23 de junio de 2018

ROSARIO: YA ESTÁ EN LA CALLE EL ESLABÓN Nº 357.


Facundo Jones Huala y un Estado al que no le importa nada.

Derechos Humanos 
Facundo Jones Huala y un Estado al que no le importa nada 
por Giuliana Sordo 
22 junio, 2018
Facundo Jones Huala, el líder mapuche que está privado de su libertad desde el 27 de junio de 2017, se encuentra en una grave situación de salud. Desde hace más de 20 días realiza una huelga de hambre en reclamo porque no le permiten realizar una ceremonia ancestral de su comunidad dentro de la Unidad Penal en Esquel, Chubut. Mientras que su salud se agrava, el Estado le da la espalda a sus legítimos derechos. (Foto: Leandro Antiman)


¿Quién es Facundo Jones Huala?

Facundo Jones Huala descubrió su linaje mapuche a los 11 años, mientras vivía en la desigual ciudad de Bariloche, al igual que todas las grandes ciudades del país. Su padre, nació y vivió en Cushamen, lugar cercano a la localidad de Esquel, en Chubut, como ya manifestamos en La Primera Piedra. Territorio que fue comprado por Benetton, la empresa extranjera que extendió sus dominios allí, ocasionando la expulsión de los pobladores originarios de esas tierras.
Desde marzo de 2015 que Facundo Jones Huala, ya renombrado como Lonko -líder o referente- mapuche, y su comunidad sufren la persecusión y las amenazas por parte de las fuerzas de seguridad de la zona, y también las constantes detenciones. Es que desde aquel momento se inició un proceso de recuperación de algunas de las tierras ancestrales de su pueblo y crearon el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, el lugar en el que desapareció Santiago Maldonado el 1 de agosto de 2017.
En el año 2016, Jones Huala fue sometido a un juicio de extradición porque el Estado chileno exigía su traslado para ser juzgado por un ataque en la zona de Valdivia en el año 2013. Como mencionamos anteriormente, en aquella ocasión, el juicio oral fue declarado nulo al haberse demostrado que se habían llevado adelante tareas de inteligencia ilegales sobre él, su familia y su comunidad en connivencia con fiscales, policías de Chubut y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia. Además, años atrás se habían anulado los cargos por los que se los acusaba en Chile.

Sin embargo, el 27 de junio de 2017, unas horas después de una reunión entre el presidente argentino Mauricio Macri y Michelle Bachelet, fue detenido en las cercanías de la ciudad de Bariloche, a partir de un pedido de captura internacional para ser extraditado y juzgado en Chile, demostrando así que la persecución a las comunidades originarias es una política regional. A pesar de que en el 2016 ya se había declarado la nulidad de ese pedido, la detención fue llevada adelante y, desde aquella fecha, el líder mapuche continúa privado de su libertad mientras su salud se encuentra cada vez más agravada.

Un Estado que desconoce derechos

El Lonko mapuche inició desde el 30 de mayo la huelga de hambre por la negativa del juez Gustavo Villanueva de autorizarlo a realizar una ceremonia tradicional para su cultura con todos los elementos necesarios: WiñoyTripantu (año nuevo para la comunidad mapuche). A su vez, la protesta se extendía en señal de reclamo por la detención y la negación de la excarcelación de Lautaro González y Fausto Jones Huala, los jóvenes que bajaron de la montaña a Rafael Nahuel, tras ser gatillado por la espalda por un prefecto del Grupo Albatros de la fuerza nacional, y quiénes son los únicos testigos del asesinato que aún se encuentra impune.
Esta huelga que se extendió ya por más de 20 días y que, desde el sábado 16 de este mes, se agravó al negarse a consumir hasta agua, es una muestra clave del desinterés estatal en proteger o garantizar los derechos de Facundo Jones Huala como perteneciente a una comunidad originaria. Además de la arbitrariedad de la decisión, dado que se ha permitido la realización de esta ceremonia en la misma Unidad Penal en años anteriores.


Organizaciones de Derechos Humanos como la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) realizaron diferentes acciones para que tanto el gobierno nacional como el provincial garanticen los derechos del líder mapuche y que su salud no se agrave más. Los testimonios señalan que tras hablar con Hebe de Bonafini, el Lonko volvió a ingerir agua en el día de ayer. Sin embargo, la huelga de hambre sigue empeorando su estado y los funcionarios estatales no cumplen con los pedidos que no son más que la garantía de sus efectivos derechos, ni excepciones, ni privilegios, como atrevió a decir el juez a cargo.
En este sentido, la APDH denunció ante Naciones Unidas estos hechos para que se solicite al Estado argentino el cese de la violencia institucional que se ejerce contra Facundo Jones Huala, además de exigir respuestas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y enfatizó: “El trato degradante que está recibiendo Facundo es propio de una violencia institucional simbólica que refuerza su condición de preso político, ilegítimamente detenido, al cual no se le respetan sus derechos constitucionales”.
Este hecho de notable gravedad, dado que se trata de la vida de una persona que lleva casi un mes sin ingerir alimentos, es un nuevo episodio de la persecución a los pueblos originarios por parte del Estado argentino y el gobierno nacional. El hostigamiento que reciben las comunidades mapuches desde la recuperación de sus territorios, los terribles hechos represivos en el marco de la protesta social que produjeron la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, el encarcelamiento de los jóvenes que son testigos de su muerte, hasta la negación de ejercer su propia cosmovisión a Facundo Jones Huala son parte de una misma cadena de amedrentamientos.
En este proceso, en el que las garantías de los derechos parecen ser arbitrarias o de seleccionar su protección a dedo, la respuesta del Estado se requiere de forma urgente. Sin embargo, sea cual sea el desencadenamiento, el estado de excepción hacia estos pueblos ya está decretado. Si los Derechos Humanos ya estaban violentados, con este nuevo hecho se acrecienta la conciencia de un Estado discriminador y racista, y un gobierno al que no le importa preservar ni la vida.
Fuente:LaPrimeraPiedra

“La única forma de aplicar este ajuste es con represión”.

“La única forma de aplicar este ajuste es con represión” 
22 junio, 2018 
por Redacción La Tinta 
 Ayer se realizó la presentación en Córdoba del “Informe de la Situación Represiva Nacional 2017 de la Correpi”. El mismo, se convierte en una herramienta esencial e indispensable para entender el contexto represivo que vivimos día a día. 
El jueves 21 se presentó en Plaza Seca de Ciudad Universitaria un informe de la situación represiva que incluye la actualización del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. Dicho informe, fue realizado por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) que desde hace más de 25 años posee un objetivo específico: la lucha antirrepresiva.
Correpi nace a fines de la década del ’80 en el contexto de la vuelta a la democracia, a partir de esto, Carmen Verdú, referente de este espacio, junto a otras personas decidieron poner el foco en algo que veían todos los días en los diarios, un titular que se repetía, delincuente abatido por las fuerzas del orden. Empezaron a averiguar qué había detrás de esos casos. Quienes dieron los primeros pasos con la Correpi, empezaron así a vincularse con familiares de víctimas de gatillo fácil, fusilamientos y “muertes dudosas” en comisarías.
Hoy, la Correpi ha contabilizado un total de 5462 casos registrados entre 1983 y 2017 de personas asesinadas por el aparato represivo estatal: cada 23 horas el estado asesina a una persona. El 84% del total de asesinados por el aparato represivo estatal caminaban por un barrio o estaban detenidos/as.

Estos datos son parte del Informe de la Situación Represiva Nacional 2017, en el cual la Correpi denunció que la gestión de Cambiemos es la más represiva de todas desde la vuelta de la democracia: “Entre el 10 y el 31 de diciembre de 2015, tenemos registrados 26 casos. Si los sumamos a los 441 de 2016 y 258 de 2017, tenemos que, en los 722 días de gobierno de la Alianza Cambiemos, el aparato represivo estatal mató 725 personas”. Este Archivo está en permanente actualización y es presentado públicamente cada año para aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, “contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de estado”.


La organización antirepresiva, que en septiembre del año pasado desembarcó en esta provincia, también hizo una lectura de lo que ocurre en Córdoba, la escalada represiva no es únicamente bandera de la alianza PRO-UCR: “Los gobernadores peronistas también se suman a dar más palo y hambre al pueblo. Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba y el más cercano a Macri de los peronistas, lidera un estado policial en Córdoba que descarga toda su furia fascista sobre los barrios más empobrecidos de la ciudad”.
En una entrevista realizada en Radio La Quinta Pata, Julián Reynoso, miembro de Correpi Córdoba, señaló que en nuestra provincia existen particularidades. “Nos llevó tiempo poder hacer un análisis de lo que viene pasando en el último tiempo: las razzias en los barrios, más la gendarmería que también ahora se suma a reprimir. El aumento de la situación represiva está condicionada para Correpi con la necesidad de garantizar un aplacamiento de la protesta ante el ajuste. Creemos que la única forma de aplicar este ajuste es con represión”. Todo esto de la mano de un aumento de las detenciones arbitrarias combinadas con imputaciones falsas y armado de causas a personas detenidas por la policía cordobesa.
Foto: Victoria Elizabeth para Emergentes
Fuente:LaTinta

Chau Benetton de la UBA .

Chau Benetton de la UBA 
22 junio, 2018 
por Redacción La Tinta
En una decisión inédita, impulsada por docentes y alumnos, la Facultad de Agronomía de la UBA rescindió el convenio con la multinacional italiana, dueña de la estancia Leleque (donde desapareció Santiago Maldonado) y denunciada por comunidades mapuches. 
Por Darío Aranda para lavaca.org
No fue el gobierno de Chubut. No fue el gobierno nacional. Tampoco el Poder Judicial. Mucho menos los grandes medios de comunicación. Benetton, multinacional que es la mayor dueña de tierras de Argentina (un millón de hectáreas), recibió un cuestionamiento tan inesperado como simbólico: la Facultad de Agronomía de la Universidad e Buenos Aires (Fauba) canceló el convenio de cooperación con la empresa.

La respuesta a una pregunta

La desaparición de Santiago Maldonado en terrenos de Benetton se dio en el marco de la represión a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen. El caso repercutió en la agenda social, mediática y política. “¿Dónde está Santiago Maldonado?”, se transformó en campaña nacional. Organismos de derechos humanos y comunidad indígenas (entre otros actores) de un lado. El Gobierno Nacional, con la ministra Patricia Bullrich al frente, respaldaron a la Gendarmería y su represión.

La Fauba no estuvo ajena a la desaparición de Maldonado. Hubo charlas, manifestaciones, pedidos de justicia. En ese marco, la fuerza estudiantil Abriendo Caminos denunció que la Facultad mantenía un convenio de cooperación con la multinacional, que en Argentina opera con la figura legal de Compañía de Tierras del Sud Argentino (CTSA) y cuenta con siete estancias, 900 mil hectáreas distribuidas en cuatro provincias (Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz). Benetton es el mayor propietario privado de la Argentina.


MU accedió al contrato en diciembre pasado. “Convenio específico de asistencia técnica entre Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires”, es el título formal de expediente, de seis carillas, donde firman Diego Eduardo Perazzo (directivo de la empresa) y el decano Rodolfo Golluscio. La cláusula primera establece el objetivo del contrato: “Se planea llevar a cabo una evaluación sistemática de la disponibilidad de recursos forrajeros a los largo del año y proponer un plan de manejo de pastoreo de pastizales patagónicos (…) Se buscará mejorar la cantidad y la calidad de a producción ganadera”. Específica que “la evaluación de los recursos se basará en el procesamiento de imágenes digitales provistas por distintos tipos de satélites”.
Precisa que los productos finales serán tres informes con la descripción del “estado de los recursos y detalles del plan de manejo” que se entregarán luego de las tres visitas a los campos de Benetton (meses estimados de enero, abril y septiembre).
El segundo punto señala que la Facultad brindará capacitación a personal de la empresa y contempla la posibilidad de pasantías con estudiantes de grado y postgrado. La tercera cláusula señala que el responsable técnico del proyecto es el mismo decano de la Fauba, Rodolfo Golluscio, “quien deberá entregar un informe final de actividades y resultados”.
La empresa abonó 96.000 pesos en tres cuotas de 32.000. Autoridades de la Fauba argumentan que los montos bajos (96.000 pesos) serían prueba de que los convenios no condicionan a la Facultad. Pero otros sectores lo interpretan de forma opuesta: hasta por poca plata se dejan condicionar. El fondo del asunto es la universidad pública y su relación con el sector privado. Y un hecho objetivo: trabajar junto a una multinacional denunciada por violar derechos indígenas.
El contrato con Benetton fue muy cuestionado por la agrupación estudiantil Abriendo Caminos, también (aunque más diplomáticamente) por el Frente Amplio por una Nueva Agronomía (FANA).
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Resistencias académicas

El Grupo de Estudio y Trabajo junto a comunidades Qom (GET-Qom) de la Fauba, conformado por docentes y estudiantes de la Facultad, solicitó formalmente en febrero la suspensión del convenio entre la Facultad y Benetton. El GET-Qom trabaja hace años junto a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa.

En un carta dirigida al decano Rodolfo Golluscio cuestionaron que “los convenios entre la Fauba y la CTSA del grupo Benetton se desarrollan sin ningún tipo de cuestionamiento, histórico, social ni político, reproduciendo una formación acrítica de sus estudiantes de grado y posgrado sobre los alcances de las acciones, investigaciones y publicaciones que se generan, avalando de esta forma una historia de genocidio, despojo e injusticia que se mantiene en el tiempo”.


El pedido de rescisión se basó en fundamentos histórico-políticos respecto al despojo del territorio mapuche. Citan la investigación del historiador Ramón Minieri (libro “Ese ajeno sur”) donde aporta pruebas de la ilegitimidad del título original de esas tierras (adquirido en 1991 por Benetton).
También recuerdan la vigencia de legislación que debiera proteger a los pueblos indígenas. Desde la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), hasta la Ley 26160 (freno a los desalojos) y el Convenio 169 de la OIT.
Los convenios de Fauba-Benetton implican el desconocimiento de los antecedentes históricos y de la legislación existente, vulnerando de ese modo derechos de los pueblos indígenas en cuanto al acceso a los territorios ancestrales y a sus recursos naturales, así como el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. De manera que se es partícipe voluntario o involuntario, de la disgregación de un pueblo originario, de la pérdida de sus territorios, de su cultura, de su lengua y de sus prácticas ancestrales dificultando la reproducción de su vida cotidiana”, resalta el escrito presentado ante las autoridades de la UBA.
Los integrantes de el GET-Qom afirmaron que la universidad pública tiene como misión y obligación que los frutos de su investigación y extensión estén, en primer lugar, al servicio de los sectores más vulnerables, excluidos, como lo son los pueblos indígenas y los pequeños campesinos, y no al servicio de las grandes compañías que vulneran los derechos de los sectores populares del campo.
Valorizaron que durante la gestión de Golluscio se apoyó el trabajo de docentes junto a comunidad indígenas y campesinas, y por ese mismo motivo consideraron coherente la necesidad de que la Fauba no trabaje junto a Benetton y otras empresas denunciadas por la violación de derechos indígenas.
El escrito, de cuatro páginas, finalizaba: “Solicitamos que se rescinda en forma inmediata el convenio con la CTSA (Benetton) y no se vuelvan a establecer nuevos convenios o vínculos en tanto se mantengan la causas que fundamentan la actual solicitud. Lo hacemos con el convencimiento de que esta acción será un aporte valioso en el camino de reparación de tantos años de injusticia, despojos e invisibilización de los pueblos indígenas”.

El debate

El Consejo Directivo emitió dos dictámenes. Uno de mayoría, presentado por los consejeros profesores de la gestión (encabezado por Golluscio) que proponía renovar el convenio. Otro, de minoría, presentado por consejeras representantes de graduados (de la lista llamada “Integración”) y que pidió la rescisión.
Sobre dieciséis integrantes, sólo tres votos se inclinaban por la cancelación del contrato (consejeros de graduados y estudiantil -por el FANA-).
Desde el GET-Qom ya consideraron un triunfo que la Fauba debata, por primera vez, el accionar de una empresa denunciada por pueblos indígenas. Y comenzaron a buscar apoyos extra universidad. De inmediato se sumaron entidades que trabajan junto a pueblos indígenas, investigadores y organismos de derechos humanos: Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Grupo d Apoyo Jurídico al Acceso a la Tierra (Gajat), Grupo de Filosofía de la Biología (UBA) y el Instituto de Ciencias Antropológicas (Facultad de Filosofía y Letras de la UBA), entre otros.
El tratamiento del convenio en el Consejo Directivo de la Fauba comenzó a hacer cada vez más ruido. Las sesiones son abiertas y las críticos prometían llenar la sala. Dos adhesiones terminaron por inclinar la balanza: el Premio Nobel de la Paz y titular del Serpaj, Adolfo Pérez Esquivel, envió una carta pidiendo la suspensión del convenio. Y, el último día, Verónica Heredia (abogada de la familia Maldonado) avisó que Sergio (hermano de Santiago) también apoyaba el pedido de cancelar el convenio.
El martes 5 de junio fue el día de sesiones. La flamante decana, Marcela Gally, informó la situación y, sobre tablas, presentó un tercer dictamen. Planteó una fundamentación pro empresaria: “El valor académico del convenio ha sido sumamente valioso desde el punto de vista de generación de conocimiento científico, así como en la formación de recursos humanos”. Defendió el trabajo junto a Benetton.
El dictamen de la decana excusó a la Facultad en su accionar, pero también pidió la no renovación del contrato. Fue votado por unanimidad (el Grupo GET-Qom rechazó la fundamentación).
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Pro-Empresa

-El decano saliente y responsable técnico del convenio, Rodolfo Golluscio, reconoció que ya había avanzado en la renovación del contrato (aún sabiendo que se debía aprobar en el Consejo Directivo). Lamentó que se haya votado la cancelación y pidió que no se diera publicidad a la decisión.
-La consejera estudiantil por la agrupación Línea de Agronomía Independiente (LAI, de derecha) cuestionó con enojo que la sociedad opine sobre el accionar de la Facultad y, más enojada aún, rechazó que la universidad pública tome decisiones según lo que sucede fuera de la isla universitaria.
-La vicedecana, Adriana Kantolic, se expresó en contra de la cancelación del convenio. Incluso acusó a los solicitantes de haber tergiversado información para obtener el apoyo de Pérez Esquivel y de organizaciones indígenas. Kantolic, defensora del modelo transgénico, es la responsable técnica de otros convenios con empresas, entre ellas la cuestionada Monsanto.

Pequeño gran triunfo

Monsanto, Syngenta, Bayer, Aapresid y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) son algunas de las empresas del agronegocio que tienen convenios (y financiamiento) con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba), tal cual se reveló en distintas notas en la revista MU. Las compañías impulsan un modelo con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Desde la Ley de Educación Superior, sancionada durante el menemismo, la educación pública quedó permeable al sector privado.
La cancelación del convenio con Benetton es inédita en la Fauba. Es un triunfo de docentes, graduados y estudiantes, que también cuestionan los vínculos de la Facultad con compañías transgéncias, y le pusieron así un freno a autoridades y docentes pro-empresas.
Fuente:laTinta

Con cinco condenas, dos a perpetua, le conceden a Garbi la prisión domiciliaria.

22-06-2018 
Con cinco condenas, dos a perpetua, le conceden a Garbi la prisión domiciliaria
El represor que cumple estas penas por crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura fue beneficiado y continuará detenido en su casa.

El represor Miguel Tomás Garbi, quién cumple cinco penas, dos de ellas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria otorgado por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, que le dictó la última condena a fines de diciembre último.

Fuentes judiciales indicaron que la resolución en favor de Garbi, similar a la que benefició al represor Musa Azar a principio de año, fue repudiada hoy por la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La excarcelación también fue solicitada por el hijo del represor, el abogado defensor Moisés Azar, quién argumentó la edad de Garbi (tiene 79 años) y su estado de salud.

El pedido fue aceptado por los jueces Domingo BatuleAbel Fleming y Carlos Lascano, integrantes del Tribunal que a fines de 2017 lo condenó a 22 años de cárcel por la denominada “Megacausa 3” por delitos de lesa humanidad, junto a otros 11 imputados.

Según la defensa, Garbi, quién se desempeñó como subjefe de la denominada “Gestapo santiagueña” que operó durante la dictadura, padece problemas de salud, aunque en el último juicio en el que le negaron el arresto domiciliario, asistió a la mayoría de las audiencias en el Juzgado Federal de Santiago del Estero.

En los cinco juicios orales, Garbi fue juzgado por “múltiples homicidios, torturas, violaciones, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio y asociación ilícita”.

El ex subjefe de la Dirección de Informaciones Policiales (DIP), cumple condenas a prisión perpetua por el asesinato del estudiante universitario Cecilio Kamenetzky y en la “Megacausa 1”.

En tanto, en la “Megacausa 2” fue condenado a 25 años de cárcel, en la “Megacausa 3” a 22 y en la provincia del Chaco a 10 años, en todos los casos por delitos de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura militar.

Antes de ser beneficiado con prisión domiciliaria, en la que será vigilado por efectivos de la Policía Federal Argentina y controlado por un sistema electrónico, Garbi cumplía las cinco condenas en la prisión federal de Colonia Pintos, ubicada a 78 kilómetros al norte de la capital provincial.

Conocida la resolución judicial, la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia Familiares de  Ex Detenidos Desaparecidos y Ex Presos Políticos de Santiago del Estero, repudió la decisión del Tribunal Oral Federal.

"No sorprende que el mismo tribunal que apartó a dos genocidas en pleno juicio, Baudano y Andrada, que absolvió a Santiago Olmedo de los  graves  cargos que pesaban por su responsabilidad como funcionario judicial de la dictadura; y le otorgó prisión domiciliaria al máximo símbolo de la represión en nuestra provincia como fue el caso de Musa Azar, hoy tome la decisión de conceder la domiciliaria a Garbi", cuestionó.

La organización de DDHH sostuvo que el tribunal integrado por Batule, Fleming  y Lascano “da  una vez más clara muestra de la parcialidad en el  juzgamiento  de  estos graves crímenes, que consagra la impunidad de los victimarios en desmedro de los derechos de las víctimas que siguen clamando por justicia”.
Fuente: Télam

ROSARIO - CTA DIFUSIÓN.

Paro Nacional: acto en Córdoba y Corrientes

Por Comunicación CTAA* | El próximo lunes, en el marco del Paro Nacional dispuesto por las centrales obreras, entre ellas la CTA Autónoma, se realizará un acto en la esquina de la Bolsa de Comercio de Rosario desde las 10.00 horas. Los ejes centrales de los reclamos son la defensa de los puestos de trabajo, paritarias libres, el rechazo al ajuste y a las reformas regresivas y el repudio al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También habrá movida en Villa Constitución. Sigue leyendo 


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URUGUAY: CRYSOL INFORMA.

21 de junio

hora 18.30









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Plazas limitadas



Hasta agotar stock​



Reservar lugar de manera responsable




099 408 655 (Tito)



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Hora 12









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BRASIL.


Prezad@s membros associados , amigos e amigas  do Nucleo Memória
Encaminhamos para vosso conhecimento nosso Boletim de atividades “Memória em Ação” , dos meses maio e junho (até dia 15 deste mês )
Abraços
Diretoria Nucleo Memória



Maio/Junho/2018

Curso iniciou no dia 26 de maio, com mais de 60 inscritos e terá visita guiada a lugares de memória ao final
Curso Lugares de memória, ditaduras e direitos humanos no Brasil. Foto: Oswaldo Santos-Junior/NM
A primeira aula foi proferida pelo Prof. Marcos Napolitano, com o tema Ditadura civil-militar: Antecedentes, golpe e panorama histórico. A segunda aula teve como tema “Estruturação e operação do aparato repressivo e foi  ministrada por Maurice Politi, diretor do Núcleo Memória.
Sábado Resistente debateu o papel do foto documentário na resistência ontem e hoje.  No sábado dia 09 de junho o Núcleo Memória e o Memorial da Resistência de São Paulo organizaram uma mesa de debate com quatro grandes fotógrafos brasileiros: Nair Benedicto, Douglas Mansur, Juca Martins e Tuane Fernandes. O diálogo foi sobre o trabalho fotodumental destes fotógrafos e fotógrafas. Foi um momento importante sobre a fotografia e sua função social e política.  Veja as fotos deste Sábado Resistente
No último dia 07 de maio um grupo de 15 estudantes do curso de Relações Internacionais da UNIFESP participaram de uma Roda de conversa no Memorial da Luta pela Justiça.
No dia 12 de maio foi realizado  pelo Nucleo Memoria e o Memorial da Resistencia um Sábado Resistente que abordou o tema dos 50 anos das greves operárias de 1968. Há 50 anos, Luis Cardoso (“Luisão”), Luiz Antônio Duarte, Octaviano Pereira dos Santos (“Tigrão”) e João Joaquim da Silva participavam da organização da resistência operária que deflagrou as primeiras greves contra a ditadura militar, em 1968.
Primeira aula publica no pátio do DOI-CODI na Rua Tutoía para 12 alunos do curso de Historia da PUC/SP. A aula foi dada pelo Professor Lauro Ávila com dois convidados que também falaram aos alunos: Deborah Neves, historiadora e servidora do CONDEPHAAT com especialidade em Lugares de Memória e Maurice Politi, diretor do Núcleo Memória.
Curtas de maio e junho:
  • Em maio o diretor do Núcleo Memória, Maurice Politi, concedeu uma entrevista para a TV Cultura (Jornal da Cultura) para dar opinião sobre a descoberta de documentos no arquivo dos Estados Unidos (National Archives) referente à participação do próprio presidente Ernesto Geisel e seu ministros do SNI e o Comandante do Exército nas decisões de executar militantes políticos contrários ao regime militar. (ver trecho no site da TV Cultura).
  • Diretores do Nucleo Memória se reuniram no dia 12 de maio com o diretor da OAK Foundation e OAB-SP para tratar do futuro Memorial da Luta pela Justiça.
  • O Núcleo Memória realizou mais uma Roda de Conversa no Memorial da Resistência de São Paulo com uma turma de 50 alunos da 7a e 8a. serie da Escola da Vila. Estas atividades ocorrem com agendamento no Memorial da Resistência de São Paulo.

Av. Brigadeiro Luis Antonio 2.050 | Bloco B cjto 141 | São Paulo, SP
(+55) (11) 2306-4801


 Envío:Sara Waitman - AexPPPGde.Cdba.