Alertan que en Tucumán aún no se logran organizar las 640 causas de la dictadura
Auat hizo varios llamados de atención a la Justicia Federal de Tucumán.
Desde la Procuración General de la Nación advirtieron que en la Justicia Federal de Tucumán no se logra "consolidar totalmente" una organización de los 640 expedientes contra los represores que actuaron durante la última dictadura militar. En sólo 25 causas se han dictado procesamientos. Objetaron que en el primer juicio contra Bussi y Menéndez sólo se trató el caso de una víctima. Además, alertaron que se detectó un desaprovechamiento del material probatorio. El informe llegó a manos de Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En un informe crítico, las autoridades de la Procuración General de la Nación alertaron que en Tucumán todavía no se logra consolidar la organización de las 640 causas que se tramitan en la Justicia Federal contra los represores que actuaron durante la última dictadura militar. "En Tucumán no se formaron causas con un objeto procesal abarcador (por ejemplo, un centro clandestino, una subzona o área de represión) comprensivo de numerosos casos individuales, sino que, contrariamente, se ha verificado la tendencia hacia la formación de causas por víctima o por pocos hechos. Si bien esta tendencia ha sido, en parte, contrarrestada por idea de acumulación, todavía no se ha logrado consolidar totalmente una organización de los procesos que permita un análisis conjunto de hechos íntimamente vinculados entre sí y que tienen prueba y responsables comunes", señala el informe elevado la semana pasada por el titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado de la Procuración, Jorge Auat.
En ese sentido, objetó que, si bien se trató de un hecho histórico, el juicio que condenó a prisión perpetua a los máximos responsables de la represión ilegal, Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, sólo trató el caso de una sola víctima: el ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse. "No puede dejar de observarse que la relación entre la dimensión histórica de los hechos y su reflejo en el juicio no es la ideal", afirmó al sostener que este caso podría haberse agrupado a las víctimas que tuvieron alguna actuación pública en Tucumán antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Asimismo, recalcó en el escrito que el objetivo es alcanzar juicios significativos, que abarquen la mayor cantidad de hechos vinculados entre sí y la mayor cantidad de imputados.
Para ello el Ministerio Público –según el funcionario nacional- ya reforzó recientemente el plantel de personas con dedicación exclusiva para las causas por violaciones a los derechos humanos, y que en igual sentido trabaja el Poder Judicial. En la actualidad, en la Justicia Federal existen entre 580 y 640 causas, pero sólo en 25 se han dictado procesamiento, de las cuales en 16 esos actos se encuentran firmes o han sido confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Entre los llamados de atención, Auat aseguró que la información de cada una de las causas no ha sido suficientemente cruzada o vinculada con la del resto, lo cual implica –según el funcionario- un desaprovechamiento del material probatorio existente. También aseguró que la megacausa del ex Arsenal no agota los casos ocurridos ni contiene a todas las personas que se encuentran vinculadas con la comisión de los hechos. Además, en el caso del expediente de Nueva Baviera alertó que no hubo avances significativos . "Las causas de este expediente se encuentran desde hace años prácticamente paralizadas", sostuvo.
En el informe se resalta que la represión ilegal en Tucumán tuvo características diferenciadoras con respecto al resto del país. Por un lado, la cantidad de casos sucedidos en la provincia y por el otro que un porcentaje muy significativo de los hechos ocurrieron antes del quiebre institucional del 24 de marzo de 1976, a través del llamado Operativo Independencia. Otra de las diferencias que se destaca es que en el territorio tucumano existían cientos de centros clandestinos de detención como la Escuelita de Famaillá o el Ingenio Nueva Baviera. Y en el caso particular del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, incluso llegaban las víctimas que habían pasado antes por otros dos: la Escuela Universitaria de Educación Física y el llamado "Reformatorio". "Es decir, no sólo existían diversos núcleos represivos, sino que algunos de ellos trabajaban de manera correlativa, derivando los detenidos de uno a otro", señalaron en el escrito.
Según el detalle judicial, la megacausa de la Jefatura de Policía incluye 75 causas que comprenden los hechos cometidos contra 102 víctimas; la del ex Arsenal, 87 causas con 103 víctimas; la del penal de Villa Urquiza, 21 expedientes que representan a 32 víctimas y; la del ingenio Nueva Baviera, 29 causas con 44 desaparecidos.
Pero además existen otros cuatro grupos de causas; dos de ellos se refieren al Operativo Independencia (uno relacionado al período de actuación de Acdel Vilas y el segundo al de Antonio Domingo Bussi). El tercer grupo está representado por una causa llamada "Incoada", que acumula alrededor de 153 causas y 169 víctimas, con la particularidad de que este expediente no posee datos concretos sobre el lugar de detención de los desaparecidos. Después, están las causas sueltas que suman 57 por hechos cometidos contra 61 personas.
Mientras tanto, están en espera los requerimiento a elevaciones a juicio de la causa "Romero Niklison" y del primer grupo de víctimas que pasaron por la ex Jefatura de Policía. Las autoridades nacionales recordaron que el objetivo es lograr juicios significativos (tanto en cantidad de hechos como de imputados) que den cuenta de la magnitud y el modo de actuar del terrorismo de Estado en Tucumán durante la década del '70.
El informe fue elevado por el titular de la Procuración General de la Nación, Esteban Righi, al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti; al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Ernesto Wayer y al fiscal general ante dicha Cámara, Gustavo Antonio Gómez.
Auat hizo varios llamados de atención a la Justicia Federal de Tucumán.Desde la Procuración General de la Nación advirtieron que en la Justicia Federal de Tucumán no se logra "consolidar totalmente" una organización de los 640 expedientes contra los represores que actuaron durante la última dictadura militar. En sólo 25 causas se han dictado procesamientos. Objetaron que en el primer juicio contra Bussi y Menéndez sólo se trató el caso de una víctima. Además, alertaron que se detectó un desaprovechamiento del material probatorio. El informe llegó a manos de Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En un informe crítico, las autoridades de la Procuración General de la Nación alertaron que en Tucumán todavía no se logra consolidar la organización de las 640 causas que se tramitan en la Justicia Federal contra los represores que actuaron durante la última dictadura militar. "En Tucumán no se formaron causas con un objeto procesal abarcador (por ejemplo, un centro clandestino, una subzona o área de represión) comprensivo de numerosos casos individuales, sino que, contrariamente, se ha verificado la tendencia hacia la formación de causas por víctima o por pocos hechos. Si bien esta tendencia ha sido, en parte, contrarrestada por idea de acumulación, todavía no se ha logrado consolidar totalmente una organización de los procesos que permita un análisis conjunto de hechos íntimamente vinculados entre sí y que tienen prueba y responsables comunes", señala el informe elevado la semana pasada por el titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado de la Procuración, Jorge Auat.
En ese sentido, objetó que, si bien se trató de un hecho histórico, el juicio que condenó a prisión perpetua a los máximos responsables de la represión ilegal, Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, sólo trató el caso de una sola víctima: el ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse. "No puede dejar de observarse que la relación entre la dimensión histórica de los hechos y su reflejo en el juicio no es la ideal", afirmó al sostener que este caso podría haberse agrupado a las víctimas que tuvieron alguna actuación pública en Tucumán antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Asimismo, recalcó en el escrito que el objetivo es alcanzar juicios significativos, que abarquen la mayor cantidad de hechos vinculados entre sí y la mayor cantidad de imputados.
Para ello el Ministerio Público –según el funcionario nacional- ya reforzó recientemente el plantel de personas con dedicación exclusiva para las causas por violaciones a los derechos humanos, y que en igual sentido trabaja el Poder Judicial. En la actualidad, en la Justicia Federal existen entre 580 y 640 causas, pero sólo en 25 se han dictado procesamiento, de las cuales en 16 esos actos se encuentran firmes o han sido confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Entre los llamados de atención, Auat aseguró que la información de cada una de las causas no ha sido suficientemente cruzada o vinculada con la del resto, lo cual implica –según el funcionario- un desaprovechamiento del material probatorio existente. También aseguró que la megacausa del ex Arsenal no agota los casos ocurridos ni contiene a todas las personas que se encuentran vinculadas con la comisión de los hechos. Además, en el caso del expediente de Nueva Baviera alertó que no hubo avances significativos . "Las causas de este expediente se encuentran desde hace años prácticamente paralizadas", sostuvo.
En el informe se resalta que la represión ilegal en Tucumán tuvo características diferenciadoras con respecto al resto del país. Por un lado, la cantidad de casos sucedidos en la provincia y por el otro que un porcentaje muy significativo de los hechos ocurrieron antes del quiebre institucional del 24 de marzo de 1976, a través del llamado Operativo Independencia. Otra de las diferencias que se destaca es que en el territorio tucumano existían cientos de centros clandestinos de detención como la Escuelita de Famaillá o el Ingenio Nueva Baviera. Y en el caso particular del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, incluso llegaban las víctimas que habían pasado antes por otros dos: la Escuela Universitaria de Educación Física y el llamado "Reformatorio". "Es decir, no sólo existían diversos núcleos represivos, sino que algunos de ellos trabajaban de manera correlativa, derivando los detenidos de uno a otro", señalaron en el escrito.
Según el detalle judicial, la megacausa de la Jefatura de Policía incluye 75 causas que comprenden los hechos cometidos contra 102 víctimas; la del ex Arsenal, 87 causas con 103 víctimas; la del penal de Villa Urquiza, 21 expedientes que representan a 32 víctimas y; la del ingenio Nueva Baviera, 29 causas con 44 desaparecidos.
Pero además existen otros cuatro grupos de causas; dos de ellos se refieren al Operativo Independencia (uno relacionado al período de actuación de Acdel Vilas y el segundo al de Antonio Domingo Bussi). El tercer grupo está representado por una causa llamada "Incoada", que acumula alrededor de 153 causas y 169 víctimas, con la particularidad de que este expediente no posee datos concretos sobre el lugar de detención de los desaparecidos. Después, están las causas sueltas que suman 57 por hechos cometidos contra 61 personas.
Mientras tanto, están en espera los requerimiento a elevaciones a juicio de la causa "Romero Niklison" y del primer grupo de víctimas que pasaron por la ex Jefatura de Policía. Las autoridades nacionales recordaron que el objetivo es lograr juicios significativos (tanto en cantidad de hechos como de imputados) que den cuenta de la magnitud y el modo de actuar del terrorismo de Estado en Tucumán durante la década del '70.
El informe fue elevado por el titular de la Procuración General de la Nación, Esteban Righi, al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti; al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Ernesto Wayer y al fiscal general ante dicha Cámara, Gustavo Antonio Gómez.
(Fuente:rdendh).
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