El fallo que firmaron los jueces Carlos Jimenez Montilla (izquierda), Gabriel Casas y Josefina Curi, fue cuestionado por el fiscal Terraf y los abogados defensores.
Lo que piden las partes
En su recurso de casación, el fiscal general Alfredo Miguel Terraf pidió que los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez sean alojados en una celda del penal de Villa Urquiza y que sean condenados por genocidio. En el escrito, alertó que el Tribunal se equivocó cuando dispuso “mantener” la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva, puesto que la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal ya había dispuesto la excarcelación de los imputados en esta causa (Vargas Aignasse). Además, consideró que los jueces se excedieron en abundar sobre la forma de cumplimiento de la pena de prisión. “Desde la sanción de la ley 24.660, las penas establecidas en el artículo 5º del Código Penal han quedado virtualmente acotadas a prisión, multa e inhabilitación”, acotó.
En tanto, la defensora pública oficial Amalina Silvia Assaf, en representación de Bussi, pidió su absolución y objetó a algunos testigos que pasaron por el juicio oral y público. “Esta defensa considera que los delitos imputados deben analizarse como delitos comunes por no ser calificados como de lesa humanidad”, señaló en el escrito, y luego aclaró que, por ende, estos delitos se encuentran prescriptos.
Por su parte, el abogado defensor de Menéndez, Horacio Guerinau, solicitó la nulidad de la condena tras insistir en que su defendido actuó en el marco de una guerra. También cuestionó algunas pruebas y testimonios que se tomaron en cuenta para dictar la sentencia.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán declaró ayer admisibles los tres recursos de casación que se presentaron en contra de la sentencia que condenó a prisión perpetua a los represores Bussi y Menéndez en el juicio oral y público que se realizó en agosto pasado. Este paso permitirá que el fallo sea revisado exhaustivamente por la Cámara de Casación Penal de la Nación. Los planteos del fiscal Terraf y de los abogados defensores podrían llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El histórico fallo que condenó a prisión perpetua a los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez por los delitos de lesa humanidad que se cometieron contra el ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse durante la última dictadura militar será examinado exhaustivamente por la Cámara de Casación Penal de la Nación.
Esto será posible luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán declarara ayer admisibles los tres recursos de casación que se presentaron el pasado 19 de setiembre contra la sentencia que consta de 120 páginas. En una resolución firmada alrededor del mediodía de ayer, los jueces del Tribunal Oral, Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi (camarista santiagueña) dieron por cumplida en tiempo y forma la presentación de los planteos y, en referencia al fallo Casal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (establece una amplitud de revisión a la Cámara, con lo cual ahora no solo revisa las cuestiones de derecho sino también de hecho), dieron el pase libre para que los planteos sean estudiados en la Cámara de Casación Penal, en Capital Federal.
Una vez que se constituya la Sala que recepcionará los escritos, las partes tendrán ocho días hábiles para mantener el recurso para luego continuar con el proceso de apelación. Hasta tanto, el Tribunal enviará el expediente la semana próxima luego de que las partes sean debidamente notificadas sobre la resolución de admisibilidad. Ayer ya se envió un exhorto a Córdoba para informar a Menéndez
En caso de que la Cámara rechace los (o alguno) de los planteos, a las partes les quedará una vía excepcional: la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendrá la última palabra. En esta instancia es cuando técnicamente el fallo quedará firme, aunque como último manotazo de ahogados, no se descarta que los abogados defensores lleven sus planteos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lo que piden las partes
En su recurso de casación, el fiscal general Alfredo Miguel Terraf pidió que los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez sean alojados en una celda del penal de Villa Urquiza y que sean condenados por genocidio. En el escrito, alertó que el Tribunal se equivocó cuando dispuso “mantener” la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva, puesto que la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal ya había dispuesto la excarcelación de los imputados en esta causa (Vargas Aignasse). Además, consideró que los jueces se excedieron en abundar sobre la forma de cumplimiento de la pena de prisión. “Desde la sanción de la ley 24.660, las penas establecidas en el artículo 5º del Código Penal han quedado virtualmente acotadas a prisión, multa e inhabilitación”, acotó.
En tanto, la defensora pública oficial Amalina Silvia Assaf, en representación de Bussi, pidió su absolución y objetó a algunos testigos que pasaron por el juicio oral y público. “Esta defensa considera que los delitos imputados deben analizarse como delitos comunes por no ser calificados como de lesa humanidad”, señaló en el escrito, y luego aclaró que, por ende, estos delitos se encuentran prescriptos.
Por su parte, el abogado defensor de Menéndez, Horacio Guerinau, solicitó la nulidad de la condena tras insistir en que su defendido actuó en el marco de una guerra. También cuestionó algunas pruebas y testimonios que se tomaron en cuenta para dictar la sentencia.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán declaró ayer admisibles los tres recursos de casación que se presentaron en contra de la sentencia que condenó a prisión perpetua a los represores Bussi y Menéndez en el juicio oral y público que se realizó en agosto pasado. Este paso permitirá que el fallo sea revisado exhaustivamente por la Cámara de Casación Penal de la Nación. Los planteos del fiscal Terraf y de los abogados defensores podrían llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El histórico fallo que condenó a prisión perpetua a los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez por los delitos de lesa humanidad que se cometieron contra el ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse durante la última dictadura militar será examinado exhaustivamente por la Cámara de Casación Penal de la Nación.
Esto será posible luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán declarara ayer admisibles los tres recursos de casación que se presentaron el pasado 19 de setiembre contra la sentencia que consta de 120 páginas. En una resolución firmada alrededor del mediodía de ayer, los jueces del Tribunal Oral, Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi (camarista santiagueña) dieron por cumplida en tiempo y forma la presentación de los planteos y, en referencia al fallo Casal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (establece una amplitud de revisión a la Cámara, con lo cual ahora no solo revisa las cuestiones de derecho sino también de hecho), dieron el pase libre para que los planteos sean estudiados en la Cámara de Casación Penal, en Capital Federal.
Una vez que se constituya la Sala que recepcionará los escritos, las partes tendrán ocho días hábiles para mantener el recurso para luego continuar con el proceso de apelación. Hasta tanto, el Tribunal enviará el expediente la semana próxima luego de que las partes sean debidamente notificadas sobre la resolución de admisibilidad. Ayer ya se envió un exhorto a Córdoba para informar a Menéndez
En caso de que la Cámara rechace los (o alguno) de los planteos, a las partes les quedará una vía excepcional: la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendrá la última palabra. En esta instancia es cuando técnicamente el fallo quedará firme, aunque como último manotazo de ahogados, no se descarta que los abogados defensores lleven sus planteos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
(Fuente:Primerafuente).
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