09.12.2013
Identidad
Un mast’aku por el Indoamericano
A tres años de la toma del Parque, la historia de lucha de Elizabeth Ovidio, quien sufrió el asesinato de su marido durante el violento desalojo.
Por:
Nicolás G. Recoaro
Cargada como un ekeko, Eli caminaba con paso sereno por las calles del cementerio de Flores, llevando un ramo de rosas rojas y arrastrando en un changuito dos cajas repletas de panes, cervezas y una foto de su marido. Según la tradición andina, las ajayus –las almas de los difuntos– vuelven cada 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, en forma de tantawawas, "niños de pan" en aymara, y en la construcción de mesas comunitarias con los alimentos que les preparan los vivos, el mast’aku. Cuando llegó a la cruz de madera curtida que tenía tatuado con un liquid paper fantasmal el nombre Juan Castañeta Quispe, se detuvo. Luego limpió parsimoniosamente la tumba: sacó algunas flores secas que dormían sobre la tierra, extendió un aguayo multicolor sobre la sepultura y, con un alambre, ató a la cruz la foto pegada sobre un papel, que tenía grabado a modo de epígrafe: "¡Justicia por Emilio Canaviri Álvarez! Asesinado en el Parque Indoamericano". Después se persignó y empezó a repetir como un mantra el Padre Nuestro.
Elizabeth Ovidio llegó a Buenos Aires en 2003, junto a Emilio, su marido. Como muchos paisanos que cruzan la frontera entre la Argentina y Bolivia, se habían entusiasmado con un aviso que escucharon en una FM de Oruro, que ofrecía el paraíso, o sus alrededores. "Buena paga, casa y comida", prometía un locutor de voz melosa. La historia fue distinta. Un cuarto escuálido, trabajo esclavo a destajo y desayunos, almuerzos y cenas paupérrimos, sobrecargados con abundante arroz, ese fue el panorama que encontraron al llegar al barrio Rivadavia. Una imagen calcada en la vida de miles de migrantes víctimas de la trata, que sobreviven en condiciones de semiesclavitud en talleres clandestinos, trabajando contra el reloj y el sueño, costurando por centavos pantalones y remeras.
De aquel primer taller pasaron a un galpón textil administrado por un coreano en Cuenca y Aranguren. El monocorde ruido de las máquinas de coser era la banda de sonido del lugar. Al tiempo llegaron desde Bolivia dos de sus hijas, Evelyn y Tatiana. "Ahorramos y ahorramos –recuerda Eli– y nos buscamos una pieza para alquilar, ahí vivimos como cinco años." Las cosas parecían encaminarse. Emilio empezó a trabajar en una remisería, con un DNI trucho a nombre de Juan Castañeta Quispe, mientras esperaba conseguir la "precaria". "Jugaba al básquet en el polideportivo y le decían 'Evo', porque tenía la misma cara que el Evo Morales."
La noche del 6 de diciembre de 2010, con la grave crisis habitacional –que aún persiste– en la Ciudad de Buenos Aires como marco, un puñado de familias se asentó en los terrenos del Parque Indoamericano, en Villa Soldati. Al día siguiente, la ocupación se hizo masiva. "Con 500 pesos entramos, Negra", recuerda Eli que le dijo Emilio, entusiasmado. "El alquiler seguía subiendo y teníamos dos nenas que iban creciendo; no se podía vivir en un cuarto de cuatro por cuatro. Por eso me animé a ir al Indoamericano."
La presencia policial anticipaba la tormenta y la sangre llegó al río el 7 de diciembre. Ese día, Bernardo Salgueiro, paraguayo de 22 años, y Rosemary Churapuña, boliviana de 28, fueron asesinados en los límites del Indoamericano, durante la salvaje represión para desalojar el parque, llevada adelante por la Policía Federal y la Policía Metropolitana. El pánico se expandió entonces entre las familias que ocupaban el predio, convertido en zona liberada para barrabravas y vecinos xenófobos. Cuando las aguas se aquietaron, la policía bloqueó los accesos al parque y se realizó un censo para evaluar las distintas situaciones habitacionales de
13.800 personas a las que se prometieron viviendas a cambio de que abandonaran la toma. Pero la bomba de tiempo racista seguía activa en el sur de la ciudad. Estalló dos días después, y se cobró la vida de Emilio.
"Las autoridades ni vinieron a inspeccionar. Yo, armándome de valor, he mostrado la bala que mató a Emilio a los medios. Quiero que se hagan cargo de su muerte, no quiero que quede impune", dice hoy Elizabeth, a tres años del asesinato de su marido. Hace casi dos años, Eli logró dejar la húmeda pieza en la villa y pudo mudarse a un pequeño departamento de los monoblocks de la Avenida Bonorino, a pasitos de la 1-11-14. Cuenta que debe trabajar harto para juntar los 700 pesos mensuales del crédito a 30 años que le dieron, luego de un acampe eterno frente al Instituto de la Vivienda. Ahora vende jugo de naranja y sándwiches de chola en la feria de Bonorino, y explica que tras varias marchas y promesas de distintos políticos, la causa sigue estancada. Busca testigos que puedan destrabarla.
En septiembre, nació Elías Nicolás. Eli cuenta que ha quedado medio débil por la cesárea, pero que su alegría es enorme cuando ve la sonrisa de su hijo. Está en pareja, con "un excelente hombre, mecánico y gran padre", y hace un año comenzó a estudiar, terminó segundo y tercer grado de la primaria. Elizabeth ya sabe leer y escribir. "Yéndome a Bolivia estaría escapando; lo mejor, por el bien de mis hijas, es enfrentar la realidad que tengo acá, mirar para adelante." En la cosmovisión del tiempo de los pueblos andinos, el pasado está siempre adelante, y es lógico, porque es lo único que siempre se ve. El pasado que mira Eli va cambiando y transformando los hilos de la historia que la alcanzará mañana. Por eso, como muchos de sus paisanos que viven hoy en la Argentina, elige seguir mirando para adelante, sin perder la memoria.
Memorias
Tantawawas
El documental Tantawawas. Memoria del Indoamericano narra la lucha de Eli y la retrata durante la celebración andina del Día de Todos los Santos en el cementerio de Flores. Se puede ver en
La justicia investiga por qué una única licitación aparece dos veces con una misma identificación en los registros documentales de la Ciudad de Buenos Aires, pero en una se consigna que la Policía Metropolitana compró proyectiles de plomo previo a la recuperación del Parque Indoamericano (en 2010, donde murieron dos personas por impactos de bala) y en la otra los rubros sobre la adquisición de ese tipo de municiones aparecen anulados. El dato, que podría darle un giro inesperado a la investigación que lleva adelante la jueza de instrucción Mónica Berdión de Crudo, fue aportado por la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), figura en el expediente desde agosto pasado y aún no ha sido esclarecido.
En diciembre de 2010, un grupo de personas tomó el Parque Indoamericano ante un rumor que indicaba que el predio sería loteado y quienes estuvieran allí tendrían prioridad en la adjudicación de terrenos. En el violento desalojo intervinieron fuerzas de la Policía Federal y de la Metropolitana. El ciudadano paraguayo Bernando Salgueiro, de 22 años de edad, y la vecina boliviana Rosemarie y Chura Puña, de 28, murieron por heridas de balas de plomo. El ministro de Seguridad porteño, el ex juez federal Guillermo Montenegro, aseguró por aquellos días que la Policía Metropolitana no poseía "postas" de plomo.
Tras una larga investigación, aún inconclusa, en abril pasado la jueza –a instancias del fiscal Sandro Abraldes– llamó a indagatoria a 33 oficiales de la Metropolitana y a 11 de la Federal. Las declaraciones están aún desarrollándose.
Pero entre el 22 y 26 de agosto pasado, y sin que trascendiera, Berdión de Crudo dispuso una serie de medidas tendientes a "determinar la existencia y alcance de la compra de munición de plomo por parte de la Policía Metropolitana durante el año 2010". Según documentación a la que tuvo acceso Tiempo Argentino, el CELS detectó que "en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aparece publicado dos veces el mismo acto administrativo pero con contenido diferente, más precisamente la Resolución N° 171-MJYSGC/2010 relativa a la adquisición de municiones para la Policía Metropolitana".
De la constatación con el Boletín Oficial de la Ciudad, la justicia pudo "comprobar el hecho de que en un sector del sitio web del gobierno comunal obre publicada una resolución con idéntico número, que alude a la misma licitación pública, pero que contiene un texto sensiblemente distinto a la anterior". ¿Cuál es la diferencia? En uno aparecen aprobados tres renglones de la licitación, que incluyen las postas de plomo. En el otro, los renglones dos y tres, los de esas mismas postas de plomo, están suspendidos. Concretamente, se trata de la adquisición de "440.000 cartuchos a bala calibre 9x19 mm, 40.000 cartuchos calibre 12/70 Antitumulto (AT) y 10.000 cartuchos calibre 12/70 Propósito General (PG)". Estos últimos son el eje de la controversia, en el marco de una licitación que, según surge del artículo 15 del pliego de bases y condiciones particulares, trepó a 858 mil pesos.
"En cuanto a la gravedad, se tiene en cuenta que la divergencia de contenido de la mencionada Resolución N° 171-MJYSGC/2010 versa, ni más ni menos, sobre la cantidad y tipo de munición adquirida mediante dicho proceso licitatorio, reflejando en un caso la aprobación de la compra de la totalidad de los renglones licitados mientras que en el otro se deja sin efecto la compra de los renglones 2 y 3", alertó el fiscal Abraldes en un escrito que consta en el expediente.
Pese a la documentación que ya recolectó el juzgado, aún no está claro qué ocurrió con ese proceso licitatorio. La última medida relevante en ese sentido ocurrió a fines de noviembre, cuando declaró como testigo ante la jueza de instrucción Silvia Ramond (quien remplazaba en ese momento a Berdión de Crudo) el ex director de Compras y Contrataciones del gobierno porteño cuando se produjo la licitación, Lisandro Agustín Greco. El joven funcionario, de 31 años de edad, no pudo recordar ni precisar detalles de aquel proceso y, como consecuencia de los baches y contradicciones que halló, el fiscal Abraldes y su colega Nuria De Ansó pidieron su detención por el delito de "falso testimonio". La jueza Ramond rechazó el planteo.
Greco es hoy subsecretario de Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del gobierno porteño, y tiene su despacho en la Avenida Roque Saenz Peña 570.
"El déficit habitacional permanece irresuelto"
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó un balance de la situación social y habitacional del sur de la Ciudad de Buenos Aires, a tres años de la toma del Parque Indoamericano. "El déficit habitacional que originó la ocupación permanece irresuelto, los referentes sociales están siendo juzgados por usurpación y las causas en las que se investiga la responsabilidad policial en el desalojo en el que murieron Rosemary Chura Puña, Bernardo Salgueiro y Emiliano Canaviri Álvarez tiene escasos avances", subrayó el organismo.
Además, advirtió que los violentos hechos registrados en el Indoamericano "dejaron en evidencia las graves consecuencias de imponer respuestas estatales represivas frente a reclamos por situaciones de exclusión e inequidad social".
Fuente:TiempoArgentino
