ESPAÑA.

Por primera vez, una víctima del franquismo declarará por causas de lesa humanidad

El hombre había sido torturado por policías antes de ser trasladado a la cárcel, tras ser acusado de terrorismo por los mismos agentes y ahora podrá declarar frente al tribunal gracias a la sanción de la Ley de Memoria Democrática

Julio Pacheco Yepes testificará por causas de lesa humanidad.

Una víctima del franquismo testificará este viernes, por primera vez en España, en una causa abierta por torturas durante la dictadura de Francisco Franco, en lo que marcará un hito en la historia española, ya que nunca antes un tribunal de ese país había recibido querellas por crímenes de lesa humanidad.

Julio Pacheco Yepes espera que su declaración, cuando se convierta en la primera víctima en testificar ante un juez español en una causa abierta por torturas durante la dictadura franquista, sirva para hacer “una grieta en el muro de impunidad” vigente en España.

El testimonio es posible gracias a la sanción de la Ley de Memoria Democrática, en octubre de 2022, una iniciativa insignia del gobierno de coalición progresista del presidente Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero de España (PSOE), para resarcir a las víctimas del franquismo.

Esta declaración testimonial “puede abrir una grieta en el muro de impunidad que hemos sufrido durante tanto tiempo” las víctimas de la dictadura (1939-1975), estimó a la agencia de noticias AFP este jubilado de 67 años en la sala de su casa en un popular barrio del sureste de Madrid.

“Es un hito importante. Ten en cuenta que hace (casi) 50 años que pasó todo esto. Hasta ahora nadie, ningún juez, nos ha admitido una querella, ni una declaración en sede judicial, y esta es la primera”, se congratuló.

Su testimonio, que se desarrollará el próximo viernes por la mañana en un tribunal madrileño, marcará un antes y un después: el anterior centenar de querellas por crímenes cometidos durante la dictadura que recibieron los tribunales españoles no fueron siquiera admitidas, según organizaciones de víctimas.

Memorial de las víctimas del franquismo.

La situación judicial

Hasta ahora, los crímenes del franquismo solo habían sido juzgados en la Argentina en 2010, cuando la jueza María Servini de Cubría tomó testimonio a familiares de víctimas de la dictadura de Franco, basándose en el principio de la jurisdicción universal.

Según las organizaciones, los tribunales alegaban que la Ley de Amnistía, aprobada en octubre de 1977 en la transición hacia la democracia, decretó la imposibilidad de perseguir delitos cometidos por los opositores políticos, pero también “por los funcionarios y agentes del orden público”.

Originalmente, esta declaración iba a ser en julio pasado, pero se atrasó porque hubo un cambio de juez, quien había dicho que quería “revisar” el caso, lo que provocó airadas quejas de asociaciones y familiares de víctimas.

En esta ocasión, la jueza Ana María Iguacel admitió la querella al constatar “la posible existencia” de delitos de “crímenes de lesa humanidad y torturas”, según el expediente.

Las víctimas siempre sostuvieron que la tortura, en cuanto delito de lesa humanidad, no prescribe, tal y como lo establece la jurisprudencia internacional.

En España, “lo que se impuso fue ese pacto de silencio y ha costado muchísimos años” romperlo, afirmó la esposa de Pacheco Yepes, Rosa María García Alcón, presidenta de la asociación de víctimas La Comuna y quien intentó en 2018 una querella, inadmitida, contra uno de los policías que la torturó en 1975.

Las torturas hacia él y su pareja

La mujer, de 66 años, declarará como testigo, ya que como parte de las torturas a su entonces novio, su marido desde hace más de 45 años, le enseñaban cómo la torturaban a ella, cuenta García Alcón.

Ambos fueron detenidos en agosto de 1975 por integrar una organización estudiantil universitaria que pertenecía al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), que luchaba contra la dictadura.

Fueron llevados a la temida Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol madrileña, donde los torturaron por días varios policías, antes de ser llevados a sendas cárceles, acusados de terrorismo. Un mes después de morir el dictador Francisco Franco, en diciembre de 1975, salieron en libertad bajo fianza. Meses después, fueron indultados.

La víctima podrá declarar frente al tribunal gracias a la sanción de la Ley de Memoria Democrática.

Pacheco Yepes querelló a sus cuatro torturadores, entre ellos, según la denuncia, José Manuel Villarejo, una oscura figura implicada en numerosos escándalos relacionados con la élite económica y política, condenado en junio a 19 años de cárcel por espionaje en un primer juicio.

El madrileño dijo que, aunque desea ver a sus torturadores “sentados en el banquillo de los acusados”, ya le satisfizo el hecho de que su caso recuerde “lo que fue el franquismo”, más aún cuando en España ha ganado cuotas de poder la extrema derecha de Vox, crítica del afán de la izquierda por visibilizar a las víctimas del franquismo.

“Ahora tenemos aquí a Vox, tenemos una corriente muy fuerte que quiere volver a aquella época y (…) yo creo que la única forma de contrarrestarlo” es “mostrar el atraso político” que implicó la dictadura, afirmó.

“La única forma de cerrar las heridas es con la verdad (…) Si no, están siempre sangrando”, apuntó Pacheco Yepes.

Fuente;ElCiudadanoyLaRegion

ESPAÑA.

Estado español. Coronavirus: Algunas evidencias de clase(s)

Ernesto M. Díaz Macías / Resumen Latinoamericano / 17 de marzo de 2020

La crisis del coronavirus está dejando imágenes insólitas. Todas las evocaciones posibles a una situación pre-apocalíptica están servidas. Una parte de la histeria colectiva (como el acopio compulsivo de víveres) puede tener mucha relación con aquella idea de que hoy en día es más sencillo imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo[1]. Sin duda la industria de Hollywood ha aportado un buen puñado de arena al estímulo de nuestra imaginación en esta línea, puesto que el acopio de alimentos no se debe a razones materiales sino psicológicas.

Pero más allá de la ficción hollywoodiense, la crisis tiene algunas dimensiones reales y está dejando al descubierto algunas evidencias de clase(s) que habría que poner sobre el tapete. Nos referimos a las injusticias estructurales del capitalismo que toman cuerpo con mayor evidencia estos días. Dejo resumidos algunos de los que me parecen más relevantes.

La quiebra de la sanidad pública

Sería cuanto menos impresionista afirmar que el coronavirus ha determinado la totalidad de la quiebra de la sanidad pública. Desde hace años venimos asistiendo a situaciones de colapso o de congestión importante en muchos de los servicios públicos sanitarios, desde centros de atención primaria hasta hospitales. La llegada del Coronavirus ha supuesto un salto cualitativo que ha dibujado mejor la situación de crisis del sistema sanitario pero no se debe sólo a su llegada.

La crisis sanitaria actual no es un hecho natural sino el resultado de unas políticas neoliberales aplicadas por todas las instituciones políticas que han reducido sólo en Madrid los efectivos del servicio en 3.300 entre 2010-2018, mientras que el número de pacientes aumentaba en el mismo arco temporal en unas 500.000 personas[2]. Los ejemplos en el resto de comunidades son análogos.

Las dificultades para hacer frente a la pandemia se explican también por este colapso y por la connivencia de las instituciones, partidos y sindicatos que han apoyado los recortes y las privatizaciones para favorecer un acceso cómodo del capital al sector sanitario. Décadas de privatización ha generado un reparto injusto de los recursos sanitarios en beneficio de la mercantilización de la salud. Desde el primer día se ponía de relieve lo pernicioso de los centros sanitarios privados que imponían altos costos a las pruebas de infección con tal de hacer negocio.

Frente a esta situación, el Gobierno de España puso desde el 13 de marzo algunas medidas que obligan a los centros privados a asistir a los pacientes y a determinados compromisos mínimos junto con una inyección de dinero público a la sanidad pública. La intervención gubernamental en el sector privado sanitario puede dar un salto de altura en los próximos días, pero de momento el decreto del gobierno solo adelanta la posibilidad de contemplar actuaciones amplias, pero sin concretar en nada sobre la traducción concreta de esta disposición[3]. Esto puede suponer una mejoría en la situación de crisis sanitaria pero evidencia sin duda la insuficiencia del sistema público sanitario.

Algunos hablan de estas medidas como equivalentes de la nacionalización del sector privado, pero estas medidas de momento sólo son un parche que no ataca de ningún modo a la propiedad de los centros privados. El propio Pedro Sánchez eludía con evasivas la pregunta sobre posibles nacionalizaciones que se deriven en el futuro de esta intervención.

Sin embargo, esta es la medida que debería ser más valorada por un gobierno de izquierdas y más en una situación como la actual. Una verdadera salida a la crisis del Coronavirus y a la crisis de la sanidad pública previamente existente pasa por la expropiación de la sanidad privada y por reforzar y democratizar un sector que ha dejado de ser concebido como una vía para la redistribución de la riqueza y la seguridad al servicio de todos para ser una punta de lanza de beneficios para el capital privado. Todos los recursos de la privada deberían ser puestos al servicio del bien común. Los perjudicados serán unos pocos (los empresarios de la sanidad), mientras que los beneficiarios serían millones (tanto usuarios como los y las trabajadoras que viven muchas veces condiciones laborales miserables).

Asimetrías de compra derivada de la “democracia de consumidores”

Colas, falta de papel higiénico, miedo al desabastecimiento… ¿Problema real o imaginario? Más allá de la risa nerviosa que se dibuja en muchos que van al Mercadona a hacer turismo apocalíptico, las imágenes reflejan una gran injusticia incrustada en el modelo que Hayek y la escuela austro-norteamericana reivindicaban con el nombre de “democracia de consumidores”[4]: una libertad de compra sin límites que, sobre los hechos, es sólo efectiva para ricos, clases medias y capas concretas de trabajadores y trabajadoras con cierta capacidad de ahorro. Cabe preguntarse ¿Qué pasa con el resto? ¿Con los sectores que viven día a día? Seguimos con millones de desempleados y con millones de trabajadores precarios sin capacidad de ahorro ni de hacer acopio.

La exacerbación del consumo estos días ha dejado imágenes que retratan esta desigualdad estructural. Personas haciendo acopio compulsivo de un solo producto (sea leche, azúcar, galletas, carne o papel higiénico) mientras que otras se ven privadas de su derecho a comprar determinados productos por la capacidad de acopio de quien más tiene. No es una privación absoluta, pues de momento los riesgos de desabastecimiento son inexistentes. Pero si de una privación temporal debido a la compra de los que más tienen: tiempo y dinero.

Esta “democracia de consumidores”, una de las insignias del neoliberalismo, no es universalizable. La velocidad de consumo de unos obedece a respuestas individualistas frente a problemas que nos conciernen a todos. No es justo que unos sectores puedan hacer acopio de lo que debería estar al acceso de todos.

De momento el desabastecimiento no es un problema real salvo por la falta temporal de productos localizados en determinados supermercados. Pero si la crisis (y con ella la “histeria de consumo”) va a más, estas relaciones desiguales entre quienes tienen capacidad de acopio y los que no podrían tomar una dimensión peligrosa.

Hasta ahora el Gobierno se ha limitado a señalar que los problemas de abastecimiento no son reales. Pero habría que barajar cuáles serían las actuaciones en una coyuntura de empeoramiento de la situación para evitar enormes asimetrías de consumo que tienen claras raíces de clase.

Los intereses contradictorios del capital

Hay concepciones populares de izquierda poco rigurosas que piensan que los intereses de las clases dominantes son homogéneos: todas ganan en todas las coyunturas posibles, como si no hubiera contradicciones e intereses dispares cruzadas por coyunturas cambiantes.

En esta coyuntura atravesada por la histeria de consumo y por la paranoia infecciosa son fundamentalmente dos los sectores del capital que van a recoger enormes sobre-beneficios: distribución de alimentos (supermercados) y asistencia sanitaria privada. En especial es probable que Juan Roig (presidente de Mercadona) esté aprovechando la crisis para planificar una nueva expansión de su mercado. Una dinámica expansionista solo podría hacerse por medio de nuevas contrataciones de mano de obra que dieran soporte material a la expansión de su actividad económica.

En la parte de los sectores del capital afectados al menos habrá que señalar a los relacionados con el turismo y especialmente la hostelería, que desde antes del decreto de alarma ya estaban viendo reducidos sus beneficios económicos. Aunque la situación con el decreto es extensible a todos aquellos sectores que se vean obligados a cerrar aunque sea temporalmente[5]. En estos casos el capital (por pequeño que sea) estará presionado a una dinámica regresiva y se verá tentado a realizar despidos de todo tipo.

La doble moral del capital y de las instituciones ante la vulnerabilidad de la clase trabajadora

Enlazando directamente con el anterior punto, una de las consecuencias más evidentes y negativas es la más que anticipable destrucción de empleos en los sectores económicos que se encuentren en una dinámica de contracción así como el aprovechamiento de despidos por parte de empresas con buena situación económica. Son ya muchos los sectores económicos y sindicales que han pedido flexibilizar las condiciones y los trámites para declarar ERTEs exprés[6].

Esta situación, aunque normal para mucha gente, evidencia la nula moralidad estructural del capitalismo. Todos esos trabajadores y trabajadoras que han producido plusvalías y beneficios enormes para los empresarios podrían ser despedidos con pocas dificultades ante los primeros síntomas de problemas económicos. Es la clásica situación de privatización de los beneficios (o sea, la extracción de plusvalías procedentes del trabajo) y socialización de las pérdidas (flexibilización del despido en momentos de dificultades). Esta situación evidencia que las clases populares siempre pierden en este juego.

Particularmente vergonzosa es la actitud de CCOO y de UGT que han cerrado un acuerdo rápido con la patronal para presionar al gobierno a que acceda a las medidas que solo beneficiarán a los empresarios. El papel de las centrales sindicales y de cualquier sindicato o partido que se ponga de parte de los y las trabajadoras debería ser justo el contrario: prohibir los despidos en una coyuntura tan difícil y donde más de uno aprovechará para hacer ajustes en plantilla que llevaba tiempo planificando.

El Gobierno se ha mostrado contradictorio hasta el momento. Sánchez anunciaba sin ambigüedades la adopción de medidas para flexibilizar los ERTEs[7] pero en el decreto publicado en el BOE no se habla de nada ni siquiera general en esa línea. Lo más probable es que el más que intuible tira y afloja con Podemos vaya a retrasar esta medida. Pero las decisiones no tardarán en llegar a lo largo de la semana puesto que cada vez la extensión del cierre de centros de trabajos es mayor.

Este es el debate central ahora sobre las medidas laborales. Parece claro que el Sánchez no va a dar ningún paso para blindar al trabajo. Esperemos que al menos no acceda a las medidas pactadas por patronal y sindicatos o la situación económica de las clases populares puede deteriorarse más rápidamente. Por no hablar de la situación de endeudamiento del Estado que tendría que hacer frente a un repunte importante de ayudas para nuevos desempleados.

Una crisis de cuidados prolongada y profunda

De la misma forma que existía una crisis sanitaria latente que venía de meses atrás, existía y existe una crisis de cuidados previa que se ha incrementado exponencialmente con la pandemia. No hablamos sólo de los cuidados a los enfermos por parte de la sanidad. Hablamos de los trabajos de cuidados en plural. ¿Quién y cómo cuidamos de niños y niñas, ancianos y ancianas, enfermos y enfermas[8]?

Hay sectores que han salvado la situación del cierre de colegios con la declaración del tele-trabajo. Pero sigue habiendo muchos sectores con verdaderas dificultades de hacer frente al agravamiento de la crisis de cuidados: aquellos padres sin teletrabajo, los miles de ancianos que no cuentan con apoyos sociales ni siquiera para hacer la compra (y que además son los más vulnerables ante el virus)…

Las experiencias de solidaridad vecinal y de respuesta auto-organizada puede ser una buena respuesta en el corto plazo. Pero sin políticas estructurales que modifiquen la crisis de fondo no tendremos una situación cualitativamente distinta.

El inicio de una reestructuración de conjunto que puede tener consecuencias profundas

La situación parece agravarse a diario y cada sector social intenta empujar a una salida que satisfaga mínimamente sus intereses. Lo que sí está claro es que la salida de esta crisis puede imponer cambios importantes.

Por poner dos ejemplos relacionados con dos puntos ya comentados que podrían traducirse en cambios más estructurales:

· La flexibilización de los ERTEs podría abrir camino a una nueva reforma laboral que debilitara más las condiciones de negociación del trabajo.

· La multiplicación de las transferencias del Estado a las autonomías[9] para hacer frente a la crisis sanitaria (aprobadas el 13 de marzo) o el aumento del gasto público en el corto plazo (compensaciones a PYMES y otras) puede servir de coartada para cambios impositivos regresivos o nuevos recortes en gasto público o privatizaciones.

Estos son sólo dos ejemplos que no tendrían que cumplirse pero que tendrían que contemplarse por parte de quienes nos oponemos a un recrudecimiento del neoliberalismo. No habrá una automática salida keynesiana a esta crisis igual que no la hubo con la crisis económica de 2007. Al contrario, las crisis siempre son coartadas excelentes para profundizaciones regresivas que se presentan además como la única vía posible. El caso del giro de Zapatero puede ser el ejemplo más cercano.

Frente a eso las posibilidades de movilización colectiva en el corto plazo están descartadas tanto por los miedos al contagio como por las medidas gubernamentales. Por ello, lo más sensato que podemos hacer en estos momentos es crear redes de solidaridad en barrios así como preparar el terreno para una futura respuesta popular que plante resistencia a una nueva reducción de derechos sociales.

17/03/2020

Ernesto M. Díaz es militante de Anticapitalistas

---

[1]Jameson, Fredric (2003): “FutureCitiy” en NLR. https://newleftreview.org/issues/II21/articles/fredric-jameson-future-city

[2] Domínguez, Daniel (2020): “Consecuencias de la privatización y los recortes en la Sanidad de Madrid” en La Marea https://www.lamarea.com/2020/03/10/la-privatizacion-y-los-recortes-en-sanidad-ponen-en-jaque-a-madrid/.

[3] Así está redactado en el punto 6 del artículo 12 de dicho decreto: “el Ministro de Sanidad podrá ejercer aquellas facultades que resulten necesarias a estos efectos respecto de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada”.

[4]Laval, Christian; Dardot, Pierre (2015): La nueva razón del mundo. Barcelona, Gedisa, p. 138.

[5] Artículo 10 del BOE del 14 de marzo del 2020 https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf,

[6] Urrutia, César: “Patronal y sindicatos acuerdan legalizar ´ERTEs exprés` para hacer frente a la alerta sanitaria” en El Mundo https://www.elmundo.es/economia/2020/03/12/5e6a33e6fdddff78188b45e4.html.

[7] Ver desde el 1:35 la grabación de la comparecencia sobre la declaración del Estado de Alarma: https://elpais.com/espana/2020-03-14/la-comparecencia-integra-de-pedro-sanchez-para-explicar-el-estado-de-alerta.html.

[8] Pérez Castaño, Laura: “Cuando el coronavirus hizo visible los cuidados” en CTXT. https://ctxt.es/es/20200302/Firmas/31311/Laura-Perez-Casta%C3%B1o-coronavirus-cuidados-reproduccion-vida-feminismos.htm.

[9] El nivel de improvisación del Gobierno es patente en este sentido. Se han aprobado aumento de transferencias a las autonomías para decretar la vigencia temporal de las mismas sustituyéndolas por el “mando único”. Una medida que debe ser cuanto menos puesta en cuestión por las complejidades que muestra un Estado con una realidad plurinacional como el nuestro.

Viento Sur*

Envio:RL

MADRID - ESPAÑA: Campaña de solidaridad con Angeles Maestro.

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD CON LA LUCHADORA INTERNACIONALISTA ESPAÑOLA ANGELES MAESTRO

La noticia que llega desde Madrid no puede ser más inquietante: La Audiencia Nacional ha denegado el sobreseimiento de la causa seguida contra la luchadora internacionalista española Angeles Maestro y otras dos compañeras por el envío de fondos al pueblo palestino y ha dispuesto la apertura de Sumario Ordinario "por colaboración con organización terrorista”.

Ángeles Maestro es una ex diputada comunista, médica, escritora y sobre todo una ejemplar militante antifascista y contra la guerra, que hizo del internacionalismo una causa permanente. Ha participado en acciones solidarias en todos los países de Medio Oriente agredidos por el imperialismo estadounidense y por su aliado el sionista gobierno israelí. En Palestina, en Iraq, en Siria, junto al pueblo Saharaui, pero también en apoyo a la Revoluciones y los pueblos de Latinoamérica, como los de Venezuela, Cuba y Bolivia, Nines Maestro siempre estuvo en primera fila acercando su apoyo incondicional, poniendo el cuerpo cuando hiciera falta o aportando desde el campo intelectual. ya que también es integrante de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimiento sociales por la Humanidad (REDH).

Ahora, ese tribunal de excepción y continuador del Franquismo que es la Audiencia Nacional Española ha denegado sobreseerla a ella y otras dos compañeras acusándolas de haber reunido dos pequeñas sumas de dinero y habérselas entregado en 2014 y 2015 a la histórica luchadora palestina Leila Khaled, cuando esta realizó una gira de charlas y encuentros públicos en Madrid y Barcelona.

La acusación es realmente patética ya que esos fondos (que no pasaban los 8.500 euros y habían sido reunidos por colaboraciones de numerosas personas) estaban destinados a la reconstrucción de escuelas y hospitales, que como es sabido adolecen de insumos y están sobrepasados debido a la represión israelí en Cisjordania y los bombardeos en Gaza.

El hecho de que Leila Khaled sea dirigente del FPLP ha sido el fundamento esgrimido por la asociación israelí “The Lawfare Project Spain” para denunciar a las tres activistas, y enseguida esa acusación fue aceptada por un Juzgado. de la Audiencia Nacional.

Ahora, Angeles Maestro y sus dos compañeras afrontan un juicio que no solo busca enviarlas a ellas a prisión sino condenar cualquier  tipo de acción solidaria con la causa noble del pueblo palestino.

Por todo ello, quienes suscribimos esta declaración, nos manifestamos solidarios y solidarias con la compañera Ángeles Maestro y las otras dos activistas ya que sin ningún tipo de dudas son perseguidas por defender la causa de la libertad y la autodeterminación de Palestina. A la vez de repudiar cualquier intento de coartar la libertad de expresión y opinión, llamamos a todos y todas aquellas personas de distintas partes del mundo que se sientan interpeladas por este tipo de avasallamiento a los derechos humanos se pronuncien en consonancia con este caso.

La solidaridad es la ternura de los pueblos!

Basta de perseguir a quienes luchan contra la ocupación en Palestina!

Exigimos el sobreseimiento y cierre de la causa contra Ángeles Maestro y demás implicadas.

Primeras firmas

Carlos Aznárez, periodista, Argentina

Norman Briski, actor y dramaturgo, Argentina

Vicente Zito Lema, poeta, escritor, Argentina

Roberto Perdía, abogado, Argentina

Pablo Puebla, Secretario general CTA San Martin. Argentina

María Torrellas, documentalista

ENVIAR FIRMAS A solidaridad2019@outlook.com.ar

Envio:RL

CATALUNYA.

Catalunya. Nueva movilización multitudinaria en Barcelona por la libertad de los presos políticos/ 750 mil personas ocuparon 3 kilómetros y medio

Resumen Latinoamericano/ Naiz/ 11 de Nov. 2017 .-

Barcelona acoge una nueva manifestación masiva a favor de la libertad de los miembros del Govern catalán y los presidentes de la ANC y Òmnium encarcelados. Participaron en la marcha representantes de todos los partidos soberanistas; además de una amplia representación independentista.

Unas 750 mil personas ocuparon con su presencia más de 3,5 kilómertos  en Barcelona en una nueva cita movilizadora convocada por la ANC y Òmnium en base a tres reivindicaciones: la libertad de los presos políticos, la vuelta del Govern exiliado y la defensa de la República.

Entre los asistentes, miembros de todos los partidos independentistas y también de Catalunya en Comú, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

También hay gran presencia vasca; entre otros están en Barcelona el presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Andoni Ortuzar, y la parlamentaria en Gasteiz de EH Bildu Maddalen Iriarte.

La manifestación la encabezan los familiares de los representantes políticos y sociales catalanes encarcelados, que portan dos pancartas en las que se pide la libertad de los encarcelados y se reivindica que «somos República». La mayoría de asistentes lleva carteles en los que se pide la libertad de los presos políticos. También hay referencias a la intervención institucional de Catalunya, con lemas como «tenemos 155 razones para ser independientes».

Algunos mensajes por Tweets

Los helicópteros policiales no dejan de sobrevolar durante el acto#Freedom11N. Se deben aburrir en el crucero.

Mensaje de @joseprull: “Somos el Gobierno legítimo de Catalunya porque así lo han decidido los catalanes. Eso es democracia”

Las calles de Barcelona iluminan el camino a casa de los encarcelados 

La gente dice a los familiares de los presos, que encabezan la marcha, que no están solos

Macromanifestación el sábado 11-N en Barcelona por la libertad de los presos

Kaos. Països Catalans / Resumen Latinoamericano / 10 de noviembre de 2017

La manifestación por la libertad de los presos políticos empezará sábado a las 17.00 h en el cruce de Marina con Pujades, en Barcelona. La marcha, bautizada como ‘Festa per la llibertat’, estará encabezada por los familiares de los presos.

Las entidades soberanistas quieren convertir el sábado 11 de noviembre en la Fiesta de la Libertad. Este es el objetivo que han expresado los vicepresidentes de Òmnium y el ANC, Marcel Mauri y Agustí Alcoberro, en una rueda de prensa para presentar los detalles de la manifestación de sábado en Barcelona, a las 17.00 h, para reclamar la libertad de los presos políticos y la “República”. “El once de noviembre tiene que ser la fiesta nacional por la libertad de los encarcelados, queremos hacer una gran manifestación festiva y combativa”, ha dicho Alcoberro, que ha anunciado que la cifra de autocares llega esta mañana a los 574. “Será una gran movilización de país“, ha asegurado el vicepresidente del ANC.

El ANC y Òmnium intentarán repetir la logística de las fiestas del Onze de Setembre, con la llegada a Barcelona de varios autobuses del territorio. El punto de arranque de la cabecera será el cruce del paseo Pujades con la calle Marina hasta la avenida Icaria, donde estará el escenario. Habrá una cabecera destacada y de “honor” con las familias de los presos del Gobierno y también de los que están en Bruselas. A diferencia de las manifestaciones anteriores del Onze de Setembre, las entidades han previsto que los ciudadanos se desplacen en lugar de concentrarse en un mismo lugar.

“Cualquier persona que estime los valores de la democracia y la libertad tiene que dispuesto a participar”, ha dicho Mauri, que ha remarcado en todo momento que la movilización será “radicalmente pacífica y no-violenta“. “Este país quiere seguir construyéndose como un solo pueblo”, ha dicho.

Por otra parte, las entidades han valorado positivamente el paro de país del miércoles, en que según Mauri se demostró que hay una parte muy importante de la ciudadanía que está “muy indignada” y que quiere respuestas políticas y no judiciales. “La movilización de ayer nos da mucha confianza para la manifestación de sábado”, ha dicho el vicepresidente de Òmnium, mientras que Alcoberro ha añadido -ante las quejas por la dificultad de la movilidad- que en cualquier jornada de huelga hay afectaciones en las comunicaciones.

La elecciones del 21-D

La ANC ha continuado apostando este jueves por la lista unitaria -a pesar de que se haya acabado el plazo para registrar coaliciones- pero también ha dicho que la entidad apoyará a los partidos independentistas si se presentan a las elecciones por separado. “Tenemos que revalidar la mayoría en el Parlamento e incluso ampliarla“, ha dicho Alcoberro. Ayer, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, dejó todavía la puerta abierta a la formación de una candidatura transversal soberanista.

En todo caso, tanto ANC como Òmnium han dejado claro que no son unas elecciones normales ni las consideran legítimas. “No podemos decir que habrá normalidad hasta que se deje de aplicar el 155 y haya libertad de los presos“, han remarcado los portavoces accidentales de las entidades desde que Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) están en la prisión.

Fuente: Diari Ara

Ya van 220 millones gastados sólo en nóminas en el despliegue policial en Catalunya

Kaos. Estado Español / Resumen Latinoamericano / 11 de noviembre de 2017

La cantidad se refiere sólo a las nóminas, según información del ministro de interior, que no ha especificado cuál es el gasto total que supone “la amenaza y la represión que se está ejerciendo en Cataluña” (nóminas, dietas, alimentación, barcos, hoteles, horas extras o relevos).

El coste de las nóminas de los aproximadamente 6.000 policías y guardias civiles destinados habitualmente en Catalunya sería de 220 millones de euros sólo en nóminas, a los que hay que sumar otros gastos como el de las infraestructuras y el material, según ha informado hoy el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el Senado.

Zoido ha detallado esta cifra en el pleno del Senado al contestar a una pregunta del senador de ERC Xavier Castellana sobre “el coste total hasta el momento de las fuerzas y cuerpos se seguridad destinados en Catalunya”.

Durante su intervención ha incidido en que la buena labor de los policías y guardias civiles en Cataluña es “innegable e impagable” y en que “cualquier gasto que esté destinado a salvaguardar los derechos de todos, la libertad, el estado de Derecho y la división de poderes bienvenido sea, por el bien de todos”.

Zoido ha recriminado al senador catalán que su grupo “no respete a los fuerzas y cuerpos de seguridad” y que hoy haya vuelto a montar “una soflama” y “un show, como vienen haciendo en los último meses” al formular de manera incompleta una pregunta sobre los diferentes costes de los agentes desplegados en Cataluña con motivo del referéndum independentista, algo que él está dispuesto a desgranar cuando se formule adecuadamente.

El senador Xavier Castellana ha criticado que el ministro se haya ceñido a la literalidad de la pregunta escrita y no desvele, como le ha pedido en el pleno, cuánto cuesta todo el despliegue de agentes con motivo del 1-O, así como sus dietas, su alimentación, los barcos y los hoteles, así como las horas extras o sus relevos.

”En definitiva, cuánto cuesta la amenaza y la represión que está ejerciendo en Cataluña”, ha añadido, asegurando que los agentes han “cometido abusos” como pegar y detener a unos jóvenes que el 21 de octubre en Barcelona que les dijeron “fuera, no os queremos aquí”.

Entre otros ejemplos ha subrayado un incidente ocurrido el 23 de octubre en el barrio de El Born de Barcelona, donde “siete agentes de policía borrachos destrozan un bar y agreden al camarero al grito de ‘somos la puta ley aquí en Barcelona, a ver si cerráis cuando decimos nosotros’”.

Fuente: Agencias

La policía española imputa un delito de incitación al odio a decenas de ciudadanos de Reus

Kaos. Països Catalans / Resumen Latinoamericano / 11 de noviembre de 2017

El alcalde es uno de ellos, junto con al jefe de bomberos y a otras personas ligadas al mundo asociativo.

Sigue la caza de brujas: profesores, tuiteros, ciudadanos de a pie, alcaldes, diputados, consellers, president… nadie escapa a la acción del ministerio del interior que continúa reprimiendo por múltiples vías: citaciones judiciales, actuaciones policiales, multas y sanciones, detenidos y encarcelados… Ya se deben contar por miles y aumentará en las próximas semanas, según anunció el mismo ministro del interior. Los acusaciones son variadas, usando el código penal o la ley mordaza del PP. Incitación al odio es la más común cuando andan la policía o la guardia civil de por medio. Es el caso de las decenas de ciudadanos de Reus.

La sorpresa ha llegado a la ciudad de Reus (Baix Camp) en forma de citación judicial. Una veintena de personas del municipio, el alcalde incluido, han sido imputados por un delito de incitación al odio. El requerimiento iba dirigido a una parte de las personas que participaron en las protestas a las puertas de los hoteles donde se alojaba la policía española, en los redactores del manifiesto que se hizo para pedir que los agentes marcharan del hotel, el jefe de los bomberos, empresarios, a quienes fueron grabados e identificados, o a personas que colgaban carteles.Además de los mencionados, otros imputados, como miembros del movimiento escolta, personas vinculadas al casal independentista Despertaferro y militantes de la Izquierda Independentista (EI), en general, se encontrarán esta tarde para decidir qué respuesta se dará. El abanico de imputados alcanza a cualquier que haya participado, de alguna manera u otra, en las movilizaciones del 15 de septiembre al 4 de octubre.

Recopilación de reacciones internacionales denunciando a España por la represión contra Catalunya

Kaos. Internacional / Resumen Latinoamericano / 11 de noviembre de 2017

Es indudable que los gobernantes de países miembros de la UE han cerrado filas en torno a la política autoritaria y represiva del bloque monárquico español (Rajoy, PSOE, C’s, la monarquía y el poder empresarial español). Es su papel defender el status quo que favorece los intereses de sus auténticos representados, la gran banca y las multinacionales. Sí que se han levantando, sin embargo, voces críticas de parlamentarios o dirigentes políticos del espectro europeo. Aquí va un resumen.

Lista de reacciones políticas internacionales criticando a la justicia española por los encarcelamientos del gobierno catalán:

Alfred de Zayas (Consejero de Derechos Humanos de les ONU): “¿Prisioneros políticos en Europa? Es aberrante detener personas elegidas democráticamente“. (6/11/17)

Bart De Weber (Presidente del partido Nueva Alianza Flamenca): “El PP tendría que callar, demasiada gente del franquismo tiene responsabilidades”. (6/11/17)

Martti Ahtisaari (Expresidente de Finlandia y ganador del Nobel de la Paz): “España debe permitir que los líderes catalanes regresen libremente a sus hogares y participen en las próximas elecciones” (2/11/17)

Guy Verhofstadt (Presidente de los Liberales europeos): “Es desproporcionado encarcelar a los miembros del ex gobierno catalán de Carles Puigdemont” (5/11/17)

Segolène Royal (Exministra y excandidata presidencial francesa): “No es aceptable encarcelar a estas personas” (5/11/17)

Karl Vanlouwe (Vicepresidente senado Belga): “Todo nuestro apoyo para Carles Puigdemont, libertad para los presos políticos. Vergüenza España.” (5/11/17)

Manon Massé (Diputada del parlamento de Canadá): “Canadá tiene que demostrar rápidamente y públicamente su voluntad de ofrecer asilo político, no solo a Puigdemont, sino también a todos los funcionarios electos“. (4/11/2017)

Mikko Kärnä (Diputado del parlamento Finlandés): “Nunca imaginé que la UE se mantendría callada cuando uno de sus países miembros tomara presos políticos” (2/11/2017)

Mark Demesmaeker (Portavoz Nueva Alianza Flamenca): “Por primera vez tenemos presos políticos en la Unión Europea y esto es inaceptable. Es realmente una vergüenza”. (5/11/2017)

Karel De Gucht (Excomisario de comercio de la UE): “Encarcelar a los políticos electos catalanes es inaceptable”. (6/11/2017)

Elio di Rupo (Ex primer ministro belga): “Rajoy ha actuado como un franquista autoritario”. (5/11/2017)

Yanis Varoufakis (Ministro de finanzas de Grecia): “Ninguna constitución, en cuyo nombre los políticos son encarcelados por perseguir pacíficamente una agenda política, puede ser democrática”. (2/11/2017)

Viviane Reding (Exvicepresidenta de la Comisión Europea): “La justicia no es un árbitro político, y ahora parece que la justicia deba resolver un problema creado por los políticos” (5/11/2017)

Daniel Hannan (Miembro del Parlamento Europeo): “Cuando se presentó la orden de detención europea, nos dijeron que se utilizaría para extraditar terroristas, no políticos regionales elegidos” (3/11/2017)

Artur Talvik (Diputado del Parlamento de Estonia): “Hay acciones antidemocráticas absolutamente impactantes tomadas por España que no son aceptables en un miembro de la UE” (6/11/2017)

Jan Jambon (Ministro del Interior belga): “España ha ido demasiado lejos y Europa tiene que intervenir” (5/11/2017)

Magni Arge (Miembro Parlamento Danés): “Un alivio que Bélgica no siga el ejemplo español de encarcelar a líderes catalanes elegidos democráticamente” (06/11/2017)

Nicola Sturgeon (Primera Ministra de Escocia): “El desacuerdo sobre el futuro de Cataluña es político. Debe resolverse democráticamente, no mediante el encarcelamiento de opositores políticos” (2/11/2017)

Pete Wishart (Miembro de la Cámara de los Comunes): “Es increíble que haya presos políticos en Europa occidental en 2017. No se pueden encarcelar ideas y creencias” (2/11/2017)

Christina McKelvie (Miembro Scottish National Party): “¿Cataluña? ¿Gobierno encarcelado elegido democráticamente? No puede haber una regla para Turquía y otra para España” (7/11/2017)

Johan Van Overtveldt (Ministro de Finanzas Belga): “Es vergonzoso que haya gente en la cárcel por haber defendido sus ideas” (7/11/2017)

Envío:ResumenLatinoamericano