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21 de febrero de 2015

JUNÍN: CONDENARON A PERPETUA AL TENIENTE CORONEL GÓMEZ POLA y AL COMISARIO BRACKEN.

20/02/2015
El ex mediático comisario Mastandrea fue condenado a 15 años de prisión
Junín: Condenaron a perpetua al teniente coronel Gómez Pola y al comisario Bracken

Comisario Bracken: Azul quedó. 
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 1 de La Plata condenó a la pena de prisión perpetua al teniente coronel retirado Angel Gómez Pola y al ex comisario Abel Oscar Bracken por delitos de lesa humanidad cometidos en Junín durante la última dictadura cívico militar. Además, los magistrados sentenciaron a 25 años a los ex policías Francisco Manzanares y Chiachietta; a 18 Miguel Angel Almirón y Julio Angel Esterlich; y a 15 al ex comisario Edgardo Mastandrea. Todos los sentenciados resultaron privados de sus beneficios de pensiones y retiros, y el Tribunal también dispuso que los lugares en los cuales se cometieron los delitos de lesa humanidad investigados sean preservados como sitios de memoria.

Los jueces Pablo Vega, César Álvarez y Carlos Rozanski dieron lectura al fallo en un colmado auditorio de la Universidad Nacional del Noroeste, con sede en Junín.

A lo largo de la jornada, los magistrados escucharon los extensos alegatos de los abogados defensores, Ariel Hernández y Paula Colombo.

Los letrados pidieron en sus alocuciones la nulidad del proceso por entender que “se violó el legítimo derecho a la defensa” de sus representados, y en consecuencia, solicitaron la absolución para los imputados.

Los fiscales Hernán Shapiro y Juan Martín Nogueira, al igual que los demás querellantes, rebatieron los argumentos de nulidad expuestos por la defensa y ratificaron sus pedidos de condena para los siete acusados, que iban desde prisión perpetua hasta 19 años de condena.

Por último, el Tribunal le otorgó a los imputados el derecho de pronunciar unas palabras antes del fallo y sólo dos de los acusados hicieron uso de este beneficio.

Primero fue el turno del ex policía Miguel Ángel Almirón, que agradeció a “familiares, amigos y defensores el apoyo prestado a lo largo del juicio”.

Luego le tocó el turno al ex comisario Edgardo Mastandrea, que a pesar del lleno que había en el auditorio, destacó “el hecho de que la sociedad de Junín le haya dado la espalda a este proceso”.

Tras un cuarto intermedio, el Tribunal desechó los requerimientos de nulidad presentados por la defensa y dictó las sentencias ante el aplauso de la concurrencia.

Los delitos que se juzgaron fueron calificados como “privación ilegítima de la libertad y tormentos" en perjuicio de 24 víctimas.

En tanto, Gómez Pola y Bracken resultaron también acusados de homicidio en función de las pruebas que se incorporaron durante el debate.

Los crímenes investigados tuvieron lugar en el circuito represivo que funcionó en Junín y que estuvo comprendido en la subzona 13 del Área militar 131, con sede en el Grupo de Artillería 101, en donde Gómez Pola ejercía como jefe.

Los hechos sucedieron entre marzo de 1976 y fines de 1977, en la comisaría 1ª de Junín; la Unidad N°13 del Servicio Penitenciario Provincial — que en aquella época estaba en construcción— y el Destacamento policial ubicado en la localidad de Morse.

Según la acusación que leyó el Tribunal al inicio del proceso, "el Estado se desdobló, ya que dispuso que esas instalaciones se utilizaran para mantener cautivas a personas que estaban secuestradas".

Los represores estuvieron bajo las órdenes del Primer Cuerpo del Ejército que entonces comandaba el general Guillermo Suárez Mason, por eso el caso formó parte de la megacausa del Primer Cuerpo, que fue instruida por el juez federal Daniel Rafecas.
Fuente:Telam 

19 de febrero de 2015

JUNÍN: CONDENARON A PERPETUA A DOS REPRESORES IMPUTADOS.

19.02.2015
derechos humanos
Condenaron a perpetua a dos represores por delitos de lesa humanidad cometidos en Junín

La sentencia recayó sobre el ex militar Angel Gómez Pola y el ex comisario Abel Oscar Bracken. Además, los magistrados condenaron a 25 años a los ex policías Francisco Manzanares y Chiachietta; a 18 Miguel Angel Almirón y Julio Angel Esterlich; y a 15 al ex comisario Edgardo Mastandrea.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 1 de La Plata condenó esta madrugada a la pena de prisión perpetua al ex militar Angel Gómez Pola y al ex comisario Abel Oscar Bracken por delitos de lesa humanidad cometidos en Junín durante la última dictadura cívico militar.

Además, los magistrados sentenciaron a 25 años a los ex policías Francisco Manzanares y Chiachietta; a 18 Miguel Angel Almirón y Julio Angel Esterlich; y a 15 al ex comisario Edgardo Mastandrea.

Todos los acusados resultaron privados de sus beneficios de pensiones y retiros, y el Tribunal dispuso también que los lugares en los cuales se cometieron los delitos de lesa humanidad investigados sean preservados como sitios de memoria.

Los jueces Pablo Vega, César Álvarez y Carlos Rozanski dieron lectura al fallo en el auditorio de la Universidad Nacional del Noroeste, ubicado en Junín y que se encontraba colmado al momento del veredicto.

A lo largo de la jornada, los magistrados escucharon los extensos alegatos de los abogados defensores, Ariel Hernández y Paula Colombo.

Los letrados pidieron en sus alocuciones la nulidad del proceso por entender que “se violó el legítimo derecho a la defensa” de sus representados, y en consecuencia, solicitaron la absolución para los imputados.

Los fiscales Hernán Shapiro y Juan Martín Nogueira, al igual que los demás querellantes, rebatieron los argumentos de nulidad expuestos por la defensa y ratificaron sus pedidos de condena para los siete acusados, que iban desde prisión perpetua hasta 19 años de condena.

Por último, el Tribunal le otorgó a los imputados el derecho de pronunciar unas palabras antes del fallo y sólo dos de los acusados hicieron uso de este beneficio.

Primero fue el turno del ex policía Miguel Ángel Almirón, que agradeció a “familiares, amigos y defensores el apoyo prestado a lo largo del juicio”.

Luego le tocó el turno al ex comisario Edgardo Mastandrea, que a pesar del lleno que había en el auditorio, destacó “el hecho de que la sociedad de Junín le haya dado la espalda a este proceso”.

Tras un cuarto intermedio, el Tribunal desechó los requerimientos de nulidad presentados por la defensa y dictó las sentencias ante el aplauso de la concurrencia.

Los delitos que se juzgaron fueron calificados como “privación ilegítima de la libertad y tormentos" en perjuicio de 24 víctimas.

En tanto, Gómez Pola y Bracken resultaron también acusados de homicidio en función de las pruebas que se incorporaron durante el debate.

Los crímenes investigados tuvieron lugar en el circuito represivo que funcionó en Junín y que estuvo comprendido en la subzona 13 del Área militar 131, con sede en el Grupo de Artillería 101, en donde Gómez Pola ejercía como jefe.

Los hechos sucedieron entre marzo de 1976 y fines de 1977, en la comisaría 1ª de Junín; la Unidad N°13 del Servicio Penitenciario Provincial --en aquella época estaba en construcción-— y el Destacamento policial ubicado en la localidad de Morse.

Según la acusación que leyó el Tribunal al inicio del proceso, "el Estado se desdobló, ya que dispuso que esas instalaciones se utilizaran para mantener cautivas a personas que estaban secuestradas".

Los represores estuvieron bajo las órdenes del Primer Cuerpo del Ejército que entonces comandaba el general genocida Guillermo Suárez Mason, por eso el caso formó parte de la megacausa del Primer Cuerpo, que fue instruida por el juez federal Daniel Rafecas.
Fuente:Telam 




A los dos máximos responsables de la represión en esa ciudad se los acusa de homicidio
Junín: dictan sentencia por crímenes de lesa humanidad
Un ex militar y seis ex policías, acusados de delitos cometidos durante la última dictadura, escucharán el veredicto. Dos de los procesados tienen pedidos de reclusión perpetua.
Junín: dictan sentencia por crímenes de lesa humanidad
Proceso - Durante tres meses se escuchó el debate, que condujo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata - Foto: télam

Con dos pedidos de prisión perpetua y de penas de hasta 25 años de cárcel, el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 24 víctimas, tres de ellos aún desaparecidos, llegará hoy a su final, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata dicte el veredicto. Luego de tres meses de debate, los jueces escucharán los alegatos de las defensas y las últimas palabras de un ex militar y seis ex policías, para luego cerrar el proceso judicial con el que esa región del noroeste bonaerense saldará parte de las deudas con su pasado.

Con la lectura del veredicto, los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Álvarez darán fin esta tarde al juicio que desde noviembre se realiza en la Universidad Nacional del Noroeste. En la causa están imputados siete represores por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos cometidos contra 24 víctimas entre 1976 y 1977. A esas acusaciones se sumó a finales de diciembre un pedido de la fiscalía federal, a cargo de Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, para que a los dos máximos responsables de la represión en esa ciudad se los condenara también por los homicidios de Hugo Torretta, Adrián Romié y Gilberto "Beto" Mesa, los tres desaparecidos que tiene la causa.

Por eso, en su alegato del viernes pasado, solicitaron las máximas penas para el ex coronel Ángel José Gómez Pola y el ex comisario de la Comisaría 1 de Junín, Abel Oscar Bracken. A Gómez Pola lo consideraron "autor" de los homicidios de los tres desaparecidos. Al ex comisario, "coautor" del asesinato de Torretta.

Los funcionarios pidieron, además, penas de 25 años de prisión para el ex médico policial Aldo Antonio Chiachietta y el ex oficial de la delegación regional de la Dirección de Inteligencia policial (DIPBA), Francisco Silvio Manzanares, mientras que para los ex policías Miguel Ángel Almirón y Edgardo Antonio Mastandrea solicitaron 23 años. Para el ex uniformado Julio Ángel Esterlich pidieron 19 años de cárcel.

Al describir en el alegato el sistema local de represión, Schapiro y Nogueira recordaron que "las fuerzas militares y policiales tuvieron un funcionamiento armónico y coordinado en la zona, dándose una unidad de acción muy marcada". Además, calificaron como delitos de Genocidio a las acusaciones por secuestros, torturas y homicidios, a las que están sometidos los imputados.

"Las fuerzas militares y policiales tuvieron un funcionamiento armónico y coordinado en la zona, dándose una unidad de acción muy marcada", explicaron los fiscales para contextualizar los hechos cometidos en esa ciudad a partir del 24 de marzo de 1976.

Los fiscales describieron el circuito represivo que funcionó durante la dictadura en Junín, que fue comandado por el área militar 131, con sede en el Grupo de Artillería 101, donde mandaba Gómez Pola. Los enclaves del sistema represivo local funcionaron en la Comisaría 1 de Junín, la Unidad N°13 del Servicio Penitenciario Provincial, que estaba en construcción, el Puesto de Vigilancia de la localidad de Morse y la Unidad Regional VIII de la Policía, que era sede local de la DIPBA. Además, dieron por probados los secuestros de las 21 víctimas sobrevivientes.

El juicio que tendrá su veredicto esta tarde ocupó la escena pública de Junin durante tres meses. En ese lapso declararon más de 140 testigos y se ventilaron complicidades civiles, como la presunta colaboración de la Sociedad Rural de Junín con la dictadura. Esa entidad, según reveló un testigo, prestó al Ejército un predio que habría sido incorporado a su red de destinos clandestinos y donde habría pasado sus últimos momentos uno de los cuatro desaparecidos de esa ciudad.

Delitos
homicidio
"Privación ilegítima de la libertad" y "tormentos", son los delitos por los que se acusa a los represores. A dos de ellos también les sumaron pedidos de penas por "homicidio".
Fuente:TiempoArgentino

15 de febrero de 2015

JUNÍN: PIDEN PRISIÓN PERPETUA PARA UN CORONEL y UN COMISARIO.

Piden prisión perpetua para un coronel y un comisario por delitos de lesa humanidad
Se trata de Angel José Gómez Pola y Abel Oscar Bracken, responsables del circuito represivo que funcionó en Junín durante la dictadura y afectó a 24 personas. También solicitaron entre 19 y 25 años de prisión para otros cinco policías involucrados.


Los fiscales de la Unidad que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, pidieron penas de prisión perpetua para el ex coronel Angel José Gómez Pola y el ex comisario de la seccional 1ª de Junín, Abel Oscar Bracken, por delitos de lesa humanidad cometidos en esa ciudad contra 24 personas durante la última dictadura militar.

También solicitaron entre 19 y 25 años de prisión para otros cinco policías involucrados.
"Las fuerzas militares y policiales tuvieron un funcionamiento armónico y coordinado en la zona, dándose una unidad de acción muy marcada", destacaron los fiscales en el juicio que se celebra desde noviembre pasado en la Universidad Nacional del Noroeste.

Para el ex oficial subinspector y médico policial Aldo Antonio Chiachietta y el ex oficial inspector de la delegación regional de la Dirección de Inteligencia policial (DIPBA), Francisco Silvio Manzanares, los fiscales solicitaron 25 años de prisión.

En tanto, para el ex oficial subinspector Miguel Angel Almirón y el ex oficial inspector Edgardo Antonio Mastandrea pidieron 23 años; y 19, para el ex oficial subinspector Julio Angel Esterlich.

Las condenas solicitadas se basan la ampliación que formularon en el juicio por los delitos de homicidio, en los casos de tres víctimas desaparecidas; y por la aplicación de tormentos, ya que los acusados habían llegado a juicio imputados solamente de privación ilegal de la libertad.

En su alegato, Schapiro y Nogueira también requirieron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata que, al momento de dictar sentencia, decida la remisión a la Fiscalía Federal de Junín de las constancias del debate en las que se imputaron a otras personas con el fin de que sean investigadas.

Además, los fiscales solicitaron que se ponga el fallo en conocimiento del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires y que "se adopten las medidas necesarias para que se establezcan como sitios de 'Memoria' los centros clandestinos de detención que han sido objeto del juicio".

El circuito represivo que funcionó en Junín estuvo comandado por el área militar 131, con sede en el Grupo de Artillería 101, en donde Gómez Pola ejerció como jefe. Los lugares del sistema represivo local funcionaron en la comisaría 1ª de Junín, la Unidad N°13 del Servicio Penitenciario Provincial, que en aquella época estaba en construcción; el Destacamento o Puesto de Vigilancia de la localidad de Morse, que dependía de la comisaría 1ª de Junín, y la Unidad Regional VIII de la Policía bonaerense, que era la jefatura de las comisarías de la zona.
Fuente:Télam

12 de febrero de 2015

JUNÍN: EL VIERNES DAN A CONOCER LOS ALEGATOS.

CAUSA JUNÍN
Lesa humanidad: el viernes dan a conocer los alegatos
miércoles, 11 de febrero de 2015
Sera en el juicio que se les sigue a siete acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en nuestra ciudad.

En la última audiencia, que tuvo lugar el lunes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, el tribunal -integrado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Álvarez- escuchó la declaración indagatoria de Miguel Ángel Almirón, Julio Ángel Esterlich y Edgardo Mastandrea, tras hacer lugar al pedido de ampliación de la acusación formulado por la Fiscalía.
En el proceso también se juzga a Ángel José Gómez Pola, Abel Oscar Bracken, Francisco Silvio Manzanares y Aldo Antonio Chiacchietta.
Los cuatro acusados que declararon rechazaron enfáticamente los delitos que se les adjudican.
“Nos están imputando la detención de 14 personas detenidas por personal militar, que fue ratificado en esos días en un comunicado oficial del Ejército. Esas personas ingresaron a la comisaría legalmente, trasladadas por autoridad competente y a disposición de autoridad competente. La comisaría sólo los alojó”, se defendió Esterlich.
Mastandrea, en tanto, ratificó: “Niego absolutamente todas las imputaciones y las ampliaciones. Niego rotundamente todo por ser falso”. Y en el pináculo de su encendido discurso, reprochó lo actuado en este juicio de manera sarcástica: “Miembros del tribunal, señor agente fiscal, señor defensor, ustedes van a ser objeto de plagio por Piñón Fijo”.
Manzanares también rechazó las acusaciones. “Realmente, no entiendo por qué estoy preso”, alegó.
Almirón descargó: “Como en un primer momento, niego todas las imputaciones que se me hacen. No cometí ningún delito. No conozco a ninguna de las víctimas nombradas, jamás las sentí nombrar hasta el inicio de la causa, cuando me citó el doctor Plou”
El proceso judicial se reanudará el viernes, a partir de las diez, con los alegatos de las partes para luego pasar a la sentencia, en el Salón de la Democracia Argentina de la Unnoba.
Fuente:DiarioDemocracia 

11 de febrero de 2015

JUNÍN: EL VIERNES LEERÁN LOS ALEGATOS.

El viernes leerán los alegatos en el juicio a ex represores juninenses
10/02/2015
En la jornada de este lunes se negaron a declarar Gómez Pola, Bracken y Chiachietta. Ante los jueces hablaron Esterlich, Manzanares, Mastandrea y Almirón. 
El próximo viernes a las 10 de la mañana se reanudará el juicio que se viene siguiendo a siete ex represores de la Dictadura cívico-militar en nuestra ciudad y en esa oportunidad se conocerán los alegatos tanto de la defensa como de la fiscalía.

Ayer lunes se realizó la audiencia donde se brindó a los imputados la posibilidad de declarar. Tres no lo hicieron: el coronel retirado Angel José Gómez Pola, que estuvo a cargo del Área 131 y fue subordinado directo de Félix Camblor, ya fallecido, que regenteó los centros clandestinos que estuvieron en la Subzona 13; el comisario retirado Abel Oscar Bracken, que tuvo a su cargo la Comisaría Primera y el ex médico policial Aldo Antonio Chiacchietta, que solía “controlar los signos vitales” de los prisioneros en las sesiones de tortura, de acuerdo a los testimonios aportados tanto en forma escrita como oral.

El juicio es llevado adelante por los magistrados Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Álvarez integrantes del Tribunal Oral Criminal Federal Nro. 1 de La Plata y se desarrolla en el Salón de la Democracia, en el rectorado de la Universidad Nacional del Noroeste, avenida Libertad y Primera Junta.

Julio Angel Esterlich, entonces oficial subinspector accedió a declarar y entre otros conceptos, además de responsabilizar al Ejército como la fuerza que dirigía todas las operaciones, afirmó que "en Junín no había lugares ocultos. No existieron grupos operativos ni tampoco nombres supuestos para los que trabajabamos en la comisaría. No participé de las detenciones, no recibí a los detenidos, no participé en los fichajes ni en la instrucción de la causa, nunca fuí responsable de la custodia, nunca ingresé a los calabozos. No era mi responsabilidad custodiarlos", expresó.

Quien también declaró fue Francisco Silvio Manzanares -suboficial inspector en el momento de los acontecimientos de 1976- quien puso en el centro de la escena al juez federal Héctor Plou afirmando que "la pésima instrucción del preventor, doctor Plou, dio lugar a la anulación de lo actuado cuando la causa pasó al doctor Rafecas. Quiere decir que estuve ilegalmebte detenido hasta fines de 2009 y me pregunto si no s eestaba cometiendo en mi caso privación ilegal de la libertad", señaló el ex policía.

También expresó que "no tenía absolutamente nada que ver con los detenidos. Quienes han trabajado conmigo saben que jamás permití que se le diera una cachetada a nadie. Eso era absolutamente sabido por todas las personas que trabajaron conmigo. En 31 años de servicio, jamás fui denunciado por apremios, ni torturas, ni cosa que se le parezca porque yo no lo permití. Prefiero un culpable libre, que un inocente, como nosotros, preso", sentenció.

Por su parte, Edgardo Mastandrea -quien recusó a su defensa- dijo que "acá estamos sentados nada más que los policías. Los policías cumplíamos las órdenes que se nos daban a través de los mandos naturales y ahora aparecemos imputados de tormentos y homicidios. ¿De qué estamos hablando?" y sostuvo que "los jueces no cumplieron con sus deberes de funcionarios públicos porque tenían el mismo miedo que tenían los policías: de que estos tipos -señalando a Gómez Pola- nos mataran", dijo Mastandrea en una encendida declaración. 

El último en declarar fue Miguel Angel Almirón, quien por aquel tiempo estaba al frente del Destacamento Policial de Morse quien sostuvo que "no cometí ningún delito y ratificó las declaraciones prestadas en su oportunidad. Jamás ingresé a la cárcel en construcción en Junín la que estaba a cargo del Ejército, por eso la Policía no ingresaba y menos con la escasa jerarquía que yo tenía. Se me dijo que si recibía alguna orden de personal militar, debía comunicar a la comisaría y ésta se haría cargo de la situación. Nunca recibí ninguna orden de personal militar, nunca tuve contacto", señaló.

Con relación a la detención de Susana Bogey, dijo que él estuvo quince días con carpeta médica por haber sido herido por una persona en estado de ebriedad. "Nunca estuve con la señora Bogey. No la conozco y a mi vuelta no se me informó que hubiera estado. Confunde el lugar y si hubiera sido Morse su lugar de detención, yo no estaba. No conozco a ninguna de las personas. Jamás escuche nombrarlas hasta que fui citado por el doctor Plou, en 2009, un mes antes de tomarme declaración indagatoria y detenerme", dijo el ex policía en su declaración.
Fuente:JuninNoticias

5 de febrero de 2015

JUNÍN: EL TRIBUNAL AMPLIÓ LOS CARGOS CONTRA SIETE REPRESORES JUNINENSES.

El Tribunal amplió los cargos contra los siete represores juninenses
04/02/2015
Los jueces de la Cámara Federal Criminal 1 de La Plata hicieron lugar, por mayoría, al pedido de la fiscalía y la querella representada por organismos de derechos humanos. Se los juzgará ahora pro la desaparición y homicidio de Hugo Torreta, Adrián Romié y Gilberto Mesa.

Maratónica fue la actividad cumplida el martes en nuestra ciudad por los jueces del Tribunal Oral Criminal Federal 1 de La Plata donde se dio lugar a la ampliación por homicidio agravado con alevosía contra los imputados por delitos de lesa humanidad ocurridos en nuestra ciudad durante la pasada dictadura militar.

Las reuniones y deliberaciones de los magistrados y las partes continuaron hasta la medianoche del martes. Oscar Farías, integrante del Movimiento por la Defensa de los Derechos Humanos en Junín, contó que en el mes de noviembre  “habíamos hablado con los abogados querellantes de las secretarías de Derechos Humanos tanto de Nación como de Provincia con la intención de pedir una ampliación porque se sumaron nuevos elementos probatorios y testigos que hablaban de la desaparición de Hugo Torreta, Adrián Romié y Gilberto Mesa. La fiscalía acompañó este pedido”.

En este juicio están acusados los ex policías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio, y el ex militar Ángel José Gómez Pola. Se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Comisaría Primera de Junín, en la Unidad Penitenciaria Número 22, por entonces en construcción, y el destacamento de Puesto Morse. Las víctimas son Romié, Mesa y Hugo Torreta: figuran en el expediente de esta causa como detenidos desaparecidos.

El Tribunal, en disidencia y por mayoría, votó por la ampliación para que “estos siete imputados no solamente sean juzgado por el delito de aplicación de tormentos y privación ilegal de la libertad sino también por la desaparición y homicidio de los tres juninenses. 

Ahora podemos pedir la máxima pena, que es la cadena perpetua”.
El lunes puede ser una audiencia histórica, clave, a partir de las 10 de la mañana, ya que nuevamente serán indagados los acusados y “a partir de ahí –dijo Farías a JUNIN 

NOTICIAS- vamos a esperar la sentencia que Dios quiera sea con memoria, verdad y Justicia, sin venganza ni rencores”.

El lunes serán indagados los imputados sobre la suerte corrida por Torreta, Romié y Mesa ya que hasta ahora se negaron a declarar. Las audiencias continuarán el martes y miércoles.

El integrante de derechos humanos en nuestra ciudad también destacó a nuestro medio “el respeto en el desarrollo de las audiencias, la no politización, ya que estos no son los juicios de ningún partido político ni de ningún gobierno. Estos son los juicios que pretenden limpiar de un manto de impunidad que abrigó durante muchas décadas a nuestra ciudad. La agresión no fue tanto contra los partidos políticos, sino a actores culturales y gente del arte de nuestra ciudad. Merecíamos tener esta normalidad en un juicio que va a quedar para la historia de Junín”, concluyó.
Fuente:JuninNoticias

4 de febrero de 2015

JUNÍN EMPEZÓ A JUZGAR LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD.

Junín empezó a juzgar los crímenes de lesa humanidad
Seis policías y un militar están en el banquillo por los delitos cometidos en tres centros clandestinos de detención. En Bahía Blanca declaró un conscripto que participó en operativos.
03.02.2015


Un momento de la audiencia en la sede de la Universidad del Noroeste Un momento de la audiencia en la sede de la Universidad del Noroeste


El juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en la localidad bonaerense de Junín se inició este martes, y en ese marco están imputados seis ex policías provinciales, uno de ellos médico, acusados como autores directos, y un ex coronel del Ejército, considerado autor mediato de crímenes contra 24 víctimas.

Los jueces Pablo Vega, César Álvarez y Carlos Rozanski, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, se trasladaron a esa ciudad para encabezar el juicio. La acusación está a cargo de los fiscales de la Unidad Fiscal de La Plata, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira.

Durante el debate, que se inició a las 9 y pasó a un cuarto intermedio, en la sede Junín de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, está previsto que declaren 153 testigos, que comparecerán entre las dos y tres audiencias semanales que prevé llevar adelante el Tribunal y hasta fin de año.

Los acusados son el ex coronel del Grupo de Artillería 101 de Junín, Ángel José Gómez Pola; el ex comisario de la seccional 1ra. de esa ciudad, Abel Oscar Bracken; el ex oficial inspector de Seguridad de la misma dependencia, Edgardo Antonio Mastandrea; los ex oficial subinspector Julio Ángel Esterlich y Aldo Antonio Chiachietta, médico de la fuerza; el ex oficial subinspector del Destacamento Morse, una pequeña localidad situada a 26 kilómetros de Junín, Miguel Ángel Almirón; y el ex oficial inspector de la delegación regional de la Dirección de Inteligencia policial (DIPBA), Francisco Silvio Manzanares.

El Grupo de Artillería 101 de Junín fue la jefatura del área militar 131. Las áreas y subáreas fueron las porciones territoriales del esquema de dominio militar, que, en este caso, dependía del Primer Cuerpo del Ejército, con sede en la Capital Federal.

Fue por ese motivo que la investigación de estos sucesos estuvo a cargo del juez federal porteño Daniel Rafecas, con la intervención del fiscal Federico Delgado, quienes llevan adelante la pesquisa de los delitos cometidos e impulsados desde la jefatura del Comando de aquel cuerpo de Ejército.

Pero cuando la causa fue elevada a juicio oral y público, se dirimió la competencia en favor de la justicia federal platense, con jurisdicción territorial sobre el distrito bonaerense de Junín.

Los hechos que llegaron a juicio son parte de un circuito de represión que estuvo integrado por la comisaría 1ra. de Junín, que, de acuerdo a la acusación fiscal, durante la dictadura "se desdobló y una parte continuó con las tareas 'legales' y otra con las 'ilegales'", es decir que funcionó como un centro clandestino de detención.

Los otros enclaves de ese circuito represivo e ilegal lo constituyeron la Unidad 13 del Servicio Penitenciario Provincial, denominada por entonces "cárcel en construcción", dado que "el inmueble fue afectado al plan criminal cuando aún estaba en 'gestación', ya que para su fin original se inauguró en 1979", indicó el fiscal Delgado; el Destacamento o Puesto de Vigilancia de la localidad de Morse, que dependía de la comisaría 1ra. de Junín, y la Unidad Regional VIII de la Policía bonaerense, que era la jefatura de las comisarías de la zona y fue sede de la delegación regional de la DIPBA.
Fuente:Diagonales

3 de febrero de 2015

JUNÍN: FEBRERO UN MES CLAVE PARA EL JUICIO POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD.

MEMORIA ACTIVA
Febrero: el mes clave para el juicio por crímenes de lesa humanidad en Junín
El miércoles 3, con los alegatos, se reanuda el proceso que se le sigue a seis ex policías Bonaerenses y un militar, por delitos cometidos durante los primeros años de la dictadura en la ciudad.
1 de febrero de 2015
El aparato represivo en Junín tuvo blancos específicos: sindicalistas, militantes y artistas. El engranaje del terror que se montó en la ciudad persiguió, secuestró, torturó y asesinó a aquellos que consideraba peligroso, y el arte era para los agentes del miedo algo sospechoso. El miércoles 3, desde las 10 de la mañana, en el salón de la Democracia de la UNNOBA, empezará a cerrarse el primer capítulo de los juicios de la verdad en la ciudad, cuando las partes lean sus alegatos.

Desde la fiscalía, encabezada por el doctor Hernán Shapiro, acompañado por los abogados de las secretarias de derechos humanos de Nación y de Provincia, ampliar la acusación a homicidio, ya que durante los testimonios se comprobó que varios de los acusados tuvieron contacto con Gilberto “Beto” Mesa, Adrián Romié y Hugo Torreta, secuestrados en la ciudad y que aún continúan desaparecidos.

Las partes intentaran que el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, integrado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Álvarez, acepte este planteo antes de dar los alegatos. Lo que permitiría que se les tome declaración indagatoria a los siete imputados en ese momento, según lo comentado por una fuente cercana al caso.

En este juicio oral están acusados los ex policías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Esterlich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio Chiachetta, y el ex militar Ángel José Gómez Pola. Se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Comisaría Primera de Junín, en la Unidad Penitenciaria Número 22, por entonces en construcción, y el destacamento de Puesto Morse. Las víctimas son Romié, Mesa y Torreta: figuran en el expediente de esta causa como detenidos desaparecidos

Las imputaciones del juicio en Junín parecen haber quedado muy cortas. Durante los debates, los testigos han mencionado casi una decena de policías involucrados en la represión que todavía caminan por la calle: Menestarco, Scasiano, Di Giulio, Maisterra, Amengual y Bevilacqua son algunos apellidos. “Tanto para éstos como para el resto de los nombres involucrados en la represión que no están imputados, pedí que se remitieran copias a la fiscalía de primera instancia para que se investigue si cometieron delitos”, confirmó a Infojus Noticias Hernán Schapiro, el fiscal del juicio. Además de Camarro, Luciano Guazzaroni y los hermanos Checchi son civiles mencionados como colaboradores.

Ahora, es el fiscal federal de instrucción de Junín, Eduardo Varas, quien debe decidir qué hace con todas esas acusaciones que surgen de los testigos del juicio. Podrá tomar los testimonios y abrir investigaciones individuales, concentrarlas en un solo expediente o anexarlas a causas que ya están en instrucción. O tiene, también, otro camino posible: pensar que las menciones no alcanzan para sospechar de un delito, y dejarlas juntar polvo en su despacho.
Fuente:LaVerdad.online

7 de enero de 2015

LA SOCIEDAD RURAL y LOS EMPRESARIOS DE JUNÍN CÓMPLICES DE LA DICTADURA.

Martes 6 de enero de 2015
La Sociedad Rural y los empresarios de Junín, cómplices de la dictadura
En la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, en el mes de febrero se dictará la sentencia del juicio contra siete genocidas implicados en la desaparición de tres personas durante la última dictadura en Argentina.

Fotografía:elsigloweb
El 25 de noviembre comenzó el juicio en Junín por los crímenes de la dictadura, en la sede administrativa de la UNNOBA. En el banquillo hay 7 imputados: Edgardo Mastandrea, Ángel José Gómez Pola, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Esterlich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y el médico Aldo Antonio Chiacchietta. Ellos, son sólo algunos de las decenas de colaboradores que tuvo la dictadura en la ciudad, y que se mantiene aún como un secreto a voces, entre ellos conocidos empresarios y ruralistas de Junín. Entre el 26 de noviembre y el 17 de diciembre de este año, se llevaron adelante las primeras ocho jornadas del juicio, con la presencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata. Y en febrero, se va a dictar la sentencia.

Durante el juicio declararon más de 100 testigos, entre ellos dos testimonios de ex detenidos ya fallecidos, uno de ellos el de Pío Soberano, un conocido docente y ex trabajador del Correo, donde era delegado. Fue parte también de las 62 organizaciones en Junín y fue secuestrado en la puerta del Correo, el mismo 24 de marzo de 1976, antes de entrar a su trabajo. Pío Soberano estuvo detenido junto a Pedro y Mabel La Blunda, militantes de la Juventud Peronista, aún desaparecidos. El juicio se lleva adelante por 3 casos, desaparecidos en la ciudad, Adrián Romié, Gillberto Mesa y Hugo Torretta, donde hubo además muchísimos docentes, artistas y trabajadores detenidos. En total hay 35 desaparecidos de la ciudad de Junín, que fueron detenidos en diferentes puntos del país.

Una ciudad donde reina la impunidad, de la mano de la Sociedad Rural
La mayoría de los imputados en el juicio fueron policías: la colaboración entre la Bonaerense y los militares en Junín, era estrecha, y a la luz del día. Actuaban conjuntamente, a la vista de todo el mundo, en los secuestros, traslados, torturas e interrogatorios. Los imputados fueron parte de la vida cotidiana de Junín, todos estos años. Una muestra de la impunidad reinante, que permite que haya muchos que aún no están en el banquillo. Incluso uno de ellos, el pastor José Luis Camarro, siguió siendo, hasta hace poco, chofer del Poder Judicial, como lo había sido durante la dictadura: utilizaba el auto del Poder Judicial para trasladar a los militantes detenidos.

Los vínculos no sólo eran con el Poder Judicial. Edgardo Mastandrea, ex comisario de Junín y uno de los procesados, que en los últimos años no perdía ocasión para hacer pública su cruzada contra la inseguridad, paseando por todos los medios como “experto en seguridad”, dirigió incluso uno de los tantos acuartelamientos policiales de la Bonaerense, y fue exonerado por Duhalde. A los favores que le hizo el peronismo se suma que estuvo ligado a la UCR, al FREPASO, al ARI y a la Coalición Cívica.

La derecha peronista estaba bien organizada en Junín: Horacio Verbitsky cuenta en Ezeiza que “empuñaban sus armas desde el palco (..) Alfredo Dagna, Luciano Guazzaroni, José Luis Titi Barbieri y Emilio Tucho Barbieri, de la Liga Nacional Socialista de Junín”. Van a ser luego, parte de la patota que colaboró con la dictadura. Guazzaroni, estuvo junto a la diputada Mirta Cure en los ’90, que hoy es parte del Frente Renovador de Sergio Massa.
Entre los muchísimos colaboradores de la dictadura que no están siendo juzgados, se cuentan miembros de patotas parapoliciales, empresarios que “prestaban” sus campos para torturar detenidos, como pasó en Molinos Tassara, y en el predio de la Sociedad Rural. Incluso hasta se llegó a reunir la llamada “mesa chica” del elitista Club Social, para votar qué hacer con un grupo de 14 artistas detenidos de la COART. Se votaba a favor o en contra del fusilamiento como si votaran a favor o en contra de vender o no algunas acciones de sus empresas. La Sociedad Rural también fue parte de esta reunión, y no sólo votó a favor, sino que sacó una solicitada en el diario La Verdad al día siguiente, en apoyo a los militares. Todos estos datos, que fueron aportados por los testigos que sobrevivieron a los secuestros, permiten ampliar las acusaciones.

Los artistas entre las principales víctimas: la Coordinadora de Arte
En Junín, durante muchos años, hubo un importante movimiento artístico, que fue uno de los primeros blancos de la dictadura. En tiempos de Onganía y unos meses después de la noche de los bastones largos en la UBA, a fines de 1966, un grupo de músicos, actores, escritores, titiriteros, fotógrafos, pintores y escultores de la ciudad, fundan la Coordinadora de Arte, COART, que llegó a representar al 90% de los artistas locales.

Sólo dos años después, se forma, como contracara, un importante grupo de la derecha peronista de Tacuara en Junín. En los ’70, la patota de Tacuara junto a un grupo de la Triple A que actuaba en Junín, y con apoyo de varios funcionarios y burócratas sindicales de Junín, va a ocupar el Hospital San José, ametrallar el edificio del Círculo Médico, y tomar la Unión Ferroviaria, que tenía en Junín una gran tradición de lucha y organización. Junto con esta, hay un intento fallido de toma del Colegio Nacional. En julio del ’73, luego de la Masacre de Ezeiza, otra patota de la Juventud Sindical Peronista, liderada por el hijo de la directora de cultura del Municipio, Ema García de Chechi, entra armada al teatro “La Ranchería”, a cargo de la COART, e interrumpe la presentación de un libro de Rubén Liggera, porque era “un espectáculo marxista”. Unos días antes habían hecho circular volantes que decían: “Advertimos a los medios de prensa y difusión, tanto como al ERP, FAR, Montoneros, Agrupación Evita, JP Regional o como quieran llamarse... que no sigan sacando los pies del plato y que no jueguen con fuego, porque el que juega con fuego se quema...” y denunciaban con nombre y apellido a los “trozko-marxistas” de Junín.

El 24 de enero de 1977 desaparece la COART. Durante la madrugada, las fuerzas represivas, integradas por militares del Comando de Artillería 101, policías y la patota de Tacuara y la Juventud Sindical, secuestran a 11 de sus miembros más importantes, y a otros 3 los días siguientes. Los medios locales, con múltiples lazos con la dictadura, callan, pero todo se corría de boca en boca. Recién el 1° de febrero reprodujeron un comunicado oficial del Comando de la Subzona 13 informando que habían detectado “una organización de extrema izquierda relacionada con la banda de delincuentes subversivos autodenominada ERP utilizando los nombres de diversas asociaciones culturales: música, arte, poesía, teatro, etc., encubría su actividad de proselitismo y adoctrinamiento”. Se les adjudicaba atentados contra “la sede de la Sociedad Rural”, “el Club Social de Junín” y la “Liga Agraria Ganadera”.

El circuito de Centros Clandestinos de Detención
Conocido como Subzona 13, dependiente del área 131, a cargo de Pola, en el circuito donde estuvieron detenidos y fueron torturados los artistas y trabajadores secuestrados de la zona, funcionaron tres centros clandestinos de detención: la Comisaría Primera de Junín, a cargo de Bracken, la Unidad Penitenciaria 13 (UP13) que entonces estaba en construcción y el destacamento rural de Morse a cargo de Almirón, un pueblo muy pequeño, cercano a Junín. También funcionó como CCD, según aportaron varios testigos, el destacamento de Agustín Roca, otro pequeño pueblo cercano.

Tuvieron que pasar 38 años para que Junín diera su primer paso contra la impunidad, muchas generaciones de jóvenes y trabajadores que nacimos allí recién estamos conociendo la historia de nuestra ciudad que tanto intentaron ocultar, pero sabemos también que en febrero la sentencia que se leerá no alcanza a los por lo menos 33 militantes desaparecidos de Junín, ni a todos los militares, policías, y sobre todo civiles, responsables del genocidio. Todavía quedan muchos silencios, muchas complicidades, mucha impunidad, que se convierten en un peso enorme sobre las nuevas generaciones si no las enfrentamos. Sólo vamos a poder desnudar ese mando de impunidad agobiante con cientos de jóvenes y trabajadores que se organicen y que militen por transformar esta sociedad, empezando por poner en el banquillo a los empresarios que fueron los principales impulsores del golpe.
Fuente:LaIzquierdaDiario

28 de diciembre de 2014

INVESTIGAN EL ROL DE LA SOCIEDAD RURAL DE JUNÍN EN LA REPRESIÓN ILEGAL.

27-12-2014
Lesa Humanidad
Los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos en esa ciudad bonaerense
Investigan el rol de la Sociedad Rural de Junín en la represión ilegal

Dos testigos involucraron a la Sociedad Rural de Junín en la represión ilegal en la ciudad, y desnudaron aún más el entramado civil que apoyó a la última dictadura. Y un periodista relató cómo fue una reunión en la que ocho hombres de la aristocracia local votaron si debía fusilarse o no a 14 detenidos que eran acusados por el Ejército de ser una célula del ERP.
Por: Laureano Barrera
Kitsch
El juicio que busca poner en blanco sobre negro acerca de lo sucedido en Junín durante la dictadura resultó ser una caja de pandora. La semana pasada, dos testigos involucraron a la Sociedad Rural de Junín en la represión ilegal en la ciudad, y desnudaron aún más el entramado civil que apoyó al golpe de Estado de 1976. Un ex comisario, Benito Almada, reveló que en un lugar dentro del predio de la entidad, conocido como el Punto 1, se alojaron prisioneros ilegales. También acusó a José Luis Camarro, actual chofer del fiscal general de Junín, Juan Manuel Mastrorilli, de haber participado en la desaparición de Adrián Romié y Gilberto Mesa, dos víctimas del juicio.

Además, el periodista Héctor Pellizi relató los pormenores de una reunión en la que ocho hombres de la aristocracia local votaron si debía fusilarse o no a 14 detenidos que eran acusados por el Ejército de ser una célula del ERP. “La votación salió empatada cuatro a cuatro, y uno de los que se pronunció en favor de la ejecución fue Jorge Cogorno, el presidente de la Sociedad Rural de entonces”, testificó Pellizi.

En este juicio oral están acusados los ex policías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio, y el ex militar Ángel José Gómez Pola. Se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Comisaría Primera de Junín, en la Unidad Penitenciaria Número 22, por entonces en construcción, y el destacamento de Puesto Morse. Las víctimas son Romié, Mesa y Hugo Torreta: figuran en el expediente de esta causa como detenidos desaparecidos

Las imputaciones del juicio en Junín parecen haber quedado muy cortas. Durante los
debates, los testigos han mencionado casi una decena de policías involucrados en la represión que todavía caminan por la calle: Menestarco, Scasiano, Di Giulio, Maisterra, Amengual y Bevilacqua son algunos apellidos. “Tanto para éstos como para el resto de los nombres involucrados en la represión que no están imputados, pedí que se remitieran copias a la fiscalía de primera instancia para que se investigue si cometieron delitos”, confirmó a Infojus Noticias Hernán Schapiro, el fiscal del juicio. Además de Camarro, Luciano Guazzaroni y los hermanos Cecchi son civiles mencionados como colaboradores.

Ahora, es el fiscal federal de instrucción de Junín, Eduardo Varas, quien debe decidir qué hace con todas esas acusaciones que surgen de los testigos del juicio. Podrá tomar los testimonios y abrir investigaciones individuales, concentrarlas en un solo expediente o anexarlas a causas que ya están en instrucción. O tiene, también, otro camino posible: pensar que las menciones no alcanzan para sospechar de un delito, y dejarlas juntar polvo en su despacho. “Cuando se inició la causa, en marzo de 2007, Varas no se movió mucho.

Todavía estaba en la justicia local, no la tenía Rafecas en la causa de Primer Cuerpo, y él era tibio, soñoliento. Esperemos que ahora investigue las responsabilidades civiles que están surgiendo en las audiencias del juicio”, dijo Pellizi.

Punto 1
El ex comisario Benito Almada fue llamado de improviso a declarar en el juicio el martes de la semana pasada. Un testigo le había atribuido tener “datos de Romié y de Beto Mesa”. Su declaración termino por ser vital.

El verano de 1976, Almada había vuelto a Junín a pasar las fiestas. Se encontró con José Luis Camarro, un policía de la comisaría primera de Junín, que le confesó que había participado “en la detención de dos subversivos”.

Había sucedido el 17 de diciembre. Romié salió en taxi del “Automotor Club Junín”, donde era mozo, con dos compañeros, cuando se le cruzó un auto con la patota a la altura del teatro La Ranchería. A bordo iba el policía Camarro. Lo bajaron de los pelos y se lo llevaron. El resto de lo que sucedió esa noche se lo contó el propio Camarro a Almada. “Lo sacó de un taxi, una semana antes de nuestro encuentro, en inmediaciones de Coronel Suárez y Saavedra. La comisión policial estaba integrada, según sus dichos, por el oficial inspector Mainsterra, que era el jefe de servicio de calle. También un oficial de apellido Vega, de Los Toldos, y era el chofer un allegado al coronel del regimiento (Camblor), de apellido Balmaceda”, le dijo el ex comisario a los jueces.

Cuando se dirigían al regimiento, llegó la contraorden por el radio. “Que los llevaran a Punto 1 que era el terreno de la Sociedad Rural de Junín, camino al balneario. Ahí ingresan, donde había otras personas armadas esperando y dejaron al detenido”, aseguró Almada. Camarro también le contó que esa misma noche lo asignaron al operativo de Mesa junto a un oficial de apellido Carnevale; otro de Chivilcoy de apellido Beatrice; un militar llamado Obreña, y Roberto Leone, de Junín. Según Almada, a Mesa lo llevaron a una quinta que estaba atrás del regimiento, propiedad de una persona de apellido Bocassio.

No fue el único testimonio que reflotó el nombre de Camarro. María Elena Etchart, una de las sobrevivientes, lo incriminó en un relato desgarrador: “Camarro me levantaba en cualquier lugar y me llevaba al hotel Los Pinos, a un monte que está cerca de Roca, y me violaba. Hacían lo que querían conmigo”, contó en la segunda audiencia. “Me ponía la pistola en la cabeza y yo no podía decir nada. Me llevaba a un monte, que está pasando Roca, y hacía con migo lo que quería”, agregó. Fue uno de los testimonios más difíciles de escuchar para el público.

Camarro fue cabo de la policía entre mayo de 1976 y el mismo mes de 1986. En el ínterin fue contratado por el ex fiscal general Elio Lago, e inició una carrera judicial. En la década del ’80, cuando estaba en la fuerza, llegó a la tapa de los diarios por otro escándalo: su pareja le pegó un tiro. Un tiempo después se hizo pastor.

Hoy es el chofer del fiscal general de Junín. La Asociación Judiciales Clasistas (AJC), filial Junín, pidió que se lo expulse del sindicato al que está afiliado “ni bien se formalice la denuncia penal y acorde se desarrollen los hechos, se proceda a la inmediata suspensión de nuestro sindicato y posterior expulsión”. Romié y Mesa siguen desaparecidos.

El grupo de los ocho
Pellizi, ex militante de la Juventud Peronista, es uno de los periodistas de Junín que más investigó el terrorismo de Estado. La semana pasada fue su turno de declarar en el juicio. “En aquella época, además del Ejército, había cuatro polos de poder en Junín. El intendente, el Banco Junín, los tribunales y el Club Social. Esas estructuras del poder económico de aquella época siguen vigentes”, dijo entrevistado telefónicamente a Infojus Noticias. Pellizi es autor de “El orden de la tumbas”, una investigación periodística sobre la represión ilegal en la ciudad.

La madrugada del 24 de enero de 1977, una patota formada por militares del Comando de Artillería 101, policías y paramilitares secuestraron a once artistas que pertenecían a la Coordinadora de Arte (COART). Los días siguientes secuestraron a otras tres personas vinculadas al grupo. Uno de los 14 cautivos era Benito Gorgonio de Miguel, un apellido con cierta alcurnia en la ciudad. De Miguel era el máximo referente provincial del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) de Arturo Frondizi y el gerente general de Racing Club.

Los diarios –que reproducían los comunicados militares- publicaron que los prisioneros eran en realidad una peligrosa célula del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que había hecho atentados con bombas. Fueron trasladados a la cárcel que todavía estaba en construcción. Entonces el Club Social se organizó una reunión pequeña a la que asistieron ocho hombres de la alta sociedad juninense. En ese cónclave, los emisarios de las fuerzas vivas votaron sobre una cuestión delicada: si había que fusilar a los guerrilleros o no.

Los detalles de esa reunión se los contó Benito De Miguel a Pellizi en una extensa entrevista que le hizo para su libro. “La votación salió empatada cuatro a cuatro, y uno de los que se pronunció en favor de la ejecución fue Jorge Cogorno, el presidente de la Sociedad Rural”, declaró Pellizi ante los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata. Al día siguiente de esa reunión, Cogorno sacó una solicitada en el diario horrorizándose de que operaran militantes de organizaciones revolucionarias en la ciudad.

Pellizi –en diálogo con esta agencia- recordó otro asistentes al cónclave: el agrimensor Croscetti y el terrateniente Juan Ignacio Borchex, que se opusieron al ajusticiamiento. “Borchex dijo que conocía a Benito de Miguel y que era imposible que fuera un jefe del ERP, por una cuestión ideológica pero también física: De Miguel era un hombre muy gordo, incongruente con el entrenamiento militar que debían tener los jefes guerrilleros”. Pellizi olvidó las otras dos personas que De Miguel le dijo que habían votado para que conservaran su vida.

A favor de fusilar a los prisioneros estuvieron Cogorno –que ahora está internado- y el presidente del Club Social de entonces, de apellido Caviglia. “Hasta hace poco, su hijo (Gastón Caviglia) era el presidente del colegio de Abogados de Junín”, completa Pellizi. El actual presidente de la Sociedad Rural, Juan Esponda, pidió que la justicia investigue aquellas circunstancias.

Finalmente, el propio Frondizi intervino por De Miguel ante Carlos Guillermo Suarez Mason. Le dijo que se habían equivocado. El comandante del Primer Cuerpo de Ejército envió un oficial a corroborarlo. Volvió con un informe claro. Un tiempo después, un militar de apellido Melzner le confesó que se habían pero no podían liberarlos inmediatamente porque “no podían pasar el papelón de poner a alguien a disposición del Poder Ejecutivo y dejarlo luego en libertad antes de determinada cantidad de tiempo”. Seis meses más tarde, luego de torturarlos, los 14 fueron puestos en libertad.
Fuente:Infojus

22 de diciembre de 2014

JUNÍN: DOS TESTIGOS IMPLICARON A LA SOCIEDAD RURAL EN DELITOS DE LESA.

TESTIMONIOS SOBRE EL ROL DE LA SOCIEDAD RURAL DURANTE LA DICTADURA
El aporte ruralista a la represión
En el juicio que se está desarrollando en Junín, dos testigos revelaron detalles de la participación de la SRA y sus dirigentes en el terrorismo de Estado. La propia entidad pidió “una pronta investigación” para saber si en sus instalaciones se cometieron delitos.
La entrada de la sede Junín de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Dos testigos que declararon en el juicio por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en Junín durante la última dictadura señalaron distintos tipos de intervenciones de la Sociedad Rural en el circuito represivo. Uno de los testigos fue el periodista Héctor Pellizzi, autor del libro El orden de las tumbas, una investigación sobre los años del terrorismo de Estado en esa localidad bonaerense. Durante su declaración explicó que después del 24 de marzo de 1976 “se llevó a cabo una reunión de las denominadas fuerzas vivas de Junín en la sede del club social, y allí se votó pedir el fusilamiento de los catorce detenidos, que se encontraban en la cárcel en construcción”. Y precisó que la “votación salió empatada cuatro a cuatro, y uno de los que se pronunció en favor de la ejecución fue Jorge Cogorno, presidente de la Sociedad Rural”.

Los testimonios se produjeron en el marco del primer juicio de lesa humanidad que se lleva adelante en Junín. Está a cargo del TOF 1 de La Plata, integrado por Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Alvarez. Son juzgados el ex militar Angel José Gómez Pola y seis ex policías: Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Angel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Angel Almirón y Aldo Antonio Chiacchietta. Y están investigando el secuestro y desaparición de 24 personas, entre ellos militantes del MID (el Movimiento de Integración y Desarrollo de Rogelio Frigerio), del peronismo, del PC, y parte de una cooperativa, entre los que había artistas, poetas y titiriteros.

El juicio se hace en el rectorado de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, los testimonios son seguidos por los diarios locales con coberturas cotidianas y las audiencias están permitiendo que “la sociedad pueda revelar públicamente muchas de las cosas que hasta ahora no se decían, críticas a la sociedad y a las organizaciones intermedias de la época y empiezan a surgir datos sobre horrores que no se conocían o se conocían muy poco”, explica el fiscal Hernán Schapiro, a cargo de la acusación. “Nosotros estamos pidiendo al tribunal que remita todos los registros de los que puedan surgir elementos a la primera instancia para que se abran investigaciones si los fiscales lo consideran procedente sobre cómo profundizar las líneas de análisis más allá de lo que está en este juicio.”

En la última semana hubo dos declaraciones movilizadoras. Una de ellas fue la de Benito Almada, un ex comisario de la Policía Bonaerense que ya había declarado en la instrucción. Almada señaló a un hombre que trabajaba como chofer del Poder Judicial como quien trasladaba detenidos por una ruta que parece cercana del trayecto donde se encuentran los terrenos de la Sociedad Rural. Según Almada, este hombre, llamado Luis Alberto Camarro, aparentemente chofer del Poder Judicial de Junín y nombrado desde hace años en los primeros tramos del expediente, le dijo que trasladó a Adrián Romié, uno de los tres desaparecidos que figuran en la causa, “al punto 1, que era donde estaba la Sociedad Rural”. Y agregó: “Después de llevar a Romié, me contó que le pidieron que vaya con el auto a efectuar otro operativo junto con otros policías”.

Otro de los testimonios fue el de Pellizzi, quien detalló los pormenores de su investigación y citó el testimonio de Benito de Miguel, integrante de un familia tradicional de Junín y secuestrado junto a un grupo de catorce personas en los días posteriores al golpe del 24 de marzo de 1976. “Por esos días se llevó a cabo una reunión de las denominadas fuerzas vivas de Junín en la sede del club social, y allí se votó pedir el fusilamiento de los catorce detenidos, que se encontraban en la cárcel en construcción”, apuntó el periodista. Y además consignó: “La votación salió empatada cuatro a cuatro, y uno de los que se pronunció en favor de la ejecución fue Jorge Cogorno, presidente de la Sociedad Rural”.

“Entre estos detenidos había artistas, escritores y personalidades de la cultura. Eran un grupo de personas consideradas peligrosas porque se decía ‘que le llenaban a la cabeza a la gente con ideas raras’ y por eso los querían eliminar”, explicó Oscar Farías, un histórico dirigente de los derechos humanos de la ciudad. “El tema de la complicidad de la Rural con el terrorismo de Estado era algo que se conocía desde hace mucho”, continuó el hombre, en diálogo con la agencia de noticias Télam. “Ahora, todo eso que se decía quedó declarado en un juicio; salió a la luz. Se tendrán que investigar todos esos datos que brindaron los testigos.”

La Sociedad Rural de la zona, por su parte, emitió un comunicado en el que le pide a la Justicia “una pronta investigación para determinar si en las instalaciones de la entidad se cometieron secuestros y asesinatos”.

En este juicio oral se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la comisaría 1ª de Junín, en la Unidad Penitenciaria Nº 22, por entonces en construcción, y el destacamento de Puesto Morse. Además de Romié, Gilberto Mesa y Hugo Torreta son las víctimas que figuran en el expediente de esta causa como detenidos desaparecidos.
Fuente:Pagina12






21-12-2014
Lesa Humanidad
El juicio a represores en la Universidad Nacional del Noroeste
Junín: dos testigos implicaron a la Sociedad Rural en delitos de lesa

En un giro inesperado, un ex comisario y un periodista dijeron que la Sociedad Rural participó en el circuito represivo. El fiscal pidió nuevas imputaciones y la Sociedad Rural emitió un comunicado donde pide “una pronta investigación para determinar si en las instalaciones de la entidad se cometieron secuestros y asesinatos”.
Telam
En Junín, el juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en la Universidad Nacional del Noroeste dio un giro inesperado.  Dos testigos que declararon la semana pasada dijeron que la Sociedad Rural participó en el circuito represivo que se montó en esa localidad del noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Se trata del ex comisario de la bonaerense, Benito Almada y del periodista Héctor Pellizzi, autor del libro “el Orden de la Tumbas”, un trabajo de investigación que recorre los años del terrorismo de Estado en Junín.  Ante el Tribunal Oral en los Criminal Federal 1 de La Plata, que preside el juez Carlos Rozanski, Almada afirmó que un hombre que trabajaba para el Poder Judicial de la ciudad, llamado José Luis Camarro, trasladaba detenidos al terreno en el que funcionaba la Sociedad Rural.

"Por esos años, me contó entonces que participó en un operativo que trasladó a Adrián Romié --uno de los tres desaparecidos que figuran en la causa-- al punto 1, que era donde estaba la Sociedad Rural”, repasó el testigo.

Y aportó: “Después de llevar a Romié, me contó que le pidieron que vaya con el auto a efectuar otro operativo junto con otros policía”.

Por ese testimonio, el fiscal federal Hernán Schapiro solicitó la imputación de Carraro, quien no se encontraba entre el grupo de siete acusados que comenzó a ser juzgado el 26 de noviembre. Además, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió que se impute también a Luciano Guazzaroni, un hombre vinculado a la ultraderecha peronista y sindicado por testigos como “un parapolicial que participaba en detenciones y secuestros”.

En tanto que el pasado martes, Pellizzi detalló los pormenores de su investigación y citó el testimonio de Benito de Miguel, integrante de un familia tradicional de Junín y secuestrado junto a un grupo de 14 personas en los días posteriores al golpe del 24 de marzo de 1976.

“Por esos días, se llevó a cabo una reunión de las denominadas fuerzas vivas de Junín en la sede del club social, y allí se votó pedir el fusilamiento de los 14 detenidos, que se encontraban en la cárcel en construcción”, apuntó el periodista. Y además consignó: “La votación salió empatada cuatro a cuatro, y uno de los que se pronunció en favor de la ejecución fue Jorge Cogorno, presidente de la Sociedad Rural”.

“Entre estos detenidos había artistas, escritores y personalidades de la cultura. Eran un grupo de personas consideradas peligrosas por que se decían 'que le llenaban a la cabeza a la gente con ideas raras' y por eso los querían eliminar”, aseguró en diálogo con Télam Oscar Farías, un histórico dirigente de los derechos humanos de la ciudad.

Farías, uno de los impulsores de las investigaciones que llevaron a la realización de este juicio, observó que “el tema de la complicidad de la Rural con el terrorismo de Estado era algo que se conocía desde hace mucho” .

“Ahora, todo eso que se decía quedó declarado en un juicio; salió a la luz. Se tendrán que investigar todos esos datos que brindaron los testigos”, recalcó. Por su parte, la Sociedad Rural emitió un comunicado en el que le pide a la Justicia “una pronta investigación para determinar si en las instalaciones de la entidad se cometieron secuestros y asesinatos”.

En este juicio oral están acusados los ex policías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio, y el ex militar Ángel José Gómez Pola. Se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron el la Comisaría

Primera de Junín, en la Unidad Penitenciaria Número 22, por entonces en construcción, y el destacamento de Puesto Morse. Además de Romié, Gilberto Mesa y Hugo Torreta son las víctimas que figuran en el expediente de esta causa como detenidos desaparecidos.
Fuente:Infojus

19 de diciembre de 2014

CAUSA JUNÍN: EN FEBRERO EL VEREDICTO.

EL PROCESO SE RETOMARÁ DESPUÉS DE LA FERIA JUDICIAL
Causa Junín: en febrero, el veredicto
Ayer se realizó una inspección ocular en la Comisaría Primera y en la cárcel.

jueves, 18 de diciembre de 2014

Se resolvió que haya un receso hasta 2015.



Cuando María Elena Echart llegó al baño de la Comisaría Primera sintió un nudo en la garganta y una piedra en la boca del estómago. Entonces dio media vuelta, se abrió paso entre la gente, apuró la marcha hacia la salida y una vez allí, respiró hondo el aire puro de la mañana soleada. Ya no pudo volver a ingresar al edificio.
Se había asomado al mismo lugar donde tantas veces la habían llevado por la fuerza y donde debió soportar la violación física y psicológica de los más feroces agentes policiales de la segunda mitad de la década del 70. Ese acercamiento al horror le resultó insoportable. Y su cuerpo se lo hizo saber.
Como testigo en la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en Junín, en la segunda audiencia del proceso Echart ya había contado las vejaciones a las que había sido sometida en aquellos años, en un testimonio que estremeció por su crudeza.
Ayer, en la última jornada del año de este juicio, asistió a la inspección ocular que se hizo en la Comisaría Primera –lugar que fue centro clandestino de detención– de la que participaron integrantes del tribunal, la fiscalía, la querella, la defensa y los testigos.
Luego de la recorrida por la dependencia policial, se hizo lo propio en otro centro de detención durante la dictadura: la Unidad Penitenciaria N° 13.

Comisaría Primera

Ayer, a las 10:30, una comitiva de unas 40 personas encabezada por el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata, Carlos Rozanski, ingresaba a la Comisaría Primera para hacer una inspección ocular del lugar.
Ahí, mientras caminaban en medio de una maraña de chatarras de motos, barro y telarañas, algunas de las personas que estuvieron detenidas en los años 76 y 77 reconocieron las celdas en las que permanecieron cautivos.
Si bien se realizaron en todos estos años varias modificaciones edilicias, eso no impidió que los testigos ratificaran lo que habían contado frente al tribunal en sus declaraciones.
Susana Bogey, Normando Di Sábato, Rubén Liggera, Ana María Rinaldi y Ángel César fueron algunos de los que dieron detalles a los jueces.
Por su parte, Alberto Silva reconoció el lugar donde fue torturado, en la antigua Unidad regional. Mientras lo seguían Rozanski y sus colaboradores, iba señalando la escalera caracol por la que lo subieron y la dependencia ubicada en el primer piso en la que le aplicaron la picana eléctrica.
Silva recordó que vio el lugar porque lo subieron a cara descubierta, pero a la hora de los tormentos, lo encapucharon.

La cárcel

La Unidad Penitenciaria 13, que en los años 70 todavía estaba en construcción, fue otro de los lugares inspeccionados.
Repitiendo la metodología, los testigos fueron mostrando los lugares que recordaban.
De esta manera, vieron el piso de goma, que para ese entonces ya estaba colocado, reconocieron los calabozos desde afuera, también un salón de actos, al que conocieron por el eco que había en lugar. De hecho, Di Sábato cree que fue torturado allí porque, a diferencia de otros testigos, él no recuerda haber subido una escalera para ir a la sala de tormentos.
Luego los testigos reconocieron la escalera de la torre y el lugar donde fueron picaneados.

Receso

Luego de la recorrida por ambos lugares, las partes regresaron al Salón de la Democracia Argentina de la Unnoba, donde se está desarrollando el juicio, y ahí comunicaron la decisión sobre el destino de los acusados durante la feria judicial (ver recuadro), y establecieron la siguiente audiencia para el 3 de febrero.
Aún restan algunas ampliaciones de los testimonios, luego los alegatos y la sentencia.
En tal sentido, Carlos Rosanzki señaló a este medio que en el transcurso del mes de febrero habrá un veredicto para esta causa.
Fuente:DiarioDemocracia 

14 de diciembre de 2014

PODRÍAN AVANZAR EN LA BÚSQUEDA DE DOS DESAPARECIDOS JUNINENSES DURANTE LA DICTADURA.

12.12.2014
Podrían avanzar en la búsqueda de dos desaparecidos juninenses durante la dictadura militar
Se trata de Adrián Romie y Gilberto "Beto" Mesa. Todo surge a partir de las declaraciones de un testigo en el marco de las audiencias por los casos de lesa humanidad ocurridos en Junín durante la dictadura militar.
Siguen desarrollándose las audiencias por el juicio contra casos de lesa humanidad ocurridos en Junín durante la dictadura militar. En este caso tras la declaración de nuevos testigos es posible comenzar a reconstruir las piezas del "rompecabezas" de los oscuros años del gobierno militar, en este caso específicamente en nuestra ciudad.


El testigo Alberto Silva afirmó ante los jueces en nuestra ciudad que "hace un tiempo, un comisario retirado que se llama Benito Almada, que vive en la calle Padre Ghío o Siria, me comentó que él sabía quién había secuestrado a (el joven juninense desaparecido Adrián) Romié y dónde lo podían haber enterrado. Lo mismo con (otro desaparecido de nuestro medio, Gilberto) "Beto" Mesa. Cuando se enteró de este juicio fue a mi casa y me volvió a decir lo mismo”.

Ante esta afirmación, el fiscal, doctor Hernán Schapiro, solicitó que Almada sea citado para dar testimonio. Después de un cuarto intermedio, el Tribunal aceptó esa petición.

Cuando se dio a conocer que los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Álvarez. Convalidaban el pedido del Ministerio Público Fiscal, hubo un cerrado aplauso de la concurrencia que se vio frente a una nueva esperanza de poder dar con el paradero de Romié y Mesa, y reconstruir la historia de estos dos jóvenes desaparecidos en diciembre de 1976.

En enero de 1976, un operativo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad terminó con la detención de 14 personas, todos miembros del grupo Coart (Coordinadora de Arte). Se trataba de una agrupación que reunía a referentes de la cultura de distintas ramas: música, teatro, literatura, pintura y demás.

La dictadura consideró que este colectivo era peligroso, tildó a sus miembros de marxistas (aunque muchos de ellos estaban afiliados al Movimiento de Integración y Desarrollo), y de subversivo que iban “a poner bombas en la Sociedad Rural y otras instituciones”, según declararon los testigos.

Los 14 secuestrados fueron: Benito de Miguel, el escribano Víctor Pajoni, su esposa Graciela Ciappesoni, Imelde Sanz, Ariel de Siervo, Armando Álvarez, Normando Di Sábato, Rubén Liggera, Alberto Silva, Juan Carlos Martín, Ricardo Vega, Héctor Vega, Ana María Rinaldi y Horacio Arce.

Sanz, de Siervo, Álvarez, Rinaldi, Ciappesoni y Arce ya habían prestado declaración, mientras que Liggera, Di Sábato y Silva lo hicieron ayer.

En tanto, también declararon la viuda y el nieto de Martín, y lo hizo Cecilia Vega (hija de Héctor Vega y sobrina de Ricardo Vega).
Fuente:DiarioJunin

3 de diciembre de 2014

JUNÍN: JULIÁN DOMÍNGUEZ PRESENCIÓ EL JUICIO.

Julián Domínguez: "Hay que garantizar la continuidad de los juicios de lesa humanidad"
El presidente de la Cámara de Diputados presenció, en Junín, una audiencia del proceso oral en el que son investigados un ex militar y seis policías por crímenes cometidos en esta ciudad durante la última dictadura cívico militar.



“Es un compromiso hacia el futuro que mientras existan causas abiertas de esta índole, se les prestará todo el apoyo para que los tribunales, con todas las garantías del debido proceso, continúen su labor hasta completar el último de los juicios que corresponda”, sostuvo Domínguez.

En ese sentido, remarcó que “debemos recordar que este juicio, como tantos otros que se están realizando a lo largo y ancho del país, son posibles a partir de la decisión política de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner de anular las leyes de impunidad”.

El legislador recordó que a partir de 2003, “se generaron las condiciones jurídicas y materiales para que los juzgados y tribunales nacionales se abocaran a procesar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar”.

El tribunal, compuesto por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Álvarez, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, juzgan en este proceso al ex militar Ángel José Gómez Pola y a los ex policías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Esterlich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio Chiacchietta.

Durante el debate, que se desarrolla en la sede Junín de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, declararan más de 150 testigos.
Fuente:PoliticaTandil

2 de diciembre de 2014

JUNÍN: SE REALIZA UNA NUEVA AUDIENCIA.

Martes, 02 de diciembre de 2014 
Lesa humanidad: se realiza una nueva audiencia
Será este martes, ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata. Durante la jornada, los jueces tienen previsto continuar escuchando las declaraciones testimoniales. Son juzgados seis expolicías y un exmilitar. CIJ TV transmite en vivo todo el proceso
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata reanudará este martes, a las 9, un juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la localidad bonaerense de Junín. CJ TV transmite en vivo todo el proceso.

Los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Alvarez tienen previsto seguir escuchando la declaración de los testigos.

En el proceso se juzga al exmilitar Ángel José Gómez Pola y a los expolicías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio Chiacchietta.

Se investigan los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos, cometidos en perjuicio de 24 víctimas.

Durante el debate, que se lleva a cabo en la sede Junín de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, está previsto que declaren 153 testigos.
Fuente:CIJ.Gov.ar

30 de noviembre de 2014

JUNÍN: EX INSPECTOR DE LA BONAERENSE SACÓ FOTOS.

Junín. Domingo 30 de noviembre de 2014
LESA HUMANIDAD
Ex inspector de la Bonaerense sacó fotos en el juicio: preocupación de los testigos
La imagen de Adolfo Pellizzari con su cámara apuntando al público y a los testigos se viralizó en las redes sociales. Desde las agrupaciones de DDHH se preguntan qué hacía ahí.
29 de noviembre de 2014
La imagen del ex inspector de la Policía Bonaerense Adolfo José Pellizzari sacando fotos durante la primera jornada del juicio por crímenes de lesa humanidad que se le sigue a seis ex agentes de esa fuerza y un militar, generó honda preocupación en las agrupaciones de derechos humanos.

El hombre estaba ubicado en el sector de prensa y se lo vio apuntando con su cámara al público y los testigos.

La desaparición de Jorge Julio López, después de declarar contra el ex director de investigaciones de la bonaerense Miguel Etchecolatz, mano derecha de Ramón Camps durante la dictadura militar, es una herida todavía abierta. Por tal motivo, la aparición de un ex efectivo de la misma fuerza sacando fotos durante la primera jornada de los juicios de la memoria en la ciudad es mas que llamativa.

La imagen de Adolfo Pellizzari, quien ingresó en el pase a retiro obligatorio decretado en el 2009 por el por entonces Ministro de Seguridad y Justicia Carlos Stornelli, encendió una luz de alerta en los organismos de derechos humanos locales. Sobre todo en quienes están más cerca de los sobrevivientes del golpe del ‘76, que aún deben atestiguar.

La última función pública de Pellizzari fue como Jefe de División de la Delegación Departamental de Servicios de Custodia de Objetivos Fijos, Personas y Traslado de Detenidos de Pergamino, donde fue trasladado desde Junín, cumpliendo la misma función. En dicha posición estaba cuando llegó le decreto sorpresivo de Stornelli con el pase a retiro de 127 policías. Muchos de ellos con sumarios internos por diversas irregularidades, en su momento se vio en este movimiento como una purga en la fuerza.

Ayer los teléfonos de los dirigentes de derechos humanos de la ciudad estuvieron muy activos, sobre todo cuando se hizo pública la aparición de este ex bonaerense en los juicios.

Todos las personas que ingresaron el miércoles pasado al Salón de la Democracia en el rectorado de la UNNOBA fueron identificados en la entrada, y se supone que Pellizzari debe estar en la lista.

La pregunta que muchos se hacen es por qué y para quién sacaba fotos desde el sector de prensa y por qué apuntó varias veces hacia las personas presentes. En su cuenta de Facebook, el ex policía publicó varias fotos de su “visita” al rectorado durante la primera audiencia de la “Causa Junín”. Llama la atención que haya elegido ese día histórico para hacer turismo en el remodelado edificio que alguna vez perteneció a Mr. York.

El lunes 1 de diciembre continuará el proceso contra los siete represores, seis de los cuales fueron parte de la policía bonaerense. Desde los organismos de derechos humanos adelantaron que solicitarán que se extremen aún más las medidas de seguridad.
Fuente:LaVerdad.online