JUICIOS DE LESA
HUMANIDAD
Megacausa
Campo de Mayo: “Es importante hablar de cuál fue el sentido del horror”
La
fiscal Gabriela Sosti describe las alternativas finales del juicio por delitos
de la dictadura en Campo de Mayo y habla del valor de la reconstrucción de la
historia. “En los 70 necesitaron centros clandestinos y picanas para hacer lo
que hoy pueden hacer con jueces y canales de televisión”, advierte.
11
febrero, 2022
La Megacausa de Campo de Mayo por crímenes cometidos entre 1976 y 1978 que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín se reanudó esta semana con el alegato de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Se trata de uno de los juicios de lesa humanidad en curso más grandes, en el que se investiga la responsabilidad de 21 represores por delitos de todo tipo contra casi 350 víctimas, que luego de tres años de desarrollo tendrá sentencias en 2022.
En esta entrevista, la fiscal Gabriela Sosti, quien encabeza la acusación del Ministerio Público junto al fiscal general Marcelo García Berro, pone el acento en la importancia de estos procesos para el presente.
“Los juicios siguen teniendo una importancia medular en la historia del Poder Judicial –señala-, tratando de develar la historia, y este último juicio lo que hace es permitir tener la dimensión más acabada de lo que fue Campo de Mayo y poder reconstruir cierta construcción en el imaginario social de cómo fue la represión y poner a Campo de Mayo y al Ejército en el lugar que tuvieron dentro de la estructura de represión”
“Campo de Mayo fue el infierno a cielo abierto, más allá del volumen del horror es importante hablar de cuál fue el sentido del horror, y es lo que intenté hacer en este juicio, cuál fue la utilidad del dolor, para qué se produjo esa dimensión perturbadora de una práctica social que fue el exterminio”, agrega.
“En general en los juicios se habla de lo que pasó adentro de los centros clandestinos y se pierde la dimensión de por qué pasó lo que pasó en esos lugares. Si alguna función tienen que tener los juicios es una proyección pedagógica hacia el presente, porque si no nos quedamos en un anecdotario del dolor”.
Una de las particularidades de esta megacausa es la investigación sobre la complicidad empresaria con el terrorismo de Estado. La jurisdicción operativa de Campo de Mayo se extendía desde San Miguel a Zárate, Campana y San Isidro. Los expedientes acumulados dan cuenta de secuestros masivos de trabajadores, comisiones internas y delegados de Dálmine-Siderca, Mercedes Benz, los astilleros de Mestrina, Cadenasi, Tensa y Astarsa; ferroviarios, el Frigorífico Martín Fierro, papeleros y gráficos, de Laboratorio Nasar, Squeeb, Laboratorio Oramon, del Sindicato Químico, estatales y empleados de la Salud de hospitales de Ciudad de Buenos Aires, San Miguel y San Fernando.
Sobre eso, cuenta Sosti: “En este juicio hubo un relato extremamente perturbador de uno de los imputados que contó que cuando él estaba en el Departamento de Inteligencia, que era donde se cocinaba la cosa en Campo de Mayo, en esas reuniones se sentaban, junto con los operadores de Inteligencia de la Zona de Defensa IV, los empresarios de la zona norte”.
A pesar de ello, no hay empresarios o directivos imputados. “Ese es el desafío de los que pensamos que en estos juicios se disputa la historia”, destaca la reconocida fiscal.
En su alegato, que finalizó en diciembre luego de una exposición de 12 audiencias, Sosti reclamó: “Deben ser juzgados como genocidio, un delito que a diferencia de los crímenes de lesa humanidad, porta en su ADN la voluntad específica de la destrucción de un grupo. El genocidio argentino fue un genocidio reorganizador”.
En esta conversación, la fiscal completó esa idea: “Hace muchísimos años que vengo intentando convencer a los jueces que escuchen la construcción que hago para que se condene por genocidio, y sin embargo hasta ahora no lo consigo, pero lo importante de ese desafió simbólico es que tiene que tener una dimensión hacia la sociedad, porque lo importante no es condenar al empresario solamente sino entender que el Estado se puso a disposición de esos empresarios como se pone hoy día a disposición de otros”.
“En los 70 necesitaron más de 600 centros clandestinos y picanas para hacer lo que hoy pueden hacer con dos o tres canales de televisión y tres o cuatro jueces, pero la posibilidad de producir dolor, y dolor extremo, el Estado la tiene a su disposición”.
“Tengo ciertos reparos en relación a algunos relatos oficiales sobre que las fuerzas armadas ya no son las mismas que hace 40 años, obviamente que los militares que están en ejercicio hoy no son los mismos que empuñaron la picana, pero no estoy tan tranquila cuando ciertos sectores del Ejército homenajean a los soldados del Operativo Independencia, o cuando vandalizan el cartel del Negrito Avellaneda en Campo de Mayo. Caminar, caminan siempre, no podemos dejar de estar alerta”, sintetiza.
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Campo de Mayo
En el predio de unas cuatro mil hectáreas funcionaron varios centros clandestinos: El Campito o Los Tordos, Las Casitas; el Hospital Militar con la maternidad clandestina y la prisión de Encausados. Se calcula que pasaron entre 3.500 y 5.000 detenidos y detenidas. Son muy pocos los sobrevivientes.
Los imputados son: Francisco Rolando Agostino, Luis Del Valle Arce, Alfredo Oscar Arena, Pacífico Luis Britos, Bernardo Caballero, Ramón Vito Cabrera, Carlos Daniel Caimi, Hugo Miguel Castagno Monge, Miguel Ángel Conde, Mario Rubén Domínguez, Rodolfo Emilio Feroglio, Roberto Julio Fusco, Eugenio Guañabens Perello, Federico Ramón Ramírez Mitchell, Santiago Omar Riveros, Carlos Alberto Rojas, Arnaldo Jorge Román, Luis Sadi Pepa, Carlos Eduardo José Somoza, Calos Javier Tamini, Carlos Francisco Villanova. Diez acusados murieron durante la instrucción o el desarrollo del debate.
Están acusados de secuestros, torturas, desapariciones, asesinatos, violaciones, robo de bienes y abuso deshonesto, entre otros delitos.
Además de las acusaciones de la fiscalía y la Secretaria de Derechos Humanos, también actúa la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, ya que entre las víctimas se encuentran 14 embarazadas. También se investigan casos paradigmáticos como el de Mario Roberto Santucho, líder del PRT-ERP, y Roberto Quieto, alto dirigente de Montoneros.
Las audiencias se pueden seguir en vivo por el canal de youtube del Poder Judicial o por la cobertura de La Retaguardia.
Fuente:CanalAbierto
