torturaron durante 3 días para que firmara una declaración asumiendo responsabilidad en una supuesta estafa.

Cobos, que durante todo su testimonio se mostró firme, se quebró en el momento de narrar la tortura: "no la puedo describir”, se excusó

 "Lloraba de impotencia (…) En una de las sesiones (de tortura) yo les pedí que me mataran porque no aguantaba más”, contó. En tanto otra trabajadora,, Sonia Rey, recordó como un elemento más de la tortura la radio encendida a todo volumen y una moto sin escape que también se encendía para tapar los gritos de los torturados.

Cuando no estaba en la sala de tormentos, escuchar que se encendían la radio y la moto era el aviso de que iban a torturar a alguien, a alguno de los compañeros detenidos. "¿Qué sentía en esos momentos’”, quiso saber el abogado querellante Oscar Rodríguez:

"Lástima por los compañeros torturados, bronca por los torturadores e impotencia por no poder hacer nada”, respondió. Entre lágrimas, Rey dijo que aquella música la persigue aún hoy. Esos 3 días Cobos los pasó en una celda sucia, sin posibilidad de higienizarse, sin baño y sin comida.

Al cabo, con una pistola en la espalda y en presencia del juez Jorge Trincavelli (fallecido) firmó la declaración y recomendó a sus compañeros hacer lo mismo, convencido de que de lo contrario los matarían.

En esas circunstancias el traslado a la cárcel de Villa Las Rosas "fue como una liberación”, aunque ahí también recibió maltratos. En abril, tras ser liberado, Cobos fue exonerado de La Veloz y tuvo que exiliarse. Y aunque algunos de los otros detenidos mantuvieron su puesto de trabajo, los reclamos gremiales fueron desarticulados.

Los hechos que se investigan en este proceso se cometieron en 1977. Veinticuatro trabajadores de la empresa La Veloz del Norte fueron acusados por Levín de una supuesta estafa, 21 fueron detenidos y al menos 15 fueron torturados y se los obligó a firmar "confesiones”; entre ellos estaba Cobos, que era delegado gremial e integraba la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), un gremio que venía enfrentado con el peronismo ortodoxo y la burocracia sindical desde los tiempos del gobierno de Miguel Ragone, intervenido en noviembre de 1974.
Fuente:ElIntransigente

LOS SANTACRUCEÑOS DESAPARECIDOS.

1 de septiembre de 2015 
Los santacruceños desaparecidos

​Un blog comenzó a reunir información sobre los santacruceños desaparecidos en la última dictadura militar. Su creador es un joven periodista que estudia comunicación social, quien dice haber encontrado información sobre 15 secuestros, algunos ocurridos dentro de la provincia.

Un blog intenta construir la historia de los santacruceños que mas sufrieron la última dictadura militar: los desaparecidos.

En total serían unas 15 personas originarias de esta provincia, las que resultaron desaparecidas por el obrar de las fuerzas del gobierno militar, según lleva contadas Ricardo Villagra, un joven periodista rioagalleguense que cursa la carrera de comunicación social en la provincia de Tucumán.

“Quería buscar información sobre lo que había pasado con los desaparecidos. Empecé a buscar en sitio de Derechos Humanos y había un solo desaparecido, que es Ricardo Cittadini, de Gobernador Gregores, desaparecido en La Plata en 1976”, contó Villagra sobre el primer paso que despertó la curiosidad por buscar datos de los santacruceños secuestrados y muertos por la dictadura.

La recopilación de datos lo llevó a publicar 12 nombres en un blog. 10 identidades van acompañadas de fotografías del rostro de los desaparecidos. De dos jóvenes no hay muchos datos, y ni siquiera una fotografía.

“Es una investigación que lleva mucho tiempo y muchos kilómetros, mi idea es hacerla el año que viene”, explicó, sobre la idea de profundizar en la historia de cada una de las personas.

En el blog se dan a conocer dos mujeres desaparecidas. Margarita Delgado, es una de ellas. Está identificada como una militante montonera, junto a su esposo chubutense Horacio Bau. La joven era oriunda de la localidad de Las Heras, pero en documentos fue asentada como dela provincia de Chubut. Ambos fueron desaparecidos en la zona de La Plata, en 1977.

La pareja tenía dos pequeños hijos que a la vuelta de la democracia habrían sido restituidos a sus abuelos. “Cuando fue el juicio a Miguel Echecolatz, entre esos casos se encuentra el de Margarita Delgado, es decir que se hizo un juicio por una santacruceña desaparecida, muchos ni nos enteramos”, comentó Villagra cuando habló con el programa radial Turno Mañana de FM Dimensión de El Calafate.

La mayoría de los casos corresponde a las características de santacruceños que estaban residiendo temporalmente en lugares como provincia de Buenos Aires.

El estudiante de Comunicación Social recordó que su inquietud por el tema nació con la falta de información sobre los hechos ocurridos en Río Gallegos durante la dictadura. Detalló que en poca de colegio secundario sus profesores de historia no sabían contestar con certeza sobre las desapariciones en la capital provincial.

“Di con tres desaparecidos en Río Gallegos, de los cuales no se supo absolutamente nada. Balnes Carlos Daniel es secuestrado en Río Gallegos y no se supo mas nada, la familia tampoco estuvo siguiendo la causa, no hay ni siquiera una foto de este muchacho”, comentó Ricardo Villagra.

Explicó que en la misma situación quedó Enrique Valdivia, también secuestrado en esa ciudad. Sobre ambos casos, Villagra dice que no quedaron rastros de sendas familias, quedando un trabajo pendiente de investigación.

Parecido es lo del español Pedro Serrano Llorente, quien vivía en Chubut pero que se había radicado en la capital santacruceña, por motivos supuestamente laborales Villagra también contó que al ir conociendo los datos de los desaparecidos santacruceños, le llamó la atención la edad de ellos. “Era gente como yo”, dijo el joven de 24 años.

En las averiguaciones, Villagra va descubriendo diferentes historias totalmente desconocidas, como lo era la de “Puño” Montoya, antes que se conociera que era el padre del nieto de Estela Carlotto.

“En ese momento no encontré nada de información sobre él, y hoy en día encontrás cientos de página (de Internet)”, agregó. En la misma entrevista radial explicó que al reunir información sintió la necesidad de unificarla y publicarla, por ejemplo en un blog al que llamó: desaparecidossantacruz.blogspot.com.ar, donde también están los contactos para aquella persona que pueda aportar datos de interés sobre esas u otras desapariciones vinculadas a Santa Cruz.
Fuente:AhoraCalafate

MASACRE DE NAPALPI: UNA ANTROPÓLOGA APORTÓ NUEVAS PRUEBAS.

Buscan que sea juzgada como delito de lesa 
Una antropóloga aportó nuevas pruebas por la Masacre de Napalpí 
01/09/2015 
La antropóloga Lena Dávila, becaria del Conicet, sumó elementos que demuestran la existencia de la matanza que tuvo lugar en 1924 y dan cuenta de la represión que se extendió en el tiempo. Entre ellos, se encuentran fotos previas al ataque y un intercambio de cartas entre un antropólogo alemán y el director de la reducción indígena.

Una antropóloga aportó nuevas pruebas por la Masacre de Napalpí (Fuente: Tiempo Argentino)
La antropóloga e investigadora del Conicet, Lena Dávila, dio testimonio de su trabajo en la Fiscalía Federal de Resistencia, donde el fiscal Diego Vigay, junto con los fiscales federales Federico Carniel y Patricio Sabadini, comenzó una investigación de oficio sobre la masacre de más de 400 integrantes de las etnias moqoit, qom y vilela, con la recopilación de documentos, que esperan termine en el requerimiento de instrucción para que se pueda alcanzar un juicio por la verdad.

Entre los nuevos elementos incorporados, figura una foto que muestra una avioneta de fondo y, delante, a una gran cantidad de hombres con sombrero, armas y pistolas. Entre ellos, está Robert Lehmann-Nitsche, un antropólogo y médico alemán que estuvo en la Argentina, entre 1887 y 1930.

“Encontré imágenes, una fotografía delante del avión, que es el avión que se usó para reconocer el campamento indígena”, contó a Infojus Noticias Lena Dávila, la antropóloga argentina –becaria doctoral del Conicet– que rescató esos documentos del Instituto Ibero-Americano de Berlín.

“Al dorso de esta foto está escrito en alemán ‘Avión contra el levantamiento de indios de Napalpí’”, compartió Dávila y explicó que esa foto zanjó un debate académico respecto a si el antropólogo alemán estaba en conocimiento de lo ocurrido en Napalpí.

“Era sabido que él había estado en el mismo mes que sucedió la masacre, en julio de 1924”, agregó. Además de las fotos, Dávila incluyó en su investigación el envío de cartas entre el antropólogo alemán Lehmann-Nitsche y Enrique Lynch Arribálzaga, un antropólogo argentino que fue director de la reducción Napalpí.

El intercambio epistolar, que mantuvieron desde 1912, “deja en evidencia que sabía (Lehmann-Nitsche) lo que estaba pasando, aunque no hubiera visto el hecho en sí mismo”, contó Dávila y agregó que, por ejemplo, Lynch le decía en una de ellas la frase “la violencia de lo que usted fue testigo”.

Pero, además, “queda en evidencia que la represión en la zona continuó porque le cuenta que a la gente la habían ido a buscar a la casa y la asesinaban”, explicó la antropóloga. El intercambio de cartas posterior a la masacre revela que la represión a los indígenas se extendió, por lo menos, entre los meses de septiembre, octubre y noviembre.

En una de esas misivas, le advierten al antropólogo alemán: “Para que estén prevenidos, por si llegan a molestarlos, interrogándolos por intermedio de esa policía, en cuyo caso creo que Uds. deben ser lo más parcos de palabras que puedan y, sobre todo, procuren evitar el dar el nombre de ningún residente en el territorio que haya colaborado en la pesquisa, para no exponerlo a persecuciones. Por fortuna Uds. se hallan lejos, repito”.

Esta prevención sería puesta en evidencia en una carta del antropólogo alemán al propio gobernador de Chaco –por aquellos años, Fernando Centeno–, donde le contestaba una consulta sobre si había tenido conocimiento de hechos entre indígenas y policías, en julio de 1924. “Me es grato manifestar –escribió– que no he presenciado esos hechos ni sumado datos o pruebas que con ellos se relacionen”.

¿Cómo sigue?
“Es una nueva vuelta de tuerca consolidando de manera importante todo lo ya reconstruido”, dijo a Infojus Noticias el fiscal Diego Vigay, después de escuchar el testimonio de la antropóloga. Además, sostuvo que ya se han juntado cerca del 80 por ciento de los documentos previstos por los fiscales en el trabajo de investigación.

Allí se incluyen investigaciones históricas sobre los hechos; el expediente judicial original de la época; informes de la Comisión de Reducciones de Indios sobre el funcionamiento de la reducción Napalpí; las memorias del Ministerio del Interior de la Nación; y el libro de sesiones de la Cámara de Diputados cuando interpelaron al Ministro de Gobierno de la Nación por los hechos.

Se espera que, entre fines de año y principios del año que viene, pueda estar el requerimiento de elevación a juicio y aún se analiza la posibilidad de que intervenga el Equipo de Antropología Forense (EAAF), para examinar la fosa común donde fueron depositados los cuerpos de los indígenas. Los fiscales federales de Chaco presumen que la matanza se trató de delitos de lesa humanidad y, desde esa perspectiva, planean que se pueda llegar a realizar un juicio por la verdad.
Fuente:ChacoDiaPorDia