La eliminación del Fondo Compensador del Transporte que ordenó Milei
Javkin toma el volante de la crisis de los subsidios
Pidió al Concejo ampliar la facultad de aumentar el boleto ante la eliminación del Fondo Compensador nacional y la inflación. El precio se iría a $700, en línea con la ciudad de Córdoba.
El intendente Pablo Javkin pidió al Concejo declarar la Emergencia en el Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros y que se faculte al Ejecutivo a aumentar el boleto hasta en un 90% del valor del estudio de costos del sistema. De aprobarse la solicitud, que se tratará este jueves en una sesión extraordinaria, la tarifa podría aumentarse 1.208 pesos. En diálogo con Rosario/12, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Chale, confirmó que por el momento la intención es equiparar el valor del boleto al precio de Córdoba, que en los últimos días pasó a valer $700. “Todavía no está definido el precio, pero no estamos pensando en llevarlo a su costo real, porque sabemos que eso dejaría a mucha gente sin la posibilidad de movilizarse”, expresó. “El sistema se está debatiendo todos los días entre la continuidad o no”, añadió.
El mensaje se conoció este miércoles y será tratado en el recinto del Concejo este jueves, en el marco de una sesión extraordinaria donde, en principio, el oficialismo contaría con los votos para su aprobación. Desde el Municipio ponen el foco en el aumento de los costos vinculados al transporte y la desigual distribución de subsidios del gobierno nacional hacia las provincias, profundizada aún más con el anuncio de la eliminación del Fondo Compensador del Interior. En ese sentido, el texto señala que mientras se continúan las gestiones ante el gobierno nacional, aumentar la tarifa “representa la única alternativa para la subsistencia del servicio de transporte de la ciudad”.
El pedido es para modificar por un año la fórmula con la que se establecen los aumentos del boleto. Actualmente, el Municipio cuenta con la facultad –delegada por el Concejo en diciembre– de aumentar el boleto de fórmula bimestral en función de la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Pero desde el Ejecutivo sostienen que el aumento de los costos vinculados al transporte, sumado a la anunciada quita en los subsidios nacionales, cambió el escenario. Y por eso buscan que el Concejo permita ahora aumentar el boleto en función de los costos.
En concreto, el Ejecutivo pidió que se lo autorice a aumentar la tarifa en “hasta el 90% de los valores que arrojen los estudios de costos elaborados por el Ente de la Movilidad de Rosario”. La normativa regiría por un año, con la posibilidad de ser prorrogada por el mismo período. Según el último estudio de costos difundido el pasado lunes, el boleto en Rosario debería valer $1.343, por lo que el Municipio podría llevar la tarifa a $1.208. De todas maneras, y según anticiparon, por el momento la intención es llevar precio del boleto de transporte urbano a los valores que hoy se manejan en la ciudad de Córdoba. Es decir, unos $700.
“Lo que pedimos es una autorización, de manera excepcional y justificada por el contexto, para actualizar el valor de la tarifa en función del costo, no solo a partir de la cuestión de la inflación”, explicó Chale a este medio. “Todavía no está definido el valor, pero no estamos pensando en llevarlo a su costo real, porque sabemos que eso dejaría a mucha gente sin la posibilidad de movilizarse. Por eso vamos a estar más cerca del valor de Córdoba, que es lo que hemos hecho como política en el último tiempo, sobre todo para resaltar que el contexto y la situación del transporte es similar en las ciudades del interior”, añadió.
Desde el Municipio justifican la decisión con números. Según explican, en octubre del año pasado el estudio de costos arrojaba un boleto a $427 pesos. “Aumentó más de tres veces en cuatro meses”, sostuvo Chale. Y agregó: “Los costos del transporte superaron ampliamente el índice de inflación. Entonces, las herramientas normativas que teníamos hasta el mes pasado son insuficientes. Era necesaria una cuestión de emergencia que nos permita actualizar la tarifa de una manera que va por encima de lo que teníamos previsto”.
No obstante, el secretario de gobierno destacó que, a diferencia de lo que ocurre en Córdoba, Rosario cuenta con el sistema SUBE que brinda con una serie de beneficios sociales para los usuarios. “Aproximadamente la mitad de los pasajeros, entre el boleto educativo gratuito que es provincial y la SUBE, no va a pagar la totalidad del aumento. No es un elemento menor”, evaluó y añadió: “El aumento no es para todos, sino para aquellos que pagan la tarifa plena. Pero aun así, el que usa el transporte tampoco puede tener un valor que lo expulse del sistema”.
Alternativas
Este martes, un grupo de concejales, junto a legisladores provinciales y nacionales, presentaron una serie de alternativas para hacer frente a la quita de subsidios al transporte por parte del gobierno nacional. En una conferencia de prensa desde el Concejo Municipal de Rosario, dirigentes de Ciudad Futura, el Movimiento Evita y el Frente Amplio por la Soberanía propusieron realizar retoques tributarios a empresas, tanto en el plano local como provincial, que permitirían recomponer parte de los fondos retenidos por Nación. Eso acompañado de un amparo en la Justicia Federal, para que el gobierno deje sin efecto la eliminación del Fondo Compensador del Interior.
Durante la presentación los dirigentes señalaron que se trata de una propuesta integral que, con decisión política, evitaría cargar el aumento del boleto sobre los usuarios. “Hablamos de empresas como Molinos Río de la Plata hasta Coca Cola, pasando por bancos y aseguradoras, Coto y Personal”, explicó el concejal de Ciudad Futura, Juan Monteverde. “Para esas empresas un aumento pequeño en la alícuota, no le hace a su sustentabilidad, y así hacemos que no sea el usuario el que tenga que llevar adelante el costo del aumento”, agregó.
Consultado por este medio, Chale calificó las propuestas como “improvisadas” y que no apuntan a solucionar el fondo del problema. “Lo que se recaudaría en función de eso no resuelva absolutamente nada, además de que no correspondería, porque se estaría gravando de manera muy diferencial y sería muy pasible de juicio por parte de algunas empresas, inclusas muchas de origen local”, cuestionó. “Es una propuesta facilista y es tribunera. Por supuesto que nosotros tampoco vamos a trasladar todo el costo al boleto, pero eso es esquivar responsabilidades”, evaluó.
COAD lanza medidas de acción tras la oferta de 6% de suba salarial
Plan de lucha de gremios universitarios
Los profesores universitarios nucleados en la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD) definían anoche en asamblea, después de haber participado de todas las instancias de discusión gremial en el marco de Conadu, el plan de acción a seguir tras el rechazo de todos los sindicatos universitarios de la oferta salarial hecha por el gobierno nacional. Una asamblea anoche definía los alcances de un plan de lucha.
“Después de la feroz devaluación de diciembre, el gobierno convocó a la paritaria salarial de los sectores docente y no docente de las universidades nacionales. La propuesta consistió en sumar apenas un 6% en el mes de febrero al 10% que ya estaba acordado en la revisión salarial de noviembre de 2023”, señaló la COAD.
La postura del gremio docente explicita la distancia entre los aumentos a percibir y la inflación real que limó el poder adquisitivo: “Mientras los aumentos previstos para el trimestre diciembre-enero-febrero alcanzan 21%, la inflación rondará el 80%”.
La secretaria general, Beatriz Introcaso, afirmó que esos números conllevan que “se perderá más de la mitad del salario en tres meses".
La semana pasada, la oferta del gobierno nacional recibió rechazo total. Todos los sindicatos participantes de la paritaria, entre los que hay múltiples diferencias históricas, difundieron una declaración conjunta, firmada como Frente de Sindicatos de Universidades Nacionales. "La pérdida del poder adquisitivo del salario de docentes y no docentes es de más del 50 por ciento respecto de la inflación de los meses de diciembre y enero", advirtieron. "Lo mínimo que reclamamos es que nuestros salarios no pierdan respecto de la inflación; la propuesta del Gobierno está muy lejos de esa equiparación".
COAD cuestionó también la aplicación del decreto 1007, firmado por el entonces presidente Menem en 1995, que deja la negociación paritaria en manos del CIN y los representantes gremiales, retirando al Estado Nacional de la misma. Y afirmó que "esta política salarial se suma al congelamiento presupuestario de las universidades y el sector científico-tecnológico. Se trata de un ataque a las universidades desde todos los frentes".
Amsafé Rosario y La Capital eligen entre diversas modalidades de paro
No será el lunes que el gobierno imaginó
Las asambleas de docentes públicos definieron mociones de medida de fuerza. Hoy votan y mañana se conocerá el plan de lucha.
La oferta salarial del gobierno provincial sorprendió para mal al gremio docente, por su exigüidad, y ayer los afiliados y afiliadas a Amsafé confirmaron lo que la dirigencia preanunció el martes, a la salida de la reunión paritaria en la que el Ejecutivo ofreció, en resumen, un incremento salarial de 7% para el sueldo de marzo.
Las bases de las seccionales Rosario, y también La Capital, definieron ayer en asamblea cinco mociones acerca de qué respuesta asumir respecto de la propuesta salarial. Y las cinco incluyen paro de actividades desde el mismo lunes en el que la Casa Gris pretende iniciar el ciclo lectivo. En el resto de las delegaciones departamentales del sindicato predominaron también las propuestas de iniciar medidas de fuerza.
Los docentes votarán durante toda la jornada de hoy, y mañana la asamblea provincial de delegados dará a conocer el veredicto. Se descuenta que la respuesta será el rechazo al ofrecimiento del gobierno, solo quedará definir la modalidad del plan de lucha.
Las mociones que definieron delegados de Amsafé Rosario, reunidos ayer en la Escuela N°56, de Salta al 2500, son las siguientes:
- Moción 1: paro de 72 horas (26, 27 y 28 de febrero), paro de 72 horas (5 y 6 de marzo y 8 de marzo) y paro de 48 horas (12 y 13 de marzo).
- Moción 2: paro de 48 horas (26 y 27 de febrero) y 48 horas (5 y 6 de marzo) con adhesión al 8M.
- Moción 3: paro de 48 (26 y 27 de febrero), de 48 horas (6 y 7 de marzo), y de 48 horas (13 y 14 de marzo) con adhesión al 8M.
- Moción 4: paro activo en las escuelas por tiempo indeterminado.
- Moción 5: paro de 48 horas (26 y 27 de febrero).
Los y las docentes votarán hoy hasta las 20 entre esas cinco alternativas que solo difieren en la cantidad de jornadas de paro, pero coinciden en que el lunes no estarán en las escuelas, muy a pesar del exhorto que ayer lanzó el ministro de Educación, José Goity.
El Ejecutivo ofreció 7%, pero lo anunció de manera tal que sumó los porcentajes pendientes de la paritaria 2023 y así lo presentó como una oferta de 43% de aumento para el sueldo marzo, respecto del de diciembre. El titular de la cartera educativa recalcó, incluso, que ningún docente cobrará en marzo menos de 124.000 pesos de aumento respecto de diciembre.
La picardía encrespó aún más el malestar de los negociadores gremiales.
"El ánimo es de rechazo, la discusión pasa hoy y mañana por saber cómo será ese rechazo. El gobierno no tiene voluntad política de solucionar esto e iniciar las clases", enrostró el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso.
Para colmo, al desmenuzar el carácter de la oferta gubernamental, tanto en Amsafé como en Sadop concluyeron en que la propuesta no les cierra de ningún modo.
“La oferta es un 7% de aumento sobre el mes de diciembre. Significa 21.000 pesos de aumento a cobrar en abril. El que más, a lo sumo 29.000. Pero como el gobierno nacional deja de enviar fondos para el incentivo docente (Fonid), la Provincia ya nos dijo que no lo abonará. Así que muchos compañeros dejarán de percibir los 28.700 pesos del Fonid, y percibirán de aumento 29.000, o sea que su aumento real será de 300 pesos nada más. Y el sueldo inicial cobrará 21.000 de aumento, y dejará de cobrar el FONID, por lo que entonces cobrará menos aún”, expuso Alonso.
Por otra parte, también refutó la pretensión oficial de haber saldado la pauta salarial 2023. “Es que la paritaria establecía para diciembre un aumento del 36,4%, pero el gobierno lo puso en enero y con un 14% de aumento. O sea que quedaron afuera los reemplazantes, que no cobraron ni un peso de aumento ni en proporcional de aguinaldo. Entonces, la paritaria 2023 tampoco está saldada”, dijo el titular de Amsafé.
Alonso lamentó que “nos reunimos desde el 4 de enero para llegar a esta propuesta que se queda tan corta. Un 7% de aumento para el primer trimestre, cuando la inflación mensual fue 20% en enero y se espera lo mismo para febrero y marzo”.
La Comisión Bicameral de Acuerdos analiza sanciones a Matías Edery
Un pedido de suspensión con la mitad del sueldo
El diputado acusador, Fabián Palo Oliver, propuso suspender al fiscal por 120 días, con reducción salarial, dos días antes de la imputación por varios delitos.
La comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura provincial comenzará a tratar el pedido de suspensión para el fiscal Matías Edery, quien fue imputado el viernes pasado por los delitos de omisión de investigar, encubrimiento agravado, violación de medios de prueba y prevaricato, relacionados con presuntas irregularidades en la relación mantenida con su informante Mariana Ortigala. El diputado Fabián Palo Oliver, su acusador, sugirió una sanción preventiva de 120 días, período en el que percibiría la mitad de su salario. Por otra parte, este lunes, el auditor Leandro Mai elevó un escrito en el que se contiene un análisis de las ampliaciones de las denuncias contra el funcionario judicial.
Los legisladores santafesinos avanzarán en el proceso disciplinario de Edery, quien está sospechado de haber realizado una cobertura judicial a su informante Mariana Ortigala, así como a la pareja de ella, Sebastián Felipe, al hermano Rodrigo Ortigala y a Lorena Córdoba, la viuda del “rey del juego clandestino”, a quienes no imputó a sabiendas de que habían cometido delitos, según formularon en su imputación las fiscales santafesinas Bárbara Ilera y María Laura Urquiza.
La comisión iba a reunirse el miércoles próximo, pero se reunirá hoy, tras la propuesta del diputado Palo Oliver –acusador del fiscal en el proceso disciplinario–, en un escrito presentado la semana pasada en la Legislatura, de pedir una suspensión de cuatro meses y una quita de la mitad del sueldo. La imputación penal fue dos días después de la solicitud de la sanción.
Legisladores que tomaron contacto con la acusación penal indicaron que la sanción de Edery podría ser más severa de la que peticionó Palo Oliver. A su vez, después de la imputación, la fiscal regional María Eugenia Iribarren sacó a Edery de la Agencia de Criminalidad Organizada y lo trasladó a la Agencia de siniestralidad vial y delitos culposos.
Además, el auditor del MPA Leandro Mai presentó un escrito que contiene la ampliación de denuncias contra Edery, entre ellas, una del ex diputado provincial Darío Scataglini, acusado en septiembre de 2021 por estar vinculado al juego clandestino.
En el nuevo escrito, se afirma que el fiscal también tuvo otros informantes de manera irregular, y que cuatro de ellos fueron asesinados entre 2021 y 2022.
La presentación de Mai agrega que en mensajes de voz enviados que Mariana Ortigala envió por Whatsapp a otras personas, ella se adjudica haber “apretado” a la víctima de una extorsión realizada por su hermano Rodrigo por encargo del fiscal, hecho que por ahora no se encuentra acreditado.
Caruana propone sumar la vacuna para frenar la enfermedad
Dengue, al calendario oficial
"En este escenario desalentador la buena noticia es que se aprobó la vacuna contra el dengue. Cuando nace una tecnología o un medicamento, nace el derecho de las poblaciones a poder acceder y el deber del Estado de garantizarlo", explicó el exsecretario de Salud de la ciudad y concejal, Leonardo Caruana, tras presentar un proyecto de ordenanza en el que pide que la vacuna se incorpore al calendario oficial teniendo en cuenta que las estrategias para detener la propagación del mosquito transmisor y la enfermedad no están dando los resultados esperados.
El concejal del Frente Amplio por la Soberanía propone que el Ejecutivo municipal pida al gobierno de Santa Fe, que solicite formalmente al Comité Federal de Salud (Cofesa) la incorporación de la vacuna contra el Dengue. Considera que como es posible que haya demoras en la resolución nacional, el propio Ministerio de Salud de Santa Fe provea la vacuna en la provincia. Para acelerar ese proceso otra legisladora del espacio, la diputada Claudia Balagué, ingresó un proyecto en ese mismo sentido en la Cámara baja.
Caruana recordó que hace 27 años que se confirmó el primer caso de Dengue en Rosario y que se trabaja intensamente con estrategias de prevención y mitigación del virus y de la cría del mosquito que lo transmite. Los principales brotes fueron 2009, 2013, 2016, 2020, 2022 y 2023.
"En esta larga historia de trabajo con vecinos y vecinas, el curso de la enfermedad no parece estar cediendo sino todo contrario. Además, se han profundizado las desigualdades y han empeorado las condiciones de vida de la población", explicó el ex secretario de Salud, aunque resaltó que "la buena noticia es que se aprobó la vacuna contra el dengue. Cuando nace una tecnología o un medicamento, nace el derecho de las poblaciones a poder acceder y el deber del Estado de garantizarlo".
"El mejor ejemplo de efectividad lo tenemos a la vuelta de la esquina. La vacuna contra el covid-19 cambió el curso de la pandemia, no sólo en Argentina sino a nivel mundial", reveló quien le tocó lidiar con esa pandemia mientras estuvo al mando de la Secretaría de Salud de la ciudad.
Proponen medidores de agua en edificios
Pagar por cada litro
Ante la realidad que viven barrios enteros de la ciudad de Rosario que dependen de una cuba o de perforaciones clandestinas para tener agua, mientras hay edificios del microcentro que usan la red de agua potable para llenar sus piscinas, la concejala Fernanda Gigliani pedió que toda nueva construcción que se habilite en la ciudad cuente con las instalaciones técnicas pertinentes para colocar medidores. Además, para lo edificios ya construidos, la dirigente de Iniciativa Popular propuso que se coloque un Macro Medidor de agua que obligue a pagar por mt3 consumido y no por el mt2 de la propiedad.
Para la concejala, los factores que inciden en la flata de agua potable en Rosario son de lo más variados. “Hablamos de falta de inversión en obras de infraestructura, la habilitación de edificación en altura como nunca antes en las últimas dos décadas que genera mayor demanda. Sumado a las demoras en el avance de las obras en el Acueducto del Gran Rosario y la preocupación por el desfinanciamiento del Gobierno Nacional de Javier Milei en los planes de obras públicas”, dijo Gigliani, quien agregó: “Además tenemos una red obsoleta en el primer anillo perimetral de la ciudad, con caños que datan del siglo pasado. Tenemos el agua del río Paraná, una planta potabilizadora trabajando, en ocasiones, al límite de sus capacidades y agua que no llega a los domicilios por deficiencias en la red de distribución”.
La edila sostuvo que ante esta situación el Estado debe intervenir para aportar soluciones. “El Municipio de Rosario es quien habilita las nuevas edificaciones. La ciudad de Rosario estuvo entre las cinco ciudades con mayor sumatoria de metros cuadrados nuevos de Argentina. A un promedio de 700 mil metros cuadrados por año durante las últimas dos décadas y llegando al récord de 1 millón de mt2 nuevos en el año 2007. Además, según datos de la oficina de Obras Particulares, entre 2005 y 2018 se habilitó la construcción de 2.583 edificios, que implicaron 65.491 viviendas. El área delimitada por Oroño, Pellegrini y el río contuvo el 35% de los proyectos, aunque si se considera todo el distrito centro (que incluye además los barrios República de la Sexta, Abasto, Lourdes, Echesortu, Luis Agote y Pichincha) la concentración alcanza el 90% de los permisos, con un aumento significativo en la demanda de servicios”, describió.
ACUERDO DE FESTRAM EN LA PARITARIA MUNICIPAL
34,5 por ciento de incremento salarial
En reunión de la Comisión Paritaria Municipal los representantes de Intendentes y Presidentes Comunales y FESTRAM acordaron un incremento salarial del 34,5% sobre enero 2024. El mismo será abonado en su totalidad y en un único pago con los haberes del mes de febrero.
FESTRAM ha conseguido una recomposición salarial del 210,70% acumulado desde el mes de febrero del año 2023 cumpliéndose de esta manera el compromiso de luchar por equilibrar el salario en relación a la variable inflacionaria acumulada.
El porcentaje de aumento establecido en el acta es totalmente remunerativo y bonificable y será trasladado a los beneficiarios pasivos de todas las Cajas Municipales y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe.
El acuerdo lleva el monto del Salario Mínimo Garantizado de Bolsillo a $336.490.-
Fue contundente la concurrencia de todos los sectores y foros políticos que representan a Intendentes y Presidentes comunales en el territorio provincial, coordinada la mesa paritaria por el Secretario de Gobierno, Municipios y Comunas, Horacio Ciancio y la Secretaria de Comunas Marina Bordigoni, lo que denota el reconocimiento a FESTRAM como titular de la negociación paritaria por los Trabajadores Municipales y Comunales de la Provincia de Santa Fe, fijando el piso mínimo de negociación salarial establecido en la Ley Provincial N°9996. La discusión salarial continuará durante el mes de marzo donde las partes acordaron una nueva reunión de la Mesa Paritaria.
Por otra parte, FESTRAM trasladó a la misma la necesidad de acordar el incremento de una ayuda escolar la que será tratada en la próxima reunión de paritaria. Además se planteó que no deben sufrir el descuento del presentismo los trabajadores afectados por el dengue y sus variantes de gran impacto en el norte santafesino.
Fuente:Rosario12
El 7% tiene insuficiente
Foto. Amsafé Rosario
La docencia nada quiere saber con el 7% de aumento ofrecido por el gobierno de la provincia. La asamblea departamental de este miércoles dispuso impulsar la votación de cinco mociones en las escuelas. Todas rechazan la propuesta oficial, con medidas de fuerza. En el resto de los departamentos también se debaten mociones y se vota en las escuelas. El viernes 23 la asamblea provincial será la que defina qué pasará el lunes 26, la fecha establecida para que comiencen las clases. A nivel nacional, este miércoles el gobierno convocó a los gremios docentes y ministros de Educación de las provincias “para acordar salario mínimo”.
El gobierno de Pullaro ofreció pagar un 7% de aumento respecto del salario de diciembre pasado, con el sueldo de marzo y a cobrar en abril. Además de pagar -también en marzo- la diferencia del 22,4% que adeuda de la paritaria 2023.
En Rosario, se resolvió decirle no a lo que se considera una oferta que no cubre las expectativas de la docencia y está muy por debajo de lo que una trabajadora de la educación necesita para vivir dignamente.
Qué dicen las mociones
Todas las mociones rechazan la propuesta oficial, las diferencias están en las medidas que acompañan ese rechazo.
La moción 1 impulsa no iniciar las clases y un plan de lucha que contempla paros semanales de 72 horas los días 26, 27 y 28 de febrero, y los días 5 y 6 de marzo y el 8 Día internacional de la Mujer. Luego 48 horas para los días 12 y 13 de marzo y la convocatoria a una nueva asamblea provincial para definir la continuidad del reclamo.
La moción 2 también propone no comenzar las clases y realizar paros de 48 horas para el 26 y 27 de febrero, en coincidencia con la Ctera y otros sindicatos provinciales exigiendo una nueva propuesta paritaria. Volver a parar los días 5 y 6 de marzo en caso de no recibir una nueva oferta y buscar “coordinar esas fechas con otros sindicatos provinciales y nacionales”. Adherir y participar de las actividades del 8M. Y convocar a una movilización provincial en Santa Fe el lunes 26, junto a otras organizaciones sindicales estatales de la provincia. Además de realizar acciones locales, departamentales y regionales, y mantener el estado de alerta, movilización y asamblea permanente.
La moción 3 impulsa el no inicio con paro de 48 horas los días 26 y 27 de febrero, 6 y 7 de marzo; y adhesión al paro de mujeres y disidencias del 8 marzo. Reiterar la medida de fuerza el 13 y 14 de marzo, y realizar movilizaciones locales y provinciales. Además de adherir al paro nacional de Ctera.
La moción 4 lleva como propuesta para ser votada en las escuela el no inicio de las clases y un paro activo en las escuelas por tiempo indeterminado desde el lunes 26 de febrero, “con coordinadoras zonales sumando a la comunidad educativa”. También una movilización “a Casa de gobierno de la provincia la primera semana” y “coordinación y asambleas públicas y abiertas con el conjunto de los trabajadores de los demás gremios estatales”.
La moción 5 propone no comenzar las clases e iniciar un plan de lucha provincial con paro para los días 26 y 27 de febrero. También impulsa “una campaña de esclarecimiento ante la falacia de un supuesto aumento de un 46% cuando en realidad es solo un 7%”; la creación de un fondo de huelga; realizar una “nueva asamblea si no hay respuesta favorable de parte del gobierno” y movilizarse de acuerdo con la Ctera.
Como moción previa la asamblea de maestras y maestros decidió reclamar por “la reincorporación de Franco Casasola quien sufrió un despido discriminatorio por su rol de delegado de hecho en el Instituto 4067 de Rosario”. “El Ministerio de Educación no puede seguir mirando para otro lado mientras las patronales despiden usando los subsidios que recibe de todos los contribuyentes”, expresaron en esa declaración.
“Salario mínimo” nacional
Este miércoles el Gobierno nacional convocó a los gremios docentes y ministros de Educación de las provincias “para acordar un salario mínimo”.
Según difundió la agencia Télam, la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, convocó hoy a los ministros de Educación de las provincias y la ciudad de Buenos Aires, y a los gremios docentes para el próximo martes 27 para “iniciar los diálogos a fin de acordar el convenio marco nacional del salario mínimo docente”.
La reunión se realizará el próximo martes 27, a las 18, un día después del inicio de ciclo lectivo en gran parte del país.
Fuente:RedaccionRosario
El precio de alquileres en Rosario aumentó 200% en el último año
Mientras que las inmobiliarias celebran la desregulación de alquileres posibilitada por el DNU de Javier Milei y afirman una mejora en la oferta, el precio de las unidades ofrecidas en el mercado escaló hasta 201% en febrero respecto al mismo mes del año pasado.
Según el último informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), la mediana de los precios de monoambientes en la ciudad es de $140.000, la de los departamentos de dos ambientes es de $180.000 y la de tres ambientes $223.500.
Para cada uno de los casos señalados, los aumentos interanuales fueron de 201,1%, 200,0% y 196,0% respectivamente. Cabe recordar que el último dato del Índice de Precio al Consumidor (correspondiente a enero) fue 20,6% y el interanual llegó al 254,2%.
Ante estos datos, desde el Ceso destacaron que una jubilación mínima ya no cubre el total del alquiler de un departamento monoambiente medio. El haber mínimo alcanza para el 75,5% del alquiler, sin incluir expensas ni servicios.
En tanto, las y los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Vital y Móvil ($156.000) destinan el 89,7% de su ingreso al pago del alquiler de un monoambiente.
Si bien los incrementos fueron más que elevados, en el informe ratificaron lo informado por las cámaras inmobiliarias sobre el movimiento en el mercado locativo: La oferta total de unidades creció un 144,3% con respecto al mes anterior y un 108,9% con respecto a febrero de 2023.
Cabe recordar que los valores expresados anteriormente no incluyen expensas, las cuales alcanzan en promedio el 9,6% del costo de alquiler.
Por último, señalaron que las ofertas en dólares representan el 4% del total.
Es importante tener en cuenta que, pese a la derogación de la Ley de Alquileres, los contratos firmados con anterioridad al DNU deben respetar las condiciones hasta su vencimiento.
Por ejemplo, aquellos inquilinos que lo hayan firmado entre el 1° de julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023, deben afrontar las subas calculadas en función del Índice de Contratos de Locación (ICL) que realiza el Banco Central (BCRA) sobre la base de la inflación y los salarios.
Para ellos, el aumento en marzo 2024 -que según la norma debe ser anual– será de 165.51%.
Proponen impuesto a grandes productoras rurales para reforzar políticas alimentarias
El diputado provincial Carlos del Frade introdujo a la Legislatura santafesina una iniciativa para que aquellos grandes propietarios de latifundios deban pagar un tributo inmobiliario, cuya recaudación será destinada a familias en situación de pobreza.
Se presentó en la Legislatura santafesina un proyecto que busca la creación de un impuesto inmobiliario adicional para todos aquellos grandes propietarios de tierras rurales de la provincia, con el objetivo de que lo recaudado se destine a reforzar las políticas alimentarias de las familias santafesinas en situación de pobreza.
El diputado provincial Carlos del Frade ingresó un proyecto que implica un incremento de entre el 30% y el 40% al monto que ya pagan por concepto de impuesto inmobiliario los grandes propietarios de latifundios.
Todo esto partiendo desde los datos de los resultados definitivos del Censo Nacional Agropecuario (2018), que demostraron que en el país el 1,6 % de los productores concentra el 42% de la tierra productiva de Argentina, lo que son solo 3.566 explotaciones agropecuarias sobre un total de 227.323.
Este impuesto adicional será para personas físicas o jurídicas según la cantidad de hectáreas que posean y tipificado acorde a las diferentes regiones de la provincia.
Para determinar la dimensión de las áreas gravadas se determinará por el valor de las tierras, y las alícuotas a pagar será un monto extra al que abonan normalmente por concepto de impuesto inmobiliario rural.
Estos serán del 30% para los propietarios de nacionalidad argentina que sean personas físicas 35% para los que sean personas jurídicas y un 40% para los titulares de nacionalidad extranjera.
El objetivo de este impuesto es que lo recaudado se destine a la creación de un Fondo provincial para reforzar las políticas alimentarias de las familias santafesinas en situación de pobreza.
Al respecto, Del Frade describió: “Existen grandes extensiones de tierra rural que se van revalorizando sin más inversión que la que ha realizado el Estado en infraestructura. Por otro lado estamos convencidas/os que al gravar la gran propiedad territorial aportaremos con la absorción, por parte del Estado, de un porcentaje de la renta de la tierra, a provocar una deflación de los precios de la misma, una mayor oferta y la adjudicación en esta forma a los pequeños y medianos productores rurales”.
Así mismo, se especificó que en Santa Fe, hay 19.970 explotaciones agropecuarias (EAP), que representan una superficie de 9.478.912,9 hectáreas (Has). Ahora bien, tan sólo 1214 de esas explotaciones concentran 4.522.067,10 Has mientras las restantes 4.956.845,8 Has productivas de la provincia se reparten entre 18.756 establecimientos.
En otros términos, en Santa Fe el 6% de las EAP concentra el 48% de la superficie productiva. Otro dato relevante es que 19 EAP poseen más de 20.000 Has.; 34 más de 10.000 Has. y 41 más de 7.500 Has. Son 1.392.574,9 Has concentradas en 94 establecimientos.
Cabe señalar que el 84% de los EAP son titularidad de personas humanas, mientras que el 11% son propiedad de personas jurídicas.
A esto habría que agregar la preocupación que genera la posesión de grandes extensiones de tierra de la provincia en manos de propietarios extranjeros. Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, en la provincia hay 217.559,19 Has en manos extranjeras, que representan un 1,7º/o de la superficie total de zonas rurales, donde el departamento Garay lleva la delantera con un 15,7% de sus hectáreas extranjerizadas. Le sigue San Javier con un 3,1%.
“No es casualidad que estos datos coincidan con las regiones de Santa Fe más pobres, donde las comunidades originarias están relegadas a pequeños poblados, la mayoría sin tierra donde poder trabajar, donde los departamentos tienen las mayores extensiones y sin embargo, la menor cantidad de pobladores; con un pueblo que hace grandes sacrificios para tener un lote donde alzar su vivienda, si es que lo logra; con una agricultura sin agricultores. La extranjerización y concentración en pocas manos no ha sido la salida hacia el progreso en ningún lugar del mundo”, apuntó el legislador
Este proyecto ya tiene un antecedente en la Cámara baja provincial, habiendo sido presentado por primera vez en 2019 por la entonces legisladora, Mercedes Meier.
Fuente:RosarioPlus
