21 de enero de 2019

TROPEL.

En un año cerraron 1328 fábricas y ya son menos que las que existían en 2007
Por Alfonso de Villalobos, Resumen Latinoamericano /Tiempo Argentino,  20 enero 2019
Los empleadores de la industria representan el 9,5% del total, cuando en 2003 eran el 11 por ciento. Desde 2015 se dieron de baja 2871 firmas. Sin señales de que la tendencia se revierta.
Un reguero de fábricas ocupadas y acampes de trabajadores en las puertas se están dando por estos días a lo largo y ancho del país con epicentro en el Conurbano bonaerense.
La textil Sportech, ubicada en el partido de San  Martín, se encuentra ocupada luego de que sus dueños, que producen para marcas como Nike, Puma y Adidas, decidieran otorgar vacaciones obligatorias a todo el personal sin haber pagado el sueldo de diciembre ni el aguinaldo, ni el bono de fin de año. Los 120 trabajadores temen que las licencias sean la excusa para que los empresarios vacíen el establecimiento y desaparezcan.
La aceitera de capitales chinos Cofco, ex Nidera, anunció días atrás el cierre de la planta que tiene emplazada en Valentín Alsina y el despido de sus 200 trabajadores que acampan en las puertas de la planta para tratar de impedirlo. Cofco, la segunda productora de alimentos a escala mundial, anunció que buscará especializarse en la exportación de granos, dejando de lado la agregación de valor a través de su manufactura y conversión a aceite.
La fábrica de motores para maquinaria agrícola Deutz anunció el cierre paulatino de sus plantas ubicadas en las localidades de Haedo y General Rodríguez. La primera cerrará a fin de enero, dejando 70 operarios en la calle y la segunda en mayo, aunque sus 120 trabajadores se encuentran suspendidos hace ya varios meses y la planta está parada. La compañía alemana llegó al país hace 134 años.
La textil Color Pool cerró sus puertas en forma intempestiva el 3 de enero, dejando librados a su suerte a los 72 trabajadores que se reparten entre su planta en Pilar y las oficinas administrativas en el barrio porteño de La Paternal. La UOM denunció que la planta que la empresa Zanella tiene en Mar del Plata va camino al cierre y que está pagando el 55% del salario a sus trabajadores. La fábrica de galletitas Emery también adeuda salarios y aguinaldo a sus 120 trabajadores y los empleados denuncian que están despidiendo sin indemnización a trabajadores con 22 años de antigüedad para forzar un cierre.
La gráfica Interpack se encuentra en conflicto con un acampe en la puerta desde hace más de un mes y sus delegados denuncian que los once despidos que desataron el conflicto son la antesala de una vaciamiento provocado con el propósito de redirigir la producción a otras plantas situadas en Brasil y Chile. Pilkinton, multinacional del vidrio, atraviesa un conflicto por despidos antisindicales.
Estos son apenas algunos casos recientes de un proceso que se ha venido profundizando en el último año al calor de la política de apertura comercial, la devaluación, la recesión, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la consecuente caída del consumo y el mercado interno.
Datos oficiales
Según los informes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que publica la AFIP, al mes de octubre de este año (último dato disponible) existían en la Argentina 559.244 empleadores registrados (empresas), de los cuales 53.405 corresponden a la industria manufacturera. Un año antes, en octubre de 2017, las industrias manufactureras registradas eran 54.733. En apenas un año, cerraron 1328 firmas industriales que se suman a las 822 que cesaron de operar durante el año anterior y las 721 que lo hicieron entre octubre de 2015 y el mismo mes de 2016. Desde que asumió el gobierno actual y sólo hasta octubre de 2018 (los casos mencionados al principio de esta nota no forman parte de ese registro), se contabiliza el cierre en forma neta de 2871 firmas industriales.
Las más de 1300 firmas industriales que cerraron en un solo año forman parte de las 6951 empresas que tramitaron su baja en la AFIP en el mismo período.
El número, sin embargo, no llega a registrar la magnitud del fenómeno, puesto que sólo incluye aquellas compañías que hayan dejado de operar y no aquellas que, en el contexto de una política de achique, pudieran haber cerrado un establecimiento para derivar su producción a otros.
De hecho, mientras que esos cierres equivalen al 2,43% de las firmas existentes, cuando se analizan los puestos de trabajo del mismo segmento, la reducción se eleva hasta un 3,04% del total.
Para encontrar un año con un cierre de empresas de magnitud semejante hay que recalar en 2014 cuando, al igual que en 2018, se produjo una fuerte devaluación de la moneda nacional que, a su turno, redundó en una caída del PBI del 2,5 por ciento.
Entre octubre de 2013 y octubre de 2014 cerraron 1186 firmas industriales. Con todo, para hallar un entramado industrial equivalente al que existe en la actualidad, es necesario recalar hasta el mes de octubre de 2007, cuando existían 53.481 firmas industriales registradas aunque, claro, con una tendencia inversa en la medida en que durante ese año se dieron de alta 2716 firmas. En 2003 existían 40.292 empresas y fue durante el año posterior cuando más firmas industriales se crearon, con 4241.
Primarización y servicios
Si bien es cierto que la destrucción de plantas fabriles se da en un contexto de cierres generalizados (fueron casi 7000 las firmas que cesaron de operar en un año) el fenómeno se acentúa marcadamente en la industria.
De hecho, en octubre de 2018, las manufactureras pasaron a representar el 9,55% del total de compañías, profundizando una tendencia persistente en la pérdida de participación de la industria sobre el total de empleadores. En 2003, fecha desde la cual están disponibles los datos oficiales del SIPA, los empleadores industriales representaban el 11,52 por ciento. Ese porcentaje no cesó de reducirse en ninguno de los 15 años que siguieron. La participación del empleo fabril sobre el total pasó del 18,41% en 2003 hasta un 14,53 en octubre de 2018.
Futuro sombrío
Los datos disponibles, está dicho, datan de octubre. Pero en noviembre, según el Estimador Mensual Industrial del Indec, el sector retrocedió un 13,5% con relación a un año atrás.
Para la Unión Industrial Argentina, la salida a esta situación pasa por acelerar la reforma laboral, con el propósito de mejorar la competitividad sobre la base de la reducción de los costos laborales. Del otro lado, crece el número de trabajadores que ocupan plantas y defienden sus puestos de trabajo, sus salarios y sus convenios. «
Los asalariados, verdaderos perdedores
El impacto de la recesión no afectó a todas las clases sociales de la misma manera. Según datos publicados la semana pasada por el Indec, en apenas un año, los asalariados en general perdieron cinco puntos de participación en los ingresos de la economía nacional mientras que, del otro lado, los empresarios incrementaron en igual cuantía su participación.
Es que, en el tercer trimestre de 2018, las remuneraciones al trabajo asalariado representaron el 45,9% de los ingresos cuando un año antes llegaban al 50,6.
Mientras la generación de ingresos total quedó  4,4 puntos por detrás de la inflación, las retribuciones al trabajo asalariado se situaron 17 puntos por debajo y los excedentes de explotación brutos la superaron en 12 puntos.
Para el caso de la industria manufacturera, golpeada en forma particular por la crisis, al contrario de lo que podría esperarse, y según el mismo informe del Indec, esa polarización se ha visto acentuada.
En ese segmento, durante el tercer trimestre de 2018, las remuneraciones representaron el 39,4% del valor agregado bruto mientras que los excedentes de explotación llegaron a un 45,6.
Pero, además, hace un año, la relación era exactamente la inversa en la medida en que las remuneraciones al trabajo asalariado explicaban un 46% del valor agregado bruto mientras que el excedente de explotación representaba el 39,9.
Para que eso ocurriera, mientras el valor agregado creció un 39% (con una inflación en el período del 40,5%), las remuneraciones al trabajo asalariado lo hicieron en apenas un 19% a la vez que los excedentes de explotación crecieron un 58 por ciento.

Los gremios combativos ante la ausencia de la central obrera

Luchar sin fracturar a la CGT
El triunfo de los gremios de pilotos generó en el Frente Sindical la idea de explorar una nueva estrategia para superar la falta de voluntad de la CGT. Quieren convocar a un paro desde la Federación Internacional del Transporte.
Por Felipe Yapur
La intención es demostrar que se puede convocar a un paro nacional sin depender de la CGT.
La intención es demostrar que se puede convocar a un paro nacional sin depender de la CGT.
El conflicto de los pilotos, que derivó en la derogación de la resolución que permitía la habilitación express de licencias a pilotos extranjeros, probó que es posible derrotar desde una posición de fuerza una de las tantas maniobras que lleva adelante el Gobierno, en su intento por flexibilizar la relaciones laborales. Al mismo tiempo, este triunfo de los pilotos dio origen a una nueva estrategia sindical con la que se buscará superar el dique de contención en el que se transformó la CGT en lo que respecta a la elaboración de un plan de lucha que confronte el modelo macrista. La idea no pretende desplazar a la central obrera ni construir una nueva sino más bien ocupar los espacios abandonados o descuidados por ésta porque consideran que no es posible dejar librado a la suerte electoral el futuro de los derechos laborales.
La idea surgió en la madrugada del viernes mientras se desarrollaban la febriles negociaciones entre los gremios de pilotos y el Gobierno que buscaba con desesperación evitar el paro que se había producido fruto de un intento del oficialismo por quebrar el poder sindical en las empresas aeronáutica. Mientras los llamados iban y venían entre funcionarios y sindicalistas llegó un mensaje de solidaridad de Pablo Moyano al celular del titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró. Eso disparó una conversación donde poco a poco se fue evaluando la forma de superar la mansedumbre de la CGT que en estos últimos meses mantuvo un estruendoso silencio frente las consecuencias del programa económico del gobierno de Macri.
La idea cobró fuerza una vez que los dirigentes sindicales tomaron conciencia de que el triunfo que alcanzado por los pilotos surgió de la mezcla perfecta entre negociación y firmeza como fue  sostener el paro a pesar de que tenían todo el aparato mediático amigo de la Casa Rosada en su contra y obligaron a que el Ministerio de Transporte, que dirige Guillermo Dietrich, no tenga más remedio que derogar una resolución que iba en contra de los derechos de los trabajadores aeronáuticos. Entendieron los gremialistas que estaban frente a un triunfo político sindical que no debía desperdiciarse y mucho menos dejar que se pierda entre el cúmulo de noticias que suele imponer el Gobierno como táctica distractiva.
Entonces, y por recomendación de un asesor de Biró, decidieron aprovechar aquellas organizaciones sindicales supranacionales que los dirigentes argentinos de los gremios del transporte integran como es la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF en inglés) donde Pablo Moyano es uno de los vicepresidentes del comité mundial. En esa organización también participan Biró y Edgardo Llano de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) e incluso también hay dirigentes del gremio ferroviario de La Fraternidad que ocupan secretarías en las oficinas regionales de la ITF.
El objetivo parece sencillo: confrontar con mayor firmeza al gobierno de Cambiemos y desde la ITF trabajar para convocar a un paro general que puede ser de los gremios el transporte que también contará con aquellas organizaciones sindicales que integran el Frente Sindical para el Modelo Nacional más las dos CTA, un cúmulo de organizaciones sociales con las que han tejido alianzas y también a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que dirige Juan Carlos Schmid quien supo llegar al triunvirato por ser parte de las filas del moyanismo, conjunto con el que pese a las diferencias no ha roto del todo los vínculos.
La incógnita a develar es si con estos gremios es suficiente como para lanzar un paro general en los próximos dos meses donde la ITF haga las veces de paraguas protector en el momento del llamado a la medida de fuerza nacional. Por otra parte y en caso de que fuera exitoso este armado y se supere el muro de la CGT, es probable que surja un nuevo actor dentro del universo sindical. Si bien es demasiado temprano, lo cierto es que entre los que participan de esta idea tienen clara la necesidad de otorgarle a la mayor central obrera de Latinoamérica un nuevo perfil y rol dentro de la política argentina.  Esto es qué hacer con los sectores que conducen en la actualidad la CGT, los sectores conocidos como gordos e independientes. Si no aplican aquello de “la unidad aunque duela” es probable que haya más de una central obrera. El resultado de la puesta en práctica de este lema en la compulsa electoral de este año bien puede servir como ejemplo o prueba piloto para la irrefrenable disputa interna de la CGT.
De todas formas la derrota política del Gobierno ante los pilotos, aunque no sea más que un fracaso puntual o una batalla perdida, provocó algunas reacciones en el mundo sindical tradicional. Por caso, en las últimas horas los dos integrantes del secretariado general de la CGT, Carlos Acuña y Héctor Daer, salieron por separado a hablar de resistencia a una reforma laboral y a la posibilidad latente de recurrir a la huelga general. En 2018 ante las presiones internas el entonces triunvirato lanzó un par de paros generales con los que consiguieron el oxígeno necesario para mantenerse al frente de la central obrera. El tercero se diluyó tras el acuerdo del bono de cinco mil pesos. Pero esas bocanadas de aire fresco no morigeraron la crisis que atraviesa a la CGT donde sus integrantes imaginaron un 2019 dedicado casi de manera exclusiva a la participación del armado electoral del peronismo mientras cada sindicato defiende su territorio con más o menos suerte. Prueba de ello es la ausencia de solidaridad pública de la CGT con los gremios que en estos últimos dos meses estuvieron en conflicto. Pero ninguno de los que está al frente de los sindicatos y/o la CGT llegó al mundo hace pocos días por lo que son ávidos lectores de la realidad política y como tal es probable que incrementen el umbral del dolor para lanzarse a trabajar en eso que llaman unidad.

“Pagá lo que firmaste”: el reclamo de los trabajadores de Diario Popular

Desde su cuenta de Twitter, los empleados de la publicación detallaron una serie de incumplimientos por parte del dueño del medio, Francisco Fascetto.
@trabajadorpopu
@trabajadorpopu
“Se abonará, en atención a la crisis de la actividad que manifiesta el sector empresario, en 4 (cuatro) cuotas mnesuales y consecutivas de $ 1.250 (Pesos Mil Doscientos cincuenta) cada una conjuntamente con loa haberes de los meses de Noviembre y Diciembre 2018, Enero y Febrero 2019”, dice el texto firmado por las partes y que difundieron los trabajadores desde su cuenta de Twitter.


La imagen recorrió el país: Agustina Imvinkelried caminaba sola, usando su celular, luego de salir del boliche bailable Teos en Esperanza, Santa Fe. El video no sólo constituye el último registro de la chica de 17 años con vida, sino que aporta un dato clave para la investigación: gracias a las filmaciones se logra ubicar en la escena al principal sospechoso a Pablo Trionfini con su auto. Horas más tarde, Agustina apareció asesinada, y Trionfini se suicidó mientras la Policía rodeaba su casa para allanarla.Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la estación de servicio Shell ubicada en la ruta provincial N°6. Quien se encargó de entregar esta prueba sustancial a la Policía y a la propia familia de Agustina fue Ezequiel Schaab, un empleado del lugar, quien recibió una suspensión de cinco días sin goce de sueldo y un aviso de posible despido sólo por ayudar.“Entré a las dos de la tarde el domingo, y a mitad de la tarde cae un familiar de Agustina para pedirme las cámaras. Yo no sabía de la situación, me cae por sorpresa, y me contó lo que pasó”, contó Ezequiel al noticiero local Info Teve. “Lo primero que le digo es que sí, que vamos a mirar las cámaras. Es normal para nosotros”, sostuvo.
Fue así que ingresó a la oficina de un superior y le mostró el registro fílmico a la familia, y lograron ubicar a Agustina en los momentos previos a su muerte. En la semana, sin embargo, notó un trato hostil en su lugar de trabajo.
Sentía un ambiente raro hasta que pregunto qué había pasado. Ahí me dicen que violé las normas, que no tenía por qué ayudar. Nunca había tenido que pedir permiso para ingresar a la oficina. Era una situación en que segundos pueden cambiar las cosas”, defendió el muchacho.
De todas formas, sus superiores le indicaron que “tendría que haber sido frío” ya que “en ese momento no iba a solucionar nada porque a esa hora la chica ya estaba muerta”.
Ahí me di cuenta la persona con la que estaba tratando. Yo tengo una hija y una hermana de la misma edad de Agustina y uno se pone en la piel de la familia”, sostuvo. El miércoles Ezequiel recibió “un telegrama de suspensión de cinco días sin goce de sueldo y un aviso por posible futuro despido, solamente por prestar ayuda”.
A pesar de que su accionar fue el correcto y ayudó a esclarecer el femicidio, el empleado se defendió: “No le causé ningún daño a la empresa, no me entra en la cabeza ni la situación ni la suspensión. Era una situación extrema y en lo único que pensé fue en dar una mano”, remarcó.

Mendoza: enero caliente por el “boletazo” y el nuevo sistema de transporte público

El pasado jueves 17, en las calles de la ciudad de Mendoza se realizó la quinta manifestación en lo que va de 2019, contra el brutal aumento del boleto y el nuevo sistema de transporte público (Mendotran), que restringe el servicio para gran parte de la población trabajadora, estudiantes y jubilados/as. Por ANRed
El nuevo año arrancó con una fuerte conflictividad en la provincia de Mendoza. El gobierno de Alfredo Cornejo, con Natalio Mema –titular de la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia- generaron un enorme problema para la población: la anulación de todo el sistema transporte en el Gran Mendoza (conglomerado que agrupa en la actualidad alrededor de 1.200.000 personas) y la puesta en funcionamiento de uno nuevo para la provincia llamado Mendotran, pero instalado hace tiempo en otras ciudades como Santiago de Chile.
Sumado a esto, -y para no desentonar con las costumbres de las gestiones provinciales- como todo principio de año, este 2019 se estrenó con un aumento en el precio del boleto interurbano que pasó de 11 a 18 pesos, lo que representa un aumento del 63%. En los departamentos alejados de la zona metropolitana como el Valle de Uco, el aumento para los servicios de media distancia alcanza el 45%, cifra que implica el 30% de los ingresos para quienes cobran el salario mínimo vital y móvil. Con los sucesivos incrementos durante la gestión de Alfredo Cornejo (UCR-Cambiemos), el aumento del valor del colectivo ha sido de más de 200%.
Como todo ajuste contra el pueblo trabajador, el mismo beneficia a las empresas concesionarias-privadas que brindan ahora un peor servicio y encima más caro. Desde el 2 de enero, día de su implementación, el flamante sistema Mendotran trajo innumerables complicaciones. Todo cambió: el color y número de las unidades, los recorridos, se incluyeron nuevos trazos, cambios de paradas y de distancias para acceder a los ómnibus. Pero no se trató de modificaciones informadas con anterioridad lo que, sumado a la falta de señalización en las paradas y la desinformación del propio cuerpo de choferes, produjo el desconcierto e indignación de la población a la hora de salir a sus trabajos y obligaciones. En algunos barrios implicó tener que caminar cuadras interminables para abordar un colectivo; para muchos/as las demoras se tradujeron en la pérdida del presentismo en el trabajo.
Sin embargo, el sistema no modificó en absoluto a sus responsables privados agrupados en AUTAM (Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza): Pensalfine, Estoco, Marchetta, Elmelaj, Gasque y Croceri son los apellidos de los principales empresarios que desde hace 25 años están detrás del millonario negocio del transporte público en Mendoza. Por su parte, el diseño del polémico sistema, apodado irónicamente por la población como “Mendotransa” o “Mendotrump”, fue realizado por una consultora española cuyos servicios fueron contratados sin licitación alguna y le implicaron al Estado provincial la suma de 450.000 dólares.
Podemos resumir al Mendotran con una sola palabra: violencia. Su implementación es la consagración de una suma de factores: improvisación, indiferencia hacia el pueblo trabajador que usa cotidianamente el sistema, atropello a la personas con capacidades reducidas o discapacidad, desconocimiento total de las necesidades del pueblo y para culminar una insensibilidad absoluta hacia las protestas y muestras de rechazo del pueblo.
Es necesario destacar cómo el gobierno provincial de Cambiemos creó en su imaginario un estereotipo de ciudadano que se acoplaría rápidamente a tamaña mutación del servicio: el perfil de una persona joven con acceso a internet y con habilidad para manejarse en las burdas aplicaciones creadas al efecto, que, para variar, son imprecisas. Con esto, excluyeron a miles de mendocinos/as que por distintos factores, como pueden ser la edad (adultos/as mayores), la ausencia de telefonía celular, la falta de accesibilidad a internet, etc. quedaron fuera del juego del Mendotran.
La combinación de la suba del boleto y la implementación del nuevo sistema generó una enorme movilización por abajo, que permitió catalizar la enorme bronca y dolor que implican los sucedáneos ajustes del gobierno de Cambiemos a nivel nacional y provincial. Movilizaciones en las céntricas calles mendocinas y también en las distintas barriadas del Gran Mendoza, departamentos del Este provincial y  del del Valle de Uco, piquetes autoconvocados y también organizados, llamadas a la desobediencia civil a través del no pago del boleto fueron parte del repertorio de lucha del pueblo trabajador que obligó al gobierno a realizar improvisadamente algunas modificaciones, retornando a recorridos anteriores en algunas zonas.
Desde el 2 de enero a la fecha se han realizado cinco movilizaciones multitudinarias en el centro de la ciudad,convocadas por distintos sectores de la sociedad como estudiantes, sindicatos, jubilados/as, vecinos/as autoconvocados/as, partidos políticos de izquierda, asambleas socioambientales y otras organizaciones sociales. Las distintas convocatorias sumaron más de 20 mil marchantes en pleno enero, y fueron enormemente apoyadas al caminar por la ciudad por transeúntes que acompañaban aplaudiendo y automovilistas con sus bocinas.  Hasta los mismos choferes de los colectivos mostraban su apoyo al transitar de la movilización.
La respuesta del gobierno provincial fue la soberbia y la represión.  En el Departamento de Las Heras, vecinos/as autoconvocados/as soportaron la represión del estado policial, que detuvo e imputó a tres personas que habían salido a reclamar por la pérdida de recorridos. Guaymallén, el departamento más poblado del conurbano mendocino, contó con varias medidas de acciones directa por parte de habitantes de la zona, terminando una de ellas con una fuerte represión policial donde varias mujeres y hasta una niña de 3 años terminaron heridas por balas de gomas de la Policía de Mendoza.
El broche de oro de la represión estatal fue la presencia de hasta dos policías por colectivo al momento en que la consigna de “No pagar el boleto” comenzó a ganar popularidad. La ecuación no es tan complicada: cuando fuese necesario el gobierno mendocino, a través de la policía provincial, reprimiría abiertamente como fueron los casos de Las Heras y Guaymallén. Y  cuando fuese necesario apelaría a la represión preventiva para no dejar fluir la resistencia abierta de la sociedad frente a este enorme atropello. Garantía última de la ganancia empresaria, la represión es decisión política de un gobierno que quizás tema se replique en estas tierras el ejemplo chileno: la evasión (no pago del boleto) alcanza entre el 25 y el 30% de la población usuaria del “Transantiago”; primo hermano de Mendotran con más de una década de implementación en el país trasandino. Aunque de la mano de sus gobiernos, de Pinochet en adelante, el Estado chileno se haya convertido en el alumno prodigio del neoliberalismo en la región, no logra acallar la combatividad de un pueblo que reaparece como el viejo topo en las alamedas santiaguinas, en los puertos y carreteras desde Arica hasta el Wallmapu, desafíando la lógica capitalista del despojo y la explotación.
El rol del Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemom), con Rodolfo Calcagni a la cabeza ha sido por demás funcional al gobierno provincial. Los choferes son enormemente perjudicados por estas medidas, desde el estrés generado a partir de los nuevos recorridos, hasta tener que habitar nuevas e improvisadas “terminales” de ómnibus en descampados o plazas, sin siquiera tener baños ni un espacio adecuado para descansar entre turno y turno de los interminables nuevos recorridos trazados por funcionarios que nunca han pisado un colectivo en su vida.
Lejos de funcionarios y empresarios, el termómetro social de la Provincia arroja cifras preocupantes: la desocupación supera el 6%, la pobreza afecta al 27% de la población,  los salarios sólo han subido un magro 25% que se desvanece cada día con la inflación, que en 2018 llegó al 47,6%, siendo la cifra más alta de las últimas tres décadas. En este contexto, el Mendotran y el boletazo implican una enorme provocación para la población trabajadora, jubilada y para el estudiantado que ve restringido aún más el acceso a la educación, amenazado por recortes presupuestarios y cierre de carreras en el nivel superior.
El pueblo sigue en las calles luchando contra este enorme saqueo del gobierno, sus empresarios amigos y la complicidad de ciertos sectores políticos y sindicales que están dispuestos a ir por todos los derechos del pueblo en este nuevo capítulo de entrega al FMI y el capital financiero internacional. Enero seguirá caliente en la provincia cuyana y el próximo jueves se reeditará la convocatoria en las calles para decir: “No al Mendotran, no al ajuste y al saqueo, no a la baja de edad de punibilidad, Sí al boleto gratuito para estudiantes y jubilados/as”.
El “tarifazo” es el nombre criollo que se le dio al reciente aumento en los servicios de luz, agua, gas, transporte y peajes, como parte del programa de obligaciones que contrajo el gobierno de Macri con el FMI. La coalición que gobierna parece no tener problemas en hambrear al pueblo y arrodillarse ante los organismos financieros. El tarifazo comienza a instalarse como el significante que aglutina la articulación política de un proyecto de unidad, rechazando este modelo neoliberal que conduce al suicidio de la Nación.

No al tarifazo

La lentitud para lograr un acuerdo entre los dirigentes con el objetivo de derrotar en las urnas al neoliberalismo, se contrapone a una unidad que surge en la calle, desde abajo, politiza lo social y dice “No” al tarifazo, que debe ser leído como “No” al neoliberalismo.
Las encuestadoras miden intención de votos, imagen de candidatos, etc. Sin embargo, no hay mejor método que el “termómetro” de la calle para diagnosticar el ánimo social. Como se evidencia en este enero “caliente”, con la expresión de intenso malestar en la multitudinaria marcha convocada por las CTA, los camioneros, otras organizaciones sindicales y los movimientos sociales.
La movilización culminó con un acto en Plaza Congreso, donde se leyó un documento de rechazo al tarifazo, acción que se repetirá todos los jueves en distintas ciudades del país. Según afirman Yasky y Pablo Moyano, es probable que esta marcha sea la antesala de un inminente paro nacional.
Otro ejemplo fue el ruidazo contra el tarifazo, autoconvocado desde las redes sociales. La gente salió a la calle para quejarse, con palmas, ollas, cantos y consignas, en las esquinas y plazas de todo el país. Como dato novedoso, se advierte que comienza a participar activamente un sector afectado y enojado por la situación económica, que incluye gente que reconoce públicamente haberse equivocado al votar a Cambiemos. Todo indica que su comportamiento será de mucha gravitación en las elecciones nacionales
Las manifestaciones de rechazo al tarifazo se van articulando en la calle y en la acción política, funcionando, como dijimos, de termómetro que mide el ánimo social, pero sobre todo dan cuenta de la fundación de una unidad plebeya aún sin representación.

Politización de lo social

Desde “el subsuelo de la patria sublevado”, hermanadxs en el mismo grito, crece en la acción política una base social que demanda unidad para vencer en las urnas a este gobierno neoliberal. La calle plantea un límite, configura la frontera antagónica que expresa el conflicto político actual: dos modelos de país, democracia nacional-popular o neoliberalismo, es lo que está en disputa.
Hasta hace poco tiempo muchos afirmaban que “no hay reacción popular”. ¿Se puede empujar al sujeto a posicionarse contra el neoliberalismo, obligarlo a participar en una experiencia colectiva y forzarlo a que haga política? La respuesta negativa es obvia. La politización tiene su propia temporalidad y se fundamenta en la experiencia. La etimología de experiencia se relaciona con el acto de atravesar, el prefijo ex (separación del interior) y la raíz peri del verbo (ensayar, probar). Esto significa que la política no es sólo ideacional o racional, sino que se siente en el cuerpo singular y social, se atraviesa en un proceso vivencial compartido y solidario que siempre es con otros y en la calle. La solidaridad implica la percepción de la continuidad de los cuerpos y la inmediata comprensión de que mis faltas se articulan con las del otro y otra, eso funda un lazo y una posición común de empoderamiento. Judith Butler afirmó en su libro Cuerpos aliados y lucha política (2017) que la reunión de cuerpos pone en juego significados políticos, más allá del discurso.
La politización de lo social comienza a interrumpir la posición de espera, sacrificio e impotencia, que instaló en el sentido común el Gobierno de Cambiemos desde que asumió, y funda un escenario que engendra una nueva distribución de fuerzas. En el 2015, una subjetividad débil y resignada repetía al unísono el slogan “hay que darles tiempo”. Luego aconteció la sorpresa, la constatación defraudada, el desánimo paralizante que se tradujo como escepticismo: “son todos iguales” afirmaba el coro. Finalmente, siguió el duelo por una prometida revolución de la alegría que, a pesar del paso de los semestres, no sucedía.
El punto débil del poder reside en la experiencia de empoderamiento que surge de la politización de lo social, se fundamenta en la voluntad popular y presenta a la solidaridad como condición. Dicho de otro modo, hay un cuerpo singular y social que no es completamente reductible a la Matrix y a la violenta penetración que actúa sobre la subjetividad, que no está sometido a la anestesia total, sino que siente, sufre y palpita.
La solidaridad de los cuerpos y la organización constituyen una posible salida al hechizo de imposición neoliberal. Llegó la oportunidad de la convergencia en un nombre propio que represente la unidad, capaz de escuchar los ruidos de la calle, que organice la lucha política y conduzca hacia el cambio de rumbo.

La Asamblea de Trabajadoras de prensa ratificó su respaldo a la delegada Paula Sabatés

La actividad de la que además participaron mujeres de colectivas diversas representó la consolidación de un espacio que aborda las múltiples problemáticas que padecen las trabajadoras de prensa.
La propia delegada de Página 12, dejada sin trabajo en la AM750 como represalia a su actividad sindical precisó que la intención es luchar contra la precarización de las compañeras y fortalecer la presencia feminista en los espacios periodísticos de los medios de comunicación.
El grupo Octubre, que preside el secretario General de los encargados de edificios, Víctor Santa María, adeuda a las y los trabajadores del diario Página 12 el incremento salarial correspondiente a la paritaria acordada para el año 2018, que finalizó con una inflación del 48%.

Misiones le dice ‘no’ a los transgénicos

El Gobierno busca desarrollar el maíz transgénico en Corrientes y Misiones. ATE alerta sobre la pérdida de biodiversidad y soberanía alimentaria.
La sede del Consejo Directivo Provincial de ATE, fue en la jornada del jueves 17 de enero, epicentro de un nuevo encuentro del Colectivo No a los Transgénicos en Misiones. Por el sindicato, participaron del encuentro, el secretario de organización del CDP, Ismael Benítez, y el delegado en el sector guardaparques, Diego Ciarmiello.
Este espacio viene objetando fuertemente y concientizando a la sociedad acerca de las consecuencias nefastas que acarrearía para la provincia la instauración del maíz transgénico a gran escala en la provincia que recientemente fue declarada Capital Nacional de la Biodiversidad.
La polémica se instaló en Misiones a partir del anuncio que – en diciembre- efectuó la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial dependiente de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, acerca de un convenio con la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), para desarrollar el cultivo de maíz transgénico, de alta productividad en Misiones y Corrientes, con el objetivo “de producir y exportar -desde estos territorios- más de 1.000.000 de toneladas” al Brasil. Posteriormente, funcionarios nacionales de los programas y proyectos de Agricultura Familiar iniciaron presentaciones en la localidad misionera de Puerto Rico para el desarrollo del cultivo de maíz con semillas transgénicas; y en la ciudad de San Antonio se iniciaron ensayos de siembra en chacras de pequeños productores, en el marco del acuerdo de MAIZAR y Agricultura de la Nación.
“Las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad”,  aseguró Diego Ciarmiello, integrante del Frente Ciudadano Ambiental Capuera.  Por lo tanto, deben continuar en manos de los agricultores y “no de las grandes corporaciones”, agregó en declaraciones a LT 4.
“Esta política del gobierno nacional atenta con las políticas del gobierno provincial que fueron construidas hace décadas. Porque el maíz transgénico es una amenaza a la biodiversidad, a la soberanía alimentaria. Al igual que la soja transgénica, las  experiencias han sido denunciadas por los propios campesinos, y los integrantes de los pueblos originarios. El maíz transgénico contamina al maíz tradicional, en corto plazo. No hay garantías que el producto transgénico no tenga impactos sobre la salud, frente a la falta de información y a lo ocurrido en otros países, estamos en alerta”, expresó el delegado de ATE, Diego Ciarmiello.
“Se necesita una diversidad de semillas en manos de millones productores”, dijo para acotar  que “es la que ya alimenta a los más pobres. Es un juego macabro, el productor acepta porque se están promocionando y subsidiando e impulsando este tipo de maíz. Alrededor  250 mil de maíz transgénico, en una provincia donde queda un millón de hectáreas de monte, es altamente preocupante. Muy rápidamente va a desparecer el maíz criollo y las prácticas milenarias y centenarias que son el patrimonio de las comunidades originarias y de nuestros productores, que se verán obligados a plantar estas semillas”.
El colectivo de movimientos, redes y organizaciones NO a los Transgénicos en Misiones solicitó a la ministra de Agricultura Familiar de Misiones, Marta Ferreira, que el Gobierno provincial no permita la ejecución del convenio que firmaron la Secretaría de Agroindustria de la Nación y Maizar que establece sembrar maíz transgénico en este territorio. Además se instrumentó una campaña, que se puede visualizar y apoyar ingresando a:
Mantener durante miles de años la biodiversidad agrícola ha sido uno de los factores que permitió a los agricultorxs de todo el mundo y de Misiones asegurar su independencia productiva y la soberanía alimentaria de sus comunidades. Nosotrxs ciudadanos y ciudadanas, campesinxs, productorxs de la agricultura familiar, estudiantes, trabajadores de la salud de la Provincia … Sigue leyendoMisiones – Argentina: NO a las semillas transgénicas en la Capital Nacional de la Biodiversidad
Prensa ATE Misiones

La industria perdió casi 116 mil empleos desde el inicio de la gestión de Macri

La estadística de la Secretaría de Trabajo registró 1.141.447 asalariados en octubre pasado. Acumuló siete meses consecutivos de caída en los puestos de trabajo.
(Foto: AFP)
20 de Enero de 2019
En octubre pasado, 1.141.447 asalariados se desempeñaban en la industria manufacturera privada. La Secretaría de Trabajo publicó el dato a fines de diciembre, sobre el filo del fin de año. Quizá por eso no tuvo mucho eco. Lo cierto es que es la cifra más baja desde enero de 2009, que es la fecha más antigua de las estadísticas públicas que exhibe la cartera laboral. En el primer mes de se año, la cantidad de asalariados industriales registrados era de 1.181.853.
Los números de la serie estadística de los trabajadores asalariados del sector privado permiten diversas lecturas. Una es que en el transcurso del año que va de octubre de 2017 a octubre de 2018 los registros perdieron a 49.465 asalariados en la industria.
Las diferencias son más profundas en la comparación entre octubre de 2018 y el mismo mes de 2015, cuando en la industria ya se sentía la restricción de dólares producto del cepo y el bloqueo de dólares impuesto a la Argentina por los mercados internacionales de deuda por el conflicto legal con los fondos buitre. suman 115.941 asalariados menos en tres años.
La cantidad de asalariados industriales del sector privado baja de manera constante desde  marzo pasado, cuando había 1.193.398. Es decir, a octubre la estadística acumuló siete meses consecutivos de caída. En ese derrape perdieron sus empleos 51.951 asalariados industriales.
La secuencia de siete meses consecutivos de caída es la segunda más larga de la estadística pública de la Secretaría de Trabajo. La mayor es una de diez meses corridos, que va desde abril de 2016 hasta enero de 2017, es decir, durante la profunda recesión que siguió a la devaluación del peso apenas asumió Mauricio Macri la presidencia.
La secuencia que muestra la estadística laboral se condice con los pequeños ciclos económicos que manifestó la economía de Cambiemos en estos tres años. Mientras que el año 2016 estuvo marcado por la recesión, 2017 marcó un cambio por la fuerte inversión pública que aplicó el gobierno nacional por todo el país como parte de su estrategia electoral de cara a las legislativas de ese año. La devaluación del peso volvió a convertirse en la señal de largada de una nueva recesión en 2018, cuyo arranque se dio ya en diciembre de 2017 y que quedó formalizada con la recordada conferencia de prensa de los cuatro máximos funcionarios del área económica (Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Marcos Peña).
Con todo, la volatilidad del empleo industrial es un signo de estos tiempos. El pico se dio en marzo de 2013, con 1.271.976 asalariados registrados en ese sector, es decir, poco más de 90 mil más que en enero de 2009. Pero a partir de ese momento se inicia, con altibajos, una tendencia al declive en el empleo industrial que se acentúa con el actual gobierno pero que ya estaba presente antes.
La preocupación entre quienes siguen el derrotero de la industria es que estos movimientos en el empleo no están vinculados a la reconversión tecnológica industrial o a las mejoras estructurales que podrían resultar en que menos obreros producen más bienes. La brusca caída de la inversión (ver página 8) demuestra que ese no es un vector de cambio. Los datos de la caída de la producción industrial también corroboran esta situación.
El empleo en la industria no crecerá. El 30% de los dueños de empresas aseguraron en una encuesta del Indec que reducirán sus planteles mientras que apenas el 7% prevé algún incremento. Es decir, seguirán descargando el peso de la crisis industrial en las espaldas de los asalariados, los que se quedarán sin empleo.
Envío:RL

TROPEL.

Salta: Comunidades originarias en larga marcha por el agua
Resumen Latinoamericano / 20 de enero de 2019 / APL
Desde este viernes, comunidades de pueblos originarios están marchando desde la Puna, desde San Antonio de los Cobres a la capital de la Provincia de Salta y estiman llegar el lunes que viene simplemente por agua potable, saludable, para no enfermar tanto como se enferman. Es que el peronismo del Gobernador Urtubey alcanza para las genuflexiones ante Macri, le sobra unidad en los planes del FMI-CAMBIEMOS y derrocha iniciativa para postularse a la Presidencia de la Nación.
Pero todo ese despliegue de servidumbre y complicidad con los planes imperialistas exhibe una cara siniestra en muchos sentidos: no puede dejar de asombrar e indignar que las comunidades deban poner en la ruta un reclamo por la negación de agua potable, saludable, que no enferme. Así de terriblemente sencillo es el atropello.
Fueron desalojados de la ruta 51 y comuneros Kollas detenidos el 11 de enero, pero la protesta sigue en el camino para evidenciar el reclamo elemental que ubica en un distinguido puesto de la canallería burguesa a Urtubey.
Nos solidarizamos con las comunidades en lucha y les pedimos a los compañeros que se difunda la denuncia, tanto como la acción emprendida y se mantenga la mirada también en esta pelea por algo tan básico para el pueblo como negado por el Gobierno de la Provincia de Salta integrado al ajuste del FMI.
Rosario, 19 de enero de 2019.
U.A.D.H – C.A.D.H

Celebrar a Darío Santillán
Por Leonardo Marcote, Revista Resistencias – Resumen Latinoamericano, 20 de Enero de 2019.
Jornada artística a 38 años del nacimiento del militante popular
“Todos los que estamos acá amamos a Darío. Lo ama la gente que lo conoció y lo ama también gente que nunca converso con él, que no tuvo la suerte de recibir su abrazo. Entonces, cuando ves gente que lo llora, sin haberlo conocido, te impacta muchísimo y tanto a mí, como a mi viejo, nos emociona hasta las lágrimas”, dice Leonardo Santillán, su hermano, uno de los organizadores del cumpleaños del joven militante de 21 años que fue asesinado el 26 de junio de 2002, cuando intentaba asistir a su compañero, Maximiliano Kosteki, herido de un balazo por un policía en el interior de la ex-estación Avellaneda, hoy llamada “Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”.
“De un tiempo a esta parte los 18 de enero se vieron invadidos por publicaciones de Dari en Facebook, muestras de cariño, de amor, mensajes de aliento para su familia. Toda esa muestra de cariño nos llevo a la organización de esta celebración. Celebrar su lucha, su vida. Pero, más allá de ser una celebración, seguimos denunciando a sus asesinos. Muchos de los responsables de la muerte de Darío y Maxi están libres.
“El ejemplo de Darío ha sido muy fuerte, hoy Darío vuelve a nacer, lo han fusilado pero como dice mi viejo, él ha dejado una semilla y nos conmueve que su asesinato no haya quedado en el olvido. Tenemos una rara suerte porque hemos perdido muchos compañeros y compañeras del campo popular que no han sido tan recordados como él. A mí me costó muchísimo encontrarle alegría a todo esto. Te cuesta porque te queda mucha bronca de su asesinato, de que lo hayan matado por la espalda, como cobardes”, en la pausa que se toma Leonardo para charlar con nosotros y mientras toma cerveza de una lata, se le viene a la cara una sonrisa y una anécdota de su hermano. “El 14 de diciembre de 2001 estábamos en casa con mi otro hermano Javier y mi hermana Noelia, mi viejo en ese momento no estaba porque estaba laburando en el Argerich, nosotros vivíamos solos porque Darío ya se había mudado a Chingolo para luchar por la toma de tierras. Suena el teléfono al mediodía y atiendo. Era mi viejo avisando que se va a quedar a laburar en el hospital hasta más tarde. Nos avisaba para que nos quedemos tranquilos. A la media hora de ese llamado, suena de nuevo el teléfono y atiendo. Era Darío, ‘¿se acordaron que hoy es el cumple de Noe?’, me pregunta. ‘Uh, me olvide’, le dije. “Bueno en un rato yo voy para casa y organizamos algo para festejar”. Lo llamo a mi viejo para preguntarle si él sí se había acordado y el “Gordo” se quería matar, se había olvidado también. Yo la salude a mi hermana a partir del llamado de Darío y después llamo mi viejo a mi hermana excusándose y lo empezamos a cargar porque él en realidad se había acordado gracias a Darío. Esa fue una parte de Darío, en la cotidianidad de la familia. Estaba en todo. Un pibe muy paternalista. Yo me refugie mucho en él, me ayudo en la adolescencia, lo amaba. Estuve muy pegado a Dari, cuando él comenzó su militancia yo nada que ver, estaba en la calle, vagando, como cualquier adolescente y él me empezó a convencer de que me sume a la militancia. Empecé a estar con él en los piquetes, en algunas actividades. Y ahora -que estamos nosotros conversando con una cerveza de por medio- recuerdo la última birra que compartimos juntos. Fue en la casa de su novia, para fines de mayo o principios de junio de 2002, si uno pudiera retroceder el tiempo para compartir nuevamente esa última cerveza o de que vea esta movida que armamos para él, que sienta el calor y el cariño de su gente que lo ama, que lo reivindica y, sobre todo, que nunca lo va a traicionar”.
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“El amor hacia mi hijo es tan fuerte que no puedo parar”
“Después de un tiempo uno asume que el hijo sigue estando presente pero que nunca más va a estar, que nunca más lo voy a volver a ver, que nunca más me va a regalar su sonrisa. Yo me muero porque aparezca y me dé un abrazo. Que me diga, ‘está todo bien, viejo’”, Alberto Santillán observa desde un sector del predio “Roca Negra” a la primera de las bandas que se ofrecieron para tocar en el cumpleaños de Darío. Sus ojos transmiten la serenidad de un padre que luchó para que el asesinato de su hijo no quede impune. Su mirada tierna, y cansada de años de lucha, y un relato cargado de pasión, nos ayuda a conocer en profundidad a Darío Santillán militante pero, sobre todo, al hijo.
“Darío pagó con su vida por ser fiel a sus ideales y a lo que él decía, ‘nunca hay que dejar al compañero solo’ y volvió para no dejar a su compañero solo, y lo mataron por la espalda. Escuchar a Darío en los videos que rondan por internet a mí me ayuda a entender cosas que pasan hoy, tenía un mensaje muy claro y entendía muy bien la problemática del pueblo. Él se consideraba la continuidad de los compañeros caídos, desaparecidos. Hay muchas personas que hoy siguen con sus sueños, que por suerte levantan esos sueños tan nobles, él quería una argentina distinta, que haya un plato de comida en cada casa, que la gente tenga una vivienda digna, por todas esas cosas seguimos peleando nosotros también. Cuesta tanto… pero el amor hacia mi hijo es tan fuerte que no puedo parar.
“Como militante fue un ejemplo y como hijo un fuera de serie. Le gustaba ir a buscarme al trabajo, yo soy enfermero hace 31 años en el Hospital Argerich y Darío me caía de sorpresa y esperaba a que termine mi turno para salir juntos. Se sentaba en algún lado a leer, le encantaba leer de todo, siempre el libro lo forraba con hojas de diarios. Y después salíamos charlar por ahí, a tomar algo. A veces cuando yo salía temprano me iba a las rondas de las Madres porque sabía que él estaba ahí y se ponía contento cuando me veía llegar. Nunca falto el ‘viejo te amo’.
“Una vez caminando por la calle me cruza un padre y me abraza. Me dice, ‘lo felicito por el hijo que tuvo’”, se emociona Alberto y vuelve a recordar la necesidad de poder abrazar a Darío nuevamente. “Hoy me llegaron mensajes de compañeros de distintos lugares, palabras de amor, de afecto. Estamos fuertes, aguantando, resistiendo, como dijo Eduardo Galeano “somos un mar de fueguitos” y esos pequeños fueguitos son lugares de resistencias y ahí estamos nosotros, los que perdimos a un ser amado, los que sabemos que estamos afuera del acceso a la salud, a la educación, al trabajo, entonces ahí estamos para luchar y seguir. A la celebración de su cumpleaños vino Norita (Cortiñas), el lugar se lleno de gente. Esto yo no lo generó, lo generó Darío con su lucha, con su solidaridad”.


Hantavirus, la negligencia criminal/ De virus a arma biológica
Resumen Latinoamericano/ 20 de enero 2019

HANTAVIRUS, LA NEGLIGENCIA CRIMINAL

La situación de indolencia del Estado nacional ante el brote patagónico

En las últimas semanas se conocieron varios casos de enfermedades producidas por Hantavirus. El brote que se evidenció a mediados de noviembre en la región andina con epicentro en la ciudad de Epuyén, Chubut, tuvo una evolución más dramática que los episodios endémicos habituales, remedando lo sucedido en la década del ’90. El subtipo Andes del virus Hanta, presente en esa región, además de tener una alta mortalidad —cercana al 40%— tiene algunas variantes que pueden producir contagio interhumano.
El Hantavirus es endémico en la zona centro, NOA, NEA y región Andina. La trasmisión se produce por la inhalación de partículas provenientes de saliva o excreciones fecales u orina de ciertos roedores, especialmente los ratones colilargos (Oligoryzomys longicaudatus). Sin embargo, ciertas variantes genéticas del tipo Andes del Hantavirus pueden producir transmisión interhumana, que es lo que se asume que sucedió en Epuyén y costó la vida de 10 personas relacionadas. La aparición de casos aislados en otras regiones del país responde más a la presencia endémica habitual que al brote andino, por ende no tienen correlación epidemiológica ni significan ningún riesgo incrementado.
De 2013 a 2018 se han registrado en promedio 100 casos anuales de Hantavirus. En estos años las provincias que han registrado mayor cantidad de casos son Buenos Aires, Salta y Jujuy. Durante estos años hubo un total de 111 fallecidos por el virus, que tiene una tasa de letalidad cercana al 20% pero que llega en algunas regiones del sur del país a una tasa del 40%. (1)
Aunque los casos comenzaron a mediados de noviembre, el alerta epidemiológica emitida por la Secretaría de Gobierno en Salud se demoró hasta el 19 de diciembre, luego de la aparición en algunos medios de comunicación. (2) Las medidas concretas tardaron todavía más y el presupuesto para trabajo en terreno aún aguarda su concreción. Sin embargo, y dada la posible transmisión entre personas del virus, una orden judicial indicó el aislamiento preventivo de 85 ciudadanos. Para garantizarlo se han enviado 40 policías de ciudades cercanas y el incumplimiento se penalizaría con prisión de 6 meses a 2 años. (3)
La demora y vacilación con la que la Secretaría de Salud se expresó fue tal que sumó al desconcierto y caos, tanto para la población como para el turismo, pero el Estado Nacional nuevamente decidió no ser parte del abordaje del conflicto, dejándolo en manos locales y provinciales, e incluso sumiéndose en polémicas con las autoridades andinas. Solamente emitió un alerta tardía, sin una definición concreta de la situación ni de las medidas adecuadas de cuidado. (4)

El (ex) Ministerio de Salud

Merece destacarse cómo la ministra Carolina Stanley ni siquiera hace la simulación de tener algo que ver con el desarrollo de las políticas sanitarias. Entonces cabe referirse al espacio como secretaría o ex ministerio.
El ex Ministerio de Salud tiene dos áreas cuyas funciones se relacionan con el control, prevención y manejo de enfermedades endemo-epidémicas, como el Hantavirus. A su vez, el ANLIS-Malbrán, un organismo científico técnico descentralizado dependiente del ex Ministerio, tiene también dos áreas que se dedican al tema. Analizando la evolución del presupuesto nacional desde el 2016 hasta la fecha, podemos observar: (5)
• Administración nacional de laboratorios e institutos de salud “Dr. Carlos Malbrán” (ANLIS – Malbrán): tiene entre sus funciones realizar la vigilancia e investigación epidemiológica y clínica de enfermedades transmisibles y no transmisibles. El recorte acumulado entre 2016 y 2019 en el presupuesto del área es 35,73%.
• Programa de Investigación, desarrollo y servicio en virosis humanas del ANLIS, acumula una reducción de 28,28% en el presupuesto de 2016 y 2019.
• Programa de prevención y control de enfermedades endémicas del ex Ministerio de Salud, su presupuesto se ha visto reducido en un 72% entre 2016 y 2019.
• Área de prevención epidemiológica y control de enfermedades agudas del ex Ministerio de Salud, acumula una reducción presupuestaria del 80,72% entre 2016 y 2019.

Variación presupuestaria de áreas vinculadas a la prevención y el control de Hantavirosis. 2015 – 2019, en porcentaje.


Elaboración Fundación Soberanía Sanitaria en base a datos de los presupuestos nacionales de 2015 a 2019.




Elaboración Fundación Soberanía Sanitaria en base a  los presupuestos nacionales de 2015 a 2019.




Elaboración Fundación Soberanía Sanitaria en base a los presupuestos nacionales de 2015 a 2019.





Elaboración Fundación Soberanía Sanitaria en base a  los presupuestos nacionales de 2015 a 2019.



La ausencia de políticas públicas de salud

Dado que se conoce la presencia habitual de roedores infectados con Hantavirus en determinadas regiones del país, una medida preventiva y de importancia es el monitoreo habitual de la presencia de virus en los animales, mediante la colocación de trampas y el estudio viral. De esa manera podría conocerse no sólo la prevalencia en los animales, y así estimar un riesgo de brotes, sino también las variantes genéticas y la posibilidad de contagio interhumano. Esta actividad fue discontinuada por las reducciones presupuestarias y aún no fue restablecida, ni siquiera durante el curso del brote con al menos 10 víctimas fatales.


Foto: Periódico El Progreso

Según lo informado por el ex Ministerio de Salud, se realizaron captura y evaluación de los roedores en las zonas frecuentadas por el caso índice (así llamado el primer caso del cual se cree que se produjo el contagio interhumano en Epuyén).(6) Si bien es correcto, es una estrategia solo capaz de realizar estudios sobre brotes sucedidos, pero no permite la posibilidad de evitarlos o restringirlos a la mínima expresión, que sería una de las funciones que el ex Ministerio de Salud tendría la obligación de llevar a cabo.
Sin embargo, hemos visto políticas sanitarias tomadas por vía coercitiva donde el Estado Nacional y Provincial envían policías para cumplir las pautas sanitarias emanadas de un juez, que hacen evidente la ausencia de políticas propuestas por el responsable del sistema de salud y el Ejecutivo nacional, que podría enviar equipos para reforzar la zona, realizar rastrillajes, capacitaciones, soporte técnico, visitas domiciliarias, etc.
Como no existe un tratamiento específico para la hantavirosis grave, el tratamiento es de sostén. Es decir, internación oportuna con cuidados intensivos de ser necesario. Debido a la escasa dimensión de las localidades afectadas, las instituciones sanitarias no cuentan con suficientes equipamientos de alta complejidad ni, eventualmente, profesionales para cubrir una demanda exponencialmente creciente. El gobierno nacional debería asistir con el equipamiento de alta complejidad, laboratorios para analizar las muestras virales en el lugar y los equipos médico-asistenciales adecuados, aun preventivamente, en caso de nuevos brotes. Además son necesarios barbijos de alta eficacia, Nº95, que el Estado debería haber enviado para que nunca le falte a nadie que lo precise localmente. Por otro lado, los barbijos pueden cumplir la medida de aislamiento respiratorio mucho más eficazmente que los policías, y con más respeto por los derechos humanos.
La situación de brote por virus Hanta en Epuyén amerita el conocimiento sobre este tipo de enfermedades y sobre las posibles medidas de prevención para generar prácticas de cuidados en la población.
Estas situaciones epidemiológicas, que comprometen áreas de al menos tres provincias (Chubut, Río Negro y Neuquén), precisan de un Ministerio Nacional que coordine las acciones con presupuestos acordes a las tareas que debe realizar. A su vez, la articulación del sistema científico y sanitario nacional es indispensable para el control de endemias y la prevención de epidemias. Este sistema es demasiado complejo para que pueda ser desarrollado por las provincia en forma independiente. La degradación del Ministerio de Salud de la Nación, incluido en un ministerio cuya autoridad máxima jamás se expresó sobre políticas sanitarias, es completamente funcional con el abandono del rol rector del Estado Nacional respecto de la salud.
Esto sumado a la voluntad política de no asistir en estos casos y un blindaje mediático que aísla a las poblaciones en sus padecimientos, propone un alarmante panorama hacia el futuro. Algunos de estos brotes epidémicos tratados con indolencia y negligencia —como dengue, fiebre amarilla, sarampión, etc.— pueden en algún caso tener consecuencias no controlables.


* Nicolás Kreplak es presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria. 
Médico clínico, sanitarista y docente universitario. 
Ex viceministro de salud de la nación.

1) Secretaría de Gobierno en Salud. Alerta epidemiológica. Aumento de casos de hantavirosis en Epuyén, provincia de Chubut. Ver 19 de diciembre de 2018 – SE 51.
2) Chubut: Investigan una posible cuarta muerte por Hantavirus. 18 de diciembre de 2018.
3) Según información publicada en Cholila On Line. Disponible aquí. Boletín Integrado de Vigilancia N° 434 – SE 01. 04/01/2019. Disponible aquí.
3) Nota publicada diario La Nación, 12 de enero de 2019. Disponible aquí.
4) Para conocer información sobre cuadro clínico, medidas de prevención o pautas para los equipos de salud:
• InformeFSS No. 39 – ENERO 2019. Brote de Hantavirus o o como un Estado ausente agrava las situaciones epidemiológicas. Disponible en Fundación Soberanía Sanitaria.
• Informe de Situación Hantavirus 2018-2019. Sociedad Argentina de Medicina.
• Hantavirus. Actualización epidemiológica y terapéutica. Sociedad Argentina De Infectología. Enero de 2019.
5) InformeFSS No 37 · OCTUBRE 2018. Serie que analiza el proyecto de presupuesto en salud para 2019.
6) Sala de situación de Hantavirus 2019 – SE 01 Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud. Secretaria de Gobierno de Salud.


DE VIRUS A ARMA BIOLÓGICA

Al organismo de salud de EE.UU. especializado en enfermedades contagiosas, el Hantavirus no le gusta nada

El único antecedente del brote de Hantavirus con transmisión interhumana ocurrido en Epuyén, tuvo lugar hace 22 años, en El Bolsón. El famoso CDC catalogó la cepa como “de alto riesgo biológico”, ya que el virus es considerado como un arma biológica. Aquí te mostramos cómo el ahorro del gobierno al eliminar la partida asignada a Chubut dentro del Programa de Control de Enfermedades Endémicas tiene un costo mucho mas alto que el $1.800.000 eliminado del presupuesto.
El CDC (Centro de Enfermedades Contagiosas) forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y su responsabilidad, a nivel nacional, radica en el desarrollo y la aplicación de la prevención y control de enfermedades y salud ambiental. En las películas de Hollywood, cada vez que hay un brote de Ébola o alguien dispersa un agente químico sobre alguna ciudad enseguida aparece la camioneta del CDC con un equipo de profesionales con trajes especiales, que contienen el área mientras investigan la amenaza biológica.
Cuando un patógeno es utilizado como arma para producir enfermedades y hasta la muerte al enemigo, es considerado un arma biológica. El CDC es el órgano que se encarga de catalogar a los agentes biológicos utilizado en la producción de estas armas utilizadas por el bioterrorismo a nivel mundial.
De acuerdo al documento oficial del CDC: “Terrorismo biológico y químico: Plan estratégico de preparación y respuesta“, las armas biológicas se clasifican en tres categorías:
Categoría A: agentes de fácil transmisión interhumana (persona a persona), con alta tasa de mortalidad, que provoquen un colapso de la salud pública y pánico en el entorno. (Ejemplos: fiebre hemorrágica, antrax, botulismo, viruela, peste, etc.)
Categoría B: agentes de transmisión y tasas de morbilidad moderada y mortalidad baja. (Ejemplos: Salmonella, Escherichia colli, etc.)
Categoría C: agentes fáciles de obtener, producir y distribuir, con alta morbilidad y mortalidad. (Ejemplos: Hantavirus, virus Nipah, fiebre amarilla, tuberculosis resistente a antibióticos, etc.)
En 1996, tras un brote en El Bolsón, se confirmó que la cepa conocida como Andes Virus es el único Hantavirus que se transmite de persona a persona, por lo que la CDC le asignó las categorías A y C.
Después de tantos años, la súbita aparición de un brote de la cepa de Andes Virus encendió las alarmas de la comunidad científica argentina, que catalogó al evento como “inusual” dado que el único antecedente de esta cepa data de 22 años atrás.
Para el CDC existen 4 niveles de riesgo biológico. Actualmente el Hantavirus se encuentra en el nivel 3, junto con otros virus de alta mortalidad para los que, a diferencia del Hantavirus, ya existe una vacuna o tratamiento, pero en las especificaciones para la manipulación de las muestras del virus, el CDC requiere un Laboratorio de Bioseguridad Nivel 4, el más alto de todos.
En el libro Armas biológicas: reconocer, comprender y responder a la amenaza, los autores explican que si la cepa Andes Virus fuese diseminada en un lugar público, se transformaría en una bola de nieve sin control. “Si un brote infectase a mil personas, 400 morirían y 600 requerirían cuidados médicos por hasta 2 años, colapsando el sistema de salud y la fuerza laboral de la zona afectada”.
La doctora chilena María Inés Barría, licenciada en Ciencias Biológicas que trabajó en el Hospital Monte Sinaí en Estados Unidos, asegura que su equipo desarrolló una vacuna en base a anticuerpos monoclonales que puede curar el Hantavirus, aunque no especificó si también es efectiva contra la cepa Andes Virus. La científica le solicitó el año pasado al Ministerio de Salud chileno una inversión de 1,5 millones de dolares a fin de realizar la prueba piloto en humanos produciendo 1.500 dosis, pero la respuesta del ex subsecretario de Salud, Jaime Burrows fue negativa, ya que la cantidad de infectados anuales (20), no justificaba tamaña inversión.
En Argentina, durante los últimos 5 años la cifra de muertes anuales por Hantavirus en Chubut se elevó a partir de que el gobierno en 2017 subejecutó en un 100% la partida asignada a dicha provincia dentro del Programa de Control de Enfermedades Endémicas.


El Programa de Prevención y Control de Enfermedades Endémicas dependiente de la Subsecretaría de Estrategias de Atención y Salud Comunitaria tiene como objetivo prevenir las enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis, y participar en el control de situaciones de riesgo o emergencias que pongan en peligro la salud de la población en el ámbito nacional. Dentro de las enfermedades zoonóticas se encuentra el Hantavirus.
En 2018, el presupuesto asignado para el Programa de Prevención y Control de Enfermedades Endémicas fue de $ 345.497.932, cifra que se redujo en un 37% para 2019, donde el mismo ítem figura con $ 219.025.822.
En lo que hace a la partida asignada por Nación a la provincia de Chubut para prevenir las enfermedades zoonóticas, en el año 2017 se asignó la suma de $1.800.000. Al 31 de diciembre de 2017 la subejecución era del 100%: el gobierno no ejecutó ni un centavo. Para 2018 Chubut fue eliminada del listado de provincias con presupuesto asignado desde Nación.



El costo del ahorro del gobierno en la prevención y control del Hantavirus en Chubut fue altísimo, ya que a las pérdidas humanas se le suma ahora un reclamo del sector turístico que asegura haber perdido 2.400 millones de pesos a raíz del brote.
Con Estados Unidos construyendo una base en el sur, las inversiones foráneas en Vaca Muerta, y el interés extranjero por las tierras patagónicas, que reaparezca esta cepa de virus luego de 22 años es, como dicen nuestros científicos, un evento “inusual”.

Este artículo fue publicado originalmente por El Disenso (www.eldisenso.com). La foto principal 
es un fotograma de una de las tantas ficciones en las que se apela a la importancia del CDC: 
la serie "The Strain", basada en la novela de Guillermo del Toro y Chuck Hogan.



Fuente: Cohete a la luna


La doctrina Bullrich en acción. La policía mata con total impunidad porque la ministra los avala
20 enero 2019
Vuelco inesperado en el caso más resonante de fines de 2018, el asesinato de una pasajera en un micro repleto. La investigación reveló que no la mataron los delincuentes, como se había difundido, sino un policía de la Ciudad que usó su arma sin tener en cuenta la vida de los pasajeros.
Por Raúl Kollmann
Imagen: Fotomontaje Alfredo Argento
Uno de los más resonantes casos de los últimos tiempos produjo esta semana una enorme sorpresa: la muerte de una pasajera en un micro en Esteban Echeverría, el 27 de diciembre de 2018, no fue obra de ladrones que subieron al vehículo sino de un policía de la Ciudad de Buenos Aires, imbuido de la doctrina impulsada por Patricia Bullrich. El efectivo disparó cuatro veces en un micro repleto, produciendo la muerte de la pasajera Sandra Rivas, de 46 años. Un dato no menor es que el efectivo tiene 19 años, había egresado de la academia el 11 de diciembre de 2018 y disparó dentro del micro el 27, a apenas 16 días de ser policía. Se ve que la doctrina Bullrich impacta de lleno en los nuevos efectivos, cuando lo que se debería instruir es el uso de arma sólo en casos de extrema necesidad y nunca poniendo en riesgo la vida de inocentes.
El caso produjo un impacto mayúsculo porque se situó a la víctima como protagonista de una historia dramática. Otra pasajera contó que ella empezó a gritar “no quiero morir, no quiero morir” y Rivas la cubrió, recibiendo el disparo. La investigación y las pericias ordenadas por el fiscal Andrés Devoto no sólo demostraron que la muerte se produjo por uno de los cuatro disparos del policía sino que tampoco está claro que los delincuentes hayan disparado: no se encontró ningún proyectil ni vaina salida de otra arma que no fuera la del policía.
Junto al efectivo que disparó, en el asiento contiguo, viajaba otra mujer policía, pero de una fuerza distinta: la Bonaerense. La mujer mantuvo la calma y no disparó, contradiciendo la tradición de su fuerza. Cuando uno de los delincuentes salió corriendo, entre los dos efectivos lo persiguieron, no pudieron alcanzarlo pero pidieron un refuerzo y un patrullero de la Bonaerense lo redujo sin disparar un tiro. No se aplicó la doctrina Chocobar-Bullrich de tirarle al que huye. Tal vez la mujer policía, en el micro, tuvo en cuenta la ley 13.482 de la Provincia de Buenos Aires, dictada durante la gobernación de Felipe Solá y que establece para los efectivos: “recurrir al uso de armas de fuego solamente en caso de legítima defensa propia o de terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista riesgo de afectar la vida humana”.La norma expresamente indica que se privilegia la vida sobre la propiedad, o sea que no se puede disparar cuando sólo se trata de preservar bienes de un robo. Tras la detención, ambos delincuentes están ahora presos y afrontan altas penas, al menos por el delito de robo con armas.
Inicialmente se creyó que los dos ladrones, Gabriel Ledesma y Mauricio Parodi, fueron los que dispararon y dieron muerte a Rivas, sentada en la parte delantera del ómnibus. En especial jugó un papel la sangre que le vieron a la mujer en la cara, arriba de la nariz, y luego el relato de la pasajera que contó que Rivas la protegió. Sin embargo, la autopsia ordenada por el fiscal Devoto demostró que la sangre en la cara correspondía al orificio de salida y que la bala entró desde atrás, atravesando el asiento, ingresando en el cráneo y saliendo por adelante. Los asientos del micro La Costera, de media distancia, son altos y por eso la trayectoria atravesó el respaldo e impactó en la mujer. Eso prueba que los disparos vinieron de atrás, donde estaba el policía, y no de adelante donde estaban los delincuentes.
El jueves pasado se concretó la pericia planimétrica, o sea el estudio, incluso con rayos laser, de las trayectorias de las balas y dónde estaba ubicada cada persona. Ese estudio confirmó lo que era evidente. El policía de la Ciudad, colocado en la tercera fila contando desde el fondo, gritó ¡Alto, policía!, disparó en diagonal, de atrás hacia adelante, donde estaban los delincuentes, y también en dirección al lugar donde estaba sentada Sandra. La proyección con laser se convirtió en una prueba indubitable.
Pero, además, en el asiento ubicado inmediatamente adelante de donde estaba el discípulo de Bullrich se encontraron las vainas servidas de los cuatro disparos que hizo. Se trata de vainas de proyectiles FLB, iguales a las que tenía el joven uniformado en el cargador y distintas a los proyectiles CBC que tenía la mujer-policía de la Bonaerense. También se encontraron el resto de los impactos del policía: uno en el vidrio de adelante, otro que hirió a uno de los ladrones y el cuarto en el brazo de otro de los ladrones. En todo el micro no se encontraron más vainas ni proyectiles que esos, lo que –en principio– significa que no disparó nadie más. Hubo otro pasajero herido, lo que hace presumir que la bala que atravesó el brazo del pasajero fue la que terminó en el parabrisas, pero eso no está claro.
Como ocurrió con la joven que gritaba “no quiero morir”, los balazos adentro del micro crearon una enorme confusión. Los testigos no pudieron percibir bien quién disparó y quién no disparó, por lo que hay algunos que dijeron que los ladrones dispararon y los policías no, y algunos que dieron la versión opuesta. Sí está perfectamente claro que al menos uno de los delincuentes –vestido con camiseta de Boca– exhibió un arma, mientras que no se sabe si el otro estaba o no armado. Los testimonios son contradictorios. Los dos fueron detenidos, pero se encontró una sola pistola, con el cargador vacío, así que es muy probable que el de la camiseta de Boca no haya disparado. Y es posible que el otro delincuente no haya portado arma. En medio del caos, los testigos no son muy confiables y el fiscal Devoto debió orientarse por los elementos objetivos: balas, vainas, pistola encontrada.
Un dato asombroso está relacionado con el proyectil que mató a Sandra. Ella viajaba en las primeras filas, en el asiento del pasillo. A su lado se ubicó su hija, que tenía frente a sí un bolso con el cierre roto. Al día siguiente de la muerte de Sandra, la hija revisó el bolso y se encontró con un proyectil, también de la marca FLB, la del policía de la Ciudad. La hipótesis es que la bala atravesó el asiento, luego impactó en la cabeza de Sandra, salió arriba de la nariz y cayó en el bolso. La pericia se hará este martes, aunque no tiene la relevancia de la planimetría dado que no se sabe si se va a poder determinar que corresponde al proyectil que mató a la mujer. La planimetría es decisiva porque del lado de atrás del micro no había delincuentes sino que estaba los dos policías, el que disparó y la mujer policía que no lo hizo.
El impacto de la doctrina de meter bala es evidente: cualquier uniformado siente que tiene libertad para disparar y, por supuesto, aparecen de inmediato los que se sienten justicieros, piensan que los van a galardonar, y disparan incluso dentro de un micro repleto de gente. Llevar a la Casa Rosada a un efectivo –Chocobar– que le disparó a un ladrón por la espalda es un mensaje a todos los policías. Igual efecto tiene exhibir un reglamento, inconstitucional, que deja las manos libres para usar el arma aún si no es estrictamente necesario. O defender a los que le tiraron, también por la espalda, a Rafael Nahuel, o a los que corrieron de forma ilegal a Santiago Maldonado, son todos gestos que alientan a disparar aún a riesgo de matar a alguien que pasa o a alguien sentado en el asiento de un micro.
Para el policía lo ocurrido también tiene un costo: de hecho el efectivo de la Ciudad fue notificado de que será imputado por homicidio. Es muy posible que termine acusado por homicidio culposo, es decir no intencional, pero afronte una condena penal y una posible inhabilitación por muchos años.

La muy dudosa eficiencia de la orden a los policías de ir Armados fuera de servicio

Con el arma siempre encima

Sólo la PSA ordena a los efectivos que dejen el arma al dejar su turno, y otras fuerzas los cargan por “maricones”. Mientras, no sólo mueren civiles sino que los agentes enfrentan riesgos muy grandes al actuar sin respaldo.
Gatillo fácil: Sonia Colman y Sabrina Olmos murieron por disparos policiales en casos en los que no tenían nada que ver.
Gatillo fácil: Sonia Colman y Sabrina Olmos murieron por disparos policiales en casos en los que no tenían nada que ver. 
El uso de armas de los efectivos policiales no estando en servicio –como en el caso del micro de Esteban Echeverría– levantó y aún levanta enormes polémicas. En tiempos en que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue diseñada por Marcelo Saín, se determinó que los efectivos deben tomar el arma cuando entran a servicio y dejarla cuando se retiran. La medida provocó una enorme controversia, al punto que los integrantes de la PSA se quejaban porque los trataban de “maricones” los miembros de las otras fuerzas. La idea fue limitar el uso de armas, algo que además deriva en muchas muertes de policías a los que sorprenden cuando intervienen de manera espontánea. El otro objetivo era evitar violencia con el arma reglamentaria en femicidios, peleas, conflictos hasta barriales, accidentes en la manipulación de armas por parte de un familiar, en general un niño, y la intervención no organizada que deriva en que se le dispara a la multitud o a personas que corren por la calle. Las otras fuerzas le permiten a sus efectivos que porten las armas las 24 horas, lo que de por sí ya es un peligro. Aún en servicio, existen tremendos precedentes de policías que disparan a raíz de un robo y que matan a mujeres y niños que no tenían nada que ver. O sea, la intervención policial causó y causa un daño infinitamente mayor que el hecho que la originó.
La realidad es que hoy, las fuerzas de seguridad habilitan la intervención policial fuera de servicio en forma implícita. Si el efectivo tiene su pistola se le dá la tácita habilitación para usarla. En su momento, el régimen de la PSA intentó imponerse a las demás fuerzas, pero hubo tal resistencia que no prosperó. El dato curioso es que la nueva administración de Cambiemos está tratando de revertir lo que ocurre en la PSA pero se encuentra con un obstáculo: la ley indica que para que el efectivo pueda portar el arma de manera más extendida debe tener un apto psicológico. Y el problema es que los psicólogos se resisten a firmar esos aptos. Igual, el proceso retrógrado está en marcha.
En la Policía Bonaerense la ley establece que el efectivo sólo debe usar el arma en casos en que está en juego la vida, no la propiedad, del propio policía o de la población. Pero la norma tiene un agregado llamativo: “si voluntariamente interviniere encontrándose fuera de servicio, los actos que realice para cumplir el cometido indicado en este inciso y sus consecuencias, serán considerados a todos los efectos como actos de servicio”. El párrafo dá a entender que la intervención espontánea se lo reconocerá como un mérito.
Las catástrofes por el uso de armas no se producen sólo cuando el policía no está en servicio sino en muchísimas ocasiones en que tiran a raíz de un robo y matan a personas que no tienen la menor relación con los hechos.
Según se consigna con detalle en el archivo de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que lidera María del Carmen Vergú, hay hechos emblemáticos.
  • En diciembre de 2007, el teniente de la Bonaerense Oscar Benítez mató de un disparo de Itaka a la vendedora ambulante Sonia Colman. Benítez corría a un joven que había robado una billetera con 80 pesos.
  • En marzo de 2017, en La Boca, policías bonaerenses abrieron fuego contra supuestos delincuentes que habían robado un auto en Lanús. Producto de las balas policiales murió una mujer y otra quedó gravemente herida.
  • En el patio del colegio San José, la adolescente Sabrina Olmos recibió un balazo en el pecho y murió de manera instantánea. Corría agosto de 2014. El proyectil salió del arma de un policía en el marco de la persecución por el robo de un automóvil.
  • La maestra Claudia Flamini, también en La Boca, perdió la vida por un disparo del policía Mariano Socio quien, supuestamente, venía en un grupo de efectivos persiguiendo a cuatro personas sospechosas.
  • En Quilmes, cuatro delincuentes entraron a robar a una casa de comidas. A la salida, se encontraron con un grupo de policías que estaban cargando nafta. Empezaron a disparar en medio de la gente. Una bala dió en la médula de Carla Lacorte que, desde entonces, está en silla de ruedas.
  • En Mar del Plata un policía que estaba comprando en un supermercado chino intervino a raíz de que entraron dos ladrones. Empezó a disparar y terminó pegándole un tiro letal al hijo de la dueña.
Los casos se cuentan por decenas y decenas. En el mundo la instrucción policial tiende en la actualidad a limitar el uso de armas lo máximo posible, justamente porque el robo de una propiedad no puede terminar en la muerte de una esposa o un hijo o, como en el caso de Esteban Echeverría, en la muerte de una pasajera. Tener una ministra de Seguridad que alienta el armamento y elogia al efectivo que dispara a discreción, termina influyendo a veteranos que se sienten con licencia para matar y a jóvenes que recién salen de la academia y que creen que si desenfundan y tiran les darán una medalla y  ascenderán en el escalafón muchísimo más rápido.
Los problemas argentinos son dos: Macri y el FMI
El reduccionismo de la oposición plantea que todo mejorará tras las elecciones de 2019 con sólo derrotar a Macri. Error. Los problemas son al menos dos. Aparte del nombrado, está el FMI.
El principal problema político que afecta a la Argentina es el gobierno neoliberal presidido por Mauricio Macri.
Eso explica la caída en picada de la economía y sus principales indicadores, que completaron un 2018 para el olvido.
No lo dicen sindicatos clasistas, que no existen desde los ardorosos años ´70. Lo afirma la Unión Industrial “Argentina”, que apoyó este trienio macrista. Su centro de estudios informó que en noviembre pasado la actividad cayó 9,4 por ciento en cotejo con igual mes de 2017; los resultados en rojo afectaron a once de los doce sectores, con textil como el peor de todos. Si se consideran los once meses de 2018, la caída es del 2,7 por ciento respecto al mismo lapso del año anterior.
El drama no lo tienen tanto los dueños de esas empresas, sobre todo las grandes, de espaldas encogidas, pero aún anchas, sino los trabajadores. Según el ministerio de Producción y Trabajo, en octubre del año pasado la industria manufacturera tenía 49.465 trabajadores formales menos que mismo mes de 2017.
Que una parte de estos empleos de mejores salarios haya sido reemplazada por empleo precarizado y más monotributistas, no quita gravedad al problema. Eso es parte de la reforma laboral de hecho que viene practicando el gobierno en su conjunto mientras prepara leyes para formalizar aquella reforma.
La crisis del mundo laboral venía de antes que Macri redujera el ministerio de Trabajo a secretaría. Eso ilustró la poca importancia que para el gobierno de los CEOs tiene ese rubro.
El ministerio de Salud también tenía graves problemas presupuestarios a lo largo del trienio y fue degradado a secretaría, con el criterio macri-fondomonetarista de suprimir estructuras del Estado.
Esa medida gubernamental quedó en alevoso offside porque coincidió con el hantavirus, enfermedad contagiada por ratas y que ha causado 13 muertos, sobre todo en Chubut, pero también en Salta y Entre Ríos. Las cepas no son las mismas y se contagian de modo diferente. El responsable de la secretaría, Adolfo Rubinstein, trató de poner paños fríos para que no cunda el pánico.
Sin embargo, se podría haber prevenido mejor el contagio si no se hubieran cerrado programas y despedidos investigadores y especialistas en el tema. El humorista Jericles García dibujó a un hombre y mujer que caminan y hablan del tema. El hombre dice: “En este asunto del hantavirus hay una gran responsabilidad de los ratones…de los ratones que para ahorrar unos mangos cerraron el ministerio de Salud”. Un ratón llamado Mauricio…
Un problema es Macri
Cuando se dice Macri, en rigor se está simplificando porque el presidente no gobierna solo sino con el peor equipo de los últimos 50 años y defiende intereses de clase monopolistas, de su clan familiar y el resto de los banqueros y empresarios que sostienen al PRO-Cambiemos.
Y vaya si hay sintonía fina en esa maraña de intereses. Los trabajadores y otros sectores populares pierden ingresos frente a la inflación y tarifas dolarizadas. Por otro lado, los exportadores, los prestadores de servicios públicos y banqueros tienen ganancias extraordinarias.
El Centro de Estudios Cifra, de la CTA, aseguró que el salario real promedio del sector privado tuvo en octubre una caída interanual del 10,6 por ciento. Al terminar el año será mayor, con la inflación de noviembre (3,2) y la maquillada de diciembre (2,6). Para el empleo precarizado, jubilados y pensionados la pérdida será mayor. En mayor o menor medida, todos los sectores con ingresos fijos tendrán números deficitarios frente a la inflación anual del 47,6 por ciento, según la midió con benevolencia el INDEC.
En cambio, en el segmento más enriquecido los números han sido espectaculares según se desprende de las ganancias de las gasíferas y eléctricas, tras los tarifazos que ya llevan varias jornadas de protestas, la última fuerte en Rosario.
Otro tanto con las entidades financieras, que en los primeros once meses del año llevaban ganados 153.978 millones de pesos, 99 por ciento más que en 2017, según informe de bancos del Banco Central.
Esos banqueros no hacen la plata trabajando. Toman dinero de los ahorristas y la prestan al Estado mediante la compra de Leliq, con intereses anuales de entre el 60 y 70 por ciento. Así hacen una diferencia de 20 o 30 puntos respecto a lo que pagan a sus depositantes.
El ministro Nicolás Dujovne alardear que disminuye la emisión y contiene parcialmente la inflación y la suba del dólar. La verdad es que está endeudándose en exceso y eso es emisión a futuro, más un enorme costo social del ajuste.
La toma de deuda llevó a que en 2019 haya pagar por los intereses 596.000 millones de pesos: 3 puntos del Producto Bruto Interno. Mucho ajuste para todos y todas; el ahorro va a pagar intereses de la deuda, para pocos y pocas.
Segundo problema, el Fondo
Hasta 2015, de encuestas nacionales e internacionales surgía que los argentinos tenían una pésima opinión del FMI, por la nefasta experiencia que llevó al desastre de 2001. A contramano de esa historia, el gobierno actual se endeudó por 57.500 millones de dólares.
Esas cadenas de dependencia no sólo significan pagos enormes de intereses y parte del capital sino también condicionamientos que afectan al bienestar de las mayorías.
Pruebas al canto. El pago de 596.000 millones de pesos de intereses en el año recién comenzado; en 2020 se estima que los vencimientos ascenderán a 25.900 millones de dólares.
El yugo de la deuda externa ya llevó a la quiebra del país en 2001 y puede provocarlo otra vez, con o sin blindajes y megacanjes.
Hay otra consecuencia nefasta de la sujeción al buró de Christine Lagarde y son las políticas que dictan para la recolonización de Argentina.
Por ejemplo, en la última reunión del FMI, su vicepresidente David Lipton presentó un trabajo de sus especialistas aconsejando elevar la edad jubilatoria, reducir los haberes iniciales y endurecer las condiciones para acceder al beneficio previsional.
Dijo Lipton: “hay países cuyos generosos sistemas públicos de pensiones pueden llevar a las finanzas públicas a una difícil situación. Deben considerar pasos como limitar las jubilaciones tempranas que reduciría las vulnerabilidades de largo plazo”.
Una parte de ese ajuste, acatado por el gobierno macrista, se convirtió en ley en diciembre de 2017, en medio de brutal represión, palos y gases en el Congreso. El FMI recomienda (es un decir, exige) más y gobiernos como los de Macri y Jair Bolso-nazi están dispuestos a complacerlo.
Los dos presidentes tuvieron su primera reunión en Brasilia y se dijeron elogios recíprocos como dos viejos conocidos de toda la vida. Si el argentino entregó la cartera económica a ex banqueros y funcionarios fondomonetaristas y del Banco Mundial, el brasileño hizo lo propio con Paulo Guedes, un Chicago boy.
En este caso, para jugar con la expresión borgeana, los une el espanto a Venezuela, pero también el amor por el neoliberalismo y Donald Trump.
Dudas de la oposición
En la oposición al macrismo siguen deshojando la margarita sobre el candidato o candidata que pueda ganar la elección. Es bilardismo o resultadismo elevado a la enésima potencia. Es lógico que se quiera ganar una elección, pero no a costa de cualquier cosa; mejor ir dejando claro cuál es el arco de fuerzas aliadas, los objetivos principales y los programas más importantes a realizar en caso de llegar al gobierno.
Todos esos últimos tópicos están en veremos, bajo siete llaves, o lo que es peor, no abordados, por indecisión u oportunismo.
Lo que más se discute son los nombres. Qué si Cristina ganaría o no, o si su candidatura sería funcional al macrismo necesitado de un enemigo bien identificado y con un techo de mucha imagen negativa, etc.
En la última semana, y de la mano de Miguel Pichetto y Sergio Massa, resucitaron la posible candidatura del entrado en años Roberto Lavagna, con una aureola de estadista que no se ganó cuando estuvo en funciones. Otros opinan que sería mejor Massa para romper la antinomia macrismo-kirchnerismo. La expresidenta, que mejor mide, guarda un silencio atronador.
La idea predominante, si se puede llamar idea, es amontonar a todos los referentes del peronismo en una sola lista, PASO mediante si fuera necesaria. Uno de los que lo expresó más claramente fue Aníbal Fernández en reportaje a Infobae: “Solá, Capitanich, Rossi, que están caminando. Alberto Rodríguez Saá y Miguel Ángel Pichetto, también. Todos tienen derecho a serlo. Cristina, por supuesto”. Añadió: “hay que tragarse los sapos que vengan. Seguramente un sapo seré yo. Y yo deberé tragarme los míos, pero unidad hasta que duela”.
Tanto ejercicio de ampliar las tráqueas para poder tragar sapos y culebras de todos los tamaños y ninguna propuesta sobre cómo derrotar a Macri, pero también al FMI y la deuda externa.
Es que los grandes problemas argentinos a resolver para llegar a un mejor diciembre de 2019 son dos, no uno solo.
Fuente: La Arena
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