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23 de marzo de 2018
28 de septiembre de 2014
IGLESIA y DICTADURA: OTRA INDAGATORIA A UN SACERDOTE.
Domingo 28 de Septiembre de 2014
Por franco mizrahi
Iglesia y dictadura: otra indagatoria a un sacerdote
En la megacausa Campo de Mayo, el capellán del Ejército durante la última dictadura Emilio Teodoro Grasselli está sospechado de participar de violaciones a los DD HH. Es la segunda imputación en diez días.
La tranquilidad con la cual el cura Emilio Teodoro Grasselli, de espaldas a su pasado, ejercía su actividad espiritual llegó a su fin.
El viernes, en el marco de la megacausa Campo de Mayo, los fiscales federales de San Martín, Miguel Blanco García Ordas y Hugo Bogetti, requirieron que se cite a indagatoria al ex secretario del vicariato castrense y capellán del Ejército durante la última dictadura cívico-militar, por considerar que participó en delitos de lesa humanidad.
Los procuradores lo vincularon a 140 hechos, e indicaron que en lugar de ayudar a los familiares que buscaban a sus seres queridos, obtenía información de ellos y los "desorientaba" sobre el destino de los desparecidos "dolosamente".
En su acusación, los fiscales también señalaron que el cura brindó "apoyo moral y psicológico" a los genocidas. Así, en diez días, el sacerdote –que aún ejerce en la Parroquia Nuestra Señora de Luján (castrense)– fue imputado en dos causas que investigan violaciones a los Derechos Humanos. Blanco García Ordas y Bogetti le solicitaron a la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, que interrogue a Grasselli por "su participación" en 140 casos investigados en la megacausa Campo de Mayo.
Al igual que en el requerimiento de indagatoria que realizó el fiscal Federico Delgado en otra causa que investiga al cura por delitos de lesa humanidad, un elemento central sobre el que se basó la solicitud de los procuradores de San Martín son las aproximadamente 2500 fichas que elaboró el sacerdote cuando se desempeñaba como secretario del vicariato castrense.
En esa base documental, secuestrada en 1999 por la Cámara Federal de La Plata, Grasselli registraba datos sobre las entrevistas que mantenía en plena dictadura con familiares de víctimas de la represión que iban a verlo a la iglesia Stella Maris –ubicada junto al Comando en Jefe de la Armada, en Retiro– con la ilusión de encontrar alguna respuesta sobre el paradero de su pariente.
La fiscalía realizó un análisis minucioso de aquellas tarjetas y como prueba presentó (en copia digital) 140 referidas a víctimas vinculadas a Campo de Mayo. Los representantes de la Procuración explicaron en su dictamen que el entonces capellán del Ejército "recibía a los familiares de las víctimas simulando una total ajenidad a los casos narrados, obteniendo así información de ellos", y a la hora de brindarles una respuesta, a pesar de conocer lo que verdaderamente había acontecido, decía no tener "noticias oficiales sobre su destino, anoticiándolos además que ellos (por sus parientes) no se encontraban detenidos en ninguna dependencia oficial".
Por tal motivo, en su imputación, Blanco García Ordas y Bogetti consideraron respecto a Grasselli: "No sólo lograba captar información de los familiares, sino que luego los desorientaba sobre el destino de ellos (por los desaparecidos), dolosamente". Esto "refleja una participación en los hechos", aseguraron los fiscales.
En su acusación, también señalaron a Tiempo Argentino que el cura brindó "apoyo moral y psicológico" a los genocidas. Los procuradores sostuvieron aquella afirmación en el legajo castrense de Grasselli donde consta que "ejerció como capellán mayor castrense del Ejército entre 1967 y 1980", tal como publicó Tiempo Argentino el 18 de septiembre.
De acuerdo al documento que describe el historial de Grasselli en las Fuerzas Armadas –al que accedió Tiempo y fue presentado como prueba–, el sacerdote renunció el 31 de marzo de 1980 al cargo de capellán castrense de la Capellanía Mayor del Ejército para lograr su nombramiento como capellán castrense "en la jurisdicción del Ministerio de Defensa" en "el mismo cargo de asistente de S.E,, función que cumplía en comisión desde el 1 de diciembre de 1967".
El entonces vicario castrense Adolfo Tórtolo aceptó su dimisión y le dio "las gracias por los servicios prestados".
FUERZAS ARMADAS. Grasselli como integrante de la estructura de vicarios castrenses "no sólo no desconocía todo el aparato ilegal montado por las Fuerzas Armadas, sino que formaba parte de él", sentenció el trabajo realizado por la fiscalía federal de lesa humanidad de Campo de Mayo compuesta por los procuradores Blanco García Ordas y Bogetti, y los secretarios Guerrini, Valenti y Di Giorno.
"Destacamos que (el difunto monseñor) Adolfo Tórtolo –en esa época (plena dictadura militar)– era el titular del Vicariato Castrense y (junto a) su secretario capellán Emilio Teodoro Grasselli tenían bajo su órbita a todos los capellanes asignados en todas las reparticiones de las Fuerzas Armadas del país", indicaron en el pedido de indagatoria.
Para la fiscalía ese dato implica que "obviamente" ambos tenían "conocimiento de todos los métodos utilizados (...) por las Fuerzas Armadas en los Centros Clandestinos de Detención y Exterminio del país".
En el escrito, los procuradores afirmaron que los capellanes castrenses de todo el país "abastecían de información" a Tórtolo y Grasselli sobre las víctimas de la represión "y sus destinos finales", así como de "los lugares de cautiverio" que utilizaban las Fuerzas Armadas. A pesar de que conocían lo que sucedía en el país informaban "a los familiares mendazmente".
Los vínculos militares de Grasselli continúan intactos hasta hoy: en la actualidad, el sacerdote confiesa a feligreses en la Parroquia Nuestra Señora de Luján (castrense) ubicada sobre la Avenida Cabildo al 400, en el barrio porteño de Belgrano.
IGLESIA Y DICTADURA. Un apartado especial de la presentación que elaboró la fiscalía hace referencia al estrecho vínculo que entabló la jerarquía católica con la última dictadura cívico-militar.
“La propia doctrina del exterminio fue inculcada a los militares por la Iglesia. Los sucesivos presidentes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Antonio Caggiano y Adolfo Tórtolo, fueron al mismo tiempo titulares del Vicariato Castrense, que se convirtió en Obispado”, señalaron. Y añadieron:
“La Iglesia justificó y apoyó cualquier accionar del terrorismo de Estado”. “Ya existen pronunciamientos judiciales que reflejan lo que venimos sosteniendo", recordaron los procuradores. Para sustentar su acusación rememoraron la condena por crímenes de lesa humanidad contra el capellán de la Policía Bonaerense, Christian Federico Von Wernich, del 2 de noviembre de 2007.
VOLVER A ESCENA. Grasselli reapareció en un juicio de lesa humanidad el 28 de agosto pasado, cuando se presentó por sexta vez desde 1984 como testigo. Lo hizo en el marco del undécimo proceso judicial de la megacausa de Campo de Mayo, donde se investigan los crímenes cometidos contra una treintena de obreros ceramistas navales de la zona norte del Conurbano bonaerense.
Entonces fue denunciado por falso testimonio por los abogados querellantes Pablo Llonto y Ernesto Lombardi. Desde aquel momento, su situación judicial se complejizó. El 16 de septiembre pasado el procurador Federico Delgado solicitó por primera vez en tres décadas que se cite a indagatoria al cura en el marco de la causa Nº12073/13, que se abrió en diciembre de 2013 a partir de los testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas de la represión que comprometieron al sacerdote en el juicio Plan Sistemático de Robo de Bebés y en el Juicio por la Verdad.
Para Delgado, el ex capellán del Ejército y ex secretario del Vicariato Castrense, estuvo en un "lugar clave" en el que accedía a "'información cualificada' en relación a la represión clandestina" y, siendo funcionario público, en lugar de denunciarla la habría "administrado".
El juez federal Julián Ercolini aún no se pronunció sobre este pedido. A 31 años del final del terrorismo de Estado, el rol que desempeñó Grasselli en el engranaje represivo comenzó a ser delineado por la justicia federal.
Fuente:Infonews
Por franco mizrahi
Iglesia y dictadura: otra indagatoria a un sacerdote
En la megacausa Campo de Mayo, el capellán del Ejército durante la última dictadura Emilio Teodoro Grasselli está sospechado de participar de violaciones a los DD HH. Es la segunda imputación en diez días.
El viernes, en el marco de la megacausa Campo de Mayo, los fiscales federales de San Martín, Miguel Blanco García Ordas y Hugo Bogetti, requirieron que se cite a indagatoria al ex secretario del vicariato castrense y capellán del Ejército durante la última dictadura cívico-militar, por considerar que participó en delitos de lesa humanidad.
Los procuradores lo vincularon a 140 hechos, e indicaron que en lugar de ayudar a los familiares que buscaban a sus seres queridos, obtenía información de ellos y los "desorientaba" sobre el destino de los desparecidos "dolosamente".
En su acusación, los fiscales también señalaron que el cura brindó "apoyo moral y psicológico" a los genocidas. Así, en diez días, el sacerdote –que aún ejerce en la Parroquia Nuestra Señora de Luján (castrense)– fue imputado en dos causas que investigan violaciones a los Derechos Humanos. Blanco García Ordas y Bogetti le solicitaron a la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, que interrogue a Grasselli por "su participación" en 140 casos investigados en la megacausa Campo de Mayo.
Al igual que en el requerimiento de indagatoria que realizó el fiscal Federico Delgado en otra causa que investiga al cura por delitos de lesa humanidad, un elemento central sobre el que se basó la solicitud de los procuradores de San Martín son las aproximadamente 2500 fichas que elaboró el sacerdote cuando se desempeñaba como secretario del vicariato castrense.
En esa base documental, secuestrada en 1999 por la Cámara Federal de La Plata, Grasselli registraba datos sobre las entrevistas que mantenía en plena dictadura con familiares de víctimas de la represión que iban a verlo a la iglesia Stella Maris –ubicada junto al Comando en Jefe de la Armada, en Retiro– con la ilusión de encontrar alguna respuesta sobre el paradero de su pariente.
La fiscalía realizó un análisis minucioso de aquellas tarjetas y como prueba presentó (en copia digital) 140 referidas a víctimas vinculadas a Campo de Mayo. Los representantes de la Procuración explicaron en su dictamen que el entonces capellán del Ejército "recibía a los familiares de las víctimas simulando una total ajenidad a los casos narrados, obteniendo así información de ellos", y a la hora de brindarles una respuesta, a pesar de conocer lo que verdaderamente había acontecido, decía no tener "noticias oficiales sobre su destino, anoticiándolos además que ellos (por sus parientes) no se encontraban detenidos en ninguna dependencia oficial".
Por tal motivo, en su imputación, Blanco García Ordas y Bogetti consideraron respecto a Grasselli: "No sólo lograba captar información de los familiares, sino que luego los desorientaba sobre el destino de ellos (por los desaparecidos), dolosamente". Esto "refleja una participación en los hechos", aseguraron los fiscales.
En su acusación, también señalaron a Tiempo Argentino que el cura brindó "apoyo moral y psicológico" a los genocidas. Los procuradores sostuvieron aquella afirmación en el legajo castrense de Grasselli donde consta que "ejerció como capellán mayor castrense del Ejército entre 1967 y 1980", tal como publicó Tiempo Argentino el 18 de septiembre.
De acuerdo al documento que describe el historial de Grasselli en las Fuerzas Armadas –al que accedió Tiempo y fue presentado como prueba–, el sacerdote renunció el 31 de marzo de 1980 al cargo de capellán castrense de la Capellanía Mayor del Ejército para lograr su nombramiento como capellán castrense "en la jurisdicción del Ministerio de Defensa" en "el mismo cargo de asistente de S.E,, función que cumplía en comisión desde el 1 de diciembre de 1967".
El entonces vicario castrense Adolfo Tórtolo aceptó su dimisión y le dio "las gracias por los servicios prestados".
FUERZAS ARMADAS. Grasselli como integrante de la estructura de vicarios castrenses "no sólo no desconocía todo el aparato ilegal montado por las Fuerzas Armadas, sino que formaba parte de él", sentenció el trabajo realizado por la fiscalía federal de lesa humanidad de Campo de Mayo compuesta por los procuradores Blanco García Ordas y Bogetti, y los secretarios Guerrini, Valenti y Di Giorno.
"Destacamos que (el difunto monseñor) Adolfo Tórtolo –en esa época (plena dictadura militar)– era el titular del Vicariato Castrense y (junto a) su secretario capellán Emilio Teodoro Grasselli tenían bajo su órbita a todos los capellanes asignados en todas las reparticiones de las Fuerzas Armadas del país", indicaron en el pedido de indagatoria.
Para la fiscalía ese dato implica que "obviamente" ambos tenían "conocimiento de todos los métodos utilizados (...) por las Fuerzas Armadas en los Centros Clandestinos de Detención y Exterminio del país".
En el escrito, los procuradores afirmaron que los capellanes castrenses de todo el país "abastecían de información" a Tórtolo y Grasselli sobre las víctimas de la represión "y sus destinos finales", así como de "los lugares de cautiverio" que utilizaban las Fuerzas Armadas. A pesar de que conocían lo que sucedía en el país informaban "a los familiares mendazmente".
Los vínculos militares de Grasselli continúan intactos hasta hoy: en la actualidad, el sacerdote confiesa a feligreses en la Parroquia Nuestra Señora de Luján (castrense) ubicada sobre la Avenida Cabildo al 400, en el barrio porteño de Belgrano.
IGLESIA Y DICTADURA. Un apartado especial de la presentación que elaboró la fiscalía hace referencia al estrecho vínculo que entabló la jerarquía católica con la última dictadura cívico-militar.
“La propia doctrina del exterminio fue inculcada a los militares por la Iglesia. Los sucesivos presidentes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Antonio Caggiano y Adolfo Tórtolo, fueron al mismo tiempo titulares del Vicariato Castrense, que se convirtió en Obispado”, señalaron. Y añadieron:
“La Iglesia justificó y apoyó cualquier accionar del terrorismo de Estado”. “Ya existen pronunciamientos judiciales que reflejan lo que venimos sosteniendo", recordaron los procuradores. Para sustentar su acusación rememoraron la condena por crímenes de lesa humanidad contra el capellán de la Policía Bonaerense, Christian Federico Von Wernich, del 2 de noviembre de 2007.
VOLVER A ESCENA. Grasselli reapareció en un juicio de lesa humanidad el 28 de agosto pasado, cuando se presentó por sexta vez desde 1984 como testigo. Lo hizo en el marco del undécimo proceso judicial de la megacausa de Campo de Mayo, donde se investigan los crímenes cometidos contra una treintena de obreros ceramistas navales de la zona norte del Conurbano bonaerense.
Entonces fue denunciado por falso testimonio por los abogados querellantes Pablo Llonto y Ernesto Lombardi. Desde aquel momento, su situación judicial se complejizó. El 16 de septiembre pasado el procurador Federico Delgado solicitó por primera vez en tres décadas que se cite a indagatoria al cura en el marco de la causa Nº12073/13, que se abrió en diciembre de 2013 a partir de los testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas de la represión que comprometieron al sacerdote en el juicio Plan Sistemático de Robo de Bebés y en el Juicio por la Verdad.
Para Delgado, el ex capellán del Ejército y ex secretario del Vicariato Castrense, estuvo en un "lugar clave" en el que accedía a "'información cualificada' en relación a la represión clandestina" y, siendo funcionario público, en lugar de denunciarla la habría "administrado".
El juez federal Julián Ercolini aún no se pronunció sobre este pedido. A 31 años del final del terrorismo de Estado, el rol que desempeñó Grasselli en el engranaje represivo comenzó a ser delineado por la justicia federal.
Fuente:Infonews
30 de abril de 2014
CAMPOI DE MAYO: SE NEGÓ A DECLARAR EL REPRESOR MARIO DOMÍNGUEZ.
28-4-2014
Lesa Humanidad
Ante el Juzgado Federal N° 2 de San Martín
Se negó a declarar “Escorpio”, un represor de Campo de Mayo
Lesa Humanidad
Ante el Juzgado Federal N° 2 de San Martín
Se negó a declarar “Escorpio”, un represor de Campo de Mayo
El suboficial retirado Mario Rubén Domínguez fue detenido el último viernes en su casa de Córdoba por crímenes de lesa humanidad. Fue identificado luego de una investigación del Programa Verdad y Justicia, que presentó un informe a la jueza federal Alicia Vence.
Mario Rubén Domínguez, el suboficial mayor retirado que fue detenido el último viernes en su casa de Córdoba por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, se negó a declarar. La jueza federal Alicia Vence se disponía a indagarlo por su presunta participación como miembro de la patota, secuestrando e interrogando a militantes en el centro clandestino que se conoció como El Campito. Domínguez, que muchos sobrevivientes habían mencionado siempre con el nombre de guerra de “Escorpio”, fue identificado luego de una investigación del Programa Verdad y Justicia, que presentó un informe minucioso ante la jueza el 5 de julio de 2013.
Escorpio llegó al Juzgado Federal N° 2 de San Martín con un abogado particular ya designado. Sin embargo, el letrado no asumió la defensa por cuestiones de competencia –se especializaba en contencioso administrativo- y tuvo que apelar al defensor oficial. Patricio García Graham, el elegido, pidió unos días de gracias para interiorizarse en la causa.
Domínguez no respondió, en consecuencia, sobre una de las pruebas más fuertes en su contra: su pase “en comisión” al Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo desde el 2 de abril de 1976 hasta el 15 de diciembre de 1977. “Por casos de otros represores de Campo de Mayo, sabemos que el Ejército estilaba consignar en gran parte en sus legajos ‘en comisión al comando de instituto militares’ cuando los destinaban a la llamada ‘lucha antisubversiva, que no era otra cosa que integrar la patota que secuestraba e interrogaba en ese centro clandestino”, explicó el abogado querellante de víctimas, Pablo Llonto.
En la investigación del mencionado Programa, que conduce Luciano Hazán y depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se relevaron los testimonios de sobrevivientes de “El Campito” que figuraban, en parte, en la causa 2441 “Ricchiuti Luis y otros s/inf art 146 del CP”. En su declaración del 30 de septiembre de 2009 ante el Tribunal Oral Federal de San Martín, el ex suboficial Víctor Ibáñez afirmó que a un torturador (de Campo de Mayo) "le decían Escorpio", "de apellido Domínguez" y señaló que "era ingeniero, suboficial".
A partir de entonces, los investigadores rastrearon boletines públicos, confidenciales y reservados del Ejército y el Libro Histórico de la Escuela de Ingenieros (años 1976 a 1983), y encontraron que en la Escuela había prestado servicio un suboficial de apellido Domínguez.
Sus fojas de servicio dieron otras claves: los sobrevivientes decían que era alto, y la foja decía que medía 1,80. Además, el 2 de abril de 1976, con el cargo de Jefe de Grupo de la Compañía Comando, fue destinado “en comisión” al Comando de Institutos Militares. Ese año, lo calificaban el mayor Pascual Oscar Guerrieri –Jefe del Equipo Especial Mayor del Departamento de Inteligencia de Institutos Militares- y el coronel Fernando Verplaetsen -Jefe Departamento II de Inteligencia del Comando II de Institutos Militares.
En 1977, ese coronel lo destacaba como “uno de los pocos sobresalientes para su grado” y decía que no convenía que continúe en el destino “por cuanto a pesar de su sobresaliente desempeño, en opinión del suscripto, el causante debe reintegrarse a una unidad de su arma”.
Los testimonios sobrevivientes –piedra fundamental del informe- ubican a "Escorpio" en esa fecha y los calificadores actuaban en Campo de Mayo. Uno de los secuestrados recordaba que el propio represor le había dicho que su apodo se debía a su signo en el zodíaco: nació el 28 de octubre.
Fuente:Infojus
Envío:Agnddhh
4 de diciembre de 2013
CAMPO DE MAYO: Altas condenas para Riveros y Bignone y cuestionamientos al fiscal Jorge Sica para quien se solicitó una sancion por las demoras y deficiencias en el juicio.
03.12.2013
El TOF leyó la sentencia, pero los fundamentos del fallo se conocerán el 17/12
Campo de Mayo: Altas condenas para Riveros y Bignone y cuestionamientos al fiscal Jorge Sica
Riveros: fue el máximo jefe de la guarnición Campo de Mayo, donde funcionaron varios CCD.
El general de división (RE) Santiago Omar Riveros, ex jefe de Institutos Militares, fue condenado a 25 años y seis meses de prisión y el ex presidente de facto Reynaldo Benito Antonio Bignone a 23 años, por hallarlos a ambos responsables en distinto grado del secuestro y desaparición del dirigente montonero Roberto Quieto y de la apropiación de dos chicos, Gabriel Matías Cevasco y Martín Amarilla, ya nietos restituidos.
También fueron condenados los apropiadores Aída Blandina Pizzoni a 5 años y seis meses de prisión, Roberto Duarte a 5 años y Margarita Noemí Fernández a 5 años, mientras que los civiles Liliana Alvarez, Alicia Rodríguez y Jorge Buffe fueron absueltos. El Tribunal leyó hoy la parte dispositiva del fallo, cuyos fundamentos se conocerán el próximo 17 de diciembre al mediodía.
El TOF leyó la sentencia, pero los fundamentos del fallo se conocerán el 17/12
Campo de Mayo: Altas condenas para Riveros y Bignone y cuestionamientos al fiscal Jorge Sica
El general de división (RE) Santiago Omar Riveros, ex jefe de Institutos Militares, fue condenado a 25 años y seis meses de prisión y el ex presidente de facto Reynaldo Benito Antonio Bignone a 23 años, por hallarlos a ambos responsables en distinto grado del secuestro y desaparición del dirigente montonero Roberto Quieto y de la apropiación de dos chicos, Gabriel Matías Cevasco y Martín Amarilla, ya nietos restituidos.
También fueron condenados los apropiadores Aída Blandina Pizzoni a 5 años y seis meses de prisión, Roberto Duarte a 5 años y Margarita Noemí Fernández a 5 años, mientras que los civiles Liliana Alvarez, Alicia Rodríguez y Jorge Buffe fueron absueltos. El Tribunal leyó hoy la parte dispositiva del fallo, cuyos fundamentos se conocerán el próximo 17 de diciembre al mediodía.
"Estoy conforme con la actuación del Tribunal, en un proceso que considero inobjetable, en el que fueron consideradas las peticiones de cada una de las partes y se facilitó la presentación de pruebas y testigos", dijo Guido Quieto, querellante en la causa por el secuestro de su padre, en declaraciones a Télam.
El debate comenzó el 17 de octubre último, a cargo de los jueces Héctor Sagretti, Marta Milloc y Daniel Petrone. Además del fiscal Marcelo García Berro y el fiscal ad hoc Guillermo Silva, el juicio contó con las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del mismo Guido Quieto, quien a los seis años presenció, el 28 de diciembre de 1975, el secuestro de su padre.
Guido Quieto destacó que las penas de la sentencia fueron las pedidas por fiscalía y las querellas, incluido el agravante por tormentos. "También estoy muy conforme con el comportamiento de la fiscalía, que en su alegato final solicitó una sanción para el fiscal de instrucción" Jorge Sica, ya sustituido y, para el querellante, responsable principal de la demora en el comienzo de este juicio. Esta demora implicó por ejemplo que "el ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, se muriera antes de que comenzara el juicio oral", puntualizó.
"Voy a persistir hasta lograr (en la instrucción, también) el procesamiento de la gente que participó en la detención y en las torturas que sufrió mi viejo. Fuimos por la cabeza, ahora iremos por lo que está más abajo", dijo Guido, que lleva una década como querellante en la causa por el secuestro de su padre. Por testimonios de su familia, se sabe que Roberto Quieto fue secuestrado por una patota militar en el anochecer del 28 de diciembre de 1975, en una playa de Martínez, norte del Gran Buenos Aires. Después, fue visto en el centro clandestino El Campito, en Campo de Mayo, la mayor guarnición militar del país y uno de los tres principales centro clandestinos de detención, torturas y exterminio de la dictadura, junto a la ESMA y La Perla.
Tras la negativa de Riveros a prestar declaración en este juicio, el primer testimonio que recibió el Tribunal fue el de Martín Gras, amigo de Quieto y sobreviviente de la ESMA. Gras relató que, durante su cautiverio, un represor que lo interrogaba, al que después reconoció como Miguel Conde, le aseguró que había interrogado a Quieto en Campo de Mayo. En la audiencia final, antes de la sentencia, ninguno de los acusados quiso usar su derecho de decirle "últimas palabras" al Tribunal.
El juicio también investigó la apropiación de Gabriel Matías Cevasco, secuestrado junto a su madre -que sigue desaparecida- cuando tenía tres meses, el 11 de enero de 1977, y luego criado por personas que le dijeron que era adoptado. Después de sospechas que tuvo en la adolescencia, en el 2000 Cevasco se hizo un examen de ADN y por el resultado supo que era hijo de Enrique Horacio Cevasco y María Delia Leiva.
El otro nieto recuperado, Martín, hijo de Guillermo Amarilla y Marcela Molfino, dos militantes montoneros secuestrados en 1979 y que permanecen desaparecidos, fue apropiado por un agente de inteligencia del Ejército y recuperó su identidad en 2009.
El juicio concluido hoy fue el noveno de la megacausa de Campo de Mayo, desde el primero realizado en el 2009 por el secuestro y asesinato de Floreal Avellaneda, un militante de la Federación Juvenil Comunista de 14 años. Según estimaciones, durante el terrorismo de estado de la última dictadura pasaron por Campo de Mayo más de 5.000 mil personas secuestradas.
Organismos cuestionaron actuación de Cica
Organismos de derechos humanos, querellantes, sobrevivientes y familiares de las víctimas de la megacausa Campo de Mayo cuestionaron la actuación del fiscal Jorge Sica por ser "uno de los responsables de la falta de investigación" y lo acusaron de "pertenecer a un sector del Poder Judicial que se resiste todavía a la memoria, la verdad y la justicia". A través de una solicitada publicada hoy en el diario Página/12, y al concluir el noveno juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en esa jurisdicción, los firmantes señalaron los "déficits que se traducen en la imposibilidad de juicio y castigo a todos los culpables" y responsabilizaron a Sica "porque manifestó explícitamente que no investigaría y así fue". "La lucha de los querellantes, los compañeros y los abogados logró su desplazamiento para los casos de lesa humanidad, pero su paso por esa tarea ha lesionado fuertemente el proceso de justicia en algunos casos irremediablemente", sostuvieron.
Los cuestionamientos fueron compartidos también por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que en abril de este año recusó al fiscal por "falta de objetividad en el cumplimiento de sus deberes", mencionando que en mayo de 2010 Sica advirtió a familiares de las víctimas que "no voy a investigar" a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. "Sabemos que los Sicas son muchos y también que son muchos los fiscales que hacen de sus acciones una práctica ética. Sica ha obstaculizado y en oportunidades impedido llegar a la verdad: los allanamientos que no se pidieron, la documentación que no se buscó, los partícipes que no se investigaron, los delitos que se dejaron de incluir en la acusación", detallaron los firmantes.
Con el fin del noveno juicio de la megacausa Campo de Mayo, agregaron en la solicitada, "llegamos al final saludando su realización, concientes de lo mucho que hemos hecho y lo que falta, sabiendo que este no era el proceso esperado por nosotros, merecido por las víctimas y el que necesita la sociedad".
Fuente:Telam
LA NOVENA SENTENCIA POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN CAMPO DE MAYO
Otra condena para Bignone
El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó al ex dictador Reynaldo Bignone y al ex general Santiago Riveros por la desaparición de Roberto Quieto. Los encontró culpables también, junto a tres civiles, por la apropiación de dos hijos de desaparecidos.
Los represores se mantuvieron en silencio y no pronunciaron sus “últimas palabras” antes del fallo.Imagen: Rafael Yohai
El ex dictador Reynaldo Bignone y el ex hombre fuerte de Campo de Mayo Santiago Riveros fueron condenados por el secuestro y la desaparición del militante montonero Roberto Quieto. Los octogenarios represores, que prefirieron guardar silencio antes de la sentencia, también fueron condenados junto a otros tres civiles por las apropiaciones ilegales de Martín Amarilla Molfino y Gabriel Matías Cevasco, nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. Otros tres civiles fueron absueltos. “Voy a persistir hasta lograr el procesamiento de la gente que participó en la detención y en las torturas que sufrió mi viejo. Fuimos por la cabeza, ahora iremos por lo que está más abajo”, dijo Guido Quieto, que lleva una década como querellante en la causa por el secuestro de su padre.
El ex dictador Reynaldo Bignone y el ex hombre fuerte de Campo de Mayo Santiago Riveros fueron condenados por el secuestro y la desaparición del militante montonero Roberto Quieto. Los octogenarios represores, que prefirieron guardar silencio antes de la sentencia, también fueron condenados junto a otros tres civiles por las apropiaciones ilegales de Martín Amarilla Molfino y Gabriel Matías Cevasco, nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. Otros tres civiles fueron absueltos. “Voy a persistir hasta lograr el procesamiento de la gente que participó en la detención y en las torturas que sufrió mi viejo. Fuimos por la cabeza, ahora iremos por lo que está más abajo”, dijo Guido Quieto, que lleva una década como querellante en la causa por el secuestro de su padre.
El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, integrado por Héctor Sagretti, Marta Milloc y Daniel Petrone, dictó ayer la novena sentencia por delitos de lesa humanidad con epicentro en Campo de Mayo. La pena más alta, de 25 años, fue para Riveros, ex jefe del Comando de Institutos Militares. Bignone recibió una condena de 23 años de prisión. Aída Blandina Pizzoni fue condenada a cinco años de cárcel como coautora del delito de retención y ocultación de un menor de diez años, previamente sustraído a sus padres; supresión de la identidad del menor y falsedad ideológica de documento público en perjuicio de Amarilla Molfino. Por los mismos delitos recibieron idéntica pena Roberto Cándido Duarte y Margarita Noemí Fernández, que criaron con identidad falsa a Cevasco, quien recién en 2002 supo quién era. Los civiles absueltos son Liliana Alvarez, Alicia Rodríguez y Jorge Buffe.
Quieto fue secuestrado por una patota militar en la tarde del 28 de diciembre de 1975 en una playa de Martínez, norte del Gran Buenos Aires. Fue visto en el centro clandestino El Campito, en Campo de Mayo, la mayor guarnición militar del país. “Lamentablemente el juicio tardó mucho”, reflexionó Guido Quieto. “Estoy conforme con la actuación del tribunal, en un proceso que considero inobjetable, en el que fueron consideradas las peticiones de cada una de las partes y se facilitó la presentación de pruebas y testigos”, relató Guido, que a sus seis años presenció el secuestro de su padre. Agregó que las penas de la sentencia por el caso fueron las pedidas por fiscalía y querellantes. “Estoy muy conforme con el comportamiento de la fiscalía, que en su alegato solicitó una sanción para el fiscal de instrucción”, en referencia a Jorge Sica, ya sustituido, a quien señaló como responsable de la demora en el comienzo del proceso.
Cevasco fue secuestrado en San Martín junto a su madre –que sigue desaparecida– cuando tenía tres meses, el 11 de enero de 1977. A los siete años quienes lo criaron le dijeron que era adoptado. En su adolescencia sospechó que podía ser hijo de desaparecidos, en el 2000 se hizo un examen de ADN y por el resultado supo que era hijo de Enrique Cevasco y María Delia Leiva. Su madre era psicóloga y trabajaba en una fábrica textil de San Martín. Su padre sobrevivió a la dictadura y recién pudo conocerlo tras el examen positivo de ADN. “Se esperó mucho para este juicio y se resuelve en un mes y medio. Hay críticas a funcionarios judiciales por la instrucción y seguiremos buscando la verdad”, dijo Adriana Leiva, hermana de María Delia. El otro nieto recuperado, Martín, es hijo de Guillermo Amarilla y Marcela Molfino, militantes montoneros secuestrados en 1979 y que permanecen desaparecidos. Fue apropiado por un agente de inteligencia del Ejército y recuperó su identidad en 2009.
Ayer, pasadas las diez de la mañana, Bignone ingresó a la sala de audiencias con bastón y camisa cuadrillé. Riveros se sentó a su lado. Ninguno de los dos hizo uso del derecho a decir sus “últimas palabras” antes del veredicto, que leyó Sagretti después del mediodía. El tribunal leyó la parte dispositiva del fallo, cuyos fundamentos se conocerán el 17 de diciembre. El primer juicio por Campo de Mayo fue en 2009, por el secuestro y asesinato de Floreal Avellaneda, de 14 años. La anterior sentencia, en agosto pasado, fue por delitos de lesa humanidad en la zona de Zárate, Campana y Escobar.
Fuente:Pagina12
En el noveno juicio oral por la megacausa Campo de Mayo Condenas de 23 y 25 años de prisión para Bignone y Riveros
Los represores recibieron las penas por la desaparición del dirigente montonero Roberto Quieto y la apropiación de dos niños durante la última dictadura. Los ejes de la sentencia.
Las penas fueron celebradas por familiares y querellantes, quienes a la vez cuestionaron la actuación del fiscal de Instrucción Jorge Sica, ahora apartado, que generó la “imposibilidad de juicio y castigo a todos los culpables”.
La parte resolutiva de la sentencia fue leída ayer al mediodía por el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín en lo que fue el noveno juicio oral por la megacausa Campo de Mayo.
La primera pena que se conoció fue de 25 años de cárcel para Riveros, ex comandante de Institutos Militares, por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos a Quieto y a María Delia Leiva, ambos desaparecidos. Leiva fue secuestrada junto a su hijo, Gabriel Matías Cevasco, quien luego fue apropiado.
Después de Riveros fue el turno de Bignone, quien ejerció como dictador en la última etapa de la dictadura y fue jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares. El TOF lo condenó a 23 años de prisión al encontrarlo culpable por la privación ilegítima de la libertad de Gabriel Cevasco, quien tenía apenas 3 meses de vida, y por los tormentos que recibió su madre en el centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo.
Tras leer las penas a los responsables militares de Campo de Mayo, siguieron los acusados por la apropiación de dos nietos, que recuperaron la identidad por la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo.
Por un lado fueron condenados los apropiadores de Gabriel Cevasco. Gabriel fue apartado de su madre el 17 de febrero de 1977 y entregado al matrimonio que Roberto Cándido Duarte y Margarita Noemí Fernández, quienes ayer fueron encontrados culpables de la apropiación y se les aplicó la pena de cinco años de prisión como coautores de retención y ocultación del niño y la supresión de su identidad.
Investigados por el mismo caso, otros tres civiles resultaron absueltos: el matrimonio de Alicia Rodríguez y Jorge Buffe, hermano de la policía que entregó el bebé, y Liliana Álvarez, hermana del Duarte, acusados los tres de haber hecho de intermediarios para que el bebé llegara a sus apropiadores.
Durante el juicio también se investigó la apropiación de Martín Amarilla Molfino y ayer fue condenada Aída Blandina Dusolina Pizzoni a cinco años y seis meses de prisión. La mujer era la esposa del fallecido agente de Inteligencia Jorge Oscar García de la Paz y juntos inscribieron al niño como su hijo biológico. Martín, sin embargo, había nacido en junio de 1980 en el Hospital Militar de Campo de Mayo durante el cautiverio de su madre, Marcela Esther Molfino, en Campo de Mayo. Luego de pasar 29 años sin conocer su identidad, en 2009 logró determinar su verdadero origen.
"Estoy conforme con la actuación del Tribunal, en un proceso que considero inobjetable, en el que fueron consideradas las peticiones de cada una de las partes y se facilitó la presentación de pruebas y testigos", dijo Guido Quieto, querellante en la causa por el secuestro y desaparición de su padre.
Quito adelantó que continuará impulsando la investigación del caso. "Voy a persistir hasta lograr el procesamiento de la gente que participó en la detención y en las torturas que sufrió mi viejo. Fuimos por la cabeza, ahora iremos por lo que está más abajo."
También destacó el comportamiento de la fiscalía, que en su alegato solicitó una sanción para el fiscal Sica por las demoras y deficiencias en el juicio.
Fuente:TiempoArgentino
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1 de diciembre de 2013
LESA HUMANIDAD: se conocerá la sentencia en un juicio oral por crímenes cometidos en Campo de Mayo.
Domingo, 01 de diciembre de 2013
Lesa humanidad: se conocerá la sentencia en un juicio oral por crímenes cometidos en Campo de Mayo
Será este martes. Previamente, ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, los siete acusados tendrán la posibilidad de expresar sus últimas palabras. Entre los imputados se encuentran Reynaldo Bignone y Santiago Riveros. CIJ TV transmitirá en vivo
Lesa humanidad: se conocerá la sentencia en un juicio oral por crímenes cometidos en Campo de Mayo
Será este martes. Previamente, ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, los siete acusados tendrán la posibilidad de expresar sus últimas palabras. Entre los imputados se encuentran Reynaldo Bignone y Santiago Riveros. CIJ TV transmitirá en vivo
Este martes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín tiene previsto dar a conocer el veredicto en el séptimo juicio oral por crímenes cometidos en jurisdicción de Campo de Mayo.
Previamente, el tribunal -integrado por los jueces Hector Omar Sagretti, Marta Isabel Milloc, Daniel Antonio Petrone- tiene previsto otorgar a los imputados la posibilidad de pronunciar las últimas palabras antes de que se conozca la sentencia.
En este juicio, son juzgados Reynaldo Benito Bignone, Santiago Riveros, Aída Blandida Dusolina Pizzoni, Margarita Fernández, Roberto Cándido Duarte, Jorge J. Buffe y Alicia I. Rodríguez.
Por estos mismos hechos también estaban imputados Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy, quienes fueron apartados de la investigación por fallecimiento.
En este debate oral se investigan los hechos que conforman las siguientes causas:
Causa N° 2630 "Riveros, Santiago O. s/inf. arts. 144 bis y otros del CP": En las presentes actuaciones se investiga el hecho del que resultó víctima Roberto Quieto. Luego del fallecimiento de Videla y Harguindeguy, el único imputado en el juicio es Riveros. Son querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Querella Unificada en cabeza de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la querella particular de Guido Quieto con patrocinio de los Dres. Pablo Llonto y Florencia Arietto y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
Causa N° 2687 "Dusolina Pizzoni, Aída Blandida s/inf. arts. 146 y otros del CP": Se juzgará la apropiación de Martín Guillermo Amarillo Molfino y por el que se encuentra imputada Aída Blandida Dusolina Pizzoni. Son querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, unificada en cabeza de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
Causa N° 2676 "Duarte, Roberto C. y otros s/inf. arts. 146 y otros del CP": Se juzgarán los hechos en los que se secuestro a María Delia Leiva junto a su bebé Gabriel Matías Cevasco. Se encuentran imputados: Riveros, Bignone, Fernández, Duarte, Buffe y Rodríguez. Son querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Querella Unificada en cabeza de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la querella particular de Adriana Leiva con patrocinio del Dr. Marcelo E. Mónaco.
Fuente:CIJ.gov.ar
24 de octubre de 2013
CAMPO DE MAYO: El nieto Guillermo Amarilla declaró en el nuevo juicio por Campo de Mayo.
El nieto Guillermo Amarilla declara hoy en el nuevo juicio por Campo de Mayo
martes, 22 de octubre de 2013
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín hará apertura de esa causa y leerá la acusación contra la apropiadora de Guillermo, Aída Blandina Dusolina Pizzoni. El apropiador, el Oficial Jorge Oscar García de la Paz, ya fallecido, no llegó a ser juzgado.
Por este caso declararán también Diego Sebastián Hidalgo González, amigo de Guillermo; Ana María Ávalos, amiga de Silvia Tolchinsky (sobreviviente de Campo de Mayo); Liliana Beatriz Medina y Mirta Pastore, vecinas de la apropiadora; y Belén Rodríguez Cardozo, directora del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
Guillermo Amarilla Molfino nació el 27 de junio de 1980 durante el cautiverio de su madre, en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Sus padres, Marcela Esther Molfino y Guillermo Amarilla, fueron secuestrados el 17 de octubre de 1979 por miembros de las fuerzas de seguridad y ambos permanecen aún desaparecidos.
El 13 de diciembre de 2007, Guillermo se presentó ante la CONADI con dudas sobre su origen biológico. El estudio de ADN realizado por el BNDG, comunicó el 30 de octubre de 2009 que Guillermo Amarilla y Marcela Esther Molfino eran los padres biológicos de Guillermo Amarilla Molfino.
El juicio
Los casos a investigar, en este noveno juicio, corresponden al secuestro y desaparición de Roberto Quieto -ocurrido en 1975-, y a las apropiaciones de Gabriel Matías Cevasco y de Guillermo, ambos hijos de militantes desaparecidos y nietos restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo.
Los imputados serán el ex comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros; el ex jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares y ex presidente de facto, Reynaldo Bignone; y los apropiadores Roberto Cándido Duarte; Margarita Noemí Fernández; y Aída Blandina Dusolina Pizzoni.
También serán juzgados los civiles Liliana Mabel Álvarez, Alicia Itatí Rodríguez y Jorge José Buffe.
Por la parte acusatoria, además del fiscal Marcelo García Berro, actuarán las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Guido Quieto, hijo del dirigente desaparecido.
Se estima que la causa dure alrededor de diez audiencias y que la sentencia se conocerá en diciembre. Las audiencias públicas ante el TOF 2 se desarrollan en Pueyrredón 3728, partido de San Martín. Esperamos contar con la colaboración de los medios y de la sociedad en general para difundir los juicios contra los genocidas que secuestraron y desaparecieron a nuestros hijos y nietos.
Fuente:ElEsquiu
martes, 22 de octubre de 2013
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín hará apertura de esa causa y leerá la acusación contra la apropiadora de Guillermo, Aída Blandina Dusolina Pizzoni. El apropiador, el Oficial Jorge Oscar García de la Paz, ya fallecido, no llegó a ser juzgado.
Por este caso declararán también Diego Sebastián Hidalgo González, amigo de Guillermo; Ana María Ávalos, amiga de Silvia Tolchinsky (sobreviviente de Campo de Mayo); Liliana Beatriz Medina y Mirta Pastore, vecinas de la apropiadora; y Belén Rodríguez Cardozo, directora del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
Guillermo Amarilla Molfino nació el 27 de junio de 1980 durante el cautiverio de su madre, en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Sus padres, Marcela Esther Molfino y Guillermo Amarilla, fueron secuestrados el 17 de octubre de 1979 por miembros de las fuerzas de seguridad y ambos permanecen aún desaparecidos.
El 13 de diciembre de 2007, Guillermo se presentó ante la CONADI con dudas sobre su origen biológico. El estudio de ADN realizado por el BNDG, comunicó el 30 de octubre de 2009 que Guillermo Amarilla y Marcela Esther Molfino eran los padres biológicos de Guillermo Amarilla Molfino.
El juicio
Los casos a investigar, en este noveno juicio, corresponden al secuestro y desaparición de Roberto Quieto -ocurrido en 1975-, y a las apropiaciones de Gabriel Matías Cevasco y de Guillermo, ambos hijos de militantes desaparecidos y nietos restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo.
Los imputados serán el ex comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros; el ex jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares y ex presidente de facto, Reynaldo Bignone; y los apropiadores Roberto Cándido Duarte; Margarita Noemí Fernández; y Aída Blandina Dusolina Pizzoni.
También serán juzgados los civiles Liliana Mabel Álvarez, Alicia Itatí Rodríguez y Jorge José Buffe.
Por la parte acusatoria, además del fiscal Marcelo García Berro, actuarán las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Guido Quieto, hijo del dirigente desaparecido.
Se estima que la causa dure alrededor de diez audiencias y que la sentencia se conocerá en diciembre. Las audiencias públicas ante el TOF 2 se desarrollan en Pueyrredón 3728, partido de San Martín. Esperamos contar con la colaboración de los medios y de la sociedad en general para difundir los juicios contra los genocidas que secuestraron y desaparecieron a nuestros hijos y nietos.
Fuente:ElEsquiu
22 de octubre de 2013
CAMPÒ DE MAYO: Un nieto restituido, Martín Guillermo Amarilla Molfino, declara en el nuevo juicio.
21.10.2013
En el proceso también se abordará la apropiación de Gabriel Matías Cevasco
Un nieto restituido, Martín Guillermo Amarilla Molfino, declara en el nuevo juicio de Campo de Mayo
En el proceso también se abordará la apropiación de Gabriel Matías Cevasco
Un nieto restituido, Martín Guillermo Amarilla Molfino, declara en el nuevo juicio de Campo de Mayo
Martín Guillermo Amarilla Molfino
El nieto restituido Martín Guillermo Amarilla Molfino declarará mañana a las 9.30 en el nuevo juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Campo de Mayo, que incluye la causa por su apropiación en 1980. El Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín abrirá mañana esta causa y leerá la acusación contra la apropiadora de Guillermo, Aída Blandina Dusolina Pizzoni, informó hoy un comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo. El apropiador, el Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Jorge Oscar García de la Paz, no llegó a ser juzgado debido a que falleció años atrás.
El nieto restituido Martín Guillermo Amarilla Molfino declarará mañana a las 9.30 en el nuevo juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Campo de Mayo, que incluye la causa por su apropiación en 1980. El Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín abrirá mañana esta causa y leerá la acusación contra la apropiadora de Guillermo, Aída Blandina Dusolina Pizzoni, informó hoy un comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo. El apropiador, el Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Jorge Oscar García de la Paz, no llegó a ser juzgado debido a que falleció años atrás.
Por este caso, declararán como testigos Diego Sebastián Hidalgo González, amigo de Guillermo; Ana María Avalos, amiga de Silvia Tolchinsky, sobreviviente de Campo de Mayo; Liliana Beatriz Medina y Mirta Pastore, vecinas de la apropiadora, y Belén Rodríguez Cardozo, directora del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
Martín Guillermo Amarilla Molfino nació el 27 de junio de 1980, durante el cautiverio de su madre, en el Hospital Militar de Campo de Mayo.
Sus padres, los militantes montoneros Marcela Esther Molfino y Guillermo Amarilla fueron secuestrados el 17 de octubre de 1979 y aún permanecen desaparecidos.
El 13 de diciembre de 2007, Martín se presentó ante la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) con dudas sobre su origen biológico. El estudio de ADN realizado por el Banco Nacional de
Datos Genéticos indicó, el 30 de octubre de 2009, que Guillermo Amarilla y Marcela Esther Molfino eran sus padres biológicos.
Este noveno juicio de la megacausa de Campo de Mayo investiga también el secuestro y desaparición del dirigente montonero Roberto Quieto y la apropiación de Gabriel Matías Cevasco, hijo de María Delia Leiva, desaparecida durante la dictadura.
Como Guillermo Amarilla, Gabriel es un nieto restituido por Abuelas.
Los acusados de este juicio son los ex jefes de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros, y del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares y luego presidente de facto Reynaldo Bignone; y los apropiadores Roberto Cándido Duarte, Margarita Noemí Fernández y Aída Blandina Dusolina Pizzoni.
También serán juzgados Liliana Mabel Alvarez, Alicia Itatí Rodríguez y Jorge José Buffe.
Además del fiscal Marcelo García Berro, actuarán en la acusación las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del abogado Guido Quieto, hijo del desaparecido Roberto Quieto.
El juicio podría desarrollarse en unas diez audiencias y llegar a sentencia en diciembre de este año, según estimaciones de fuentes cercanas al Tribunal.
Las audiencias públicas ante el TOF 2 se desarrollan en Pueyrredón 3728, en el partido bonaerense de San Martín.
Fuente:Telam
18 de octubre de 2013
CAMPO DE MAYO: En la primera jornada del juicio, el secuestro de Roberto Quieto fue tema central.
17.10.2013
Martin Gras dijo haberse enterado de la suerte de RQ por boca de un interrogador
Campo de Mayo: En la primera jornada del juicio, el secuestro de Roberto Quieto fue tema central
Martin Gras dijo haberse enterado de la suerte de RQ por boca de un interrogador
Campo de Mayo: En la primera jornada del juicio, el secuestro de Roberto Quieto fue tema central
Martín Gras, sobreviviente de la ESMA que declaró en el noveno juicio por Campo de Mayo.
El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín dio inicio hoy a un nuevo juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en Campo de Mayo, en el que se investiga el secuestro y desaparición del dirigente montonero Roberto Quieto y la apropiación de dos niños, hoy nietos restituidos. Los imputados son el ex comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros, el ex jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares y ex presidente de facto Reynaldo Bignone, y los apropiadores Roberto Cándido Duarte, Margarita Noemí Fernández y Aída Blandina Dusolina Pizzoni. También son juzgados los civiles Jorge Eduardo Ramella (médico), Liliana Mabel Alvarez, Alicia Itatí Rodríguez y Jorge José Buffe.
El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín dio inicio hoy a un nuevo juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en Campo de Mayo, en el que se investiga el secuestro y desaparición del dirigente montonero Roberto Quieto y la apropiación de dos niños, hoy nietos restituidos. Los imputados son el ex comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros, el ex jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares y ex presidente de facto Reynaldo Bignone, y los apropiadores Roberto Cándido Duarte, Margarita Noemí Fernández y Aída Blandina Dusolina Pizzoni. También son juzgados los civiles Jorge Eduardo Ramella (médico), Liliana Mabel Alvarez, Alicia Itatí Rodríguez y Jorge José Buffe.
El tribunal, encabezado por su presidente, Héctor Sagretti, y compuesto por los jueces Marta Milloc y Daniel Petrone, dio comienzo a las 10 a la lectura de la elevación a juicio de la causa 2630. En la audiencia se trató el caso 31, sobre el secuestro y desaparición del dirigente montonero Roberto Quieto, ocurrido el 28 de diciembre de 1975, en la que Riveros -único imputado por el fallecimiento de Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy- está acusado de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente gravada por amenazas y tormentos.
En el proceso, Guido Quieto, hijo del dirigente desaparecido, quien tenía seis años cuando ocurrieron los hechos, actuará como abogado querellante. También se sentarán en la querella la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, y el abogado Pablo Llonto.
Según consta en el expediente, ese día Quieto se encontraba en el "Recreo Playa Grande", ubicado a orillas del río de la Plata, de la localidad de Martínez, partido de San Isidro, acompañado por familiares que fueron sorprendidos cuando un grupo de diez personas que portaban armas largas les ordenó ponerse "cuerpo a tierra", efectuando disparos intimidatorios. En esas circunstancias, el sujeto que dirigía el procedimiento y que se identificó como de apellido "Rosa", apuntó a Quieto con un arma y le ordenó que lo siguiera, y ante la resistencia del dirigente, fue reducido y golpeado en la cabeza con la culata de un arma y arrastrado hacia un automóvil marca Torino de color rojo. Por testimonios de sobrevivientes, Quieto fue visto en el centro clandestino El Campito, que funcionó en la Guarnición Militar de Campo de Mayo, continuando hasta ahora desaparecido.
Tras la negativa de Riveros de prestar declaración, el primer testimonio que recibió el tribunal fue el de Martín Gras, amigo de Quieto y sobreviviente del centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA, quien relató que durante su cautiverio, un represor que lo interrogaba, cuyo alias era "Cortes", y que después reconoció como Miguel Conde, le había asegurado que había interrogado a Quieto en Campo de Mayo. "Trataba de ganar mi simpatía y se comportaba como un civil que hacía de `bueno de la película´ y en ese tono lo elogiaba, decía que era brillante y que estaba vivo en Campo de Mayo, que era bien tratado y que dirigía un equipo de asesoría política como si Quieto estuviera en un mundo paradisíaco", relató. Ante esa declaración, Gras contó que preguntó al represor mirándolo a los ojos: "`¿Vos me querés decir que Quieto está vivo?´", y que "Cortés" respondió: "Hay preguntas que no me tenés que hacer, no me obligues a mentir", con lo cual el testigo concluyó que "todo lo que decía era falso". Relató también que "después reconoció que Quieto había muerto y que `el Negro se equivocó esta vez´", al comparar su detención con las ocurridas en 1971 y en 1974.
El segundo testimonio fue el de Gladys Reartes, cuñada de Quieto y testigo del secuestro, quien relató el momento en que su hijo Manuel se encontraba en brazos del dirigente cuando fue interceptado por los diez atacantes, y cómo logró protegerlo en el interior de un auto.
La sala de audiencias se encontraba colmada por familiares de detenidos desaparecidos, alumnos de escuelas secundarias del partido, representantes de Madres de Plaza de Mayo y del candidato a concejal del Frente para la Victoria por San Martín, Hernán Letcher.
La próxima audiencia será mañana a las 10 en la sede tribunalicia de avenida Pueyrredón 3728, partido de San Martín, con el testimonio de José Luis Quieto, hermano del dirigente, Susana Piatti, cuñada de Quieto, y -sin confirmar aunque fue citado- uno de los fundadores de Montoneros, Roberto Perdía.
Fuente:Telam
17 de octubre de 2013
Comienza el juicio por la desaparición de Roberto Quieto.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín dará comienzo hoy a un nuevo juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en Campo de Mayo. En este caso, se investigará el secuestro y desaparición del dirigente montonero Roberto Quieto y la apropiación de dos niños que hoy son nietos restituidos.
En dictadura, Campo de Mayo fue uno de los más grandes centros de torturas y exterminio que operaron en el Conurbano Bonaerense. Con unas 5000 hectáreas de extensión, allí funcionó una maternidad clandestina y tres prisiones para alojar secuestrados.
El TOF 1 buscará juzgar el secuestro y desaparición en 1975 de Quieto, así como las apropiaciones de Gabriel Matías Cevasco y de Martín Amarilla Molfino, hijos de militantes desaparecidos que fueron luego restituidos por las Abuelas de Plaza de Mayo.
Los imputados son Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares; el ex jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares y ex presidente de facto Reynaldo Bignone; y los apropiadores Roberto Cándido Duarte, Margarita Noemí Fernández y Aída Blandina Dusolina Pizzoni. El tribunal también juzgará a cuatro civiles: el médico Jorge Eduardo Ramella, Liliana Mabel Álvarez, Alicia Itatí Rodríguez y Jorge José Buffe.
La audiencia de debate comenzará a las 10, en la nueva sede tribunalicia de Pueyrredón 3728, partido de San Martín. Se trata de una dependencia destinada especialmente a celebrar juicios por delitos de lesa humanidad.
Según estableció el TOF 1, el secuestro y desaparición de Quieto será tratado en las audiencias del 17 y 18 de octubre, mientras que la apropiación de Amarilla Molfino lo será el 22 y el caso de Cevasco quedará para los días 25, 29, 30 de octubre y 1 de noviembre.
Fuente:TiempoArgentino
15 de octubre de 2013
CAMPO DE MAYO: El jueves comienza el noveno juicio por crímenes de lesa humanidad.
14.10.2013
lesa humanidad
El jueves comienza el noveno juicio por crímenes en Campo de Mayo
El querellante lleva una década procurando el inicio de este juicio, que será el noveno de la megacausa de Campo de Mayo y cuyo comienzo se demoró por diversas razones, entre las que mencionó "la actuación del fiscal Jorge Sica", que deploró. "Por suerte cambió el fiscal y ahora las cosas caminan con otro ritmo", explicó Guido en una conversación en la que también habló de la enorme carga emocional que sobrelleva este juicio por la desaparición de su padre, secuestrado cuando era uno de los principales dirigentes de la organización Montoneros.
Como querellante y en el plano humano, Guido se siente agradecido hacia mucha gente que le brindó apoyo en estos años y, en especial, hacia los abogados Florencia Arietto y Pablo Llonto.
Las audiencias del juicio se extenderán del 17 al 25 de octubre, según lo previsto por el Tribunal, que probablemente dictará sentencia en diciembre próximo.
Cuando se perpetró el secuestro del "Negro" Quieto, Harguindeguy era jefe de la Policía Federal en el último tramo del gobierno de Isabel Perón y después fue ministro del Interior de la última dictadura.
Según relató años después el ex dirigente montonero Roberto Perdía, a comienzos de 1976 se reunió secretamente con Harguindeguy, quien le anticipó aspectos de cómo actuaría la dictadura terrorista de Estado y le dijo, sobre el motivo del encuentro: "No lo van a volver a ver más a Quieto. En realidad, no volverán a ver a nadie más".
En cuanto a Riveros, en esa época jefe de Institutos Militares en Campo de Mayo, su abogado defensor Florencio Varela (ya fallecido) admitió en su momento que Quieto había estado en el Batallón 601 de inteligencia de esa guarnició militar, en declaraciones a la periodista Alejandra Vignolles, que ésta consignó en su libro "Doble condena".
"Por su jerarquía en Campo de Mayo, Riveros era responsable de las cosas que sucedían ahí adentro", apuntó Guido sobre la causa caratulada "Riveros, Santiago Omar y otros por privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio, etcétera".
Aunque en esta etapa judicial sólo el ex jefe de Institutos Militares está acusado por la desaparición de Roberto Quieto, "la instrucción la continúo y tenemos pistas sobre otras personas que han podido participar no sólo en la detención sino que han interrogado a mi papá", relató Guido.
Pese a que conspira contra esta búsqueda de verdad y justicia "el paso de los años, que va cerrando muchas puertas, yo no voy a bajar los brazos hasta llegar a la culminación, que es saber la verdad", agregó.
Sobre la participación en el hecho de diversas fuerzas represivas, apuntó que debió existir "zona liberada" para que su padre fuera capturado durante un encuentro familiar en la concurrida costa del río a la altura de la localidad bonaerense de Martínez, entre otros indicios.
Preguntado sobre si tenía recuerdos propios de lo sucedido ese 28 de diciembre de 1975, Guido Quieto respondió: "Sí, por supuesto. No es de las cosas que puedas olvidar en la vida".
"Los encuentros con mi papá eran programados, tratando de que fueran en lugares públicos, con la idea de que ese era el mejor modo de estar protegidos. Esa vez, habíamos pasado el día en un lugar con árboles, al lado del río, al que iba muchísima gente", evocó.
"Cuando él ya se estaba por ir, llegan unos autos con gente armada y disparando. Imaginate, todo el mundo debajo de los autos. Yo era chiquito, seis años tenía, y posiblemente a eso le debo que ahora esté acá, porque, de haber sido más grande, tal vez mi actitud hubiese sido otra. Bueno, en este contexto fue que se lo
llevaron".
Fuente:Telam
El jueves comienza el noveno juicio por crímenes en Campo de Mayo
El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín dará inicio el próximo jueves a un nuevo juicio oral, en el que se investigará el secuestro y desaparición del dirigente montonero Roberto Quieto y la apropiación de dos nietos restituidos.
El tribunal fijó para ese día a las 10 el comienzo de la audiencia de debate en la nueva sede tribunalicia de Pueyrredón 3728, partido de San Martín, destinada especialmente a la realización de juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en esa jurisdicción.
Los casos a investigar, en este noveno juicio, corresponden al secuestro y desaparición de Roberto Quieto -ocurrido en 1975-, y a las apropiaciones de Gabriel Matías Cevasco y de Martín Amarilla Molfino, hijos de militantes desaparecidos y nietos restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo.
Los imputados serán el ex comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros; el ex jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares y ex presidente de facto, Reynaldo Bignone; y los apropiadores Roberto Cándido Duarte; Margarita Noemí Fernández; y Aída Blandina Dusolina Pizzoni.
También serán juzgados los civiles Jorge Eduardo Ramella (médico), Liliana Mabel Alvarez, Alicia Itatí Rodríguez y Jorge José Buffe.
Por la parte acusatoria, además del fiscal Marcelo García Berro, actuarán las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Guido Quieto, hijo del dirigente desaparecido.
Según fuentes vinculadas a la causa, se estima que habrá alrededor de diez audiencias y que la sentencia se conocerá en diciembre.
De acuerdo al cronograma judicial, el secuestro y desaparición de Quieto será tratado en las audiencias del 17 y 18 de octubre, en tanto que la apropiación de Amarilla Molfino será el 22 y el caso de Cevasco quedará para los días 25, 29, 30 de octubre y 1º de noviembre.
El último juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo durante el terrorismo de Estado se realizó este año con la causa caratulada “Buitrago, Sergio y otros” donde se investigaron delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, allanamientos ilegales y robo agravado en perjuicio de 31 víctimas.
En esa oportunidad, el Tribunal Oral Criminal 5 de San Martín condenó a Riveros a 25 años de prisión; al ex prefecto Servando Ortega a 9 años de prisión domiciliaria y al ex comisario Juan Fernando Meneghini, a 6 años, cumplidos con la prisión preventiva, por lo que quedó en libertad.
En tanto, el ex capitán Sergio Buitrago -también imputado- falleció durante el proceso judicial sin recibir condena.
Campo de Mayo fue uno de los más grandes centros de torturas y exterminio que funcionó en el conurbano bonaerense durante la última dictadura cívico militar con 5.000 hectáreas y allí funcionó una maternidad clandestina y tres lugares de alojamiento de secuestrados.
Se calcula que por los tres centros clandestinos que había en el lugar pasaron unas 4.000 víctimas de las cuales sobrevivió sólo un diez por ciento.
A esa guarnición eran llevados secuestrados de la zona 4 del Ejército que abarcaba San Miguel, Vicente López, Tres de Febrero, Pilar, Escobar, Tigre, San Fernando, General San Martín, Exaltación de la Cruz, Zárate, Campana y San Isidro.
Los casos a investigar, en este noveno juicio, corresponden al secuestro y desaparición de Roberto Quieto -ocurrido en 1975-, y a las apropiaciones de Gabriel Matías Cevasco y de Martín Amarilla Molfino, hijos de militantes desaparecidos y nietos restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo.
Los imputados serán el ex comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros; el ex jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares y ex presidente de facto, Reynaldo Bignone; y los apropiadores Roberto Cándido Duarte; Margarita Noemí Fernández; y Aída Blandina Dusolina Pizzoni.
También serán juzgados los civiles Jorge Eduardo Ramella (médico), Liliana Mabel Alvarez, Alicia Itatí Rodríguez y Jorge José Buffe.
Por la parte acusatoria, además del fiscal Marcelo García Berro, actuarán las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Guido Quieto, hijo del dirigente desaparecido.
Según fuentes vinculadas a la causa, se estima que habrá alrededor de diez audiencias y que la sentencia se conocerá en diciembre.
De acuerdo al cronograma judicial, el secuestro y desaparición de Quieto será tratado en las audiencias del 17 y 18 de octubre, en tanto que la apropiación de Amarilla Molfino será el 22 y el caso de Cevasco quedará para los días 25, 29, 30 de octubre y 1º de noviembre.
El último juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo durante el terrorismo de Estado se realizó este año con la causa caratulada “Buitrago, Sergio y otros” donde se investigaron delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, allanamientos ilegales y robo agravado en perjuicio de 31 víctimas.
En esa oportunidad, el Tribunal Oral Criminal 5 de San Martín condenó a Riveros a 25 años de prisión; al ex prefecto Servando Ortega a 9 años de prisión domiciliaria y al ex comisario Juan Fernando Meneghini, a 6 años, cumplidos con la prisión preventiva, por lo que quedó en libertad.
En tanto, el ex capitán Sergio Buitrago -también imputado- falleció durante el proceso judicial sin recibir condena.
Campo de Mayo fue uno de los más grandes centros de torturas y exterminio que funcionó en el conurbano bonaerense durante la última dictadura cívico militar con 5.000 hectáreas y allí funcionó una maternidad clandestina y tres lugares de alojamiento de secuestrados.
Se calcula que por los tres centros clandestinos que había en el lugar pasaron unas 4.000 víctimas de las cuales sobrevivió sólo un diez por ciento.
A esa guarnición eran llevados secuestrados de la zona 4 del Ejército que abarcaba San Miguel, Vicente López, Tres de Febrero, Pilar, Escobar, Tigre, San Fernando, General San Martín, Exaltación de la Cruz, Zárate, Campana y San Isidro.
Tenía 6 años cuando un grupo de tareas secuestró a su padre, alto dirigente de F
Un hijo del "Negro" Roberto Quieto es querellante en juicio por el secuestro de su padre
Roberto Quieto: Sigue siendo un enigma su secuestro y desaparición.
Guido Quieto tenía 6 años cuando presenció el 28 de diciembre de 1975 el secuestro de su padre, Roberto Quieto, desde entonces detenido desaparecido, y hoy como abogado será querellante desde el próximo jueves en el juicio por ese y otros delitos de lesa humanidad cometidos hasta 1983 en jurisdicción de Campo de Mayo, la mayor guarnición militar del país. "Para este juicio oral, había dos procesados por el secuestro de mi papá, que eran Albano Harguindeguy y Santiago Riveros. Lamentablemente, Harguindeguy muere impune" hace un año, dijo Guido en una entrevista con Télam.
Un hijo del "Negro" Roberto Quieto es querellante en juicio por el secuestro de su padre
Guido Quieto tenía 6 años cuando presenció el 28 de diciembre de 1975 el secuestro de su padre, Roberto Quieto, desde entonces detenido desaparecido, y hoy como abogado será querellante desde el próximo jueves en el juicio por ese y otros delitos de lesa humanidad cometidos hasta 1983 en jurisdicción de Campo de Mayo, la mayor guarnición militar del país. "Para este juicio oral, había dos procesados por el secuestro de mi papá, que eran Albano Harguindeguy y Santiago Riveros. Lamentablemente, Harguindeguy muere impune" hace un año, dijo Guido en una entrevista con Télam.
El querellante lleva una década procurando el inicio de este juicio, que será el noveno de la megacausa de Campo de Mayo y cuyo comienzo se demoró por diversas razones, entre las que mencionó "la actuación del fiscal Jorge Sica", que deploró. "Por suerte cambió el fiscal y ahora las cosas caminan con otro ritmo", explicó Guido en una conversación en la que también habló de la enorme carga emocional que sobrelleva este juicio por la desaparición de su padre, secuestrado cuando era uno de los principales dirigentes de la organización Montoneros.
Como querellante y en el plano humano, Guido se siente agradecido hacia mucha gente que le brindó apoyo en estos años y, en especial, hacia los abogados Florencia Arietto y Pablo Llonto.
Las audiencias del juicio se extenderán del 17 al 25 de octubre, según lo previsto por el Tribunal, que probablemente dictará sentencia en diciembre próximo.
Cuando se perpetró el secuestro del "Negro" Quieto, Harguindeguy era jefe de la Policía Federal en el último tramo del gobierno de Isabel Perón y después fue ministro del Interior de la última dictadura.
Según relató años después el ex dirigente montonero Roberto Perdía, a comienzos de 1976 se reunió secretamente con Harguindeguy, quien le anticipó aspectos de cómo actuaría la dictadura terrorista de Estado y le dijo, sobre el motivo del encuentro: "No lo van a volver a ver más a Quieto. En realidad, no volverán a ver a nadie más".
En cuanto a Riveros, en esa época jefe de Institutos Militares en Campo de Mayo, su abogado defensor Florencio Varela (ya fallecido) admitió en su momento que Quieto había estado en el Batallón 601 de inteligencia de esa guarnició militar, en declaraciones a la periodista Alejandra Vignolles, que ésta consignó en su libro "Doble condena".
"Por su jerarquía en Campo de Mayo, Riveros era responsable de las cosas que sucedían ahí adentro", apuntó Guido sobre la causa caratulada "Riveros, Santiago Omar y otros por privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio, etcétera".
Aunque en esta etapa judicial sólo el ex jefe de Institutos Militares está acusado por la desaparición de Roberto Quieto, "la instrucción la continúo y tenemos pistas sobre otras personas que han podido participar no sólo en la detención sino que han interrogado a mi papá", relató Guido.
Pese a que conspira contra esta búsqueda de verdad y justicia "el paso de los años, que va cerrando muchas puertas, yo no voy a bajar los brazos hasta llegar a la culminación, que es saber la verdad", agregó.
Sobre la participación en el hecho de diversas fuerzas represivas, apuntó que debió existir "zona liberada" para que su padre fuera capturado durante un encuentro familiar en la concurrida costa del río a la altura de la localidad bonaerense de Martínez, entre otros indicios.
Preguntado sobre si tenía recuerdos propios de lo sucedido ese 28 de diciembre de 1975, Guido Quieto respondió: "Sí, por supuesto. No es de las cosas que puedas olvidar en la vida".
"Los encuentros con mi papá eran programados, tratando de que fueran en lugares públicos, con la idea de que ese era el mejor modo de estar protegidos. Esa vez, habíamos pasado el día en un lugar con árboles, al lado del río, al que iba muchísima gente", evocó.
"Cuando él ya se estaba por ir, llegan unos autos con gente armada y disparando. Imaginate, todo el mundo debajo de los autos. Yo era chiquito, seis años tenía, y posiblemente a eso le debo que ahora esté acá, porque, de haber sido más grande, tal vez mi actitud hubiese sido otra. Bueno, en este contexto fue que se lo
llevaron".
Fuente:Telam
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